Muchos compañeros nos hemos preguntado por qué a un potente ciclo de movilización estudiantil universitaria –en las huelgas contra la LOMCE, las marchas de la dignidad, etc. la población y las organizaciones universitarias se han volcado en las manifestaciones– no ha correspondido un movimiento estudiantil universitario, una red de activistas que a través de reivindicaciones con vocación de mayoría social permitieran poner la cuestión universitaria en el centro del debate político.

La huelga del 20 N en las comunidades de Aragón y Madrid –una fecha señalada por ser una referencia de la lucha democrática antifranquista– y la semana estudiantil que la acompaña pretenden ser un revulsivo a esta situación. Bajo el lema “3+2= precariedad+deuda” los estudiantes pretendemos construir una agenda universitaria que ponga en la centralidad política el modelo de Universidad que están construyendo las élites así como la función social del mismo, en la lógica de empobrecimiento que marca la salida de la crisis que nos imponen desde Alemania.

Desde los gobiernos central y autonómicos hay una clave fundamental para justificar la actual reforma de nuestra enseñanza superior: el mercado laboral no es capaz de absorber la sobrecualificación de nuestros estudiantes, por lo que es necesario recortar tanto su número como su formación. Aquí encaja perfectamente la más reciente propuesta del Ministerio de Educación, que pasa por sustituir el modelo de 4 años de grado y 1 de máster (4+1) por uno supuestamente más homologable con Europa basado en 3 años de grado y 2 de máster (3+2). Lo que parecen no tener en cuenta las autoridades educativas es el hecho de que mientras hay hasta 11 países europeos donde los estudios universitarios son gratuitos y otros 20 donde el precio del grado y el del posgrado son exactamente el mismo, España se ha convertido en el octavo y séptimo país de la UE con las tasas más caras en grado y posgrado respectivamente. Si el precio de un máster era de unos 1900€ en 2011, y actualmente puede llegar a los 4800€, la consecuencia de la reforma es clara: por un lado lo que antes no llegaba a los 2000€ ahora superará los 9500€, por otro los conocimientos que un estudiante recibía durante 4 años ahora serán comprimidos a 3.

Devaluación de conocimientos por una parte, aumento brutal de los precios públicos por la otra. Es la Universidad de la deuda que ya se conoce en otros países, donde el binomio entre tasas desorbitadas y restricciones y recortes en las partidas de becas da lugar a la financiarización del derecho a la universidad, al surgimiento del endeudamiento estudiantil como medio para acceder a estudios superiores: en Estados Unidos en el año 2012, donde los jóvenes recién gradudados se enfrentaban a una tasa de paro y subempleo del 53% y donde las tasas han aumentado en un 900% los últimos 30 años, aproximadamente 36 millones de personas estaban pagando un crédito universitario, de las cuales 2 millones continuaban pagándolo a los 60 años, teniendo que recurrir a estas hipotecas escolares hasta 2/3 del total de estudiantes.

Una universidad donde prima la lógica de la deuda es una universidad donde la investigación se reconfigura como una mera estadística que clasifica a los centros en función de sus publicaciones en revistas “de impacto”, donde se dice que sobran universidades a pesar de que somos el penúltimo país de Europa con menor tasa de instituciones universitarias por habitante, donde los ránkings diferencian a las universidades para dar más fondos a las más “excelentes”, donde profesores e investigadores pasan a tener un estatuto laboral más precario, donde sobra la democracia que se desplaza hacia un gobierno corporativo de élites académicas, políticas y empresariales.

Lo que subyace a todas estas pinceladas del modelo de educación superior que nos están imponiendo es una transformación estructural de la función social que juega el sistema universitario. Hay que resaltar que históricamente la Universidad ha sido un espacio más en que se perpetuaba la división social del trabajo existente y donde se reproducía la ideología dominante, lo que Ortega y Gasset denominaba la “profesión de mandar”. Si con la extensión de los servicios sociales y el acceso a la universidad a las capas populares se consiguió democratizar parcialmente este espacio, el objetivo de fondo que persigue la actual reforma es atacar esa función incompletamente democratizadora que desempeñó la universidad y adaptarla a la realidad social verdaderamente existente. Si antes los estudios universitarios conducían al trabajo digno y con derechos, hoy la universidad no es ya garantía de ciudadanía sino de empleabilidad o flexibilidad para adaptar a los jóvenes al futuro de paro, precariedad y exilio.

El principal reto que tenemos es el de construir Universidad para la mayoría social, de plantear que la reivindicación de la Universidad pública no puede quedarse encerrada en los muros de los campus sino que ha de abrirse al conjunto de la sociedad, a la calle. Luchar por la Universidad no es ya luchar contra la reforma de turno sino la permanente lucha por los derechos de la mayoría, porque para una sociedad democrática necesitamos pelear por una universidad democrática.