Es una buena noticia que haya un debate público en sede parlamentaria sobre la orientación de los proyectos a financiar por los fondos europeos para la reconstrucción económica y social. Veremos lo que trasciende, lo que se plantea y el tono del mismo, pero seamos conscientes de que hay muchas esperanzas puestas en esa gran inversión (desde las empresas a la ciudadanía) y si no se acierta, se habrá perdido una gran oportunidad. 

Más allá del horizonte al que aspiramos, bien trazado en términos generales en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Sánchez, la mayor dificultad está en traducir ese horizonte en propuestas y proyectos concretos, que aseguren una cierta garantía de éxito al final del proceso. ¿Cómo lograr que las decisiones que van a marcar las próximas décadas no repitan errores del pasado y respondan a un nuevo tiempo de gestión y diseño de políticas públicas? Aquí, algunas ideas: 

1) Estrategia: Aunque parezca obvio no lo es. Si algo ha faltado en el ámbito político en los últimos años (con algunas excepciones) es estrategia: tener claro a dónde se quiere ir y cómo hacerlo. Las decisiones basadas en el día a día y en mantener lo que se tiene, no sirven para pensar en el largo plazo. Cada nivel institucional que va a ser beneficiario de fondos tiene que tener una estrategia de transformación y reconstrucción acorde a sus competencias: clara, meditada y dialogada con los actores que correspondan.  

2) Coordinación: El esfuerzo inversor y de planificación que requiere absorber todos los fondos disponibles con un éxito razonable, exige que todas las instituciones aúnen esfuerzos y se aparquen las mezquindades partidistas y la crispación. De la misma manera, el sector privado no puede ser ajeno a este proceso y tiene que alinear sus intereses y sus esfuerzos con los grandes retos que afrontamos como sociedad. No puede haber cabida para el éxito individual (sea en términos políticos o de beneficio empresarial) a costa del fracaso colectivo.

3) Eficiencia: Los recursos son limitados, por lo tanto hay que hacer inversiones inteligentes que sigan siendo válidas en el horizonte 2050. No valen inversiones con obsolescencia programada: no tiene sentido usar estos recursos para apoyar lo que tiene fecha de caducidad. La eficiencia exige además máxima coherencia entre políticas y niveles institucionales, no se puede apoyar con fondos propios lo que queremos superar con fondos europeos.

Toda inversión debe responder a esta pregunta ¿va a reducir la desigualdad o va a contribuir a agrandarla?

4) Innovación: No tiene sentido que fondos destinados a la transformación sean utilizados para continuar haciendo lo mismo, pero vestido de otra manera. Hay que explorar nuevas vías, apostar por ideas diferentes, otras formas de hacer y proyectos alternativos. Aunque la gestión sea impecable, si no buscamos ir un paso más allá, lo más probable es que acabemos en el mismo punto que empezamos perdiendo una gran oportunidad y muchos millones por el camino.

5) Escuchar: Para hacer algo diferente hay que escuchar a quien lleva tiempo haciéndolo. No sobra ninguna idea. Necesitamos involucrar a quien piensa, sabe, experimenta, innova... Abramos el diálogo más allá de los expertos y empresas de cabecera. Fuera del círculo de confort consultivo de las instituciones hay mucho talento que no tiene quien le escuche.

6) Perspectiva de género: Toda inversión debe responder a esta pregunta ¿va a reducir la desigualdad o va a contribuir a agrandarla? Hay que introducir los mecanismos correctores necesarios para que no ahonden las brechas existentes, sobre todo la de cuidados, y evitar que las mujeres se queden fuera de las oportunidades que se van a dar en sectores altamente masculinizados como energía y digitalización.

7) Transparencia: Comunicar e informar sobre la gestión es algo más que dar a conocer el resultado final. La rendición de cuentas exige un esfuerzo adicional para divulgar y explicar todo el proceso de toma de decisión y de implementación de las políticas públicas. La ciudadanía va a ser exigente con los resultados y no puede haber ninguna duda de la conveniencia de los proyectos seleccionados.

Y esto vale tanto para los proyectos estratégicos, como los mecanismos que se diseñen para financiar acciones para empresas, muncipios y organizaciones de todo tipo, responsables de que conseguir la capilaridad de los fondos. Y es aquí, sobre todo aquí donde corremos el riesgo de no ser audaces. En los tiempos que corren tiene más que ganar quien va por delante y es capaz de hacer las cosas de manera diferente. La inercia ha dominado las decisiones políticas de Euskadi en los últimos años, si hay un momento para sacudírsela y buscar ideas nuevas es ahora.

A poca gente habrá sorprendido que el programa de gobierno firmado por el PNV y el PSE tenga un eje completo dedicado al Planeta: primero por la centralidad del tema en la agenda política mundial, y en segundo lugar por la propia estrategia de los partidos firmantes. Por un lado, los jeltzales llevan tiempo haciendo un esfuerzo por incluir elementos verdes en su discurso y proyecto de país (no entramos aquí a valorar el impacto real de sus políticas en las dos últimas legislaturas) y por otro, el partido socialista ha hecho de la transición ecológica su bandera a nivel estatal, gracias a la influencia de su presidenta Cristina Narbona y al buen hacer de la ministra Teresa Ribera.

Sin embargo, el liderazgo político de la sostenibilidad ha caído del lado nacionalista dentro el gobierno con un superdepartamento que aúna todas las competencias claves de la transformación del modelo productivo: industria, digitalización, sector primario, transición energética, cambio climático, economía circular y medio ambiente. ¿Es una buena noticia que industria y competitividad compartan departamento con medio ambiente?

La dicotomía economía-medio ambiente es un viejo y falaz debate que ha servido para frenar cualquier intento de avance y modernización de los sistemas productivos occidentales siguiendo criterios ecológicos. En primer lugar, la posición de la economía como el elemento central de nuestros sistemas humanos es una construcción cultural de capitalismo moderno. Se puede entender la economía con otros objetivos y otros parámetros que los del crecimiento económico y la maximización del beneficio empresarial.

Por su parte, en la cultura occidental el medio ambiente se ha separado del ser humano y de la sociedad, poniendo la naturaleza su servicio. En una sociedad capitalista donde, por encima de todo, el objetivo es hacer dinero; los ríos, los mares, los bosques, los seres vivos, las montañas son considerados recursos que hay que explotar sin ningún tipo de límite. También se ha considerado un recurso la mano de obra, de forma que cuestiones como derechos laborales, sociales y el propio bienestar de las personas se han subordinado sistemáticamente al crecimiento económico, con más o menos intensidad según el momento histórico y el lugar del mundo. 

Por fortuna, empiezan a surgir nuevas concepciones de la economía como por ejemplo la de Kate Rawsworth (cuyo libro, La Economía Rosquilla, recomiendo). Para ella, la economía debe tener un suelo, las necesidades básicas de la población; y un techo, los límites físicos del planeta. Y en esa franja, representada por un donut o rosquilla, debe encuadrarse la economía. De la misma manera, el medio ambiente ha dejado de ser solo “la naturaleza que está fuera de las ciudades” para ser el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos o la biodiversidad que nos protege de virus de origen de animal.

¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que no importa tanto la estructura del gobierno, sino la filosofía y el pensamiento político con el que, en este caso la consejera Tapia, aborde el reto de transformar nuestro sistema productivo para alinearlo con los objetivos de revertir la crisis ecológica, de la que le cambio climático es sólo uno de sus elementos.

No quedarse fuera de los retos y de la tendencia mundial de la transición ecológica es lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno

Por ejemplo, en estos primeros días de gobierno hemos tenido el anuncio de un Basque Green Deal, nueva etiqueta para agrupar las inversiones que tratarán de hacer la economía vasca más verde, tanto en lo referente a emisiones como a residuos, contaminación o recuperación ambiental. No quedarse fuera de los retos y de la tendencia mundial de la transición ecológica es lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno; por lo tanto lo que habrá que valorar es el alcance, ambición y el proyecto a medio/largo que dibujen estas inversiones. Este es el reto del nuevo gobierno: rellenar un gran titular con propuestas y acciones que hagan de Euskadi referente mundial en un modelo económico alternativo. Continuar simplemente con lo que tenemos, pero un poco menos contaminante, no va a ser suficiente ni es sostenible en el medio plazo. 

Una vez perdida la ventaja competitiva de haber empezado antes con este proceso, nos queda la oportunidad de ser más audaces que el resto y lograr la competitividad de nuestra economía (competencia también de la misma consejera) no con base a los criterios tradicionales (salarios, costes, impuestos, etc.) sino nuevos elementos como la resiliencia, la innovación, su valor social, su aportación ecológica…

Gobernar nunca es fácil, hacerlo en tiempos de pandemia y con los deberes pendientes de la transición ecológica y digital menos aún. Tocará tomar decisiones complicadas, pero que tienen que ser valientes. Las soluciones inmediatas o el corto plazo no puede ser contradictorio ni retrasar el horizonte que nos hayamos marcado. Es la única manera de no despilfarrar recursos, mandar las señales adecuadas al mercado y mostrar firmeza ante una ciudadanía que empieza a estar harta de palabras vacías que no traen mejoras. La voluntad de transformación del gobierno o la audacia de su proyecto de país podremos valorarlo en las decisiones del día a día o la letra pequeña de sus leyes o planes. Como dice el dicho el diablo está en la letra pequeña, y no en los titulares.

Previsiblemente a finales de junio, y tras su paso por el Senado, se van a aprobar los presupuestos que convertirán en estructurales lo que eran recortes transitorios. Seis años de reducción continua de las inversiones en I+D+i nos deja una situación de emergencia en lo que se refiere a proyectos, personal investigador y gestión de los centros.

Aunque en la presentación de sus presupuestos el Ministerio de Hacienda cifró el aumento en I+D+i en un 4,1%, un análisis detallado, no sólo de las cifras sino de su ubicación y destino, cambia completamente la lectura. A la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación no le gustó que en su comparecencia en el Congreso hablásemos de maquillaje en las cuentas del I+D+i. Y si bien ella fue clara y precisa en la presentación de las cuentas, el Gobierno, como un buen maquillador, ha tratado de ocultar la realidad a los ojos inexpertos. Pero cuando acaba la función, el maquillaje desaparece y asistimos a la transformación: lo que fue rosa se vuelve abrojo, y lo que era un incremento se queda en un raquítico 1%, que si le aplicamos la inflación se convierte en una caída de la inversión de un 0,4%.

La realidad es que los presupuestos de 2017 destinan a I+D+i tan sólo 72 millones más que las cuentas prorrogadas de 2016. Por capítulos concretos se evidencia que los fondos no financieros, es decir, las subvenciones a las que acceden nuestros profesionales de la ciencia y universidades, los recursos que sirven para invertir en investigación y la contratación jóvenes científicos y científicas, disminuye en 70,5 millones (-2,64%). Sin embargo, los fondos financieros o préstamos concedidos por el Estado a empresas públicas o privadas aumentan en 142,07 millones, pero estos préstamos nunca llegan a ejecutarse en su totalidad, tal y como se ha demostrado en años anteriores.

Esto significa que muchas Empresas Innovadoras no han podido acceder a créditos para financiar proyectos científicos e innovadores, siendo las más perjudicadas las pymes. El número de pymes innovadoras tecnológicas disminuye de 45.672 (2005) a 25.461 (2011), tal y como se especifica en el documento Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, publicado por el Ministerio de Economía y Competitividad. La no ejecución de los fondos financieros para el acceso a préstamos del sector productivo innovador de nuestro país es una muestra de cómo el Gobierno ha utilizado dicho capítulo para maquillar un aumento de la inversión en Ciencia e I+D+i en los presupuestos de cara a la opinión pública.

Si además, tenemos en cuenta que el presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de tan sólo 615 millones de euros para iniciar su puesta en marcha como principal gestora de los fondos públicos dedicados a I+D+i, ilustra a la perfección la incapacidad del Gobierno para proyectar un nuevo modelo de país con un nuevo modelo productivo innovador y sostenible.

En esta misma comparecencia, la secretaria general declaró explícitamente que uno de los objetivos del pacto sería alcanzar, en el año 2020, el 2% del PIB como inversión de I+D+i. ¿Cómo pretende el Gobierno alcanzar ese objetivo del 2% si el incremento en inversión roza lo ridículo en estos presupuestos? A no ser que la estrategia del Ministerio sea confiar, nuevamente, en el impulso del sector privado. Sin embargo, la posibilidad de que esto ocurra se antoja imposible dada la incapacidad y la falta de voluntad política del Gobierno para realizar reformas profundas con el objetivo de cambiar el modelo productivo, ese del que tanto se habla y al que tan poco dinero y coherencia se le dedica desde el Gobierno.

Desde Unidos Podemos defendemos que el país requiere reformas estructurales y que hay margen para unos presupuestos que aumenten la inversión y dinamicen la economía española. Nuestros presupuestos alternativos proponen un aumento de la inversión de 19.500 millones con un déficit público del 3,7% (frente al 3,1% del Gobierno). En lo que respecta a ciencia e I+D+i, esto se traduciría en un incremento de 936 millones euros respecto a los presupuestos que están a debate (volviendo a niveles de 2011); así como una reordenación de las partidas presupuestarias, incrementando la cantidad asignada a las partidas no financieras en detrimento de las financieras en aproximadamente otros 900 millones.

Este esfuerzo se dedicaría a resolver las principales y más urgentes deficiencias de nuestro sistema de I+D+i: recursos para investigar y personal investigador para hacerlo. Una vez resuelto este problema con medidas de choque, toca sentarse a hablar de aquellas propuestas que permitan una revisión profunda del sistema.

Y a partir de este momento, abordemos la propuesta del Ministerio de un pacto de Estado por la ciencia y el I+D+i. Desde nuestro punto de vista, la puesta en marcha de un Pacto de Estado para la Ciencia debería reunir a todos los agentes implicados y no solo a las fuerzas políticas. Es fundamental contar e involucrar, también y como mínimo, a la comunidad científica, agentes sociales, actores económico-financieros, generadores y transmisores de conocimiento, laborales y también a la sociedad civil. De esta forma podremos hablar del esfuerzo conjunto de todo el país por superar, con la vista puesta en el largo plazo, una de las peores crisis económicas, sociales y políticas que se recuerdan en nuestro país.

Por nuestra parte, y sin maquillaje, el Gobierno encontrará en nosotros una oposición dura y poco complaciente, pero dispuesta a escuchar y a trabajar en aquellas propuestas que puedan ayudar a mejorar el estado de la I+D+i. Lo que no va a encontrar en Unidos Podemos, ni ahora ni nunca, son afeites, arreboles y solimanes. Nuestro objetivo es poner la ciencia en el lugar que se merece y  en el lugar que necesitamos.

La Operación Diálogo, que tan bien ha descrito Josep Ramoneda, ha llegado a la energía. A pesar de la oposición política y la movilización ciudadana, el anterior Gobierno del Partido Popular llevó a cabo todo un programa de medidas energéticas destinadas a consolidar los privilegios del oligopolio y frenar todo el desarrollo de las energías renovables y del autoconsumo en España. Hoy la aritmética parlamentaria es completamente diferente y hay suficientes puntos en común entre los partidos de la oposición como para revertir una parte importante de estas políticas.

Apropiándose de una narrativa y un lenguaje que empiezan a ser parte del sentido común (cambio climático, descarbonización, renovables, eficiencia, etc.), el ministro Álvaro Nadal pretende reunir a todas las fuerzas políticas en torno a un pacto de estado de la energía en el marco de los objetivos de reducción de emisiones y la necesidad de una transición energética. Sin embargo, visto lo visto esta semana en la comparecencia en comisión, el objetivo de esta legislatura es darle unas pinceladas verdes a todo lo hecho, lo justo para cumplir con los deberes que nos ponga la Unión Europea pero sin que suponga ninguna reforma de calado en nuestro modelo energético.

Lo dejé muy claro el pasado martes en mi intervención del pleno sobre la necesidad de una ley de transición energética y cambio climático: no vamos a consentir que el discurso verde sirva para perpetuar los privilegios del actual modelo energético sucio, injusto, especulador y diseñado para apuntalar los intereses del oligopolio. La transición energética tiene un gran potencial transformador para construir un nuevo modelo energético limpio, justo y democrático, en el que la energía sea considerada como un derecho.

Entre algunos de los mensajes que dejó el ministro destacaría el de renovables sí, pero las justas y con calma (amparado en el falso mantra que “son una carga para el sistema”). Un discurso anacrónico que se deja en el camino los múltiples beneficios de apostar decididamente por las energías limpias (empleo, liderazgo en I+D, riqueza industrial, reducción de emisiones). El autoconsumo es, según pudimos escuchar, además de elitista, la mayor amenaza a la que se enfrenta el sistema eléctrico. Detalladas explicaciones técnicas y tecnocráticas interesadamente hiladas y parciales apoyaban la tesis del ministro. Toda una declaración de intenciones de hasta dónde está dispuesto el ministro Nadal a “dialogar” sobre energía.

El esfuerzo por reducir la transición hacia un modelo energético limpio a una cuestión meramente técnica fue muy evidente. Para el Partido Popular la transición energética es un debate que debe centrarse únicamente sobre tecnologías, costes y megavatios donde hay que dejar las ideologías de lado. Falso. Estamos ante una cuestión política de primer orden: la democratización de la energía. La cuestión no es renovables sí o no, sino en manos de quién las ponemos ¿quién va a controlar la producción de energía limpia, la gente o el oligopolio?

Y este es un debate que de ninguna manera se puede robar a la ciudadanía. No hay nada más político que decidir quién y cómo produce la energía, con qué coste social y ecológico, y si prevalece el interés general o el beneficio económico desorbitado de unos pocos.

Estamos ante una oportunidad para transformar nuestro modelo energético y productivo, y sin embargo, tanto usted como el oligopolio la ven como una oportunidad de que todo siga igual. Ni su voluntad de diálogo, ni repetir muchas veces cambio climático, ni hablar de la transición energética como si fuera un invento suyo han conseguido disimular su intención de que todo siga igual, eso sí, con un poquito más de renovables y algo más de eficiencia. Lo siento señor ministro, pero no cuela.

Recién aterrizada en la política institucional, veo con optimismo la gran oportunidad de cambiar las cosas que tenemos por delante. Las propuestas de cambio y democratización del sistema político y la urgencia de asegurar los derechos de las personas representan los anhelos de cambio de una parte de la sociedad española. Sin embargo, hay que añadir y pelear la tercera pata del cambio: el modelo económico y productivo. Cualquier política social será meramente paliativa si no transformamos la causa última de la desigualdad: un sistema económico explotador de recursos y personas.

Sin embargo el Foro Económico Mundial, alias Davos, tiene sus propios planes. Este año la apuesta para dar solución a todos los desafíos globales es lo que llaman la cuarta revolución industrial: la automatización y digitalización de los procesos productivos que transformará nuestra sociedad y hará nuestras economías más eficientes y más productivas.

Davos trata de colocar en la agenda mediática, económica y política un concepto amable, vinculado al progreso. Si acercamos el zoom, la Industrialización 4.0 no es más que una aceleración de las tendencias que se vienen dando en las últimas décadas en el modelo productivo y el mercado de trabajo: la constante automatización de los procesos (con su correspondiente impacto en el empleo), una búsqueda casi obsesiva de la productividad (más producción con menos trabajo), la fe ciega en la tecnología como elemento de emancipación de la humanidad hacia una vida mejor, la nula atención al uso que nuestra economía hace de los recursos naturales (energía, agua o materias primas) y la violación constante de derechos humanos en nombre del beneficio económico.

Este relato, hegemónico e indiscutible, de lo que tiene que ser la economía lleva dominando la política durante décadas. Y es sin duda responsable directo de la desigualdad, la pobreza, el cambio climático y el deterioro de nuestras democracias. Por lo tanto, hablar de revolución no procede.  De ninguna manera, esta “nueva” forma de entender el modelo productivo transforma las bases sobre las que se asientan nuestras economías para hacerlas más justas socialmente y sostenibles:

Ni el bienestar ni los derechos de las personas son parte del proyecto.El objetivo sigue siendo generar beneficio económico (que seguirá estando concentrado en muy pocas manos) lo que lejos de reducir la desigualdad la agrandará.

Las fuentes de energía utilizadas para producir todas esas maravillas tecnológicas serán las mismas que en los últimos dos siglos: el carbón y el petróleo. Esto es ignorar la urgencia de actuar contra el cambio climático y obviar uno de los grandes desafíos del siglo XXI

No tiene en cuenta la sostenibilidad de los recursos y materias primas (energía, agua, minerales, tierras raras)necesarias para producir los aparatos que sustentarán la nueva economía: ¿Pagarán los de siempre los costes sociales y ambientales de la sobreexplotación?

Tampoco afronta ni contempla el reparto de trabajo productivo y reproductivo. Se sigue contando con que las mujeres nos ocupemos del trabajo de cuidados: cualquier transformación del modelo productivo tiene que plantear medidas de corresponsabilidad para un trabajo imprescindible en nuestra sociedad.

El desarrollo e investigación de las nuevas tecnologías seguirán en manos de quienes tienen capital para invertir y adquirir las competencias necesarias para manejarlas y trabajar con ellas. Esto dejará fuera a una gran parte del Planeta y un buen porcentaje de nuestra sociedad. La tecnología emancipadora será la que sea abierta y accesible, poniendo a las personas en el centro.

Por suerte, hay relatos y propuestas alternativas a este desarrollo económico hegemónico y que debemos tener presentes en el nuevo ciclo político que se ha abierto en España. Otra forma de organizar la economía, de producir y crear empleo es posible desde criterios sociales y ecológicos. Repensar y reorientar nuestro obsoleto modelo energético y productivo debe ser una prioridad. Poner en marcha una transición ecológica de la economía supondría además de crear miles de puestos de trabajo no deslocalizables (vinculados al territorio y a las personas), luchar contra el cambio climático, reducir la factura energética y avanzar el reparto del trabajo productivo y reproductivo. ¿Cómo se puede hacer?

Creando empleo sostenible: producción del 30% de energía con renovables, 200.000 empleos en 2020;  rehabilitando nuestras casas para reducir la factura energética (luz y calefacción), 150.000 empleos al año; aumentando un 30% transporte sostenible, 150.000 empleos.

Apostando por la economía de los cuidados y los servicios a las personas (educación, sanidad, dependencia). Los recortes no sólo han afectado a nuestros derechos y la calidad de los servicios públicos, sino que han afectado también al empleo.

Repartiendo la riqueza y el empleo, para reducir las desigualdades y asegurar una vida digna de ser vivida para todas las personas. Hay que abrir el debate sobre la renta mínima universal y sobre la renta máxima.

Las élites económicas internacionales nos dejan muy claras sus intenciones desde Davos. Pero desde el Congreso, las fuerzas del cambio trabajaremos en la línea contraria: por un modelo energético y productivo justo (que asegure los derechos y no deje a nadie atrás), sostenible (que respete los límites del planeta) y democrático (que no esté controlado por unos pocos).  Sabemos como hacerlo, sabemos que con estas propuestas podemos llevar a cabo una verdadera revolución económica, que haga de esta nueva transición, una transición completa. El nuevo tiempo político que se inicia en esta legislatura es la oportunidad perfecta para llevarla a cabo.

"La propuesta que ha trascendido a la prensa de que una lista con el 35% de los votos pase a gobernar automáticamente no hay por dónde cogerla"

A lo largo de la legislatura han sido varias veces en las que el Partido Popular ha hablado de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada. Que la última tenga lugar tras su conferencia política, nutrida de candidatos a alcaldías y presidencia más votados pero sin gobierno, tiene que ser simple casualidad. Salvo que, hayas perdido alcaldías como Madrid o Valencia y el gobierno de la Comunidad Valenciana y reproches a tu partido no haber legislado en favor de la lista más votada antes de las elecciones.

Esta feo eso de hacer leyes a medida, a la de tus amigotes pase (Reforma del sector energético, RD Autoconsumo, Reforma laboral, Ley de montes o de costas, etc.) pero las cacicadas son cosa de otro siglo. Salvo que, te llames Mª Dolores de Cospedal, o seas Ministro de Interior y creas que hay demasiadas libertades y derechos en este país como para que funcione decentemente.

La propuesta que ha trascendido a la prensa de que una lista con el 35% de los votos pase a gobernar automáticamente no hay por dónde cogerla. Salvo que, seas un partido que ronde ese porcentaje y que tengas al resto tan en contra que encuentren los suficientes puntos en común como para no dejarte seguir haciendo barbaridades.

Conceder el gobierno automáticamente a la lista más votada introduciría dos distorsiones en nuestro sistema político:

Por un lado, supondría modificar nuestro sistema parlamentario para que se pareciera a uno presidencialista, pero sin serlo. Esto es, tendríamos una presidencia del gobierno por decreto, pero no tendría el apoyo del parlamento para llevar a cabo su programa de gobierno. ¿Obligaría la ley a aprobar los presupuestos generales del estado en nombre de la estabilidad y la voluntad del 35% de los votantes?

Y por otro, le daría un carácter mayoritario a un sistema electoral proporcional, con ya de por sí con un fuerte sesgo que favorece a los partidos y listas mayoritarias. Es decir, que no importa por cuanto ganes: si ganas, tienes premio. ¿Se imaginan la legitimidad de un gobierno obtenido automáticamente con el 35,1% de los votos frente a otro partido que haya obtenido el 34,9%?

La manera en la que se distribuye el poder transformando los votos en representación es la clave de todo sistema político democrático. Nuestro sistema electoral diseñado en la transición tenía el objetivo de favorecer la estabilidad del sistema de partidos y evitar la atomización del mismo. Hoy está muy lejos de entroncar con la realidad política del país y las demandas de la ciudadanía del siglo XXI.

El “no nos representan” del 15M se puede aplicar perfectamente al sistema electoral español. Los cargos electos que salen de las elecciones no representan la pluralidad política y social que existe en nuestra sociedad. Se quedan con muy poca presencia en las instituciones, o simplemente fuera de ellas, opciones políticas que tienen un fuerte apoyo social, pero cuyo número de votos no pasa las barreras establecidas.

La reforma del Partido Popular contribuiría aún más a alejar a la ciudadanía de las instituciones. ¿De qué sirve votar si estás fuera de ese 35% de votantes ganadores? Siempre te queda la opción del famoso “voto útil” y votar al que ronda el 30% a ver si con un poco de suerte hay (re)cambio.

Esta ha sido la lógica mayoritaria en las pequeñas circunscripciones durante más de 30 años y es lo que ha consolidado el bipartidismo en nuestro sistema. Y si algo no quiere la ciudadanía es seguir consolidando la alternancia entre dos partidos similares que apuestan por el mismo modelo político, económico, social y ecológico que nos ha llevado a la crisis, que votan juntos a favor del TTIP en Europa y que se han limitado a apoyar la humillación a Grecia.

Legislar para favorecer a la lista más votada es un intento zafio y burdo de querer mantener un sistema político cuya crisis es reflejo de la crisis de sistema y de modelo que vivimos. Hay quien no se ha enterado de que el proceso de transformación que hemos puesto en marcha en todos los niveles, es imparable. Salvo que dejemos de creérnoslo.

"¿Por qué, incluso para unas primarias, se requiere sacrificar todo por los votos? Es precisamente ese tipo de prácticas las que limitan la participación de las mujeres en política", afirma la autora

Hace una semana se iniciaron oficialmente las primarias abiertas de Equo para elegir la cabeza de nuestra candidatura para las elecciones generales. Y yo decidí presentarme con la determinación de hacer una buena campaña, y por qué no decirlo, de ganar las primarias: quiero ser la candidata de Equo. Una siempre intenta calcular los riesgos y los costes de una decisión así, pero para las que somos nuevas en la política, es difícil imaginar qué van a suponer este tipo de procesos.

Después de esta semana quiero decir que ahora acabo de entender (mis sospechas ya tenía) por qué tenemos Pedros, Pablos, Marianos o Garzones en la primera línea política a nivel nacional, pero muy pocas mujeres, jóvenes y madres. La respuesta es bien obvia: participar y hacer campaña para unas primarias para ser cabeza de lista en unas elecciones generales es una locura cuando tus hijos ya están en jornada intensiva en el colegio y no tienes un red familiar que te cubra donde el horario escolar ya no alcanza.  No quiero que acaben las primarias sin visibilizar, sin contaros, el triple reto que supone este proceso desde mi realidad personal. Como política. Como mujer. Y como madre.

Todo el mundo está encantado con el conflicto doméstico de los hijos de Xulio Ferreiro en Hoy por Hoy. Apuesto a que a Xulio no le pareció tan entrañable, eso es parte de la rutina diaria de cuidar y hacer política, solo que la mayoría de las veces no hay periodistas para recogerlo.

Repartir tus dos hemisferios cerebrales, además de tu tiempo, entre dos actividades tan intensas, tan exigentes y tan emocionales como la política y la crianza es extenuante mental y emocionalmente hablando. Quien lo ha vivido lo sabe. No solo se trata de pasar tiempo con tus hijos jugando, paseando o leyendo. Es que en ese tiempo de cuidados además de quererles y escucharles tienes que llenar la nevera, prepararles la cena, despiojarlos, comprarles ropa, ayudarles con los deberes, llevarlos al dentista, poner límites, negociar los caprichos y todo eso sin acabar a gritos.

Y mientras, la política y la campaña siguen avanzando. Las redes tienen su vida propia a la que no puedes asomarte, hay que preparar textos, materiales, leer la prensa… y todo eso se mantiene en tu cabeza con la eterna sensación de que no llegas, de que no estás haciendo todo lo que deberías, y muerta de cansancio tratas de suplirlo durante las madrugadas.

El otro día una de las personas que me ayuda con esta campaña me dijo que mi actividad en redes durante el fin de semana había bajado mucho y que eso no podía seguir así. Al principio pensé que tenía razón, para eso era el experto. Pero luego me quedé pensando y decidí rebelarme ante esa idea. ¿Por qué tengo que renunciar a esos momentos? ¿Por qué no podemos hacer política desde otros presupuestos? ¿Por qué, incluso para unas primarias, se requiere sacrificar todo por los votos? Es precisamente ese tipo de prácticas las que limitan la participación de las mujeres en política.

Y esto es profundamente injusto. Y aunque hay injusticias que no son culpa de nadie (bueno, sí del sistema ese que queremos transformar) hay que denunciarlas, visibilizarlas y compartirlas. Primero, para demostrar que las situaciones injustas de partida no deben ser freno ni razón para no luchar por lo que queremos. Segundo, porque las injusticias personales suelen tener un origen social y por lo tanto hay que denunciarlas. Y tercero, porque hay que poner en valor el esfuerzo y generosidad de mucha gente que con su esfuerzo trata de asegurar la igualdad de oportunidades.

Esto es determinación contra la injusticia, no victimismo. La única víctima que va a haber al final de estas primarias es el propio sistema. Pase lo que pase habré demostrado que se puede estar a la altura. Y luego vendrán más que seguirán demostrándolo y, poco a poco, haremos esa injusticia más pequeña, hasta que desaparezca como otras tantas injusticias que ya no sufrimos gracias a la labor de las que estuvieron antes que nosotras.

Y un día, dejará de haber entrevistas en directo a las 9.00 de la mañana porque a esa hora la gente está llevando a sus criaturas al colegio.

Es importante. Primero porque demuestra que la conciencia sobre la desigualdad estructural entre hombres y mujeres ha llegado nada menos que a la política; y segundo porque se reconoce que hablar de mujer en términos de igualdad y con perspectiva de género es hacerlo desde el feminismo.

No deja de resultar curioso que en una sociedad donde la palabra feminismo aún ponga a la defensiva casi por igual a hombres y mujeres, izquierdas y derechas, nos encontremos de repente debatiendo en los medios de comunicación sobre el grado feminismo de los partidos políticos. Saquemos el “feministómetro” y pongámonos a medir: cómo de paritarios son los órganos de dirección, número de feministas por cada 100 militantes, referencias a políticas de la mujer en el programa, etc. Y esto, ¿de verdad importa?

Pues importa muchísimo. Primero porque demuestra que la conciencia sobre la desigualdad estructural entre hombres y mujeres ha salido de las esferas estrictamente feministas y ha llegado nada menos que a la política; y segundo porque se reconoce que hablar de mujer en términos de igualdad y con perspectiva de género es hacerlo desde el feminismo.

Sin duda, esta situación es parte del momento político en el que nos encontramos y en el que la ciudadanía quiere sacudirse las cargas de un sistema agotado política y socialmente. La transformación que se busca parte de los principios de igualdad y democracia. Algo que pasa inevitablemente por que la mitad de la población tengamos la mitad de todo. Históricamente en todas las luchas sociales y políticas se ha priorizado la lucha contra el sistema, con la promesa de ocuparse luego de las mujeres. Y así estamos, esperando desde la Revolución Francesa. No, las mujeres somos parte del todo y sólo incorporando el feminismo a la política evitaremos reproducir las desigualdades que queremos combatir. Ha llegado el momento de hacer política feminista, hacia dentro y hacia fuera. Sin duda, eso es parte de la nueva política.

Lo cierto es que, a pesar de que no esté bajo el foco mediático, EQUO lleva funcionando desde sus inicios de la manera en que la sociedad española pide hoy a gritos. Además de la horizontalidad, transparencia y democracia interna, funciona de forma feminista desde sus inicios. La paridad es una de nuestras señas de identidad: desde la coportavocía a cualquier órgano territorial.

Y sin embargo, no nos conformamos. La paridad ha de ser también política no sólo cuantitativa. Por eso, uno de los objetivos políticos que nos hemos marcado en esta nueva etapa es dar respuesta a los dos grandes retos que existen hoy en política desde el punto de vista feminista: lograr que más mujeres participen en política y fomentar y apoyar los liderazgos femeninos. La visibilidad pública de las mujeres en política, más allá de la foto en actos y ruedas de prensa, y su participación en los ámbitos de decisión, es decir allí donde está el poder, es condición sine qua non para una política feminista.

Pero esto no es suficiente. Nosotras creemos que los partidos políticos somos una herramienta de transformación social al servicio de la ciudadanía, y que el feminismo debe trascender nuestra propia casa. Un partido político será más o menos feminista en la medida en que las acciones y medidas políticas propuestas lo sean.

Aunque no se analicen como deberían, todas y cada una de las acciones políticas de las instituciones tienen un impacto positivo o negativo sobre la igualdad de género. Estos días ha aparecido una denuncia en los medios referida a que el estudio sobre el impacto de género de los presupuestos del Estado es insuficiente, no establece ningún tipo de recomendación, y además no utiliza la perspectiva de género. Exactamente a esto nos referimos: una política feminista analizaría las acciones planeadas desde la perspectiva de género, vería en que medida afecta a la igualdad social, económica o política de las mujeres y adoptaría las medidas correctoras necesarias, llegando incluso a desestimarlas si contribuyen a aumentar la desigualdad.

Si algo nos ha enseñado el feminismo es a mirar con otros ojos la realidad, a detectar y a luchar contra la discriminación y la desigualdad. Aplicado a la política, el feminismo nos muestra, por ejemplo, cómo el dinero público está contribuyendo a crear o reproducir desigualdades de género y con ello a perpetuar esterotipos sexistas.

No podemos dejar pasar la oportunidad de cambio que estamos viviendo para transformar radicalmente el sistema, no aceptamos parches cortoplacistas ni remedios parciales. En EQUO creemos que para que el nuevo modelo sea sostenible y socialmente justo debe incluir en sus planteamientos los límites del Planeta y el feminismo. Esta visión, apoyada en tres años de trabajo hacia dentro y hacia fuera, con unas propuestas serias y coherentes, creemos que nos convierte en un actor imprescindible para el cambio. Un cambio, que o será feminista, o no será. Al menos para la mitad de la población, algo que nos afecta a todas y todos en su globalidad.