Comisiones Obreras (CCOO) acelera este mes de marzo las conversaciones con la dirección de CaixaBank para conservar su puesto en el consejo de administración del banco. La intención del sindicato se centra en alcanzar un acuerdo antes de la junta de accionistas del banco prevista para el próximo abril. El mandato de la única representante sindical que queda en el consejo, Dolors Llobet, concluye precisamente en esta junta. CCOO ha podido conservar hasta el momento uno de los tres puestos que atesoró hace tiempo en el máximo órgano de gobierno del banco, pero los cambios en el sector en 2014, con la desaparición del modelo de cajas, han provocado que la presencia sindical en la cúpula de CaixaBank tenga los días contados.

Dolors Llobet, representante sindical en La Caixa desde 1986, es miembro del consejo de administración de Caixabank desde 2009, cuando sustituyó a Manel García Biel, que ocupó el puesto los 10 años anteriores. Llobet también es consejera de las sociedades del grupo Nuevo Micro Bank y de la aseguradora Vida Caixa. Además, es consejera en la sociedad gestora de aparcamientos Saba, participada igualmente por el grupo.

La entidad que preside Isidre Fainé formalizó en la asamblea del 22 de mayo de 2014 su último acto como caja de ahorros, para dar paso a la creación de la fundación bancaria La Caixa, el nuevo paraguas del que cuelgan las participaciones industriales, la obra social y el negocio financiero de CaixaBank. Todos estos cambios, amparados en la nueva ley de cajas de finales de 2013, significaron el final de la participación de CCOO en la toma de decisiones del consejo, que ha quedado en manos de los accionistas. La fundación bancaria La Caixa controla a través del holding Criteria una participación cercana al 56% de CaixaBank (considerando la transformación de todos los productos convertibles en 2017), estando el resto en manos de pequeños tenedores de acciones. Criteria CaixaHolding también cuenta con el 100% de las participaciones en empresas como Gas Natural, Abertis, Saba y Vithas. Telefónica y Repsol dependen, por el momento, de CaixaBank.

La opción de Criteria

Las mismas fuentes indican que la negociación entre CCOO y la cúpula del banco pasa por la amortización del puesto en el consejo de CaixaBank, su mantenimiento, o bien una tercera posibilidad: trasladar la representación sindical al consejo de Criteria, el hólding que agrupa las participaciones de La Caixa, en el que Dolors Llobet no se sienta actualmente.

A principios de julio del año pasado, el máximo órgano de decisión de Criteria se redujo de 20 a 17 miembros, incorporando tres vicepresidencias en Alejandro García Bragado, Javier Godó (Grupo Godó) y Salvador Gabarró (Gas Natural). El presidente de la compañía de hemoderivados Grifols, Víctor Grífols, entró como consejero. Esta remodelación no tuvo en cuenta ninguna representación sindical, ni tampoco la de otros estamentos como las corporaciones locales que habían formado La Caixa durante más de 100 años de historia.

En cualquier caso, la intención de CCOO pasa por retener un mínimo de representatividad donde sea posible, teniendo en cuenta que el modelo ideal que plantea el sindicato es el sistema alemán del consejo de vigilancia, una especie de comité de sabios que vigila las grandes líneas maestras a seguir. Y precisamente, sólo con seguir el ejemplo de Erste Bank, una de las entidades financieras participadas por Caixabank, sería suficiente. El banco austriaco cuenta con un consejo de vigilancia con participación sindical.

La sombra de las tarjetas 'black'

Las intenciones de CCOO en CaixaBank se han visto ensombrecidas por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. El sindicato llegó a proponer la expulsión de los consejeros que utilizaron las tarjetas ‘black’, ampliando posteriormente el debate sobre la conveniencia de mantenerse en los órganos de gobierno de estas entidades financieras. El pasado miércoles, el Consejo Confederal extraordinario del sindicato aprobó un código de conducta que aumenta el control interno y que fijará “normas que limitarán la aceptación de regalos o de beneficios de empresas con las que colaboran los miembros del sindicato”, según afirmó el secretario general, Ignacio Fernández Toxo.

Los sindicatos concentraban hasta hace tres años más de 50 miembros en los consejos de administración de las cajas desaparecidas, lo que en algunos casos suponía unos ingresos elevados para las organizaciones sindicales en concepto de dietas y de asistencia a las reuniones. Actualmente sólo quedan los ejemplos de CaixaBank y KutxaBank. En el caso de la entidad catalana, su representante cobró en 2014 un total de 246.000 euros por su pertenencia al consejo y a las distintas filiales. Esta cantidad, un 18,2% superior a la de un año antes, se ingresa directamente en las arcas del sindicato.

La hegemonía de CCOO en La Caixa se ha mantenido prácticamente inalterada desde 1990, después de la fusión con Caja de Ahorros de Barcelona. En las elecciones de noviembre de 2014, fue el sindicato más votado, con 10.884 sufragios, aunque en número de delegados, SECPB contabilizó un total de 311 sobre los 295 de CCOO. CaixaBank ha mantenido un elevado ritmo de adquisiciones durante la crisis. La última de ellas, la compra de parte del negocio de Barclays, que ha acarreado el despido de 975 trabajadores. Y la actividad no para, porque el centro de interés se ha trasladado a Portugal, donde la entidad española ha planteado una opa sobre el BPI, del que ya es accionista de referencia.

La ubicación de una inversión extranjera que ha recibido la compañía farmacéutica española Almirall en las estadísticas oficiales de la Secretaria de Estado de Comercio se ha convertido en la enésima batalla entre Cataluña y Madrid. El trasfondo soberanista encona aún más los ánimos. Según fuentes del ministerio de Economía, el registro de DataInvex correspondiente a inversión foránea bruta en Cataluña es “absolutamente fidedigno”. Los datos indican que el presupuesto destinado a esta Comunidad Autónoma entre enero y septiembre del año pasado cayó un 45%, al pasar de 1.999 millones de euros en los nueve primeros meses de 2013 a los 1.094 millones del mismo período de 2014.

En cambio, para la Generalitat catalana la inversión extranjera, lejos de disminuir, aumentó un 35%. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Se trata de divergencias de criterio sobre dónde colocar una operación relevante de compra de activos protagonizada por la multinacional británica AstraZeneca, que ha adquirido los derechos de la actividad respiratoria de Almirall por un importe que podría llegar a los 1.560 millones. Esta es justamente la cifra que el departamento de Empresa de la administración catalana ha añadido para justificar que la inversión extranjera aumentó entre enero y septiembre hasta 2.654 millones. Un portavoz de esta consellería argumenta que las inversiones se computan normalmente a la Comunidad Autónoma donde reside la empresa que recibe la inversión. En este caso, la operación con AstraZeneca correspondería a Almirall, que mantiene su sede social en la avenida General Mitre de Barcelona.

Las mismas fuentes critican que en la estadística del ministerio, la compra realizada por la multinacional, con filial y oficinas centrales en Madrid, ha ido a parar a un epígrafe diferente, en el que se incluyen las operaciones imputadas a todo el territorio español. Y es en este punto donde el consejero de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, ha visto malicia. “Lo que sí que afecta es una inversión importante, una adquisición empresarial de una empresa del sector farmacéutico, de 1.560 millones, que se ha identificado claramente en el registro del ministerio de Economía. Casualmente aparece como deslocalizada, y es una operación que afecta a una empresa catalana”, explicó Puig durante su intervención en un pleno del Parlamento catalán del pasado 21 de enero, a pregunta de una diputada de CiU.

El ministerio no rellena formularios

Efectivamente, la colocación de esta inversión en un epígrafe u otro puede provocar que la estadística caiga o aumente. Desde la Secretaría de estado de Comercio matizan que en realidad “la inversión no la asignan a las comunidades autónomas los funcionarios del ministerio, sino las propias empresas en los formularios preceptivos”. Es decir, que los directivos de Almirall situaron la inversión en la casilla estadística que consideraron más acertada. Ni en la compañía catalana ni en AstraZeneca han querido mostrar su opinión, pero fuentes cercanas a la operación dan por seguro que la inversión no se ha computado a Cataluña porque su impacto se centra principalmente en el extranjero y porque AstraZeneca no ha comprado una fábrica o un inmueble, sino que se ha quedado con los derechos de desarrollo y venta futuros del negocio respiratorio de Almirall. Una inversión más bien intangible.  

Según el comunicado oficial remitido a la Comisión nacional del mercado de Valores (CNMV), Almirall concluyó la transacción con AstraZeneca el 1 de noviembre. Esto quiere decir que incluso es posible que la operación quede fuera del cómputo de los nueve primeros meses de 2014. Por si fuera poco, más recientemente el acuerdo se ha ampliado. En otro hecho relevante a la CNMV del 5 de febrero, Almirall indicaba que AstraZeneca también será la propietaria de los derechos sobre bromuro de aclidinio de la multinacional irlandesa Actavis en Estados Unidos y Canadá.

La empresa española de la familia Gallardo acordó en julio pasado la venta de su franquicia respiratoria a la multinacional británica por 1.560 millones, con un primer pago al cierre del acuerdo de 652 millones. El resto (908 millones) se vincularían al cumplimiento del lanzamiento de los productos al mercado. El pacto incluye el fármaco contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) Eklira (aclidinio). La filial alemana que desarrolla inhaladores Sofotec también pasará a manos de AstraZeneca. En total, quedaran afectados 150 empleados españoles de Almirall, que pasarán a formar parte de la plantilla de la multinacional compradora, al igual que otros 569 trabajadores en el extranjero.

Volatilidad inversora

Para el profesor de Economía de la escuela de negocios Eada, Joan Miquel Piqué, la operación permitirá a Almirall destinar el montante de la operación al desarrollo de otras actividades. La misma compañía ha reconocido que podrá potenciar el área de dermatología. En este sentido, el presidente de la compañía farmacéutica, Jorge Gallardo, ha reconocido recientemente a la agencia Efe la voluntad de duplicar el tamaño en los próximos cinco años.

Joan Miquel Piqué remarca que en ningún caso se puede utilizar este traspaso de activos entre AstraZeneca y Almirall como un arma política. “Si los datos de inversión pueden variar dependiendo de dónde se compute ya da una muestra de la volatilidad de los momentos que vivimos”. Ciertamente, los porcentajes de modificación de un año a otro son muy elevados. Según la versión de la Generalitat, atribuyendo la operación a Cataluña, la inversión productiva extranjera aumentaría un 190% en el tercer trimestre de 2014, suponiendo el 42% del total recibido en España.

“Debemos estar contentos de que esta inversión haya recalado en Almirall. El resto son rifirrafes sin contenido”, concluye.    

Nervios a flor de piel

Así las cosas, la derivada política se ha concentrado en esta ocasión en una batalla de cifras y estadísticas, con el trasfondo de la pugna por el liderato inversor entre Madrid y Barcelona, las dos plazas que suman más del 80% de las inversiones extranjeras en el conjunto del Estado. Y además, el tema soberanista no ha ayudado a calmar los ánimos. En la misma sesión plenaria, Felip Puig enfatizó que “se ha producido una distorsión grave de la asignación territorial de las inversiones. Lo podríamos interpretar como un error técnico si no fuera por la rapidez con la que la información ha llegado a determinados fórums que combaten sistemáticamente la transición nacional catalana”.

La hipotética pérdida de fuelle de Cataluña en la atracción de inversiones extranjeras viene de lejos. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, afirmó en noviembre pasado que Cataluña estaba perdiendo el interés de los inversores internacionales en beneficio de Madrid debido a la presión soberanista.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido que Repsol, la primera petrolera española, deberá traspasar a otras empresas del sector cerca del 20% del aprovisionamiento de carburante de las gasolineras de Petrocat, según se desprende de una reciente resolución del organismo regulador.

Repsol ha adquirido recientemente la participación del 45% de Cepsa en la empresa catalana y ahora controla el 90% de su capital. Según las condiciones de la CNMC, la compañía que preside Antoni Brufau tiene que renunciar a 23 gasolineras de su filial, pero también está obligada, durante un periodo de cuatro años, a facilitar a sus competidores el acceso a la red de Petrocat para evitar una situación de monopolio.

Buena parte de estas medidas fueron propuestas por la propia Repsol, consciente de la situación que se creaba en Catalunya. El informe oficial concreta el suministro que deberá ceder a sus competidores, “basado en la media de los volúmenes aprovisionados por terceros a Petrocat en el pasado”.

Este cálculo supone una media de alrededor del 20% del total, según la documentación aportada por Repsol, que indica que multinacionales como Lukoil y Galp, entre otras, suministraron el 30,24% del carburante a Petrocat en 2011, y el 23,42% en 2012, para caer en barrena hasta el 0,58% el año pasado.

Los dos principales accionistas, Repsol y Cepsa, aportaban el resto, y vendían casi a partes iguales la mayoría de carburante a las estaciones de servicio de su participada.

Sin embargo, en 2013 todo cambió, fruto del cambio accionarial en Cepsa tras la toma de control por parte de Ipic, el fondo soberano de Abu Dhabi. El grupo presidido por Khadem al Qubaisi perdió cualquier interés por mantener posiciones en Petrocat y, mientras Cepsa redujo el abastecimiento de la red de su participada catalana del 38,37% de 2012 al 30,18%, Repsol compensaba con creces esta disminución, asumiendo además las ventas de carburante de sus competidores. Así, Repsol concentró el año pasado hasta el 69,24% del suministro de Petrocat.

Las medidas impuestas por Competencia pretenden modifican esta situación, a pesar de que el grupo petrolero español ya controla el 90% de su subsidiaria.

El grueso de condiciones de la CNMC se centra en la venta de 23 estaciones de servicio de Petrocat, al superar el límite legal del 30% de cuota por provincia. Así, la red se debe reducir en 17 gasolineras en la demarcación de Barcelona, cuatro en Tarragona, una en Lleida y otra en Madrid.

Un portavoz de Repsol indicó que estas desinversiones se están realizando, y que es Cepsa el comprador natural. Las mismas fuentes afirman que Petrocat seguirá con total independencia y con la sede en Catalunya. El compromiso de la multinacional española parece sólido, especialmente después de haber asumido casi la totalidad de las pérdidas de 3,48 millones de euros acumuladas hasta 2013, a través de una reducción de capital. Los últimos datos de Petrocat correspondientes a 2012 indican una facturación de 160,2 millones y unas pérdidas de 2,92 millones.

La Generalitat ha absorbido un 10% de la reciente reducción de capital. La Administración catalana considera el sector energético como estratégico, por lo que ha descartado desprenderse de su presencia en la cadena de gasolineras, según señaló un portavoz. También es cierto que con la situación patrimonial existente en Petrocat, la valoración en una posible venta tendería a cero.

En cualquier caso, la Generalitat ha declinado vender su paquete, teniendo en cuenta la política de venta de activos y patrimonio iniciada hace años para mejorar su equilibrio presupuestario.

En definitiva, y según fuentes del sector, Repsol ha optado por aumentar su participación y mantener la independencia de Petrocat de forma similar a la estrategia seguida en Petronor en el País Vasco. Con todo, en este último caso el recorrido ha sido mucho mayor. Petrocat se creó en 1987 y desde el principio contó con Repsol y Cepsa como socios con las mismas acciones y con la Generalitat como árbitro. Actualmente cuenta con una red de unas 80 estaciones de servicio y 30 centros de distribución.