"La reforma constitucional debe abordar la regeneración de las instituciones, blindar el estado de bienestar y dotar al actual estado de las autonomías de los elementos de clarificación, colaboración y coordinación de un estado federal", explica el autor

El pasado domingo, el espléndido Palacio de la Aljafería de Zaragoza se convirtió en el centro de muchas miradas. Ante la insumisión descabellada del President Mas en su camino de expulsar a Cataluña de España y la “dimisión” del Presidente Rajoy a la hora de ofrecer una solución al conflicto, la sociedad catalana y la del resto del país mira al PSOE, como única fuerza política capaz de poner cordura en esta encrucijada.

Antes de conocer el texto emanado del Consejo Federal celebrado en la capital aragonesa, los enemigos de cualquier acuerdo, los que están empeñados en engordar electoralmente a costa de la pacífica convivencia que nos traído hasta aquí, le hacen a esta iniciativa dos reproches:

Dicen, por una parte, que esta propuesta de nuevo acuerdo de ciudadanía aprobada en Zaragoza no hace más que ratificar la Declaración de Granada. Como si una propuesta para la convivencia territorial pudiera cambiar cada dos años. Curiosamente intentan desacreditar la coherencia del PSOE que, lejos de modular su discurso en base a los vaivenes políticos, tiene una propuesta que no ha variado, entre otras cosas, porque el diagnóstico que se hizo en Granada ha sido totalmente acertado y, entendemos, que la solución que se propuso entonces, la reforma de la Constitución, es la única propuesta que, hoy por hoy, hay sobre la mesa.

La segunda crítica que se le hace al documento es que no se concreta la reforma constitucional que proponemos. Este argumento es la conocida cantinela del gobierno del PP para no hacer nada. Los que exigen un consenso de salida, lo único que pretenden es dinamitar el proceso de diálogo.

El documento aprobado en Zaragoza dice dos cosas: primero, vamos a sentarnos en el seno de la Comisión Constitucional para ver qué aspectos de la Constitución queremos reformar. Desde el PSOE entendemos que la reforma debe abordar la regeneración de las instituciones, blindar en la Carta Magna el estado de bienestar y dotar al actual estado de las autonomías de los elementos de clarificación, colaboración y coordinación de un estado federal.

Ese es nuestro marco, pero otros partidos pueden tener otra opinión; escuchémonos, convoquemos a los expertos a ver cómo pueden llevarse a efecto, a las Comunidades Autónomas para conocer sus carencias e inquietudes... Y una vez que nos pongamos de acuerdo en el marco, que se abra la ponencia constitucional para hablar de propuestas concretas de modificación del articulado que pueda resultar afectado. ¿Tan difícil es de entender?

Me temo que no es una cuestión de coeficiente intelectual, sino de una absoluta falta de voluntad política por parte del Presidente del Gobierno que está llevando al país a la deriva social, democrática y territorial.

La Declaración de Zaragoza le ofrece a Rajoy una oportunidad para iniciar -liderar si quiere- un proceso de renovación del Pacto Constitucional. Una oportunidad que el Presidente no debiera rechazar, porque España no está para desaprovechar muchas más oportunidades.