Las personas refugiadas siguen llegando a Europa. En los últimos 5 meses, de junio a octubre, han llegado 16.865 personas a las islas griegas, de las cuales aproximadamente un 37% fueron menores y un 22% mujeres. Aunque ya no llenan las primeras páginas de nuestros periódicos, los naufragios de barcazas y las personas ahogadas han continuado. En lo que va de año, según la Organización Internacional de la Migración (OIM), 2.925 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo.

Nos acercamos al invierno, y si no actuamos ahora, volveremos de nuevo a ser testigos de las terribles imágenes de sufrimiento de miles de personas congelándose y muriéndose abandonados en campos de refugiados en Europa en condiciones infrahumanas. Este será el segundo invierno tras la entrada en vigor del acuerdo entre la UE-Turquía con el que se justifica la política de mantener a los refugiados recluidos durante meses en las islas griegas, privándoles de libertad de movimiento por el país, a pesar de que los centros de recepción no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad ni se da acceso a personal médico, escuelas o asistencia legal. 

Como ejemplo, hoy en día aproximadamente 6.500 personas viven en el campo de Moria en la isla de Lesbos, aunque éste solo tenga la capacidad para acoger a unas 2.000. Muchas de ellas viven en tiendas de verano y tienen que dormir en el suelo en colchones muy finos o pequeñas mantas, incluso aquellas personas que padecen graves enfermedades, discapacidades, mujeres embarazadas, niños y niñas y supervivientes de torturas y otros traumas. El año pasado a causa del frío murieron 6 refugiados en este mismo campo. Es ahora cuando debemos actuar. De nada nos sirve lamentarnos de la falta de acción cuando ya es demasiado tarde.

Por eso, la semana pasada durante el pleno del Parlamento Europeo reclamamos un plan de acción urgente de las autoridades griegas con el apoyo de la Comisión Europea para garantizar que los solicitantes de asilo en las islas sean transferidos a viviendas adecuadas en la Grecia continental. Se calcula que por lo menos 6.700 personas deben ser trasladadas de forma inmediata de las islas para que los centros dejen de estar sobrepoblados. Ningún centro debe acoger a más personas de las que tiene capacidad. Debemos poner en marcha un plan inmediato para que cuando estos alcancen su capacidad se traslade las personas restantes de forma automática a alojamientos en el continente donde se les garantice acceso a servicios básicos como la atención médica, incluyendo asistencia mental y psicológica.

También hemos exigido que se establezcan los mecanismos y se dote del personal necesario para que inmediatamente después de la llegada de los refugiados se realicen las evaluaciones de vulnerabilidad. Debemos acabar con la actual escasez de personal, incluido personal médico, abogados, traductores e intérpretes, que hace que sea imposible realizar a tiempo estas evaluaciones.

No podemos olvidar tampoco que uno de los principales problemas de la presente situación es la falta de solidaridad entre países de la UE a la hora de acoger refugiados y el incumplimiento flagrante de los compromisos de reubicación acordados en 2015. A modo de recordatorio, en noviembre de 2017 los estados de la UE sólo han reubicado y reasentado a 31.200 de los 160.000 refugiados acordados, es decir solo el 20% de lo pactado. Además, sigue habiendo países como Polonia y Hungría que aún no han reubicado a ningún refugiado y otros como España que siguen muy lejos de sus objetivos, con solo el cumplimiento del 14% de los 17.337 refugiados que deberían haber llegado ya al país. 

Seguimos por lo tanto exigiendo que se acelere de forma urgente la reubicación de los refugiados elegibles y que se priorice y garantice la reunificación familiar. Los estados deben de dejar de mirar hacia otro lado, es responsabilidad de todos, y no solo de Grecia e Italia, acoger a estas personas en busca de protección internacional.

En el marco de este proceso vale la pena señalar que actualmente está en revisión el reglamento de Dublín, el instrumento legal europeo que establece los criterios que determinan qué Estado es responsable de examinar las solicitudes de asilo. El Parlamento Europeo hace unas semanas votó a favor de una reforma que podría conllevar importantes cambios. La propuesta aprobada en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento propone eliminar el criterio del primer país de entrada, un criterio injusto que ha creado una presión desproporcionada sobre unos pocos Estados miembros y que es la raíz del hacinamiento de refugiados en Grecia.

Este cambio de criterio haría más corresponsables a los demás países de la UE y evitaría muchos de los sufrimientos que viven hoy los refugiados obligados a quedarse en centros de acogida sobrepoblados en Grecia e Italia. La propuesta además también incluye un nuevo mecanismo de reasentamiento que ayudaría a asegurar un reparto de responsabilidades más justo y solidario. Estas propuestas importantes del Parlamento Europeo chocarán sin duda con la resistencia de los Gobiernos de los Estados Miembros, a los cuales debemos obligar a moverse para evitar seguir como hasta ahora.

A las puertas de un nuevo invierno, exigimos el fin de la indiferencia, de la vulneración flagrante de los derechos humanos de los solicitantes de asilo y de la falta de solidaridad de muchos de los estados de la UE. Urge solucionar el problema del invierno que está delante de nosotros y urge también cambiar un sistema de recepción de refugiados ineficaz, inhumano e insolidario. Hay que pasar ya de la protesta a un cambio de políticas. Indignarse ya no vale, hay que obligar a nuestros gobernantes a moverse.

Europa sigue solo a medio camino de lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y los últimos años, ha dado incluso pasos atrás. Si seguimos al ritmo actual se calcula que aún deberemos esperar como mínimo 70 años más para conseguir la igualdad salarial, 50 años antes que el trabajo de doméstico y de cuidado sea repartido a partes iguales entre hombres y mujeres y más de 20 años para conseguir una representación paritaria en la política. ¿De verdad debemos esperar más de una o dos generaciones para alcanzar estas metas?

Como miembros de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de género del Parlamento Europeo hemos tenido la oportunidad este año de redactar el informe anual que valora la situación de la igualdad de género en la UE, aprobado este martes en el pleno del Parlamento Europeo.

La conclusión es clara: los progresos en igualdad de género son muy lentos. Según el índice de igualdad de género 2015 del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, en sus siglas en inglés) la Unión sigue estando solo al 52,9% de conseguir la igualdad, y durante los últimos 10 años solo ha aumentado en 1,6 puntos.

El poco avance en la materia demuestra como en los últimos años el estatus y el perfil de la igualdad de género ha perdido importancia siendo marginada como objetivo político, a menudo degradada en las instituciones, dividida en diferentes áreas y diluida bajo mandatos muy generales, sin el personal ni recursos necesarios y sobre todo con una falta de apoyo por parte de los líderes políticos.

En la UE este freno se demuestra con el hecho que hoy en día todas las propuestas de directivas para avanzar hacia la Igualdad de género están bloqueadas en el Consejo o en la Comisión Europea, ya sea la propuesta de una directiva para cuotas en los consejos de administración de las grandes empresas, la directiva horizontal contra la discriminación o las propuestas de directivas para una mejor conciliación de la vida laboral y personal.

A esta situación debemos añadir que en los últimos años en algunos estados miembros han surgido movimientos políticos en contra de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que ponen en duda las políticas de igualdad de género y que cuestionan los avances conseguidos en derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI y quieren reintroducir el papel tradicional de la mujer. Trump no es el único ejemplo, en la UE en países como Polonia algunos de estos movimientos se han llegado a organizar para presentar una propuesta de ley para la prohibición total del aborto.

El empeoramiento es también fruto de la política de austeridad. Las mujeres han sido las más afectadas por los recortes presupuestarios en los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las prestaciones sociales contribuyendo a la persistencia de la feminización de la pobreza y a la reprivatización de estos servicios que retornan la responsabilidad del cuidado a los hogares, generalmente a las mujeres.

A pesar que en 2015 97,8 millones de mujeres en Europa tenían trabajo, 3,5 millones más que en 2010, de estos nuevos empleos 1,7 millones son a tiempo parcial. En la UE solo el 44,1% de las mujeres trabajan a tiempo completo frente el 68,8% de los hombres, con las consecuencias que esto conlleva a nivel de salario, pensiones y cobertura por desempleo.

La brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 16,1% y si miramos a nivel de ingresos agregados en la UE las mujeres tienen un 41% menos de ingresos que los hombres y se calcula que 50% de las familias con una sola persona a cargo, generalmente mujeres, están en riesgo de pobreza. La brecha de las pensiones está en un alarmante 40% y en la mitad de los países de la UE esta brecha de pensiones ha aumentado.

Sigue chocando que las mujeres solo representen el 27% de los Parlamentos de los Estados Miembros y que en 2015 solo dos países, Suecia y Francia, hubieran alcanzado la paridad en sus gobiernos y que en Hungría y Eslovaquia no hubiera ninguna mujer dentro del gobierno. En el sector privado solo el 6,5 % de los puestos de dirección de las empresas que cotizan en bolsa en la UE son mujeres.

Finalmente, la lacra de la violencia machista persiste en la UE donde la mitad de las mujeres víctimas de asesinato lo han sido a manos de su pareja, allegado o familiar, el 33 % de las mujeres en la UE declaran haber sufrido violencia física o sexual y un 55 % haber sido acosadas sexualmente. Una de las tendencias que se siguen observando es la falta de denuncia y condena por parte de instituciones públicas y privadas y la tendencia de seguir culpabilizado las víctimas de estas agresiones y crímenes que demuestra la prevalencia del patriarcado y machismo, aún muy presente en nuestras sociedades.

Pero estos datos no deben dejar lugar al pesimismo. Al contrario, deben servir de señal de alarma para que tomemos conciencia de la situación y nos movilicemos para retomar una agenda ambiciosa de igualdad. Hemos visto a las mujeres en las calles de Polonia contra la prohibición del aborto, en Argentina las manifestaciones contra la violencia de género que paralizaron el país entero, la gran marcha de mujeres en Estados Unidos que se movilizaron rápidamente contra las políticas de Trump y el éxito del paro de mujeres internacional del pasado 8 de marzo.

Hace falta mucha más presión ciudadana y mayor atención por parte de los movimientos y partidos progresistas para exigir a los Estados Miembros y a la UE que vuelvan a tener una agenda ambiciosa en materia de igualdad. Desbloqueen las directivas, corrijan la austeridad origen de nuevas desigualdades, combatan la violencia contra las mujeres como una auténtica emergencia de estado.

Los datos no dan margen. Seguimos teniendo muchas razones para seguir luchando, para seguir siendo feministas y para reclamar que la UE adopte una posición firme para hacer de la igualdad de género y la no discriminación una prioridad.

Sin olvidar que seguimos sin herramientas legales a escala europea para combatir la violencia de género, tenemos un instrumento internacional que hay que exigir que se aplique con uñas y dientes: el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.

La crisis económica y la austeridad han tendido a empeorarlo todo, pero también a taparlo todo. Uno de los mayores olvidos de los poderes públicos, y también una de las víctimas de los recortes, es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este es, por ejemplo, el caso de Catalunya y España, donde las políticas de austeridad han reducido drásticamente el presupuesto de igualdad y los recursos para luchar y prevenir la violencia de género. Estas decisiones políticas conllevan un claro recorte a los derechos de las mujeres y un aumento de la invisibilización de esta triste realidad.

La lacra de la violencia de género, lejos de desaparecer, ha empeorado en los últimos años. Según el último estudio de la Agencia Europea de Derechos Humanos, una de cada tres mujeres en la UE ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual desde los 15 años, que equivale a 62 millones de mujeres, una cifra superior a toda la población de Italia. Los datos también muestran que un 22% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han experimentado violencia física o sexual, y de éstas sólo 1 de cada 3 lo han denunciado a la policía. Además, el 43% de las mujeres en Europa han experimentado alguna forma de violencia psicológica por parte de su pareja (que incluye diversas formas de violencia como la humillación pública, las amenazas de violencia o la privación de salir a la calle). La desigualdad que enfrentan muchas mujeres y las muchas formas de violencia de género que aún persisten de forma oculta, invisibles o toleradas en la UE son el claro síntoma del largo camino que aún queda por recorrer.

Sin olvidar que seguimos sin ninguna herramienta legal a escala europea para combatir la violencia de género -Raül Romeva estuvo años en el Parlamento reclamando una Directiva Europea contra la violencia hacia las mujeres-, tenemos un instrumento internacional importante que hay que exigir que se aplique con uñas y dientes: el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.

El Convenio es un instrumento muy importante ya que supone el primer mecanismo vinculante en Europa para “proteger, prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres”.

El Convenio reconoce esta violencia como una violación de los derechos humanos, y por lo tanto hace responsables a los Estados Miembros si no responden de manera adecuada a este tipo de violencia. En el Convenio se establecen las obligaciones de los Estados en materia de prevención, protección y persecución judicial, y consagra la obligación internacional de los Estados de Diligencia Debida para “prevenir, investigar, castigar a los que cometen el delito, proteger a las víctimas y reparar los daños”.

Este Convenio del Consejo de Europa entró en vigor el pasado mes de agosto, pero aún queda mucho trabajo por hacer. De entrada sólo 8 estados de la Unión Europea lo han ratificado (entre ellos, España), esto quiere decir que en la mayoría de estados de la UE el Convenio aún no rige.

Además, entre aquellos países que ya lo han ratificado, las medidas adoptadas para su desarrollo son todavía muy escasas. La correcta aplicación del convenio por parte de los estados que lo han ratificado sigue siendo un reto, sobre todo en aquellos estados como el nuestro donde las políticas de austeridad y la laminación del sistema de protección social están poniendo en peligro la lucha contra esta violencia.

Finalmente, este convenio no sustituye la necesidad de tener una legislación específica en materia de violencia contra las mujeres en la UE. Existe la propuesta de que la UE como institución (desde el Tratado de Lisboa tiene personalidad jurídica internacional propia y por lo tanto puede ratificar convenios internacionales) ratifique el Convenio de Estambul. Es una buena idea, siempre y cuando esto no sea la excusa para evitar que la UE se dote de un marco jurídico propio en esta materia.

La semana pasada los responsables del desarrollo del Convenio comparecieron ante la Comisión de Derechos de la Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo para explicar los avances del Convenio y los retos que tenemos por delante. Vale la pena reconocer la labor imprescindible que en esta materia, y en tantas otras, realiza el Consejo de Europa, una organización internacional a menudo demasiado menospreciada. Este Convenio muestra cuán importante es el Consejo, en unos momentos donde se escuchan voces que quieren menospreciar su papel (los tories han propuesto que el Reino Unido se retire de la Convención de Derechos Humanos del año 50).

El Consejo de Europa, por tanto, a la vanguardia de la codificación internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, merece todo nuestro apoyo en este ámbito. Desde ICV seguiremos trabajando intensamente para que el Parlamento Europeo apoye estos esfuerzos con el objetivo de avanzar hacia el fin de la pesadilla que sufren diariamente tantas mujeres.

Sense oblidar que seguim sense cap eina legal a escala europea per combatre la violència de gènere, tenim un instrument internacional que cal exigir que s’apliqui amb ungles i dents: el Conveni d'Istanbul del Consell d’Europa.

La crisi econòmica i l’austeritat ha tendit a empitjorar-ho tot, però també a tapar-ho tot. Un dels gran oblits dels poders públics, i també una de les víctimes de les retallades, és la lluita contra la violència envers les dones. Aquest és, per exemple, el cas de Catalunya i Espanya on les polítiques d'austeritat han reduït dràsticament el pressupost d'igualtat i els recursos per lluitar i prevenir la violència de gènere. Aquestes decisions polítiques comporten una clara retallada als drets de les dones i un augment de la invisibilització d'aquesta trista realitat.

La xacra de la violència de gènere, lluny de desaparèixer, ha empitjorat en els darrers anys. Segons el darrer estudi de l’Agència Europea de Drets Humans, una de cada tres dones a la UE ha experimentat alguna forma de violència física i/o sexual des dels 15 anys, que equival a 62 milions de dones, una xifra superior a tota la població d'Itàlia. Les dades també mostren que un 22% de les dones que han tingut una relació de parella han experimentat violència física o sexual, i d'aquestes només 1 de cada 3 ho han denunciat a la policia. A més, el 43% de les dones a Europa han experimentat alguna forma de violència psicològica per part de la seva parella (que inclou diverses formes de violència com per exemple la humiliació pública, les amenaces de violència o la privació de sortir al carrer). La desigualtat que han de fer front moltes dones i les moltes formes de violència de gènere que encara persisteixen de forma oculta, invisibles o tolerades a la UE son el clar símptoma del llarg camí que encara queda per recorre.

Sense oblidar que seguim sense cap eina legal a escala europea per combatre la violència de gènere -en Raül Romeva va estar anys al Parlament reclamant una Directiva Europea contra la violència envers les dones-, tenim un instrument internacional important que cal exigir que s’apliqui amb ungles i dents: el Conveni d'Istanbul del Consell d’Europa.

El Conveni és un instrument molt important ja que suposa el primer mecanisme vinculant a Europa per “protegir, prevenir, perseguir i eliminar totes les formes de violència contra les dones”.

El Conveni reconeix aquesta violència com una violació dels drets humans, i per tant fa als Estats Membres responsables si no responen de manera adequada a aquest tipus de violència. En el Conveni s’estableixen les obligacions dels Estats en matèria de prevenció, protecció i persecució judicial, i consagra l’obligació internacional dels Estats de Diligència Deguda per a “prevenir, investigar, castigar als que cometen el delicte, protegir a les víctimes i reparar els danys”.

Aquest Conveni del Consell d’Europa va entrar en vigor el passat més d’agost, però encara queda molta feina per fer. D’entrada només 8 estats de la Unió Europea l’han ratificat (d'entre ells, Espanya), això vol dir que en la majoria d’estats de la UE el Conveni encara no regeix.

A més a més, entre aquells països que ja l’han ratificat, les mesures adoptades per al seu desenvolupament són encara molt escasses. La correcte aplicació del conveni per part dels estats que l’han ratificat segueix sent un repte, sobretot en aquells estats com el nostre on les polítiques d'austeritat i la laminaciódel sistema de protecció social estan posant en perill la lluita contra aquesta violència.

Finalment, aquest conveni no substitueix la necessitat de tenir una legislació específica en matèria de violència contra les dones a la UE. Existeix la proposta que la UE com a institució (des del Tractat de Lisboa té personalitat jurídica internacional pròpia i per tant pot ratificar convenis internacionals) ratifiqui el Conveni d’Istanbul. És una bona idea, sempre i quan això no sigui l’excusa per evitar que la UE es doti d’un marc jurídic propi en aquesta matèria.

La setmana passada els responsables del desenvolupament del Conveni van comparèixer davant de la Comissió de Drets de la Dones i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu per tal d’explicar els avenços del Conveni i els reptes que tenim per endavant. Val la pena reconèixer la tasca imprescindible que en aquesta matèria, i en tantes altres, realitza el Consell d’Europa, una organització internacional sovint massa menystinguda. Aquest Conveni mostra com d’important és el Consell, en uns moments on s'escolten veus que volen menystenir el seu paper (els tories han proposat que el Regne Unit es retiri de la Convenció de Drets Humans de l’any 50).

El Consell d’Europa, per tant, a l'avantguarda de la codificació internacional de la lluita contra la violència envers les dones, mereix tot el nostre suport en aquest àmbit. Des d’ICV seguirem treballant intensament per tal que el Parlament Europeu recolzi aquests esforços amb l'objectiu d’avançar cap a la fi del malson que pateixen diàriament tantes dones.