La recuperación en Europa se fortalecerá este año gracias a mayores niveles de confianza y menores desequilibrios de sus economías, siempre y cuando se eviten accidentes, sobre todo en Grecia. Un euro y un petróleo baratos remarán a favor. También los estímulos del BCE. Pero no esperemos demasiado del Plan Juncker: su impacto será limitado.

Jean-Claude Juncker escaló a la presidencia de la Comisión Europa (CE) con la promesa de relanzar la inversión mediante un nuevo entramado institucional que ya está perfilado. Tiene tres patas. La primera es el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés). Este se dotará con 21.110 millones de euros “del bolsillo europeo” para movilizar 315.000 millones (es decir, alrededor de un 0,7% del PIB de la UE al año) con los que ejecutar proyectos entre 2015 y 2017. La segunda pata es la creación de dos órganos, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y la Reserva Europea Transparente de Proyectos (RETP), que garanticen que los proyectos responden a necesidades reales. El CEAI será una “ventanilla única europea” que intermediará entre promotores, inversores y autoridades para identificar, preparar, desarrollar y financiar los proyectos, y la RETP informará de proyectos actuales y potenciales. Y la tercera pata es otra vuelta de tuerca del mercado único con nuevos cambios que garanticen la previsibilidad normativa, la armonización regulatoria y la eficiencia del gasto a escala europea.

El EFSI es el que más atención ha recibido. Sus 21.000 millones de dotación proceden de la UE (16.000) y del BEI (5.000), aunque la CE está intentando que los países reorienten otros fondos comunitarios y sumen contribuciones voluntarias a cambio de una interpretación más flexible de las reglas fiscales. De la parte de la UE, una mitad provendrá de reorganizar partidas comunitarias y la otra mitad de créditos de pago. Ambas nutrirán un Fondo de Garantía que servirá para asumir las pérdidas que puedan surgir de los proyectos que se lleven a cabo (first-loss tranche). Esta es una garantía necesaria para que los inversores se animen con los proyectos de mayor riesgo (y, previsiblemente, más valor añadido) que en ausencia de dicho fondo no considerarían.

La CE cree que podrá convertir 21.000 millones en 315.000 si se cumple un multiplicador 1:15 al que fía todo. Por cada euro “público”, quince de inversión. En esta versión comunitaria del milagro de los panes y los peces, la dotación de la UE se convertirá en 240.000 millones para inversiones (infraestructuras físicas y digitales, etc.) y la dotación del BEI en 75.000 para financiar a pymes y empresas de mediana capitalización. Ya se han contabilizado unos 2.000 proyectos por valor de 1,3 billones de euros, de los que 53.000 millones son españoles, la mayoría en el ámbito de la energía.

El Plan ha recibido objeciones. Parte de la premisa de que la inversión ha caído unos 400.000 millones desde 2007 y que su recuperación ha venido rezagada frente a la de otros rubros del PIB, como el consumo. Sin embargo, se ha cuestionado que exista en realidad un gap de inversión. Por un lado se argumenta que es un sinsentido recuperar los niveles previos a la crisis, que estaban “inflados” por una burbuja crediticia que canalizó cuantiosísimos recursos a destinos poco rentables socialmente, como el ladrillo. Era lógico que dicha burbuja se desinchase y es deseable que veamos que la inversión se estabiliza ahora en niveles inferiores. Por otro lado, una demografía adversa (la población en edad de trabajar está empezando a caer) y una productividad estancada significan menores tasas de crecimiento potencial en las próximas décadas. En este contexto la economía requerirá menos inversión para mantener constante la ratio capital-producción. Es decir, se necesitarán menos máquinas por trabajador que antes.

Asimismo, la escasa aportación de “dinero fresco” al Plan de inversiones ha generado muchas dudas. Relanzar la inversión requiere de algo más que reorientar fondos del presupuesto comunitario y proponer que los países pongan de su bolsillo. Además, los 21.000 millones iniciales tampoco están disponibles ya sino que se irán acumulando hasta 2020 pese a que los proyectos deben llevarse a cabo entre 2015 y 2017. Esta escasa “potencia de fuego” –sin apenas recursos nuevos y que llegarán solo paulatinamente- justifica la tímida acogida del Plan.

Por último, los bancos nadan en liquidez. No están queriendo, sabiendo o consiguiendo encontrar proyectos que financiar y prefieren devolver sus préstamos al BCE antes de tiempo (más de 700.000 millones hasta ahora, al menos). Mientras, Draghi se prepara para inyectar un billón más de vuelta a la economía. Ante este panorama, ¿Por qué los 21.000 millones “europeos” habrían de cambiar las cosas? ¿No habrá algo estructural y soterrado que explique por qué la liquidez no se transforma en inversión? Candidatos no faltan: puede que estemos a las puertas de un estancamiento secular, en donde los periodos de muy bajo o nulo crecimiento serán la norma. Puede que la estructura disfuncional de la eurozona –cuyo resultado son periodos recurrentes de incertidumbre, turbulencias y contagio- desanime al inversor, o que existan muchos tipos de barreras que frenen sus proyectos.

Pese a todo, el Plan contiene indudables avances. En primer lugar, su diseño responde a las restricciones actuales: la única solución aceptable, desde el punto de vista político y financiero, pasaba por no apoyar la financiación del Plan en las maltrechas finanzas públicas de los Estados miembros, cuya sostenibilidad en diversos casos sigue en entredicho.

En segundo lugar, pese a la escasez de recursos del EFSI puede que el éxito del Plan acabe estando precisamente en sus otras dos patas: que se gaste “bien” (en proyectos de demostrado valor, sin “cuotas” nacionales o sectoriales, con control y transparencia) y que las empresas se decidan a invertir animadas por un clima regulatorio adecuado y estable. Lo mismo el Plan acaba ofreciendo garantías suficientes a ojos de los inversores, así que debemos dar a la Comisión el beneficio de la duda. Además, un esquema integrado puede ayudar a que distintos proyectos entre países, históricamente trabados (la interconexión energética España-Francia, por ejemplo), se lleven por fin a cabo. Estos podrían reforzar la integración del mercado único.

Por último, y no menos importante: el diseño elegido podría suponer un precedente de “eurobonos por la puerta de atrás”. Una de las opciones del Plan es que el BEI se endeude apoyándose en el Fondo de Garantía. El devenir de su deuda será solidario. Y el nuevo programa de compras de bonos del BCE a partir de marzo incorpora adquisiciones de deuda Europea (de los mecanismos de asistencia del FEEF y MEDE, así como del BEI) por importe de 114.000 millones de euros. Estas compras las llevarán a cabo el BCE o los Bancos Centrales Nacionales por mandato del propio BCE, y las pérdidas y beneficios que eventualmente surjan a se compartirán entre los países del euro. Por tanto, aunque a paso de tortuga, estamos un escalón más cerca de la unión fiscal.

Más allá del QE anunciado por Draghi, durante los últimos años el BCE ha puesto en marcha otros programas que siguen activos

Activo del balance del BCE y programas anunciados

Hace pocos días el BCE saltó el rubicón, aunque los focos miren ahora a Atenas. Super Mario (Draghi) anunció que el eurobanco se embarca por fin en la expansión cuantitativa (QE) con la compra de unos 900.000 millones de deuda pública de las instituciones europeas y, sobre todo, de los países del euro. José Moisés Martín ya les explicó cómo podría funcionar (para lectores familiarizados con la política monetaria, recomiendo este artículo). Aunque es cuantitativamente importante para lo que el BCE nos tiene acostumbrados, no es ni de lejos el único programa. Otros fueron puestos en marcha en estos años, varios siguen activos y todos ellos se llaman de maneras muy extrañas. Entre las miles de páginas dedicadas a la política monetaria ¿qué hay que saber para no perderse en el baile de acrónimos que tanto adora el BCE?

Primero, el inicio de la crisis empujó a los bancos centrales a “tirar de” tipos de interés (vean el gráfico del final). Pero a mediados de 2009 ya los habían reducido a niveles históricamente bajos y muy cerca de la barrera del 0% (el llamado Zero Lower Bound o ZLB). En muy poco tiempo habían agotado su “munición convencional”, pero su efecto se percibía como claramente insuficiente.

Tuvieron que adentrarse en el inexplorado mundo de las “medidas no convencionales”. Estas pueden ser básicamente de tres tipos. El primero (Forward Guidance) consiste en tratar de influir en las expectativas mediante discursos orientados a señalar con anticipación qué camino tomarán las decisiones del Banco Central. El segundo (Quantitative Easing o QE) consiste en imprimir dinero para comprar activos (bonos, por ejemplo) en manos del gobierno o el sector privado. El tercero (Qualitative Easing) consiste en cambiar la composición de los activos que el Banco Central tiene en cartera (no incrementa el tamaño del balance como el QE sino que altera su estructura). En estos años, los principales bancos centrales han ensayado estos tres tipos de medidas.

En la primera fase de la crisis, hasta la crisis del euro en 2010, el BCE actuó en varios frentes: 1) recortó los tipos de interés: 325 puntos básicos entre la caída de Lehman en sep-08 y mediados de 2009. 2) Abrió líneas de swaps para intercambiar divisas con otros Bancos Centrales. 3) Redujo (fue la primera de varias) la calidad del colateral que exigía a los bancos -estos consiguen fondos dejando algo en Fráncfort para asegurar el préstamo, y la calidad de ese algo se rebajó-. 4) Compró deuda privada para animar el mercado hipotecario (Covered Bond Purchase Program o CBPP1). Y 5) Activó, junto a su facilidad de préstamo tradicional a una semana (Main Refinancing Operation o MRO), otras de mayor plazo (Long-Term Refinancing Operation o LTRO): primero a 3 y 6 meses y después LTRO a 1 y 3 años, a través de las cuales inyectó mucha liquidez, que los bancos dejaron en su mayor parte aparcada en la Facilidad de Depósito (DF) del propio BCE.

A principios de 2010 emergió el problema griego, y se desataron las primeras tensiones a lo largo de la Europa periférica. El BCE de Tritchet lanzó en mayo el primer programa ambicioso de compra de deuda: el Securities Market Program (SMP), que “echaría una mano” con los países en peor situación (se activaron los rescates de Grecia en may-10, de Irlanda en nov-10 y Portugal en abr-11) mientras se negociaba la creación del mecanismo europeo de asistencia financiera: la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), germen del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Para cuando se cerró el SMP en 2012, había adquirido unos 250.000 millones –sobre todo deuda de países periféricos–, de los que mantiene aún unos 145.000 millones (lo habitual es que el BCE espera a que venzan los bonos en lugar de revenderlos). Asimismo, el eurobanco subió dos veces los tipos en 2011 creyendo afianzada la recuperación. A toro pasado, este endurecimiento de la política monetaria fue una monumental metedura de pata.

El inicio de la fase sistémica de la crisis del euro en el verano de 2011 fue la prueba de fuego. Las entidades afrontaban vencimientos enormes en 2012 y la posibilidad de que no tuvieran liquidez de sobra suponía un riesgo de primer orden para la estabilidad financiera –el paso de la iliquidez a la insolvencia puede ser mínimo–, así que el BCE inyectó la friolera de 1 billón de euros mediante LTROs a tres años. Mientras, la crisis fiscal y de la deuda soberana fue a más, con un aumento peligroso y desordenado de las primas de riesgo y la creciente fragmentación financiera entre los distintos países. La espiral de turbulencias y su contagio por poco derrumban la eurozona en 2012 cuando el foco de tensión se trasladó a Italia y España.

El temor a un desenlace fatal de desaparición del euro llevó a Draghi a formular sus 20 palabras mágicas en jul-12 (“the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”) con las que conjuraba el miedo con el solemne recordatorio de que el BCE tenía una capacidad ilimitada para restaurar las condiciones monetarias y que no dudaría en hacerlo. Esta medida fue una forma de Forward Guidance, y fue sustanciada en sep-12 con el lanzamiento del Outright Monetary Purchases (OMT). Este programa, aún en vigor, prevé comprar deuda a corto plazo de países en situación de estrés grave que soliciten un rescate duro a la troika (“programa completo”) o uno blando al FEEF/MEDE (“programa precautorio”). En el OMT, como en el SMP, no se imprime dinero nuevo para las compras, así que son medidas de Qualitative Easing que no iban a aumentar el tamaño del balance. Pero frente al SMP, el OMT era potencialmente ilimitado.

La normalización ha sido evidente. Ya no se duda del euro ni se teme un contagio –Grecia mediante…–, los estados se financian a mínimos históricos y la fragmentación ha descendido. Y todo sin activar el OMT, sin gastar un euro. Alemania fue muy crítica con el programa y Tribunal Constitucional lo juzgó ilegal, pero traspasó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, que ratificará por fin su validez, siguiendo la opinión adelantada por su Abogado General en ene-15.

Desde 2013 el foco de preocupación se ha trasladado a la inflación y el crédito, en un contexto en el que la recuperación no termina de arrancar. Por el lado de las medidas convencionales, el BCE ha rebajado los tipos en otras cuatro ocasiones, hasta el 0,05% actual, y ha llevado a negativo el tipo de la facilidad de depósito (los bancos ahora pagan si aparcan su dinero en Fráncfort). En paralelo, se aprobó el armazón de la Unión Bancaria, que refuerza los poderes del BCE, que en nov-14 tomó los mandos de la supervisión de las 120 principales entidades de la eurozona bajo el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) –en inglés, Single Supervisory Mechanism o SSM-, no sin antes examinar su salud financiera a través del Asset Quality Review/Strees Tests (AQR/ST).

Entre las últimas medidas destacan las siguientes. En jun-14 Draghi lanzó un programa cuyos fondos se vinculan a que las entidades expandan crédito al sector privado (o reduzcan su ritmo de contracción). Son las Targeted Long-Term Refinancing Operations o TLTRO. Se parecen a las LTRO antes mencionadas, pero su vencimiento es mayor (4 años) y son “dirigidas” a un objetivo. Sus dos primeras subastas ya se realizaron, en sep-14 y dic-14, pero “defraudaron”: las entidades solo solicitaron 212.000 millones de los 400.000 disponibles. Además, en sep-14 el BCE anunció dos nuevos programas de compras de deuda privada: el Asset-Backed Securities Purchase Program (ABSPP) y el Covered Bond Purchase Program (CBPP3), y empezó a adquirir bonos de titulización de activos (ABS) y bonos garantizados (CB) a finales del pasado año.

En paralelo, el BCE ha seguido ratificando su compromiso de que los tipos de interés seguirán en niveles muy bajos por un tiempo prolongado. Y en nov-14 Draghi se comprometió a elevar el balance hasta los 3 billones, el tamaño que exhibió en mar-12. Ambos compromisos son también manifestaciones de Forward Guidance. Fíjense que el balance, desde 2012, ha venido reduciéndose en casi un billón de euros, hasta los 2,1 actuales, debido principalmente a que los bancos han ido devolviendo las LTRO, en muchos casos de forma anticipada.

Y así llegamos, después de la sopa de letras, al final del trayecto: el QE. Las compras de deuda pública (unos 900.000 millones) empezarán en marzo y complementarán las de deuda privada del ABSPP y CBPP3 (unos 200.000 millones, de los que ya adquirió 40.000). Una cuestión interesante es que los analistas dudaron de la palabra de Draghi: según una encuesta de Bloomberg del pasado noviembre, estos esperaban que el balance alcanzara a finales de 2016 los 2,9 billones, por debajo de los 3 “prometidos”. Quizá por ello los 900.000 millones anunciados del QE superan los 500.000-600.000 esperados antes de su anuncio. Como muestra el primer gráfico, ahora sí cabe esperar que el BCE cumpla su compromiso: el tamaño de su balance podría alcanzar los 3 billones ya en sep-16. Tengan en cuenta que este incremento no vendrá solo de las compras de deuda pública (QE) y privada (ABSPP y CBPP3), sino también de las TLTRO –las “dirigidas” a expandir crédito al sector privado– y las demás facilidades que se vayan produciendo (MRO, LTRO).

Lo que está por ver es si todo ello será suficiente y eficaz para que el BCE cumpla con su único objetivo: la estabilidad de precios (una inflación cercana pero por debajo del 2% a medio plazo). Ya veremos: la inflación de la eurozona está ya en el -0,6%, alejándose más y más del objetivo estatutario, y las previsiones anticipan una para 2019 de solo el 1,8%. Es decir, no esperan una convergencia al 2% a lo largo del horizonte de proyección.

El crédito total sigue cayendo, pero se observan destellos prometedores y sostenidos, como por ejemplo el crédito nuevo a familias y pymes, que repuntó con fuerza en 2014 tras seis años de caídas.

El crédito a familias y pymes creció con fuerza durante el año pasado, pero seguimos leyendo que continúa en caída. ¿Cómo es posible?

La confusión puede deberse a la diferencia entre “stocks” y “flujos de crédito nuevo”. El stock es la cantidad de crédito concedido en cualquier periodo que está pendiente de devolución (el saldo vivo). Los flujos son los préstamos concedidos en un periodo determinado. Lo que está pasando es que algunos flujos de crédito nuevo llevan tiempo subiendo, pero su cuantía es inferior a la de las amortizaciones de quienes ya tenían préstamos, por lo que el stock cae. Es decir, el crédito nuevo sube mientras el crédito total baja. Esto supone un cierto avance, ya que en los últimos años ambos retrocedían.

Veamos los datos de crédito del sector privado no financiero. Es decir, por un lado familias e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares –“hogares e ISFLSH”- y, por otro, empresas –“sociedades no financieras”-, dejando fuera a los otros dos actores, Administraciones Públicas y sociedades financieras. El gráfico muestra que el stock de crédito cayó un 3,6% en 2014 (un 3,4% el de empresas y un 3,9% el de familias). Para ser estrictos, estas cifras se refieren a “financiación”, un concepto algo más amplio que el crédito. Ello indica que la corrección del sobreendeudamiento (el “desapalancamiento”) prosigue y el crédito se reduce aunque más suavemente que en 2012 y 2013. Mientras, las cosas en la eurozona andan algo mejor: según la medida de referencia del BCE, el crédito al sector privado completó el año estable frente a 2013 (0,1%) tras caer un 2,0% entonces.

Stocks y flujos de crédito nuevo al sector privado no financiero (variación anual) y flujos de crédito nuevo al sector privado no financiero (variación anual)

Ahora fíjense en la parte derecha del gráfico. El crédito nuevo al sector privado se hundió en 2013 (-19,0%), y es cierto que en 2014 siguió mostrando una fuerte atonía (-6,3%). Pero es prometedor que algunos de sus componentes se han dado completamente la vuelta. En particular el crédito nuevo a los hogares ha pasado de despeñarse un 19,1% en 2013 a subir un 18,6% en 2014, y esta mejoría se observa tanto en el crédito a la vivienda como en los de consumo y otros fines. Mientras, el crédito nuevo a empresas siguió a la baja en 2014 (-9,5%, la mitad que en 2013), pero el relativo a importes inferiores a 1 millón de euros aumentó un 8,6%, tras caer un 7,9% en 2013.

De esta forma, volvamos al principio: la caída del crédito continúa (stocks) porque se devuelve más de lo que se concede. Pero algunas partidas del crédito concedido (flujos de crédito nuevo) mejoran con fuerza. ¿Qué partidas? Las de familias y de escasa cuantía a empresas –asimilable a pymes por diversos motivos, según explica el artículo de Juan Ayuso, del Banco de España–. Y aunque la partida de crédito nuevo a grandes empresas se contrajo con fuerza, podría responder a que algunas de ellas han podido financiarse con éxito en los mercados, disminuyendo así su dependencia de la financiación bancaria.

Es lógico que las tasas de crecimiento del crédito nuevo sean elevadas allí donde se dan, porque venimos de niveles muy bajos. En plena burbuja, en 2006 y 2007, hogares y empresas recibían la friolera de 100.000 millones de euros al mes, mientras que en 2013 esta cantidad cayó a “solo” 35.000, por lo que el aumento actual de la financiación tendrá un mayor reflejo en las tasas.

Stocks de crédito al sector privado no financiero, como % del PIB

Y a todo esto, ¿cuánto debemos? Hogares y empresas deben 1,7 billones de euros, un 162% del PIB, una cifra similar a la primavera de 2006. Su deuda siguió ascendiendo hasta dos años después del inicio de la crisis en el verano de 2008, alcanzando el 200% del PIB a mediados de 2010, mientras la crisis del euro se agravaba. Desde entonces, las empresas han hecho un esfuerzo mucho mayor que las familias en quitarse deuda de encima. La han reducido en 290.000 millones o 25 puntos porcentuales del PIB, mientras que las familias se han desendeudado en 160.000 millones, casi 14 puntos. El desapalancamiento empresarial se ha producido sobre todo en la construcción y los servicios inmobiliarios (más de la mitad) y en menor medida en el sector primario, la industria y el resto de servicios (más de un cuarto), según indican los datos trimestrales de crédito por finalidad del Banco de España.

La buena noticia es que se ha producido un saneamiento importante, veloz y meritorio, lógicamente obligado por las circunstancias. La mala es que este proceso ha sido muy doloroso porque no ha contado con la ayuda del crecimiento y la inflación. Ambos factores elevan el PIB nominal –que es el divisor de la ratio deuda/PIB- contribuyendo a licuar dicha ratio, al existir “más recursos para pagarla”. Por comparación, las familias y empresas en el Reino Unido sí han reducido su deuda con una mayor ayuda de ambos. Otra mala noticia es que cantidad de crédito destinado “al ladrillo” (financiación a la construcción y la vivienda) sigue suponiendo el 58% del total, solo cinco puntos menos que en 2007, lo que refleja que no se ha producido aún una reorientación apreciable del modelo productivo.

En suma, el crédito total sigue cayendo, pero se observan destellos prometedores y sostenidos. En concreto, el crédito nuevo a familias y pymes repuntó con fuerza en 2014 tras un sexenio de caídas. Y es probable que esta progresión se mantenga gracias al propio afianzamiento de la recuperación y a la batería de medidas puestas en marcha por el BCE desde el pasado verano.    

En este artículo hemos hablado de “cantidades” de crédito (lo que se concede, lo que queda por devolver), pero hay otros temas igualmente importantes. Uno es el relativo a si la escasez general de crédito se debe a que las entidades no prestan o a que familias y empresas no piden, en un contexto en el que la crisis ha deteriorado su solvencia y en el que tratan de digerir las deudas que arrastran de años anteriores. Es decir, si es un problema de oferta o de demanda de crédito, o más probablemente de ambas. Otra cuestión fundamental es la que se refiere a los “precios” del crédito (los tipos de interés), que sigue también encasquillada aunque mejorando, debido a que la eurozona sigue fragmentada (el coste de los préstamos es mayor en unos países que en otros). Un tercer asunto es el relacionado con cuál es el nivel sostenible de deuda privada o, puesto en otros términos, hasta cuándo han de seguir saneándose familias y empresas. Estas y otras cuestiones darían para muchos artículos más.

El cambio de tendencia de 2014 ha afectado de manera muy diversa a los diferentes segmentos de población. Por ejemplo, los mayores de 45 y las personas con formación universitaria han acaparado casi todo el empleo creado y presentan tasas de paro inferiores a la media

La Encuesta de Población Activa publicada hoy día 22 certificó el cambio de tendencia del mercado laboral en 2014 tras seis años de deterioro continuado, con avances en el cuarto trimestre superiores a lo esperado. Frente a 2013, los ocupados crecieron en 205.000 (+1,2%) y los parados cayeron el doble, unas 440.000 personas (-7,3%), debido a que la población activa se contrajo en unas 235.000 (-1,0%) –los 434.000 nuevos empleos que destacan los medios son los del cuarto trimestre frente al mismo periodo del año previo-. En los próximos días aparecerán muchos análisis de la EPA sobre la evolución de los asalariados por sector, por tipo de jornada y contrato, la tasa de paro, etc., centrados especialmente en el último cuarto del año pasado.

Pero yo adoptaré otra perspectiva: comentaré la evolución entre 2008 y 2014 de tres variables principales (activos, ocupados y parados) según cuatro características que incluye la EPA (edad, sexo, nivel de formación y origen), para tener una visión algo más amplia y menos cortoplacista. Para ello es útil utilizar “contribuciones al crecimiento”, una medida que permite visualizar de manera sencilla la evolución de cada grupo (cuánto aumenta / desciende) combinado con la importancia relativa de dicho grupo en el total. Por ejemplo, hay mucha más población activa nacional que extranjera, pero esta se ha reducido a mucho mayor ritmo en los últimos años. Las contribuciones al crecimiento –las barras en los gráficos– muestran ambas cuestiones a la vez.

EPA – Población activa: evolución anual (en %) y contribuciones (en puntos porcentuales)

Según muestra el primer gráfico, la población activa –quienes están ocupados o en paro– cayó en 2014 un 1,0% frente a 2013, una tasa similar a la registrada entonces. Esta disminución, de unas 240.000 personas, se produjo solo entre los jóvenes (16-29 años) y los de edades intermedias (30-44 años), ya que los mayores de 45 años siguieron incorporándose a la vida activa. A su vez, más hombres que mujeres salieron de la población activa en 2013 y 2014, tras años en que estas siguieron entrando con gran dinamismo. Por nivel de formación, se observa que aquellos con estudios bajos y medios han salido intensamente del mercado laboral, mientras los de estudios altos han seguido incorporándose todos estos años. Por último, la caída de la población activa en este último bienio procede casi totalmente de los extranjeros.

Mientras, los ocupados crecieron un 1,2% en 2014 (unas 200.000 personas) tras caer un 2,8% en 2013, algo por debajo de los 250.000 de la serie de afiliados a la Seguridad Social. El segundo gráfico muestra que el empleo siguió cayendo entre los jóvenes (aunque mucho menos que en años anteriores) y no varió entre las personas de edades intermedias. De esta forma, el incremento total de la ocupación se debió casi en exclusiva a los mayores de 45 años. A su vez, benefició algo más a hombres que a mujeres, si bien entre 2009 y 2013 estas sufrieron contracciones menos severas. Por otro lado, siguió destruyéndose empleo entre las personas con formación baja mientras se creó sobre todo para aquellas con estudios altos. Y benefició en exclusiva a los nacionales, ya que el empleo entre los extranjeros continuó cayendo. En conjunto, la creación de empleo en 2014 se dirigió a los nacionales de más edad y con mayor formación. Por el contrario, la situación de los extranjeros y personas jóvenes y con menor formación empeoró nuevamente.

EPA – Población ocupada: evolución anual (en %) y contribuciones (en p.p.)

Por su parte, el paro disminuyó en 2014 por primera vez en siete años. Lo hizo en un 7,3% (unas 440.000 personas), mayor al de la serie mensual de paro registrado (-6,2%). El descenso del paro se concentró en los jóvenes y las personas de edad intermedia (pero no porque consiguieran un empleo, sino porque han salido de la población activa). Además, benefició más a hombres que a mujeres, tras años de mejor comportamiento de estas en términos relativos. A su vez, favoreció sobre todo a los de menor formación, aunque los parados con estudios medios y altos también declinaron. Y benefició más a nacionales que a extranjeros. Con todo, es mejor centrarse en los datos de empleo que en los de paro, como ya expliqué aquí.

EPA – Población desempleada: evolución anual (en %) y contribuciones (en p.p.)

En términos de la tasa de paro, esta promedió un 24,4% en 2014 (aunque fue del 23,7% en el cuarto trimestre). Según muestra el último gráfico, siguió siendo menor para los de edades intermedias (22,2%) y los mayores de 45 años (20,5%). La de los jóvenes se redujo más pero siguió en niveles astronómicos (39,7%) –y si nos ceñimos solo a los menores de 25, el dato es aún peor (53,2%)–. Además, la tasa de paro femenina (25,4%) siguió superando a la masculina (23,6%) y siguió afectando más adversamente a las personas con estudios bajos (33,8%) que a las de estudios medios (24,2%) y sobre todo altos (14,7%). Asimismo, la situación siguió siendo mucho peor para los extranjeros (34,5%) que para los nacionales (23,0%). Por tanto, los peores datos los sufren jóvenes, extranjeros y personas con escasa formación, mientras que los mejores los alcanzan los mayores de 45 años y, muy especialmente, las personas con estudios terciarios.

EPA – Tasa de paro general y por características (como % de la población activa)

En suma, es posible exprimir la riqueza de la EPA un poco más de lo que estamos acostumbrados. El principal mensaje es que el cambio de tendencia de 2014 ha afectado de manera muy diversa a los diferentes segmentos de población. Así, los mayores de 45 años y las personas con formación universitaria han seguido incorporándose a la población activa pese a la caída agregada de esta. También han acaparado casi todo el empleo creado y presentan tasas de paro muy inferiores a la media nacional. Por otro lado, en 2014 los hombres consiguieron mejores resultados que las mujeres, que venían exhibiendo en años anteriores un mejor comportamiento relativo. Mientras, los jóvenes siguen constituyendo la asignatura pendiente: su colosal tasa de paro ha descendido, pero no porque hayan encontrado un empleo, sino por haber salido de la población activa (son ninis, han emigrado o han vuelto a formarse).

Estas y otras muchas lecturas –más sofisticadas y rigurosas– pueden ayudar a señalar los segmentos más resistentes y más vulnerables o perjudicados del mercado laboral. Estudiar la EPA desde este ángulo puede y debe contribuir al diseño de políticas públicas eficaces. Que los partidos perfilen sus propuestas y tomen nota ahora que comienza la avalancha de promesas electorales.

Aunque estos últimos años el superávit de servicios (el turismo especialmente) ha amortiguado los déficits en el resto de la Cuenta Corriente, lo cierto es que el desbalance exterior es un problema estructural que sigue lejos de encauzarse

Uno de los mayores desequilibrios previos al estallido de la crisis se concentró en la balanza comercial. Hasta 2008, nuestro déficit frente al resto del mundo fue impresionante y su posterior ajuste no lo ha sido menos. Pero el déficit vuelve a reabrirse.

El primer gráfico ilustra bien ambas tendencias. Muestra la evolución de las exportaciones, las importaciones y la diferencia entre ambas (el saldo comercial) en acumulados móviles de 12 meses para apreciar mejor la tendencia. Al tratarse solo de bienes (mercancías) que compramos del y vendemos al exterior, dejamos fuera otros tipos de intercambios con el resto del mundo: servicios (como el turismo), rentas (como la devolución de las deudas contraídas) y transferencias (como las remesas). Estas cuatro partidas (bienes, servicios, rentas y transferencias) configuran nuestros intercambios con el exterior y se registran como ingresos o pagos en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (estas partidas se han trastocado ligeramente en la nueva contabilidad). Pero centrémonos en las mercancías, que concentraron el mayor desequilibrio.

Hay varios aspectos que llaman la atención. Primero, en todos estos años las importaciones han sido mayores, o mucho mayores, que las exportaciones, lo que ha conllevado un déficit persistente. En concreto, entre 2005 y 2008 este superó los 90.000 millones al año y llegó a rozar los 105.000 en el verano de 2008, uno de los mayores del mundo. Para sufragar el déficit, tuvimos que endeudarnos masivamente con el exterior, ya que el saldo conjunto del resto de intercambios con el resto del mundo (servicios, rentas y transferencias) era también deficitario.

Segundo, la tendencia divergente entre importaciones y exportaciones debería haber encendido las alarmas. Se creyó erróneamente que formando parte la eurozona el déficit exterior podría seguir financiándose sin mayor problema. Al fin y al cabo, los españoles estábamos “reciclando” el ahorro de los países en una situación inversa a la nuestra, como Alemania. Si los alemanes nos lo prestaban era porque aquí encontraban mejores oportunidades de inversión. Además, el incremento de los flujos transfronterizos reflejaba que los países del euro aumentaban sus lazos. ¿No era la integración económica y financiera uno de los objetivos del euro? Ahora ya no cabe echar la vista atrás y conceder a los desbalances la importancia que merecían. Este error garrafal ha tenido, sin embargo, dos consecuencias positivas. Primera, las autoridades domésticas están mucho más concienciadas contra la dependencia persistente de la financiación exterior y saben que deben mantener la Cuenta Corriente “controlada”. Segundo, Europa se ha puesto a vigilar diversas fuentes de problemas con el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos, del que hablé el otro día.

Por último, gran parte del ajuste del déficit comercial a partir de 2009 se ha debido al colapso de las importaciones. La separación frente a la insostenible tendencia de los años previos a la crisis es colosal, pero está por ver que sea estructural –es decir, que no sea por la crisis que gastamos menos en importaciones-. Mientras, las exportaciones mostraron un gran dinamismo y convergieron con la tendencia previa ya a finales de 2011. La crisis habría sido mucho más severa sin esta recuperación de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Otros países, como Grecia o Portugal, no dispusieron de este balón de oxígeno: sus exportaciones e importaciones se hundieron en paralelo.

Actualmente, el déficit comercial se ha reabierto por diversos factores, como la propia recuperación económica, que ha filtrado parte del incremento del gasto interno hacia mayores importaciones. En octubre de 2013 el déficit alcanzó unos 15.000 millones de euros en el acumulado a doce meses, el mejor registro en más de dos décadas. En noviembre de 2014 (último dato disponible) fue de 24.500, cifrando un deterioro del 59% o cerca de 10.000 millones en solo un año.

Balanza comercial por rubro y destino (acumulados a doce meses)

¿Cómo ha sido el ajuste? El segundo gráfico muestra que se ha concentrado en el saldo no energético, que ha pasado de un déficit de 50.000 millones en 2008 a un superávit de 16.000 ahora (el energético sigue rondando los 40.000 millones, solo 5.000 menos que entonces). Por rubros, el déficit se concentra en los bienes intermedios (productos minerales, químicos, transporte o energía), ya que el saldo en los de consumo (alimentos, bebidas o automóviles) y los de capital (maquinaria y bienes de equipo) ha pasado a ser superavitario, si bien los tres grupos han mejorado desde 2008, sobre todo el de bienes intermedios. Por destino, la corrección del déficit se ha repartido entre la eurozona y el resto del mundo. El déficit frente a nuestros socios del euro ha mejorado en 32.000 millones, pasando de un déficit de 25.000 en 2008 a un superávit de 6.000 actualmente, ayudado por las ganancias de competitividad acumuladas estos años. Con el resto del mundo se mantiene un déficit abultado, de unos 30.000 millones, si bien alcanzó los 68.000 en 2008. Dentro de este grupo, España mantiene un superávit con el resto de la UE pero sendos déficits con América, Asia y el resto de áreas. Por tanto, nuestra asignatura pendiente para el ajuste exterior sigue en los déficits energético, de bienes intermedios y de fuera de la eurozona. El objetivo ha de ser exportar más e importar menos en estos capítulos y destinos, lo que es mucho más fácil de decir que de hacer.

Uno tiene la sensación de que el desbalance exterior es un problema estructural que sigue lejos de encauzarse. En estos años el superávit de servicios –y en especial del turismo- ha amortiguado los déficits en el resto de la Cuenta Corriente. Pero este aporte positivo tiene algo de coyuntural: los récords de turistas provienen en parte de los problemas políticos de otros países mediterráneos (sobre todo en el norte de África), nuestros “competidores naturales”. Mientras, el precio de la energía se ha desplomado: el barril de petróleo promedió los 110 dólares entre 2011 y 2013; ahora menos de la mitad. Y, pese a todo, el saldo de Cuenta Corriente –y, particularmente, el de la balanza comercial- lleva un año empeorando, empujado por la recuperación del consumo y la inversión. Mal presagio: volvemos a tener déficits con una energía más barata y un turismo récord. ¿Hasta dónde podría llegar el deterioro externo si los turistas “nos abandonan” y la energía se vuelve a encarecer?

No es previsible que ello suceda a corto plazo. España seguirá teniendo sol, playa y una infraestructura turística consolidada y el petróleo barato ha venido para quedarse un tiempo laro. Con eso y con todo, sin embargo, debemos vigilar los déficits exteriores. El hecho de que no mejoren con el viento a favor indica que tenemos un problema estructural que tendrá que abordarse antes o después.

Necesitamos superávits amplios y sostenidos para reducir nuestro endeudamiento externo y para alejar el fantasma de sufrir una crisis clásica de balanza de pagos “a la latinoamericana”. Recordemos que, dentro del euro, no podemos ni abaratar el tipo de cambio ni crear inflación para reducir los desequilibrios exteriores por nuestra cuenta.

Cinco indicadores; la cuota mundial de exportaciones, la deuda privada, la deuda pública, la tasa de desempleo y la deuda externa neta, colocan a España en el furgón de cola de la eurozona con el resto de países periféricos.

En el examen anual del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (PMD) publicado por la Comisión Europea en su reciente Alert Mechanism Report 2015, España suspende en 5 de los 11 indicadores del scoreboard: cuota mundial de exportaciones, deuda privada, deuda pública, tasa de desempleo y posición de inversión internacional neta (deuda externa neta). La definición y umbrales de los indicadores se muestran en un cuadro al final.

Tuvimos 7 incumplimientos en 2007 y 6 entre 2008 y 2012. De cara al informe del año que viene, que corresponderá a 2014, mantendremos probablemente los mismos 5 suspensos actuales. Las notas de nuestros pares en la eurozona, mientras, varían significativamente, desde los 2 suspensos de Austria o Eslovaquia a los a los 6 de Chipre, pasando por 3 en Alemania, Francia e Italia o 4 en Holanda, Portugal o Irlanda. Por lo general, los países periféricos seguimos en el furgón de cola.

¿Qué es el PDM? Es un mecanismo de detección de desequilibrios potencialmente perjudiciales lanzado como parte del paquete de gobernanza económica “Six Pack”. Un informe anual (Alert Mechanism Report o AMR) identifica los Estados miembros para los que es conveniente realizar un estudio más exhaustivo (in-depth review o IDR) para valorar su vulnerabilidad y determinar si los desequilibrios son problemáticos. La Comisión se apoya en este IDR para emitir recomendaciones de políticas, y puede proponer al Consejo activar el “brazo correctivo” (Excessive Imbalance Procedure o EIP) cuando existan desequilibrios excesivos o severos que pongan en peligro el correcto funcionamiento de la eurozona, pudiendo acabar en sanciones a los estados reiteradamente infractores (sanciones que, al igual que en caso del Pacto de Estabilidad, son más políticas que financieras). Una explicación sencilla del procedimiento se puede leer aquí. En el caso español el AMR de nov-13 llamó a realizar un IDR, que en marzo concluyó que no se requería abrir un EIP.

El análisis se basa en una tabla de 11 indicadores (cinco “indicadores externos y de competitividad” y seis “indicadores internos”) que cubren diversas fuentes de desequilibrios. La interpretación de la tabla no se realiza de manera puramente mecánica, sino que se considera también el número de incumplimientos, la evolución, severidad y la combinación de los mismos, un conjunto extenso de indicadores auxiliares, o los efectos positivos o negativos sobre otros países (economic spillovers).

¿Es necesario el PDM? Uno de los fallos más graves de diseño de la eurozona ha sido el reparto desigual de los instrumentos de política económica entre los estados y Europa. Mientras que la política monetaria fue centralizada bajo el mandato del BCE, otros instrumentos quedaron en manos de los gobiernos nacionales. La cesión de soberanía en materia fiscal –a través del muchas veces remendado Pacto de Estabilidad- fue la única excepción, y fue en todo caso parcial. De esta manera, la coordinación de las políticas económicas en un sentido amplio no se trasladó al nivel europeo.

La opción ideal desde el punto de vista de un funcionamiento adecuado, duradero y equilibrado de la eurozona es la unión política. Este drástico salto es impensable a día de hoy en Europa. Pero existen algunos mecanismos intermedios para mejorar la gobernanza del euro -como un “Fondo Monetario Europeo”, eurobonos o una mayor coordinación de las políticas económicas-, que sí pueden resultar útiles en ausencia de unión política. En este marco se encuadra el PDM.

El PDM tiene diversos problemas. Primero, el informe del mecanismo de alerta (ARM) se publica en noviembre y se refiere al año previo. ¿Qué clase de alerta temprana es esta? Segundo, los indicadores no miran hacia adelante sino que son “backward looking”, dificultando la detección de futuras crisis que se puedan estar gestando. Además, algunos se calculan en medias móviles de varios años, lo que puede retrasar la detección de los desequilibrios y la confirmación de que se han resuelto. Tercero, un correcto funcionamiento de la eurozona requeriría el uso de umbrales relativos de cada país frente al conjunto del área, que considerara como desequilibrios las desviaciones frente la tendencia agregada y no la superación de umbrales absolutos. Y cuarto, algunos de estos son asimétricos (el de la Cuenta Corriente se incumple con superávits superiores al 6% del PIB o déficits mayores al 4%), una anomalía acordada por influencia y en beneficio de Alemania (“Don’t mention the surplus”, ironizó The Economist sobre este aspecto, en recuerdo de la divertidísima serie Fawlty Towers de John Cleese).

Pero existe una preocupación más fundamental. Se vigilan indicadores sobre los que el gobierno tiene poco o ningún control. Los casos de la deuda privada o la cuota mundial de exportaciones son evidentes. La mayoría de indicadores adolece, en mayor o menor medida, de este problema, incluida la deuda pública, que como cualquier stock es “fijo” a corto plazo.

Pensemos en esta crisis. Muchas de las dinámicas perversas que la provocaron o acentuaron fueron de raíz monetaria y financiera. En particular, las burbujas inmobiliarias fueron alimentadas por una desaforada expansión del crédito. Pero los instrumentos para controlar la dinámica local del crédito no está en manos del gobierno –ni siquiera del Banco de España, imponga las “provisiones anticíclicas” que imponga-, sino que se han cedido a las autoridades monetarias del área euro. De esta forma, exigir la rendición de cuentas a un gobierno por resultados que en muchos casos caen fuera de su área de influencia es problemático. Para el país, pero también para Europa: si se activan las medidas punitivas del PDM, un país podría quedar sujeto a una supervisión reforzada, y eventualmente afrontar sanciones, incluso aunque no pudiera hacer mucho para evitar su infracción reiterada. Si no se activa el “brazo correctivo”, el PDM será poco más que papel mojado: no servirá para detectar fuentes de problemas si los países no se sienten concernidos, y fracasará. En la práctica nos quedaremos en algo intermedio: Europa mantendrá una vigilancia de baja intensidad, aspirando a sacarle los colores a los gobiernos e intentando implicarles en una gestión más activa de los desequilibrios, intentando evitar que estos se laven las manos sin más.        

En suma, el PDM es un instrumento “second best” (lo segundo mejor entre lo posible, siendo el first best la unión política) y además, incompleto. Pero supone un avance si la alternativa era quedarse de brazos cruzados. Propiciar una mayor coordinación de las políticas económicas, en un espíritu similar al Pacto de Estabilidad en materia fiscal, constituía una asignatura pendiente.

Alemania tiene holgura fiscal para implementar un estímulo largamente reclamado. Ello redundaría en su propio beneficio pero si la primera economía del área no cae en recesión, no hay motivos para esperar cambios de rumbo.

Europa sufre una parálisis política grave en un momento en que los riesgos de recaída económica y deflación han aumentado. Es palpable la descoordinación entre las distintas instituciones y gobiernos europeos y su incapacidad de recuperar la iniciativa, sobre todo en materia fiscal. Muchos se preguntan si Alemania puede tirar del carro y si va a hacerlo. La respuesta es sí a la primera pregunta y muy probablemente no a la segunda.

Entre los distintos fallos de diseño en la eurozona, hay uno que pasó desapercibido al principio de la crisis del euro y se ha revelado más importante de lo anticipado: el efecto de diagnósticos divergentes entre los distintos países del área. Este parece ser uno de los motivos de la parálisis actual. Por otro lado, si no se entiende la postura alemana no sabremos qué cabe esperar del gigante alemán en los próximos trimestres.

Alemania considera que la prudencia fiscal es una de las tres causas de su actual prosperidad, junto al “milagro del empleo” y el potencial exportador. Su obsesión en materia fiscal tiene raíces históricas, encaja a la perfección con el “diagnóstico alemán” de la crisis y responde a razones políticas ligadas a un amplio convencimiento social, aspectos que analistas como Luis Garicano o Wolfgang Münchau explican mucho mejor que yo. Además, subyace el componente puritano de que los países deben vivir conforme a sus medios y que los gobiernos derrochadores deben ser castigados por su prodigalidad.  

El gobierno sigue empeñado en aguantar las costuras del Pacto de Estabilidad frente a quienes recomiendan políticas fiscales expansivas. La obstinación por mantener a raya el déficit se ha reflejado en su “presupuesto cero” para 2015. Los ministros de economía y finanzas (el socialdemócrata Gabriel y el democristiano Schäube) siguen mostrándose muy reacios a suavizar la posición fiscal. Este último fue meridianamente claro al declarar en octubre que “las dudas sobre nuestra política fiscal nos afectarán mucho más que cualquier programa de estímulo a corto plazo”. Y hay que tomarle la palabra: los 10.000 millones anunciados en noviembre son solo un truco.

La mala noticia es que la posición fiscal de Alemania es políticamente coherente por varias razones. Primero, el “presupuesto cero” permite cumplir la regla de endeudamiento, un imperativo constitucional que los alemanes se toman muy en serio (en realidad es obligatoria a partir de 2016, pero el gobierno ha adelantado su cumplimiento). Segundo, constituye una promesa central del programa de Merkel. Tercero, el gobierno cree que solo predicando con el ejemplo puede después exigir ajustes fiscales al resto. Y cuarto, Alternativa para Alemania, la formación populista y anti-euro, está presionando con su creciente apoyo para mantener la ortodoxia y evitar “experimentos” fiscales (en realidad todo el espectro parlamentario está de acuerdo salvo quizá los post-comunistas de Die Linke). En suma, la Canciller está utilizando su inmenso poder para aguantar y bloquear, no para actuar o proponer. Y cerca de un 80% de la opinión pública respalda esta estrategia.

A cambio, la buena noticia es que Merkel podría verse inclinada a actuar si la desaceleración se agrava. Aunque la obstinación por evitar el déficit sea políticamente coherente, es una mala política económica en el contexto actual y el gobierno debería replantearla.

En primer lugar, el país lo necesita. Hace un año la Comisión Europea esperaba que Alemania creciera un 1,7% este año y un 1,9% el siguiente. Ahora pronostica solo un 1,3% y un 1,1%, respectivamente. Es decir, no solo se han ajustado las previsiones a la baja, sino la que la trayectoria es de desaceleración. Así, Alemania está en un momento idóneo del ciclo para elevar la inversión pública, que viene cayendo en los últimos años y apenas alcanza el 1,5% del PIB, un tercio menos de lo que promedia en la UE.

En segundo lugar, se lo puede permitir. Según muestra el gráfico, Alemania lleva siete trimestres consecutivos en superávit y su deuda ha disminuido 5 puntos desde su máximo de 2010, año en que alcanzó el 80,3% del PIB. Incluso un cierto impulso fiscal, cercano a medio punto del PIB o 15.000 millones, podría no comprometer siquiera el cumplimiento estricto de la regla presupuestaria.

Y en tercer lugar, lo demandan los mercados (y por supuesto, otros países europeos). Alemania puede endeudarse a los menores tipos de interés de su historia (apenas un 0,8% a 10 años en términos nominales y nada en términos reales). Si el BCE se las ingeniara para mantener la inflación en torno al objetivo del 2%, se financiaría a tipos reales negativos sustanciales. En estas circunstancias, expandir el déficit no tiene un impacto sobre las finanzas públicas gracias a su efecto en el crecimiento, lo que al final acaba redundando positivamente en la deuda (“el estímulo se paga a sí mismo”). Esta situación, oportunamente estudiada por el FMI en su último Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, sucede cuando se dan una serie de condiciones: que la expansión fiscal se produzca en los capítulos de la inversión pública y que se financie con deuda y no elevando impuestos o recortando otros gastos. Además, su efectividad depende de que el país se financie a tipos de interés muy reducidos, que tenga capacidad productiva sin utilizar y que la política monetaria ya sea acomodaticia, tres condiciones que se cumplen en Alemania.

En definitiva, Alemania puede tirar del carro implementando un estímulo largamente reclamado. Tiene holgura fiscal para hacerlo y redundará en su propio beneficio. Pero olvídense. La postura en materia fiscal la abandera el gobierno con un amplísimo apoyo dentro y fuera del Parlamento. O la primera economía del área cae en recesión o no hay motivos para esperar cambios de rumbo.   

Tener un baremo de referencia nos puede servir para juzgar rápidamente si el dato de paro de cada mes es positivo o negativo.

España comenzó a crear empleo en septiembre de 2013, al menos según la serie ajustada de afiliados a la Seguridad Social. Desde entonces hay 375.000 afiliados más. ¿Son muchos? Este avance sitúa todavía el empleo en el nivel de otoño de 2012 y 2,8 millones por debajo del máximo previo a la crisis. Por tanto, es tímido en el mejor de los casos, y decepcionante en el peor.

Pero nadie podía asegurar que la recuperación habría de ser dinámica. Por un lado, España se ha colocado en el foco de muchas tormentas, alguna vez por razones que no le son imputables y las más de las veces por méritos propios. El pinchazo de una burbuja inmobiliaria colosal se unió a una crisis financiera global y ambas se encadenaron después a la crisis del euro. Y sabemos que el legado de las crisis es inmenso, especialmente el de las financieras, tal y como han documentado para los últimos ocho siglos los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff.

Por otro lado, España mantiene un mercado de trabajo disfuncional pese a las últimas reformas laborales, proclive a ajustar en cantidades (destruir empleos) y no en precios (modular salarios), sin suficiente flexibilidad interna para las empresas en dificultades, con una dualidad excesiva entre trabajadores fijos y temporales por un prolijo catálogo de contratos difícilmente justificable, con una pobre intermediación por parte de los servicios públicos de empleo o con políticas activas poco financiadas, muy poco evaluadas y nada transparentes. No es extraño que diversas instituciones internacionales, como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea, así como diversos analistas privados como BBVA Research, hayan vuelto a la carga reclamando medidas dirigidas a atenuar la dualidad y dinamizar la recuperación del empleo.

Por ambas razones, no debería esperarse una recuperación vigorosa del empleo. Ahora bien, ¿cuándo puede considerarse un dato “satisfactorio”? Yo utilizo una regla sencilla: 30.000 empleos al mes (30.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social según la serie ajustada de estacionalidad).

Este baremo supone expansiones del empleo del 0,6% en tasa trimestral (variaciones de tres meses sobre los tres previos), que se asocian a su vez a crecimientos del PIB alrededor del 0,5% trimestral o del 2% anual, que es lo que se espera que crezca la economía española en 2015 según el último panel de previsiones de Funcas. En términos anuales, esta referencia (360.000 empleos) es algo mayor a los casi 300.000 previstos por el gobierno en el vigente proyecto de presupuestos, si bien esta cifra ha de ser distinta porque se calcula con metodología EPA.

¿Es factible generar esta cifra de empleos mensuales de manera sostenida? Es imposible prever el futuro, pero podría considerarse un objetivo razonable siempre que se refuerce el crecimiento en la eurozona tras los decepcionantes avances de los últimos trimestres. Al fin y al cabo, el empleo ha crecido en 27.000 mensuales durante el último año, e incluso en 36.000 durante el primer semestre, indicando que la economía española es capaz de crear empleo con una cierta intensidad y al mismo ritmo en que lo destruía entre 2010 y el ecuador de 2013. Es cierto que la tendencia se ha frenado en los últimos meses, hasta los 17.000 mensuales entre agosto y octubre, pero no parece haber motivos para la inquietud, al menos por ahora.

Si extrapolamos hacia adelante los datos del primer semestre de 2014 (escenario optimista de evolución del empleo), de los últimos doce meses (escenario central) y de los últimos tres meses (escenario pesimista), vemos que la recuperación tardará todavía mucho tiempo en llegar. La horquilla va desde tres años más en el escenario optimista a siete en el pesimista, lo que es muy descorazonador. Mientras, el panorama en Europa no es más alentador: al ritmo de los últimos cuatro trimestres no se recuperará el empleo del año 2007 hasta dentro de cinco años. Por cierto, el punto de llegada para “dar por cerrada” la crisis del empleo no puede ser (ni va a ser) la cota de los 19 millones de afiliados registrados en la fase más álgida de la burbuja, en 2006 y 2007, sino probablemente una más cercana a los 18 millones, el umbral que promedió la afiliación entre 2003 y 2007.

El mantenimiento de un ritmo de creación de empleo en torno a los 30.000 mensuales no puede fiarse a la recuperación cíclica de la economía. Requerirá la introducción de reformas estructurales adicionales. Dichas reformas -que no deben circunscribirse solo al mercado laboral- son una necesidad nacional, no una imposición externa. Su adopción permitiría acelerar la recuperación del empleo y podría conllevar otros efectos positivos (sobre la formación, la productividad, la movilidad, la calidad del empleo e incluso sobre la desigualdad y la emancipación). Para ello es necesario que el gobierno se conciencie y haga más y mejor pedagogía sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas, y la ciudadanía debe entender que, si su diseño e implementación son adecuados, redundarán en su propio provecho.

En definitiva, la creación de empleo de los últimos trimestres no es más que el inicio de una recuperación que aún durará años y cuyo sostenimiento requiere adoptar una nueva batería de reformas. El gobierno puede mostrar una inclinación a vender como buenos sus datos, en especial si consigue rebasar los del principio de la legislatura. Para prevenirse contra su complacencia la ciudadanía debe valorar críticamente sus resultados en materia de creación de empleo. Para ello resulta útil contar con baremos de referencia. El que yo aplico para dar por bueno un dato es un aumento de 30.000 afiliados el mes según la serie ajustada. Otras cifras pueden ser igualmente válidas y todas son, a buen seguro, arbitrarias. Pero siguen siendo eficaces para juzgar rápido y sin errores manifiestos cómo de positivo o negativo es el dato del mes.

Por descontado, todo esto se refiere a la cantidad de empleo. La evaluación de la calidad o los salarios es ya harina de otro costal.

La primera semana del mes desayunamos con los datos mensuales de empleo (afiliaciones a la Seguridad Social) y desempleo (paro registrado) que publica el ministerio. Después, el INE divulga la Encuesta de Población Activa (EPA) el mes siguiente al fin de cada trimestre, con cientos de datos distintos esta vez con frecuencia trimestral. Además, el gobierno presenta su cuadro macroeconómico en otoño (para los Presupuestos) y en primavera (para el Plan de Estabilidad, que envía a Bruselas) tomando como referencia de empleo una tercera cifra, la de Contabilidad Nacional, y como referencia de paro, para colmo, su propia previsión con metodología EPA. Con este baile de cifras es lógico que el desconcierto ciudadano vaya en aumento: al final del día ya no sabemos si el empleo ha subido o no, y menos aún si el dato es bueno o malo.

Además de la diversidad de fuentes está la decisiva cuestión de la estacionalidad. Sabemos que la uva se recoge en septiembre, que muchos dependientes son contratados para la campaña de Navidad o que algunos profesores son despedidos durante el periodo estival. Es decir, empleo y desempleo fluctúan a lo largo del año con independencia de si la economía crece o se contrae. Por eso, los economistas ajustan sus series para extraer una señal más limpia de su tendencia.

El gráfico anterior muestra la evolución de las series brutas y ajustadas. Estas también las ofrece el ministerio, y en este caso concreto corrigen la variación estacional (cve) pero no la variación estacional y el calendario (cvec), lo que a veces importa cuando por ejemplo la Semana Santa cae un año en marzo y otro en abril, distorsionando las comparaciones de un mes en ejercicios distintos. Aunque las ondulaciones de las series brutas parecen pequeñas, la realidad es que ocultan tras de sí variaciones de miles y hasta de centenares de miles de personas frente a las series ajustadas.

Piensen lo que supone la estacionalidad para la comunicación del gobierno. El ministerio preferirá enfatizar el dato de la serie ajustada cuando sea mejor que el de la serie bruta, y viceversa. Por ejemplo, en enero (un mes estacionalmente malo) la nota de prensa destacaba el ascenso mensual de 35.500 afiliados en la serie ajustada para luego reconocer una caída de 184.031 en la serie bruta. En cambio, en el último dato conocido (correspondiente a octubre), abría con el titular de los 28.817 afiliados mensuales nuevos de la serie bruta, que la ajustada suavizaba a solo 5.209 personas. En los últimos años, esta estrategia ha permitido a las autoridades trasladar a la opinión pública, durante al menos seis meses al año, una visión optimista de que se había tocado fondo y comenzaba la recuperación del empleo, cuando en realidad proseguía la tendencia de destrucción. ¿Cuántas páginas y horas de análisis se han llenado inútilmente?

No quiero decir con esto que el ministerio sea descaradamente oportunista: elige los mensajes “más convenientes”, pero no suele omitir los datos más relevantes. Pero sí diré que es el primer eslabón de una cadena de confusión, que se propaga cada mes desde la publicación de los datos a los boletines informativos y de ahí a los consabidos titulares ideológicos del ejército de tertulianos. Al otro lado, los ciudadanos asistimos a toda esta cacofonía más confundidos de lo que estábamos unas horas antes.

Aparte del asunto de la estacionalidad, está la cuestión de la calidad de las series: las series de afiliación son mejores que las de paro registrado. Primero por una razón metodológica: hay personas desempleadas que no están inscritas y personas que pueden haber dejado de buscar empleo activamente y seguir en las listas del paro. Y segundo por una razón conceptual: la interpretación de las series de paro es más compleja, ya que los parados tienen una doble procedencia: desde la inactividad y desde el empleo, lo que dificulta su interpretación. Por ejemplo, es “genuinamente” bueno que aumente el empleo, pero ¿lo es también que descienda el paro por la emigración de los descorazonados trabajadores? Estas razones aconsejan que prestemos más atención al empleo que al paro, y que en caso de analizar este, que acudamos no a las series mensuales del ministerio sino a la EPA, que es mucho más fiable. Por cierto, el INE divulga solo dos cifras desestacionalizadas en esta (la variación trimestral del empleo y del desempleo) de entre los cientos de datos. El INE debería publicar muchas más series ajustadas en su encuesta más señera.

En definitiva, tomando unas pocas cautelas no es difícil separar el grano de la paja: cada principio de mes fijémonos en las series ajustadas y olvidemos las series brutas; prestemos más atención a los datos de empleo y menos a los del paro; obviemos incluso los datos mensuales de paro y esperemos a la EPA; reclamemos al ministerio que publicite los datos de las series ajustadas y arrincone los de las series brutas; metamos presión al INE para que termine con la anómala escasez de series ajustadas que publica en la EPA; y apaguemos el televisor cuando los tertulianos empiecen a arrojar sus titulares. Estos sencillos consejos ayudarán a reducir el desconcierto y elevar el nivel de la discusión, sobre todo si comienzan a aplicarlos los periodistas y demás opinadores, mientras las autoridades mencionadas ponen de su parte.

Y, a todo esto, ¿la recuperación del empleo va bien o va mal? Escribiré pronto sobre ello.