¡Shhhhh….. silencio! Que no salga de aquí, pero se siguen vendiendo armas a países que violan los derechos humanos. Quizá no tantas como en la época de Rajoy, pero se siguen vendiendo. Chitón. Que no se entere nadie. Eso al menos es lo que pretende este gobierno que, últimamente, ni admite ni deniega las solicitudes de venta de munición a Arabia Saudí: las guarda en un cajón, hasta que apruebe un reglamento que regule el uso en destino del armamento.

¿Cuándo lo hará? También es un secreto. De momento, prefiere jugar a las medias tintas: congela la venta de municiones de empresas privadas, mientras autoriza en secreto la entrega a Riad de cinco corbetas de Navantia. ¿Por qué no acuerda expresamente el embargo de armas al régimen saudí como han hecho países como Alemania? Pues porque el negocio de la muerte apremia con sus bocados suculentos y sus jugosas comisiones: o nos suministras tú el matarile, o el chollo se lo lleva otro que está dispuesto a vender. Y, como comprenderéis, no se puede consentir que nuestra altruista industria de la guerra se quede sin su trozo de tarta. Con las cosas de comer no se juega.

Lo hemos sabido por la noticia publicada el pasado 10 de Febrero en El País, no por el informe que el Ejecutivo está obligado a presentar cada semestre al Congreso sobre exportación de armas. Con el truco de la interinidad, el Gobierno no ha hecho pública esa información desde el primer semestre de 2018, lo que constituye un grave incumplimiento de su obligación de transparencia.

Aunque mire para otro lado, el Gobierno conoce perfectamente lo que pasa en Yemen: el horror de la barbarie y de la muerte. Lo han denunciado la ONU y distintas ONGs en reiterados informes. Sabe de sobra que exportar armas al país que lidera la coalición saudí, que mata a civiles en Yemen, además de inmoral es ilegal. Se lo recuerdan de continuo activistas de derechos humanos que protestan cada vez que llega un barco de la naviera saudí Bahri a cargar armas en el puerto de Bilbao, comprometiendo incluso su propia libertad. Pero al Ejecutivo español no parece importarle que nuestras armas puedan matar inocentes. Lo que parece preocuparle es que en los casquillos pueda aparecer la etiqueta “made in Spain”.

El Gobierno no solo olvida la moral y los principios sino que vulnera el derecho nacional e internacional sobre comercio de armas. Y lo hace en voz baja, al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales (LSO), una norma utilizada sistemáticamente para clasificar información relativa al comercio de armas que garantiza al Gobierno total impunidad.

Ejemplo de ese secretismo ha sido la denuncia de la organización 'Sociedad Humana' contra el anterior Gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación, al haber autorizado la venta de 400 bombas a Arabia Saudí. La querella, inadmitida a trámite y luego recurrida, fue desestimada definitivamente en la Audiencia Provincial, por no aportar una prueba incriminatoria fundamental: la licencia de autorización de la venta de las bombas. Una prueba diabólica, porque la referida licencia no se puede obtener ya que el Gobierno se ampara en la LSO y en la defensa de la seguridad nacional, para no entregar información al respecto.

Junto a la referida LSO, el Gobierno se vale de otro instrumento jurídico para denegar la información: el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 de marzo de 1987, que declara secretas todas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), responsable de autorizar la venta de armas, aunque es cuestionable que dicho acuerdo siga vigente, tras la Ley de 2007, sobre el comercio de armas, y la firma de los tratados internacionales que nada dicen del supuesto carácter secreto de esta materia.

Ambos instrumentos sirven al Ejecutivo para mantener a la opinión pública y al Parlamento ajenos a una información que podría salvar vidas y contribuir a la paz y la seguridad. Lo hace pretendidamente en nombre de esa seguridad nacional. Y para ello cuenta, además, con la colaboración del Poder Judicial, pues aunque la LSO atribuye al Gobierno el acceso a materias reservadas o su desclasificación, los tribunales suelen negarse a pedir la desclasificación de las actas de la JIMDDU, renunciando así a su potestad constitucional de controlar a la Administración.

Todos los gobiernos de la democracia han ocultado esta información a la opinión pública, para no desvelar que la razón última del secreto no reside en la salvaguarda de la seguridad nacional, sino en los intereses multimillonarios de la industria armamentística. En ocasiones, algún ministro ha dado explicaciones -siempre limitadas- sobre el comercio de armas en el Congreso, con ocasión de la presentación de las estadísticas anuales, o se han filtrado informaciones a la prensa, quedando entonces en entredicho la exigencia del secreto en la información sobre la exportación de armas para garantizar esa famosa seguridad.

Hace falta una nueva LSO que garantice la transparencia en el comercio de armas. Una Ley que permita que las autorizaciones sean públicas y recurribles ante la justicia; que establezca la obligatoriedad de motivar la clasificación de “secreta”, y excluya de dicha clasificación las materias que afectan a los derechos humanos. Pero, mientras se aprueba esa nueva Ley, bastaría algo tan sencillo como derogar el Decreto de 1987 en el próximo Consejo de Ministros, lo que permitiría conocer las razones del Gobierno para continuar vendiendo armas a terceros Estados que las usan para violar los derechos humanos, como sucede también con Israel (país al que también vendemos armas, aunque su ejército comete crímenes sistemáticos contra la población palestina).

Y mientras el Gobierno juega con el pretexto de la seguridad para tapar el negocio de las armas, está en juego la seguridad de cuatro activistas de Greenpeace, imputados por llevar a cabo una acción de protesta en el puerto de Bilbao para denunciar la carga de armamento que portaba un buque saudí. 'Greenpeace' es una organización pacifista (“peace”, paz en inglés) que tiene por bandera el activismo no violento, y resulta más que cuestionable que esos activistas cometieran los delitos por los que la Fiscalía les pide tres años y medio de prisión. Pero empieza a ser habitual que el poder utilice argucias de tipo ejemplarizante para desalentar a quienes, cargados de pacíficas razones, denuncian los enredos más oscuros y turbios del sistema. Incluso en el caso de que se obtenga una sentencia absolutoria, el precio de defender los derechos humanos habrá sido muy alto: varios años de duración del proceso judicial en los que se pasa miedo, se experimenta un descrédito personal, a lo que hay que añadir el coste de pagar abogados y procuradores.

Este Gobierno “progresista” tiene una oportunidad magnífica para comprometerse con la paz. También con la de los yemeníes. Bastaría un acto muy sencillo: derogar, en el próximo Consejo de Ministros, el Acuerdo de 1987 que declara secretas las actas de la JIMDDU, permitiendo a la ciudadanía acceder a esa información y poder impugnarla ante los tribunales si vulnera el derecho sobre comercio de armas. Una ocasión única para demostrar que es un Gobierno diferente: preocupado por la vida de las personas y los derechos humanos. Un Gobierno de verdad progresista.

La situación en Europa

Los resultados electorales europeos de la última década generan un fuerte desasosiego: el escenario político está desplazándose a la extrema derecha, en parte gracias a la capitalización del voto de protesta contra el malestar laboral y económico de buena parte de la población de Europa. Países como Hungría, Polonia o Italia han dado un giro autoritario, que está teniendo graves consecuencias sobre derechos fundamentales como el asilo y refugio, pero también podría tenerlas en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, el resultado electoral del pasado 28A en España ha sido acogido con esperanza por quienes se mantienen fieles a los principios originarios que constituyeron la Unión Europea: los principios de solidaridad, de la Europa de los derechos, o la protección del medio ambiente, por citar solo algunos ejemplos.

Pero el auge de la extrema derecha en Europa no se ciñe sólo a que estén ganando espacio en las Instituciones: también están ganando la batalla del discurso, condicionando con ello la política de las instituciones europeas que aún gobiernan los partidos mayoritarios tradicionales. Presionados por los resultados de las encuestas, estos grupos políticos han asumido el discurso de la extrema derecha de que debemos proteger nuestras fronteras frente a las personas migrantes. Lo comprobamos cada día, con la crisis de fronteras y de derechos que vivimos en Europa, pero también con ejemplos como el del último Pleno del Parlamento Europeo, en el que se aprobó que la UE cuente con 10.000 agentes, que eviten que las personas migrantes lleguen a Europa. El discurso europeísta de hoy habla de seguridad y control fronterizo, y las voces contrarias a cerrar las fronteras a las personas migrantes, son consideradas el nuevo enemigo de Europa.

Todo ello a pesar de que las personas migrantes que tratan de alcanzar nuestras fronteras, vienen huyendo de las guerras y de la pobreza, de las que la UE tiene una gran responsabilidad, como consecuencia de sus políticas de exportación de armas, saqueo de recursos naturales, desposesión de riquezas por parte de las multinacionales, o la firma de acuerdos de libre comercio.

Además del avance del discurso de la extrema derecha, otro reto para la UE es la protección del Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Cierto es que la UE ha sido artífice, desde los años 70, de la aprobación de un gran número de normas destinadas a proteger los hábitats naturales, a mantener el aire y el agua limpios, o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, la Política Agraria Común (PAC) se sigue llevando casi el 40% del presupuesto de la UE, pese a que el 70% de las tierras agrícolas de Europa no se destinan a alimentación humana sino de ganado, que se cría mayoritariamente en macrogranjas que contaminan el aire, el suelo, las aguas, y emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos recursos podrían destinarse a desarrollar la agricultura ecológica y sostenible, a implementar tecnologías y generar empleo verde.

La comunidad científica nos ha advertido de que tenemos una década para evitar una catástrofe climática. La UE debe liderar una respuesta global al cambio climático, con objetivos mucho más ambiciosos de reducción de emisiones a la atmósfera, para hacer frente al reto más importante de este siglo.

La situación en España

1. Las Comunidades Autónomas

Las políticas neoliberales de la UE, causantes de la crisis, han generado una enorme brecha social: con el beneplácito de los Estados miembros, las políticas de las instituciones europeas han reforzado una hoja de ruta de austeridad y planes de ajuste estructural cada vez más agresivos, que han favorecido la desigualdad social. Asimismo, las grandes empresas mantienen un enorme poder ante la ausencia de políticas que limiten su actuación y les exijan un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos. Tampoco hay en nuestro país una política fiscal verdaderamente redistributiva, ni verde, que cumpla con el principio de derecho internacional de que quien contamina paga.

El informe Foessa, afirma que en España cuatro millones de personas viven en situación de exclusión social, y el informe sobre pobreza de Intermón Oxfam de 2018, señala que en España una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis, y no ha salido pese a la recuperación.

En España, son las Comunidades Autónomas las que gestionan los servicios públicos, que garantizan el disfrute de los derechos sociales y económicos, y constituyen una herramienta fundamental para atajar las desigualdades sociales. Servicios públicos tan esenciales como la Sanidad y la Educación, cuya financiación ya era de las más bajas de Europa, sufrieron recortes drásticos durante los peores años de la crisis, y esa descapitalización no se ha recuperado todavía en la mayoría de Comunidades Autónomas. Aumentar el gasto social para homologarnos a otras democracias europeas, requerirá un gran esfuerzo por parte de nuestros gobernantes para desafiar las políticas de austeridad y control del déficit, que tanto dolor han causado en los países del sur de Europa.

Hacen falta gobernantes autonómicos que hagan uso de competencias fundamentales, como garantizar el derecho a la vivienda, a la vez que regulan los usos del suelo con Leyes que protejan nuestro maltrecho territorio, frente al modelo desarrollista del ladrillo que ha caracterizado a nuestro país durante las últimas décadas.

La situación de emergencia climática y social debe ser una prioridad para nuestros gobernantes: hay ya territorios que se están tornando inhabitables como consecuencia del cambio climático generado por nuestros patrones de producción y consumo. Pero esta grave crisis constituye también una oportunidad para apostar por la economía verde y redistribuir la riqueza en nuestro país. La transición energética es la ocasión de crear un nuevo modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas. Un nuevo modelo productivo que apueste por sectores con alto valor añadido, y se centre en los derechos y las necesidades de la ciudadanía, como el sector de las energías renovables, o el de los cuidados.

2. Nuestras ciudades

Los municipios son espacios privilegiados para impulsar políticas que favorezcan el cambio social. Pero muchos aspectos cotidianos de nuestra vida, como la calidad del aire, la movilidad o incluso los alimentos que comemos, se ven afectados por decisiones que se toman en lugares lejanos como las instituciones europeas, lo que dificulta la participación ciudadana y la calidad democrática.

La política municipal en España, tradicionalmente vinculada a la especulación urbanística, ha tenido consecuencias devastadoras: mega proyectos urbanísticos, construcción de infraestructuras innecesarias, dieron lugar a la conocida expresión “tsunami de cemento”, con la que se ha denominado en muchas ocasiones la política de los ayuntamientos.

A pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, importa recordar que la crisis ecológica que vivimos y los retos a los que nos enfrentamos -como el cambio climático- necesariamente deben estar en la agenda de cualquier opción que pretenda gestionar el espacio municipal. Cualquier intento de cambio está abocado al fracaso si no incluye un catálogo de políticas marcadamente ecologistas.

Frente a una manera de hacer política en las ciudades salpicada por el derroche, el endeudamiento, y los miles de casos de corrupción, existe otra forma de hacer política municipal, que tenga como objetivo prioritario atender los intereses de las personas y las necesidades del planeta: una política que puede denominarse municipalismo verde.

Los ecosistemas urbanos son los lugares propicios para favorecer la transición ecológica, social y participativa de la economía. Constituyen el espacio físico y virtual donde otras formas de progreso y convivencia son posibles. Por ello, necesitamos ciudades con un modelo de urbanismo social que priorice la integración medioambiental, en el que la edificación y la rehabilitación de edificios sea sostenible y con criterios de eficiencia energética.

Necesitamos ciudades que faciliten la movilidad sostenible, para lo que resulta imprescindible a mejora del transporte público, el fomento del uso de la bicicleta y el bienestar de los peatones.

Queremos ciudades que desarrollen políticas públicas para la reducción del consumo de carne y otros productos agroindustriales, que se declaren libres de macrogranjas, y que apuesten por incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal, ecológicos, locales y de temporada.

Hacen falta políticas públicas que desincentiven el uso de plásticos y utensilios de un solo uso, y que apuesten de forma decidida por la reducción de los patrones de consumo vigentes para cambiarlos por otros más sostenibles, mediante campañas de información pública y de promoción de un modelo de ocio alternativo.

Ciudades que garanticen el acceso a los recursos básicos para todas las personas, así como el reparto del trabajo para alcanzar objetivos de pleno empleo. Además, resulta inaplazable apostar por la producción de energías renovables.

Es decir, hay que cambiar nuestro modelo de alimentación por otro más sostenible y saludable, nuestro modelo de transporte por otro que tienda a las emisiones cero, y apostar por una energía de origen 100% renovable. En definitiva, son imprescindibles políticas municipales que reduzcan nuestro impacto negativo sobre el planeta, y conviertan nuestras ciudades en lugares más saludables.

La Europa del cambio y las ciudades del cambio van de la mano, porque tienen objetivos comunes. Hay ejemplos pioneros de algunos Ayuntamientos del cambio, que ya están liderando ciudades europeas para construir una Europa acogedora y transformadora que no deje a nadie atrás.

Desde Greenpeace apostamos por proyectos políticos que ilusionen y recuperen la esperanza de ir más allá de lo posible: que recuperen el espíritu del 15M, de la huelga feminista del 8M, de las Mareas en defensa de los servicios públicos, y de la justicia climática. Que recuperen la ilusión de que es posible vivir en un mundo en el que la protección del medio ambiente, la plena igualdad material, y la radicalidad democrática constituyan el eje político de nuestras instituciones.

Como muchas de vosotras ya conoceréis, esta mañana he presentado mi dimisión como Portavoz de Podemos y diputada de la Asamblea de Madrid.

Hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de Podemos, ni de la mayoría de mi Grupo Parlamentario. Podemos ha otorgado la confianza para liderar el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, a partir de 2019, a un candidato que defiende una propuesta distinta a la que sostiene la corriente en la que yo me integro, y a la que he mantenido yo misma como portavoz.

En coherencia con ello, he tomado la decisión de dejar mi escaño y retomar mi actividad profesional como abogada. Para mí es una suerte enorme, además de un orgullo, tener una profesión a la que volver, y cumplir la máxima en la que creo firmemente: que la política institucional no puede ser un modo de vida para nadie, y que debemos renovar a la gente que ocupa cargos públicos.

Dejo la Asamblea de Madrid, pero no la política. Trabajaré como abogada defensora de derechos humanos como he hecho siempre, y continuaré luchando por el único proyecto político en el que creo: la construcción de la unidad popular, y la democratización de los partidos e instituciones, que deben hacer políticas radicalmente transformadoras de la vida de la gente.

Agradezco a Podemos la oportunidad que me ha dado de ser parte de un proyecto que ha hecho historia en este país, y de ocupar la Portavocía en la Asamblea, donde he dado lo mejor de mí cada día, y donde también he aprendido mucho.

Gracias a todos los votantes de Podemos por vuestra confianza, y a la gente que me ha apoyado durante este tiempo con mensajes, abrazos, aplausos, y palabras de ánimo en momentos difíciles.

Gracias a mi maravilloso equipo (Torre, Nuria, María José, Nerea…) sin el que hubiera sido imposible hacer este trabajo. Ellos son las manos invisibles que sostienen este proyecto.

Gracias muy especiales a mis compañeros diputados de “Anticapi”: gracias por enseñarme tanto sobre el compromiso con las ideas y los principios, por haber sido un ejemplo personal y de militancia, por compartir conmigo vuestros conocimientos, por vuestro cariño, camaradería y apoyo. Vosotros y vosotras sois los guardianes de la esencia de Podemos, de lo que estamos llamados a ser y para lo que vinimos a las instituciones. Sois los IMPRESCINDIBLES.

Y gracias también a quienes no han sabido o querido comprenderme; a los que han pretendido manipular mis palabras o han intentado ofenderme. Me han hecho más fuerte y tolerante.

Le deseo suerte a Podemos: sigue siendo la única esperanza de cambio para millones de personas en este país. Aunque desde otra posición, seguiré defendiendo que llegamos a las instituciones para ser valientes, y no solo para demostrar que “gestionamos mejor que ellos” ni para “parecer responsables”. Nos jugamos mucho: la gente trabajadora y sencilla que lo está pasando mal, corre el riesgo de abrazar el discurso barato de la ultraderecha fascista, que le ofrecerá la “solución” a sus problemas. Ayer llenaron el palacio de Vistalegre en Madrid, miles de personas trabajadoras, que escucharon un mensaje racista y xenófobo como pretendida “respuesta” a sus problemas de clase. Frente a este peligroso fenómeno que avanza imparable, tenemos la obligación de ofrecer una alternativa radical de izquierdas a la mayoría social que está pagando las consecuencias de esta estafa llamada crisis, y de las políticas corruptas y miserables del bipartidismo.

Por eso le deseo suerte a Podemos. Pero también altitud de miras y la valentía necesaria para afrontar la responsabilidad histórica que tiene.

Un abrazo, ¡seguimos!

El Secretario General del PP, Teodoro García, ha asegurado que “la verdad se abre paso” con el archivo por parte del Tribunal Supremo de las supuestas irregularidades en el máster de Pablo Casado. Probablemente tiene razón: a estas alturas nadie duda de la verdad sobre este asunto, salvo algunos feligreses del Partido Popular.

¿Colaboró Pablo Casado a que se dictara una resolución administrativa a sabiendas de que era injusta? Dicho en otras palabras, ¿hubo cooperación a la prevaricación por parte de Pablo Casado?

La verdad, la ha reconocido él mismo: nunca fue a clase, le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del curso, no se presentó a ningún examen, y el Auto de archivo del Tribunal Supremo evidencia que no hay rastro de que entregara ningún trabajo. “Hizo lo que le pidieron”, según Casado. Y ¿quién se lo pidió? Él ha dicho siempre que habló con el director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde, quien le eximió de ir a clase y le dijo cómo debía actuar para convalidar los 40 créditos, una ventaja a la que solo accedieron tres alumnos del máster. Una de esas alumnas ha reconocido, por cierto, que “no hizo nada”: se lo regalaron todo.

¿Era consciente Pablo Casado de que recibía una dádiva o regalo en consideración al cargo público que ostentaba? En otras palabras, ¿hubo cohecho impropio en la actuación de Pablo Casado?

La verdad es que Casado sabía bien que no cumplía ni uno solo de los requisitos exigidos al grueso de los alumnos ‘ordinarios’ del máster, para obtener ese título universitario. El propio Tribunal Supremo ha reconocido que hay indicios de trato de favor. Y es verdad. ¿O piensa Casado que los alumnos ‘ordinarios’ aprueban por la cara los exámenes de la Universidad? Bien sabe él que no, porque antes de ser diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones, tardó siete años en aprobar la mitad de la carrera de Derecho.

Otra gran verdad es que la jueza Rodríguez-Medel ha hecho un trabajo impecable de investigación, demostrando su independencia de los poderes públicos. Hasta que tropezó con la barrera infranqueable de los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, nombrados por el Partido Popular. Su indignación es patente como ha demostrado en posteriores actuaciones y sobre todo con el decreto de archivo de buena parte de la causa. Ha llegado a decir al Supremo que con esta nueva doctrina eleva tanto los estándares para poder abrir investigaciones, que el trabajo de los Juzgados de Instrucción se verá notablemente aliviado.

Todo esto nos conduce a la más lamentable de las verdades: es un cuento que la justicia sea igual para todos. Un cuento como el del máster de Pablo Casado. Un cuento que le ha beneficiado a costa de arrollar el prestigio de la Universidad pública, y el esfuerzo de miles de estudiantes que trabajan honradamente para sacar adelante sus estudios.

Cuentos y más cuentos. Lo dijo con mejores palabras que las mías el poeta León Felipe:

“Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.

Y he visto:

que la cuna del hombre la mecen con cuentos,

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre...

ha inventado todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos...

y sé todos los cuentos.“

No tenemos de qué preocuparnos. Lo dijo el ministro Borrell, el pasado jueves, mientras explicaba que las bombas que vendemos a Arabia Saudí son un armamento de “precisión”, guiado por láser, que no produce efectos colaterales “en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”. Y lo confirmó la portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministras del viernes, casi con las mismas palabras: “El Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por tanto, no se van a equivocar matando a yemeníes”. Luego matizó: “no parece que vayan a utilizarse en esa dirección”. “No parece”, dijo....

Es difícil aceptar que haya bombas “inteligentes” que seleccionan a quién van a matar. Aunque lleven láser. Más difícil aún es suponer inteligencia en quienes las arrojan. Y mucho más, que sean inteligentes los que las venden, salvo que por inteligencia admitamos la capacidad del ser humano para ganar dinero a cambio de matar. De asesinar niños, por ejemplo.

El 9 de agosto pasado, un ataque de la coalición que dirige Arabia Saudí mató a 50 personas en el norte de Yemen. Según Cruz Roja, 29 eran niños menores de 15 años. Otras fuentes hablan de 40 niños muertos y 30 heridos. El autobús escolar en que viajaban recibió el impacto de un misil de características similares a los que vende el Gobierno español. No produjo muertos colaterales, es cierto: los niños eran el único objetivo del ataque y el misil dio en el blanco con precisión terrorífica.

Las imágenes de la matanza resultan insoportables. Nos acercan a la escena del crimen. Niños mutilados. Destrozados. Sin piernas. Abiertos en canal. Con la cara ensangrentada y el cuerpo atrapado entre los hierros. Llamando a gritos a sus madres. O en silencio y con la mirada vidriosa por la proximidad de la muerte. Imposible aproximarnos al corazón de las madres desgarradas por el dolor.

Borrell es un tipo listo y sabe razonar. Yo le invitaría a que se dé una vuelta por Yemen, y trate de persuadir a las madres de los niños asesinados, de que nuestras bombas “son de precisión y no producen efectos colaterales”. Puede que las convenza. O que convenza a las familias de los 97 asesinados el pasado mes de marzo en un mercado yemení, por otra bomba de precisión.  O a los familiares de los 155 muertos por una bomba igual de precisa que destruyó un tanatorio en Yemen, en octubre de 2016. Le invitaría a que les explique que las bombas tenían objetivos militares y que eran de alta precisión. Quizá les alivie. Borrell razona bien.

Otro tipo listo, de cuyo nombre no quiero acordarme,trató de convencernos de que en Irak había armas de destrucción masiva. “Puede estar usted seguro y todas las personas que nos ven. Estoy diciendo la verdad”, dijo en una entrevista en el año 2003. Nos metió en una guerra en la que, según los asesores militares, se iban a utilizar armas tan precisas que podían elegir entre meterse en el lavabo de señoras o en el de caballeros. Murieron miles de iraquíes inocentes asesinados con brutal precisión y toda la región quedó desestabilizada. También murieron algunos españoles: agentes del CNI. El innombrable, dicen que anda por ahí dando lecciones de ética.

Naturalmente los tipos listos siguen vivos. Representan esa política asquerosa que maneja el cinismo como propaganda. Esa política sin escrúpulos que antepone el negocio a la vida de las personas. La política de la venta de armas que difícilmente podría realizarse sin la colaboración imprescindible de esos monarcas que habitan en la Zarzuela, cuya fraternal amistad con los príncipes saudíes facilita el intercambio comercial. Hay quien dice que alguno de ellos ha cobrado suculentas comisiones por la tarea.

En la más universal de sus obras, “Madre Coraje”, Bertolt Brecht nos hizo reflexionar sobre quiénes se benefician de las guerras y el precio que pagamos por ellas los ciudadanos. Pero, mientras hablaba del horror de las contiendas, en el trasfondo de su obra subyace un formidable alegato contra ese capitalismo salvaje que antepone el comercio a la vida. “De por sí es prueba de que algo está corrompido, si en algún lugar se encuentran tantas virtudes juntas”, le dice Madre Coraje al Mariscal que defiende con ardor las armas y el heroísmo de sus ejércitos.

Madre Coraje. Las mujeres estamos especialmente llamadas a defender la vida. La de nuestros hijos, desde luego, pero también la de los niños del Yemen. O de cualquier lugar del planeta. La vida de todas. Todas las vidas. Así lo han entendido las mujeres del movimiento feminista vasco, que cada mes toman el puerto de Bilbao para denunciar la salida de barcos cargados de armas hacia Arabia Saudí, ese país que financia el terrorismo internacional y está llevando a cabo un auténtico exterminio en la población yemení.

El Gobierno del señor Sánchez debería replantearse si es lícito vender armas a Arabia Saudí. No se trata solo de un dilema moral: la venta de armas a países que están en guerra vulnera las disposiciones de Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Y no cabe alegar la excusa de que si no vendemos nosotros las armas, lo harán otros. Ni la de que se perderían puestos de trabajo si no se exportasen bombas. Habrá que buscar una actividad distinta para esas industrias. Porque las bombas, aunque sean de precisión como dice el señor Borrell, matan. Y demasiadas veces matan a gente inocente. Basta con dispararlas contra un autobús escolar, un colegio, un hospital, un mercado o una boda que suelen ser objetivos frecuentes en las guerras.

No debería usarse el cinismo sin escrúpulos para justificar el negocio del crimen. La política tiene que estar al servicio de la verdad y de la vida. Y quienes venden la muerte no nos representan.

Dicen los decires que, mientras en el Congreso pasaba lo que pasaba, él le dio la vuelta a un solomillo de vaca rubia gallega a la brasa con ‘foie’ y trufa, poco hecho, en el reservado de un conocido restaurante madrileño. Uno de los caros: 60 euros el menú degustación. Ciento y pico, a la carta.

Luego, pidió al ‘maître’ que le trajera unos puritos. Encendió uno y sacó el tema de la dimisión. La de Zidane. Dijo no entender nada de lo que sucedía: marcharse precisamente cuando había conseguido superar la crisis. Y después de ganar tres ‘champions’ seguidas. Le parecía absurdo. Incomprensible. Quizá era solo una pesadilla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no sabía de quién estaba hablando: si del entrenador, o de él mismo. Un vaso es un vaso y un plato es un plato, se dijo. Y pidió una ‘crème brûlée’, de postre. Ligera.

Por eso, le molestó tanto la llegada de Cospedal con noticias del Parlamento: la moción de censura era ya imparable. Se sintió incomprendido, como uno de los grandes personajes de la Historia. Como Sócrates. Bueno, como Sócrates no, recapacitó mientras apuraba el último trago de Vega Sicilia que quedaba aún en su copa.

Le vino a la memoria un cuento breve de Augusto Monterroso: “Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. ¿O era al revés? Una extraña nube de humo y melancolía le nublaba la vista.

Y, al caer la tarde, preguntó al escolta que dónde había dejado aparcado el coche. “Al menos, me voy sin pagar la factura”, pensó.

 Mientras, en el hemiciclo, un bolso negro llevaba casi ocho horas ocupando su escaño.

Nada descubro si afirmo que no ha habido en este país una persecución mediática tan despiadada como la que ha sufrido Podemos desde que apareció en la escena política. Y muy especialmente nuestro secretario general Pablo Iglesias. Pero la hostilidad de la ‘caverna mediática’ y sus pseudo periodistas vinculados con las cloacas del Estado -aunque también de otros medios supuestamente “serios”- en torno a la decisión de Pablo Iglesias e Irene Montero de comprarse un “chalet” ha alcanzado, durante las últimas semanas, niveles de ruindad difícilmente superables. Supone, además, una intromisión en su vida privada intolerable. Una forma de acoso, convertida luego en señalamiento por los militantes del partido ultraderechista VOX en la puerta de su nueva casa. Ningún líder político debería padecer un señalamiento semejante, una violación de su intimidad como esta. Me duele que dos compañeros de mi partido hayan tenido que pasar por algo así.

Pero, ante el aluvión de disparates obscenos que se han dicho y publicado en torno a la nueva casa de Pablo e Irene,  creo imprescindible separar bien dos cuestiones muy diferentes: por un lado, está el debate suscitado en torno a la decisión de comprarse esa casa, debate en el que no he querido ni quiero entrar porque es una decisión estrictamente personal, que solo a ellos compete. Insisto en que la información que han dado los medios de comunicación de la derecha sobre el tema, ha constituido una violación repugnante de la intimidad de mis compañeros, tras la que se esconde la inequívoca intención de hacer daño a Podemos. No hay duda sobre eso. Por su parte, los medios de comunicación más rigurosos, se han limitado a informar sobre el debate, especialmente a raíz de la carta publicada por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi.

Cuestión muy diferente es la consulta a los inscritos de Podemos, convocada unilateralmente por el Secretario General, sobre si Irene Montero y él mismo deben continuar al frente de sus cargos. Esta convocatoria constituye una cuestión política que afecta a nuestra organización, y por eso me he pronunciado públicamente sobre ella desde el primer momento.

La consulta me parece una decisión equivocada. Y lo digo desde la lealtad a mi organización. Desde la lealtad exigible a una militante, que además ocupa un cargo público. Desde la lealtad al proyecto político y a los valores y principios que encarna Podemos.

En ocasiones, en aras de esa lealtad hay que manifestar críticas o diferencias con otros compañeros. Debatir sobre discrepancias políticas es también lealtad al proyecto. Pero lamentablemente, en el tema que ahora nos concierne, hemos sido varios los compañeros que hemos recibido reproches, públicos y privados, por parte de un círculo de afinidad al Secretario General de Podemos, en los que se nos acusa de deslealtad; o incluso de querer “crecer” y ganar posiciones a costa de esta crisis y del sufrimiento de Irene y Pablo.

El dolor que me ha producido recibir estos mensajes, me ha motivado a escribir este artículo en el que trataré de explicar mi oposición a la consulta, no a mis compañeros, y mostrar que las diferencias políticas no constituyen ninguna deslealtad. Se puede sentir un enorme respeto, incluso afecto como el que yo siento, por compañeros de partido con los que se discrepa. Discrepar incluso cuando pasan por un momento difícil. En el mundo de los  adultos, el cuidado y la lealtad no se expresan con la adhesión inquebrantable a cualquier opinión o comportamiento. Somos una familia y podemos discutir razonada y honestamente como hermanos: sin chantajes emocionales. Sin “si me quieres, tienes que darme la razón”.

Comprar una casa en la sierra y elegir una determinada vida, puede parecernos acertado o no, pero no forma parte de los principios políticos que guían la actividad de nuestro partido. Por eso, considero un error convocar esta consulta porque, con ella, se traslada al partido, convirtiéndolo en responsable, una decisión personal que afecta solo a la vida de sus dirigentes.

No hay una salida buena a este plebiscito, para Podemos: si los militantes reafirman a los líderes, la organización política se hará corresponsable de esta decisión de la que solo deberían responder ellos dos. La ciudadanía que juzgue negativamente la decisión de Pablo e Irene, encontrará ahora motivos para rechazar el proyecto político de un Podemos convertido en valedor de su decisión privada.  Además, la mayoría de la militancia no quiere que Irene y Pablo dimitan -amén de que la organización no está preparada para que esto suceda, a un año de las elecciones autonómicas y municipales-.

No es la primera vez que Podemos transita la vía del “o conmigo o contra mí” –sucedió en los dos Vistalegres–, ni que se utiliza la “participación” de la militancia para el disciplinamiento de la organización. Hace tiempo que Podemos muestra serias dificultades para establecer mecanismos de diálogo interno, y las decisiones se toman de la misma forma que se elaboró la lista de la Comunidad de Madrid para concurrir a las elecciones de 2019: sin discusión política entre las distintas sensibilidades. El mensaje que subyace es claro: o se acepta la directriz de arriba -que se identifica indebidamente con el mandato de “unidad” que lanzaron los inscritos en Vistalegre II- o se es desleal con la organización. Pues no. En mi opinión, la unidad de acción y la lealtad brotan del debate, que lamentablemente escasea en Podemos.

-“¿Por qué hacéis un espectáculo público de vuestras desavenencias? ¿Por qué no las resolvéis dentro de la organización?” -nos preguntan muchas veces personas cansadas de las disputas en Podemos. La respuesta es tan triste como cierta: porque no existen espacios internos donde canalizar estas divergencias, no hay donde “lavar trapos sucios” en nuestra casa.

La democracia interna de un partido no es solo una cuestión de principios, es también una necesidad de atender a los procesos de la “inteligencia colectiva”. Las decisiones políticas más acertadas y fructíferas suelen ser consecuencia de procesos de elaboración común. Los peores errores, resultado de decisiones tomadas entre unos pocos no muy permeables a las opiniones de esa inteligencia colectiva.

Más allá de las consecuencias que esta consulta pueda tener para nuestra formación, cabe preguntarse: ¿qué clase de organización política estamos construyendo con este tipo de prácticas, cada vez más frecuentes en Podemos? ¿Dónde quedan los espacios deliberativos amplios, el trabajo común e integrador de sensibilidades, y el respaldo de los órganos de dirección política a las consultas a la militancia? ¿Dónde queda el ser cada vez más movimiento que partido y ensanchar por abajo? Las consultas deben reservarse para dilucidar cuestiones estrictamente políticas y han de estar avaladas por los Consejos Ciudadanos.

Esta convocatoria ha sido un error cuyas secuelas son aún desconocidas: un error que lamentablemente seguirá dando que hablar. Ya cometimos el fallo de desviar la atención de la crisis del máster que tenía a Cifuentes contra las cuerdas, abriendo nuestro proceso de primarias. Y ahora, cuando tenemos en escena a “ese señor del que Ud. me habla”, llamado Zaplana, y una sentencia histórica que confirma nuestra tesis  de que la corrupción del PP no es un hecho aislado sino una actividad delictiva permanente –un modo de vida, en palabras de la fiscal Sabadell- y que condena al PP como partícipe a título lucrativo que se ha beneficiado de lo robado, volvemos a desviar la atención para poner en el centro de la escena la cuestión del “chalé”.

Podemos es todavía una formación política joven, y tenemos una magnífica oportunidad de volver a levantarnos para empezar de nuevo cada vez que tropezamos.

Cifuentes ha dimitido. Ha sido penoso verla renunciar a la Presidencia de la Comunidad tras la publicación de un vídeo amarillo. Todo apunta a una ‘vendetta’ interna de su partido. El PP es una mafia y hace política como la mafia. Vídeos indecentes o cabezas de caballo en la cama: todo vale en las guerras entre familias. Cifuentes dice que su padre estaría orgulloso de ella. Los padres que conozco no estarían orgullosos de una hija ladrona y embustera. Cuestión de valores.

Su dimisión debería haberse producido mucho antes, tan pronto como se supo lo del máster regalado. Nos habría ahorrado las mentiras que desencadenó su empecinamiento y el desprestigio de instituciones tan relevantes para el bien común como la Universidad pública.

En su rueda de prensa, hemos visto a una Cifuentes que se presenta como víctima por haber luchado contra la corrupción. Al igual que Esperanza Aguirre, dice haber destapado los últimos escándalos de su partido. Eso sí, mucho tiempo después de que Podemos y otros grupos de la oposición hayamos denunciado los casos de corrupción que hemos estado investigando en esta legislatura. Como el del Canal de Isabel II o la Ciudad de la Justicia.

Cuando tomó posesión hace tres años, prometió regeneración y un estricto código ético. Tras su adiós, vestida de blanco inmaculado, muy poco queda de aquellas promesas. Aseguró incluso que acabaría con el aforamiento de los diputados. Pero hoy los populares, incluida ella misma, necesitan el aforamiento más que nunca.

Cuando la política es puro ‘marketing’ se reduce a tratar de hundir la imagen del contrario, y da lugar a jugarretas como la que ha terminado con la ahora ex-presidenta. La política en la que cree Podemos no consiste en destruir al adversario sino en confrontar proyectos diferentes. Y, sobre todo, en apostar por la decencia.

Es un drama que Cifuentes caiga por un hurto y una campaña interna de su partido, aunque hayan sido los últimos clavos de su ataúd. “Muerte entre las cremas” podrían llamarlo los hermanos Coen. Porque lo realmente grave es que, desde hace 30 años, ha formado parte de una organización estructuralmente corrupta. Fue vocal del Consejo de administración del Canal de Isabel II durante su fraudulenta expansión internacional (caso Lezo); patrona de FUNDESCAM que recibía pagos en “B” para financiar campañas electorales (trama Púnica); miembro del comité de campaña que manejaba ese dinero negro con el que el PP ganaba elecciones; y ha sobrevivido, de momento, al señalamiento de la Guardia Civil por integrar la mesa de contratación que amañó la adjudicación a Arturo Fernández del servicio de cafetería en la Asamblea.

Más que la imagen de la regeneración, Cifuentes ha sido el último dique de contención de un PP madrileño en decadencia. El declive del Partido Popular es imparable y no hay recambio posible. Es un partido estructuralmente corrupto porque la manera en la que sus líderes entienden el poder consiste en entrelazar sus intereses con los de determinados empresarios creando redes clientelares en torno a las privatizaciones y el desmantelamiento de lo público. Redes corruptas que, a su vez, financian la estructura partidaria de forma ilegal. El PP tiene 900 cargos imputados y decenas de causas judiciales abiertas.

No basta con la dimisión de Cifuentes, ni con poner otro diputado al frente de la Asamblea. Hay que acabar de una vez por todas con este modelo de recortes, privatizaciones, exenciones fiscales y burbujas inmobiliarias que favorecen solo a los ricos aumentando el endeudamiento y la desigualdad de forma peligrosa en la Comunidad de Madrid. La corrupción no es solo una cuestión moral: es un problema vinculado de raíz a la justicia social.

Necesitamos otra manera diferente de gestionar lo público. No solo gente honrada que crea en la democracia como forma de restar poder y recursos a los de arriba para construir un espacio común de todos y todas. Tenemos que instaurar otro modelo político. Y, por supuesto, no puede ser el de Ciudadanos, un partido que habla de regeneración mientras se dedica a sostener al PP cada vez que aparece un caso de corrupción, con el único fin de ofrecerse como recambio. En lo esencial son lo mismo; la única diferencia es que aún no han gobernado.

No basta la regeneración: hace falta una sacudida que remueva los cimientos de la gobernanza en nuestra Comunidad durante los últimos 20 años. Y Ciudadanos no solo representa las mismas políticas sino que además constituye un problema real para la convivencia. Les hemos visto jugar al “lepenismo” en los barrios más necesitados de Madrid en campañas contra la “okupación”. Es evidente que un partido que se mueve a golpe de encuesta no dudará en favorecer la xenofobia, el resentimiento social, o la guerra entre pobres si es necesario. No dudará en abanderar el filofascismo, si es preciso. Ciudadanos no puede ser la alternativa para gobernar Madrid porque es más de lo mismo.

Necesitamos un espacio político amplio que represente la pluralidad de fuerzas progresistas que quieren darle la vuelta al modelo especulativo de las élites para facilitar un gobierno de los de abajo. De la gente sencilla. De todos nosotros y nosotras.

El Proyecto de ley, conocido popularmente como “ley mordaza”, que se debate estos días en el Congreso tiene por objeto reformar la vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC).

Diversos órganos constitucionales (como el CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal), expertos juristas, organizaciones de derechos humanos, e incluso organismos internacionales (como la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa) han emitido informes que cuestionan seriamente este Proyecto. Pero el Gobierno hace oídos sordos a los reproches, por fundados que sean. Y aunque matizó su propuesta inicial, ante tanta crítica demoledora, los motivos con los que trata de justificar la aprobación de esta norma, profundamente restrictiva de derechos consustanciales al principio democrático, siguen suscitando el rechazo casi unánime de la sociedad. Estos son algunos de los motivos esgrimidos por el Gobierno:

1. La creciente demanda ciudadana de seguridad

A pesar de que un día cualquiera, en cualquier periódico, se pueden leer titulares como “El paro sube por tercer mes consecutivo, y ya se superan los 5 millones de parados”; o bien, “La UE rebaja drásticamente las previsiones de crecimiento para España y pide más ajustes”; o “La corrupción atenta contra el Estado de derecho”, la ciudadanía, en vez de reclamar la intervención inmediata de los “cascos azules” de la ONU -como podría parecer lógico- acoge estas noticias sin quebranto alguno de la paz social.

Cierto que ha habido protestas y una importante actividad de los movimientos ciudadanos en defensa de los derechos sociales, que incluso se han apuntado importantísimas victorias (como la marea blanca, la PAH y el movimiento feminista). Pero el balance de desórdenes públicos, con personas sancionadas o detenidas, en estos duros años de piedra, ha sido apenas relevante.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2013, afirma que nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos (46,1 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 63,8 de media europea).

No es cierto, pues, que esté creciendo la demanda para que el Estado refuerce la seguridad ciudadana mediante la eliminación de la violencia. Somos un país poco violento y hemos de congratularnos por ello. Y el Gobierno debería entender que el clamor de la calle no reclama más seguridad, sino mayores garantías en la defensa de derechos tan básicos como el trabajo, la vivienda o los servicios públicos esenciales.

2. Principio de proporcionalidad y ultima ratio del Derecho penalultima ratio

Considera el Gobierno que el respeto a los principios de proporcionalidad y ‘última ratio’ del Derecho penal exige despenalizar un conjunto de 11 conductas, tipificadas como faltas en el actual Código Penal, para sancionarlas en vía administrativa (menos gravosa para el infractor), ya que el Derecho penal debe reservarse para castigar las conductas más graves. Este razonamiento, en principio aceptable, ha sido utilizado en realidad por el legislador para ocultar su verdadera intención de incrementar el rigor punitivo, introduciendo en el Proyecto que comentamos, además de las 11 faltas referidas, 28 infracciones de nuevo cuño.

Además, el Consejo de Estado ya advirtió al Gobierno que la cuantía de las sanciones previstas en la nueva LOSC se incrementa considerablemente, en comparación con las cantidades establecidas para las faltas en el Código Penal. Ejemplo de tal incremento sería el de la falta por desobediencia o resistencia a la autoridad (de menor gravedad que el delito), que se castiga en el CP con una multa de diez a sesenta días, y cuya cuantía depende de la capacidad económica del condenado (entre los 2 € y los 400 € diarios). Esta misma conducta será castigada en la nueva LOSC como infracción grave, con multa de 600 a 30.000 €, sin distinciones según la capacidad económica del sancionado.

Por si ello fuera poco, sacar estas conductas del ámbito penal supone también una mayor indefensión para el ciudadano, al que se priva de las garantías que ofrece el control judicial penal. Y si recurre las sanciones administrativas, en vía contenciosa, se verá afectado por la Ley de tasas judiciales que no se aplica en la jurisdicción penal.

3. Incorporación a la Ley de la jurisprudencia del TS y del TC

Durante los años de vigencia de la actual LOSC, la jurisprudencia constitucional ha establecido los criterios que debe respetar el Estado para imponer medidas restrictivas del derecho a la libertad de reunión y manifestación. Ese tipo de medidas deben cumplir los requisitos de ser idóneas y necesarias para conseguir su objetivo y además, proporcionadas.

Pero tras recoger esta declaración de intenciones en la Exposición de Motivos, el Proyecto elimina de la ley vigente el inciso que exige a las Fuerzas de Seguridad que disuelvan las manifestaciones “en la forma que menos perjudique al derecho de manifestación”. Asimismo, el Proyecto señala que toda alteración del orden público, “con cualquier objeto peligroso”, puede ser motivo de disolución de la concentración, sin concretar lo que ha de entenderse por objeto peligroso, ni exigir que el desorden sea particularmente grave.

Además, aumentan las infracciones que inciden en el derecho fundamental de manifestación y reunión. Así, se castigarán, en todo caso, las concentraciones no comunicadas; de forma grave, las que tengan lugar en las inmediaciones de los Parlamentos, y de manera muy grave, las que se celebren en las inmediaciones de las “infraestructuras críticas del Estado”. Se sancionarán “en todo caso”, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que “no todo ejercicio extralimitado del derecho de reunión justifica su restricción” (Caso Oya Ataman c. Turquía, de 5 de diciembre de 2006), y especificado que “si la falta de comunicación previa de una reunión pacífica no autoriza por sí sola su disolución, tampoco habría de autorizar la sanción de quienes participen en la misma”.

4. Vulneración del principio de seguridad jurídica

Dice el Gobierno, en la Exposición de Motivos de la Ley, que la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, y que su interpretación debe huir de “definiciones genéricas”. Y, sin embargo, el proyecto de Ley recurre con excesiva frecuencia a términos muy poco concretos, que llevan a una relativización de los principios de legalidad y seguridad jurídica, y refuerzan la sospecha de que el verdadero objeto de la Ley es proteger al Gobierno frente a una ciudadanía cada vez más indignada.

Así, si llegara a aprobarse la Ley, la Policía podrá solicitar la identificación a cualquier persona cuando ello se considere “razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito”, frente a la actual redacción “cuando fuera necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana”; o podrá efectuar comprobaciones en las personas, sus bienes o vehículos, “para impedir el porte de instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, cuando tengan indicios de su eventual presencia”. ¿Quién determina cuáles son esos “medios” que generan riesgos potenciales? ¿Podrá ser considerado “instrumento peligroso” el palo de una pancarta en una manifestación? ¿Qué “indicios” revelan la eventual presencia de tales objetos? Una burla para el entendimiento del ciudadano.

Con este proyecto de “ley mordaza”, el Gobierno parece haber querido evocar la conocida frase que se atribuye a Federico II de Prusia, cuando afirmaba: “Consigo cuanto apetezco, y luego encuentro siempre alguien que lo justifique en Derecho”.

(Este texto es un resumen de la intervención que tuve el pasado 17 de octubre en Valladolid, junto a Sebastián Martín, por invitación de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades)