21 de octubre de 2014: La conocida activista marroquí pro derechos humanos Wafa Charaf es condenada a dos años de cárcel por denuncia falsa. La joven, de 26 años, había interpuesto una denuncia tras sufrir una brutal paliza por parte de unos desconocidos, que la secuestraron y apalearon después de participar activamente en una protesta en Tánger. Actualmente cumple condena en la cárcel de esa ciudad, donde su calvario continúa.

27 de noviembre de 2014: Marrakech acoge el II Foro Mundial de los Derechos Humanos. Durante cuatro días se celebrarán debates, talleres y ponencias de asistentes como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón o la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. Los participantes abordarán los derechos humanos en toda su magnitud, con el objetivo de arrojar luz sobre el grado de compromiso y respeto de estos derechos fundamentales en todo el mundo.

Varias ONG, como Amnistía Internacional, han denunciado que las autoridades marroquíes les han impuesto restricciones para participar en las jornadas preparatorias de la cumbre mundial. Al mismo tiempo, algunas organizaciones locales, han decidido boicotear el foro para denunciar que mientras se encarga de organizar estos actos sobre los derechos humanos, por otro lado, se dedica a torturar presos, disolver con violencia manifestaciones o prohibir las actividades de ONG.

El hecho de que Marruecos acoja la segunda edición de este foro demuestra el interés del Reino alauita por transmitir la imagen de país respetuoso con los derechos humanos. Si bien es cierto que Marruecos ha avanzado en este terreno en relación a épocas anteriores, casos probados de graves violaciones de los derechos humanos demuestran el largo camino que tiene todavía por delante.

Ali Aarrass es un ciudadano belga de origen marroquí que el gobierno español extraditó a Marruecos en 2010, a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió a España del alto riesgo de que el detenido sufriera torturas y malos tratos. Según Amnistía Internacional (AI), durante los 12 días que Aarrass estuvo detenido, incomunicado y sin asistencia de un abogado en un centro de detención en Temara, ciudad próxima a Rabat, fue brutalmente torturado.

Durante el juicio celebrado en su país, en el que se le condenó por pertenecer a grupos relacionados con el terrorismo, la única prueba presentada fue su confesión, obtenida bajo tortura. Fuentes de AI señalan que en estos momentos sigue abierta una investigación sobre el caso y, desde hace unos días, un equipo médico visita a Aarrass en su celda para determinar si presenta lesiones físicas compatibles con la tortura.

Su hermana, Farida Aarrass, quien desde su detención no ha cejado en su empeño de demostrar las situaciones de injusticia que rodean el caso de su hermano –torturas, juicio sin garantías, ausencia de un abogado- asegura por teléfono desde Bélgica que Ali tiene cicatrices muy visibles en todo el cuerpo, sobre todo en las manos, pies y orejas, y confía que esta investigación demuestre que su hermano sufrió malos tratos durante su arresto ilegal.

Mohamed El Boukili es dirigente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la única organización de estas características que denuncia abiertamente la vulneración de los derechos humanos y de las libertades individuales en Marruecos. En las oficinas de la organización, cuenta a eldiario.es que en la actualidad 320 personas cumplen condena por expresar libremente sus ideas. “Es cierto que hay muchos países donde se repite esta situación, pero Marruecos no es una excepción”. El problema, arguye, es que la comunidad internacional con intereses en la región -EEUU y la UE- “silencia” esta realidad y “le hace el juego a Marruecos para conservar sus privilegios”.

Las relaciones de interés entre España y Marruecos facilitan la vulneración de los derechos humanos en situaciones en las que ambos países actúan en connivencia, como ocurre con la intervención de agentes marroquíes en suelo español para detener a inmigrantes subsaharianos o las devoluciones en caliente. Por su parte, la UE mantiene un importante acuerdo bilateral de pesca con Marruecos que permite a las flotas de varios países comunitarios, entre ellos España, faenar en aguas marroquíes. No parece muy probable que ni el gobierno español ni la UE estén por la labor de denunciar las violaciones de los derechos humanos que se producen en el país vecino.

“Se vulnera sistemáticamente el derecho de expresión y de manifestación. Se producen juicios sin garantías y es habitual que los jueces impidan que los presos vayan al médico para probar que han sido torturados”. Desde el punto de vista económico, “no hay transparencia, hay mucha corrupción y no existe una contabilidad oficial. Los fondos públicos no se protegen y la justicia no es accesible en todo el mundo”, lamenta el dirigente de la AMDH, para quien la solución es “más democracia y más justicia económica”.

En el terreno político, con la llegada al poder en 2011 del partido islamista PJD, considera que la situación de los derechos humanos ha ido a peor porque “hay menos libertad y más represión de los derechos individuales”. Cree que la Monarquía “está jugando la carta de los fundamentalistas con la ayuda del gobierno norteamericano y francés; es una carta peligrosa porque se le puede volver en contra”. Acusa a los gobiernos de estos países de querer convertir Marruecos en un “Estado islámico moderado”, pero, asegura, “no lo conseguirán”.

Leila tiene 30 años, es homosexual y conoce muy bien la vulneración de las libertades individuales en su país. Jamás mostraría su inclinación sexual en público. No solo porque “la gente no lo entendería”, sino porque existe un artículo en el Código Penal (189) que prohíbe explícitamente la homosexualidad. La policía marroquí puede arrestar a un ciudadano por este delito. Durante el juicio, si se demuestra que el acusado mantuvo relaciones con otra persona de su mismo sexo, puede ser condenado.

“Si como ciudadana pago mis impuestos, ¿por qué no puedo ser tratada con respeto por el simple hecho de ser homosexual? ¿Por que no se me respetan mis opciones sexuales? Es muy triste. Soy de Marruecos porque nací aquí pero no pertenezco a este país”, desliza esta joven, quien, igual que El Boukili, sostiene que las autoridades están “muy preocupadas” por la imagen que proyecta Marruecos en el exterior y temen que se conozca la “lucha de la sociedad civil comprometida a promover una democracia real”.

La igualdad de sexos efectiva es también una asignatura pendiente en Marruecos, si bien en este campo diversas asociaciones pro derechos de las mujeres realizan un trabajo extraordinario desde hace muchos años y el resultado de su esfuerzo, lucha y tesón es un avance muy importante en la reforma del Código de la Familia.

Fouzia Yassine es miembro de la Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos (ADFM), una de las organizaciones con más voz en el país. “Luchamos para modificar el Código, inspirado en la Sharia, y que regula de manera muy discriminatoria la vida privada de los marroquíes”. Antes de la primera gran reforma del Código, la ley mantenía a la mujer bajo la tutela del hombre, permitía la poligamia sin informar a la esposa y consentía el repudio sin justificación. Actualmente, estas prácticas están prohibidas. “La ley todavía establece que una mujer debe heredar la mitad que el hombre, pero estamos trabajando para avanzar en el camino de la equidad real”, recalca.

En 2011, Marruecos vivió su Primavera Árabe de la mano del movimiento 20-N, que se organizó para exigir mayor justicia económica y social. A finales de ese año, el Rey Mohamed VI anunció una reforma de la Constitución que, por primera vez en la historia, recoge la equidad de hecho entre hombres y mujeres.

Sin embargo, Fouzzia lamenta que en la práctica la igualdad no existe y las mujeres todavía son tratadas muchas veces como si fueran menores. Una mujer no puede alojarse sola en un hotel, y si acude con un hombre debe presentar la carta de matrimonio. “La situación de la mujer se ha agravado desde la llegada al poder del PJD. Ahora hay más vigilancia y más control hacia las mujeres”, deplora. Así, denuncia, por ejemplo, que en Marrakech se ha creado una brigada “antivicio” destinada a controlar a las mujeres en los espacios públicos.

Esta defensora de los derechos de las mujeres concluye que aunque la Constitución hable de igualdad de genero y contemple mecanismos a favor de la paridad, el gobierno actual “no hace esfuerzos reales para armonizar la legislación con la Constitución”, por lo que “muchos artículos no encuentran un reflejo efectivo en la vida real”, lamenta.

El conflicto del Sáhara Occidental ha generado graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuezas marroquíes por la crudeza de las torturas y el maltrato cometidos contra activistas saharauis, así como por la perpetuidad del conflicto, que dura ya casi cuatro décadas, originando una situación perenne de pobreza, desplazados, marginalidad y violencia entre la población. El acuerdo de paz auspiciado por la ONU que en 1991 puso fin a 16 años de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario incluía la celebración de un referendum de autodeterminación que nunca ha llegado a celebrarse.

Aunque ningún estado reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos, la ausencia de presión internacional contribuye a la perpetuidad del conflicto. Recientemente, durante la celebración de la 39 Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), la presidenta del Colectivo de Saharauis Defensores de Derechos, Aminetu Haidar, denunció el “el uso excesivo de la fuerza practicado por el Estado de Marruecos contra los manifestantes pacíficos saharauis que exigen sus derechos legítimos”.