Aunque no sean generalizados, los malos tratos son sistemáticos. Y no es posible ignorar ya esta realidad mirando para otro lado

Hace pocos días, la ONU ha vuelto a pedir explicaciones al Gobierno sobre las violaciones de derechos humanos en España. Y es que, aunque nos incomode hablar de la tortura, hay que recordar que alrededor de mil funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), o de centros de reclusión, han sido condenados en la última década por abusos de todo tipo. Un estudio de la Universidad de Barcelona, que no tiene carácter exhaustivo, ha documentado 752 sentencias condenatorias, entre los años 2001 al 2012. De ellas, 379 son condenas por delitos (homicidios, torturas...) y 373, por faltas (en su mayoría, lesiones). Y la situación tiene visos de empeorar...

Así lo afirmaba el pasado 14 de julio Carlos Jiménez Villarejo, cuando denunció ante el Parlamento Europeo la intensificación “en los últimos meses y años” de las prácticas de tortura en España, que se han hecho más evidentes a partir de dos conocidas sentencias: la de la Audiencia Provincial de Baleares, del pasado 16 de junio, por la que cuatro agentes fueron condenados por infligir “torturas graves” a dos ciudadanos británicos; y la sentencia 26/2014 dictada por la Audiencia Nacional, el pasado 14 de mayo, que absolvió a 36 jóvenes, acusados de pertenecer a la organización Segi, por la “invalidez de las pruebas obtenidas bajo tortura”. La sentencia, que cita en 64 ocasiones la palabra tortura, afirma que “los detenidos fueron encapuchados y obligados a permanecer de rodillas sin dormir”, y describe con lujo de detalles los golpes, vejaciones y abusos a que fueron sometidos los arrestados.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado en cuatro ocasiones a España, desde el año 2010, por no investigar denuncias de torturas y malos tratos. En sus dos últimas sentencias, del pasado 7 de octubre, condena al Estado español por no haber investigado las denuncias de dos ciudadanos sobre malos tratos. Una de esas personas afirmó haber sufrido “abusos sexuales”.

Tanto la comisaria europea de Interior como el comisario de Derechos Humanos, han lanzado duras críticas al Ministerio del Interior español, por el vídeo en el que se ve a guardias civiles golpeando a un inmigrante que cae al suelo inconsciente y, sin recibir asistencia médica ni legal, es devuelto a Marruecos. Y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa recordaba, en su informe de 2013, que lleva dos décadas “llamando la atención a las autoridades españolas sobre el problema de los malos tratos a las personas detenidas”.

La propia Fiscalía General del Estado dedica un amplio capítulo, en su última Memoria, a los casos de tortura. Y cita, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 131/2012, que anuló las resoluciones del Juzgado de Instrucción nº 9 de Bilbao y de la Audiencia Provincial de Vizcaya, por existir “sospechas razonables de torturas al detenido” que debieron haber sido investigadas por el Juzgado.

Asimismo los informes anuales del Defensor del Pueblo recogen centenares de quejas ciudadanas en materia de malos tratos policiales que han dado lugar a la formulación de las correspondientes recomendaciones a funcionarios de los CFSE, sobre la necesidad de evitar “cualquier práctica abusiva que entrañe violencia física o moral”.

Amnistía Internacional ha detallado en sus informes numerosas prácticas policiales irregulares. Y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Tortura acreditó en su última Memoria que, al menos, 527 personas fueron víctimas, el pasado año, de torturas o malos tratos. Y, desde 2004, ha documentado un total de 6.621 casos.

Además, en las últimas semanas hemos podido conocer que seis agentes de la Policía Nacional han sido detenidos por su presunta vinculación con la muerte de un hombre, diagnosticado de esquizofrenia, en la ciudad de Cartagena. Las conversaciones grabadas a los detenidos, que han sido reproducidas en algunos medios de comunicación, resultan de una inhumanidad espeluznante (“vamos a tirarle sartenazos donde pillemos”…. “en las rodillas”… “tío, ahí, con eso vamos a disfrutar, con el gordo ese vamos a disfrutar”…). Y en la memoria reciente está el caso de los Mossos d’Esquadra que provocaron la muerte de un empresario en Barcelona, o el de la mujer que perdió un ojo por un pelotazo de goma…

Sin duda podríamos enumerar muchos más ejemplos de irregularidades y excesos policiales: decenas de vídeos que circulan por internet reflejan la brutalidad con la que tantas veces repelen los antidisturbios las manifestaciones golpeando incluso a ancianos, mujeres o periodistas. Pero los datos hasta aquí expuestos son más que suficientes para afirmar que no se trata de “unas cuantas manzanas podridas que hay que sacar del cesto”. Aunque no sean generalizados, los malos tratos son sistemáticos. Y no es posible ignorar ya esta realidad mirando para otro lado.

Una verdadera democracia exige que la policía actúe siempre conforme a un código ético, fundado en el respeto a los derechos humanos e inspirado en los principios del servicio a la ley y a los ciudadanos.