La fotografía corresponde a la ceremonia celebrada el pasado dos de mayo, donde Cristina Cifuentes distinguió a las universidades públicas madrileñas por su destacada contribución social. Las expresiones de los condecorados van de la adulación y el estupor a una suerte de ausencia bobalicona, como si no acabaran de sentirse a gusto en el papel que interpretan. Alineados al fondo del escenario, los hombros caídos, la espalda curva, vuelven el rostro hacia el portavoz que, desde el pretil, toma la palabra en su nombre. No hay actitud marcial o gesto protocolario que confiera unidad al grupo, la imagen tiene por único elemento aglutinador las seis insignias oro y bermellón prendidas de las correspondientes solapas. Y, si acaso, el contraste entre la mirada perdida de los congregados y la condescendiente de la figura femenina que les flanquea con gesto afable que no oculta su segura determinación.

La estampa parece remitirnos de inmediato a un tiempo ya fenecido, cuando las autoridades administrativas y académicas rubricaban su mutuo apoyo con toda clase de homenajes, agasajos y reconocimientos. No pasaría de anécdota chabacana si no fuera por lo que tiene de síntoma revelador. Pues las universidades que están al cargo de los rectores laureados son las mismas que han visto sucesivamente reducido su presupuesto durante los últimos seis años, cuyos estudiantes deben pagar tasas más altas que los de cualquier otra comunidad autónoma, las mismas universidades que siguen esperando el cumplimiento de sentencias judiciales que obligan al pago de sanciones millonarias por parte de la administración competente.

Parece difícil concebir un entorno más hostil para la universidad pública que el planteado durante la última década por el gobierno de la comunidad madrileña. Incluso asumiendo, en un verdadero acto de fe, que la bajada de un diez por ciento en el precio de las tasas marca un límite a la política de recortes, resulta inaudito hablar de un “cambio de paradigma”, como hizo el presidente de la CRUMA, Carlos Andradas, en el discurso que brindó con motivo de la ceremonia. Dejando de lado que ni la más laxa acepción del término paradigma resiste la aplicación a este escenario, el pronunciamiento presume un reconocimiento tácito de beneficios que hasta la fecha resultan absolutamente desconocidos para la comunidad universitaria. En vano indagaremos si esos beneficios están vinculados a la futura ley universitaria, dada la opacidad con que está siendo tramitada. El proceder de los rectores denota pues servilismo o, en el mejor de los casos, una manifiesta falta de transparencia.

Basta examinar la política que ha presidido el gobierno de cualquier universidad pública madrileña para comprender que nuestra fotografía no responde al azar. El proceder de las autoridades académicas ha estado secundado si no por la connivencia, sí al menos por una pasividad colaborativa. Este desmantelamiento consentido empieza por asumir hechos como la subida de tasas o los recortes en personal como inevitables. En la misma línea, la Universidad Complutense aprobaba el pasado diciembre un plan de actuación con el profesorado que bloquea indefinidamente la estabilización de personal docente reservando la tasa de reposición a quienes ya gozan de un contrato indefinido. La paulatina exclusión de estudiantes con el incremento de las tasas queda así compensada con un recorte correspondiente en la plantilla del profesorado. El paso siguiente consiste en ofrecer incentivos para la inversión del sector privado sin exigir las más mínimas garantías de transparencia. Del mismo modo, la Complutense aprobaba hace escasos meses un reglamento de patrocinios externos que dejaba la puerta abierta a esta clase de prácticas irregulares. Por último, la institución académica emula el proceder de la gestión pública procediendo a un arbitrario recorte administrativo. Y, en efecto, la Universidad Complutense ha hecho también pública su intención de suprimir un 60 % de departamentos, aunque ello suponga la desaparición de facultades tan emblemáticas y prestigiosas como la de Filosofía.

El caso de la Complutense no merece significarse porque revista mayor gravedad que el de otras universidades madrileñas, sino por lo consecuente que resulta la estrategia asumida por su actual rectorado. La posibilidad de acceder fácilmente a recursos financieros ofreciendo suculentas ventajas a la inversión empresarial o imponiendo arbitrarios reajustes organizativos plantea una vía tentadora para eludir problemas funcionales sin llegar a solventarlos, para resituarse en el mapa de la manida excelencia sin haber llegado a marcar un rumbo previo.

Si cedemos a esta tentación, cabe preguntarse cuánto tiempo nos mantendrá encandilados el brillo de medallas y oropeles antes de despertar a la cruda realidad. El estamento militar concede generalmente las más altas condecoraciones a los caídos en acto de servicio. Y en la mayoría de casos los familiares sienten auténtico orgullo por el sacrificio de sus seres queridos. Tal vez, en lugar de contribuir a la celebración de su propio funeral, la universidad pública debería empezar a establecer un diálogo constructivo con los más diversos agentes sociales haciendo oír su propia voz, la voz del conocimiento.

Reciente aún el escándalo de los cadáveres hacinados en su Facultad de Medicina, la Universidad Complutense vuelve a ser noticia tras el hallazgo de una momia nada menos que en la azotea de la misma facultad. Como si un genio maligno se hubiera propuesto transubstanciar en materia una macabra alegoría, los muertos descompuestos y los embalsamados se suceden en el escaparate de la opinión pública para devolver una imagen fatalmente certera de la universidad: no porque la universidad pública equivalga a un cuerpo inerte del que es preciso desprenderse, como quisiera entender un amplio sector mediático y político de nuestro país, sino porque, tristemente, el panorama que esa universidad presenta se asemeja en efecto a una película de terror poblada por muertos vivientes y otras criaturas espectrales.

Responsables de ello son desde luego los agentes externos que operan para apropiársela, pero también, forzoso es reconocerlo, quienes ejercen como sus principales representantes y administradores. Sin la connivencia de unos y otros difícilmente podría haber llegado la universidad española al estado de descomposición y podredumbre en el que actualmente se encuentra y del que la Universidad Complutense ofrece un ejemplo elocuente.

La contundencia con que se ha castigado a la universidad resulta inaudita incluso en el contexto de los recortes que ha padecido el conjunto de los servicios públicos. Entre las medidas que más directamente han amenazado su sostenibilidad destaca por un lado el brutal incremento de las tasas, que ha supuesto ya la exclusión de 45.000 estudiantes en los dos últimos cursos. Por el otro, la congelación no solo de nuevas contrataciones entre el personal docente, sino incluso de promociones internas en un profesorado que llevaba años trabajando en condiciones de la más extrema precariedad. Los estudiantes y el profesorado temporal constituyen así los dos colectivos que han posibilitado con su sacrificio la supervivencia de la universidad pública durante los últimos años.

Las autoridades académicas representadas en la CRUE se han manifestado en diversas ocasiones contra esta política austericida que persigue el desmantelamiento indisimulado de la universidad. En concreto, el rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, destaca por haber denunciado de forma reiterada el estrangulamiento económico practicado por el gobierno de la Comunidad de Madrid. A sus consecuencias ha achacado, entre otras cosas, el deterioro de las infraestructuras, la merma de proyectos de investigación o el vertiginoso descenso de las matrículas, pero también las carencias de personal que derivaron en el escándalo de los cadáveres amontonados en la Facultad de Medicina. En fecha reciente atribuía también a esta coyuntura el que un acreditado docente como el actual líder de Podemos no hubiera podido acceder aún a un contrato indefinido.

Como otros rectores, Carrillo aboga por compaginar esta denuncia con el estricto cumplimiento de las condiciones presupuestarias que impone la Consejería de Educación, basadas fundamentalmente en la prohibición de endeudamiento. Desde ese compromiso con la austeridad, Carrillo se ha presentado siempre como el rector de la crisis, llamado a salvar la universidad pública del desastre para encaminarla hacia tiempos mejores.

De quien con tanto ahínco defiende un modelo universitario al servicio de la sociedad y la excelencia académica cabría esperar que se rija por esos mismos principios, aunque sea en el estrecho margen que le deja una política presupuestaria rendida al imperativo del déficit cero. El panorama que presenta la Universidad Complutense desmiente sin embargo esta suposición de forma rotunda.

Así, mientras sus estudiantes siguen sufriendo la sangría de las tasas académicas y ven drásticamente reducida la oferta de becas, una élite de altos funcionarios administrativos continúa cobrando sueldos que superan los 80.000 y hasta los 90.000 euros. Y mientras el 40% de la plantilla docente trabaja en condiciones de auténtica miseria (con sueldos que en la mayoría de casos oscilan entre los 300 y los mil euros), el rectorado no tiene reparos en impulsar la promoción de titulares a catedráticos. Profesores que cuentan con un puesto fijo y bien remunerado hacen prevalecer de este modo sus demandas sobre las necesidades más acuciantes del cuerpo docente. Si el incremento de las tasas y la precariedad del profesorado son fenómenos extrapolables a todas las universidades del estado, no sucede lo mismo con los privilegios que detentan los dos colectivos señalados. En lugar de abogar por un modelo de gestión que contribuya a paliar estas flagrantes diferencias, la Complutense cuenta con el dudoso mérito de haber perfeccionado las modalidades de explotación laboral vigentes en el mundo académico. Así lo demuestra el uso indebido, cuando no dudosamente legal, de figuras contractuales como las de profesor asociado o interino para emplear personal altamente cualificado limitando incluso hasta lo insignificante su cotización a la seguridad social.

Poco importa que el futuro de la institución pase necesariamente por esta generación de profesores a la que, para contrarrestar la acusación de endogamia adquirida por nuestra universidad, se han exigido criterios de evaluación que desconocieron sus predecesores (publicaciones en revistas indexadas, participación en proyectos de investigación o evaluación de la docencia); poco importa que ese profesorado no reclame una promoción automática, sino solo la posibilidad de probar sus méritos en un concurso abierto; poco importa que no demande tampoco una plaza de funcionario, sino solo una figura contractual que le permita ejercer su labor con cierta dignidad.

Los grupos y facciones internas de la universidad terminan imponiéndose hoy como lo hacían décadas atrás en su época más oscura. Víctima de las inercias hereditarias, las corrientes de presión y las opacidades de su sistema organizativo, la Complutense no solo perpetúa, sino que agudiza un sistema manifiestamente injusto, donde los privilegios de unos pocos descansan sobre las privaciones de muchos. Si los segundos constituyen los cadáveres de un proceso al que las autoridades académicas se pliegan con pasmosa complicidad, en los primeros reconocemos las momias que preservan una forma anacrónica y sin embargo aún dolorosamente vigente de despotismo, mientras fingen ignorar que ya se ha puesto fecha de defunción a la institución que todavía les ampara.

A nadie escapa que la universidad pública de nuestro país requiere de una profunda reforma. Esa reforma no puede responder sin embargo a los intereses de una clase política pacata y mercenaria, menos aún a los de grupos financieros que en buena parte intervienen ya en su gobierno desde los consejos sociales. Para contribuir de verdad tanto a su vocación de servicio como a un modelo de desarrollo social, el cambio debe provenir fundamentalmente de la propia comunidad académica.

Es preciso por tanto que esa comunidad, y en concreto sus autoridades representativas, tomen conciencia de la responsabilidad histórica que recae sobre ellos en el momento presente y empiecen a legislar en consecuencia. No basta ya con escudarse en la imposición de un programa presupuestario o la amenaza de una hipotética intervención en caso de su incumplimiento. La universidad debe aspirar a formar personas libres y generar conocimiento, a promover el desarrollo social y a incentivar la investigación. Para ello necesita evitar por descontado la proliferación en su seno de privilegios, injusticias y discriminaciones que alimenten el desarrollo de una casta acomodada. De lo contrario, no estaremos hablando ya de una institución abierta a la participación ciudadana y el progreso de la sociedad, sino de una entidad esclerótica y disfuncional condenada a un irreversible proceso de gangrena y amputación: en definitiva, de una universidad muerta.

Este texto lo suscribe la Platafoma de Profesorado no Permanente de la UCM.