"Es necesario suspender inmediatamente el Tratado de Asociación Preferente UE-Israel, todo comercio de armas y colaboración en defensa, seguridad, investigación y desarrollo hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional", afirman los autores

El 2 de julio, de madrugada, el adolescente jerusalemita Mohamed Abu Khdeir fue secuestrado, torturado y quemado vivo por colonos israelíes en venganza por el secuestro de tres jóvenes colonos israelíes que, dos semanas más tarde, fueron encontrados muertos. Desde entonces, el castigo colectivo contra la población civil en Gaza y los asesinatos en Cisjordania, las detenciones ilegales masivas, los miles de heridos y la colonización se han intensificado más si cabe. 727 palestinos encarcelados, 2.205 muertos, 110.000 personas desplazadas y sin hogar, 18.000 viviendas destruidas… Palestina es una tierra sembrada de números. Cifras que nunca reflejan la desposesión y el desamparo que siente la población palestina ante una tragedia que se repita una y otra vez, en cada ocasión, con mayor intensidad.

El mundo parece haber comprendido la dramática situación de la tierra menguante de Cisjordania y Gaza, que arde desde hace más de 67 años bajo el fuego del colonialismo y la ocupación militar. No hay que ser un lumbreras para ver que, tras 20 años del proceso de Oslo, el mapa territorial ha cambiado, la colonización ha irrumpido en cada centímetro de tierra palestina y la soberanía es un deseado tren sin vías ni destino. Pero no nos engañemos, la cascada de reconocimientos del Estado Palestino, sin fronteras reconocidas, soberanía plena, ni compromiso de los promotores para plazos de concreción, no nos engañemos, es un paso anclado en la estrategia global de Oslo y sus consensos, y puede terminar significando otro balón de oxígeno para Israel.

Los israelíes lo saben. Los palestinos también. Nuestros gobiernos también. La Autoridad Nacional Palestina (ANP), lo sabe. El presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, afirmó hace unos días: “Estamos listos para gobernar sobre el 22% de la Palestina histórica”. Algo que hasta los análisis más optimistas dudan. Nadie debe esperar que el reconocimiento del Estado Palestino vaya a acabar con la ocupación militar y el asedio sobre Gaza, la colonización de Cisjordania, donde viven ya más de 700.000 colonos o con el orquestado sistema de apartheid racista con carreteras, autobuses, servicios sociales y sistemas legales segregados. Son necesarias respuestas valientes al crítico momento que vive el pueblo palestino y esa respuesta pasa, inexcusablemente, por la campaña global, no violenta y antirracista, del Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS) como medida de presión hasta hacer que el Estado de Israel se avenga a respetar los Derechos Humanos y la legalidad internacional.

La sociedad civil internacional debe apoyar sin fisuras la legítima lucha de un pueblo oprimido a vivir en igualdad, justicia y libertad de la misma forma que necesita que sus gobiernos sancionen las prácticas ilegales y aíslen al régimen de apartheid establecido por el Estado de Israel como se hizo en su momento con Sudáfrica. Por eso, hoy más que nunca, es imprescindible exigir el fin de la complicidad de gobiernos e instituciones internacionales, terminar con estos gobiernos que encubren la limpieza étnica, los crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina e incluso comercian con los responsables de esos actos.

Por ejemplo, la Unión Europea sigue manteniendo un Acuerdo de Asociación Preferencial con Israel, del que es su principal cliente, pese a que éste viole de forma flagrante el artículo 2 del mismo Acuerdo que condiciona su vigencia al respeto estricto de los derechos humanos. De la misma forma, el Gobierno de España y muchos de nuestros gobiernos regionales (como la Generalitat Catalana, la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana o la Junta de Andalucía), han cerrado recientemente acuerdos o iniciativas que contribuyen a la sensación de impunidad internacional y a la nula exigencia de responsabilidades y rendición de cuentas a Israel.

Tras tantas décadas de colonización y apartheid no podemos alegar ignorancia o incompetencia. Estrechar la mano de Alón Bar (embajador de Israel en España), mantener relaciones de cooperación militares, desarrollo armamentístico o seguridad, comerciar con armas “probadas en combate”, consumir productos y servicios “Made in Israel”, o participar en eventos culturales y deportivos orquestados para lavar la cara de este régimen de apartheid, significan un apoyo material a sus crímenes y violaciones del Derecho Internacional.

Es necesario cambiar a gobiernos e instituciones que premian en vez de sancionar esas violaciones del derecho internacional. Demasiados palestinos y palestinas han muerto ya en el altar de esa geopolítica. Demasiadas generaciones de europeos y europeas, de españoles y españolas, han visto cómo sus gobiernos estrechaban la mano con criminales de guerra como Ariel Sharon o Benjamín Netanyahu. Son necesarios otros gobiernos que respondan al apoyo cada vez más fuerte de nuestra sociedad a la campaña de BDS contra el apartheid israelí.

En la cocina de la diplomacia debe estar presente un ingrediente que ha sido olvidado hasta ahora: los derechos humanos. Conscientes de que cualquier acuerdo político sin este ingrediente será plato de mal gusto, la campaña BDS busca basar cualquier acuerdo en su cumplimiento. No habrá ninguna paz, y mucho menos justa, sin que los derechos humanos sean el marco de referencia sobre el que caminar. Es por ello que la iniciativa BDS demanda el derecho al retorno de todos los palestinos refugiados y expulsados de sus tierras, la descolonización de todas las tierras árabes ocupadas por parte de Israel, el desmantelamiento del Muro del Apartheid, declarado ilegal por la Corte Penal Internacional hace ya una década y el fin de las políticas de apartheid que sufren, especialmente, los palestinos y palestinas con ciudadanía israelí y los de Jerusalén Oriental.

La campaña BDS, nacida en 2005 de un llamamiento conjunto de la sociedad civil palestina, oenegés, sindicatos y diversos colectivos sociales, se ha convertido en una herramienta de sociedad civil a sociedad civil que los gobiernos deben apoyar con urgencia. La estrategia busca transmitir a la sociedad y el Gobierno de Israel el mensaje de que se ha acabado la patente de corso, de que ocupación, violación de leyes internacionales y crímenes de guerra no saldrán gratis nunca más. Es necesario reducir esa asimetría beneficiosa para la ocupación israelí, así como la falsa y perversa simetría entre ocupador y ocupado, impuesta en el terreno diplomático. Para ello, con la ayuda de todos y todas, se está ejerciendo la presión que deberían hacer nuestros gobiernos en vez de dedicarse a acaloradas declaraciones retóricas y tapar con dinero, ayudas y cooperación el estropicio humanitario que provoca su aliado.

Es necesario suspender inmediatamente el Tratado de Asociación Preferente UE-Israel, todo comercio de armas y colaboración en defensa, seguridad, investigación y desarrollo hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional.

Ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo se suman al boicot comercial, cultural, deportivo y académico. Bancos y fondos de inversión deciden atenerse a las directrices europeas y retiran inversiones para evitar ser cómplices de una ocupación ilegal. La propia Unión Europea ha suspendido por la misma razón la importación de productos lácteos y avícolas. Incluso el Gobierno español ha suspendido temporalmente la venta de armas a Israel. Ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos se han adherido al BDS. En nuestro país, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina lanza el distintivo Espacios Libres de Apartheid Israelí e invita a ayuntamientos, comercios y empresas a sumarse a esta campaña ciudadana por los derechos humanos y nacionales del pueblo palestino.

El tiempo de las complicidades se ha acabado. Es el momento del boicot.