Las últimas decisiones de la Unión Europea con respecto a la economía de internet ponen de manifiesto la relación directa entre la evolución de este sector estratégico y los intereses privados de los grandes operadores.

El pasado martes el Parlamento Europeo votaba a favor de terminar con los sobrecostes de roaming dentro de la Unión Europea a partir de 2017. No obstante, esta no era la única propuesta que se aprobaba ese día en el mercado de las telecomunicaciones, ni siquiera la más importante. El Parlamento Europeo aprobaba, dentro del mismo paquete de medidas, el fin de la “neutralidad de la red”.

Con neutralidad de red nos referimos al principio básico de las redes de banda ancha por el que ningún operador puede priorizar los usos de la misma. Es decir, que toda la información que circule por las mismas, independientemente de su contenido o de la plataforma de la que provenga, lo haga con las mismas garantías.

Si bien en la resolución se mencionaba un término impreciso como es “el acceso a una internet abierta”, se deja abierta la posibilidad a los proveedores de acceso a internet (ISP) para que regulen el tráfico en casos de “congestión de la red”. Esto es, que los operadores de red puedan priorizar unos datos por encima de otros cuando la red esté saturada.

Adicionalmente, se introducen dos modalidades que permitirán a las ISP tratar algunos tipos de datos de forma preferente con respecto a otros. Por una parte nos encontramos los “servicios especializados”, por los que se podrán crear vías rápidas de acceso que prioricen ese tipo de servicios, mientras que también se regula el concepto de zero rating, que ya venía siendo utilizado por algunas operadoras, por el cual determinados servicios no consumen los planes de datos del usuario.

Si bien habrá que esperar al desarrollo reglamentario de lo que se entienda como “congestión de red” o “servicios especializados”, las motivaciones por las que se aprueba esta nueva normativa, así como las peticiones tradicionales de los ISP. nos pueden hacer prever cómo va a evolucionar el sector de ahora en adelante.

No es nueva la lucha que vienen protagonizando las operadoras de red con aquellas compañías que utilizan sus redes para prestar sus servicios, las conocidas como OTTs (Over the Top), englobando este espectro desde los conocidos buscadores hasta las compañías de mensajería o voz sobre IP. Si bien dicha lucha se ha centrado tradicionalmente en que estas compañías tuviesen que registrarse como operadores de redes de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones, con los consiguientes requisitos y obligaciones con respecto al mantenimiento de las redes, el fin de la neutralidad de la red abre la puerta al traslado de dicho campo de batalla.

De acuerdo con las provisiones aprobadas por el legislativo comunitario, los ISP podrán establecer “vías rápidas de acceso” para el tráfico de determinados datos. Se podrá dar prioridad de transmisión a los datos que ellas determinen con respecto a otros que ellas mismas no consideren. Aparte de las consideraciones económicas que esto pueda conllevar, desde el punto de vista legal son dos las cuestiones que entiendo más problemáticas con respecto a esta nueva regulación.

Por una parte, es importante poner de manifiesto cómo el control de la red por parte de los IPS podría acarrear problemas desde el punto de vista de la protección de datos del usuario. Hay que tener en cuenta que para que un operador pueda discriminar datos a la hora de priorizar unos sobre otros es necesario conocer qué tipo de datos se están transmitiendo. Como ya comentó la Comisión en una comunicación previa sobre “neutralidad de la red”, “cualquier actividad relacionada con el bloqueo o la gestión del tráfico que tenga esa base deberá respetar, en consecuencia, los requisitos en materia de protección de datos”.

La anterior Comunicación se basaba en un informe del Supervisor Europeo de Protección de Datos, en el que se venía a recordar la “confidencialidad de las comunicaciones” como un derecho amparado por la CEDH y que el acceso a las mismas requerirá del previo consentimiento informado por parte de los usuarios cuando el tratamiento de datos no estuviese destinado a paliar la “congestión de la red” sino a otros fines como el tratamiento diferenciado de datos P2P o VoIP.

En segundo lugar, es muy importante señalar las implicaciones que esta nueva normativa puede tener desde el punto de vista de la defensa de la competencia y la evolución de la economía relacionada con las nuevas tecnologías en el futuro. Como comentábamos en un artículo anterior, las IPS son compañías integradas verticalmente, que ocupan todos los eslabones de la cadena de valor, por lo que pueden dar problemas de comportamientos monopolísticos en alguno de ellos. Es importante mencionar que, aparte de los tradicionales eslabones de transporte y distribución de datos, estas compañías se están especializando de un tiempo a esta parte en la generación de contenidos. En este sentido es sintomática la reciente adquisición por parte de Telefónica de la distribuidora de contenidos Canal +. Es decir, la misma compañía genera los contenidos y los transmite al usuario.

Sin embargo, el surgimiento de internet trajo consigo nuevas formas de creación y difusión de contenidos, como puede ser la aparición de plataformas de vídeo tan populares en internet. Con la aparición de la figura de “servicios especializados” las IPS podrían dar prioridad a sus propios proveedores de contenidos, eliminando de facto al resto de competidores del sector, pues los usuarios no podrían acceder a ellos con unas condiciones óptimas para su uso.

Estas restricciones no serían potencialmente aplicables únicamente a los contenidos audiovisuales, sino que las mismas podrían surgir para otro tipo de servicios, como los que transmiten voz sobre IP o los populares servicios de mensajería instantánea, de tal forma que ampliase el oligopolio actualmente existente en el mundo de las telecomunicaciones al de la provisión de contenidos u OTTs.

Desde una perspectiva puramente técnica es sorprendente que el legislador europeo haya optado por esta serie de limitaciones a la “neutralidad de la red”, más aun cuando la Agencia Europea de Telecomunicaciones (BEREC, por sus siglas en inglés) ha emitido múltiples informes en que entiende este principio como fundamental en internet, y otras economías de nuestro entorno, como EEUU, han optado por blindar el mismo.

Con el tiempo se podrá analizar cómo afecta esta nueva política a la economía de internet, pero lo que sí se ha vuelto a poner de manifiesto es que un sector estratégico como este evolucionará conforme a los intereses privados de los grandes operadores del mismo.

Las políticas ultraliberalizadoras nos han hecho caer en grandes ineficiencias en la asignación de recursos.

La fibra óptica debe ser entendida por los poderes públicos como esencial en el desarrollo del país.

Una de las noticias más esperadas en el mundo de las telecomunicaciones es la resolución que finalmente tome la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la obligatoriedad o no por parte de Telefónica de tener, como empresa dominante del mercado, que compartir sus redes de fibra óptica de cara a mantener una competencia óptima en el Estado. Según las últimas noticias publicadas, el ente regulador estaría sopesando obligar a Telefónica a compartir sus redes con otros operadores en aquellas zonas donde no haya fibra óptica desplegada por, al menos, otros dos operadores. En la práctica, esta regulación supondría que Telefónica se vería liberada de compartir sus redes -esto es, sus inversiones- únicamente en catorce de las principales urbes nacionales, donde existe más implantación de este tipo de conexiones ultrarrápidas.

A la espera de lo que finalmente decida el órgano regulador, Telefónica mantiene paralizadas sus nuevas inversiones en este tipo de fibra, pues, desde su punto de vista, si se viese finalmente obligada a tener que compartir su despliegue con otras competidoras no le resultaría rentable llevar a cabo esta inversión valorada en millones de euros y que permitiría que la fibra óptica llegase al 97% de la población en 2020.

Es decir, nos encontramos en una situación en la que el desarrollo final del tejido de fibra óptica por todo el Estado depende de la posibilidad de una empresa, única con capacidad económica para llevar a cabo estas inversiones, de poder explotar de forma individual las mismas. Por tanto, un sector que en la actualidad se debe considerar estratégico depende para su desarrollo de la voluntad de una empresa privada.

Es totalmente lícito -y lógico- que una empresa privada quiera sacar el máximo beneficio de sus propias inversiones. No obstante, en un sector como este, con un antiguo monopolio nacional privatizado que le hace partir en mejores condiciones, y crucial para el desarrollo del país, lo que cabe preguntarse es: ¿este es el tipo de desarrollo más eficiente? Y también: ¿es lo más positivo para los consumidores?

Las redes de fibra óptica no dejan de ser carreteras por las que circula información, y de la extensión de las mismas en la actualidad depende la conexión y desarrollo de los territorios alejados de las principales urbes. En este sentido, ¿se entendería desde un punto de vista económico que para llegar de Madrid a A Coruña se construyesen diferentes autopistas operadas cada una por un agente diferente? Evidentemente no, pues supondría un derroche de recursos del que el consumidor no resultaría beneficiado. Nos encontramos ante un monopolio natural o, en el mejor de los casos, en las urbes más importantes, ante un oligopolio natural. La gran inversión que hace falta para desarrollar estas redes genera que para la “mano invisible” del mercado no sea rentable llevar a cabo la misma en lugares más remotos si no va a poder asegurarse su explotación en régimen de monopolio.

Lo que Telefónica pide es que, si va a llevar a cabo esta inversión, sea ella la única con posibilidad de explotarla. Hay que tener en cuenta que en este sector, así como en otros regulados como la energía, existen diferentes elementos en la cadena, donde no únicamente existen las redes de transmisión, sino otros como, por ejemplo, la comercialización de las mismas. Por tanto, Telefónica estaría facultada para establecer individualmente los precios que creyese conveniente, sin que hubiese competencia en la comercialización de las redes de banda ancha al consumidor final.

En otros sectores regulados como la energía, las redes de transporte -si bien pertenecen a mercantiles mayoritariamente de capital privado- actúan como “operadores del sistema” que de una forma neutra deben permitir el acceso, mediante peajes previamente determinados, a todas las operadoras que quieran distribuir energía. Es decir, al ser el transporte de la energía un monopolio natural el mismo debe ser neutral, permitiendo que exista competencia entre empresas privadas en el eslabón siguiente de la cadena, el que permite que podamos elegir la comercializadora que acaba llevando la electricidad a nuestros hogares.

En el sector de las telecomunicaciones, sin embargo, estas redes de transporte todavía deben desarrollarse en gran parte del territorio y, como ya hemos comentado, la mercantil que podría llevar a cabo esta extensión no lo hará en el caso de que le obliguen a ser una especie de operador “neutral” que deba permitir el acceso a otras comercializadoras.

Por tanto, las dos alternativas que se nos plantean en el momento actual son: o bien permitir que Telefónica desarrolle estas redes de alta velocidad y ostente ella el monopolio para su comercialización; o, en el caso de obligarla a compartir sus redes, frenar el desarrollo que pretende llevar a cabo y mantener las conexiones actuales fuera de las principales capitales.

Bajo mi punto de vista ninguna de estas dos opciones es óptima, pues en la primera el consumidor se vería perjudicado ante el establecimiento de precios en régimen de monopolio por parte de una operadora y, en el segundo, el desarrollo del país se vería lastrado. La opción que debemos empezar a barajar es la nacionalización de estas redes, de forma que el desarrollo y mantenimiento de las mismas no dependa de la voluntad de un operador privado, sino de una apuesta de desarrollo estatal como sector estratégico que es. No obstante, sólo se debería nacionalizar lo que realmente es el monopolio natural, las redes de fibra óptica, permitiendo una verdadera competencia en igualdad de condiciones en el campo de la comercialización.

En este primer momento, en el que las redes no están desarrolladas, no cabría la opción “pseudoliberalizadora” que se da en el sector eléctrico, puesto que Telefónica ya ha dicho que, de tener que actuar como “neutral”, no llevaría a cabo la inversión. Por lo tanto, no podría actuar de facilitador de acceso en unas redes que nunca se desarrollarían.

Esta opción “intervencionista”, en mi opinión, es la única que puede aunar una mejora en la eficiencia de inversión, pues sólo se construiría una “carretera” para cada recorrido, un control estatal del desarrollo de un sector clave de la economía, se permitiría caminar hacia una competencia perfecta en la comercialización y, en última instancia, se conseguiría el beneficio en precios del consumidor.

La intervención del papa Francisco en el Parlamento Europeo supone dotar a una esfera privada como es la religiosa de una legitimidad y autoridad de la que nunca debería gozar en sede parlamentaria.

En este sentido, la decisión de algunos diputados del Grupo de la Izquierda Europea de ausentarse del Parlamento durante la intervención del máximo representante de la Iglesia católica es un acto de reivindicación del lacismo que debería presidir la vida pública.

El pasado 25 de noviembre, el papa Francisco fue invitado a intervenir en la sede del Parlamento Europeo. Se trató de una intervención no falta de polémica, pues algunos de los eurodiputados del Grupo de la Izquierda Europea (GUE/NGL) decidieron ausentarse del mismo por no estar de acuerdo con el hecho de que el cabeza de la Iglesia Católica interviniese en la casa de los representantes de la soberanía popular.

Estos eurodiputados han recibido críticas por parte incluso de otros miembros de posiciones de izquierdas, pues entienden que cualquier persona tiene derecho a expresarse libremente y ser escuchada por los representantes de los ciudadanos. Si bien no pongo en duda este planteamiento, cuestiono que deba ser en el Parlamento Europeo donde se dé voz al máximo representante de una confesión religiosa.

Se da la circunstancia de que en la figura del Papa de Roma, aparte de la representación de la Iglesia Católica, también se concentra la de la jefatura del Estado de la Ciudad del Vaticano, último estado teocrático de Europa. Entiendo que la invitación no se efectuó al jefe del Estado, pues, en este caso, se debería dar voz en sede parlamentaria a todos los jefes de Estado absolutistas del mundo, sino al representante de la mayor confesión religiosa de la Unión Europea. Por ello, me centraré únicamente en las razones que me llevan, como persona que aboga por la laicidad del Estado, a no creer conveniente que el representante de una confesión religiosa intervenga en el Parlamento Europeo.

El Estado laico que propugnan la mayoría de las constituciones nacionales del viejo continente no es más que la separación absoluta entre Iglesia y Estado, así como la total protección de la religión en la esfera privada. Es decir, que cada uno pueda profesar la religión que desee libremente, pero que no se mezcle la misma con los espacios públicos.

Esta regla se rompe si el máximo representante de una de las religiones acude al Parlamento para intentar influir en las políticas públicas que se aprueben por los representantes de los ciudadanos. Más aún, el hecho de que las mismas se pudiesen guiar por éticas y valores de alguien que no ha sido votado por los ciudadanos supondría una clara quiebra de los principios democráticos.

No se trata de desterrar los valores católicos de forma absoluta de la esfera pública, sino de respetar los cauces democráticos establecidos para que los mismos puedan ser expresados, debatidos y, llegado el caso, asumidos como parte de los valores europeos, conforme a los mecanismos establecidos.

El Papa habló de la situación económica, del papel del capitalismo en la Europa actual, de lo que él entiende por familia, de la libertad o no de las mujeres para decidir sobre reproducción, etc. Es decir, puso encima de la mesa una serie de temas de gran importancia para la vida de los europeos y que su concreción legal se debe realizar por los representantes de los ciudadanos.

Como comentó Pablo Iglesias, eurodiputado por Podemos, muchos de los planteamientos económicos del sumo pontífice iban en la línea de lo que propugnan los partidos de izquierdas, aquellos que ponen en valor la lucha de oprimidos contra opresores. En la otra cara de la moneda, el Papa también puso de manifiesto la opinión de la Iglesia Católica en temas como las libertades afectivas, sexuales y reproductivas, en este punto totalmente contrarias a la lucha de oprimidos contra opresores.

Lo criticable de esta intervención no es que se puedan tener posiciones a favor o en contra de lo que dijo, algo totalmente natural y sano en el juego democrático, sino que se le dote de una autoridad que no debería tener en sede parlamentaria. El Papa de Roma, como representante de la Iglesia Católica, no tiene ninguna legitimidad para intervenir e intentar influir en las decisiones que se tomen en el Parlamento Europeo. Para ello existen los diferentes partidos políticos, que los ciudadanos han votado, y que en muchas ocasiones llevan por bandera el ser representantes de los valores católicos. En este punto, debemos señalar que el principal grupo político en el Parlamento surgido tras las elecciones del pasado 25 de mayo es el del “Grupo Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)”.

Si el Papa, como referente de los católicos, entiende que los partidos políticos que se autodenominan cristianos tienen unas políticas económicas que distan de las que serían acordes a los principios que propugna su doctrina, tiene cauces privados para ponerlo de manifiesto, sin que nadie le limite su libertad de expresión en los mismos; léase cualquier acto religioso o medios de comunicación privados con los que pueda hacer llegar sus reflexiones a los miembros de su religión.

Los católicos, así como los ciudadanos que profesen cualquier otra religión, tienen la libertad de elegir a los representantes políticos que crean más afines a sus valores, y, dentro de los mecanismos democráticos establecidos para ello, intentar guiar las políticas en tal sentido.

Por todo ello, no considero la actuación de los diputados de izquierdas que se levantaron de sus asientos como un acto irrespetuoso para con las opiniones ajenas, sino como un acto de responsabilidad democrática y respeto por las instituciones que deben velar por los derechos de todos los ciudadanos. Si no ponemos en valor la necesidad del laicismo en la sociedad, estaremos corriendo el riesgo de que la esfera privada de unos continúe condicionando la esfera pública de todos.