El problema esencial es la supervivencia de las universidades públicas, amenazada ya en la Comunidad de Madrid y objetivo del negocio privado a medio plazo en el resto del Estado

La actualización del prestigioso ranking de universidades QS (QS World University Rankings) sitúa a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el puesto 178 entre todas las universidades del mundo, con un ascenso de 17 posiciones respecto al publicado en 2013 y un gran avance respecto al puesto 306 que ocupaba en 2007. La Universidad Autónoma de Madrid es la tercera universidad española en este ránking, por detrás de la Universidad de Barcelona (UB, puesto 166) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, puesto 175). Estas posiciones en el contexto mundial resultan corroboradas por otros ránkings igualmente prestigiosos, como el de Sanghai (Academic Ranking of World Universities) o el del periódico The Times (World University Rankings).

La buena posición de las universidades públicas catalanas se cimentó en tiempos del anterior gobierno de la Generalitat, cuando el llamado tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA) hizo notables inversiones en educación. Los recortes realizados por el actual gobierno de la Generalitat han situado a la UB y a la UAB en una situación difícil, pero mejor en todo caso que la de la UAM, sometida durante años a un proceso de desinversión que ha culminado en los últimos tiempos en los drásticos recortes del gobierno de Ignacio González. La UAM ha pasado de un presupuesto de 315 millones de euros en 2009 al previsto de 239 millones para 2015.

Como se ha demostrado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene una decidida voluntad privatizadora, alimentada por la crisis económica, que afecta a servicios esenciales como la educación y la sanidad, y se caracteriza por el apoyo continuado a la iniciativa privada frente a la desatención, cuando no entorpecimiento, de las diferentes iniciativas de las entidades públicas. En tal sentido, llaman poderosamente la atención la falta de reconocimiento público por parte de las autoridades a los sucesivos avances de la UAM en los rankings y el silencio en algunos medios de comunicación, siempre dispuestos, sin embargo, a denunciar de manera parcial y sesgada cualquier información que pueda contribuir al desprestigio de las universidades públicas. En contraste con lo que ocurre en otras Comunidades, los buenos resultados de sus universidades públicas parecen sentar mal al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a sus portavoces mediáticos, porque constituyen un ejemplo contrario a lo que ellos querrían demostrar: ineficiencia de lo público frente a la productividad de lo privado. Guardan silencio convencidos de que esta situación no ha de durar mucho tiempo y de que finalmente su estrategia producirá los resultados apetecidos. ¿En qué consiste esta estrategia? Fácil: 1) nula inversión en las universidades públicas, 2) congelación de la aportación nominativa, 3) regateo de los pagos a los que la ley obliga con demoras solo resueltas mediante juicios dilatados en el tiempo, y 4) el máximo de desatención, desde el convencimiento de que el sistema democrático vigente en la universidad pública hace muy difícil la competencia con el funcionamiento empresarial de las universidades privadas.

Efectivamente, la UAM –sigamos con el ejemplo que mejor conocemos– necesitaría, tanto como la ayuda financiera, un apoyo normativo imprescindible para realizar la modernización necesaria de su funcionamiento. Alguien podría reprochar a sus equipos de gobierno falta de coraje para emprender los cambios, pero, si somos justos, tendremos que reconocer la extraordinaria dificultad y lentitud que conlleva la toma de cualquier decisión. Seguir ocupando un puesto destacado en el panorama mundial y continuar avanzando en la estrategia de internacionalización requiere modernizar las estructuras actuales y adaptarlas a las nuevas necesidades. Sin embargo, la tramitación de las reformas imprescindibles tropieza sistemáticamente con los intereses encontrados de centros, departamentos, sectores profesionales o representaciones sindicales. La organización actual de las universidades públicas dificulta la consecución del doble reto que tiene planteado, competir con la empresa privada, atendiendo, además, a los objetivos educativos, culturales y de investigación para los que fue creada.

Los cambios necesarios para los nuevos tiempos necesitan un impulso legislativo que nunca llega. Desde luego, el gobierno de la Comunidad de Madrid permanece en la inacción, solo atento a la subida de tasas, convencido de que las universidades públicas “se ahorcarán finalmente con su propia soga”, la autonomía universitaria, que ellos aplican o no, según su conveniencia. En lo que respecta al gobierno del Estado, cada vez que en esta legislatura se ha promulgado alguna norma en relación con las universidades públicas ha sido para regular al alza los precios públicos, reducir becas o promulgar decretos, que han fomentado la precariedad y la desunión entre instituciones y trabajadores. En el horizonte dos nuevos reales decretos nos amenazan: el primero consiste en permitir la implantación de grados de tres años a todas aquellas universidades que deseen hacerlo, una facilidad más para las universidades privadas en la ya desigual competencia; el segundo pretende dejar en manos de las autoridades autonómicas la decisión de dónde y cuándo se crean nuevas universidades, sin que los informes de ANECA o del Consejo de Universidades sean vinculantes. De este modo proliferarán las universidades como los centros comerciales. A pesar de la oposición de la conferencia de rectores, el ministro Wert tiene el propósito de seguir adelante con sus propuestas, mientras se anuncia, a modo de cortina de humo, una estrategia de internacionalización del sistema universitario español, para la que no se destina presupuesto alguno.

En esta situación, resulta urgente exigir a los miembros de la comunidad universitaria una posición más activa y comprometida en defensa de sus instituciones, que atienda a tres objetivos básicos: 1) resistencia frente a los decretos y normas gubernamentales, 2) racionalización de recursos que permita un funcionamiento más dinámico y desahogado, 3) financiación que sirva para disminuir la dependencia de los criterios ideológicos gubernamentales. Para alcanzar estos objetivos se necesita el concurso de todos.

Los rectores y otras autoridades de las universidades públicas deben subir el tono de su protesta ante las duras medidas de nuestros gobernantes, planteando a los partidos políticos un conjunto de reivindicaciones que comprometa a los próximos gobiernos y ponga de manifiesto el enorme activo que se está dilapidando y maltratando. Al resto de la comunidad universitaria hay que pedirle su participación en las reformas imprescindibles para que la universidad pública siga existiendo, con la generosidad que las dificultades del momento demandan.

Este es, en última instancia, el problema esencial: la supervivencia de las universidades públicas, amenazada ya en la Comunidad de Madrid y objetivo del negocio privado a medio plazo en el resto del Estado. En su defensa toda la sociedad civil debería estar comprometida.