Los sindicatos de profesores catalanes han acampado este lunes por la noche a las puertas del departamento de Enseñanza de la Generalitat, en la Via Augusta de Barcelona, para protestar por la contratación de los docentes sustitutos dos días antes del inicio del curso escolar, en vez del 1 de septiembre. La protesta la secundan los sindicatos USTEC-STEs, CCOO, UGT, Aspepc y CGT.

Los delegados sindicales acampados aseguran que mantendrán la protesta a las puertas de la conselleria hasta que se nombre a los sustitutos. La promesa de la consellera Meritxell Ruiz es que lleguen a los centros educativos este jueves, 8 de septiembre, dos días laborales antes del inicio de curso, una mejora respecto a los últimos años, que lo hacían el mismo día que los alumnos, pero “insuficiente”, según los sindicatos.

En un comunicado conjunto, los representantes laborales de los profesores exponen que la situación actual de los sustitutos no les garantiza tiempo necesario para “planificar, organizar y preparar el inicio de curso igual que el resto de sus compañeros”. Cuestiones como esta, aseguran, afectan a la calidad de la educación.

Su petición de mejora de la sustituciones no solo se circunscribe a las de septiembre, sino también a las que se producen a lo largo del curso, incluidas las de “corta duración”. Piden al Govern que vuelva a cubrir las bajas des del primer día que se producen, y no al cabo de 10 días, tal y como se hace en algunos casos desde 2012, cuando el Ministerio de Educación abrió la puerta a ello.

La protesta ha servido para reavivar otras reivindicaciones sindicales como la recuperación de la reducción de las dos horas lectivas entre los docentes de más de 55 años o el retorno al horario lectivo previo a la crisis, de 18 y 23 horas en Secundaria y Primaria, respectivamente.

La consellera de Bienestar Social y Familia, Dolors Bassa, ha defendido que el sistema de protección a la infancia de la Generalitat prioriza que los menores estén en familia, y que sólo una minoría de los casos en que trabajan los profesionales de la Dirección General de atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) terminan con la asunción de la tutela de los menores por parte de la Administración. De los 12.655 expedientes abiertos a familias durante el 2015, expresó Bassa, sólo un 11% (1.860) han comportado medidas protectoras, y un 3% han acabado en desamparo.

La consejera se ha referido al modelo de protección a la infancia después de recibir una interpelación parlamentaria de la diputada Gemma Lienas, de Cataluña Sí Que Es Pot (CSQEP), que aseguró que hay que “abrir un debate urgente” entorno este sistema. Lienas ha señalado que los procesos de desamparo, es decir, de retirada de tutela de los menores- albergan algunos procedimientos discutibles, tal como han denunciado familias, expertos y entidades en El Diari de la Educació. La diputada ha recordado que los equipos de psicólogos y educadores (EAIA) que evalúan las posibles situaciones de riesgo que sufren los niños “trabajan solos, sin control de ningún tipo y sin recursos”, y que el plan de trabajo para recuperar el hijo está lleno de requisitos “intangibles” o inasumibles para muchas familias, como es el hecho de tener un salario digno.

“Si el EAIA decide no retirar el niño y luego le pasa algo, es responsabilidad del equipo. Pero si se declara el niño en situación de desamparo y resulta que no era necesario, no asumen la responsabilidad”, argumentaba Lienas, una situación que incentivaría a los profesionales a “curarse en salud” y optar por el desamparo. “Desemparan más de lo necesario”, sentenció la diputada de CSQEP, partidaria de reforzar el trabajo de la Administración con las familias para evitar las situaciones de riesgo sin tener que retirarles los hijos. “La plaza en un centro de acogida le cuesta a la Generalitat 4.000 euros al mes por niño: invirtamos esto en la familia”, s'exclavama Lienas.

“No se trata de iniciar una guerra contra la DGAIA”, precisó en su intervención Lienas, quien ha defendido a los trabajadores y profesionales, sino “abrir el debate” sobre un modelo que ha permitido que se hicieran desamparos sin motivos suficientes, algunos de los cuales recogidos por este diario en los últimos días.

“Ha citado uno, dos, tres casos ... Que los tenemos que revisar, y es verdad que no tienen que pasar, por tanto, aquí nos tendrá al lado”, reconoció Bassa sobre los casos de desamparos dudosos detallados para Lienas, pero con todo ha defendido que el sistema en su conjunto contempla el desamparo como último recurso, y siempre para garantizar el bienestar de los niños por encima de todo. La consellera ha recordado asimismo que los criterios para declarar un niño en riesgo son claros, y van desde el maltrato físico hasta el abandono o alteración psíquica de los responsables familiares. Pero Lienas le ha respondido que algunos profesionales incluyen dentro de estos conceptos situaciones poco claras o con “sesgo de clase”, como es el hecho de considerar que una madre tiene “conductas extrañas” o que el niño vaya con sandalias y calcetines un día de lluvia . La diputada no sólo ha reclamado criterios “claros y compartidos”, sino también “supervisados”.

Bassa ha aprovechado su intervención para mencionar el Plan de Calidad 2016-2017 de la DGAIA para mejorar el servicio, la atención y la calidad técnica de los profesionales. Entre otras medidas, se prevé recoger “la opinión de los usuarios”, es decir, que “se establecerán espacios de escucha para la participación real de los niños, adolescentes y familias protagonistas del proceso”, aseguró la consellera. También en esta línea Bassa ha anunciado un contrato programa de 9 millones de euros destinado a los ayuntamientos catalanes para que pongan en marcha un servicio de atención socioeducativa no residencial para niños y familias, un espacio de trabajo familiar que reforzaría el papel de la prevención.

La Fundación Escola Cristiana de Catalunya ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales que se han destapado en algunos de sus centros educativos en los últimos meses. “Lo sentimos, nos avergüenza profundamente y pedimos perdón a las víctimas y a sus familias”, expresan en una carta publicada en el diario La Vanguardia, tres meses después de que varios exalumnos denunciaran haber sido víctimas de abusos en la escuela Maristas de Sants- Les Corts de Barcelona.

“Hemos vivido y vivimos con vergüenza, indignación y tristeza los casos de abusos a menores que se han denunciado en los últimos meses en diferentes escuelas de nuestro colectivo”, manifiestan. “Las escuelas afectadas se han puesto a disposición de las víctimas para intentar reparar los daños y darles apoyo psicológico y jurídico necesario”, añaden.

Desde Escola Cristiana de Catalunya aseguran que velarán para que no se produzca ningún abuso más en cualquiera de sus centros, pero a la vez admiten que “ni la sociedad ni las escuelas podemos garantizar que no volverá a pasar”. “Los protocolos actuales permiten detectar y denunciar con agilidad casos de estas características y centrar los esfuerzos convenientes a generar y desarrollar una cultura de la prevención”, concluyen, pero alertan de que para erradicar esta lacra es necesario que se involucren todos los agentes sociales.

Escola Cristiana de Catalunya es una fundación que ejerce de patronal de los 434 colegios propiedad de órdenes religiosas que hay en Catalunya (con 264.000 alumnos). Entre ellos está el colegio Maristas de Barcelona, uno de cuyos profesores, Joaquín Benítez, confesó haber abusado sexualmente de varios de sus pupilos después de que ellos lo hayan denunciado años después.

A partir de 2011 el porcentaje de estudiantes universitarios sobre la población entre 18 y 24 años empezó a disminuir, un hecho inédito, como mínimo, desde 1970. Es una de las conclusiones del informe La financiación de las universidades públicas en Cataluña, 1996-2014 elaborado por profesores de la Facultad de Economía y Empresa de la UB miembros del Observatorio del Sistema Universitario. El estudio se basa en los presupuestos liquidados de cada una de las universidades públicas catalanas y permite ver la evolución de su financiación desde 1996.

Entre el 2009 y el 2012 las aportaciones públicas en las universidades catalanas han reducido en un 45%. En cambio, la reducción de su gasto total ha sido menor, del 21%. Esto se debe a un importante aumento de la aportación de los estudiantes, que ha subido un 47%.

Entre la reducción de los presupuesto y el aumento de los precios y tasas se da otro fenómeno: se dispara el porcentaje de los costes de docencia que cubren los estudiantes. Según los cálculos del Observatorio del Sistema Universitario las aportaciones se dispararon en 2012 hasta representar un 41,6% del coste total de la docencia.

Conflicto con la ley

Este dato podría representar un incumplimiento del “decreto Wert” de 2012 que estableció el aumento de precios en función del coste total de los estudios. Los estudiantes, según esta ley actualmente vigente, deberían pagar entre un 15% y un 25% del coste de sus estudios, y por tanto un 41,6% superaría ampliamente esta proporción. Los autores del estudio señalan, sin embargo, que su cálculo incluye el conjunto de aportaciones estudiantiles, entre ellas las repeticiones -más caras- o las matrículas de máster y doctorado. Sin embargo, el cálculo muestra que es muy probable que la Generalitat se haya excedido en la aplicación del decreto.

Además, estos profesores de económicas apuntan a que el decreto creó muchas complicaciones en el cálculo del coste de la matrícula. Como reconoce el propio texto legal, hasta que no haya una contabilidad analítica en las universidades públicas no será posible calcular cuáles son los costes exactos de la docencia.

Y por si fuera poco, el decreto tampoco especifica en qué nivel se debe hacer el cálculo, si es estatal, autonómico, universitario, o directamente por carreras o facultades. La aplicación se ha hecho por comunidades autónomas, con diferentes grados de experimentalidad, pero las diferencias son importantes en niveles inferiores. Entre las universidades hay diferentes realidades, desde la UPF donde el estudiante cubre el 31% de los costes en la UB donde cubre el 56%, dadas diferencias de financiación pública recibida por cada una.

Y a nivel de facultades, los autores ponen el ejemplo de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, donde los estudiantes podrían estar pagando el 85% del coste de sus estudios. “Llevar hasta el extremo la idea de que el estudiante debe pagar en relación a lo que recibe lleva a mayores desigualdades”, concluía ayer Alfonso Herranz, uno de los autores del informe.