103.000 firmas contra el 'fracking'; 85.000 por la custodia compartida; 65.000 apoyos a la plataforma que Maroto impulsó con tintes xenófobos... Miles y miles de rúbricas que cada legislatura llegan al Parlamento vasco y, que desde ahora, tendrán que saltar un muro más bajo para ser tenidas en cuenta por la Cámara vasca. Gracias al impulso de Gorka Maneiro (UPyD), todos los grupos de hemiciclo, sin excepción, han votado en el último pleno celebrado la pasada semana que el requisito para tomar en consideración una iniciativa ciudadana sea presentar 10.000 firmas válidas, y no las 30.000 necesarias hasta ahora.

La nueva normativa sustituye a la actual del año 1986 y modifica, además de la cantidad de apoyos necesarios, los requisitos para poder apoyar esas iniciativas. Hasta ahora, solo podían apoyar las ILP los ciudadanos inscritos en el censo electoral vasco. Desde la aprobación de la nueva norma, también lo pueden hacer las personas mayores de edad inscritas en el padrón de un municipio de la comunidad autónoma, que tengan la condición de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o que residan legalmente de acuerdo con la normativa en materia de extranjería. El nuevo texto permite además que los promotores de la ILP puedan defender su iniciativa en la propia Cámara aunque, obviamente, no tendrán derecho a voto.

Acotar los ámbitos de la ILP

Respecto a las materias de las ILP, la norma establece que no se podrán presentar sobre asuntos que no formen parte de las competencias legislativas de la comunidad autónoma, ni las que afecten a la organización territorial de Euskadi ni a la reforma del Estatuto de Autonomía ni contrarias a declaraciones universales de derechos humanos, entre otras. Además, no se admitirá a trámite si el contenido coincide con un proyecto o una proposición de que se encuentre en tramitación en el Parlamento, según destacó Europa Press.

Para presentar la ILP los ciudadanos deberán formar una comisión promotora, con un mínimo de tres personas, que no podrán ser miembros del Gobierno vasco, del Parlamento, diputaciones, Juntas Generales, Cortes Generales, Parlamento Europeo ni corporaciones locales.

Es cuestión de días. Y la negociación entre los representantes de los trabajadores está viviendo sus últimos coletazos. El comité de empresa de Arcelor Mittal de Zumarraga (Gipuzkoa) ha pedido a la multinacional que amplíe el plazo tope, fijado en el próximo viernes día 15, para que los trabajadores decidan si optan por su traslado a Asturias o por la baja voluntaria.

El Comité se vuelve a reunir el lunes con la dirección de empresa, que ha anunciado dará por finalizado el periodo de consultas abierto el 9 de junio. Está por ver si la multinacional da su brazo a torcer o mantiene el viernes como fecha tope para que los trabajadores decidan sobre su futuro. El cierre de la planta es ya un hecho y, a diferencia del futuro de la ACB en Sestao, no hay ninguna posibilidad de arrancar de nuevo.

En una rueda de prensa en Zumarraga, donde decenas de trabajadores de Arcelor se han concentrado bajo el lema 'Por una política industrial. Recolocaciones no son soluciones', el presidente del Comité, Leo Bote (CCOO), acompañado del representante de LAB en el mismo, Aitzol Cajaraville, leyó este fin de semana un comunicado en el que los trabajadores denuncian la actitud de la empresa de “impedir”, transcurridos más de tres meses desde el inicio del procedimiento para el cierre, que pueda intentarse cualquier opción alternativa a éste.

Bote ha señalado que no se puede afirmar que “es imposible negarse a estudiar cualquier alternativa industrial” y a la vez decir que “se ha hecho todo lo posible para mantener la actividad”. A su juicio, es posible un proyecto “viable” para la planta, pero ello requiere “apostar” por ella.

El presidente del Comité ha denunciado que “la verdadera intención de Arcelor Mittal es deslocalizar la producción” de Zumarraga y así “ha convertido un acuerdo para facilitar la salida a las personas que se quieren desvincular de la empresa en un dramático chantaje”.

En este sentido, ha criticado que los trabajadores tienen que decidir “en una semana”, ya que el “insuficiente” plazo concluye el día 15, “una decisión que marcará sus vidas”, al tener que elegir entre “una indemnización que no soluciona nada” o “la indertidumbre total” de un traslado “sin saber a dónde, cuándo, ni las condiciones, ni el salario” y “con la amenaza de quedarse luego sin nada”.

Por ello, Bote ha pedido “sensibilidad social” a la dirección y ampliar ese plazo hasta el día 15 “porque una decisión tan importante no se puede tomar en tan poco tiempo”.

En este sentido, ha censurado que los afectados “ni siquiera pueden matricular a sus hijos” para el próximo curso lectivo, ya que si optan por el traslado, aún no saben “ni en qué ciudad” vivirán. “Arcelor Mittal quiere que casi todos nosotros optemos por el despido”, ha apuntado.

Críticas a la consejera Tapia

Por otro lado, ha señalado que la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha “abandonado a su suerte” a los 350 trabajadores de Arcelor Zumarraga, una “respuesta vergonzosa que no está a la altura de lo que tiene que hacer un Gobierno”.

“Si el Gobierno no puede incidir legalmente en las injusticias que comete una multinacional habría que cambiar la legislación pero no aceptamos que el Gobierno vasco se escude en eso”, ha apuntado.

Al respecto, ha recordado que desde el Comité de empresa de Arcelor Zumarraga se han hecho “propuestas concretas” que han sido “aceptadas” por el Ejecutivo vasco y que “solo dependen de la voluntad de llevarlas a cabo” y que “luego no se han concretado”. A su juicio, la respuesta de Tapia diciendo que se “desentendían” de la situación de la plantilla es “la gota que ha colmado el vaso”.

“No se nos ha presentado la solicitud de una auditoría externa como se nos prometió, no se ha cambiado el plan del Gobierno vasco presentado a la empresa, no han adoptado ningún compromiso de oponerse jurídicamente al cierre, no han encargado la elaboración de ningún plan de viabilidad alternativo”, ha destacado.

Para el Comité, Arcelor Mittal y Gobierno vasco “se retroalimentan con su actitud” y ambos buscan que la plantilla dé “su brazo a torcer” y que “acepte el cierre de la planta con el grave destrozo que supone para la comarca”. En este contexto, Bote ha exigido al Ejecutivo vasco que “no financie a Arcelor Mittal hasta que no garantice un proyecto industrial en todas sus plantas”, porque no se entiende que “el dinero público se pudiera utilizar para pagar los despidos” de Zumarraga.

Frente a ello, ha advertido de que los trabajadores se niegan a aceptar este cierre “injusto e injustificado” que supone “un gran daño” para la comarca y seguirán “peleando hasta el final”.

En cuanto a la última reunión con la empresa celebrada el pasado martes, Bote ha recordado que se alcanzó un acuerdo con la dirección para la prejubilación o jubilación parcial de 21 personas, que abarca a trabajadores nacidos entre los años 1955 y 1959.

Además, Arcelor Mittal ha propuesto la indemnización a la salida voluntaria legal por despido improcedente que establece la normativa, de 45 días hasta el 2012 con un tope de 42 mensualidades, y de 33 días desde febrero de ese año, mientras que sería de 20 días con un tope de 20 mensualidades en caso de rescisión de contrato.

En cuanto al recurso a la vía judicial, desde el Comité han indicado que primero esperarán a ver qué ocurre en la reunión de este lunes antes de tomar una decisión al respecto.

El informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General de la

Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 2014 realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado diversas irregularidades, aunque no de gran calado, en la gestión del Gabinete de Iñigo Urkullu durante ese ejercicio. Como falta más grave, señala que el Consejo de Gobierno, en el que están presentes el lehendakari y sus consejeros, aprobó 13 expedientes, por un importe total de 7,4 millones de euros, en los que las prestaciones se contrataron sin tramitar el correspondiente expediente de contratación y sin observar los principios de publicidad y concurrencia. Es decir que, según el informe del TVCP, se adjudicaron 'a dedo'.

No es esta la única irregularidad cometida por el mismo organismo. Según detalla el informe, “el Consejo de Gobierno (...) ha asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de gastos del ejercicio 2014 por un importe total de 27,1 millones de euros, que fueron informados negativamente por la Oficina de Control Económico (OCE). Estos gastos corresponden a dos contratos de obras por 4,4 millones de euros, 41 contratos de servicios por 21,7 millones de euros y cuatro contratos de suministros por un millón de euros”. El TVCP señala que “los principales incumplimientos han sido no respetar los principios de publicidad y concurrencia y continuar con el servicio una vez vencido el plazo”, es decir, asignar estas cantidades a dedo o mantener contratos una vez vencidos a adjudicatarios anteriores.

Además, se han detectado deficiencias en el área de contratación administrativa. Por un lado, el análisis de las Cuentas públicas ha detectado dos modificaciones de contratos de obras por 1,6 millones de euros en las que se ha prescindido del procedimiento establecido, falta de acreditación de las circunstancias imprevistas que han permitido adjudicar obras complementarias por 1,1 millones de euros por el procedimiento negociado sin publicidad, y adquisiciones por 1,5 millones de euros fraccionando el objeto del contrato o sin tramitar el correspondiente expediente.

A pesar de ello, el documento del órgano fiscalizador vasco, encabezado en esta nueva etapa por el exdiputado general de Bizkaia, el peneuvista José Luis Bilbao, concluye que la Administración General del País Vasco ha cumplido razonablemente con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, según señala en una nota de prensa.

Cumplidos los objetivos de estabilidad presupuestaria

El informe señala que la Administración General de la CAPV ha cumplido en 2014 con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como con los plazos de pago de las operaciones comerciales (plazo medio de pago de 26 días, 4 por debajo del máximo de 30 días establecido en la normativa). En cuanto a la regla de gasto, el Plan Económico Financiero elaborado en cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé su cumplimiento en 2015 y 2016.

El Informe presenta, al igual que en ejercicios anteriores, información sobre los gastos e ingresos por territorio histórico, ya que esta información no figura en las cuentas anuales. Del gasto total reconocido en 2014 susceptible de territorialización (excluidos gastos financieros, deuda pública e inversiones inmateriales), un 26% corresponde a Álava, un 46% a Bizkaia y un 28% a Gipuzkoa. En cuanto a los ingresos (excluidos los correspondientes a la deuda pública), un 16% corresponde a Álava, un 51% a Bizkaia y un 33% a Gipuzkoa. Estos porcentajes se corresponden con el porcentaje de aportación de cada una de las Diputaciones Forales de los ingresos tributarios recaudados en el ejercicio.

El arranque de las rebajas en Bizkaia ha sido a medio gas. Pero no por la falta de clientes, sino porque los comercios que colgaron los carteles con sus grandes descuentos el pasado viernes, atendieron a sus posibles compradores esa jornada y la mañana del sábado. Por la tarde, merced al convenio provincial del comercio, los establecimientos están cerrados entre julio y septiembre. Si a eso se añade que el lunes fue festivo local para celebrar San Valentín de Berrio-Otxoa, el periodo de rebajas arrancó el viernes, se asomó el sábado y estuvo eclipsado hasta el martes.

Un comienzo poco alentador para las tiendas que ven como en las provincias limítrofes atienden a su clientela en horarios mucho amplios. Y un debate eterno entre los derechos de los trabajadores, las 'necesidades' de los clientes, y la vida comercial de una ciudad que se apaga con las grandes marcas cerradas. Todo esto en Bilbao, cuyo gran apuesta tras el efecto Guggenheim es el sector servicios. Pero que, en realidad, se topa con una ordenanza de hostelería restrictiva y un comercio cerrado en verano, fechas turísticas por excelencia, los sábados por la tarde.

Quizás la medida no debería haber sorprendido ya que está incluida en todos los acuerdos entre los sindicatos y la patronal desde hace un cuarto de siglo, pero la realidad es que hasta este pasado fin de semana no se había puesto en práctica. Y ante esta novedad, muchos potenciales clientes se encontraron con la persiana echada. Ante este panorama, las opiniones se dividen. Según recoge el diario El Correo, Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, cree que el convenio hay que cumplirlo a rajatabla, pero los empresarios perdieron “una gran oportunidad de ventas” y quizás el sector deba repensar su forma de actuar ante un Bilbao que se ofrece como destino turístico. En cambio, la patronal señala que “legalmente, los establecimientos están sujetos al acatamiento del acuerdo y tienen que cerrar”. Según Pedro Campo, presidente de Cecobi -la patronal del sector-, “nuestros asociados no consideran indispensable abrir los sábados por la tarde”.

No obstante, hubo comercios que englobados en convenios propios, trabajaron con normalidad y aprovecharon el 'apagón' comercial de muchas grandes marcas para atraer a los clientes a sus centros. Los trabajadores de esos comercios, lógicamente, también tuvieron que trabajar el sábado por la tarde. El debate, interminable, sigue su cauce un año más.

Han pasado cuatro años desde que por primera vez se legisló para poner fin oficialmente al silencio de las torturas en Euskadi. Fue en el anterior Gobierno, presidido por Patxi López, y se logró a través de un Decreto que reconoció los abusos y otorgó derechos e indemnizaciones a las víctimas de los abusos policiales entre 1960 y 1978. Aquel texto, respaldado por el arco parlamentario vasco a excepción del PP y UPyD, sirvió para rescatar del olvido historias espeluznantes. Gritos de dolor ahogados e invisibles para la sociedad. Porque todo el mundo sabía o había oído de las malas artes de la policía franquista y tardofranquista, pero pocos testimonios habían 'llegado' al BOE para dejar constancia de que aquello fue intolerable y para restaurar el honor de unas víctimas que, como todas, jamás deberían haber padecido dolor alguno.

Al llegar al Gobierno vasco, Iñigo Urkullu quiso dar un paso más y publicar un segundo Decreto que ampliaba el texto del anterior y aumentaba los años investigados hasta 1999. Pero esta segunda iniciativa tuvo en contra al Gobierno central y se encontró con que, en vez de garantizar seguridad jurídica a las víctimas, propició un vacío y un mar de dudas a quienes podrían acogerse a las medidas reconocidas en la iniciativa.

El primer reconocimiento del Gobierno vasco, en junio de 2012, se materializó, además de en el texto legal, en un acto en el que Inés Núñez de la Puerta, hija de una víctima, pidió y en el que se proyectó un fragmento del documental financiado por el Gobierno vasco 'Por quien no doblan la campanas' que recoge el testimonio de nueve víctimas de abusos policiales. Unos testimonios desgarradores que recuerdan y demuestran que las torturas jamás debieron existir y que su reconocimiento y reparación son necesarias.

Trece días de agonía

El 15 de mayo de 1977, Inés Núñez de la Puerta no había cumplido los cinco años. Pero, a pesar de ser una niña, aquel día vio y vivió una tragedia. Ese domingo, Inés iba junto a su padre de vuelta a casa tras haber estado en misa y haber comprado el pan. Y al girar una esquina, Inés encontró asustada como las porras de dos desalmados policías destrozaron a un humilde profesor de matemáticas que se llamaba Paco. Vio como dos desalmados de uniforme metieron a su padre Francisco Núñez a su portal y aprovecharon la oscuridad para propinarle una paliza.

Inés nunca más pudo disfrutar del paseo de cada fin de semana, nunca más vio a su padre bien porque murió trece días después tras una segunda paliza y tras las torturas que padeció en el interior de una furgoneta a la que le metieron cuando fue a denunciar la primera agresión que le propinaron.

“El domingo 15 de mayo salimos él y yo a misa y a comprar el periódico, era la rutina”, cuenta siempre Inés Núñez de la Parte, hija de Francisco Núñez y hoy abogada de prestigio en una firma tecnológica vasca. “Dos policías empezaron a golpearle brutalmente, le pegaban en la espalda y en las piernas, pero consiguió avanzar y llegar al portal de casa, en la calle General Eguía. Los vecinos gritaban desde las ventanas, pedían que le dejaran en paz. Él solo quería protegerme y consiguió meterme al portal, pero entraron detrás. Y allí, sin testigos, siguieron dándole”, recuerda Inés.

En cambio, aquella actuación de la policía no fue mas que el principio. La inquina y la tortura acaban de empezar. Pocos días después de la paliza en el portal, Paco se armó de valor y aconsejado por familiares y amigos acudió al Juzgado a poner una denuncia por el maltrato recibido. No se sabe si llegó a declarar. Una vez que mostró sus intenciones, los dos policias que lo habían destrozado a porrazos días anres se presentaron vestidos de paisano en el Palacio de Justicia y, a punta de pistola, lo introdujeron en una furgoneta. “Allí volvieron a golpearle brutalmente, le sometieron a humillaciones, le ataron las manos, le pusieron un embudo en la boca y le obligaron a beber cerca de un litro de coñac y otro tanto de aceite de ricino”, rememora Inés. Los dos matones lograron su objetivo: reventaron a Paco por dentro y por fuera.

Fue tal la paliza que al llegar a casa, abatido y humillado, desencajado, dolorido y destrozado, su mujer lo trasladó al entonces hospital Francisco Franco, hoy de Basurto. Allí agonizó durante 13 días. Vómitos, mareos, pérdidas de consciencia. Y lo peor, la seguridad de saber que de allí no saldría que nunca más podría ir con Inés a comprar el pan los domingos.

Por expreso deseo de Paco, la madre de Inés escribió un diario con todo lo que sucedió esos días. El texto es desgarrador. “Me pregunta que si se muere y yo le digo que sí”, narra la madre en el diario. “Está agonizando aun que los médicos luchan hasta el final. Entran tres médicos, enfermeras y le ponen una sonda, sangre y suero. Yo no tengo más valor para verle sufrir. A medida que la noche pasa se pone peor, masajes al corazón, agonía dura y lenta”. Paco murió como consecuencia de las torturas diez minutos antes de las ocho de la mañana del día siguiente.

Como esta historia hay decenas, cientos. Y el Gobierno vasco se ha propuesto sacarlas de las tinieblas del olvido e iluminarlas con el reconocimiento y el calor institucional. Para ello, y no exenta de controversia, está tramitando un texto de forma urgente para poder aprobar la Ley de Víctimas de Abusos Policiales antes de que concluya la legislatura. A pesar de que hay dimes y diretes entre los grupos, sobre todo por el error del Decreto anterior firmado por Urkullu, en el fondo resuenan las palabras de las victimas, que reclaman a los partidos, a todos, “que digan al unísono que matar estuvo mal” y que reconozcan a todas las víctimas “sin discriminaciones de ningún tipo”.

La petición de que salga la gabarra para el Athletic femenino tras haber conquistado el título de liga ha alcanzado esta mañana las 21.718 firmas, sumando cinco mil más a partir de la proclamación como campeonas. Pero el Athletic no ha incluido este evento en sus planes para celebrar el título de las féminas. En su página oficial, en el apartado de celebraciones, el club rojiblanco únicamente incluye tres actos para este martes: 18:00 Ofrenda del trofeo en la Basílica de Begoña. 18:30 Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao y a las 19:30 Recepción en el Palacio de Diputación.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha censurado que las mujeres que cosechan éxitos deportivos como el caso del equipo femenino del Athletic no tengan la visibilidad que se merecen a la hora de celebrar esas gestas deportivas. “Lo sorprendente es que surja la duda [de sacar la Gabarra] cuando es el equipo de mujeres y no el de hombres. La sola pregunta ya tiene significado. Las mujeres tendrían que salir”, ha subrayado Landaida.

La petición, instalada en la plataforma change.org. desde el 29 de mayo, había recogido quince mil firmas el sábado, cifra que se fue incrementando a lo largo del domingo. Tras confirmarse el título había pasado de las 16.000 y ahora va por 21.718.

El autor original de la petición, Txema Olleta, ha explicado a EFE que la gabarra es algo muy simbólico para la gente de Bizkaia. “Si realmente quieren defender los derechos de las mujeres a la igualdad plena, también en el deporte, si este año, o cualquier otro, gana la Liga el Athletic femenino, exigimos que desde el club se saque la Gabarra”.

“Porque el valor de lo que hacen estas luchadoras no es menor que el de los hombres, a pesar de que cobran muchísimo menos. Pongamos en valor el deporte femenino. Exijamos con nuestras firmas que salga la gabarra para las chicas del Athletic. ¡Se lo merecen!”, concluye la petición, dirigida al presidente del Athletic, Josu Urrutia.

Además, formaciones como EH Bildu y Ganemos también habían pedido que se saque la gabarra para celebrar el titulo para ser así iguales que el equipo masculino.

ArcelorMittal ha conseguido una dudosa unanimidad: todos se oponen al plan social que ha diseñado para factoría de la ACB, que contempla una reducción del 50% de la plantilla y del 15% en los salarios. Los responsables del comité de empresa han señalado que el plan social “es inaceptable” y que es “imposible ni siquiera comenzar una negociación” porque se trata de “un plan sangrante que llega al punto de humillarte”.

La propuesta de la empresa contempla una “flexibilidad total”, una reducción de la plantilla en un 50% y una disminución de los salarios del 15 %, además de la renegociación del ERE actual. Así, la cobertura del ERE pasaría del 90% actual al 65%, que afectaría a todos los colectivos, con un centenar de trabajadores nacidos entre 1955 y 1957 en ERE hasta su prejubilación parcial.

También plantea una bolsa de trabajo con otros 50 trabajadores disponibles para coberturas en casos de aumento de producción y reanudar la actividad en fines de semana con turnos de trabajo de 12 horas.

El comité de empresa ha manifestado que el plan industrial es “escaso” porque los trabajadores consideran que sería necesario un mínimo de 60.000 toneladas al mes. El comité considera que la dirección ha puesto sobre la mesa “un planteamiento para fozarnos” a negociar y hacer a los trabajadores “responsables” de un hipotético cierre de la factoría si no hay un acuerdo.

Condiciones leoninas

El rechazo a la propuesta de Arcelor ha llegado prácticamente desde todos los ámbitos. El secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha afirmado que al sindicato “no le sirve” el plan que ha diseñado Arcelor para reabrir la ACB porque plantea unas “condiciones leoninas” para los trabajadores y, “a cambio, da una mínima carga de trabajo”.

El dirigente de CC.OO. ha afirmado que no comparte la orientación del Plan y cree que exige unas condiciones “leoninas” a los trabajadores y, “a cambio, da una mínima carga de trabajo”. “No es suficiente, no vale con 10.000 toneladas a lo largo de dos fines de semana”, ha añadido.

Desde el Gobierno vasco, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha considerado que el plan de ArcelorMittal para la ACB de Sestao es “inasumible” y ha reclamado a la dirección del grupo “visión de futuro y unas garantías mínimas de mantenimiento del empleo”.

Sin sorpresas. Las bases de la coalición EH Bildu han elegido a Arnaldo Otegi como candidato a lehendakari en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo mes de otoño. Ratifican así la propuesta hecha desde la dirección de que Otegi fuera el candidato.

Sobre el secretario general de Sortu pesa una condena de inhabilitación para cargo público hasta el año 2021, pero la izquierda abertzale en numerosas ocasiones ha asegurado que no podrá hacerse efectiva porque en la sentencia del caso Bateragune -por la que cumplió seis años de prisión- no especifica a qué cargos concretos afecta. EH Bildu se aferra a la jurisprudencia para confiar en que la inhabilitación no pueda ser ejecutada y se quede sin candidato a las primeras de cambio.

La primera comparecencia pública de Otegi como candidato a lehendakari por EH Bildu se producirá en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el segundo acto de la gira 'Escuchar para mejorar', en el que el aspirante a presidente de Euskadi y otros cargos de la coalición atienden a cuestiones planteadas por los ciudadanos.

Este programa se inició el sábado en el frontón Labrit de Pamplona y el viernes llegará a Gipuzkoa con un acto previsto en una localidad del Alto Deba

Una de cada diez familias vascas tiene muchos problemas para llegar a final de mes o, directamente, no llega de ninguna manera. Siendo un dato inquietante, cuando se compara con lo que pasa en el resto de España, que dobla las tasas de pobreza de Euskadi, alguien (especialmente los políticos) pueden encontrar un motivo de alivio. Pero aunque es cierto que los vascos son los que menos dificultades tienen para irse de vacaciones (uno de los indicadores empleados para medir la pobreza), la realidad es que el 11,9% de la población de la comunidad autónoma se encuentra en riesgo de caer en la pobreza.

¿Y cómo se mide ese riesgo? Pues según la Encuesta de Condiciones de Vida (elaborada por el Instituto Nacional de Estadística) cuando una persona tiene unos ingresos inferiores a 8.000 euros al año y cuando esos ingresos no llegan a 17.000 si la familia está compuesta por dos adultos y dos menores.

Según esta encuesta, Euskadi es la segunda autonomía con menor riesgo de pobreza, un 10,9 %, solo precedida por Navarra (9,6 %). El País Vasco es también la comunidad con un menor porcentaje de personas que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (un 18,5% frente a la media nacional del 39,4%). Además, el 4,6% de los vascos reconoció en 2015 que tenía retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, con lo que se sitúa como la tercera autonomía con menos problemas de este tipo.

“ETA va a evitar la entrega de armas a los gobiernos de España y Francia porque sería la foto de su derrota”. Así lo piensa el director del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, quine cree que que ese retraso en entregar las armas se debe a las pretensiones de ETA de obtener una contrapartida. No es la inexistencia de un Gobierno sólido lo que provoca el retraso, sino el intento de ETA de hacer, primero, un montaje propagandístico de su desarme y, en segundo lugar, de obtener contrapartidas a cambio“.

En una entrevista concedida al Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Domínguez considera que la entrega sería una cuestión “simbólica”, toda vez que ETA puede hacer “trampas” y presentar menos de las que tiene o volver a conseguirlas en el marcado negro si quisiera.

“Por lo tanto, no es una cuestión efectiva hacia la paz, sino una cuestión simbólica. Podía ser la foto de la derrota definitiva de ETA o la foto de un montaje propagandístico. Si ETA lo que busca es esto último, va a tratar de evitar entregar las armas a los gobiernos de España o Francia porque sería la foto de su derrota y en este momento no parece dispuesta a hacerlo”, explica.

Disidentes

Sobre la aparición de disidentes de la línea oficial de la izquierda abertzale, Domínguez asegura que lse trata de “un grupo de nostálgicos”.

Sobre los intentos de una parte de la sociedad de pasar página cuanto antes al terrorismo, Domínguez advierte de que el entorno de ETA tiene que hacer una autocrítica específica por haber sido el soporte de la organización terrorista durante décadas. “La sociedad española con respecto al terrorismo de ETA, que es el que más ha preocupado durante décadas por su incidencia en la vida pública, tiene una actitud quizá de considerar que es una etapa superada y no merece la pena preocuparse, una actitud de pasar página sin más. Aparte de eso, existe en el entorno social y político de la banda terrorista una actividad bastante intensa de elaborar un relato por un lado justificatorio del los años de terrorismo y de respaldo la violencia de forma retrospectiva”.

Y por otro lado, existe una pretensión de ese entorno de ETA de diluir todas las responsabilidades, no sólo penales, sino sociales y políticas en las que incurrieron los terroristas. “Se trata de repartir culpas a todo el mundo para hacer bueno lo que decía Hanna Harendt: 'Donde todos son culpables, no hay nadie culpable'. Hay que hacer frente a la tentación del olvido y a los intentos justificatorios del terrorismo, y a los intentos de exonerar a los terroristas de sus responsabilidades”.

Al frente del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, Domínguez precisa que su objetivo es que lo ocurrido hasta ahora sirva “como vacuna para los peligros del futuro”

El recurso de reposición interpuesto por la fiscalía contra la anulación de la condena a muerte de Pablo Ibar ha sido desestimado por el Tribunal Supremo de Florida (Estados Unidos). Eso significa que el reo de origen vasco saldrá del corredor de la muerte antes de 15 días para volver a ser juzgado por asesinato. Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, ha informado de la notificación enviada por el Supremo de Florida al abogado del español, Benjamin Waxman, en la que le comunica la desestimación de las pretensiones de la fiscalía.

El recurso de «reposición» ante el mismo tribunal fue presentado por la fiscalía estatal a finales de febrero, que intentaba así revertir el dictamen emitido unas semanas antes sobre la condena a muerte de Ibar por los asesinatos de tres personas, el dueño de un local nocturno y dos modelos, cometidos en 1994. El dictamen del Supremo de Florida, que sigue en pie, implica la celebración de un nuevo juicio contra Ibar, de 45 años y único español que estaba condenado a muerte en Estados Unidos.

Según la información recabada por la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, el traslado de Ibar a un régimen penitenciario normal puede producirse «en un plazo máximo de 15 días». Ibar lleva casi 22 años preso, 15 de ellos en el corredor de la muerte, en un penal de Rainford, en Starke (Florida), desde que en 2000 fue condenado a la pena capital por el triple asesinato.

Uno de los argumentos de peso examinados por el Tribunal Supremo de Florida para la anulación de la condena es que el «ADN de Ibar no fue encontrado en la camiseta recuperada» en el lugar del triple crimen y que el asesino usó para «cubrirse parcialmente el rostro».

La planta contará con una incineradora con dos líneas y una capacidad de 200 toneladas anuales, producirá electricidad para unos 45.000 hogares y la dos fases de construcción tienen un presupuesto previsto de 235 millones de euros

Una empresa privada será la que financie íntegramente "a su riesgo" las obras, a cambio de la explotación de las infraestructuras durante un plazo de entre 30 y 35 años

El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, niega que se vaya a privatizar el servicio: "seguirá siendo público, no hay ninguna privatización", asegura, frente a las críticas de EH Bildu

Las mancomunidades guipuzcoanas pagarán entre 120 y 125 euros por tonelada por el servicio de gestión de la basura que prestará la futura incineradora de residuos. El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha adelantado el impacto que la construcción del centro de gestión de residuos tendrá sobre la tarifa en una comparecencia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde ha descrito el modelo de gestión del futuro complejo de residuos de Zubieta.

Los 120-125 euros formarán parte del coste total que pagan la mancomunidades por la gestión, no serán “extras”, según ha apuntado. Actualmente, el citado coste total es de 157 euros por tonelada. Pero no está claro aun el coste futuro total. Cuando la incineradora esté en marcha -e incluidos los 120-125 euros de la incineración- las autoridades guipuzcoanas no saben si el precio subirá o bajará respecto a estos 157 euros actuales.

La oposición ciudadana a la construcción de la incineradora de Zubieta sigue articulándose. El pasado 28 de febrero, un total de siete marchas arrancaron desde otras tantas localidades guipuzcoanas para confluir en el lugar donde está prevista la construcción de la incineradora de Zubieta para pedir la paralización de esta infraestructura que consideran “absurda”, “cara y ”contaminante“ 

El consorcio GHK apostará por una “fórmula público privada” de gestión, que consistirá en licitar un contrato de concesión de obra pública, ha informado la Diputación en un comunicado. Una empresa privada será la que financie íntegramente “a su riesgo” las obras, a cambio de la explotación de las infraestructuras durante un plazo de entre 30 y 35 años.

GHK abonará, bajo la fórmula de “pago por disponibilidad”, a un “precio cerrado previamente” por el servicio de tratamiento de residuos que se ofrecerá en el centro, “siempre y cuando se cumplan con los parámetros de plena disponibilidad de las infraestructuras, recuperación de materiales reciclables, indicadores de calidad y emisiones y parámetros de mantenimiento”.

Segunda fase, 35 millones de euros

La planta contará con una incineradora con dos líneas y una capacidad de 200 toneladas anuales, que producirá electricidad para unos 45.000 hogares; un centro de tratamiento mecánico-biológico para recuperar materiales reciclables en la fracción resto; una planta de biometanización; y un centro de valoración de escorias. En la primera fase, cuya licitación está en marcha con un presupuesto de 200 millones de euros, se construirá la planta de valorización y el centro TBM.

La Diputación prevé licitarlo en primavera y adjudicar la concesión a finales de septiembre, para que las obras puedan comenzar antes de fin de año. El coste de la segunda fase será de 35 millones de euros y se licitará a finales de 2016. Asensio ha respondido a las críticas de Bildu sobre la “privatización” de la incineradora, al asegurar que actualmente las mancomunidades guipuzcoanas “tampoco gestionan los residuos directamente, sino que lo hacen a través de una concesión”, tal y como se hará con el complejo de Zubieta.

GHK garantizará que la planta funcione y se gestione correctamente, por lo que “el servicio seguirá siendo público, no hay ninguna privatización”, ha insistido Asensio.

El diputado de Medio Ambiente ha asegurado que la Diputación no regalará el dinero, como mantiene EH Bildu, partido al que ha reprochado que sí regaló dinero “cuando pagó una indemnización a unas empresas por no hacer nada”.

El viceconsejero vasco de Empleo y Trabajo, José Andrés Blasco, no cree en Lanbide y su papel para intermediar en el mercado laboral, En una jornada en Bilbao ha reconocido que observa a familiares suyos jóvenes que “están permanentemente en portales de empleo en Internet y ni se les pasa por la cabeza apuntarse en Lanbide  -el servicio vasco de empleo- para buscar un empleo, entre otras cosas porque poco se encuentra ahí”, ha afirmado.

El representante del Gobierno Vasco ha defendido que el papel de la Administración vasca, que no tiene competencias en materia de legislación laboral, sea el de fomentar el empleo y facilitar la intermediación laboral entre empresas y desempleados, así como la búsqueda que se demande de trabajadores con una cualificación específica con el fin de apoyar la competitividad empresarial.

Según ha dicho, la intermediación laboral no puede ser “como en los tiempos del Inem cuando se creó, que lo que hacía la Administración era controlar”. A su juicio, hay que cambiar el paradigma y pasar a ser una Administración que “preste servicios a las empresas” en este ámbito, “asumiendo que la intermediación es plural” y en ella participan distintos agentes privados. Euskadi gasta anualmente en Lanbide 461 millones de euros y está lejos aun del objetivo de intermediar en el 5% de los contratos en Euskadi.

Durante la apertura de una jornada en Bilbao sobre el futuro del mercado laboral vasco, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la empresa Adecco, el viceconsejero se ha referido al nuevo modelo de relaciones laborales propuesto la víspera públicamente por Confebask.

Además, ha valorado hoy que la patronal vasca Confebask haya planteado un cambio en el modelo de relaciones laborales, pero ha señalado que “el esquema que salga” debe ser “fruto de un acuerdo” entre las partes implicadas.

La organización empresarial apuesta por un modelo basado en la colaboración de las partes y la participación en el proyecto empresarial y aboga por ligar las retribuciones a la productividad, los resultados de las empresas y el desempeño individual.

EH Bildu ha reclamado que el Parlamento "exija una rectificación pública" del Ejecutivo vasco y "repruebe" al responsable del portal gubernamental Irekia, Luis Petrikorena, porque lo ocurrido "es una falta muy grave"

El sondeo preguntaba "si los extranjeros que vienen a trabajar deberían ser expulsados si se quedan en el paro durante un tiempo"

Erkoreka tacha de "pequeña polémica" la retirada de estas preguntas y ha asegurado que son "habituales en las investigaciones sociológicas que intentan captar la percepción y posición de la ciudadanía en relación con el fenómeno de la inmigración"

El Gobierno vasco ha retirado una encuesta de su web Irekia después de que la coalición EH Bildu hubiese denunciado que alguna de sus preguntas contribuía a trasladar un mensaje “xenófobo. El sondeo estaba inicialmente abierto hasta el día 1 de mayo, según reflejan las capturas de pantalla aportadas por EH Bildu en un comunicado, aunque ya no está disponible en el portal de Irekia, según ha admitido el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka

La retirada de la encuesta de la web de transparencia del Gobierno vasco ha sido dada a conocer por EH Bildu este martes, después de que la coalición criticara el carácter “xenófobo” de dicho sondeo. EH Bildu había denunciado que la encuesta “alimenta la xenofobia y el racismo”, al contribuir a “a extender un mensaje favorable a limitar los derechos de las personas inmigrantes”.

EH Bildu ha solicitado que el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y del responsable de Irekia y director de Gobierno abierto, Luis Mari Petrikorena, comparezcan en el Parlamento vasco para ofrecer explicaciones por este asunto. Además, ha reclamado que el Parlamento “exija una rectificación pública” del Gobierno vasco y “repruebe” a Petrikorena porque lo ocurrido “es una falta muy grave”. Asimismo, la coalición pide que la Cámara “repruebe el uso de herramientas públicas para generar opiniones racistas, xenófobas y clasistas en la sociedad vasca”.

El parlamentario Igor López de Munain ha criticado, en un comunicado, que dicho sondeo preguntara “si los extranjeros que vienen a trabajar deberían ser expulsados si se quedan en el paro durante un tiempo”. López de Munain ha destacado que esta pregunta “no solo es absolutamente reprochable por su carácter racista y clasista, sino que es una clara instrumentalización para generar una opinión pública a favor de la limitación de derechos a las personas inmigrantes”.

Por ese motivo, ha acusado al Gobierno vasco de “acercarse al discurso de los partidos europeos de ultraderecha” o a los “ataques xenófobos y racistas” del exalcalde de Vitoria y actual vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, quien el pasado año acuso en reiteradas ocasiones a las personas magrebíes de “vivir de las ayudas sociales” y de no querer “trabajar ni integrarse”.

Respuesta de Erkoreka

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado este martes que el Ejecutivo ha retirado de la web Irekia y del “resto de redes sociales” una encuesta sobre inmigración en la que se preguntaba si 'hay que expulsar a extranjeros que se quedan en el paro', y ha explicado que las preguntas no eran “invención” del Gobierno, sino que habían sido “literalmente reproducidas” del material “científico-sociológico” con el que trabaja Ikuspegi “sin la oportuna y necesaria contextualización” para ser utilizadas en una web de participación ciudadana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, Erkoreka ha hecho referencia a la denuncia realizada por EH Bildu, quien alertó de que alguna de las preguntas de la citada encuesta contribuía a trasladar un mensaje “xenófobo”, al preguntar la postura de los ciudadanos ante la siguiente afirmación: “si los extranjeros que vienen a trabajar deberían ser expulsados si se quedan en el paro durante un tiempo”.

El consejero ha calificado de “pequeña polémica” la retirada de estas preguntas y ha asegurado que son “habituales en las investigaciones sociológicas que intentan captar la percepción y posición de la ciudadanía en relación con el fenómeno de la inmigración”.

Según ha explicado, las cuestiones han sido “literalmente reproducidas” del material con el que trabaja Ikuspegi, Observatorio vasco de la inmigración de la UPV/EHU. “Son literalmente una reproducción de las preguntas que utiliza en sus encuestas esta entidad desde el año 2007 en su barómetro anual sobre percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera”, ha reiterado.

En este sentido, ha destacado que las preguntas no eran una “invención” del Gobierno, sino que “formaban parte de una dinámica de investigación sociológica avalada por la propia universidad”. y ha subrayado que preguntas “similares” se ha formulado por parte de otras instituciones y entidades de investigación sociológica de naturaleza pública cuando han abordado estudios de campo sobre la inmigración, entre las que ha citado el Centro de Investigaciones sociológicas del Gobierno central.

El Tribunal de Cuentas ha dejado visto para sentencia el juicio contable contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el secretario Sectorial del PP, Javier Maroto, y los miembros del equipo de gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007 por el alquiler de unas oficinas, un caso en el que no acusa la Fiscalía. El máximo responsable del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, ha reconocido en una entrevista en ETB la situación de “incomodidad” por el citado juicio y espera un desenlace cuanto antes mejor. La Fiscalía finalmente se retiró por sorpresa y no acusa en este proceso que se ventila fuera de la jurisdicción ordinaria.

Este tribunal ha estado investigando el alquiler por 20 años de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la vitoriana calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales, y este lunes ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso -entonces alcalde- ni Maroto -que era concejal de Hacienda-, a quienes acusan los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

El contrato obligaba al consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una “responsabilidad contable” por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE-EE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La Fiscalía no acusa

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado, no sin antes recordar que quienes ahora acusan estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y no dijeron nada.

Y ha indicado que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y, por eso, en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de aquella época.

El alto tribunal deberá ratificar lo que ha quedado probado durante la fase de instrucción, ese supuesto quebranto económico a la ciudad y la responsabilidad contable de Alonso y Maroto o si finalmente quedan absueltos de los cargos.

Los altos cargos del Ejecutivo de Urkullu y de los organismos autónomos tiran de tarjeta oficial, pero cada vez menos, según la información suministrada por el Gobierno vasco a petición del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. Casi medio millón de euros se han cargado a estas tarjetas oficiales de crédito/débito en diferentes Departamentos del Gobierno vasco y entidades oficiales en 2014 y 2015, según la documentación a la que ha tenido acceso el diarionorte.es.

El mayor gasto recogido en la información que ha comenzado a remitir el Gobierno a la Cámara vasca a preguntas de UPyD corresponde a la Fundación Hazi, dedicada al sector primario, con más de 150.000 euros cargados en gastos en sus tarjetas. Destacan también los cargos efectuados por los directores y las secretarias de dirección a las cuatro tarjetas de Eusko Trenbideak, con más de 105.000 euros, y los más de 98.000 euros admitido por los responsables de Basquetour, organismo dedicado a la proyección turística de Euskadi en el exterior.

En concreto, la sociedad pública Hazi, dedicada al desarrollo rural, litoral y alimentario, ha sumado más de 152.000 euros en gastos de representación de sus dos principales responsables durante los años 2014 y 2015. Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que dirige Arantxa Tapia, imputa a su director gerente gastos de representación por valor de 139.529 euros y de 12.500 al responsable de Prospectiva, Redes y Programas Europeos.

En el caso de Eusko  Trenbideak/Ferrocarriles Vascos hay que precisar que aunque, en 2014 y 2015, sus responsables -el director general, el director de explotación y las tres secretarias de dirección- cargaron a las cuatro tarjetas oficiales un total de 105.948 euros, el grueso del gasto se computó en la contratación de los viajes del personal laboral realizado por una de las secretarias de dirección y los viajes del director general y del presidente del citado organismo, según se detalla en la información remitida al Parlamento vasco.

Otro ejemplo de uso de tarjetas oficiales es la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (SPRI), que cuenta con una docena larga de tarjetas con un gasto superior a los de 80.000 euros.

Consejeras con tarjeta

No todos los consejeros del Gobierno vasco manejan tarjeta. En la información enviada a la Cámara se precisa que los Departamentos de Seguridad (Estefanía Beltrán de Heredia), Empleo y Políticas Sociales (Ángel Toña y antes Juan María Aburto), Hacienda y Finanzas (Ricardo Gatzagaetxebarria) se asegura que “nadie tiene asignada ninguna tarjeta de crédito o débito”. No es el caso del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, en el que su consejera, Ana Oregi, reconoce haber cargado en su tarjeta oficial 2.736,3 euros en 2014 y otros 1.475,2 euros en 2015. Ni tampoco el de Departamento de Salud, que lidera Jon Darpón, que ha cargado 2.053,91 euros en 2014 y solo 282,21 euros el año pasado.

La titular del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, revela que ha cargado a su tarjeta oficial 7.826,67 euros en los dos años. De ellos, 2.998,18 euros se corresponden a un viaje oficial que realizó a China en abril de 2014 y cuyo regreso tuvo que adelantar debido a la muerte repentina de su padre. El billete de avión que pagó con la visa oficial ascendió a 1.970,02 euros. Salvo ese caso, el gasto más alto no supera los 1.000 euros (927,43 euros, exactamente, en el mes de octubre de 2014)

Y tampoco todos los altos cargos de los organismos autónomos o ligados a las consejerías cuentan con tarjetas oficiales. Así, entre otros organismos en los que no hay tarjetas habilitadas, se enumera en la documentación oficial remitida a UPyD a Emakunde y al Instituto de la Memoria, de la Convivencia y los Derechos Humanos (ambos dependientes orgánicamente de la Presidencia del Ejecutivo), la Academia Vasca de Policía/Arkaute -que depende de Seguridad- o Kontsumobide.

El objetivo de la iniciativa parlamentaria del portavoz y único representante de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, es controlar el buen uso del dinero público por parte de los responsables de los organismos oficiales gubernamentales y ampliar al máximo la transparencia en las Cuentas públicas.

El director general de la Orquesta de Euskadi gastó más de 18.000 euros en 2014 y 2015

Entre los organismos, empresas y fundaciones dependientes del Departamento que dirige Cristina Uriarte está el Instituto Etxepare, que dirige Aizpea Goenaga y en el que también trabaja en el campo de la promoción y difusión del euskera la directora del ramo es Mari Jose Olaziregi. Ambas cuentan con tarjeta de crédito oficial y según la información aportada por la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, a preguntas del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, la directora general cargó un total de 35.882,51 euros en 2014 y 2015 a la tarjeta del Instituto Etxepare (14.270,72 euros en 2014 y 21.611,79 euros en 2015).

Los gastos más elevados se produjeron en octubre de 2014, mes en el que Goenaga gastó con la tarjeta oficial 7.225,82 euros, y en diciembre de ese mismo año, con uno cargos que se elevaron a 3.276,04 euros, y en julio de 2015, cuando la directora general gastó 3.641,95.

Parte de las labores de promoción y difusión del euskera se desarrollan fuera de Euskadi y ambas responsables están obligadas a viajar al exterior en numerosas ocasiones, lo que puede explicar estos gastos.

Algo que también le ocurre a la Orquesta de Euskadi. La sociedad pública Orquesta de Euskadi dispone de una tarjeta de crédito a nombre del director general, Oriol Roch Izard. A lo largo de 2014 y 2015, este director cargó a la citada visa gastos por un valor de 18.541,20 euros, según la información oficial facilitada por la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, a preguntas del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

Solo en los meses de marzo y mayo de 2014, el director cargó un total de 3.980,35 euros a la tarjeta de crédito oficial, mientras que la cantidad ascendió a los 4.308,79 euros en los meses de enero y febrero de 2015, según la citada respuesta oficial.

La dirección de EITB gastó a través de las tarjetas de crédito oficiales más de 21.000 euros en los años 2014 y 2015, según la información oficial aportada por el ente público al Parlamento a preguntas del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. En concreto, en 2014 entre la dirección de ETB y la dirección general, que encabeza Maite Iturbe, la gerencia y en mucho menor medida la dirección de la radio y la direccion de estrategia gastaron más de 9.100 de euros, mientras que al año siguiente la suma se acercó a los 12.000 euros.

El grueso del gasto corresponde a las tarjetas adscritas a la dirección de ETB y a la dirección general y, en menor medida a la gerencia. Así la dirección de ETB pagó con tarjeta en 2014 un total de 2.733,84 euros y la cantidad subió a 4.760,83 euros en 2015. En el caso de la dirección general las cantidades fueron de 3.446,07 en 2014 y de 4.059.46 en 2015. En esos mismos años, la tarjeta adscrita a la gerencia del ente público gastó 1.839,41 euros en 2014 y un total de 2.287,42 en 2015, según la información oficial aportada al Parlamento vasco ante las preguntas formuladas por el representante de UPyD.

Esos datos contrastan, por ejemplo, con lo gastado por la dirección de la  radio pública que fue de 231 euros en 2014 y 151 euros en 2015.

Los dos gastos más elevados se produjeron en el mes de diciembre de 2014 y de 2015 cuando con la tarjeta de la dirección de ETB se pagó en total 744,47 euros el primer año y 688,76 euros en 2015. 

Los dos altos cargos de la sociedad Hazi, dedicada al desarrollo rural, litoral y alimentario, gastaron con las tarjetas Visa del Gobierno en vuelos y hoteles

La sociedad pública Hazi, dedicada al desarrollo rural, litoral y alimentario, ha sumado más de 152.000 euros en gastos de representación de sus dos principales responsables durante los años 2014 y 2015. Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que dirige Arantxa Tapia imputa a su director gerente gastos de representación por valor de 139.529 euros y de 12.500 al responsable de Prospectiva, Redes y Programas Europeos.

Ambos emplearon las tarjetas Visa pertenecientes a la Administración para este tipo de gastos derivados de la gestión diaria de la empresa, como “vuelos, hoteles y compras por Internet”, según apunta el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida a la Cámara vasca. En  el caso del director gerente, hay algunos meses con cargos por encima de los 10.000 euros. Es el caso de octubre de 2014, donde figura un gasto de 17.666 euros.

Según esta documentación, el responsable de Prospectiva, Redes y Programas Europeos viaja “asiduamente” a Bruselas y otras capitales europeas. Por eso, se solicitó para él una Visa y así facilitarle “su quehacer diario en cuanto a pagos cotidianos”.

Parques tecnológicos

Por otro lado, los gastos de representación por medio de tarjeta Visa de los responsables de los parques tecnológicos ascendieron a 41.000 euros en los años 2014 y 2015. De esta cantidad, 29.434 correspondieron al parque de Bizkaia; 8.001 al de Gipuzkoa y 3.633 euros al de Álava.

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha decidido no imponer ninguna sanción contra dos ex altos cargos del PNV que, según su investigación interna, habían cobrado salarios públicos por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo. La Inspección, según fuentes del organismo, ha desistido de las medidas propuestas en su informe, como multas económicas y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados, tras el reciente archivo del caso en la vía penal.

Este caso, que empezó a ser investigado a finales de 2013, afectaba a dos destacados miembros del PNV: Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves, que ocuparon el cargo de adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra,  dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao. Camino fue estrecho colaborador del actual presidente del PNV Andoni Ortuzar durante el periodo en el que cobraba de la sociedad pública Ibarzaharra y luego fue director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín a los peneuvistas, y ahora es asesor de este partido en las Juntas Generales de Bizkaia. Nieves fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao.

La Inspección de Trabajo de Bizkaia determinó, en marzo de 2014, en un contundente informe, que “pese a la falta de prestación de servicios” Iñigo Camino cobró 89.580,74 euros (incluidos incentivos) entre abril de 2008 y septiembre de 2009 (cuando se dio de baja para ocupar el cargo de director de Deia), en lo que califica de “carácter simulado de la relación laboral”. El informe concluía que “ha quedado acreditado” que no existía “ninguna relación con el cargo al que teóricamente debería auxiliar”, en alusión al gerente de la sociedad Ibarzaharra. Destacaba que Camino no aporta “ninguna documentación que pueda sustentar ni siquiera mínimamente la actividad laboral que haya podido desempeñar”.

En el caso de Juan Cruz Nieves, quien figuró como adjunto a la gerencia durante tres años (desde marzo de 2011 a febrero de 2014, cuando se dio de baja semanas después de que este caso fuera desvelado por el diarionorte.es), el acta de la Inspección señalaba que percibió igualmente un total de 162.714,93 hasta octubre de 2013, “pese a la falta de prestación de servicios”. Ahí no se incluyen las nóminas de los últimos meses hasta febrero de 2014 ni el finiquito de su baja, con lo que la cantidad total rondaría los 200.000 euros.

“Un puesto que no se ejerce”

El acta de la Inspección concluía que “ha quedado acreditado, de nuevo, el carácter simulado de la relación laboral toda vez que en un periodo de 35 meses tan solo se puede acreditar documentalmente la participación del afiliado en cinco reuniones de la empresa” y sin que Nieves, al igual que “su predecesor Iñigo Camino haya acudido al centro de trabajo o haya mantenido relación significativa con el gerente de la empresa”. De hecho señala que carecía de correo electrónico de la sociedad, a diferencia de los otros dos empleados que sí acudían a su puesto (el gerente y la secretaria). Juan Cruz Nieves cumplió además 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo. Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de este diario se difundió su irregular situación laboral.

El Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, pidió en 2011 que se suprimiera un puesto “que no se necesita y no se ejerce” pero la petición no fue atendida por las otras instituciones de Ibarzaharra, el Gobierno central, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.

El contundente informe de la Inspección motivó la intervención de la Fiscalía, que vio indicios de delito penal (malversación de caudales públicos y fraude) y envió el caso a un juzgado en 2014. Desde que se difundió el caso, las presiones para archivarlo han sido múltiples y variadas. Según distintas fuentes de la investigación, altos cargos del Gobierno vasco, en  la actual legislatura ya dirigido por el PNV, presionaron a la Inspección de Trabajo de Bizkaia para modificar el informe y también hubo gestiones en instancias políticas. En la fase de la instrucción judicial, tanto el Gobierno vasco como la Diputación vizcaína se han afanado en enviar documentos para probar (al contrario de lo que mantenía el anterior Gobierno vasco)  que Camino y Nieves si trabajaban pese a que el entonces gerente de Ibarzaharra (quien fue despedido pocos meses después de difundirse el caso)  declaró en el juzgado que nunca “vio el pelo”  a Camino en las oficinas de la empresa y, sobre Nieves, que solo se acreditó su participación en cinco reuniones.

El acta de Inspección propuso imponer una sanción contra Caminos y Nieves “por simulación de la relación laboral” así como contra la empresa y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados. Tras este informe, el caso pasó a la Fiscalía, que, después de estudiarlo y ver indicios de delito penal (fraude a la Seguridad Social y malversación de fondos públicos), lo envió a un juzgado de Barakaldo para la instrucción judicial.

En agosto pasado, la Fiscalía cambió de criterio y solicitó el archivo de la causa. El fiscal citó a varios testigos durante la fase testifical para reafirmarse en que Nieves y Camino cometieron delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación pero en la sesión testifical no compareció. Es decir, sus propios testigos se encontraron solos frente a las defensas de los dos imputados. Como era previsible tras el giro de la Fiscalía, el juzgado de Barakaldo que investigó el caso decidió archivarlo en septiembre pasado al considerar que tanto la documentación existente como las pruebas testificales practicadas resultan “insuficientes” para afirmar que no existió “actividad laboral por parte de los dos contratados y que ”los contratos fueron simulados“.

La Inspección de Trabajo de Bizkaia, tras el archivo de la vía penal, ha decidido no continuar la vía laboral con sanciones a los dos ex altos cargos, como proponía el informe de los inspectores. Fuentes de la Inspección creen que, tras un informe tan contundente como el de este caso, además de dejar en evidencia el trabajo de los inspectores, se coarta la labor de control de posibles fraudes laborales. La Inspección no ha querido comentar nada de este asunto y se ha limitado a remitirse, al tratarse también de un tema de la Seguridad Social, al Gobierno central, competente en ello. La Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, también consultada por este diario, ha rehusado igualmente aportar información ni valoración alguna.