El “caso Cifuentes” apunta hacia el peligro que representan para la ética pública las universidades cuando aceptan convertirse en simples estancos expendedores de títulos, algo que pervierte la esencia misma de la Academia y que debería movernos a adoptar medidas para su reversión. Apuntado esto, indico también que no entraré ahora a analizar la conducta de doña Cristina Cifuentes ni haré conjeturas sobre su mayor o menor grado de implicación directa en las extrañas actuaciones administrativas que la llevaron a estar en posesión de un máster otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos sin haber realizado aparentemente grandes esfuerzos intelectuales para merecerlo; tampoco quiero valorar el comportamiento de aquellos profesores y funcionarios que al parecer la ayudaron en su sorprendente logro. Lo que me preocupa especialmente es analizar el resabio antidemocrático que desprenden los hechos que hemos ido conociendo gracias a las indagaciones periodísticas.

¿Un político debe estar en posesión de títulos universitarios? Entiendo que no es imprescindible, porque el representante (que no dueño) de la ciudadanía debe ante todo cumplir unas condiciones elementales: conocer lo que pasa en su circunscripción y estar bien enraizado en ella, no robar el dinero público, ser accesible, y gozar de una buena dosis de sentido común que, como decía Descartes, es el sentido mejor repartido entre la humanidad. Nuestro problema es que, como rémora del franquismo y de su rechazo frontal a las ideas de democracia e igualdad, los segmentos sociológicos que han apoyado al Partido Popular han seguido encantados con la visión tecnocrática del mundo, según la cual los cargos públicos vienen reservados a quienes por su formación elevada deben ser considerados como “mejores” que el resto, entendiendo equivocadamente que acceder a la presidencia de una Comunidad Autónoma o a un escaño en el Congreso es tarea equivalente a la de aprobar una oposición con el número uno de la promoción. En el universo reaccionario del franquismo se fomentaba el entendimiento de la política como equivalente a “politiquería”, actividad despreciable que solamente podía dignificarse si quien llegaba a ella venía avalado no por el voto de la masa amorfa sino por la fuerza de su currículum que encandilaba al dictador.

Esta visión era compartida por el fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, quien formó un partido de notables trufado con caciques y tecnócratas. Pero aquel proyecto no podía ganar unas elecciones con su tufo netamente clasista, y por ello José María Aznar lo reconvirtió en Partido Popular y lo estructuró como una organización compacta, jerárquica y disciplinada, con una cadena de mando y unas posibilidades de ascenso que estaban en proporción directa a la obediencia mostrada. Esta opción abrió la puerta a mujeres y hombres ambiciosos que podían hacer una carrera profesional larga en la política, si se mostraban fieles a los tics sociológicos heredados, entre los que se encuentra la exhibición de méritos que agraden a los votantes de la derecha tradicional, encantados de poner la gestión de los asuntos públicos en las manos de quien se supone que tiene un derecho adquirido a estar en política como premio a su supuesta valía académica y/o profesional previas.

Evidentemente, hecha la ley, hecha la trampa. No sólo resulta que numerosos cargos del PP han falseado sus currículum; es que además parece que existía una auténtica trama montada con catedráticos amigos que servía para dotar de títulos a todos quienes apuntaban buenas maneras en la organización. Contabilidad en B, estudios en B; la hipocresía, el afán de aprovecharse de toda oportunidad que pasa por delante, aparentar lo que no se es. Cifuentes nos confirma que existe en el PP una doble moral, no sólo para el manejo del dinero sino para la construcción de una imagen pública de solvencia profesional que no se corresponde con la realidad. El PP no aglutina a los mejores, a los más ricos, a los más listos. El PP simplemente ha funcionado como una gigantesca Empresa de Trabajo Indefinido en la que la apariencia lo era todo. ¿Cuántos no recuerdo, no figura, no aparece vamos a conocer en el próximo futuro?

La destitución de Mariano Rajoy ha reforzado la separación de poderes en nuestro país y ha servido para recuperar el papel central del poder legislativo previsto en el diseño constitucional

El desenlace de la moción de censura, pese a ser susceptible de diversas lecturas, evidencia que la destitución de Mariano Rajoy ha reforzado la separación de poderes en nuestro país y ha servido para recuperar el papel central del poder legislativo previsto en el diseño constitucional.

Ante la exigencia de elecciones planteadas por algunos políticos y sectores de comunicación, conviene recordar que nuestra máxima norma sigue el llamado modelo jacobino, según el cual el poder legislativo goza de una preeminencia legitimada por su carácter de representante directo de la soberanía nacional, razón por la que interviene en la designación de los integrantes del órgano superior de gobierno judicial y elige al jefe del poder ejecutivo. La investidura de un presidente del Gobierno requiere del plácet del Congreso, y su permanencia en el cargo acaba abruptamente cuando esta cámara le niega la confianza o aprueba una moción de censura.

Este esquema lleva mucho tiempo retorcido por prácticas abusivas y contramensajes mediáticos que nos llevan a actuar como si el marco constitucional fuera otro. El indudable carisma de Adolfo Suárez y las inmensas expectativas de cambio suscitadas en su día por Felipe González abrieron el camino a una perversión de la lógica política, consistente en actuar como si el pueblo español eligiese directamente a sus presidentes del gobierno y les confiriese unas prerrogativas autónomas equiparables a las que ostentan los presidentes de las repúblicas de Francia o Estados Unidos. La consolidación del bipartidismo a partir de la década de 1980, por efecto de una ley electoral tramposa, nos llevaron a pensar que el juego político era un simple combate entre dos púgiles que se debían alternar periódicamente en el ejercicio del poder, con el consiguiente empobrecimiento del ideal de la democracia. Lo peor vino cuando la crisis de la socialdemocracia dejó un vacío momentáneo en el cuadrilátero que fue aprovechado por el señor Rajoy para retrotraernos a los tiempos de la autocracia, aquellos en que el mando lo ostentaba un poder ejecutivo que intentaba utilizar la judicatura como un simple Tribunal de Orden Público y convertir el Congreso en una reunión de obedientes próceres con funciones protocolarias.

Ante este panorama se conoció la sentencia del caso Gürtel, y se hizo evidente para todo el mundo que Rajoy no podía seguir al frente del gobierno: contra toda lógica, don Mariano se enrocó en su negativa a asumir responsabilidades, al tiempo que Ciudadanos intentaba sacar partido del buen viento demoscópico planteando el adelanto electoral como única salida a una legislatura que proclamaron “difunta·. Llegaba así la gota que colmaba el vaso de la paciencia parlamentaria, porque es inaceptable que las faltas del jefe del ejecutivo deba pagarlas el poder legislativo que le ha colocado donde está y tiene la capacidad para deponerlo cuando no cumple. Es M. Rajoy, y no el Congreso, quien debía explicarse ante la sociedad, y por ello 180 diputadas y diputados de un amplio arco ideológico hemos apoyado una moción de censura para poner punto final a la tolerancia ante la corrupción institucionalizada. Sin unas exigencias programáticas previas, sin un acuerdo de reparto de cuotas preliminar.

Ahora Pedro Sánchez está al frente de un gobierno que podrá agotar lo que resta de legislatura, siempre que busque el consenso. Se ha frustrado la doble aspiración ilegítima de la derecha, que era proporcionar una salida airosa a Rajoy al tiempo que liquidaba una cámara dominada por una mayoría contraria al autoritarismo presidencialista y favorable a mantener el marco plural del ejercicio parlamentario. Finalmente, el poder legislativo ha sido capaz de salvarse a sí mismo ante la amenaza de la involución. Ahora nos corresponde seguir trabajando para mantener la conexión del Congreso con las auténticas demandas de la calle, aquellas que nos piden mejorar la vida de las personas y huir de las proclamas que invocan continuamente la Constitución mientras que pervierten su esencia.

La RASD únicament té un 4% de població analfabeta, xifra excepcional si es compara amb la majoria de països de l'entorn, i més notable encara si pensem que la formació religiosa s'imparteix fora de l'escola, a centres religiosos no infectats pel sectarisme wahabista, i on els imanes es limiten a la funció espiritual però sense tindre seguidors polítics.

Això és obra d'una voluntat col·lectiva que veu en la formació la millor arma contra la desesperació. Malauradament, 42.000 xiquets i xiquetes reben l'ajut dels programes de la Mitja Lluna Roja Sahrauí, en un context de disminució de les aportacions de la comunitat internacional: l'any 1998 la UE donà 17 milions d'euros anuals, però a hores d'ara sols aporta 9 milions. Paral·lelament, el govern central espanyol encara donava 10 milions d'euros el 2010, per 4,5 milions en l'actualitat.

Totes aquestes xifres importen, perquè es tradueixen en una alimentació deficitària de la qual deriven problemes cronificats com l'anèmia, què afecta més del 61% de les dones embarassades i lactants. El Programa Mundial d'Aliments calcula en 23 milions d'euros les necessitats que conformen la “cistella bàsica alimentària” per al Poble Sahrauí, però si tot va bé rebran 12 al 2018. És una situació difícil, a la qual cal unir la manca d'aigua: el mínim seria de 18 litres per persona i dia, però els sahrauís només disposen de 10.

Un panorama de sofriment, més dolorós en l'època que el Marroc continua espoliant impunement els recursos del territori. I la manca d'expectatives provoca la fugida del valuós capital humà sahrauí, format al sistema sanitari cubà, cap altres llocs amb més perspectives. El 60% de la població dels campaments de refugiats sahrauís té menys de trenta anys, i això obliga a pensar en els problemes derivats d'una pressió demogràfica creixent.

La solidaritat és imprescindible però no és prou, i en això ens insisteixen tots els responsables d'entitats humanitàries amb els quals hem parlat. Ara toca política i visió dels interessos estratègics adaptats al temps actual. El reconeixement de la RASD és un deure ineludible del govern d'Espanya, i mostraria que ha entés la necessitat de comptar amb un aliat al Sahel que pot contribuir al progrés, al treball de la cooperació a Àfrica i a bloquejar l'avanç del fonamentalisme islamista. Sense dubte, són millors els espais vertebrats i amb una població empoderada, que no la desarticulació territorial.

Mentre Espanya es pensa si vol tindre altura de mires en algun moment, la vida continua als campaments, i les xiquetes i xiquetes aprenen a l'escola el castellà, el francés, l'àrab i el llenguatge de l'esperança en el futur.

Bir Lehlu és una població del desert fundada com a destacament de la Legió espanyola. Actualment acull a unes sis mil persones que escampen per la zona els seus ramats de cabres i camells, i s'abasteixen del seu pou d'aigua dolça. Estem a dos-cents vint quilòmetres de Tinduf, a l'extrem nord dels territoris alliberats per la resistència sahrauí, uns setanta mil quilòmetres quadrats, prop d'un terç del Sàhara Occidental.

Hem vingut a conéixer al President de la RASD, Brahim Ghali, i a saludar als centenars de delegats presents a la conferència extraordinària del Front Polisario per reestructurar la República, davant els nous reptes plantejats rere la deslegitimació formal del Marroc feta pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

A una jaima atapeïda de persones que representen a tot el poble en l'exili, podem comprovar que la construcció de les infraestructures de l'Estat avancen. Esta pensant-se el trasllat de la capitalitat de la RASD a Bir Lehlu, aprofitant l'aeròdrom que MINURSO, l'agència de Nacions Unides desplegada allà, hi manté operatiu. Un trasllat acompanyat del de la Universitat sahrauí, que serà igualment un punt d'atracció poblacional: Bir Lehlu, Tifariti, i altres llocs alliberats fins a arribar al sud, a l'Atlàntic, on els sahrauís ja poden seure davant la mar a l'estratègic punt del Guerguerat.

El més important, però, és recuperar el control sobre els seus recursos naturals: agricultura, pesquera, fosfats, minerals... Uns recursos imprescindibles per bastir un aparell d'Estat del Benestar, què mantinga escoles, hospitals i centres socials.

Ja comencen a cobrar imposts de duana als nombrosos camions que travessen la RASD en la ruta des del sud d'Algèria a Mauritània, països que afortunadament estan mamprenent un tràfec comercial cada cop més intens.

Si l'estat espanyol hi tinguera una política exterior intel·ligent, s'adonaria que els seus interessos estratègics impliquen assegurar l'espai del Sahel enfront de l'amenaça integrista i la desarticulació política i social què espanta l'emigració. I això implica reconéixer la tasca de les forces sahrauís en el control del contraban de haixix que prové del Marroc i què les màfies porten a Mali i Níger, on suposa una important font de finançament per Al Qaeda.

Una RASD estructurada pot contribuir a vertebrar el territori i aportar pau i progrés a la regió. Malauradament, el govern de Rajoy té prou de miopia per a veure més enllà, i sols es limita a mantenir l'statu quo amb el Marroc, pot ser pensant que els privilegiats de la monarquia veïna són els únics a qui ens interessa protegir.

Mentrestant, les xifres de la cooperació estatal espanyola van a la baixa, i al Poble Sahrauí, en augment poblacional, ha de confiar cada vegada més en la solidaritat de la nostra societat civil, a l'espera de la solució definitiva del conflicte què en algun moment proveirà la comunitat internacional.

Diem Sàhara Occidental a una porció mínima d'eixe immens desert, equivalent en grandària a la meitat d'Espanya, què s'hi troba acarada a l'Oceà Atlàntic tot just davant les Illes Canàries. Un territori grapejat; convertit en província pel franquisme, després entregat al Marroc sense demanar opinió a la seua població i per mig d'una violenta ocupació que va forçar la gent a fugir cap Algèria.

Actualment dos-cents mil sahrauís sobreviuen als campaments instal·lats al voltant de la ciutat algeriana de Tinduf, sense perspectives de retornar a la seua terra rere quaranta-dos anys d'exili.

Ara, però, s'han obert noves perspectives gràcies a dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que han deixat ben clar que no pertanyen al Marroc els recursos agrícoles i pesquers que extrau il·legalment del Sàhara ocupat, com tampoc ho són els fosfats ni la seua arena. L'explotació colonial, per tant, ha d'acabar; els estrangers interessats a fer-hi negocis hauran de tractar amb el Front Polisario com a legítim representant del Poble Sahrauí; i la gent hauria de poder tornar a les seues cases i governar, per fi, el seu propi destí.

En aquest moment de canvi, diputades i diputats de l'Intergrup del Congrés pel Sàhara acabem d'arribar a l'espai de la República Àrab Sahrauí Democràtica per portar la nostra solidaritat i, alhora, conéixer de primera mà la situació d'una ocupació que hauria d'acabar ja perquè atempta contra els Drets Humans i, com diu Nacions Unides, constitueix un cas de descolonització pendent.

Enric Bataller és diputat al Congrés.

Escric l'últim article del meu Quadern de Palestina ja a l'avió què ens porta a Madrid. Avui hem baixat fins a Jericó, a la vora d'un Mar Mort i un riu Jordà amb nivells molt baixos d'aigua a conseqüència de l'explotació agrícola intensiva que fan només deu mil colons repartits per trenta-cinc assentaments il·legals que concentren el gruix de la producció de dàtils que Israel exporta, sovint amagant-se baix l'etiqueta equívoca de “Producte de Palestina”, què tapa la realitat d'una usurpació incessant de les riqueses del poble palestí.

En el camí a Jericó hem travessat paratges desèrtics on sovint vèiem beduïns instal·lats amb els seus ramats a campaments formats per tendes i barraquetes de xapa què són contínuament destruïts pels ocupants, arrasant també instal·lacions fotovoltaiques i infraestructures escolars mínimes proveïdes per la cooperació internacional.

Torne a pensar en una idea que m'han repetit totes les persones, palestines i estrangeres, amb qui he parlat aquests dies: el projecte d'Israel passa per apropiar-se del màxim de terra i el mínim de població palestina, en ordre a obtindre els beneficis econòmics però sense assumir la responsabilitat d'oferir benestar i seguretat a la gent que ha estat ocupada. Avui, Cisjordània és un immens formatge de Gruyère on els assentaments de colons, els espais militars, els murs i carreteres segregades tenen l'efecte d'arraconar la població palestina a les ciutats, com passa a Betlem, on l'eixida dels seus dos-cents mil habitants cap a Jerusalem passa per una porta que pot tancar-se capritxosament.

La terra és la clau del problema: més del 40% de la superfície agrícola útil de Cisjordània és posseïda per Israel, mentre que els palestins estan comprimits en les pitjors terres i han de produir amb uns costs (d'aigua, de transports) molt superiors.

La discriminació provoca retrocés cap a situacions encara més negatives per a les dones: els cooperants espanyols amb qui hem parlat ens indiquen que la poligàmia, ja residual entre la població musulmana de Cisjordània, puja en canvi fins al 40% a les viles adjacents amb les colònies israelianes, perquè l'home què aconsegueix col·locar una esposa com a treballadora domèstica d'una casa de colons pot després col·locar fins altres tres esposes més, perquè ja seran treballadores referenciades. També ens recorden els psicòlegs cooperants que la humiliació infligida pels soldats a un pare de família en un control militar es trasllada sovint, en tornar a casa, en una agressió a la seua esposa, qui per la seua banda es mostrarà violenta amb els seus fills, i aquests també ho seran a l'escola amb els companys.

Pense en què és el que podem fer per deturar aquesta espiral destructiva de tota possibilitat de vida digna i gratificant. I he aprés que, ara, toca fer dues coses molt simples: reconéixer l'estat de Palestina per enviar un missatge de solidaritat moral a la seua gent, i mantenir un nivell important d'ajut humanitari per resoldre les necessitats quotidianes.

Això, i confiar en què el poble d'Israel se n'adone que no li convé continuar dipositant el seu destí en mans d'un govern què es llança de manera suïcida cap a la idea de l'estat-apartheid.

Enric Bataller és diputat de Compromís al Congrés

Per controlar la població palestina en localitats ocupades conflictives com Jenin, les Forces Especials israelianes tenien sempre el mateix modus operandi: localitzaven una casa ben situada, generalment en un punt alt, demanaven autorització al servei secret i, una volta obtinguda, preparaven l'assalt. A mitjanit, un escamot de sis soldats picava a la porta i, quan algú obria, pegaven una patada i es colaven ràpidament a la casa, en fila índia i distribuint-se per totes les habitacions traent del llit els seus habitants i, a la carrera, concentrant-los aterrits en un únic espai, fora la cuina, el bany o qualsevol altre, on quedaven custodiats constantment per un soldat que els amenaçava amb el seu fusell. Mentrestant, dos tiradors es posicionaven en els millors angles de la casa i, ben instal·lades les seues armes, entrava en acció el scout, qui tenia per missió mirar l'espai què els envoltava fins a localitzar blancs susceptibles de ser disparats. El escamot podia romandre a la casa fins a dos o tres dies.

Eixe va ser el servei militar de joves com Nadav Weiman, actualment professor d'institut a Israel, antic scout de les Forces Especials i membre de Breaking the Silence, una ONG pacifista formada per ex-soldats israelians que varen servir a Cisjordània i Gaza i que han decidit contar les seues pròpies experiències sobre la brutalitat desplegada per l'exèrcit ocupant.

Nadav no és un traïdor. Ell i els seus companys ho tenen clar: “Som israelians, amem a Israel, mataríem i moriríem per Israel, però no estem disposats a fer-ho per l'ocupació”. Són gent que ha descobert la naturalesa perversa de l'ocupació, que no està pensada per a donar seguretat a Israel, sinó com a instrument per a la vigilància, subordinació i sotmetiment del poble palestí.

Nadav ens conta la seua primera operació, on en la foscor va agafar el cos adormit d'un xiquet de dotze anys, del qui no pot oblidar la mirada espaordida que li va dirigir en obrir els ulls.

Coneguem la història de Nadav en primera persona, asseguts en les cadires d'un modestíssim centre social ubicat al cim d'una muntanyeta què, segons ens diuen, és el lloc fundacional d'Hebron, una ciutat palestina assetjada i arruïnada econòmicament per l'ocupació i els establiments il·legals però protegits d'uns quants centenars de colons.

Nadav ha vingut a contar-nos la seua experiència i la seua aposta inequívoca per la pau i la fi de l'ocupació, un sistema pervers que està servint per a fanatitzar també a la societat israeliana i fer-la renegar del liberalisme d'esquerres que, encara que ara no ho parega, estava en la base del seu projecte nacional original.

Per a moltes veus d'Israel, acabar amb l'ocupació suposa reconciliar-se amb la dignitat i la humanitat.

La societat palestina és prou patriarcal però ara, com abans, sempre ha tingut dones que han fet grans aportacions a la seua comunitat. És el cas de Nabiha Nasir que en 1924 va fundar una escola per a xiquetes que va mantindre molt de temps i que va ser la base sobre la qual, l'any 1972, es va fundar l'actual universitat de Birzeit, la principal universitat palestina.

En aquest centre estudien 14.000 persones i és una universitat que actualment està en el 3% de les millor qualificades al món. Els seus estudiants, una vegada han acabat la seua formació, estén ja escampats per tot el món en ser un centre de prestigi com Oxford, Cambridge o Harvard. És, a més, una universitat que té una gran incidència benèfica sobre la seua comunitat i que es preocupa per mantindre el seu tarannà liberal i per afavorir l'empoderament de les dones.

La universitat de Birzeit va estar tancada durant 15 voltes, al temps de l'ocupació militar, el període més llarg entre 1987 i 1992. En tots eixos moments de tancament, la universitat va beneficiar-se de la solidaritat de la comunitat palestina perquè mesquites, esglésies, edificis civils van acollir als seus estudiants perquè continuaren amb les classes i no s'interrompera la seua formació.

Actualment, un dels grans problemes que té Birzeit és la dificultat que posa el Govern d'Israel per a l'entrada de professors i estudiants estrangers, ja que no els dona una visa d'entrada per temps superior a 3 mesos; un període totalment insuficient per completar una bona estàdia de formació.

La universitat de Birzeit està treballant per fomentat la identitat palestiniana, està treballant per a portar un sentiment de satisfacció moral a la seua societat en donar eines per vèncer el tancament, per vèncer la repressió, per empoderar a les persones.

És molt important tindre en compte que el dia 22 de febrer quan el president Mahmud Abbas comparega en Brussel·les davant els ministres d'Afers Exteriors de la U.E i de la comissionaria europea Federica Mogherini, la persona que estarà compareguen serà un home de 82 anys, que encarna la història viva de la tragèdia contemporània del poble palestí però que al mateix temps no és homèricament representatiu de la majoria de la població palestina que està conformada per un percentatge per gent amb una edat inferior a 30 anys. És important que es faça una transmissió de la voluntat de resistir la identitat, de la voluntat de ser un poble i de viure dignament i aconseguint un respecte als drets humans i que això siga transmès a les generacions joves i que tinguen un objectiu en mantindre l'esperança en un futur millor. La formació superior i l'educació universitària és una eina molt important per aconseguir el creixement personal i tindre instruments per eixir de la ignorància en què potser alguns volgueren tindre a la població. L'exemple de Birzeit és un exemple de voluntat de superació, de resistència i de permanència.

UNRWA són les sigles de l'agència creada el 1949 per Nacions Unides amb l'objectiu d'atendre les persones què hagueren d'abandonar les seues llars a Palestina rere la creació de l'estat d'Israel. Actualment s'ocupa de cinc milions d'éssers humans que s'escampen pel Pròxim Orient, 850.000 solament a Cisjordània, un territori amb una superfície un poc superior a la de Cantàbria. A Cisjordània l'ajut de Nacions Unides és general i també sectoritzat: 48.000 xiquetes i xiquets reben educació bàsica, 200.000 persones tenen assistència sanitària, 66.000 es beneficien dels seus serveis socials... UNRWA proveeix de serveis propis d'un estat, però no ho és perquè no recapta imposts ni té un patrimoni propi per mantenir-se. Com es finança tot açò?

Parle amb Paz Fernández, directiva de l'Agència, a la seu central a Jerusalem Oriental, i coincidim en una doble preocupació: assegurar els fons adients per al treball diari, atés que Trump podria congelar l'ajut anual de 470 milions de dòlars que aporten els EE.UU, i establir un mecanisme per obligar l'estat d'Israel a indemnitzar el valor de les destruccions que causa en represàlies sobre béns oferits per les entitats de cooperació, i adquirits amb aportacions fetes per la solidaritat internacional.

El camp de refugiats de Jalazone es troba als afores de Ramalla, i allà s'amunteguen 15.000 persones en un quart de kilòmetre quadrat, situació que resulta especialment ofegadora quan es compara amb l'amplitud i comoditat amb què viuen els 6.000 colons israelians ubicats a l'assentament il·legal de Bet El, separat per uns quants centenars de metres.

Entre eixos dos mon, trobem l'escola d'ensenyament primari sostinguda per UNRWA, amb més de mil alumnes i quaranta-dos professors, alguns dels quals ens conten que pretenen seguir uns estàndards educatius internacionals i, alhora, mantenir la identitat palestina, on es barregen pacíficament cristians i musulmans. Cosa important: el programa acadèmic inclou ensenyament de Drets Humans i mecanismes de resolució de conflictes. El professorat forma part del contingent de 33.000 empleats d'UNRWA, palestins en la seua immensa majoria.

A més de l'escola, hi ha centres per discapacitats i persones majors, i espais amb iniciatives per formar les dones i millorar la seua situació en el si d'una societat encara prou patriarcal. I també trobem el centre de salut, un envellit local ben organitzat on el personal està content perquè, després de tindre la farmàcia prou desabastida durant dos mesos, per fi ha vingut un grapat de caixes de medicaments.

Per arribar a tots aquests llocs cal travessar carrerons estrets i torts, on les cases presenten un estat general prou dolent, i on abunden els solars plens de brutícia, coses totes lògiques quan l'atur passa del 30%, no existeix un estat protector, i on les successives generacions de cada família no tenen més remei que anar construint pisos rudimentaris sobre les simples cases de planta baixa originàries, atesa la impossibilitat física d'eixamplar en horitzontal el campament. Una situació molt opressiva que, malgrat tot, no evita les rialles infantils que escoltem per tot arreu en un dia de fred intens i vacances escolars.

*Enric Bataller i Ruiz, diputat al Congrés per València amb Compromís

Arribem de vesprada a Nabi Saleh, un poblet palestí d'uns 600 habitants, proper a Ramalla, la capital administrativa. Són solament 20 kilòmetres què ens han costat vora mitja hora de trajecte en un taxi què ens ha portat per una carretera plena de corbes i guals fins a enllaçar amb la ruta israeliana, ampla i perfectament mantinguda.

El poble es troba escampat damunt d'una muntanyeta, conformat per cases molt senzilles i separades unes d'altres. Cel gris, fa vent i cau una pluja molt fina. El taxista va preguntant fins arribar a la casa que busquem, una construcció d'una sola planta amb un tros de terreny al davant. A la porta està el seu amo, Bassem Tamimi, amb el gest seriós. Hem vingut a veure al pare d'Ahed Tamimi, la xiqueta de 16 anys que s'ha convertit en icona mundial de la jove resistència a l'ocupació, en donar-li una bufetada a un soldat israelià que havia entrat en la seua casa després de ferir molt greument un cossí seu de 14 anys.

Ahed no està ací, sinó a la presó d'Ofer, on ella i la seua mare es troben tancades a l'espera de la sentència del judici al qual acaben d'estar sotmeses per la jurisdicció militar israeliana. Un país curiós, perquè els colons israelians que han comés el mateix fet que Ahed són jutjats per tribunals civils i solament condemnats a uns pocs dies de privació de llibertat. Però Ahed és palestina dels territoris ocupats i, tot i ser menor d'edat i estar emparada pels convenis internacionals, s'enfronta a la possibilitat d'una dura condemna amb poques vies d'apel·lació.

No és l'única, perquè altres 300 menors s'hi troben en situació pareguda. Però, ens diu el seu pare, el cas d'Ahed s'ha fet conegut mundialment perquè la mentalitat occidental no està acostumada a veure com es reprimeix a una xiqueta d'ulls blaus, pell blanca i llarga cabellera rossa.

Escolte a Bassem i m'impressiona la seua dignitat i absència d'odi, la seua total lucidesa sobre la naturalesa colonial del conflicte que està castigant contínuament les seues vides. I llança reflexions colpidores. Recorda una frase de la seua filla: “No vull que plores per mi, perquè em fas una víctima. Vull que em veges com una lluitadora per la llibertat”. I parlant de la força de la seua pròpia esposa, apunta que per a Palestina és fonamental l'empoderament de les dones com a garantia de generacions futures fortes. Bassem desitja una Palestina com era abans, on convivien jueus, musulmans i cristians; i pensa que un judici per tribunal militar és simple maquillatge.

Ara està a l'espera de la sentència, aplomat però conscient de la dificultat de la situació, patint el drama que suposa viure sota l'ocupació.

*Enric Bataller i Ruiz, diputat de Compromís al Congrés per València

Cal una hora i mitja en automòbil per recórrer els 40 kilòmetres que separen Qalqilia del nostre allotjament. El viatge ha discurrit per una carretera on no pot entrar la policia palestiniana, i on ens hem d’aturar en alguns controls instal·lats per l’exèrcit israelià.

En eixir de Ramalla, tancaments de fil-en-pua i torres de control i, a l’esquerra, el gran assentament israelià de Beit El, què inclou també una base militar. Les colònies van construint-se a les zones més altes, per vigilar millor a la població local. A una vora i altra de la carretera tenim el contrast entre la vida còmoda dels colons i l’existència dels palestinians, molt més humil i entrebancada per les dificultats quotidianes que imposa l’ocupació, com per exemple la necessitat ineludible d’acaparar aigua en bidons per als moments de sequera.

Continuem viatge travessant terra farcida de bancals què sostenen oliveres, el símbol de Palestina, d’una gent que s’ha treballat dur la muntanya per traure-li el suc, explotant també les pedreres que sovintegen pel camí i què donen un material blanc i d’aparença arenisca què s’exporta als païssos del Golf Pèrsic i a Xina.

Passem davant de l’assentament israelià d’Ariel, on es va fer una enèsima demostració de prepotència en construir una universitat sobre territori ocupat il·legalment, amb l’oposició fins i tot del Consell de Presidents d’Universitats d’Israel. A l’entrada vegem cartells escrits en alfabet cirílic, segurament de difícil comprensió per a la població local, però no tant per a les onades d’emigrants russos que estan arribant a Israel.

L’entrada a Qalqilia recorda un poble de La Marina, plena de tarongers, llimeres i figueres, i molts vivers vegetals. Es nota que és una població agrícola.A l’ajuntament, l’alcalde ens fa la primera introducció a la realitat: el mapa municipal mostra una ciudad de 55.000 habitants envoltada en la seua quasi totalitat per un mur que, en alguns punts, arriba als 8 metres d’alçada, combinant el ciment i el fil d’aram.

L’entrada i eixida lliures es limita a una sola carretera, la què ens ha dut allà. Hi han algunes portes habilitades per a què els llauradors puguen eixir a treballar els camps, demanant permissos i soportant esperes d’hora i mitja, i prèvia identificació personalitzada. Estem, doncs, en un lloc sotmés a un règim opressiu, amb la peculiaritat, a més, de que un percentatge important de la població són famílies expulsades de localitats veïnes incloses a Israel rere la partició territorial de 1948. Sensació de tancament i enyorança es combinen, doncs.

Quan l’alcalde ens planteja les necessitats peremptòries de la població, alguns arribem a enrogir per la seua senzillesa: els llauradors volen lliure accés als seus camps, comunicacions més fàcils per abaratir costs i ser competitius, i que es control·len les destrosses causades en les collites pels porcs senglars en augment, perquè ells no tenen mitjans per fer-ho. I la població en general vol que l’autoritat ocupant desbloquetge la construcció de vivendes, que es puga accedir ràpidament a l’hospital de la zona, ubicat a Nablus, i que es normalitze l’accés a l’aigua. O siga, una vida digna per a unes persones que no deixen de mostrar-se esperançades en un possible futur millor.

*Enric Bataller i Ruiz, diputat al Congrés per ValènciaCompromís

Acabe d'arribar per primera vegada a Palestina, un país del qual creia que sabia molt però que m'està fent pensar que realment hi sóc encara un ignorant. El conflicte entre israelians i palestins està a la meua retina, des dels boirosos records infantils de la Guerra del Yom Kippur en telediaris en blanc i negre. Al llarg dels anys, la gent de la meua generació ens hem acostumat a imatges repetides de violència, bel·licisme, destrucció de vides i béns. Però al darrere, hi ha una societat civil què vol viure en pau i llibertat, i que necessita desenvolupar-se amb l'ajut imprescindible de la cooperació i solidaritat internacionals.

En representació de Compromís, forme part de la dotzena de membres del Congrés espanyol que venim a conéixer directament la situació actual de Palestina, precisament en un moment en què Donald Trump acaba de fer un altre pas contra els desitjos mundials de concòrdia, ara anunciant el trasllat de la seua ambaixada a Jerusalem.

Els problemes d'Israel i Palestina no són els propis de dos estats veïns enfrontats, sinó més bé els derivats d'una situació colonial que recorda l'apartheid de Sud-àfrica, què es basava en la compartimentació i segregació de la població autòctona fins a extrems inviables per a una subsistència digna. Una situació que hem confirmat a la nostra primera parada ahir a la ciutat de Qalqilia, cercada pel mur de la vergonya.

Precisament és contra el ghetto que ha de lluitar la comunitat internacional, per fer possible l'exercici efectiu de la sobirania palestina i l'èxit dels programes socioeconòmics, sanitaris i educatius finançats amb els diners d'ONGs i institucions estrangeres, entre les quals la Generalitat Valenciana també hi juga el seu paper solidari.

Toca construir i augmentar, i no haurien de ser temps per a murs, ferros ni repressió dels qui solament volen viure tranquils i lliures a la seua terra. Ací tothom està pendent de l'imminent judici a Ahed Tamimi l'activista de 17 anys que s'exposa a patir tota la cruesa del sistema judicial israelià, què manté empresonats altres 300 menors d'edat. Ahed s'ha convertit en un símbol de la lluita pels drets humans, i l'evolució del seu cas potser done pistes sobre la voluntat d'Israel per contribuir o no la necessària distensió.

*Enric Bataller i Ruiz, diputat de Compromís al Congrés per València

La importancia práctica de los grupos parlamentarios es reconocida actualmente por los Reglamentos vigentes en las Asambleas Legislativa de nuestro país, los cuales les otorgan un trato de favor como instrumento para el mejor ejercicio del derecho fundamental de participación política en su faceta indirecta, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española. Su importancia ha llevado incluso al reconocimiento de la capacidad procesal de los Grupos Parlamentarios, cuestión resuelta favorablemente por las SSTC 64/2002 y 251/2007, así como por la STS, Sala 1ª, de 30 de octubre de 2008 y la STSJCV, Sala de lo Contencioso-Administrativo, nº 718/2006, de 25 de septiembre.

Al amparo de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se constituyó la coalición A La Valenciana al objeto de presentarse exclusivamente en el ámbito de las tres circunscripciones valencianas, obteniendo en cada una de ellas un porcentaje de votos superior al quince por ciento, a saber, 22’03% en Alicante, 24’09% en Castellón, y 27’70% en Valencia, siendo la media de las tres provincias del 25’37%. Tal coalición nació con la voluntad de configurar un nuevo sujeto político que trascendiese a los partidos que la compusieron, algunos de ámbito estatal y otros de ámbito exclusivamente autonómico. Esta voluntad se plasmó igualmente en un programa electoral conjunto de mil puntos, diferenciado del de otras formaciones.

Consecuencia del carácter específico de A la Valenciana es que el Ministerio del Interior ha venido publicando sus resultados electorales con clara separación de los correspondientes a las restantes formaciones. Igualmente el Jefe del Estado, por intermedio de la Señora Presidenta del Congreso, convocó a audiencia a nuestro compañero Joan Baldoví en su condición expresa de portavoz de la citada coalición, y no de ninguno de los partidos que la componen.

Sabiendo ya que A la Valenciana es una realidad, cabe preguntarse si debe verse reconocida en un específico grupo parlamentario, y la respuesta ha de ser necesariamente positiva. El Reglamento del Congreso, guiado por un evidente criterio finalista, no otorga la posibilidad de conformar grupo a cualquier reunión de diputados electos, sino sólo a aquellas que ofrezcan un mínimo de representatividad que requiera un tratamiento favorecedor de su trabajo conjunto. En una Cámara formada por trescientos cincuenta diputadas y diputados, el artículo 23.1 de su Reglamento ha considerado que quince son suficientemente representativos para formar grupo, y, alternativamente, también lo serán cinco cuando hayan sido elegidos en candidaturas que hayan obtenido un mínimo del quince por ciento en las circunscripciones en que se hubieren presentado.

Y ello es así porque se ha venido entendiendo, con buen criterio, que la representatividad de las diferentes formaciones políticas no sólo debe medirse con respecto al número absoluto de diputados de que disponen, sino conjugándola también con la representatividad territorial, como corresponde a un Estado tan plural como es el español.

Por su parte, el artículo 23.2 de ese mismo Reglamento establece unas prohibiciones claramente guiadas por el estricto propósito de evitar actuaciones en fraude de ley, pero que no deben aplicarse extensivamente más allá de tal finalidad. Es así por lo que Compromís, Podemos y Esquerra Unida del País Valencià, que habían decidido no enfrentarse ante el electorado y concurrir conjuntamente en coalición, tienen lógicamente prohibido ordenar a sus respectivos diputados electos que formen grupos separados del único que debería acogerles a todos, que no es otro que el de A la Valenciana por el que concurrieron.

Sin embargo, la Mesa del Congreso se ha negado arbitrariamente a aceptar la formación del grupo parlamentario que nos corresponde, violando así el artículo 23 de la Constitución, que determina que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. A causa del Acuerdo de la Mesa se perjudica la participación de las diputadas y los diputados de A la Valenciana, que nos vemos obligados a incorporarnos a otros grupos parlamentarios que no son el propio y, de esta manera, tenemos severamente reducidas nuestras capacidades de intervención legislativa, control político y representación popular que el electorado nos encomendó democráticamente en las elecciones del 26 de junio.

En suma, nos hallamos ante una actuación interesadamente partidista que habrá de ser reparada por el Tribunal Constitucional mediante el recurso que pronto presentaremos. Es una lástima que la vieja política quiera seguir cerrando los ojos ante el avance de propuestas que, como A la Valenciana, demuestran que es posible organizar la diversidad política y territorial desde otras bases.

Entre eixes competències estava la relativa al Dret civil valencià, què va ser exercitada per primera volta per promulgar la Llei 6/1986, d’Arrendaments Històrics Valencians. I ací va intervindre per primera vegada el Tribunal Constitucional amb la seua sentència de 28 de setembre del 1992, en la què va “salvar” la constitucionalitat d’eixa norma mitjançant un argument que, al remat, ha comportat l’esterilitat competencial, en senyalar que, rere la derogació dels Furs i davant la mancança d’una llei especial com les que el franquisme va atorgar a d’altres sis territoris espanyols, les rescatades Corts Valencianes sols podrien legislar sobre aquells antics pocs costums encara subsistents en l’actualitat. La conseqüència d’aital raonament és òbvia: les valencianes i valencians sols podriem legislar, en el futur, sobre qüestions residuals, però no gaudiríem de la capacitat per innovar i adaptar el nostre Dret a les exigències d’una societat moderna.

La sentència del 1992 va servir per a que molts obriren els ulls i entengueren que, si la Constitució podia ser interpretada pel seu Alt Tribunal en un sentit prohibitiu de la competència valenciana en Dret civil, aleshores calia reformar la Constitució per no patir un greuge comparatiu injustificable. Però, davant l’evident manca de voluntat dels partits centralistes per escometre eixa tasca, es va recòrrer als parxes. Així, la LOTRAVA va ser derogada al 1994 i llur contingut incorporat directament al nostre Estatut reformat, de manera que el nostre sostre competencial s’alçava al nivell teòric de les autonomies de primera. Ja al 2006, PP i PSOE pactaren una nova reforma estatutària que contemplava l’impuls a un Dret civil foral que hauria de construir-se a partir de la recuperació actualitzada d’institucions jurídiques ben arrelades a la nostra història. Aquesta reforma va comptar igualment amb el vot favorable de PP i PSOE al seu pas per Congrés i Senat per a la seua tramitació com a Llei Orgànica, i en cap moment s’ha qüestionat la seua constitucionalitat.

El problema subsegüent va arribar al 2007, quan el govern del senyor Zapatero va decidir d’impugnar la llei valenciana què ara s’acaba de declarar inconstitucional, obrint així la caixa dels trons. Perquè els correligionaris valencians de l’aleshores president del govern no el vàren convencer de que era molt deslleial impugnar una norma emanada d’una reforma estatutària que ells havien recolzat a València i a Madrid? Perquè posteriorment varen ser impugnades també les lleis valencianes relatives a la custòdia dels menors i a les unions de fet formalitzades, aquesta última aprovada pel PP valencià però recorreguda pel govern del senyor Rajoy? Perquè ningú en el PP valencià ha estat capaç de fer veure al senyor Rajoy la conveniència política de retirar uns recursos d’inconstitucionalitat que atenten contra el sentiment d’autonomia, majoritari en la societat valenciana front al superat uniformisme de l’estat?

Aquests són els interrogants polítics, o siga, convivencials, que es desprenen de la història recent del Dret civil valencià, la qual no ha sigut més que una metáfora del desgavell i la hipocresia que han impregnat fins ara la construcció de l’espai valencià d’autogovern. Ens mereixem una altra cosa; per exemple, un consens per a la reforma constitucional en aquesta matèria, en la línia que ha vingut reclamant Compromís des de la seua fundació. També caldria un nou govern de l’estat que retirara els dos recursos d’inconstitucionalitat encara pendents de resolució, i que impulsara al Congrés una solució-pont per mantindre la força de les nostres normes civils mentre arriba l’esmentada reforma constitucional. I igualment ens vindria molt be que les formacions polítiques que ens han dut a aquest punt mostraren en el futur un major sentit de la responsabilitat.

L’article 23 del vigent Reglament del Congrés conté dos parràgrafs al respecte, en cadascun dels quals s’aborden problemàtiques diferents. El paràgraf 1 estableix els requeriments per a la conformació d’un grup, que són comptar amb un mínim de 15 membres o, alternativament, reunir un mínim de 5 i haver obtingut el 15% dels vots emesos a les circumscripcions en què hagueren presentat candidatura o el 5% del total estatal, la qual cosa es compleix per la nostra coalició. Per la seua banda, el paràgraf 2 estableix les cautel.les escaients per evitar que siga burlada la voluntat popular, la qual ha atorgat a “És el Moment” un total de 9 diputades i diputats elegits a títol d’integrants d’una candidatura de coalició degudament protocolitzada i acceptada per la Junta Electoral sense que ningú haja interposat recurs en contra seua; i així ens várem presentar en campanya davant la ciutadania, així ho varen acceptar els nostres 671.071 votants (el 25,09% de les i dels votants de les tres circumscripcions valencianes) i, per tant, ara no venim a representar els nostres diversos partits d’origen, sinò la voluntat expressada en l’acte d’emetre el vot a favor d’una coalició més ampla i en la què també ha resultat electa una persona sense militància partidista.

Malgrat això, hi han veus que ens neguen el dret a representar degudament la voluntat popular mitjançant el grup parlamentari propi que ens pertoca, tot fent una interpretació esbiaixada de la referència que igualment conté l’article 23.2 del Reglament a la impossibilitat de formar grup parlamentari separat que afectaria a les i els diputats que, al temps de les eleccions, “pertanyeren a formacions polítiques que no s’hagen enfrontat davant l’electorat”. Si aquesta expressió fós clara, ens estalviaríem disquisicions però, com que hi ha gent que ho nega, cal anar als mecanismes interpretatius de la norma jurídica que, tal i com ensenyem a l’alumnat de primer curs de la carrera de Dret, sempre han de buscar el seu autèntic sentit i finalitat, sense donar peu a conclusions aberrants per al sentit comú. Atés que la finalitat d’eixe precepte no és cap altra, com he apuntat abans, que la d’impedir el frau a la voluntat popular que ens ha recolzat, la lògica més elemental porta a la conclusió de que allò que se’ns està dient, als 9 electes per Compromís-Podem: És el Moment, és que no hem de traure a colació la prèvia militància partidista de cadascun de nosaltres per intentar formar a posteriori grups representatius d’eixes diverses sigles que vàrem postergar voluntàriament en crear la nostra coalició, sinò que ara estem obligats a ser conseqüents i mantindre-nos coaligats en un mateix grup perquè això és el que diguerem a l’electorat que anàvem a fer. Pacta sunt servanda o, de forma planera, els compromissos obliguen. Nosaltres pretenem cumplir els nostres compromissos amb l’electorat, davant del qual hauran de respondre aquells que intenten impedir-ho amb arguments pseudo-jurídics, impropis a més de la lleialtat i el joc net que hauria d’imperar en seu parlamentària.

Enric Bataller Ruiz és diputat al Congrés per València de Compromís-Podem: És el Moment

El deteriorament derivat de l’escalfament global és tan greu que ja no es prou amb parlar simplement de mesures ambientalistes d’impuls de les energies netes, sinó que cal reflexionar sobre un canvi de model econòmic que aposte per la sostenibilitat i oferisca també cohesió social, tenint en compte que la legislatura presidida pelsenyor Rajoy acaba amb un nivell de desigualtat a Espanya que ens col·loca a la cua de la Unió Europea, solament per davant de Letònia, segons informes de l’OCDE. Com a mostra, una única dada: actualment, l’1% de la població més rica de l’estat acapara el mateix volum de riquesa que el 70% més pobre.

És urgent buscar alternatives econòmiques sòlides, de naturalesa ben diferent a la “bambolla immobiliària” que tants problemes va portar i que tant està costant-nos de digerir. En Compromís-Podem: És el moment hem apostat decididament per l’economia verda, que és la que actualment ofereix unes enormes oportunitats d’activitat econòmica i de generació d’ocupació, molta de la qual ja és una realitat. No hi haurà treball en un planeta mort i per tant la nostra ferma voluntat és deturar el canvi climàtici i transformar els problemes en oportunitats.

L’Estat espanyol i el País Valencià contenen un immens potencial que està encara per aprofitar degut a la desídia del govern del Partido Popular, quan no de la seua obstaculització com en el cas de les renovables i de l’eficiència energètica. La proposta de Compromís és la de treballar per crear més d’un milió de llocs de treball fins 2020 a l’Estat, i de l’entorn de 107.000 al territori valencià, tot desplegant la totalitat dels mecanismes legislatius i de polítiques públiques que es contenen als plans i programes dels governs i les administracions públiques.

Quan parlem d’ocupació verda volem impulsar l’ecoindústria, que abasta la biotecnologia i la investigació en nanomaterials, per tal d’implementar uns procesos de producció respectuosos amb el media mbient. Parlem també d’apostar per l’eficiència energètica a tots els nivells, tant com a concepte que s’ha d’instaurar en el sector del transport com a dimensió incorporable a l’edificació, inclós al parc públic d’Habitatge de Protecció Oficial. Al·ludim al futur de les energies renovables, sense “peatges al sol” ni cap altre obstacle fiscal que solament serveix per intentar perpetuar anacrònicament els oligopolis actuals, eixos que mouen l’Estat a pagar amb celeritat la factura de 1.300 milions d’euros que ens ha costat el fracàs del fracking en el lamentable assumpte de Cástor. Proposem fomentar l’ecoturismecom a element de desestacionalització i dignificació de l’oferta per alsvisitants del nostreterritori. Parlem, també, de l’agricultura ecològica, que no sols és salut sinó major rendabilitat perquè és la base del consum de proximitat i permet la participació significativa de treballadores i treballadors del camp en la formació de preus en la cadena alimentària, eliminant intermediaris i comissions i evitant el perill d’abandonament de les explotacions. Totes aquestes activitats, i la riquesa derivada de la formació constant de persones preparades per dur-les endavant, conformen la nostra proposta per avançar cap una nova economia responsable i generadora d’ocupació.

La fragilitat dels ecosistemes mediterranis, sempre amenaçats per desequilibris que ens porten cap a la desertificació, augmenta també per culpa de la paràlisi en la formulació d’idees alternatives al model especulatiu amb el territori. Nosaltres ho tenim ben clar i actuarem per l’evolució ordenada de les activitats econòmiques actuals cap un treball verd i de qualitat, perquè ens preocupen les generacions futures.

La confusió que finalment es va produir entre les simples mesures instrumentals, per començar a avançar, i els objectius estratègics, va resultar fatal per a l'evolució de les forces progressistes. Si més no, perquè la renúncia del gran partit oficial de l'esquerra estatal a formular horitzons de canvi integral va fer que s'expandira la idea, perversa, de que governar equival simplement a gestionar la realitat present, sense més pretensions il·lusionadores que el recurs fàcil a algun element programàtic puntualment innovador.

Ara que estem a les portes d'unes eleccions generals que podrien obrir un procés de reforma constitucional, els nous partits estatals que han trencat amb el bipartidisme semblen haver trobat el seu punt de consens en la reivindicació d'una remodelació ampla de les institucions, la lluita contra la corrupció i la modificació de la injusta llei electoral vigent. No són objectius irrellevants, per suposat, però sí insuficients per garantir alguna cosa més que una posada al dia del sistema que concite l'adhesió d'alguns sectors socials joves que van interessant-se per conéixer les claus bàsiques del sistema institucional en què vivuen. Però això no és prou, perquè cal un veritable impuls de canvi que mire més enllà, que pense en la transformació de l'economia per posar-la al servei de les persones i no de la depredació, que plantege transformar les relacions socials des d'una perspectiva feminitzadora que pose en valor la cohesió, l'atenció als dèbils i la integració, que exigisca canviar les polítiques territorials per no caure en desigualtats.

A les eleccions locals i autonòmiques del passat 24 de maig, la societat valenciana va atorgar elevades dosis de confiança a Compromís, per la seua capacitat d'oferir un canvi tranquil, amb seny. Eixa confiança, ja plasmada en acció de govern, és la què ara ens mou a sumar més veus i projectes per poder portar, al Congrés i al Senat, més persones que defensaran un finançament just que permitisca al nostre Poble atendre les competències que té assumides, i que, a més, treballaran per a que l'Estat es transforme des de les nostres pràctiques pròpies d’una democràcia mediterrània i igualadora. No serem una veu periférica, sinóò més bé central, perquè apostarem per transmetre a la política estatal la nostra manera de fer, basada en la radicalitat coherent. Ara, per fi, el poble valencià és un subjecte polític amb moltes coses a dir.

L’obvietat que he relatat m’aprofita per explicar la paradoxa que al llarg de la història s’ha vingut donant, consistent en que el poder d’atracció de gents que té la seguretat oferida pel mercat ho ha convertit en escenari d’agitacions i revoltes i, simultàniament, en exponent de l’adhesió dels mercaders al governant de torn, fóra qui fóra, simplement per la necessitat humana de besar la mà a qui, amb la seua detentació del poder, està en cada moment en condicions d’assegurar, encara siga brutalment, el desenvolupament quotidià de les compra-vendes què els donen de menjar. Això explica perquè els governants no es resisteixen a donar-se banys de multitud als mercats a risc de rebre algun exabrupte o de passar per situació incòmoda, perquè resulta molt elevador de la moral saber que hi ha un espai on sempre trobaran persones obligades a engolir-se la saliva i saludar efusivament a aquell qui, agrade o no, dirigeix els guàrdies de la porra que després vindran a fer fora els carteristes i atracadors què espanten la clientel.la.

El polític de raça, i prou clarament als païssos mediterranis, és aquell que coneix aquestes paradoxes i les explota en el seu propi benefici. Blasco Ibáñez se es va guanyar València des del mercat, perquè va entendre les seues gents i va saber veure el moment en que fins i tot les venedores estaven disposades a seguir-lo fidelment, tot just quan els desastres colonials les varen convèncer de que era millor posicionar-se contra el sistema de la Restauració, per evitar el reclutament forçós dels seus fills per a Cuba o Àfrica, abans que defensar la immediata tranquilitat de les seues col-flors i tomaques. Quan el venedor del mercat s’atreveix a mostrar-se hostil amb el governant, allò vol dir que la situació està realment mal.

Les mostres de desafecció que Na Rita Barberà ha rebut aquests dies als mercats del Cabanyal i Russafa evidencien la seua pèrduda del favor popular, i les seues infundades acusacions de que alguna formació oponent estiga orquestrant una campanya en la seua contra no són més que intents desesperats per desviar l’atenció del fet ara certament rellevant, que no és cap altre que la negativa de moltes venedores i clients a estrényer la mà de qui ha convertit les seues majories absolutes en patent despòtica per governar des del autoritarisme, la imposició a la gent, i una condescendència tan gran amb la corrupció que arriba al punt de portar en la seua llista electoral persones que ja han hagut de dimitir dels seus càrrecs presents per l’escàndol públic que han generat. La lliçó que he obtingut gràcies als videos que han circulat arrel de les seues últimes i convulses visites és que ha perdut el favor unànim dels comerciants com a col.lectiu, i allò significa, ni més ni menys, que ja no és útil per a la ciutat que ha estat representant. Ara ja és tard per a una retirada digna.

N’hi ha altra diàspora, molt més recent, la dels lluitadors republicans que tingueren que passar a França a la fi de la Guerra Civil i que, tot i col.laborar posteriorment de manera destacada en la liberació del país de les mans del feixisme, es trobaren amb que les democràcies occidentals sostenien al dictador Franco fins a la seua mort, per exigències de l’escenari mundial de la Guerra Freda. He conegut a uns pocs supervivents d’entre eixos lluitadors, i també a molts dels seus fills i descendents, i en parlar amb ells sempre he trobat la mateixa malenconia i nostàlgia d’aquell qui intueix que està condemnat a ser un eslabó perdut per a les societats espanyola i valenciana futures. França està plagada d’associacions cíviques que agrupen aquestes persones, que treballen per mantenir viva la memòria de l’aportació dels republicans espanyols al país que els va acollir i, alhora, aspiren a que la seua terra d’origen no s’oblide d’ells. El seu esforç xoca amb la desidia oficial, més gran al sud del Pirineus que no pas al nord, però ben desesperançadora en qualsevol cas.

M’he en recordat d’ells aquest dies, quan acaben de reunir-se a Argelès i a Barcarès, al Rosselló, als llocs que ocupaven els camps de concentració on el govern francés va empresonar les restes de l’exèrcit republicà que creuaren la frontera al febrer del 1939. Va ser un hivern gèlid, de barracons plantats a la platja i de forats excavats a l’arena on els vençuts s’hi ficaven buscant un míser refugi, i on molts moriren de malalties i desesperació.

És una historia que varen viure els nostres avis, però sembla haver transcorregut una eternitat des d’aleshores. Desitjaria que la nostra societat tingués prou sensibilitat per assumir que, més enllà de les seues fronteres, existeix una comunitat viva de persones que no volen perdre els seus lligams amb nosaltres. No deixem que es transformen en un altre eslabó perdut i tractem-los com el que són, un punt de connexió moral indefugible amb l’Europa democràtica.

En canvi, tinc dubtes i perplexitats a propòsit de la millor teràpia aplicable. Per suposat, no accepte que ningú intente colar-nos el discurs beligerant de l’enfrontament de civilitzacions i de l’inexorable propensió a la barbàrie que suposadament tindrien la religió i la cultura musulmanes. Els fonamentalismes, malauradament, estan presents a tots els espais, també al de la civilització cristiana, i si no, que s’ho pregunten a les persones assassinades als diversos atacs a clíniques abortistes als Estats Units protagonitzats per auto-anomenats “defensors de la vida”. Tampoc podem pensar que la matança de Paris haja estat una resposta directa a la política de l’Estat francés respecte a païssos esqueixats per conflictes civils com Siria o l’Irak, en línia amb el que sí va succeïr el 11-M a Madrid. Ara, però, l’objectiu ha estat una empresa privada que es dedica a editar una revista satírica considerada intolerable pels atacants, actuació que m’ha recordat el mortífer atemptat contra El Papus esdevingut a la Barcelona de la transició a càrrec de la Triple A, organització d’ultra-dreta integrista d’infausta memòria. I, per favor, que no em vinguen els oportunistes polítics de l’establishment a retallar els drets i llibertats amb l’excusa de la “impermeabilització de fronteres” i l’estrangerització de l’atacant, perquè els criminals del Charlie Hebdo han estat ciutadans francesos, a no ser que els neguem eixa condició política i vullguem obrir la porta a la demència de les deportacions i les búsquedes de pureses ètniques a l’Europa actual.

La construcció abstracta que anomenem Estat no pot permanéixer impassible davant l’activitat religiosa. Les creences tenen un aspecte clarament positiu quan són el mitjà per infondre sentiment pietós a les persones i dur-les a treballar altruistament pels demés. Però les idees religioses són, també, ferment d’odi i excuses del totalitarisme més contrari a les llibertats bàsiques, i en eixe aspecte han de ser rebutjades des d’una ètica civil basada en la tolerància, que no és sinònim de la cínica indiferència davant els altres que els occidentals polits sabem practicar tan excepcionalment bé, ni tampoc cal considerar com una assignatura més del currículum escolar. La tolerància de que parle té un sentit actiu, d’acceptació de l’altre combinada amb interés real per la seua forma de ser i de comportar-se davant el Món. Parle d’una tolerància d’arrel popular, curiosa, assentada en una convicció entre alegre i amarga, com la vida mateixa, de que tots som en definitiva uns pobres diables condemnats a pagar factures i traure els fills endavant, i de que les nostres lluites han de servir per millorar les condicions reals de vida de la gent, i no per castigar a ningú amb el foc etern. Eixa tolerància haurà d’ensenyar-se a les escoles, evidentment, però també caldrà treballar a tots els àmbits per a que puga reixir naturalment del fons de la consciència social, alliberada de les capes i capes d’hipocresia que li hem dipositat damunt en els dos segles d’hegemonia burgesa que ara s’eclipsen. Els problemes, o s’aborden en la seua totalitat, o no desapareixen mai, i per això no té sentit escandalitzar-se de la presència creixent als instituts de secondària de xiquetes musulmanes amb el cap cobert per hiyabs i, alhora, no qüestionar-se l’augment dels actes de violència de gènere de que són víctimes les adolescents al nostre país a mans de les seues parelles sentimentals.

La tolerància, en suma, suposa oblidar-se de noms i d’etiquetes, i centrar-se en les persones. És una actitud que s’ha de fomentar des de baix, complicada però imprescindible per frenar la barbàrie, vinga d’on vinga. Eixe és el gran repte que, a hores d’ara, ens ha d’unificar com a europees i europeus.