Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

Aquellos presupuestos quedaron en papel mojado en la víspera del inicio del juicio del “procés” por la pinza de los independentistas - -incluido el ahora estadista Rufián- con la derecha de Colón, pero también por la falta de iniciativa política para desbloquear la situación por parte de un PSOE que vio en aquella ocasión la excusa perfecta para adelantar las elecciones y anteponer, entonces también, su interés partidista a las necesidades del país.

Desde entonces, la principal política que se ha hecho en este país ha consistido en construir relato para justificar la falta de capacidad a la hora de traducir el mandato de las urnas en una estructura de gobierno representativo, y lo más grave es que con esta nueva convocatoria de elecciones la parálisis se extenderá, como mínimo, hasta enero de 2020. Mientras tanto, llevamos un año de ausencia de políticas públicas y un país paralizado por unas cuentas prorrogadas que fueron diseñadas casi exclusivamente para contener el déficit público; mantenemos cifras de desempleo, desigualdad y exclusión social impropias de la cuarta economía de la Eurozona; las comunidades autónomas y los ayuntamientos de este país sufren severos problemas para la financiación de los servicios públicos y nuestro modelo productivo sigue tan endeble como en 2008, esperanzado a la recuperación de la construcción y ajeno a los cambios que exigen los retos de la digitalización y la transición ecológica.

La ausencia de Gobierno no solo impide afrontar algunos de los retos pendientes de la economía española, sino que cuestiones básicas que ya estaban comprometidas para ser ejecutadas antes de final de año como la revalorización de las pensiones con el IPC, las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros en enero o la mejoras laborales de los empleados públicos quedan ahora en el aire ante la repetición electoral. También tendrán que seguir esperando numerosas inversiones en infraestructuras que son necesarias desde hace años y que no disponen de partida presupuestaria en las cuentas de Montoro de 2018.

Pero el juicio sobre la situación de parálisis política y sus consecuencias es aún más grave: mientras el presidente en funciones dejaba pasar el tiempo convencido de que lo que más le interesaba era una repetición electoral, las señales de la desaceleración económica se intensificaban y aparecían en escena. A las tensiones derivadas de la guerra comercial entre China y EEUU y el creciente riesgo de un Brexit sin acuerdo, se suma el riesgo inminente de recesión de la economía alemana y la escalada de la subida del barril de petróleo hasta los 70 dólares como consecuencia de las tensiones en Oriente Medio. Las consecuencias se han notado de forma inmediata sobre la economía española con la aguda desaceleración en la creación de empleo y la caída tanto del consumo público, relacionada directamente con la prórroga presupuestaria, como en el consumo de los hogares, provocada por la incertidumbre que nos envuelve, lo que ha llevado al INE a rebajar sus expectativas de crecimiento.

Tan evidente es la gravedad de la crisis que nos acecha que hasta el discurso de instituciones habitualmente ortodoxas como el Banco de España ha cambiado radicalmente y ahora se manifiesta a favor del uso de la política fiscal para revitalizar el crecimiento ante el agotamiento de una política monetaria que ya no da más de sí.

Ahora bien, sin quitar ni un ápice de gravedad a todo lo anteriormente expuesto, el riesgo más importante de esta repetición electoral es que la desmovilización progresista provocada por el hartazgo haga que las derechas puedan gobernar y dar continuidad a las políticas de Montoro, reproduciendo a nivel estatal el modelo andaluz y madrileño. Un modelo basado en la erosión de los ingresos fiscales que acentúa las desigualdades, en el desmantelamiento de los servicios públicos y, lo que peor, en el uso de las instituciones para alimentar un capitalismo rentista y corrupto que sin duda está en los orígenes de la debilidad económica de nuestro país.

Es incomprensible y dramático que cuando los ciudadanos votaron en el 28 de abril para que se pudiera formar el gobierno más progresista de toda la OCDE podamos acabar con uno de los más reaccionarios o con la llegada del socioliberalismo macronista que supondría un acuerdo PSOE-C’s. Y en ese caso, ojalá no ocurra, la responsabilidad no será de los votantes que puedan decidir expresar su hastío en forma de abstención, sino de aquellos que cegados por el ajedrez olvidaron que la política no es un juego.

Quedan pocos días para el desenlace del conflicto de Alcoa que mantiene en vilo a 700 trabajadores directos, a más de 2.000 entre indirectos e inducidos y a las comunidades de Asturias y Galicia. Si el Gobierno central no adopta medidas antes del 15 de enero, finalizará el periodo de consultas del ERE y la empresa estará en condiciones de iniciar los despidos de las plantillas de Avilés y A Coruña.

Desde que el 17 de octubre anunció su intención de cerrar las plantas, la multinacional ha dado sobradas señales de que la amenaza va en serio. La empresa tiene órdenes de su central en Pittsburgh de desmantelar las fábricas para deslocalizar la producción hacia sus plantas de Arabia Saudí. Alcoa no está dispuesta a poner nada de su parte para mantener la actividad ni para facilitar que otros la mantengan, a sabiendas de que una vez que cese la producción retomarla resulta muy costoso debido a las características específicas de la generación de aluminio primario. Por ello, desde ese día en que quedó clara la voluntad de la empresa, quedó también claro que la pelota rebotaba en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las plantillas y algunos grupos políticos llevamos semanas insistiendo en que la única salida posible pasa por la intervención pública en la empresa a través de la SEPI para evitar el cierre mientras se realizan las reformas necesarias en el marco energético de las industrias electrointensivas para asegurar un suministro competitivo y predecible, rectificando el ineficaz modelo de pagos no condicionados al mantenimiento de la actividad. Sin embargo, este planteamiento tuvo dos reacciones oficiales. Por un lado, la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, cuya respuesta ante la pregunta de si barajaba el Gobierno la participación pública en Alcoa fue que “no estamos en un país comunista”. Por otro, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, que con otras palabras vino a decir lo mismo. Su única reacción fue un decreto de medidas para la industria que la ministra de Industria reconoció que no sirve para solucionar el problema de Alcoa, aunque tampoco la perjudica.

Es posible que Magdalena Valerio haya jurado la Constitución sin haberla leído, porque en ella se reconoce que el Estado puede “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Menos posible es que en el Gobierno se ignore que en países como Italia y Francia se han aplicado soluciones parecidas para evitar cierres de industrias similares, sin que la Unión Europea haya puesto cortapisas.

Más allá de argumentos legales, hay un debate de fondo que el Gobierno rehúye, en torno al papel del Estado en la economía y en la política industrial. La italoamericana Mariana Mazzucato, una de las economistas más alabadas en los discursos y programas electorales de los partidos socialistas europeos, incluido el PSOE hasta que llegó al Gobierno, plantea en su obra 'El Estado emprendedor' la relevancia de la intervención pública en el impulso de 2 sectores innovadores y competitivos. Esta economista parte de ejemplos como el de Silicon Valley, que no se habría desarrollado sin la decidida apuesta e inversión pública y la colaboración público-privada, para señalar la vigencia del rol dinamizador de un sector público bien orientado.

Cierto es que el aluminio no pertenece al sector de las 'startups' tecnológicas, pero no es menos cierto que el del aluminio es un sector competitivo y con futuro, y que las plantas de Alcoa en España proporcionaron beneficios hasta que la multinacional decidió desinvertir dentro de su estrategia de deslocalización. Esta intervención temporal de la empresa para mantener la actividad no se trataría siquiera de una ‘nacionalización’, sino más bien de una 'desprivatización', ya que las plantas de Alcoa operan sobre las de Inespal, empresa pública que el Gobierno de Aznar malvendió por unos 200 millones de euros dentro de la ola de privatizaciones de los años 90 que hipotecó las herramientas del Estado para desarrollar una política industrial activa y cuyas consecuencias hoy pagamos.

La única explicación posible al rechazo frontal del actual Gobierno a una propuesta como la que aquí se plantea es que podría suponer una enmienda a la totalidad de la política de anteriores ejecutivos socialistas, caracterizada por la máxima de Javier Solchaga de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Hoy el Gobierno de Sánchez tiene que elegir entre Mazzucato o Solchaga, entre las nuevas propuestas socialdemócratas o el viejo y fracasado programa socioliberal.

El caso de Alcoa no es una cuestión solo de dos fábricas en A Coruña y Avilés, sino la prueba de fuego para determinar si este Gobierno apuesta por la industria o no, ya que estas plantas son un símbolo del empleo industrial de calidad en zonas castigadas por las sucesivas reconversiones industriales y la despoblación, además de un activo que Asturias y Galicia se niegan a perder. La peor consecuencia posible de un final traumático es que si un Gobierno supuestamente progresista no se de muestra capaz de evitar la deslocalización de una industria, la salida para algunos trabajadores quizás sea echarse en brazos del populismo reaccionario, y eso es algo que no nos podemos permitir. En sus manos está.

The Economist titulaba el editorial de su especial de Navidad publicado hace unas semanas “El año que vivimos peligrosamente”. En él la biblia liberal lamenta que el liberalismo había perdido los debates más importantes a nivel global durante el año que acaba de terminar ejemplificándolo en el Brexit, en la victoria de Trump o en el referéndum italiano. Este fenómeno viene de más lejos pero el año que acaba de pasar cristaliza una tendencia. Hoy ya podemos afirmar que esta década pasará a la historia económica como el momento en el que la hegemonía del neoliberalismo se tambaleó a nivel global.

Lejos queda ya la incuestionabilidad de los axiomas liberales del Consenso de Washington que nos enseñaban en las facultades de economía como el catecismo de la política económica. La contención en la política fiscal, los tipos impositivos moderados, la liberalización total de comercio y capitales y  las privatizaciones. Estas políticas, que desde los años 80 son defendidas defendidas a ultranza tanto por las fuerzas conservadores como por social liberales, recibieron el golpe de gracia el año pasado.

Buena noticia, la ideología neoliberal, que está detrás del mayor auge de la desigualdad a nivel global desde la primera Revolución Industrial muere. Sin embargo, el nuevo mundo tarda en aparecer, y el legado político de 2016 es la prueba histórica de que en ese claroscuro aparecen los monstruos.

Los movimientos y partidos progresistas tienen la responsabilidad de partir ese nuevo modelo que determine el nuevo ciclo político desplazando el tablero. Los líderes del nuevo ciclo serán aquellos que sean capaces de dar respuestas innovadoras y creíbles a los retos del futuro que son ya del presente: 1) La garantía y ampliación de derechos en un contexto crisis de un estado del bienestar construidos sobre los cimientos de un modelo laboral que está polarizado y en decadencia. 2) El desarrollo de políticas industriales que regulen adecuadamente los sectores emergentes y que impulsen la inversión para desarrollar sectores innovadores y competitivos evitando la deslocalización de las empresas innovadoras. 3) La distribución de la riqueza generada y de las ganancias de la productividad y la automatización en economías en las que la tecnología desplaza al empleo. 4) El desarrollo de un modelo de relaciones y cooperación internacional democrático sustentado sobre las bases del respeto a la soberanía, el desarrollo igualitario y la sostenibilidad ambiental. 5) Y todo esto superando necesariamente el actual marco de austeridad fiscal que ha demostrado sobradamente su ineficacia para la reactivación económica y la espiral devaluadora que conlleva su aplicación.

Estos retos sólo se pueden abordar si el Estado recupera el papel central como redistribuidor, regulador, innovador y garante los derechos y la soberanía de sus ciudadanos. La ciudadanía es consciente de esto y apuesta cada vez más por opciones que plantean certezas y un refuerzo del estado como paliativo de la incertidumbre generada por la globalización capitalista. Mientras la ideología y las políticas neoliberales decaen, aún está en pugna cuál será el modelo hegemónico en las próximas décadas. 2016 contrasta la hipótesis de que si las propuestas de progreso no son capaces de aprovechar esa situación, son los populismos reaccionarios los que lo hacen. Es decir, Sanders o Trump. Profundización democráctica o autoritarismo.

Pero para que las opciones progresistas salgan victoriosas de este proceso no son suficientes las viejas recetas ni las viejas retóricas. Replicar las gramáticas y las políticas de la izquierda del siglo XX no es suficiente para aprovechar la oportunidad que se nos presenta. La decadencia de las fuerzas de izquierda, con la honrosa excepción de Syriza y Portugal, demuestran que ni la socialdemocracia ni los restos de los partidos comunistas se perciben como solución útil para los nuevos tiempos. El eje viejo-nuevo está más vigente que nunca, y no se trata solo de una cuestión cosmética, para representar el anhelo de cambio que sobrevuela las democracias occidentales hace falta ser valientes y romper con la comodidad de los viejos discursos conformistas. Solo si conseguimos surfear los cambios de nuestra época en favor de la justicia social y la inclusión podremos definir el marco de políticas económicas que va a transformar el mundo en las próximas décadas.

"Parece que niegan a aceptar que un partido político se pueda financiar sin depender de los bancos y que la transparencia deje de ser una palabra bonita para materializarse en hechos concretos", argumenta González

El pasado jueves participé como ponentes en París, en la Asamblea Parlamentaria de la OCDE, en la que se presentó el informe 'Financing Democracy' sobre la financiación de partidos políticos y los riesgos de condicionamiento de sus políticas. Este informe arroja datos especialmente preocupantes para España: 9 de cada 10 personas desconfían del Gobierno y el 95% de la población desconfía de los partidos políticos. Son datos que no nos pueden pillar por sorpresa, pues esa desconfianza es la que nos llevó a juntarnos primero para protestar en las plazas y después a construir una herramienta política como Podemos.

En la intervención en la OCDE contamos nuestra experiencia como ejemplo de otra forma de gestionar la financiación y la transparencia. Para conseguir que la ciudadanía recupere su confianza en las instituciones hay que predicar con el ejemplo y hacer las cosas de forma diferente. En Podemos lo entendimos desde el primer momento, por eso nuestros sistemas de financiación se basan en los principios de  independencia, participación y transparencia. El desarrollo de estos mecanismos en herramientas concretas constituye la mejor vacuna contra la corrupción y el fraude.

Este es el cuarto encuentro internacional sobre financiación de partidos y transparencia en el que participamos. En los últimos meses hemos viajado a Suecia, México, o India de la mano de la ONG IDEA Internacional, para compartir la experiencia de Podemos en esta materia ante partidos y organismos de todo el mundo. Nuestro sistema de financiación  y transparencia es considerado como un ejemplo internacional por las innovaciones que hemos introducido en materia de rendición de cuentas y financiación participativa.

Sin embargo, estas prácticas innovadoras no han sido tan bien recibidas por el resto de partidos en España, que han activado la máquina del fango contra nosotros, insinuado o incluso afirmando que todo el trabajo que hacemos en materia de transparencia es una farsa, y que en realidad nuestra financiación proviene de dictaduras tropicales o príncipes persas. Estas infamias han sido alentadas principalmente por los medios de comunicación afines al Partido Popular, el primer partido en la historia de España que ha sido imputado por corrupción, que tiene a todos sus tesoreros imputados y al que la prensa ya se refiere con términos más propios de la criminología que de la política, como entramado o macrorredada.  

Parece que niegan a aceptar que un partido político se pueda financiar sin depender de los bancos y que la transparencia deje de ser una palabra bonita para materializarse en hechos concretos. Esto rompe su sistema de valores y pervierte lo que ellos entienden por ‘’la política’’, una herramienta para el enriquecimiento personal y el expolio de lo público. Por eso no pueden hacer otra cosa que difamar, porque los tiempos han cambiado, ellos se han quedado atrás y sus viejas maquinarias no están preparadas para adaptarse. Galileo fue condenado por defender que la tierra gira alrededor del Sol. Siempre que hay un cambio de paradigma a la vista hay resistencias, las resistencias propias de lo viejo que ya tarda demasiado en desaparecer.

"Podemos ha conseguido más de un millón de euros, aportados por un total de unas 4.300 personas. Esos préstamos serán devueltos cuando se ingrese la subvención por gastos electorales, explican los autores

La irrupción de Podemos ha desencadenado múltiples transformaciones en el panorama político a una velocidad inusitada. Una de ellas es la aparición ­y casi inmediata normalización­ de formas innovadoras de financiación en las formaciones políticas. Estas innovaciones tienen importantes consecuencias organizativas que afectan a algunos hábitos patológicos tradicionales de los partidos españoles. Es el caso de la financiación a través de microcréditos, préstamos directos con los ciudadanos, eje de la campaña de fundraising de Podemos para las próximas elecciones autonómicas.

Uno de esos hábitos patológicos es el endeudamiento bancario de las formaciones políticas. Según el último informe del Tribunal de Cuentas los partidos políticos españoles acumulaban casi 238 millones de euros en deuda con los bancos. Tan solo PP y PSOE debían a las instituciones financieras 126 millones de euros. Es imposible sostener honestamente que tal grado de endeudamiento no afecte al funcionamiento de los partidos, que no limita su capacidad de tomar decisiones políticas que sirvan a los intereses de la mayoría social. Los partidos están, en un sentido casi literal, hipotecados con unas instituciones que carecen de legitimidad democrática.

La inasumible deuda que tienen los partidos con los bancos está relacionada en gran medida con el modelo español de financiación de las campañas electorales basadas en el endeudamiento y el despilfarro. Los resultados de la campaña de Podemos en las elecciones europeas de 2014 y en las pasadas elecciones andaluzas demuestran que existen formas de movilización política efectivas menos dependientes del dinero y más de la gente.

En la campaña electoral de las elecciones europeas Podemos fue el partido que menos dinero gastó de entre los que obtuvieron representación, un total de 82 veces menos que el PSOE y 84 veces menos que el Partido Popular. Podemos ha gastado en la campaña electoral andaluza unos 410.000, el 10% de lo presupuestado por PP o PSOE. Dado que las subvenciones electorales tienen como límite el gasto electoral efectuado independientemente de la asignación correspondiente a los resultados obtenidos, las campañas electorales de Podemos supusieron un ahorro a las arcas públicas de 1.400.000 € en Andalucía y de más de 5 millones de euros en las elecciones europeas, si consideramos el conjunto las subvenciones contempladas por gastos generales y envío de propaganda electoral.

Podemos es el único partido con expectativas de obtener representación en las próximas elecciones autonómicas que no recurre a la banca para financiarse, cumpliendo con la máxima de hacer las cosas de forma diferente para evitar reproducir los problemas de los partidos tradicionales. El sistema de microcréditos, como el de crowdfunding,está inspirado en la economía colaborativa: en los préstamos p2p y en el crowdlending. Se trata de un modelo de financiación en el que muchos particulares prestan dinero a una start­up para posibilitar su lanzamiento. En tres semanas Podemos ha conseguido más de un millón de euros, aportados por un total de unas 4.300 personas. Esos préstamos serán devueltos cuando se ingrese la subvención por gastos electorales.

Estas iniciativas han llamado recientemente la atención de la fundación IDEA, organización intergubernamental para la promoción de la profundización democrática con estatus de observador permanente ante la ONU. IDEA ha elegido a Podemos como ejemplo de innovación en materia de transparencia y financiación participativa por su implementación del crowdfunding y de los microcréditos. Otros proyectos políticos transformadores, como Barcelona en Comú o Ahora Madrid, han asumido también modelos de financiación similares. La proliferación de este tipo de herramientas abre la puerta a la posibilidad real de transformar la forma en que se financian los partidos en nuestro país, haciendo avanzar el tan criticado modelo actual hacia uno basado en la participación, la corresponsabilidad, y el establecimiento de vínculos fuertes con la sociedad civil. ¿Lograrán la innovación y la ejemplaridad política lo que no han logrado tres décadas de fallidas reformas legales en materia de financiación de partidos? Más allá del rédito político particular que obtengan los partidos que adopten este tipo de herramientas, no cabe duda de que con la financiación participativa gana la democracia.

Uno de los debates más frecuentes dentro del tema de moda en sobremesas y cafés es si los de Podemos acabarán siendo corruptos como los demás. Si acabarán repartiendo sobresueldos en sobres, si pagarán sus sedes con dinero negro o si aceptarán comisiones a cambio de contratos públicos. Más allá de las declaraciones de principios o los estrictos compromisos éticos de los cargos electos, Podemos cuenta con mecanismos y controles internos y externos que permiten a la ciudadanía exigir ejemplaridad y auditar cotidianamente nuestro funcionamiento.

¿Qué tuvieron que hacer los periodistas para saber el importe de los servicios de  asesoramiento que Errejón facturó a Podemos? Simplemente entrar en la web cuentasclaras.podemos.info y teclear su nombre en el buscador. Desde el lanzamiento de Podemos nos comprometimos a rendir cuentas trimestralmente de nuestros ingresos y nuestros gastos ante la ciudadanía, incluyendo el desglose de hasta la última factura. Al principio de nuestra andadura comenzamos publicando el desglose de la contabilidad de la asociación con la que empezamos a funcionar y, actualmente, hacemos lo propio con los ingresos y los gastos del partido y de los cargos electos, incluyendo los documentos escaneados. Nuestro objetivo es replicar esta forma de funcionar en la extensión territorial.

En el día a día de la gestión económica de Podemos esto supone trabajar desde un escaparate en el que todos nuestros movimientos son observados. Más de 100.000 personas han accedido ya a nuestra web de cuentas claras. Esta forma de funcionar nos exige estar dispuestos a dar explicaciones sobre cualquiera de nuestras operaciones en cualquier sitio, de las redes sociales a las tertulias de televisión. Ponemos todos los medios para una vigilancia ex-ante y también para exigir responsabilidad ex-post con mecanismos revocatorios con los que poder destituir inmediatamente a cualquier cargo de Podemos sospechoso de conductas inapropiadas.

Consideramos que el cambio de paradigma desde una ciudadanía desafecta con la política hacia una ciudadanía activa y empoderada requiere un cambio de actitud para acabar con la tolerancia con la corrupción, pero también necesita contar con los mecanismos apropiados que permitan ejercer un papel activo de supervisión ciudadana, complementario y simultáneo al del Tribunal de Cuentas. Abrir nuestra contabilidad a la gente no solo implica una disposición a rendir cuentas de forma permanente, también nos lleva a una nueva cultura de gestión más eficiente y transparente.  El objetivo es generar un círculo virtuoso combinando una gestión transparente y eficiente a la vez que comprometida con los valores éticos de Podemos: Si hay algo que no puedes publicar, no deberías hacerlo.

Hace unas semanas una chica escribía al correo de la comisión de finanzas para informarnos de que había analizado todas las cuentas publicadas y que había creado una infografía con esos datos. Nos pareció que este ejercicio reflejaba perfectamente el concepto de auditoría ciudadana de nuestras cuentas que buscamos con su publicación. El cambio cultural no se podrá llevar a cabo si no reconocemos y ampliamos los derechos de supervisión y participación, tal y como hacemos en Podemos recogiendo el derecho de acceso a la información, publicando hasta la última factura, facilitando los referéndums internos y los mecanismos revocatorios, algo que contrasta con la cosmética ley de transparencia que entra hoy en vigor, muy limitada para garantizar el acceso a información y en el establecimiento de mecanismos efectivos que permitan exigir responsabilidades a los políticos en el ejercicio de cargos públicos.

Nuestro objetivo es ofrecer cada vez más información para ir a la vanguardia en la implementación de las medidas de transparencia y control interno en los partidos políticos, presionando al resto de partidos con nuestro ejemplo y prefigurando las medidas que aplicaremos si llegamos a gobernar. Actualmente  estamos desarrollando un sistema propio de gestión contable para integrar y publicar las cuentas de todos los niveles territoriales de Podemos y sus entidades vinculadas. Dotar de autonomía a los grupos locales no debe estar reñido con la transparencia y la rendición de cuentas. Esta es una asignatura pendiente para los partidos políticos, que en su conjunto acumulan 60 millones de euros de subvenciones locales sin justificar según el Tribunal de Cuentas.

En Podemos queremos demostrar al resto de partidos que es posible una financiación limpia, eficiente y transparente si hay voluntad política y si los partidos no tienen nada que ocultar. Quien paga manda, y en Podemos manda la gente que nos financia con pequeñas aportaciones a cambio de que rindamos cuentas de nuestra actividad públicamente. Creemos que conocer cómo se ingresa y se gasta el dinero en los partidos es un elemento fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza en la política, y por eso nuestros bolsillos son de cristal.