Exaltación nacionalista en Madrid. Con vestido de ciudadanía, en el acto convocado por el partido naranja para mayor gloria de su líder, la sobredosis de nacionalismo eclipsó hasta la nulificación cualquier atisbo de discurso de la ciudadanía. Estamos asistiendo al nacimiento de un 'peneuve' o una 'ciu' de España. Ciudadanos clona el modelo, a la vista está que exitoso en Cataluña y Euskadi, y lo manipula genéticamente para dar como resultado el nuevo partido nacionalista que, como manifestó el líder en ese acto, España necesita. Para ello mezcla a dosis iguales un discurso muy simple de la igualdad (“en España no veo más que españoles”) y una frase recuperada del aznarismo (que aplaude con las orejas) acerca de lo grande que es esta nación española.

La cuestión, en mi opinión, es precisamente si necesitamos un partido nacionalista español, por muy moderno que sea el envoltorio (también lo es, y de primera, el del nacionalismo a la Puigdemont). ¿Es realmente la mejor manera de enfrentar el enorme problema constitucional, que vale tanto como decir de convivencia, que tenemos en España? La respuesta desde el partido naranja a esta cuestión argumenta que en la medida que recuperemos un orgullo nacional en España estaremos en mejores condiciones de hacer frente al nacionalismo catalán (eventualmente el vasco también). El razonamiento tiene su lógica: si los nacionalistas se ponen gallitos, nosotros nos ponemos más. No es otra cosa que aprovechar el movimiento que instintivamente llevó a muchos catalanes a la calle el otoño pasado al ver cómo se las gastaban los indepes.

Me temo, sin embargo, que esta estrategia nos conduce irremisiblemente a una solución de suma cero. A tenor de la actitud política mostrada desde la intensificación del desafío independentista, se diría que, en efecto, Ciudadanos ha concluido que la mejor arma consiste en el reforzamiento de un discurso nacionalista español que lleve como coda una idea de disciplinamiento constitucional. Ese disciplinamiento puede, incluso, ser abiertamente contrario a la propia Constitución (como seguramente lo es negarse a publicar los nombramientos de consellers a la fuga o en prisión preventiva y alargar el 155), pero el discurso afirma que se preserva un bien superior que es, justamente, la nación española, su soberanía y, paradójicamente, su Constitución.

Decía Rivera en ese acto, a la Aznar, que somos una gran nación, un gran país. ¿Los somos? ¿Podemos serlo si al nacionalismo oponemos nacionalismo? Siempre me ha gustado la frase del socialista chileno Luis Emilio Recabarren que decía que las constituciones deberían hacerse para ser más felices, es decir, para vivir mejor. En este sentido se me hace que este país nuestro sería más feliz si en vez de oponer nacionalismo al nacionalismo propusiéramos federalismo.

Creo que hay tres razones que permiten argumentar en este sentido. Primero: el federalismo cierra el sistema constitucional. Es esta la parte menos federal precisamente de nuestra constitución actual, el hecho de prolongar sine die  y dejarlo dependiente de coyunturas políticas autonómicas y estatales. Segundo: el federalismo permite a un mismo tiempo integrar el hecho de que en este país existen diferentes identidades nacionales que se combinan de muy diversas maneras (no solamente nacionalismo contra nacionalismo) junto con la existencia de una nación común. Tercero: el federalismo nos evitaría, como consecuencia de lo anterior, tener que estar cada semana discutiendo si somos una nación, dos o treinta y dedicar esfuerzos públicos a cosas más productivas, como un buen sistema de enseñanza.

En fin, la receta de federalismo se diferencia de la del nacionalismo que propugna Ciudadanos en que se ocupa menos de lo que somos y más de cómo estamos. El federalismo, por mencionar un asunto que nos apasiona a los españoles, no tiene problemas con la lengua que se use en un colegio de Vic, sino con la calidad de la enseñanza y su coherencia con las leyes propias y federales sobre educación. El federalismo, en fin, a diferencia del nacionalismo, no se preocupa por ser más españoles sino por estar mejor en España.

Todo empezó en 1968 con un exceso de anfetaminas y termina en 2018 con una carta mal redactada. Entre medias cincuenta años de ignominia y ochocientos cincuenta y tres asesinatos. Todo por una frase, aquella que decía algo del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Ese era todo el espesor ideológico, una lasca fina como una hostia. Todo lo demás fue movilización, llevar a gente de la kale borroka a los comandos, tener la calle como territorio exclusivo, eliminar del espacio público a los disidentes, periodistas, profesores, artistas o concejales, meterlos en sus casas y si fuera posible en zulos, silenciar todo lo que no fuera a coro con las consignas propias: el miedo.

El miedo es el principio de la tiranía, es su único principio. Para el tirano tiene la ventaja de que precisa muy poca ideología, unas cuantas frases huecas. Ya lo dijo un famoso tirano: haga como yo, no se meta en política. El tirano no tiene que meterse en política ni esforzarse ideológicamente porque el miedo le despeja el horizonte de contrincantes políticos e ideológicos. Así actuó ETA en tantos escenarios (ayuntamientos, plazas, fiestas, campos de fútbol, centros de enseñanza...) donde no se oía más que el eco de sus disparos, como bien dice Edurne Portela. Apenas sin ideología, pero con mucha movilización ETA se hizo con el espacio público hasta que pareciera que el pueblo estaba con ellos, como decía uno de sus eslóganes preferidos.

En general y hasta muy tarde, los años noventa, los demás nos callamos. Hubo voces, pocas, valientes, gestos por la paz que ETA quiso, por supuesto, silenciar. Como sociedad, sin embargo, no hubo reacción de rebeldía frente al tirano hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Ese fue el principio del fin, porque al tirano le dura el poder lo que le dura el miedo a los demás y el miedo se empezó a perder con un lazo azul en la solapa, con una postal que decía «Yo no me callo» o detrás de una pancarta.

Cuando la gente perdió el miedo, en las manifestaciones contra ETA, se coreaba una consigna que decía «Sin pistolas no sois nada». La banda lo corrobora en su último comunicado: no son nada y han sido solamente unos matones con aspiraciones de tiranos, sin siquiera la mínima gramática para poder hacer política. Hay una película, Fe de etarras, en la que el jefe del último comando sostiene que la obesidad en Euskal Herria se debe a que España conquistó América (como a los vascos, a hostias) y trajo las patatas y el chocolate. La realidad, de nuevo, supera a la ficción en el último (¡por fin!) comunicado de la banda: ETA existió porque el Estado jacobino (sic) español había aniquilado a Euskal Herria, ni más ni menos.

Sostenía estos días José Antonio Pérez en El Correo que queda ahora por delante la tarea de explicarnos historiográficamente (esto es, con rigor histórico, con método) lo que pasó en estos cincuenta años. Tiene mucha razón porque los humanos somos seres históricos, necesitamos el relato de lo que ha pasado, por eso escribimos y nos contamos historias y por eso nos deshumaniza como nada perder la memoria. La Historia es una de las Humanidades porque sin ella nuestra humanidad se resiente. Así que la historia de lo que ocurrió durante cincuenta años de terrorismo ultranacionalista se contará, pero hace falta que se haga de manera honesta y ello requiere que se recuperen fuentes y se traten con rigor.

Ni ETA, ni quienes alimentaron y mimaron al monstruo, pintan nada en ello. Su disolución debería alcanzar al relato, permitiendo que se haga justicia también a través de la historiografía. La autoliquidación de ETA no debería consistir solamente en dejar de matar (¡gracias!), entregar cuatro pistolas y desmontar su estructura de comandos sino que tiene que llegar también a sus entrañas, aclarando, por ejemplo, qué pasó en los más de trescientos crímenes de la banda que quedaron sin resolver. Ya que no saben escribir ni su final, deberían quedar solo como fuente de información para la justicia y para la historia.

En realidad soy un don nadie pero deberías tomarme, Pedro, por una metáfora, la de tu último votante. Cuando el PSOE pierda mi voto, así se vaya a la abstención, que es lo más probable aunque me tenga que atar la mano, tu partido se quedará como el Partido Socialista Francés, hecho unos zorros. Así, que creo que conviene tomar nota de por qué los últimos votantes socialistas nos estamos cabreando, y mucho.

Vaya por delante el subidón que me dio el día que puliste como se merecía a Susana Díaz. Me lo tomé como la victoria de la dignidad frente a la marrullería y creo que eso te encumbró muy merecidamente a una posición dentro del partido que te permitía, finalmente, llevar adelante la política que, por ejemplo, te había costado el acta de diputado. Ole tus huevos.

Pero, a partir de ahí, Pedro, hemos ido de mal en peor. No estoy de acuerdo con el 'compa' Alfonso Guerra en señalar como primera metedura de remo lo de Cataluña. Al contrario, creo que Iceta y tú mismo estuvisteis en la línea que esperamos los últimos votantes socialistas: preservación de la Constitución y el Estado —faltaría más— y diagnóstico acertado al señalar que el problema no es solamente de orden público y catalán, sino también de orden constitucional y español. Por eso, creo, Albert Rivera os acaba de dejar en cuadro la comisión de análisis que lograsteis abrir en el Congreso. Pero Rivera, ya lo vemos a diario, está últimamente entregado a dar al pueblo pan y circo.

El desbarre ha empezado, como suele ocurrir, por casa. Con todo el viento a favor quien dirige un partido como el tuyo no puede empezar a licenciar a la peña solo porque se puso del otro lado. Menos aún debe, como recambio, llevar a primer plano a mediocres cuyo único mérito es haberte apoyado a resistir el golpe de partido de Susana y compañía. ¿Qué pasa con el capital político que tienes acumulado en ese grupo de ochenta y tantas personas y que brilla menos que una noche de luna nueva? Cierto que la responsabilidad mayor de los sietes que se hicieron en las costuras del partido fueron provocados por quienes te quisieron echar de manera rastrera, pero con poco más de ochenta escaños, ¿está tu partido para prescindir de gente con experiencia y capacidad más que probada?

Y de ahí, creo, la pendiente que nos está llevando a mi desconcierto y mi cabreo, el del último votante socialista. Ese debate sobre las pensiones, Pedro, estaba ganado antes de empezar. Como un Barça… quien sea. Si se quedó en agua de borrajas es porque salieron Pablo Iglesias con un discurso mucho más eficaz desde la izquierda y Rivera con otro más interesante y pragmático para centristas. Por no hablar de Mariano que os robó la cartera por enésima vez. Y como toda respuesta ante el  desbarajuste, la ocurrencia del salario de los diputados… por favor.

Y ese debate, Pedro, sobre la prisión permanente revisable. Si Ciudadanos se atrevió a improvisar populismo sobre la marcha es porque estaban seguros, como así fue, de que no dais una. Centrar el argumento en intentar valorar el dolor de unas víctimas y otras es no ya de pardillos, sino de ineptos. Si el de las pensiones estaba ganado, este, a poco que se hubiera preparado con legislación y experiencias comparadas, estaba cantado. Hasta Ciudadanos se habría pensado dos veces dar más pan y circo a la galería. Para un debate que le cuadraba a Margarita Robles, la dejáis en el banquillo.

Con todo, Pedro, lo peor no es que se meta la pata en esto o en aquello. Lo que de verdad está cabreando al último votante socialista es la inanidad, la sensación de que no tenéis nada que decir, con la que está cayendo. Vivimos un momento que requiere que alguien se la juegue y proponga alguna solución al mayor problema que seguimos teniendo, aunque todavía dure la anestesia: reintegrar a una buena parte de catalanes a la identidad si no española al menos sí constitucional y, de paso, adelantarse a la propuesta que ya ha echado a rodar el PNV para transformar Euskadi en territorio independiente constitucionalmente de España, un horror de confederalismo conservador y cutre.

La comisión parlamentaria, ya ves, estaban unos y otros deseando reventarla desde el principio y así ha sido. ¿No es, entonces, hora ya de empezar a retratar a unos y otros presentando una propuesta razonada, coherente, trabajada de reforma de la constitución?

Decir que el PSOE propone federalismo es, además de dejárselo en bandeja al del pan y circo, no decir mucho. Eso hay que llenarlo de contenido y explicar por qué merecería la pena y por qué viviríamos mejor. Que los socialistas creemos que autogobierno y Estado del bienestar son dos caras de la misma moneda y que para ello la relación federal en un país de identidades complejas como el nuestro es una buena idea. Que nos permitiría cerrar un asunto que en nuestra actual Constitución no se resuelve porque es una constitución de Transición precisamente. Que podríamos, finalmente, dedicar el esfuerzo a ser un mejor país y no a discutir si somos un país.

En fin, Pedro, que para no perder al último votante socialista se trata de currar y de rodearse de personas que puedan aportar (y haberlas, haylas) y no de personas cuyo CV es que echaron un cable, porque los tiempos son chungos y más que se pueden tornar.

Una última cosa: por si fuera poco, jugáis también contra el árbitro. Tienes a casi toda la prensa entregada a la causa de Rivera y cuanto más pan y circo reparta, más estará. La otra a Podemos. Vosotros no os jamáis un rosco ahí. Al contrario, esto es casi 'bulling'. Pero la prensa es y debe ser libre (también de caerse del guindo, todo llegará) y vosotros tendréis que remar más profundo, qué le vamos a hacer. Pero, por favor, empezad a remar.

La que ha liado el Gobierno, sin duda a propósito, con el anuncio de que va a introducir en Cataluña, ahora que manda gracias a Puigdemont, el castellano como opción de lengua vehicular. Todas las alarmas encendidas. Alteración general y toque a rebato para defender la lengua, la que sea, unos la catalana, otros la española. Así es el país: dile que vamos a la cola en investigación en Europa y ni se inmuta; ahora, dile que vas a hacer a sus niños estudiar esta o la otra lengua (nacionales, claro) y te saltan a los ojos.

Este país tiene un problema de fondo, y grave. Entendemos por punto general que las identidades son o bien de una pieza y para siempre, o bien jerárquicas. Puede uno ser español y catalán, pero midiendo siempre, algo más de lo uno que de lo otro. Nada de identidades horizontales y variables. Si alguien dice que en su itinerario vital las identidades las usa, por ejemplo, a beneficio de inventario es, cuando menos, un gilipollas.

Ahí la lengua entra como una caña en verano. Se da por indiscutible que la lengua es un hecho nacional, mucho antes que comunicativo o instrumental. No ya el hecho de hablar, sino la capacidad para imponer que se hable en catalán o en castellano en las escuelas es una instrumento nacional de primer orden: genera nación, identidad, comunidad, pertenencia y calorcito. Es una auténtica gozada que tengamos una lengua nacional escolar porque de ese modo podremos ir creando futuros nacionales a quienes ni se les ocurrirá cuestionar su identidad nacional. ¿Exagero? Pues quién lo diría a la vista de cómo reacciona la vis nacional a un lado y otro ante la cuestión. ¿Alguien ha visto moverse un solo flequillo político ante los datos que año tras año arroja el informe Pisa sobre la calidad de nuestro sistema educativo? SI lo ha hecho ha sido justamente para decir que claro, como enseñamos a los niños en este o aquel idioma, así nos va; mira a los de la comunidad equis, que no se meten en líos porque enseñan en una sola lengua qué bien les sale la prueba; o mira a aquellos pobres de una comunidad bilingüe pero mucho española y muy española que no da una. El problema, en fin en la lengua, el problema en la connotación nacional de la lengua.

Hace unos noventa años que un nacionalista catalán ilustre, tanto que hoy una universidad catalana lleva su nombre, Antoni Rovira i Virgili se preguntaba si sería posible que las identidades nacionales las tratáramos constitucionalmente como las religiosas, es decir, mandándolas al ámbito de lo privado dejando el espacio público asexuado en términos nacionales. Tengo que reconocer que siempre me ha parecido una genialidad esta pregunta de Rovira, pero también que su respuesta era la que cabía esperar: imposible, porque la nación y su identidad son esenciales para el orden político liberal. No estoy tan seguro de que sea imposible tal cosa, pero sí lo estoy de que ganaríamos mucho si pensáramos en esos términos en las lenguas de España. Vamos a ver: ¿tan descabellado es que en catalán se desarrolle una enseñanza que no sea nacionalista catalana? ¿que el castellano no se tenga obligatoriamente que transmitir una identidad exclusivamente española? ¿O es que no se expresa en catalán un nacionalista español como Albiol y en castellano un nacionalista vasco como Anasagasti? La lengua no tiene nación, se la damos.

El problema, por lo tanto, no está en que se estudie en catalán o en castellano, en vasco o en gallego. Nuestra dolencia creo que es el ensimismamiento, que creemos que las lenguas españolas son instrumentos para desentenderse de los demás y no para entenderse con ellos. La prueba es que no pasa con otras lenguas. Nadie ha cuestionado, al contrario, la introducción del alemán en la ESO o los modelos bilingües y trilingües con inglés. Eso está guay porque nos da el toque de modernos, espabilados y, sobre todo, europeos (identidad que tampoco se cuestiona, de momento). El problema lo tenemos con los otros españoles, los que tienen el handicap de tener otra lengua… española. Se trata de desentenderse con ellos, de ensimimarse con los de la misma nación, comunidad o tribu. Me da tufo a peste solo de pensarlo.

Vivo en un país (Euskadi) en el que, como decía un buen amigo, se sale a correr por una lengua, por lo demás mimada hasta el consentimiento, pero nadie ha salido jamás a correr por las matemáticas o la física. Se sale a correr para promocionar esa lengua en el sistema educativo porque es la “nuestra”, como si la otra, la que habla y usa la mayoría no lo fuera, como si no fuera tan nacional en Euskadi el castellano como el euskera. Eso sí, si nacional significa que sirve a los nacionales, aunque me temo que no, que significa que sirve a la nación. También hemos quedado como un cromo en el informe Pisa y, por supuesto, nada ni nadie ha cambiado por eso.

Es uno de los sintagmas que más oímos últimamente, el 155. Para pedir su urgente aplicación o para requerir dosis extra de cautela ante su gravedad. Hablamos, cómo no, de Cataluña. Se invoca este artículo como el preservativo necesario frente al paso que parece ser inminente de una declaración unilateral y uniformada de independencia en el Parlamento de Cataluña. Se habla tanto de él que ya le decimos familiarmente “el 155”, como si fuera un viejo conocido.

Sin embargo, puede que no sea tan conocido como invocado. Este artículo constitucional no supone, como se dice a menudo, una intervención del gobierno autónomo por parte del gobierno de la nación. Lo que el 155 habilita es la posibilidad de que, ante un incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales por parte de un gobierno autónomo, o ante una actuación que atente gravemente contra el interés general de España, el gobierno de la nación pueda obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento de sus obligaciones y proteger dicho interés general. Para ello, el inciso segundo de este artículo prevé que el Gobierno pueda dar instrucciones (o sea, mandar sobre) las autoridades de dicha comunidad autónoma.

Traducido a términos concretos, lo que le permitiría el 155 al Gobierno de Rajoy no es ni mucho menos la disolución del Gobierno de Puigdemont, tampoco su intervención, sino la adopción de medidas para obligar al Gobierno catalán a cumplir sus obligaciones legales, pues ha vulnerado varias leyes, propias y generales, y para proteger el bien general del país, esto es, bloquear en su caso la declaración de independencia. Hasta ahí llegaría la facultad extraordinaria otorgada por este artículo.

Debe añadirse —para evitar interpretaciones abusivas— que la voluntad de los legisladores constituyentes fue expresamente la dicha, descartando de manera consciente y deliberada otras. “Para este caso —el previsto en el 155— nuestro voto particular contemplaba un derecho de intervención”. Quien así hablaba en julio de 1978 era Manuel Fraga Iribarne, que vería rechazada su enmienda para introducir precisamente la idea de una intervención de la comunidad autónoma en ese supuesto. Frente a ello prefirieron lo que el conocido diputado llamó “la fórmula benévola” del definitivo 155. Así lo confirmó el diputado de UCD José Pedro Pérez Llorca al recordar que deliberadamente se estaba introduciendo en la Constitución un precepto federal y “no la técnica de la suspensión de acto o de intervención directa del Gobierno, que sería la propia de un Estado autonómico”.

Pero la historia de ese artículo nos dice algo más, también interesante en el debate actual: el 155 es de factura catalana. El anteproyecto que manejaron los constituyentes en enero de 1978 recogía al respecto únicamente la posibilidad de que el gobierno de la nación obligara “con la aprobación del Senado” a una comunidad a cumplir sus obligaciones y la ley. Fue una enmienda de Minoría Catalana, el grupo de Convergencia Democratica de Catalunya, la que introdujo la prevención de que la actuación del Gobierno contara con una mayoría absoluta en el Senado. Fue durante su trámite en el Senado que se introdujo la otra prevención que tiene el 155, el requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma antes de tomar las medidas necesarias por parte del Gobierno. La enmienda la había introducido la Entesa dels Catalans de la que formaba parte, entre otros, Esquerra Republicana de Catalunya.

Conviene recordar estos días la historia del pobre 155, tan en boca de todos, porque oiremos muchas cosas sobre este comodín constitucional. Por un lado, que es una imposición española, cuando en su confección tuvieron parte muy activa el partido en el que ha militado hasta su liquidación Puigdemont y el partido que dirige actualmente Junqueras. Por otro lado, como reclama Albert Rivera, que el 155 se puede aplicar para convocar unas elecciones en Cataluña, lo que no parece ser el caso a la luz del texto del artículo y, sobre todo, de la voluntad manifiesta de los constituyentes de limitar sus efectos rechazando de plano la idea de una “intervención” del gobierno autónomo (lo que sería necesario para convocar unas elecciones autonómicas). El 155 puede ser muy conveniente para actuar en caso de que el gobierno catalán incumpla de manera flagrante la constitución y las leyes o de que actúe contra el interés general de España, lo que desde luego haría declarando ilegal e ilegítimamente la independencia de Cataluña. Téngase muy presente, sin embargo, que, como buena norma democrática que tanto debe al seny catalán, el 155 no prevé la intervención, sino la adopción de medidas para obligar a la comunidad autónoma de Cataluña a cumplir la legalidad y para proteger el interés general.

Las leyes aprobadas la semana pasada por el Parlamento catalán exigen algo inaudito para una ley: suponer que la ley puede ser vulnerada apelando a la soberanía popular. En efecto, en el mismo acto de aprobar las leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica, los diputados de JxSí y la CUP (que son quienes en exclusiva han votado a favor de estas leyes) conscientemente vulneraron entre otras la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Electoral, las leyes que regulan el funcionamiento de la Justicia (del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional) y las leyes de organización local y territorial. Adviértase que no se trata de leyes que reformen leyes previas (algo normal en cualquier sistema constitucional), sino que se trataba, como advirtieron los letrados de la cámara, de quebrantar deliberadamente leyes adoptadas tanto por las Cortes como por el propio Parlament de Catalunya.

La manera que el President Puigdemont ha tenido de explicar semejante actuación ha sido apelar a la soberanía del pueblo de Cataluña. El único límite que existe según él, su gobierno y la mayoría parlamentaria actual es la soberanía de ese pueblo que se sustancia en ese parlamento en el que, junto a la CUP, tienen casualmente mayoría. Es un lenguaje tan claro y evidente que parece hasta mentira que no nos adhiramos todos inmediatamente a él: ¿cabe algo más democrático que convertir en ley la voluntad del pueblo? Es tan tentador que hasta Ada Colau y Podemos están ahí a un tris de entrarle a la idea y ceder a la evidencia. Si no lo ha hecho ya la primera es porque quiere seguir siendo alcaldesa y si no lo hace Podemos es porque le puede salir la cosa poco rentable más allá del Ebro.

Sin embargo, me temo que pocas afirmaciones se pueden hallar menos democráticas que la sostenida por Puigdemont y compañía para justificar el quebrantamiento constitucional, estatutario y legal de la semana pasada. Por decirlo con absoluta claridad: afirmar la soberanía ilimitada del pueblo (de Cataluña o de Segovia) es el primer paso para afirmar un poder irrestricto e ilimitado de quienes decidan que ostentan la representación del pueblo soberano.

Que esto es así se ha visto en esas mismas sesiones del Parlamento catalán cuando los diputados de los partidos que han votado estas leyes han decidido que su mayoría representa la voluntad del pueblo y que ello les faculta para alterar en 48 horas todo el ordenamiento catalán. El Parlamento de Cataluña, las Cortes españolas y el pueblo de Cataluña en referéndum establecieron (artículos 222 y 223) que la reforma del Estatuto requiere siempre como primer paso su aprobación por dos tercios de la cámara catalana (90 diputados). Han bastado 72 diputados para aprobar una ley, la de referéndum, que supone una alteración sustancial del Estatuto. El artículo 16 de la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias señala claramente como objeto de su dictamen las leyes que afecten a reformas del Estatuto.

Esa misma mayoría de 72 diputados decidió sobre la marcha eludir ese trámite y pasar directamente a votar, en lectura única y sin debate, una ley que se dice de Transitoriedad. Ahí puede verse ya el peligro de apelar a la voluntad del pueblo: esa ley tiene siete títulos y cerca de cien artículos o, dicho de otra manera, es una constitución (más bien una carta otorgada), que ha estado en el parlamento una tarde y con la que se quiere regular la vida política catalana. ¿Hasta cuándo? Pues “hasta la constitución de las nuevas instituciones”, así de preciso.

La democracia, en efecto, requiere que aceptemos que no hay más soberanía que la del pueblo o la de la nación. A renglón seguido, sin embargo, requiere también que quienes expresan esa soberanía a través de la representación parlamentaria tengan claramente marcados los límites que no pueden ignorar sin quebrantar la propia democracia: por ejemplo, alterar el ordenamiento con una mayoría no cualificada para ello y sin el debido proceso. Los parlamentos son soberanos en el sentido de que representan la soberanía, pero son democráticos solamente cuando respetan los límites a su poder.

En un texto breve, dirigido a sus estudiantes y titulado Contra la tiranía, el historiador norteamericano Timothy Snyder advierte sobre la importancia de respetar las instituciones y las leyes democráticamente establecidas. Lo hace para prevenir de quienes, en nombre del pueblo, comienzan por saltarse leyes, continúan cuestionando principios constitucionales y terminan afirmando que su voluntad –es decir, la del pueblo- es la nueva ley. Snyder ha estudiado con detalle el nacimiento de los regímenes totalitarios en los años treinta en Europa, pero la advertencia la hace a sus estudiantes para que estén vigilantes sobre vulneraciones actuales de las instituciones y las leyes: también Donald Trump apela al pueblo norteamericano cuando quiere saltarse las leyes del pueblo norteamericano. Ha sido la Justicia norteamericana, haciendo valer su condición de poder independiente, quien ha logrado frenar alguna de esas vulneraciones constitucionales. Por ello es un error pensar, como afirma también la alcaldesa de Barcelona, que la justicia no es la solución. Al contrario, ante lo ocurrido la semana pasada en el Parlament los demócratas deben exigir la actuación de la justicia para preservar la democracia. Luego tendrá que venir, sin duda, la política y dar paso a esa comisión parlamentaria propuesta por Pedro Sánchez para tratar de la reforma constitucional en materia de organización territorial de España, pero si no preservamos primero la democracia, la política ya estará de entrada desarmada.

No hay jornada, sobre todo desde que a Susana Díaz le amargaron el día los avales de su rival, sin que la prensa adicta a la andaluza no incluya alguna noticia o artículo de opinión que advierta sobre el peligro de una victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas. Abismo, ruptura, caos, desaparición… el diccionario se les va quedando escaso. A eso hay que añadir que si Corbyn por aquí, que si Hamon por allá y que si al contrario mira a Schulz y a Renzi, tan moderados. Aparte de que no se sabe muy bien qué es exactamente lo que hay que ver en el líder socialdemócrata alemán y en el centrista italiano, salvo que tampoco gobiernan y que no parece fácil que lo hagan, lo que llama la atención es tanta preocupación por repetir el cuento del lobo con Sánchez.

Porque, veamos, si Sánchez es un radical izquierdista podemizado y plegado a la estrategia de Pablo Iglesias, algo tendrá que reflejarse en el programa de gobierno que propone a su partido. Se llama “Por una nueva democracia” y, sinceramente, además de una fusilada a Tony Judt y la propuesta de una participación más efectiva de los militantes en la toma de decisiones del partido, no se ve por ningún lado el radical distanciamiento con el discurso socialista. Incluso diría que al contrario. Un ejemplo en tema candente, Cataluña. Si siguiéramos creyendo lo que El País quiere que creamos, pensaríamos que aquí viene lo de un pacto con los independentistas, lo del referéndum… Cito: “Partiendo de estos elementos, federalismo, reforma de la Constitución y diálogo sincero, será posible que aquellos que se sienten a la vez catalanes y constitucionalistas, retomen la iniciativa frente a un independentismo irredento que se ha potenciado a partir del argumento del agravio comparativo y el 'no nos dejan decidir'”. Inmediatamente: “En Catalunya, como en cualquier otro territorio en España y en cualquier sociedad compleja y diversa, la existencia de identidades nacionales diferentes no puede convertirse en un instrumento político de dominación y segregación de unos ciudadanos sobre otros”. ¿Y el abismo? Si lo dijera Rivera, los mismos que nos cuentan el cuento aplaudirían con las orejas.

Bien, si el abismo no está en lo que públicamente dice Sánchez en el documento que presenta a sus conmilitantes para pedir su confianza, busquemos en otro lado. Declaraciones de él mismo diciendo que si tiene ocasión intentará formar gobierno con Podemos y sus confluencias. Ahí podría estar el caos… pero ¡oh sorpresa! resulta que es algo que en el PSOE ya conocen bien porque los mismos que cuentan el cuento del lobo resulta que es exactamente eso lo que hacen: en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Asturias, en Extremadura, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza… bien con pactos de gobierno bien con apoyos parlamentarios. Debe recordarse que esos gobiernos fueron formados siendo secretario general Sánchez y a propuesta de los líderes territoriales, mismos que ven el caos, el abismo, la ruptura, la desaparición del partido mismo caso de intentar pactar con Podemos. Raro ¿no?

Se me van acabando las posibles explicaciones, aunque queda una: que esté yo totalmente equivocado buscando razones políticas cuando el pavor lo provoca el propio partido. Por aquí sí puede ir la cosa porque ciertamente es de temer que si Sánchez gana tienda a ir cargándose como en caseta de tiro al actual establishment del partido. En el caso del PSOE es mucho decir porque es el partido (junto al PNV quizá) que más consolidada tiene desde la Transición la estructura interna y la identificación de un liderazgo transgeneracional cuyos máximos representantes son precisamente los barones, todos ellos nacidos para mandar en el partido y conscientes herederos de la generación anterior. Ciertamente hacerlo sería una temeridad y podría quebrar el partido, pero ¿no lo quebraba también conspirar contra y defenestrar al secretario general? Sobre todo si la cosa se orquesta de modo que una entrevista en Prisa de Felipe González funciona como la Grandola Vila Morena que pone en marcha el golpe, el quiebre parece cosa más que evidente.

Es por ello que lo del cuento del lobo al final tiene poco o nada que ver con Podemos, con Corbyn y Hamon y absolutamente nada que ver con la propuesta política de Sánchez que de radical no tiene un pelo. Tiene que ver con el poder dentro del PSOE y con la función que se quiere en cada caso que cumpla ese partido en el panorama político español. Sobre eso es sobre lo que creo que deberían meditar los militantes socialistas. Yo no lo soy, pero si lo fuera habría avalado con mi firma a Patxi López porque considero que aunaba las cualidades de querer un partido adaptado a lo que el momento exige y de poder refundar un liderazgo asumido por toda la militancia. A día de hoy, sin embargo, lo único que sabría es a quién no votaría. Veremos el debate.

Hay que ver cómo les gusta a los líderes de Junts x Sí que gobiernan en Cataluña el espejo escocés. Es, como en los cuentos, un espejo mágico que devuelve la imagen que uno quiere ver y que evita mirar hacia otro lado, donde casualmente está la realidad. En el artículo que publica El País firmado por el vicepresidente y el presidente del gobierno catalán se ve una realidad que, supongo, entienden incontestable: ellos están sentados a la mesa de diálogo, quieren acordar pacíficamente cómo abordar las diferencias entre Cataluña y España y están esperando que se sienten los otros, los españoles. Estos, sin embargo y como cabía esperar, son de la peor calaña política y no solamente no acuden al diálogo sino que muestran la vía de la represión a los catalanes para solventar las diferencias: condenas judiciales y, llegado el caso, la fuerza armada.

Ay, si tuviéramos en España tan solo un pedazo del gobierno democrático británico que accedió a celebrar un referéndum en Escocia en vez de usar las amenazas y las condenas. En el espejo británico, Cataluña es como Escocia, pero España se parece más a Turquía que a otra cosa. ¿Así de simple? Creo que no, que la cuestión es algo más compleja y la historia puede arrojar alguna luz que, me temo, haga palidecer un tanto la prístina imagen del espejo británico.

Primera cuestión que Puigdemont y Junqueras obvian, aunque por supuesto que la conocen bien (recuerdo que el vicepresidente es historiador de profesión): ¿desde cuándo Escocia tiene un régimen de autonomía y en qué consiste ésta exactamente? Nadie debe dudar que el Reino Unido es, como dicen los dirigentes catalanes, un ejemplo de civilidad y democracia en Europa… que ha funcionado sin nada que se parezca a autonomía en Escocia desde la unión de 1707 hasta 1998. La ley que en 1998 instituyó el parlamento escocés y asignó funciones de gobierno a la nueva administración respondía a una práctica muy característica del imperio británico que se denomina devolución y que consiste básicamente en un acto mediante el cual el Parlamento británico accede a otorgar diferentes dosis de autonomía a alguno de los territorios que componen el conglomerado imperial o la unión británica.Es decir, que la devolución, y la autonomía escocesa, emanan de un referéndum (en realidad de dos, pues en el primero no se consiguió superar el 40% de participación) y de una decisión parlamentaria británica.

Segunda cuestión, que obviamente conocen tan bien como callan Puigdemont y Junqueras, en esa ley británica que constituye mediante devolución la autonomía escocesa existe una expresa reserva de supremacía parlamentaria británica, es decir, una especie de tutela superior que puede activarse en cualquier momento. Este de la supremacía parlamentaria de Westminster es también un clásico del derecho británico como bien sabe cualquier escolar norteamericano desde que le explican por primera vez los orígenes de la guerra revolucionaria que dicen ellos, es decir, la de independencia de las 13 colonias. Hay esferas sobre las que legisla el Parlamento de Escocia, pero eso no quita para que pueda eventualmente hacerlo por encima el Parlamento británico. Solo recientemente, y como efecto del referéndum de 2014, se ha añadido una provisión para señalar que “normalmente” no lo hará sobre materias transferidas a Escocia.

Es precisamente ese principio de supremacía del Parlamento (en principio del inglés, después del británico) lo que conforma un núcleo tan irrenunciable del constitucionalismo británico que lleva a activar mecanismos de referéndum sobre la pertenencia o no a la unión británica (o a la Commonwealth, o al imperio cuando existió) como única salida posible cuando se trata de llevar la autonomía más allá de la línea demarcada por esa supremacía. Dicho de otra manera, en el sistema de autogobierno de Escocia (o de cualquier dominio británico) no cabe la idea de que pueda haber aspectos que intrínsecamente pertenezcan al derecho del territorio y sean completamente inmunes a la ley del Parlamento británico porque en el ADN del constitucionalismo británico está la idea de la supremacía absoluta del parlamento (de hecho, es lo que les inmunizó frente al absolutismo monárquico, máxime después de que la monarquía y la iglesia se fundieran en una sola pieza). El sentido común, del que van históricamente sobrados, les podrá indicar que es mejor no inmiscuirse en lo que no es necesario, pero por si acaso ahí está siempre la reserva expresa de esa supremacía.

Ahora ya sí podemos hacer la comparación más precisa con Cataluña. No es solamente que la autonomía catalana sea veinte años más madura que la escocesa y establecida a la salida de una dictadura que laminó cualquier forma de autogobierno (y de existencia constitucional de España, por cierto). Es, sobre todo, que la constitución española establece “el derecho a la autonomía de las nacionalidades”, es decir, que estas, la catalana por ejemplo, tienen ese derecho por sí mismas y sin que tenga que realizarse ejercicio alguno de devolución. Este reconocimiento habilitó un título constitucional, el octavo, que sin ser ninguna panacea aquí nos ha servido para ir tirando desde la asunción de que existen asuntos que son de las autonomías y asuntos que son del Estado. Dicho de otra manera, aquí no hay supremacía parlamentaria que valga sino derecho de los territorios a autogobernarse y legislar en exclusiva sobre materias que les son propias según sus estatutos.

Si en el origen de la autonomía catalana no hubo devolución sino derecho propio, tampoco hay supremacía parlamentaria española que establezca una suerte de tutela legislativa permanente e impida por ello el acceso a formas diferentes de articulación de la autonomía. La supremacía no consiste en que —como ocurre también entre nosotros— el parlamento nacional tenga que revalidar una reforma estatutaria sino, en un nivel constitucional más profundo, en una capacidad eventual de intervención legislativa general en el territorio (“Esta sección, sobre el Parlamento de Escocia, no afecta al poder del Parlamento del Reino Unido para hacer leyes para Escocia”: esto es supremacía parlamentaria).

Es así que si nos empeñamos en mirarnos en el espejo escocés deberíamos estar dispuestos a ver todo y no solamente aquello que conviene. El espejo escocés, y el británico, no solamente nos dicen de un pueblo y un gobierno muy civilizados y democráticos (que sin duda alguna lo son, y mucho) sino también de una cultura constitucional basada en una idea de supremacía parlamentaria que puede llegar hasta la devolución pero difícilmente más allá, quedando como salida solamente la independencia. Hace doscientos y pico años ese dilema se resolvía a tiros en Norteamérica, hoy afortunadamente no.

Sin embargo, nuestro registro constitucional no tiene por qué conducir a ese tipo de soluciones sino que puede ofrecer un menú mucho más variado al partir del reconocimiento de que la autonomía se genera en un derecho de las “nacionalidades y regiones” y que no existe nada similar a la supremacía parlamentaria como núcleo duro de nuestra constitución. Es, por tanto, más bien un deficit constitucional el que aboca al conglomerado británico a ese tipo de soluciones (en buen medida, el Brexit tiene que ver también con ello al enfrentar la parliamentary supremacy al gobierno europeo). Está bien que Puigdemont y Junqueras estén ya sentados a una mesa para dialogar. Eso es fantástico. Mucho mejor que intentar pasar una ley en el parlamento catalán que le hurte el debate y apruebe de un hachazo decisiones trascendentales. Pero deben esperar que, gracias precisamente a un sistema constitucional que lo permite, las cosas no haya que decidirlas entre “sí” o “no” a lo mío sino, de manera sosegada, con mucho debate, sin duda alguna desembocando en una consulta final que incluya distintas fórmulas de autogobierno derivadas del derecho al mismo de Cataluña.

Hace escasos días en el campus de Vitoria de la UPV/EHU un grupo no muy numeroso de personas impidieron que la única candidata al rectorado de esta institución, Nekane Balluerka, pudiera exponer su programa de gobierno. Tras una pancarta impidieron por la fuerza que la profesora Balluerka accediera al salón de grados del edificio de Las Nieves. Por la fuerza quiere decir literalmente eso, utilizando la fuerza física al tiempo que se gritaban las consabidas consignas tan relacionadas con el mundo académico como Hemendik alde. Nada nuevo, lo habitual.

Sin embargo, creo que es hora de denunciar el contenido profundamente machista de este tipo de actitudes y con ello la enésima falacia de estas revoluciones tuiteras. A Nekane Balluerka no le dejaron hablar por ser mujer, ser candidata al rectorado de la UPV/EHU y presumir que iba a decir cosas que no les iban a gustar a quienes machistamente le impidieron siquiera tomar la palabra. Si Nekane se hubiera llamado Arnaldo, hubiera ido a la universidad a hacer campaña y a decir cosas que a los de la pancarta les parecen el no va más, por supuesto que habría pasado hasta el salón de grados, habría dicho lo que le pareciera bien y quienes estaban el otro día tras la pancarta habrían aplaudido con las orejas.

Pero Nekane tiene nombre de mujer y allí estaba al mando del cotarro un macho alfa que se encargó de que aquella mujer no pudiera ni empezar a hablar. Alguien se lo dijo allí mismo, que si le parecía de recibo no dejar hablar a una mujer. “Tratamos igual a las mujeres y a los hombres”, dijo el macho alfa, orgulloso de su reflexión. Igual de machistamente, sí, porque el machismo de su acción no está solamente en el hecho evidente de que a quien no permitió hablar era una mujer, sino en que su performance es profundamente machista. Que todo estuviera comandado por un macho alfa que era quien daba consignas y negaba el paso (por la fuerza, repito) y la voz (por la fuerza también) a la candidata, que un macho beta se apostara junto a otros en la puerta de enfrente por si la candidata decidía, como pareció ser en un momento, dirigirse a otro espacio y poder hablar, que al gesto de macho alfa todos gritaran y empujaran cada vez que se producía un movimiento, por leve que fuera, de la candidata tiene todos los ingredientes de una actuación que rezuma machismo por todos los poros. No solo es la intransigencia, la negación de la palabra, el desprecio por el debate, es también la actitud machista.

Y había mujeres entre las que seguían sin rechistar el guión marcado por el macho alfa. Ninguna de ellas tuvo el valor de pedirle que dejara a aquella otra mujer hablar. Al contrario, si macho alfa comenzaba a empujar y gritar, ellas seguían la consigna y gritaban contra la mujer que solamente pretendía exponer un programa de gobierno para la universidad. Irónicamente aparecía por allí un cartel contra la educación patriarcalista en la universidad. No entro ahora en lo desconcertante de ese lema, sino en que fuera exhibido con toda impudicia por quienes estaban en aquel acto dando las muestras más evidentes más que de patriarcalismo del machismo más rampante. Repito, ni una sola de aquellas mujeres movió un dedo para permitir que una mujer tomara la palabra y no lo hicieron porque el macho alfa era quien estaba al mando de aquello.

En un momento determinado, logré preguntar a uno de los que impedían por la fuerza el paso por qué no permitían a la profesora Balluerka hablar y le planteaban su protesta: “porque no nos sale de los cojones”, fue la respuesta. Cuando ya la candidata dio por hecho que no podría acceder al salón de grados ni hablar, tuve ocasión de decirle al macho alfa, precisamente a él, que comenzaba a explicarme de dónde puede surgir la gente que acaba votando a Donald Trump. “Yo estoy encantado con que haya ganado”, fue su respuesta. Ya lo ven, testosterona de cojones y de Trump era lo que sobraba por allí. Faltaba libertad, palabra, debate. Y Nekane sigue llamándose Nekane y no Arnaldo, sigue siendo mujer y no hombre, sigue siendo candidata al rectorado y aquellos seguidores del macho alfa, y las seguidoras, siguen sin saber si lo que tenía que decir Nekane les parecía bien o mal, porque no le dejaron hablar. Por cojones.

Más allá de los fuegos artificiales de las referencias a El País, Telefónica y otros grandes pesos mediáticos y empresariales, la entrevista que Évole hizo a Sánchez en la Sexta dejó sobre la mesa un asunto de la mayor relevancia. Tiene que ver con la legitimidad de la actual dirigencia socialista para seguir tomando decisiones políticas en nombre del PSOE.

Fuera quien fuera el que le puso los palos en la rueda a Sánchez, lo cierto es que el primero de octubre el secretario general del partido fue desbancado de un modo que recuerda poderosamente al golpe de Estado light (pero por light no menos efectivo) que sacó del gobierno de Brasil a Dilma Rousseff y colocó en su lugar a Michel Temer. Una buena campaña de prensa calienta el ambiente, una jugarreta dudosamente legal deja la decisión en un órgano representativo con cuyos votos ya se cuenta y que le da el barniz de legitimidad democrática y sin un asomo de violencia, voilà, ya tenemos una nueva dirección política.

En el caso del PSOE, el problema reside tanto en la legalidad de lo hecho como, sobre todo, en la legitimidad de la nueva dirección para actuar políticamente en nombre del partido. La única legalidad que puede exhibir la gestora creada tras la dimisión de Sánchez es la que deriva de una situación de emergencia ante la falta de dirección. Nada más, porque, de hecho, su existencia no está prevista en los estatutos del partido, prueba determinante de su carácter de emergencia. Como tal, esa gestora no debería haberse ocupado más que de dos cosas: la gestión administrativa (hacer pagos, cumplir obligaciones, coordinar áreas…) y la convocatoria de un congreso extraordinario.

Su mayor problema, sin embargo, no es la legalidad, con ser tan tenue, sino la legitimidad. Por muy metepatas y pésimo líder político que uno pueda considerar a Sánchez no deja por ello de ser un hecho que la legitimidad de su mandato descansaba sobre bases sólidas, más que las de cualquier otro dirigente socialista precedente: a su elección en un congreso en julio de 2014, añadía la de haber sido elegido días antes por sufragio universal de los militantes del partido. Podrá decirse lo que se quiera sobre esa elección (que si fue elegido porque Susana Díaz le apoyó porque Eduardo Madina le asustaba, que si hubo una reunión de barones que avalaron esa elección con la condición de que no fuera candidato electoral) pero el hecho cierto es que Sánchez llegó a la secretaría general bien munido de legitimidad. Lo mismo podría decirse sobre su condición de candidato a presidente del gobierno, puesto que fue también designado mediante elección entre la militancia.

¿Y Javier Fernández? ¿Quién le ha elegido para dirigir el partido? Nadie, absolutamente nadie. El Comité Federal del 1 de octubre únicamente le nombró para presidir un colegio de personas cuya función es gestionar (de ahí su nombre) y convocar un congreso extraordinario. Esto es importante, porque cualquier actuación de calado político llevada a cabo por Fernández y esa gestora no solamente tienen claros visos de ilegalidad sino que, además, es totalmente ilegítima. Por ello, afirmar, como hace Javier Fernández, que se tomarán un tiempo (se supone que dilatado) para convocar el congreso con la excusa de que primero hay que pensar qué modelo de partido se quiere es un disparate. Precisamente para eso, para decidir que PSOE se quiere y quién debe dirigirlo es para lo que se debe convocar un congreso extraordinario y unas elecciones primarias que den legitimidad a dicho proyecto y liderazgo. Imaginen que ante un fracaso de Rajoy en la investidura, hubiera decidido que en vez de en diciembre las elecciones se realizarían en primavera para que, mientras tanto, fuéramos pensando los españoles qué modelo de país queremos. Inasumible ¿no? Pues eso.

Los poderes de naturaleza extraordinaria, sobre todo si, como es el caso, no están ni siquiera previstos en las normas fundamentales, deben limitarse extraordinariamente en sus funciones y en su duración. No por capricho sino porque corren dos riesgos: perpetuarse, incluso bajo forma electoral tras haber preparado convenientemente el terreno con la sartén por el mango, o ser desobedecidos. Esto último sería un consecuencia lógica porque en cualquier organización social de individuos libres e iguales la obediencia solamente puede descansar en la legitimidad que otorga la elección y a la gestora, repito, no la ha elegido nadie; ha sido designada pero no elegida.

Existe finalmente una razón de conveniencia para que el PSOE celebre a la brevedad ese congreso, y también la puso de manifiesto la entrevista de Évole a Sánchez. De lo dicho por el entrevistado se deduce con bastante claridad algo que ya se advertía a ojo: que en el PSOE había dos partidos. Uno más proclive a un entendimiento con la derecha (Ciudadanos y PP, por este orden pero sin descartar ninguno de los dos), opuesto frontalmente a cualquier acuerdo hacia la izquierda (Podemos) y completamente autista cuando se trata de hablar con los promotores de la independencia de Cataluña. El otro PSOE entiende que llegara acuerdos con el PP desdibuja al socialismo y que debe, por contra, entenderse con la otra izquierda, con Podemos. Así mismo plantean que tratar con los independentistas catalanes parece imprescindible tal y como está actualmente el patio. Efectivamente son dos proyectos bien diferentes que deben enfrentarse, debatirse y votarse en un congreso. La gestora al frente del PSOE claramente representa el primero de esos PSOEs, el postulado por Susana Díaz, y no sería justo ni legítimo que continuara tomando más decisiones en ese sentido, cuando carece completamente de legitimidad para hacerlo. Si esto se manejara con una cultura política madura ese congreso seguramente ya se habría celebrado. Se habrían partido la cara dialécticamente y una opción habría ganado. Tras ello, el partido seguiría tan dividido como antes en cuanto a la ideología particular de sus militantes pero sólidamente unido en su proyección pública. Vaya, por un momento pensé que estaba hablando del Labour Party.

“Debacle”, “batacazo” y hasta “menuda hostia, Pedro” se ha dicho y podría decirse del resultado del PSOE en Galicia y Euskadi. Dejarse casi la mitad de los escaños en Euskadi y pasar a tercera fuerza política en Galicia no podría calificarse de otro modo… y van cuatro a contar desde diciembre de 2015. Mal, realmente Pedro Sánchez lo tiene muy mal porque desde que llegó a la secretaría general, no ha visto otra cosa que una constante sangría de votantes que deciden irse a derecha, izquierda o a ninguna parte, no votar.

Y, sin embargo, sostengo que Sánchez tiene mérito. De todos los contrincantes electorales, el PSOE es el único partido que pugnaba contra uno más, contra sí mismo. El suspiro de alivio en Génova la noche del pasado 25 de septiembre no fue nada comparado con el ruido de palmas con las orejas que se oiría en las sedes socialistas de Sevilla, Oviedo, Cáceres, Toledo o Zaragoza. La principal contienda electoral del PSOE no era con el PP o las mareas en Galicia o el PNV o Bildu en Euskadi, sino con el PSOE en las baronías que esperaban un resultado como el producido para comenzar el proceso de desmontaje del escenario que esas mismas baronías construyeron en 2015 creyendo que el tal Sánchez tenía unos hilos colgando de los brazos y las piernas para que ellos movieran el muñeco. Como fue que no, pues a cortar los hilos, a dejar inerme al muñeco y a colocar otro, que es a lo que Susana Díaz fue, según ciertas lenguas, a Zamora la noche anterior al 25S. Como buenos barones, siempre podrían decir que estaban velando armas cuando estaban maquinando como cargarse al jefe.

Haría falta una sobredosis de ingenuidad para creer que es pura casualidad que mientras Sánchez estaba en un mitin en Galicia, el barón extremeño montara el numerito sobre la falta de libertad de expresión en el PSOE y que el barón emérito de la misma marca amagara con irse del partido si Sánchez hacía lo mismo que hace su criatura extremeña, gobernar apoyado por Podemos. La haría falta también para creer que mientras Sánchez visitaba Vitoria, por ver si se podía contener algo el desastre en ciernes, una marea de mensajes en la red vinieran espontáneamente a mostrar su apoyo al mencionado barón, a quien pueden faltarle libertades pero desde luego no la de largar. Dicho de otro modo, una parte del PSOE , y no una cualquiera, haciendo campaña contra el PSOE dándole en realidad lo mismo si los votos se disparaban a la izquierda, la derecha o a la abstención.

No me cabe duda que no hay otra explicación para este maravilloso ejemplo de autofagia que el propio partido, su forma de entenderse y de organizarse. España es país de barones y sus partidos no hacen sino reproducir esa genética que nos ha costado y cuesta tener ni más ni menos que la nación en precariedad permanente. Si Joaquín Costa levantara la cabeza no extrañaría mucho el paisaje. El PSOE, sin embargo, ha hecho del baronazgo prácticamente su constitución, probablemente por un federalismo mal entendido y peor gestionado que pudo disimularse mientras el jefe fue realmente un primus inter pares. Con González, se dice a veces con añoranza, no se movía una mosca. Claro que no, porque la frase “Felipe era mucho Felipe” en realidad quería decir que Felipe era un estupendo gestor de baronías, un barón de barones.

Pedro Sánchez llegó a la secretaría general y lo primero que hizo fue cargarse un barón, ni más ni menos que al de Madrid. Un acto de este calado podría haberse sostenido solamente si el PSOE se hubiera hecho de seguido con la presidencia de la comunidad autónoma. Pero no fue así por un escaño y los barones, hasta entonces chitón por si acaso, comenzaron a atreverse cada vez más a medida que el tal Sánchez les tocaba los cataplines u otras partes sensibles con las primarias y las consultas a las bases y cada vez que hacía un movimiento que podría consolidarle en el castillo y plaza fuerte de Ferraz, como intentar gobernar haciendo equilibrios en el alambre. Ese es un aspecto fundamental de la crisis socialista: Sánchez entra con todo contra las baronías, pero no propone una constitución interna del partido alternativa a ese federalismo feudalizante. La única vía de salida que el secretario general y los suyos han visto y seguido hasta ahora ha sido el gobierno de España, cuando lo primero que tendrían que hacer es gobernar su partido. Si se trata de cargarse el sistema de baronías tal y como funciona ahora, que lo hagan pero para ello tendrán, digo yo, que proponer otra constitución interna, otra forma de funcionar el partido. Es parte también del mensaje legible en sus resultados electorales, la exigencia de un nuevo partido (cosa que, por cierto, parece entender mejor Errejón que Iglesias).

Por no haber hecho primero esos deberes, Sánchez se ha encontrado permanente en pugna electoral contra su propio partido. Solo así puede entenderse la paradoja de que el partido prohíba (¡sic!) a su líder intentar formar gobierno con los mismo que gobiernan cinco de esos mismos mandarines territoriales. “No se puede gobernar con 85 diputados”, hemos oído repetir como una oración recitada no desde el PP sino desde el propio PSOE. Sí se puede, sin embargo, gobernar en Aragón, Valencia o Asturias con porcentajes casi idénticos (en algunos casos menores) que los del partido en España. Y en todos esos casos gobiernan las baronías socialistas con apoyo de Podemos y de otros partidos a su izquierda. ¿La razón? Desde luego, como cabe suponer, no que Podemos sea un partido bolchevique o bolivariano, nido de separatistas y anti-Españas porque si así fuera ¿qué harían todo un Fernández Vara y todo un Javier Fernández gobernando apoyados por esa calaña?

La única razón es la misma que ha estado durante las campañas autonómicas recientes apilando leña en torno al castillo de Ferraz a ver si ahora, con el fuego y el humo, sale por fin de ahí ese mal señor que no ha entendido de qué iba esto. Ya lo dijo, tampoco casualmente en lo mejor de la campaña electoral reciente, la voz autorizada de esa confederación de baronías rebeldes, el grupo PRISA: que Sánchez es un irresponsable, un testarudo y que no parece ni muy español ni mucho español. Todo lo contrario de un tal Rajoy que en marzo también votó en contra de un posible gobierno para España, después de decir “paso”. Y eso que no era con rojos peligrosos sino con el tranquilizante color naranja. Pero es igual, Sánchez es lo que es (irresponsable, contrario a los intereses nacionales por ambicioso y demás) no por el manido “interés de España” sino porque se está brincando alegremente la constitución interna del partido y no ha promovido otra diferente. Por eso es urgente quitarlo de en medio y evitar como sea que se agarre a ese último tablón que queda por ahí, en medio del naufragio. De momento parece que el PSOE (sector PRISA) ha ganado estas elecciones y que es lo más seguro que el partido conseguirá restablecer su constitución de baronías.

En este país no hay un PSOE, sino dos y compiten a muerte entre ellos, tanto que Susana y sus cuates prefieren antes a un Rajoy que se pase el chicle con independentistas que ver a Sánchez en el único lugar donde sería invulnerable, la Moncloa

La lideresa que quiere asaltar los cielos de Ferraz, o que lo haga de nuevo un mandado (pero esta vez atado en corto), debería tomar buena nota de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados. Con ella debería hacerlo la parte del baronazgo socialista tan pendiente de encajar un palo en la rueda de Sánchez, que se andaban olvidando ya de cómo se las gasta la política barroca en este país.

Menos mal que para eso está el escenario. Si estuvieron atentos al mismo podrán haber advertido que a poquito que fuercen la máquina de su raca-raca se van a encontrar con la siguiente paradoja: la línea roja que le trazaron a Sánchez para poder ser investido presidente del Gobierno se la van a tener que comer con patatas para permitir que lo sea Rajoy. Como buen conocedor (o, al menos, practicante) de la tradición política barroca de esta monarquía, el presidente en funciones ha logrado el mágico resultado de que lo que es no lo parezca y de que lo que parece ser no sea. Ya no es malo, ni moralmente reprobable, ni un atentado contra el orden constitucional y la unidad de España pactar con fuerzas que propenden con tanto énfasis como cinismo al independentismo de una parte del patrio suelo. Al contrario, es bueno, es razonable, es lo que conviene a España.

Quienes prohibieron a Sánchez pactar con estos y aquellos se van a poder ver ahora en la tesitura de (por el bien de España de nuevo, qué menos) tener que abrir paso a un gobierno que viene ya dibujándose por la vía del pacto con este tipo de socios. O sea, lo que era poco menos que un casus belli si lo hacía el candidato del partido propio, se lo van a tener que consentir ni más ni menos que a quien ha ido construyendo esa imagen demoniaca de todo lo que no entra en lo que el PP entiende por “orden constitucional” (y donde, por cierto, han incluido en no pocas ocasiones al mismo PSOE). ¿Por qué?

La razón creo que a estas alturas y visto lo visto no se le ha de escapar a nadie: porque en este país no hay un PSOE, sino dos y compiten a muerte entre ellos, tanto que Susana y sus cuates prefieren antes a un Rajoy que se pase el chicle con independentistas que ver a Sánchez en el único lugar donde sería invulnerable, la Moncloa. De lo que parece que se han dado cuenta hasta en Podemos, después del mentís de ayer a las cuentas de la lechera de Pablo Manuel, no es posible que no se sea consciente en el PSOE: Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu por la izquierda y CDC y PNV por al derecha han sido los facilitadores de que el PP se haga con el control de la presidencia de las Cortes (tercera magistratura del Estado, ni más ni menos) y muy seguramente, en unas semanas, del Gobierno. (Sí Pablo, esto empezó el año que naciste, pero tú has estudiado bien esa parte de la historia política de nuestro país, ¿de qué te sorprendes? El nacionalismo de derechas nunca ha hecho ascos a un buen pacto con Madrid. Repasa la negociación del Estatuto de autonomía vasco en 1979 con UCD, o el salvavidas que le lanzó Felipe al PNV roto en 1986, o la alubiada en la que Arzalluz y Aznar sellaron lo suyo en 1996. ¿Y el nacionalismo de izquierdas?, te preguntarás angustiado. Pues ya ves que no existe, es nacionalismo, a secas, y así actúa. Olvídate de que tu rollo de las políticas sociales o de la reforma constitucional les interese. Y así ha sido también desde 1978).

Sí, en el PSOE, en los PSOEs, lo saben bien y a eso están, mucho más que a cualquier otra cosa. No es que se equivoquen de portería, es que el equipo contrario no es el PP, es el otro PSOE. Con El País en el banquillo dando instrucciones, con la carcunda de la vieja guardia aplaudiendo cada jugada en el área contraria, Susana y los suyos no reparan en imaginación para conseguir la victoria. Tanta, que van a poner la olla del partido a máxima presión para forzar al secretario general a aceptar mediante la abstención la presidencia de un Mariano que ha cruzado fumándose un puro y con otro en el bolsillo para luego, las líneas rojas que podían desgarrar al propio partido. ¿Para qué? No hay duda: porque las líneas rojas solo estaban para que se estrelle Sánchez. ¿Por qué? Porque así será más fácil ganar donde creen que deben hacerlo, en su propio partido. ¿Qué partido? Lo que quede, que no será mucho, y que será la eterna muletilla del bien de España. Por mucho que quieran vestir al muñeco pronunciando ese mantra, no cuela. Se trata de lo que se trata, que es cargarse al secretario general, un díscolo que les ha salido tan rana que llevan tiempo añorando al número 7 por Madrid, que les pareció menos manejable pero que ha demostrado ser un chico mucho más formal y de orden.

Pues no. Se trataba de buscar una segunda vuelta donde, una vez comprobado que Podemos por sí mismo no da mucho más de sí, y comprobado que las mareas marean que da gusto, buscar el caladero electoral de IU como atún hambriento. Se lo dejaron de postre el 20D porque les pareció pecata minuta ante el atracón que se iban a dar y cuando han visto que los cielos están pelín más lejos de lo previsto es cuando se acuerdan del manjar que dejaron en la nevera “para por si acaso”.

No es despreciable en absoluto. Primero porque fue cerca del millón de votos y porque la “nube de puntos” que decía Alfonso Guerra cuando se refería a todas las encuestas, parece que auguran algo más (a costa de los morados precisamente). Segundo porque así se lava bien a fondo al imagen que el PSOE ya les está empezando a fabricar de destructores de la izquierda. Por eso no extraña que, a diferencia de lo que ocurrió cuando Iglesias casi se parte de la risa cuando IU quiso migas en la pasada campaña, ahora Echenique dice que lo que quieran y Monedero hasta les da nombre. Por bendiciones no será, porque incluso la prensa adicta ya se las ha dado.

Sin embargo, hay dos aspectos de esta “confluencia” a mi juicio que deberían ponderarse. Uno tiene que ver con IU misma: ¿realmente es interesante ahora esa alianza? En principio se diría que sí, porque es obvio que las posibilidades de traducir en escaños de izquierda el voto de IU aumentan exponencialmente. Pero pensémoslo con calma porque si la previsión, a poco que la campaña se haga de manera inteligente, es que se pase de dos a seis o siete diputados, es decir, con grupo propio, creo que la cosa cambia. Lo hace en el sentido de que ante un imprevisible pero no imposible escenario de un gobierno por la izquierda IU tendría mucho que decir y que influir. Esos diputados diluidos entre los de Podemos (pongamos, setenta y cinco) pintarían bien poco. Fuera de Podemos contaríamos con una IU con capacidad decisoria propia, sin ataduras a los mareos de las mareas y de los nacionalistas catalanes y vascos de Podemos poniendo el carro del derecho a decidir antes que los bueyes de las políticas sociales y de las reformas constitucionales. Casi darían ganas de votarles.

El segundo aspecto tiene que ver con Podemos y con el PSOE. Debo ser yo que no me estoy enterando pero ¿no se trataba de sacar al PP y de formar un gobierno de progreso? Por parte del PSOE poca idea al respecto parece haber cuando todo apunta a que irá lastrado por el pacto que firmó con Ciudadanos hasta las urnas del 26J. Ciudadanos feliz, claro, porque le deja en una situación inmejorable para hacerse con el voto centrista y Susana Díaz y los “madriles” más porque podrán recoger del suelo los restos que queden del PSOE de Sánchez. Lo suyo sigue siendo la política pequeña, la de partido, la del canallismo interno. Tendrán el PSOE que se merecen si consiguen su objetivo.

Pero ¿y por parte de Podemos? ¿Realmente es interesante la colaboración con el sector más carcúndico del PSOE para que eso pase? Basta repasar los comentarios de la peña en la prensa adicta para ver los botes de alegría que da ante la “pasoquización” del PSOE. Es el sorpasso lo que cuenta, es el objetivo. Nos cepillamos al PSOE y nos colocamos como primera fuerza de la izquierda. Objetivo cumplido y líder consagrado. Perfecto… pero sobre todo para el PP que al día siguiente formará gobierno con C’s y no desdeñará ya el apoyo de PNV o quien pase por allá dispuesto a recoger dividendos, el mismo Puigdemont dentro de un añito o dos, ya sin Rajoy. Podemos puede ir olvidándose de que sos restos “pasoquizados” del PSOE tengan jamás la más mínima intención de ir con ellos ni al baño, al contrario, con Susana o similar al mando irá más bien tirando hacia el otro lado. Podemos puede soñar, efectivamente ¿ochenta? ¿noventa? ¿ciento veinte diputados? Es para excitarse, ciertamente.Pero no sirve más que para ser oposición, la eterna oposición. Pablo Iglesias, Echenique, Errejón envejecerán (sí, Errejón también) siendo los pepitos grillos del Congreso. Nos harán indignarnos a veces ante las políticas merkelianas que nos esperan y seguro que nos harán reír muchas, porque ocurrentes sí son. Iglesias seguirá levantando el puño como si fuera el primer comunista que pisa el Congreso. Y esto será todo, amigos.

A pesar de que las pasadas elecciones marcarán la alteración del sistema de partidos en España no parece que vayan a marcar la modificación de la política. Esta sigue siendo una política confesional, como si el país llevara este designio en su ADN. Confesional en el sentido de que tanto los partidos que estaban como los que acaban de llegar entienden igualmente la política como la plasmación de una ideología, la suya. Y no, la política no es eso. No lo debería ser ni cuando se tiene mayoría absoluta, pero en ningún caso cuando el panorama es como el actual. En ese caso la política se convierte en un arte, no en una técnica. Es el arte de crear un ecosistema político que trascienda la ideología propia y genere un gobierno a partir de esa transgresión. A nuestros partidos, viejos y nuevos, ese paso les da vértigo, tanto que han sido incapaces siquiera de iniciarlo.

El recorrido, casi idéntico en unos y otros, ha seguido perfectamente el canon del confesionalismo ideológico: no pactaré con nadie, solo lo haré si no se cruzan estas líneas, no hay nada que hablar si no se acomodan a mi propuesta. Después viene el rasgado de vestiduras y la acusación mutua ¿Nos están hablando a ciudadanos del siglo XXI o a soldados en guerra de religión? Me indigna, es decir, me cabrea, que PSOE, Podemos y Ciudadanos me hablen como si yo fuera miembro de su respectiva confesión. No, solamente les he votado, nada más, y lo he hecho por una razón política, porque quería un gobierno diferente.

Me enfada que Sánchez, Iglesias y Rivera crean que mi voto puede contarse como quien cuenta hooligans de un equipo u otro antes de un partido y más aún que crean que pueden volver a contarme de ese modo dentro de un par de meses. Yo voté para que se activara la política, porque creo que los problemas de nuestro país dependen en su arreglo mucho más de la política que de los mercados. O mejor dicho, porque creo que uno de nuestros más graves problemas es haber dejado a los mercados funcionar sin política. De la política depende que en Europa defendamos un tratamiento justo de los refugiados, que corrijamos la enorme y creciente brecha de desigualdad social, que reconstruyamos un sistema de sanidad como el que teníamos, que la educación y la investigación sirvan para exportar ciencia y no científicos. De la política depende que la mancha de aceite de la corrupción no siga invadiéndolo todo. Esa política era posible con un nuevo gobierno.

¿Por qué no lo tenemos? La respuesta, creo, no hay que buscarla en las propuestas y documentos que se han cruzado, que contenían altas probabilidades de acuerdo. Hay que buscarla en la cultura política de nuestros partidos. Tanto el partido viejo de este triángulo como los dos nuevos siguen un idéntico patrón de identificación entre partido y única política posible, es decir, el confesionalismo político. Todo lo demás resulta secundario ante ese bien que es la preservación del partido y su feligresía. De ahí la manía que les ha entrado de preguntar constantemente a sus bases, como si la formación de gobierno fuera cosa que pueden decidir unos cien mil militantes socialistas o los que voten en la consulta de Podemos. Pero es que tampoco se trata de conocer la opinión de esas bases, sobre todo, porque ya se conoce de antemano. Son actos de y para el partido. En el caso de Sánchez fue el modo de sacudirse la mosca cojonera de Susana Díaz y compañía y en el de Iglesias el de reafirmar su unión mística con Podemos puesta en entredicho últimamente.

Esa confusión entre el partido y la política, tan propio de nuestra cojitranca cultura politica, nos ha llevado a este callejón sin salida y a mí, y supongo que a muchos ciudadanos, a la indignación. Sí, estoy irritado y enfadado vehementemente porque constato que lejos de una nueva política estamos en la de siempre solo que con más actores. Estoy cabreado porque Sánchez, Iglesias y Rivera siguen refugiados en el templo de sus partidos y no parecen dispuestos a arriesgarse a salir a la plaza pública de la política. ¿Quién la ocupará entonces? El que dijo que no había más que esperar tranquilamente a que estos terminaran d

Es lo que ha pasado en el campus de Álava. El responsable universitario, el vicerrector de campus, ha actuado con la mejor fe posible. No es peloteo, entre otras cosas porque de peloteo es de lo último que tengo ganas con este equipo rectoral, pero es verdad. Ha tratado de negociar con los que promovían estas protestas, ha aguantado lo indecible, ha estado por todo el campus tratando de evitar lo peor… hasta le han echado pintura encima por ello. El vicerrector ha podido así, jugándosela personalmente, evitar lo peor, los ataques personales, pero la realidad es que los sedicentes revolucionarios han hecho lo que les pedía el cuerpo: atacar la biblioteca.

A mí me jode en el alma, porque la biblioteca es sagrada. Es curioso, porque esta biblioteca, la del campus de Álava ha sido dos veces sagrada: primero como capilla de una institución religiosa y para quienes participaban de la creencia y luego como templo laico desde su conversión en biblioteca universitaria cuando era vicerrector un anarquista profeso. Quizá por ello luce hoy para quien quiera verlo el candil de la luz de la razón (Ilustración, Aufklärung, Enlightenment, Lumiere) en una de las vidrieras del techo.

Pues bien, esta biblioteca ha sido atacada por quienes van de revolucionarios y super izquierdistas y no demuestran ser más que unos pijos. ¿En qué consiste esta revolución pija? Con toda claridad: en la legitimación estética, solamente en eso. No es casual que en lo primero que piensa un pijo-revolucionario es en grabar y subir a Twitter su ekintza. Es imprescindible. Más aun, sin eso es que no hay ekintza, no hay revolución. La legitimación está en la performance. Una pregunta que lo aclara: ¿por qué era la protesta que ha llevado a destrozar la biblioteca? ¿Acaso importa? Pues miren, era, supuestamente, para protestar contra la peregrina idea del anterior ministro de Educación de reducir el grado a tres años y aumentar a dos el máster… algo que ya está descartado y que la conferencia de rectores acaba de rechazar de plano. Entonces la pregunta es otra: ¿de qué se trataba? La respuesta no puede ser más que una: de destrozar la biblioteca y de subir inmediatamente las imágenes a Twitter. Eso es lo que legitima la ekintza, la performance. Eso es una revolución pija.

Mientras escribo esto entra en el despacho el personal de limpieza, femenino, claro. Es muy probable que estén trabajando por un miserable salario, y que la empresa que las subcontrata se quede con una buena tajada. Ellas sí que trabajan hoy, faltaría más. Dicho de otro modo, son el mejor ejemplo que puede verse en un campus universitario del destrozo social que la mano invisible del capitalismo es capaz de hacer. Al pijo-revolucionario esto le trae al pairo. Jamás he visto en el campus una pintada, un cartel, una convocatoria para protestar por ello. ¿Por qué? Porque a ver qué tipo de ekintza podría montarse que pudiera twitearse. No vas a compararlo con un pijo-revolucionario spray en mano haciendo una pintada en un puesto de lectura de la biblioteca, aunque la pintada sea contra algo que ya ha sido rechazado. Tampoco con unas estanterías por el suelo, con los libros, los sagrados libros, destrozados y llenos de espuma de extintor. Eso sí que es super, o sea, super revolucionario.

Supongo (qué digo supongo: estoy seguro) de que esto no lo leerá ningún pijo-revolucionario. Puede que a estas horas esté ya esquiando para aprovechar las últimas nieves. Las de aquí, Las Nieves (es el nombre de nuestra biblioteca), ya las aprovechó, para destrozarlas y la conciencia la tiene tranquila desde que las imágenes están twiteadas. Pero por si acaso a alguno le llega esto, un mensaje (tiene menos de 140 caracteres): lo revolucionario no es destrozar libros, es leerlos

Como recordarán, los Tácitos fueron una especie de lobby político creado en el ambiente demócrata cristiano del tardofranquismo con la intención de marcar el tránsito, que admitían y querían ineludible, de la dictadura a la democracia parlamentaria. Su propósito esencial, por resumirlo al extremo, era evitar la ruptura, que todo fluyera de la ley a la ley, siendo su máxima creación precisamente la Ley para la Reforma Política, causa primera del actual sistema constitucional. Del lobby que se ha constituido para blindar el sistema del 78 le diferencia algo esencial: los tácitos de inicios de los setenta eran funcionarios de alto nivel en su mayoría, pero no habían tocado mucho poder mientras quienes se agrupan en la Fundación España Constitucional y afines han formado parte relevante de gobiernos surgidos del sistema de partidos del 78. Les acomuna, sin embargo, ese afán por tutelar, por controlar los procesos de cambio cuando los perciben inevitables.

¿Qué temen estos nuevos tácitos? Desde luego no a un partido “leninista”, sobre todo después de la experiencia de Syriza. Tampoco una deriva venezolana de nuestra economía. Basta que uno abra el periódico económico del grupo Prisa para que se pregunte dónde demonios están los nubarrones de la tormenta tropical. Hasta a la jefa del Santander, acostumbrada a la cara de póker, se le nota la sobreactuación cuando dice que tiene menos llamadas de inversores. Estarán esquiando, porque lo último que les va a amedrentar es un gobierno europeo. Lo que temen estos tácitos es que el cambio constitucional, cuya inevitabilidad ya no niegan ni en Génova, se lleve a cabo sin su tutela.

No se les puede tampoco achacar hacer algo extraordinario. Al contrario, ha sido más bien la norma en la historia contemporánea española que los cambios constitucionales vengan de un modo u otro tutelados. Si uno echa cuentas, se le baja todo: poder constituyente, lo que se dice constituyente en España ha habido muy poco, 1869, 1931 y... Y nada más. El resto es que si restablecimiento de leyes fundamentales olvidadas (1812), que si reforma de otras constituciones anteriores (1837,1845), que si restauraciones de la soberanía compartida por la corona y la nación (1876) o, en nuestro actual sistema, ese recorrido previsto precisamente por los tácitos de la ley a la ley, aunque el primer término de la ecuación fuera franquista.

No me cuento entre los que desprecian la Transición despachando de un plumazo todo lo hecho por estas carencias constituyentes. Cuando uno lee ahora los registros parlamentarios de la elaboración de la constitución se da cuenta de que, con fecha debajo, fue una labor bastante más constituyente de lo que se había previsto. Pero sí me cuento, y en parte por ello voté el pasado mes, entre quienes creen que el sistema del 78 necesita entrar en boxes para una revisión integral. Soy consciente de que Felipe tiene toda la razón al afirmar que para ello es imprescindible el Partido Popular, pero si este partido, por muchas razones, no es capaz de formar gobierno ni siquiera para activar las reformas constitucionales y luego convocar elecciones, ¿debe por ello mismo renunciarse a formar algún otro gobierno que pueda darle al botón de inicio? El temor de la camada ministerial del 78 es que ese arranque se haga sin tutelas, sin la suya más concretamente. Mi pregunta es si no tenemos ya bastante tutela con la Unión Europea y si un gobierno que ponga la aguja de marear hacia lo social en vez de hacia el mercado y que active las reformas que tarde o temprano tendremos que hacer es como para augurar el fin del mundo. Por supuesto que no, puede ser un inconveniente para el Ibex 35 tener que tratar con un gobierno de izquierdas, pero menor.

Creo que lo que realmente preocupa a esos nuevos tácitos es más bien la pérdida de dos bienes que consideran de su patrimonio, y por lo mismo sometidos a su cuidado. El primero, el texto constitucional de 1978. El segundo, el propio partido socialista que podría estar reinventándose para jugar en otra liga y, lo que es peor para los guardianes de las esencias, estar haciéndolo, intentándolo de momento, al margen de los tácitos. Ánimo, Pedro.

Nada más barroco que la performance catalana que deja a 'Ocho apellidos catalanes' a la altura del barro(co). ¿Es o no es barroca esa CUP que parece que es pero que no es y resulta de repente otra cosa? ¿Es o no es barroca esa dramatización de Artur Mas con final de ave Fénix que ya volverá a escena cuando resurja de sus cenizas? ¿Y qué me dicen del putto Junqueras que siempre está como de relleno pero que es quien sostiene con sus bracitos toda la decoración? Pues nada más apropiado entonces que echar mano de la retórica barroca para interpretar el momento que este domingo 10 de enero de 2016 ha abierto nueva escena en la política catalana y por ende en la española.

Y aprovechar la ocasión debería ser divisa de los partidos que en el otro escenario de este drama barroco han de componer la estampa política española. Desde que el espectáculo catalán ha dado golpe de timón, todo se mueve en el teatro español. El Partido Popular y Ciudadanos, su derivado naranja, urgiendo al PSOE para unirse a la escena que quiere componer Rajoy con él en el centro y con Rivera y Sánchez como decididos caballeros con la mano ya a la espada para desenvainar a la mínima afrenta. El Partido Socialista, que tenía ya prevista otra escena con Sánchez en el centro de la misma e Iglesias a su vera, se ve ahora con el muy barroco horror al vacío siendo además requerido a un lado y a otro para formar parte de escenarios distintos.

Porque Iglesias, tan barroco como el que más, había dibujado no líneas sino línea roja, una sola, pero de un retorcimiento tal que llenaba con ella todo el vacío de una imaginación política estéril. Este barroco político español no solamente es que produzca hartazgo y náusea, sino que además es letal. Lo es porque la situación requiere más Ilustración y menos barroco, más reflexión y menos pasión. Quizá es por ello que nuestros recién elegidos representantes no están siendo capaces siquiera de seguir un lema tan barroco como el de aprovechar la ocasión.

Como dicen los mexicanos: al chile. La situación creada en Cataluña puede ser una ocasión aprovechable para llevar a cabo lo que en estos momentos necesita España para poder estabilizar el vuelo que no deja de dar trompicones y a cada rato arriesga el accidente fatal. España tiene un problema constitucional grave al que tiene que dar solución. Podría, por supuesto, no hacerlo pero de hecho ya se tiene la sensación de que el actual sistema, el de 1978, está en situación de provisionalidad, y eso es malo para todo y especialmente para cualquier recuperación justa de nuestro sistema productivo y de nuestra economía. Pues bien, lo que es totalmente seguro es que cualquier reforma constitucional en España se hará con el PP o no se hará.

La pregunta es ¿con qué PP puede hacerse una reforma en serio de la Constitución? Desde luego, no con uno que goce mayoría parlamentaria, como hemos visto durante cuatro años en los que Rajoy solo decía que llovía mucho cuando se le planteaba qué hacer con Cataluña. El único PP que podría entrar a considerar la necesidad de abrir un proceso de reforma constitucional en profundidad es el que hay ahora, es decir, el que dirija un gobierno que no dependa de su propia fuerza parlamentaria sino de la de los demás.

Quien tiene, por tanto, la posibilidad (y la responsabilidad, que no es poca) de saber aprovechar la ocasión es el PSOE. Soy de los que han proclamado sin dudarlo un segundo que un PSOE que permitiera un gobierno del PP había ya tenido mi último voto, y de hecho me sigue gustando un punto menos que cero ver de nuevo a Rajoy al frente del ejecutivo. Sin embargo, la pregunta que la razón impone a la pasión es si preferimos volver a votar allá por marzo o abril en un escenario en el que el gobierno y el parlamento de Cataluña estén lanzados ya al gran slalom de la ruptura abrupta, injusta y antidemocrática que cabe esperar de sendas instituciones capitaneadas ni más ni menos que por Carme Forcadell y por Carles Puigdemont. No cuesta mucho imaginar lo fácil que sería para el sector más inmovilista del PP -mayoritario por otra parte- construir un discurso de fuerte pegada electoral cortado por el patrón de García Albiol. El PSOE en ese caso no podría exhibir mucho más que la inmaculada concepción, pero me temo que en una situación crítica eso sabría a poco a un electorado que para purísimas ya tendría además a Podemos.

Aprovechar la ocasión podría significar emplazar a Rajoy y tomarle la palabra de la necesidad de formar gobierno, porque es cierto que es necesario. Pero hacerlo con la condición de que dicho gobierno se comprometa a abrir el necesario debate sobre una reforma constitucional que desactive la locura barroca del nacionalismo catalán y que lo haga por la única vía que parece razonable, esto es, reconstruyendo un consenso constitucional hace tiempo en entredicho, y no solamente por este motivo catalán. Sería el modo también de devolver la pelota al PP para comprobar hasta qué punto está dispuesto a colaborar para solucionar el grave problema político que tiene que resolver España. Pero sobre todo, daría la sensación de que alguien ha entendido que el momento no está para dramas barrocos sobre el fin de España sino para abrir un momento político de reflexión y recomposición del vínculo político esencial. La mejor constitución, vino a decirle Zapatero a Ibarretxe en un memorable debate en las Cortes, es la que no le gusta a nadie, es decir, aquella en la que nadie reconozca su ideal de constitución porque eso significará que realmente constituye un suelo político que podemos pisar desde distintas posiciones ideológicas.

En gran medida ese fue el éxito de 1978 y ese debería ser de nuevo el reto ahora, pero para ello hay que dejar a un lado nuestro pesado lastre barroco y sentarse en el Congreso a debatir.

Aprovechar la ocasión debería convertirse en un lema ilustrado.

La razón de fondo de estos reveses está, sin duda, en el hecho de que se trata de asuntos políticos que el PP no puede gestionar en ese espacio, el de la política, y remite a la justicia esperando de ella que haga el trabajo de imponer por esa vía su punto de vista meramente político. Si la constitución dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” sin entrar (sabiamente y quizá, todo hay que decirlo con fecha debajo, de pura casualidad) a concretar las posibles combinaciones; si afirma que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” sin precisar nada acerca de si “todos” incluye a un cigoto; si la constitución afirma que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” pero ni define a ésta ni, mucho menos, excluye que pueda haber otras sino que, al contrario, lo insinúa al hablar de nacionalidades; si todo esto es así, la única posibilidad que queda es el tratamiento político de la interrupción de todos estos asuntos.

El anuncio y tramitación por la vía AVE de una reforma del TC por parte del PP, lejos de corregir esta práctica desnortada respecto de lo que significan constitucionalmente los poderes, va más allá. Literalmente el partido del Gobierno ha propuesto que el TC actúe como si se tratara del Consejo de Castilla. Recordemos que esta institución fue la principal que en tiempos previos a toda constitución e idea de separación de poderes utilizaba la monarquía para gobernar. Era un tribunal y sus miembros magistrados, sus formas de actuación y sus ritos eran procesales, sus decisiones tomaban forma de cosa juzgada pero era una institución de gobierno, es decir, se ocupaba de asuntos políticos. Era un sistema en que el gobierno era cosa de jueces, no de leyes.

Cuando se pretende que el TC no solamente tenga que entrar una y otra vez a solventar asuntos políticos (por más que el propio tribunal ya ha insistido en varias sentencias en que no es ese su cometido constitucional), sino que se quiere además dotarle directamente de una fuerza ejecutiva que le es totalmente ajena, estamos al borde de subvertir todo el orden de la constitución. De aceptarse esto el TC tendría que pasar a denominarse Consejo de Castilla puesto que actuaría de modo más similar a este último que a cualquier TC europeo.

Y el nombre no le vendría mal porque esta reforma de un órgano jurisdiccional como el TC trae su causa directa de lo que el partido conservador se niega a enfrentar políticamente y que, con su recurso de 2006 al TC precisamente, él mismo contribuyó notablemente a generar: la reintegración de Cataluña en el Estado. Esta es la cuestión de fondo que requiere y solamente puede tener un tratamiento político, no judicial. Es confundir el orden de los poderes pensar que la justicia –ni siquiera la constitucional- está llamada por el espíritu o la letra de la constitución a resolver un asunto político. En la actuación de la Generalitat, como en la de cualquier institución del Estado, podrá haber hechos concretos que puedan tener esa dimensión pero desde luego no la tiene el asunto de fondo que mueve al PP a convertir al TC en un renuevo del Consejo de Castilla. No encarar una cuestión tan política como esta desde las instancias políticas, las parlamentarias fundamentalmente, puede convertirse en la actitud más lesiva para el propio orden constitucional. Es también –no hay más que verle la cara de felicidad- un regalo para una actitud como la de Artur Mas y sus cuates que prefieren mantener el debate político de fondo lo más alejado posible de su campaña.

Sin embargo, ese inesperado giro al final de la carta a los españoles abre interesantes posibilidades para explorar vías que no se agoten en el planteamiento que han hecho suyo hasta ahora tanto quienes se agrupan en la candidatura liderada en la sombra por el propio Mas y Oriol Junqueras, como quienes, con el presidente Rajoy al frente, creen que el poder judicial arreglará un asunto netamente político. Ese planteamiento se agota en la discusión sobre si Cataluña es o no es una nación y, consecuentemente, si puede o no constituir un Estado independiente de España. Es decir, es una discusión en la que podrían participar también Antoni Rovira i Virgili o Antonio Cánovas del Castillo, que escribieron al respecto hace más de cien años. Es, además, un debate irresoluble el suyo, puesto que se asemeja más a una querella confesional que a otra cosa: trata únicamente del ser (lo que, recordemos, entusiasmaba hasta el éxtasis a Ibarretxe), esto es, de lo único sobre lo que no cabe negociación y, por lo tanto, tampoco una política entendida justamente como el arte y la capacidad de acordar.

Decía un diputado catalán a las Cortes de Cádiz, Felipe Aner, que nadie puede hacer que los catalanes no sean catalanes. En efecto, así es. Sería como tratar de convencer a una persona homosexual de que en realidad es heterosexual, aunque no lo sepa. Si ese es el abordaje de este último ejemplo por parte de lo más rancio del catolicismo español es también porque solamente le importa lo que sean las personas, no cómo estén en una sociedad plural. Ese es exactamente el caso respecto del debate que el president Mas está imponiendo en Cataluña y que paradójicamente está apuntalando el gobierno del Partido Popular. Es también el debate que hay que romper.

Para hacerlo es muy útil, como decía al principio, fijarse en esa postrer afirmación del propio Artur Mas, y sacar consecuencias de la misma. Si el problema es el Estado y no la nación, entonces estamos en otra dimensión. No discutamos más una obviedad como la nacionalidad catalana, sino que pensemos en cómo el Estado puede contenerla de manera que la mayoría de los catalanes estén a gusto compartiéndolo. Dicho de otro modo, no tratemos de decir a los catalanes lo que son o tienen que ser sino que negociemos cómo pueden estar en España. Si basculamos el debate del verbo ser al estar ganaremos mucho, para empezar la política.

De hecho España está ya y desde hace unos años inmersa en un proceso reconstituyente que tiene mucho más de transnacional que de Estado-nación. Casi con toda seguridad el Estado-nación europeo no existirá nunca. Por el contrario, el contexto político y constitucional en el que está de lleno España, el europeo, apunta, hacia la necesidad de inventar nuevas formas políticas que integren una 'demoicracia', es decir, formas complejas de soberanía para las que el Estado-nación (una nación, un demos, un Estado) se queda a todas luces corto. No es, por lo tanto, solamente cuestión de integrar diferentes identidades nacionales sino de hacerlo también con otros espacios de soberanía que escapan a la nación. Al respecto no estaría mal, por cierto, que Europa tomara nota de lo que ha propuesto el nuevo constitucionalismo latinoamericano sobre las formas de ejercer la soberanía.

Tenemos, por tanto, a la vista la ocasión de hacer realmente política y de hacerla de manera que sea relevante también en el espacio europeo. No se trata, como dice Artur Mas en su carta a los españoles, de que Cataluña opte entre seguir como está o asemejarse a Suecia u Holanda; se trata de que en Cataluña y en España se puede y se tienen que comenzar a inventar formas políticas diferentes de Suecia u Holanda, es decir, que no estén constreñidas por las estrecheces del Estado-nación. Varios 'demoi' pueden compartir un mismo Estado si este se articula debidamente y con sentido común, entendiendo que la participación en uno no excluye la participación en otro sino que la complementa. Entendiendo también que las naciones no son los únicos sujetos llamados a este encadenamiento de 'demoi' y que, por supuesto, las reglas para el funcionamiento del Estado en todas sus dimensiones deben ser también comúnmente respetadas y legitimadas.

Podría decirse que esto se parece mucho al federalismo, y así es. Pero del federalismo tradicional le separa algo realmente importante y creo que de notable interés para el asunto que ocupa ahora a españoles y catalanes: no se trataría de un federalismo para refundar el Estado-nación sino para superarlo, es decir, que podría tener la virtualidad de hacer efectivo una especie de “laicismo identitario”. De nuevo en América Latina habría alguna lección útil que ponderar.

Podría también decirse que todo esto está muy bien como desiderátum, pero que siempre quedarían las cuestiones prácticas como, por ejemplo, si Cataluña (u otros 'demoi' españoles) tendrían o no su propio ministerio de asuntos exteriores. Si el problema es el Estado y no la nación, como creo y como dice el propio Artur Mas, la cuestión no sería esa sino cómo se formula constitucionalmente la actividad de dicho ministerio (algo avanzó en su momento al respecto el gobierno de Rodriguez Zapatero pero sin más garantía que la voluntad ministerial, que por supuesto se diluyó con el propio gobierno). Dicho de otro modo, la primera pregunta, presa de la lógica del Estado-nación, no tiene más respuesta que sí o no y en política esa situación se coloca a un paso del conflicto abierto. La segunda admite modulaciones y negociación porque se trataría de acordar la manera de estar, es decir, el diseño del Estado en vez de la disputa por la nación.

Esto es lo que diría la lógica de un sistema de partidos como el que hemos tenido hasta ahora, pero esa es precisamente una de las cuestiones que está en juego en este año electoral. Por decirlo así, si esa fuera la situación, el sistema de partidos no habría cambiado realmente en España, seguiríamos en el mismo solo que modificado por sendas particiones en la izquierda y la derecha. Formalmente en vez de dos tendríamos cuatro partidos, pero realmente seguiríamos teniendo dos. Cierto que las cosas cambian y mucho puesto que las decisiones partidarias, las estrategias electorales y demás alterarían, como ya lo han hecho, el escenario habitual pero al final haríamos la cuenta de la vieja y listos.

Hay gestos realizados y señales emitidas desde las direcciones de los partidos que van a decidir el poder autonómico y buena parte del municipal que están sin duda en esa línea de actuar como si realmente el sistema de partidos se hubiera alterado pero no hubiera cambiado. Si los líderes de los nuevos partidos abominan de la casta, del sistema de partidos hasta ahora vigente, de la comprensión del pacto político como un chalaneo (normalmente entre un partido nacional y otro nacionalista)… van en rumbo fijo hacia su reproducción. De momento todo lo que nos llega a quienes les hemos puesto ahí con nuestros votos es el ruido del negocio simplón y, sobre todo, de los jalones que unos y otros le dan a los sillones presidenciales para arrimarlos a su persona. Con decir que hay quienes se postulan al mismo habiendo sido tercera o cuarta fuerza electoral, está todo dicho.

Cómo se encare finalmente el proceso de formación de nuevos poderes locales y regionales nos aclarará finalmente de qué lado masca la iguana. Hay, por un lado, quienes prefieren hacer como si, pongo por caso, la llegada a la alcaldía de Barcelona de una activista antidesahucios de la mano de una candidatura desconocida hace meses y que además tuvo que cambiar de nombre sobre la marcha por una jugarreta navajera, fuera algo menor, una carambola. Ahí tienen a Oriol Junqueras arrancando ya de cuajo la E de las siglas de su partido al exigirle a la ganadora para recibir su apoyo… que haga como él, que sea nacionalista e independentista sin meterse en política. O al mismísimo president de la Generalitat amenazando con apretarle las tuercas con la deuda que su gobierno mantiene con el ayuntamiento de Barcelona: pensaba enjuagar el tema en secreto con un alcalde de CiU y ahora ya está acusando a Ada Colau, antes de que sea alcaldesa, de poner en peligro la “estabilidad económica”. Es el mejor ejemplo de la vieja política si descontamos, claro está, al grito desesperado de Esperanza Aguirre para defender de los soviets el palacio de Invierno.

Si el cambio en la manera de hacer política ha de venir, presumiblemente, de quienes han ideado un Antiguo Régimen para oponerse a él no sé a qué esperan. Podrían empezar por dejarse de secretitos en reunión porque si no va a dar la sensación de que siguen entendiendo que la ciudadanía vota y calla, que las reuniones son solo cosa de ellos. Está bien que se reúnan “para conocerse”, como si hubieran contactado a través de una web para adultos, pero de eso no nos tienen ni que informar. Lo que a una semana casi de haberles dado el voto nos va corriendo prisa saber es de qué están hablando exactamente cuando ya se conocen. En el Antiguo Régimen la cocina estaba totalmente separada del restaurante: te servían lo que salía de allí y si te gustaba bien y si no te aguantabas. La política entendida de otra manera debería imaginar un restaurante con paredes de metacrilato. Yo no quiero ver a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez como si fueran jugadores de un torneo de póker, sino que me cuenten qué demonios están haciendo con mi voto porque, entre otras cosas, me cuesta creer que todavía apenas hayan hablado y si es cierto, peor aún. Que el lugar de su reunión sea secreto y que esté previsto que nos informen mediante una “nota de prensa” ya hace pensar que dan por seguro que la iguana sigue mascando siempre del mismo lado. Pues que tengan cuidado porque es un bicho muy sensible que a la mínima y sin que te des cuenta está mascando del otro lado.