“¿Te dijeron que la meta era matarme antes del 20 de julio? Bueno mi hijo, tranquilo que yo tengo cuidado”. David Ravelo no puede decir que no sabía a lo que se exponía por mantener su compromiso politico en la zona de Barrancabermeja, localidad petrolera del interior de Colombia. La llamada de su hijo, recibida en junio de 2010, coronaba una década de amenazas de muerte. Unos avisos creíbles, ya que durante ese tiempo otras figuras “incómodas” eran asesinadas o “desaparecidas”.

Desde 2007, momento en el que David Ravelo denunció en los medios una reunión entre el entonces presidente Uribe con varios mandos paramilitares, las presiones habían aumentada cada vez más su intensidad. A partir del año 2000, las fuerzas paramilitares tomaron posiciones en la región. Comenzaron los asesinatos, las desapariciones y amenazas a líderes políticos, sindicales y sociales.

Ravelo, entonces secretario general de la organización de derechos humanos (CREDHOS), y destacado miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), fue uno de ellos. Su familia tuvo que desplazarse, pero él decidió quedarse en la ciudad. Tras 30 años en organizaciones sociales y partidos de izquierda, Ravelo conocía bien a lo que se exponía.

“Una piedra en el zapato del poder”

En un vídeo de Brigadas Internacional de Paz explicaba que sus denuncias le habían convertido en una “piedra en el zapato del poder”. Las amenazas de muerte no se cumplieron. Pero tras tres meses, en septiembre de 2010 Ravelo, fue detenido. Le acusaban del asesinato del funcionario David Núñez, cometido en 1991. La defensa calificó el proceso de “montaje judicial” con “pruebas viciadas”. Pero tras pasar dos años en la cárcel de forma preventiva, el activista político fue condenado a 18 años y tres meses.

Una docena organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron numerosas irregularidades en el proceso en un comunicado. Quizás lo más llamativo del proceso fue que el Fiscal de la Unidad Antiterrorismo que le imputó el delito, William Pacheco, había sido destituido por ser responsable de la desaparición de un joven. Una circunstancia que según la ley colombiana le impediría ocupar el cargo en la Fiscalía General.

Además, los principales testigos del caso fueron dos paramilitares desmovilizados que habían sido condenados y que recibieron una rebaja en su condena por su testimonio. Uno de ellos, Jaime Mejía, la vio reducida de 40 a 8 años. Desde 2010 Ravelo permanece en la cárcel de La Picota. Según cuentan sus abogados, la experiencia de reclusión está siendo “enriquecedora”. En dos ocasiones ha sido elegido, por voto popular entre los reclusos, representante del Comité de Derechos Humanos de la prisión.

La justicia colombiana ha desestimado todos los recursos posibles, por lo que podría llegar a cumplir 18 años de condena. Se ha intentado sin éxito conocer la versión del Gobierno colombiano sobre este caso.

Un caso entre miles de presos políticos

El Gobierno niega sistemáticamente la politización de la justicia en el país. Sin embargo, la Plataforma Solidaridad con Colombia cifra en más de 9.500 los presos políticos, de los cuales el 98% serían personas vinculadas a organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, movimientos estudiantiles y docentes, etc.

“Han sido encarcelados bajo el delito de rebelión por causas ideológicas”, sostiene Leyla Ordóñez, integrante de esta plataforma. “A través de la criminalización de la protesta social no sólo se ha encarcelado a miembros de la oposición política de izquierda, sino que también se les ha declarado objetivo militar”, denuncia Ordóñez.

Ni el Gobierno de Santos, ni el anterior de Uribe han reconocido que pueda haber prisioneros políticos. Aparte del emblemático caso de Ravelo, desde esta plataforma señalan otros “casos de montajes judiciales” como los del dirigente sindical Huber Ballesteros, y el del profesor universitario Francisco Toloza. El primero fue detenido durante el último paro nacional agrario en 2013 y sigue desde entonces recluido en la cárcel de Barrancabermeja. El segundo, miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica, se encuentra en libertad, continúa con un juicio abierto.

Además de para castigar y silenciar a los encarcelados, esta estrategia busca el desprestigio de las organizaciones y de las reivindicaciones de los acusados. Las amenazas y los asesinatos habrían dado paso a las denuncias arbitrarias contra las figuras políticamente incómodas de mayor popularidad. Para los miembros de MOVICE en Madrid lo que se produce hoy en día es una “conjugación de formas represivas”. Según esta organización, en paralelo a la represión vía judicial se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, ya que no existe una presión internacional para acabar con ellas.

“El aparato de justicia se ha configurado históricamente como un instrumento utilizado por el poder ejecutivo en aras de garantizar su permanencia en el poder”, recalcan desde MOVICE. Sus integrantes apuntan otros casos como de “persecución política en el ámbito judicial” como la exsenadora Piedad Córdoba, a quien se le abrió una investigación por colaboración con las FARC cuando se dedicaba a intermediar para la liberación de secuestrados o las acusaciones contra el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras desmantelar un sistema de contrataciones amañadas de recogida de basuras.

El conflicto sobre la posesión de tierras

Distintas organizaciones denuncian que en el fondo de muchos de estos casos se esconde el conflicto sobre la posesión de las tierras. Según datos de Amnistía Internacional, seis millones de personas han sido desplazadas a la fuerza y se habrían adquirido ilegalmente 8 millones de hectáreas. Pese a la aprobación en una Ley de Restitución, sólo se habría devuelto un 1% de éstas.

La devolución de estas tierras es una de las claves del incipiente proceso de paz y sigue provocando tensiones entre los los anteriores y los actuales propietarios. Así, éstos últimos podrían optar por la justicia como una forma de represión silenciosa a las figuras que puedan resultarles incómodas. ¿Cómo pueden suceder este tipo de procesos judiciales sin que se produzca un escándalo internacional?

Según MOVICE existe un “clima de complicidad” de muchos países con el gobierno colombiano a la espera de que el proceso de paz sea beneficioso para las inversiones de sus empresas. “Aún está por saberse la verdad acerca de la responsabilidad de las multinacionales en la grave emergencia humanitaria que vive Colombia a causa de la violencia política”, advierten.

"A veces las ONG son miopes y tratan de que su logo sea el que se vea más grande. Sí, es triste, a veces compiten entre ellas"

"Algunas veces, hay gente indeseable entre ellas, que pervierte todo aquello por lo que trabajan"

A veces las ONG pasan por el aro de los financiadores con tal de poder seguir con su trabajo. A veces los ministerios les envuelven en papeleos y facturas, y es difícil entrever para quién trabajan. A veces se enzarzan en debates estériles. A veces unos jóvenes (muchas veces mal pagados) nos interrumpen con sus petos por la calle.

A veces las ONG ponen nombres larguísimos a los proyectos que ni ellas mismas entienden. A veces organizan jornadas a las que solo asisten ellas mismas. A veces, casi siempre, las memorias de las ONG son aburridísimas, e históricamente -aunque cada vez menos- sus vídeos corporativos están llenos de palmaditas en su propia espalda. A veces incluso se convencen de que empoderamiento, indicador o resiliencia son palabras tan cotidianas para el resto como árbol, pan o pelota.

A veces las ONG hablan de participación sin creer en ella. Y les pilla el 15M mirando para otro lado. A veces, nos pasa a todos, confunden los medios con el objetivo, su marca con la causa. A veces son miopes y tratan de que su logo sea el que se vea más grande. Sí, es triste, a veces las ONG compiten entre ellas.

A veces las ONG se lamentan de que nadie les escuche sin escuchar ellas primero. Muchas veces creen que “lo suyo” es el mayor problema, el más urgente y por supuesto el más olvidado. A veces quienes trabajan en las ONG pensaban que iban a cambiar el mundo, y claro, luego se frustran. A veces sienten la tentación de bajar los brazos.

Y sí, algunas veces, hay gente indeseable entre ellas, que pervierte todo aquello por lo que trabajan. Y no los detectan a tiempo. Y cuando lo hacen, imagino que les inmoviliza el miedo y la vergüenza, y no actúan como ellas mismas hubieran creído que harían ante algo así. No hay justificación.

Por si había alguna duda, ya ven, las ONG no son perfectas, y no dejan de ser un reflejo de las virtudes y los defectos de las sociedades de las que surgen. Sin embargo, lo que he visto después de 13 años en ellas, es que casi todas las ONG, desde las internacionales hasta las de barrio, se gastan cada céntimo en lo que deben y están auditadas hasta extremos casi ridículos. Y necesarios.

Y la inmensa mayoría de las personas que trabajan en ellas creen en lo que hace, sacrifican su tiempo, dinero o salud. O las tres a la vez. Y algunas arriesgan su vida con tal de seguir haciendo un día más su trabajo. Y aunque suene a topicazo, muchas se levantan con la idea de hacer un trozo de mundo un poco mejor.

Lo cierto es que muchas veces lo consiguen. Incluida esa en la que campaban esos miserables. Y alzan la voz, y arriesgan, y son audaces, y logran mucho con poco. Y hacen que ese pedacito de mundo en el que están sea un pelín más justo. Y sí, a veces también salvan vidas. Muchas, cientos, miles. Y nos recuerdan que aunque no vayan a arreglar el mundo, no hay nada irremediable.

Y eso no pasa a veces, eso lo hacen cada día.

Yarya toca con dulzura el arroz. Con la tranquilidad de los que repiten un gesto decenas de veces al día. Mira a los extranjeros recién llegados a Sissaucunda, su aldea de algo más de una treintena de casas construidas con adobe y paja. Comprueba que está listo, retira la olla del fuego y deja escapar una sonrisa orgullosa antes de comenzar a hablarles.

“Lo mejor es que no tenemos que ir a recoger tanta leña. Cargar tanto nos quitaba tiempo y nos dejaba muy cansadas. Ahora podemos pasar más tiempo con la familia”, nos dice con alegría. Yarya es una de las miles de mujeres que preparan la comida en una de las más de 2 mil “cocinas mejoradas” que entre varias ONG han repartido en esta zona del norte de Guinea Bissau, fronteriza con Senegal y Gambia.

Las mujeres de Sissaucunda hablan de estas cocinas, de apariencia muy sencilla, como se describe un producto en la teletienda. Todo son ventajas: cocinan más rápido, aprovechan mejor el calor por lo que necesitan tres veces menos leña, no hay riesgo de quemaduras ni de intoxicaciones; y como se colocan fuera de la casa no vigilar posibles incendios, de modo que pueden dedicarse a otras tareas mientras el arroz y las verduras cogen su punto.

Pero no ha sido sencillo llegar hasta aquí. La organización local Aprodel, con el apoyo de las tres ONG españolas que se fusionarían posteriormente en Alianza por la solidaridad, vieron la necesidad de cambiar el modo habitual en el que se cocinaba esta región. Comenzaron realizando encuestas entre las mujeres, encargadas en exclusiva de esta tarea. A partir de sus respuestas se crearon cinco modelos que se probaron durante un mes, sobre los que las encuestadas propusieron mejoras hasta llegar al modelo actual.

En 2013, tras la fabricación de más de 2.000 ejemplares, se formó a las mujeres identificadas como líderes dentro de sus respectivas comunidades para que difundieran entre sus vecinas las ventajas de estos fogones frente a los tradicionales. Es fácil entender así, esa pizca de orgullo que dejaba escapar la sonrisa de Yarya cuando decidió que ya estaba listo el arroz y se dispuso a charlar con los extranjeros. Este proyecto ha recibido el premio de 'Mejor práctica de Medio Ambiente del año' que concede la ONU entre más de 600 aspirantes, y que está dotado con una ayuda económica de 30.000 euros.

“La tierra lo cambia todo”

“La esencia de la lucha contra la pobreza pasa por la tierra”, opina Aua Keita. Esta guineana de 42 años y apariencia de poco más de 30, es la encargada de seguridad alimentaria de la ONG local Aprodel. Al entrar en una finca abre los brazos, como si quisiera darnos la bienvenida a un trozo de tierra que no es como los demás. Aua toma aire, y deja de sonreír. Nos va a contar uno de esas victorias que se recuerdan durante décadas.

“Hemos conseguido que por primera vez en este país las mujeres sean las propietarias legales de la tierra en cuatro comunidades”. Eso fue el año pasado. Y ahora paseamos por uno de esos terrenos ya listo para el cultivo. En la región de Casamance, las mujeres siempre habían recolectado. Hoy más de 595 son además las propietarias de la tierra que trabajan, y se espera que en unos meses lleguen al millar gracias a donaciones particulares.

Aua reconoce que al principio los hombres de la zona rechazaron la idea, y que resurgieron problemas cuando las tierras pasaron de cubrir las necesidades a poder venderse los excedentes. En muchas de esas familias por primera vez entraba dinero en casa, y era la mujer quien lo traía. “Hemos tenido que sensibilizar primero a los hombres de que no queremos romper su familia, sino que tengan más recursos. Hay que trabajar las cuestiones de género también con ellos porque si se oponen no hay nada que hacer”, explica.

Buntabanka, vecina de Sissaucunda, es una de esas cerca de 600 pioneras. Nos habla a la salida de la escuela donde aprende a leer y escribir. Esta mujer, madre de ocho hijos, defiende que este cambio no es solo “bueno para mí, sino para la alimentación y la economía de la familia”. La legalización de la propiedad de la tierra para las mujeres no sólo sirve para frenar el peligro de acaparamiento de tierras de cultivo por parte de empresas extranjeras en la zona, sino que impide la práctica habitual por la que en el momento en que las tierras comienzan a dar beneficios, los maridos se quedan con las tierras y dedican los beneficios a comprar la dote de una nueva mujer.

Pero ése no es el único cambio. Buntabanka también apunta que ser propietarias les ha permitido hablar de los asuntos del pueblo al mismo nivel que los hombres. “Ahora las mujeres también tenemos la palabra para tomar decisiones”, nos cuenta convencida.

Agua y semillas

Con el problema de la tierra resuelto, faltan otros dos elementos para asegurar la producción de alimentos: agua y semillas. “Cada vez somos más conscientes de los efectos del cambio climático”. Seydou Wade, secretario ejecutivo de la ONG senegalesa Fodde, se lamenta del descenso en las lluvias que han sufrido en los últimos años, por lo que se ven obligados a perforar pozos cada vez más profundos.

Con el apoyo de Alianza por la Solidaridad, su organización ha conseguido instalar depósitos de agua que bombean gracias a la energía almacenada en varios paneles solares. El resultado, además del medioambiental, es que las mujeres se ahorran tiempo, y esfuerzo, que antes dedicaban a transportar el agua para el consumo y los cultivos.

“No lo hemos provocado nosotros, pero queremos poner también nuestro grano de arena para frenar el cambio climático”. Y las cocinas que recibían tantos elogios de las mujeres de Sissaucunda son ese grano en esta batalla global. Al reducir a una tercera parte el consumo de madera aseguran haber detenido en gran medida la deforestación que estas comunidades estaban provocando en la región.

Si tenemos la tierra, mano de obra, agua (y energía renovable para transportarla), solo nos falta un elemento para alejar el fantasma del hambre: semillas. Como en tantos lugares del mundo, las multinacionales agrícolas también han llegado al norte de Guinea Bissau, uno de los últimos países en las listas de desarrollo humano, donde el hambre crónica afecta a más del 20% de la población.

“Te ofrecen semillas que llaman mejores porque producen más rápido, pero como no están adaptadas a la zona son atacadas por los insectos, por lo que tienes que usar cada vez más pesticidas”, resume Alberto Laminé, técnico de medio ambiente de Aprodel.

Desde esta organización han propuesto a las comunidades que rechacen las semillas que les ofrecía la multinacional Monsanto y trabajen para recuperar el uso de semillas locales “menos caras, más ecológicas”. Alberto denuncia que las semillas que suministran estas compañías provocan no sólo la pérdida de la biodiversidad, sino que se generen parásitos resistentes a los pesticidas, lo que acaba provocando graves problemas de producción.

Ante este riesgo, desde Aprodel empezaron en 2013 a reproducir semillas y al finalizar este año esperan haber distribuido 5.000 unidades en la región. “Afortunadamente las comunidades de esta zona rechazaron las semillas que les ofrecieron las multinacionales”, evitando así una dependencia durante años. “Esas semillas solo son buenas la primera vez”, concluye Laminé.

El hambre solía predominar en esta región entre 4 y 6 meses, dependiendo de la distribución de las lluvias. Desde Alianza por la solidaridad aseguran que gracias a este trabajo con las semillas y los almacenes de grano, este periodo de falta de alimentos se ha podido recudir en una media de ocho semanas.

Lentos para llegar lejos

Muchos de los errores históricos de la cooperación española, y en general occidental, se deben al intento de conseguir resultados inmediatos. Es decir, las ganas de arreglarlo todo y rápido, con muchos recursos pero sin tiempo para contar con las comunidades locales. Así lo admite la presidenta de la coordinadora de ONG para el desarrollo (CONGDE), Mercedes Ruiz-Giménez, quien señala que durante mucho tiempo muchas administraciones solo financiaron proyectos de uno o dos años de duración, mientras que la tendencia actual es trabajar con periodos más amplios.

Desde la coordinadora se felicitan de que cada vez más organizaciones apuesten por proyectos a largo plazo que parten de “las necesidades y las capacidades locales”. Para Ruiz-Giménez este tipo de procesos requieren más tiempo de formación, pero a la larga son más sostenibles y efectivos ya que son las propias comunidades locales las que terminan “apropiándose de los proyectos”.

Los presupuestos para la cooperación al desarrollo se han reducido un 70% en los últimos 3 años, lo que ha provocado que muchos programas de larga duración se hayan abandonado en mitad del proceso, otros se han cancelado desde su inicio, eliminando la posibilidad de desarrollo de regiones enteras. Otros se han mantenido pero con la mitad de presupuesto, según relata la presidenta de la CONGDE.

Precisamente son esos proyectos a largo plazo, en coordinación con otras organizaciones y con tiempo (y voluntad) para contar con la opinión de las comunidades, los que parecen ser capaces de conseguir mejores resultados. Después de 5 años de trabajo en la región fronteriza entre Guinea Bissau, Gambia y Senegal, se pueden ver los resultados en forma de mejores cosechas, mayor igualdad de género, lucha contra la deforestación, uso de semillas locales, menor contaminación, autonomía alimentaria… A todo eso sabe la cooperación al desarrollo, cuando se deja trabajar a fuego lento.

Nota: este reportaje ha sido elaborado gracias a las facilidades en el transporte ofrecidas por la ONG Alianza por la Solidaridad.