Estos días, en los que pudimos comprobar como una mayoría social rechaza la postergación por razón de género, es de justicia recordar a aquellas mujeres que en un pasado reciente se rebelaron en la defensa de sus derechos. La destacada científica Ángeles Alvariño González (Ferrol, 1916 - La Jolla, EEUU, 2005) fue una de esas pioneras, presentando una denuncia por discriminación al Gobierno de Estados Unidos hace más de cuarenta años. 

Alvariño alcanzó prestigio internacional cómo experta en zooplancton. Inició su carrera investigadora como becaria en Madrid en el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y en 1952 fue destinada al Laboratorio de Vigo. Una beca de la Fundación Fulbright le dio acceso a los EEUU, donde trabajó en la prestigiosa Scripps Institution of Oceanography (Universidad de California, La Jolla-San Diego) y en 1970 ingresó en otro relevante instituto de investigación situado en la misma localidad: el Southwest Fisheries Center (SWFC), que forma parte del National Marine Fisheries Service, rama de la National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA). Allí se jubiló en 1987. 

Un día de principios marzo de 1977 la científica estaba en su casa y escuchó en la NBC News una entrevista a la Ministra de Comercio del Gobierno de Estados Unidos de América. La atención que prestaba a las palabras de Juanita Morris Kreps se disparó cuándo esta habló de “discriminación por sexo”. Ese mismo día Ángeles redactó el borrador de una carta que le remitiría a la ministra el día 3, con copia al Presidente James Carter.

Alvariño inició la carta declarando que sufría discriminación y que escribía porque pensaba que una nueva y progresista administración debería saber cuáles eran las condiciones reales de trabajo en las dependencias oficiales. En el escrito hizo referencia a que en los siete años que llevaba en la SWFC se había comprometido en la defensa de los derechos laborales de las mujeres, fuera representante de sus compañeras y realizara un estudio en 1974-75 en el que se demostraba la discriminación femenina en el Laboratorio de La Jolla. La científica subrayó la circunstancia que determinaba allí una injusta promoción profesional: el género. Todos los que ocupaban las categorías profesionales superiores eran hombres. 

“No  fuí de las que se inclinaron y aceptaron en silencio la situación”

Alvariño entendía que también las minorías eran discriminadas y explicó que ella había sido objeto de persecución personal y obligada a trabajar en unas inadecuadas condiciones. En ese punto dejó sentado que no era de las que aceptaba las situaciones injustas: “No fuí de las que se inclinaron y aceptaron en silencio la situación”. Asimismo, explicó que se le denegó el ascenso profesional sin razones objetivas, por un sistema de supervisión de hombres que constituían una mafia. Sí, esa fue la palabra que usó; la científica gallega hablaba claro y alto. Le dijo a la ministra que intentó cambiar las cosas siguiendo los procedimientos establecidos mas sus propuestas no se tuvieron en cuenta.

El 25 marzo de 1977 Juanita Morris Kreps respondió a la carta-denuncia remitida por Alvariño a principios de ese mes, reconociendo la importancia de las “allegations” de la científica y prometiendo una investigación completa sobre las mismas. Blair Juanita Morris (1921-2010), Kreps correspondía al apellido de su marido, tenía una sólida formación como economista. En su brillante carrera superó las tradicionales barreras de género en tiempos bien difíciles para las mujeres, fue la primera mujer que ocupó la dirección de la Bolsa de New York. Carter había prometido en la campaña electoral que desarrollaría una política favorable a los derechos de las mujeres y nombró a varias para puestos relevantes en su administración, una de ellas Juanita Morris. Como vemos, la coyuntura política y la interlocutora escogida por Alvariño parecían favorables la una posición receptiva con demandas como las que la científica ferrolana exponía. Sin embargo, no fue así. 

Se creó una comisión presidida por Winfred H. Meibohm (1920-2013), a la sazón Director asociado de la NOAA. La comisión visitó el Laboratorio de La Jolla el 9 de mayo de 1977. El resultado obtenido fue bien escaso y no se elaboró un informe sobre el tema, a pesar de las peticiones de la científica. De hecho, no consiguió el ascenso profesional que pretendía. 

Una asignatura pendiente

Desde los años setenta la situación laboral de las mujeres que trabajan en ciencia ha mejorado pero siguen pendientes de solución varias cuestiones. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en puestos de gestión y dirección es insuficiente. La Secretaría de Estado para la Investigación acaba de publicar Científicas en Cifras 2015. Según este informe, continúa la infrarrepresentación de mujeres en la categoría de mayor rango de la carrera investigadora (grado A): en las universidades públicas españolas sólo son mujeres el 21% del profesorado catedrático. Esta proporción aumenta algo en los Organismos Públicos de Investigación, con un 25% de investigadoras en ese grado. Además, las investigadoras están infrarrepresentadas en todos los órganos unipersonales de gobierno analizados y, en el caso de las universidades públicas, incluso hubo un retroceso en la proporción de rectoras y vicerrectoras. Por lo tanto, una parte significativa de las reclamaciones de Alvariño mantienen su vigencia.

El pasado 24 de noviembre Emilio Lora-Tamayo D'Ocon, presidente Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), realizó unas declaraciones que provocaron cierto escándalo. Lora-Tamayo afirmó que la “fuga de cerebros” de “investigadores ya formados” en España es una “leyenda urbana exagerada”.

Es preocupante que cualquier persona mínimamente informada niegue la evidencia de la salida, mejor dicho, la expulsión, de investigadores españoles para el extranjero. Un fenómeno que no se detiene. Así, por ejemplo, la Universidad a Distancia de Madrid en su nueva edición del informe Innovacef señala que una gran mayoría de jóvenes investigadores que trabajan en España (73%) tiene altas posibilidades de marcharse al extranjero. Asimismo, los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Avance de la Estadística sobre Actividades en I+D del año 2013 indican que el personal empleado en actividades de I+D en nuestro país se ha reducido a niveles similares de 2008.

Es además indignante que se argumente sobre el asunto realizando un análisis sesgado de los datos relativos al personal del CSIC, como ha explicado la respuesta clarificadora de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios. Pero es inaceptable que la persona que emite esas declaraciones sea el responsable del principal centro de investigación de España, quien lejos de asumir su parte de responsabilidad en la hemorragia científica escogió realizar unas manifestaciones que lo descalifican.

Además de un despilfarro de valiosos recursos humanos, la marcha forzada de investigadores genera dolor en los protagonistas, que cumplieron con su deber al alcanzar una excelente formación, y en sus familias, que sufren una injusta separación de largo recorrido. Y hablando de familias y de dolor nos vienen a la cabeza los antecedentes familiares de Lora-Tamayo, cuyo padre fue un testigo privilegiado de una de sus modalidades del exilio científico, el debido a motivos políticos.

Efectivamente, Manuel Lora-Tamayo Martín, catedrático de Química Orgánica, vivió muy de cerca otro gran movimiento migratorio de científicos españoles, el provocado por la Guerra Civil, con la persecución y exilio de miles de especialistas.  Manuel Lora-Tamayo tuvo conocimiento directo de cómo la persecución política provocó un tremendo impacto en la pujante escuela de Química Orgánica española de los años 30 del siglo XX, de la que el formaba parte. Conoció a Antonio Madinaveitia Tabuyo, principal figura de ese colectivo, director del Laboratorio de Química biológica de la JAE (Junta para Ampliación de Estudios), quien debió exiliarse y murió en México. Precisamente, para la formación de Lora-Tamayo fue importante la ayuda que le concedió la Junta para Ampliación de Estudios, que le permitió asistir a cursos sobre química de la sangre en el Instituto de Química biológica de Estrasburgo.

Y supo de la actividad de otro colega, el también catedrático de Química Orgánica José Giral Pereira (que sería ministro y presidente de Gobierno de la II República), muerto asimismo en el exilio mexicano. Lo conociera como profesor en 1922 y visitó muchas veces su botica para poder acceder a la excelente biblioteca particular de Giral, quien lo atendió generosamente. A este profesor acudió en busca de ayuda en 1932, cuando era ministro de Marina de la II República, por negársele a Lora-Tamayo el permiso para acudir a Estrasburgo a disfrutar la pensión de la JAE; Giral le resolvió el tema. Pero no era propio de Manuel Lora-Tamayo el agradecimiento y el rigor, buen conocedor de la obra de Giral, hizo de ella una reseña parcial y mezquina en su libro La investigación química española (1981). Y a Manuel Lora-Tamayo no le era desconocido Enrique Moles, el químico español más importante de la preguerra, miembro de su tribunal de tesis, que debió exiliarse y a su vuelta fue encarcelado y después castigado al ostracismo. Tampoco le era extraño Francisco Giral González, hijo de José Giral, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Santiago de Compostela, que debió exiliarse a México.

Sí, Manuel Lora-Tamayo supo perfectamente de los dramas sufridos por sus colegas y del tremendo efecto del exilio científico para la ciencia española. Observó en primera línea los huecos que dejaban los represaliados, unas vacantes que tibios, neutros, oportunistas y cómplices del nuevo Régimen aprovecharon para ascender o acceder a destinos apetecibles.  Él, a diferencia de su hijo, calló y desarrolló una importante carrera política en el franquismo, entre otros cargos fue ministro de Educación (1962-1968) y presidente del CSIC entre 1967 y 1971. Una institución que surgió como respuesta sectaria del régimen fascista contra la Junta para Ampliación de Estudios, cuya ejemplar labor supusiera un avance significativo para la ciencia española. El Ministro de Educación José Ibáñez Martín decidió crear un nuevo organismo que centralizara el conjunto de la investigación científica. Y para esa misión echó mano de un  viejo amigo y correligionario, José María Albareda Herrera, quien desde la secretaría general del CSIC jugaría un papel decisivo en la penetración del Opus Dei en los medios académicos. Y, sí, efectivamente, visto el comportamiento de sus actuales dirigentes, su labor, como aconseja la guía espiritual del grupo al que perteneció, “dejó poso”. Como también lo dejó Manuel Lora-Tamayo y lo está dejando su hijo Emilio, el que ahora nos explica que la “fuga de cerebros” es una “leyenda urbana exagerada”.