Ocurre con la llamada Creedence Clearwater Revival. Si un nombre tan complicado acaba teniendo éxito, es que lo que hay detrás tiene miga. Y lo mismo sucede con la gentrificación, un concepto impronunciable que ha saltado en España desde la literatura académica a cualquier debate sobre la ciudad, desde medios de comunicación hasta movimientos sociales, como ya ocurría en el ámbito anglosajón. En breve, la gentrificación es el cambio que se produce en la población de los usuarios de un territorio tal que los nuevos usuarios son de un estado socioeconómico superior al de los previos, los cuales son desplazados de sus barrios en ese proceso.

En 2016, cuando editamos First We Take Manhattan (Catarata), describimos el proceso clásico de la gentrificación a través de cuatro fases que se enlazan entre sí —abandono, estigmatización, regeneración y mercantilización— y que habitualmente se desarrollan en los centros urbanos. No obstante, este fenómeno presenta una notable diversidad contextual que exige ser matizado en cada ciudad, como han señalado autores como L. Lees y T. Maloutas.

Así, tras el estallido de la crisis financiera y su posterior recomposición, el proceso se ha vuelto más complejo hasta cumplir el modelo de gentrificación por olas descrito por N. Smith. Como resultado, este proceso ya no se ciñe a los centros urbanos sino que también afecta a ciertas periferias —accesibles con transporte público, con valores arquitectónicos patrimoniales, próximas a grandes inversiones urbanas, etcétera—; ya no es un dispositivo inmobiliario local, sino que se imbrica con flujos globales, con un papel destacado de los fondos de inversión, y es cada vez menos un proceso espontáneo.

El mecanismo básico que genera la gentrificación —que es el diferencial de renta o rent gap en un territorio que permite comprar barato y, con una cierta inversión, vender caro— es cada vez más complejo. Si las clases medias locales se empobrecen, la demanda se internacionaliza, especialmente cuando un determinado mercado local —como el español tras la crisis— resulta barato en el contexto internacional. En términos de T. Slater, existía un diferencial de renta global. Además, dicho rent gap ha sido incentivado artificialmente mediante, por ejemplo, la privilegiada regulación fiscal de las sociedades SOCIMI (sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento) y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

Subida de precios

En este contexto, llegó AirBnB. La irrupción de las plataformas P2P de alojamiento turístico ha generado nuevas oportunidades especulativas para parte del parque inmobiliario español, derivándolo —en el segmento de menor superficie y más barato— hacia esta nueva forma de explotación que ha contribuido parcialmente al alza de precios de la vivienda, sobre todo de alquiler. Se han popularizado así dos nuevos palabros: turismofobia y turistización, proceso que se enlaza con la gentrificación. 

No obstante, el proceso de turistización es más nocivo en sus efectos porque sustituye a una población local por una no población, y además afecta muchos más rápido. Esto ha hecho que algunos responsables políticos —Jorge García Castaño en Madrid y Gala Pin en Barcelona— hablen ya de una “gentrificación 4.0” que amenaza con generar espacios urbanos tematizados, desprovistos de las mínimas cualidades básicas para el residente estable: comercio y dotaciones de proximidad, precios accesibles para la vivienda e, incluso, unas condiciones mínimas para el descanso. La situación es especialmente grave en zonas turísticas, donde diferentes profesionales —desde enfermeros hasta controladores aéreos— tienen dificultades para alojarse cerca de su lugar de trabajo.

Ante esta crisis urbana, se impone afrontar el problema y regularlo. Para ello, ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Londres, Madrid y París han comenzado a trabajar en red para enfrentarse a estos desafíos globales. No obstante, en España es necesario corregir una anomalía en perspectiva europea: el ínfimo porcentaje de vivienda social en nuestras ciudades. Es necesario regular las SOCIMI y proteger a los inquilinos, pero es urgente añadir la vivienda a nuestro sistema de bienestar. 

[Este artículo forma parte del dossier Turismo sostenible, publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El miércoles 14 de junio, Antena 3 abría el noticiario nacional con el incendio de Grenfell Tower, un edificio de vivienda social de 24 plantas en el West End londinense. A pesar de los ingredientes sensacionalistas de las noticias de sucesos (incluido el rescate de un bebé lanzado desde la novena planta y varios muertos aún en el momento de escribirse estas líneas en número sin determinar al 100%), no deja de ser extraña la elección de un tema extranjero para el segundo día del debate de la moción de censura a Mariano Rajoy, que incluía la votación, de la que se ausentó el presidente. Un observador suspicaz podría atribuir esta súbita anglofilia al deseo de A3Media de tratar de minimizar el impacto mediático de la moción, promovida por Unidos Podemos, a pesar de no haber prosperado. Pero tal vez los editores de las noticias de Antena3 simplemente estaban siendo unos visionarios, recogiendo un hilo poco perceptible para el televidente medio. Veamos por qué.

El incendio de Grenfell Tower ha ocurrido en Kensington y Chelsea, probablemente el borough más rico de la capital británica. En las recientes elecciones británicas de la semana anterior, uno de los resultados más comentados fue precisamente el de Kensington, el último en declararse, bien entrado el día después de la votación, y que ganó la laborista Emma Dent Coad por 20 votos después de tres recuentos.

Fue especialmente llamativo por ser Kensington “la circunscripción más rica de Gran Bretaña”, según la prensa, y hasta ahora un feudo tory inexpugnable (el actor John Cleese llegó a afirmar en un tuit que su voto era inútil por votar en Kensington). Lo que hizo posible la victoria laborista es que, tras ese frío dato estadístico basado en medias, se esconde una enorme desigualdad. Entre la exclusiva Belgravia, al sur del borough, donde se acumulan las embajadas y los multimillonarios desplazan a los “solo” millonarios (en lo que se ha dado en llamar “supergentrificación”), o aún entre la trendy Notting Hill y los housing estates como Grenfell más al norte hay todo un mundo. Según el Índice de Vulnerabilidad (deprivation) de 2015, Kensington sería el distrito 177 con mayores carencias de un total de 533, y con 22 áreas estadísticas (LSOA, lower super output areas) entre el 20% más deprimido del país. Como dice David Madden, coautor de ‘In defense of housing’, la desigualdad mata.

El otro factor fundamental fue la candidata, como es lógico en el sistema mayoritario inglés, cuya probablemente única ventaja es la estrecha vinculación del electo con el distrito. Dent Coad es una historiadora de la arquitectura de origen español (su tesis lleva el título de 'Constructing Modern Spain: Architecture, Politics and Ideology under Franco, 1939-1975') y conocida activista local, del ala pro Corbyn, que por su perfil profesional precisamente hizo incidencia en los factores de segregación social y espacial, y en las políticas de vivienda, que han adquirido un peso enorme en esta campaña.

En los recientes gobiernos conservadores de Cameron y May se han promovido agresivas medidas de desmontaje de lo que quedaba del sistema de vivienda social en alquiler construido durante los “Treinta gloriosos” del Welfare state laborista. Otra catástrofe, la explosión de gas en la torre de Ronan Point en 1968 que provocó su derrumbe, marcó el declive de la edificación en altura (highrise) de diseño moderno que se prodigaba en muchos estates, contra la que confluyó una ofensiva estética encabezada por el gusto reaccionario del Príncipe Carlos con otra, netamente económica e ideológica, que alcanzó su cenit en la era Thatcher y que incluía la demonización de los barrios pobres como zonas inherentemente viciosas (los sink estates de David Cameron) como denuncia Owen Jones en su libro Chavs.

El menú de actuaciones llevadas a cabo por los conservadores recientemente incluye operaciones de “regeneración” urbana de algunos de los mayores polígonos de vivienda (como Aylesbury o Heygate, en Southwark) o incluso hitos arquitectónicos como los Robin Hood Gardens de los Smithson que en realidad son renovaciones en toda regla con graves desplazamientos poblacionales, en connivencia con los councils de mayoría liberal o incluso laborista en algunos casos; el cambio en la definición de vivienda social por vivienda asequible (affordable housing), sin mecanismos de control que monitoricen el número de viviendas destinadas a personas de bajos ingresos; y, finalmente, la desestimación de una enmienda laborista a la Ley de Vivienda y Planeamiento que incluía la revolucionaria determinación de que las viviendas para alquiler tuvieran que ser “adecuadas para el alojamiento humano”.

Paradójicamente, mientras esto ocurría el skyline de Londres estaba siendo irremediablemente transformado con más de medio centenar de proyectos de rascacielos, mucho más altos que los edificios brutalistas de los setenta, en su mayoría de apartamentos de gran lujo para inversores foráneos que los utilizan como capital refugio. Una vez las torres no eran de vivienda social, los tories perdieron el vértigo.

En uno de esos guiños del destino que seguro que valoró el editor para elegir la noticia de Grenfell como apertura del noticiario, el otro resultado más notorio (junto con las derrotas de Nick Clegg y Alec Salmond) de las parlamentarias británicas fue la pérdida del escaño del anterior ministro de Vivienda, Gavin Barwell, el principal promotor de la citada Housing and Planning Bill. Barwell, sin embargo quizás pase a la historia como autor del libro 'How to win a marginal seat'. Desconocemos si las ventas se han incrementado después de que perdiera su escaño o si planea la secuela, 'How to lose it'. Dado que está encausado por fraude electoral, quizás la respuesta al título del libro la dé un juez en una sentencia.

Si no fuera trágica, la cuestión daría para reírse mucho. Pero en la nefasta herencia de Barwell (ahora recolocado, quién sabe si muy transitoriamente, como jefe de gabinete de Theresa May) además se añade la negligencia de haber ninguneado un informe de la comisión parlamentaria que trataba la seguridad anti-incendios elaborado hace nada menos que cuatro años. El estudio ponía en el foco en este tipo de torres de vivienda social tras un incendio similar en Camberwell en 2009, que se replicó hace dos años en Hammersmith, y específicamente Grenfell Tower, cuyo grupo de acción local llevaba más de dos años denunciando el riesgo de incendio ante la empresa encargada de la gestión de los alquileres, KCTMO. La compañía los ignoró e instaló paneles de fachada no ignífugos con un “ahorro” de unas 5.000 libras.

La polémica coleará, más aún porque Emma Dent Coad ha sido miembro de la autoridad local londinense de emergencias que trasladó dichas denuncias y que denunció los recortes que Boris Johnson, el anterior alcalde de Londres, actual ministro de Exteriores y candidato a la sucesión de May, llevó a cabo en el departamento de bomberos de la capital durante su mandato. Como ven, los conservadores británicos se parecen bastante a sus homólogos españoles.

Confluyen pues en este caso de la torre calcinada de Grenfell, que el crítico de arquitectura de the Guardian ha denominado como “un monumento a la desregulación y la desconfianza del Gobierno hacia los expertos”, tanto las consecuencias de la aplicación general de la consabida austeridad como la estrategia de demolición de la cuarta pata del estado del bienestar, el derecho a la vivienda, que tan poco desarrollado tenemos en España (cualquiera de los boroughs londinenses puede tener más vivienda social en alquiler que Madrid).

Pero es precisamente la preocupación por la vivienda un eje transversal que afecta no solo a las clases populares, sino también a clases medias precarizadas e incluso relativamente estabilizadas, sobre todo en contexto de burbujas como las de Londres (disparada) o la del alquiler (incipiente) en Madrid, en particular, y en España, en general. No en vano la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es unánimemente citada como caso exitoso de movimiento social por la capacidad de generación de alianzas interclasistas en su seno.

Términos como “gentrificación” o “turistización” que hace apenas un año eran coto de académicos o activistas ahora se extienden con la misma rapidez que suben las rentas. Como recordaba recientemente Jorge Moruno, el cambio pasa por el alquiler social, cuando toda una generación está abandonando forzosamente la cultura de la propiedad que exitosamente instalaron los ministros de Vivienda falangistas como José Luis Arrese (“queremos un país de propietarios, no de proletarios”) y la experiencia de la PAH parece extenderse con los recién nacidos sindicatos de inquilinos. Es en este tipo de alianzas donde puede cimentarse la censura social a los gobiernos del PP, donde parte de su potencial electorado (o el de Ciudadanos) pueda asumir demandas de socialistas o podemitas. Una parte no menor, en definitiva, de ese “programa de mínimos” aún lejano.

Y es también en políticas de vivienda donde gobiernos municipales “del cambio” como el de Barcelona están marcando notables diferencias con sus predecesores, produciendo incluso casos de la tan manida “innovación social”, cargándose de una gran legitimidad de ejercicio que neutraliza el discurso de la inexperiencia o la ineptitud con los que trataron de ningunearlos. Quién sabe, por ello, si Antena 3 no se arrepentirá en un futuro de no haber empezado las noticias con la moción de censura, o al menos, de haber elegido para taparla esa otra torre de Londres, en definitiva, una pieza que no tratara el problema de la vivienda en tiempos de austeridad. Ojalá mantengan ese interés por la vivienda en el futuro, aun cuando no haya imágenes de muertos de por medio.

Se suele llamar “pato cojo” al presidente de los Estados Unidos en la segunda mitad de su segunda legislatura, porque se supone que el final de su mandato y la imposibilidad de presentarse a una tercera elección mina su capacidad de influencia, incluso en el propio partido, más preocupado de encontrarle recambio que de gobernar. No obstante, Barack Obama ha dejado claro en el último mes que esa pérdida de fuelle no es inevitable, como analizaba Marc Bassets en un reciente artículo en El País. Liberado de compromisos, Obama ha tomado algunas de las decisiones mas importantes de su legislatura en el último mes, después de la debacle electoral de su partido en las legislativas que les hicieron perder la mayoría en el Senado y entregaban así las dos cámaras a los republicanos.

La última y más sonada decisión es el cambio estratégico en las relaciones con Cuba, con el reconocimiento implícito de la inutilidad de un bloqueo comercial criminal de más de medio siglo. De alguna forma, con estas ultimas acciones valientes (relacionadas con el cambio climático, la protección de espacios naturales o la reforma migratoria, todas ellas polémicas) Obama ha vuelto a reivindicarse, acercándose más a la imagen ilusionante que transmitió en su primera elección que a la decepcionante realidad de un Nobel de la Paz inmerso en varias guerras. Y ha puesto en valor el factor humano en la política, el componente irrenunciable de la responsabilidad personal de los dirigentes.

Dando un salto de varios miles de kilómetros, en España también tenemos algún que otro “pato cojo”. Uno de ellos es Cayo Lara, que además recurrentemente suele utilizar la figura de los patos volando en V de Eduardo Galeano para ilustrar la necesidad de trascender los personalismos para cumplir una labor en el equipo. Al igual que Obama, Lara comenzó su mandato -en su caso, como coordinador federal de IU en 2008- con la fuerza de sentirse respetado por su trayectoria de lucha contra la corrupción ligada a la burbuja inmobiliaria como coordinador en Castilla-La Mancha -en especial, en el caso de Seseña- y, posteriormente, por los buenos resultados electorales, sobre todo los de las generales de 2011. Sin embargo, desde entonces algunas decisiones dudosas, destinadas más bien al mantenimiento del statu quo en IU (como la asignación, por tercera vez, de la cabeza de la candidatura a las europeas a Willy Meyer), minaron su respaldo.

Como decía recientemente Alberto Garzón, IU ha reaccionado tarde en un contexto de cambio de régimen, ya que “si hubiera hecho los deberes, Podemos hoy no existiría”. Y una buena parte de la responsabilidad de ello es de Cayo Lara, que no emprendió con decisión la refundación de su formación destinada a la convergencia con otras fuerzas, que la propia coalición había aprobado como hoja de ruta ya en la asamblea en que fue elegido en 2008.

Pero, a diferencia de otros dirigentes, Lara ha sabido dar un paso a un lado. Aun con retraso, ha percibido la demanda de cambio, en su organización y en la sociedad, y ha permitido la celebración de primarias abiertas para la cabeza de lista de las generales, a las que él ya ha anunciado que no se presentará. Y sus declaraciones -como las del pasado sábado 20 de diciembre en La Sexta Noche- se ha tornado más contundentes. Pareciera más suelto, liberado de los lastres de la organización.

No obstante, le queda un Rubicón por cruzar: atajar la situación de IU en la Comunidad de Madrid, donde tanto los simpatizantes como la militancia han apoyado de forma abrumadora en las primarias a una candidatura, la de Tania Sánchez y Mauricio Valiente, a la que el pequeño núcleo que aún controla el aparato regional (con su último coordinador, Eddy Sánchez, ya dimitido) se dedica un día sí y otro también a atacar desde los medios de comunicación más vinculados al PP (ABC, Telemadrid, La Razón o TVE).

Este núcleo se hace eco, respaldando e incluso dando cobertura de “fuego amigo”, a un conjunto de informaciones sesgadas que constituyen una campaña de desprestigio en toda regla centrada en Tania Sánchez. Las críticas se han extendido a Alberto Garzón tras su apoyo a la ganadora de las primarias. Todo ello, mientras que en paralelo la dirección de Madrid (que ganó la última asamblea por los votos de tan sólo 8 delegados) no atiende a las órdenes de la dirección federal exigiendo responsabilidades políticas por la actuación de los representantes de IU en Cajamadrid y posteriormente Bankia, así como por las irregularidades en la fundación de la organización madrileña, Fundeste.

En una resolución de la presidencia federal tras dos comisiones de transparencia, una regional y otra federal, se constataban “actuaciones políticas no acordes con el código ético ni con la práctica política de IU” y se señalaba principalmente y de forma clara a Gregorio Gordo, expulsado de los órganos federales, y a Ángel Pérez, portavoces en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital respectivamente y ambos ex-coordinadores regionales, entre otros.

Estos dirigentes fueron los que promovieron, en el caso de Pérez, y posteriormente ratificaron, en el de Gordo, la elección de José Antonio Moral Santín como miembro del consejo directivo de Cajamadrid como representante de IU. Moral Santín, como recientemente se ha demostrado, actuó más como un aliado de la dirección de Miguel Blesa que como un agente fiscalizador, totalmente desvinculado de las directrices políticas de IU y estando implicado de lleno además en el caso de las tarjetas black. En cuanto a Pérez, además ha sido presidente del patronato de Fundeste desde 1996 hasta la actualidad, periodo en el que se producen las irregularidades contables.

Ambos, además, promovieron una política urbanística (el “marxismo-ladrillismo”, como la denomina entre otros Juan Carlos Escudier) en alguno de los municipios madrileños donde IU llegó a gobernar (e incluso en algún otro apoyando desde la oposición) que no era en esencia muy distinta de la aplicada por la derecha.

El listón de la exigencia ética en IU siempre ha sido alto y así se ha ratificado recientemente cuando Willy Meyer, al poco de haber sido reelegido eurodiputado, dimitió al saberse que tenía un fondo de pensiones privado vinculado a una SICAV. Este hecho -que al parecer Meyer no conocía- no constituía un delito, ni siquiera una falta administrativa, pero sí que chocaba frontalmente con las críticas de la coalición de izquierdas a este tipo de fondos. La dimisión de Meyer le ha ganado el respeto de sus críticos y contrasta de forma abrupta con la negativa a asumir responsabilidades políticas personales de los citados dirigentes madrileños, a los que desde el resto de federaciones -no solo desde la dirección federal- se les exige su dimisión. Su respuesta de abierta crítica en los medios (aun cuando ellos mismos introdujeron cláusulas muy duras en los estatutos penalizando la discrepancia pública de los militantes) a Sánchez y Garzón, que previsiblemente serán las figuras mas importantes a nivel electoral de la coalición a corto plazo, coloca a IU en una difícil tesitura.

A ello se une su oposición a la confluencia con otras fuerzas de izquierda y movimientos sociales; en el caso de la ciudad de Madrid, bajo la forma de la plataforma Ganemos (en la que la militancia de base y la candidatura de Sánchez y Valiente están participando de forma muy activa). Es por tanto una tesitura en la que incluso se pone en duda la viabilidad electoral de la marca IU en una plaza tan importante como Madrid. Y sin un resultado mínimamente aceptable, IU-CM no es viable tampoco económicamente, ya que sus principales ingresos provienen de las subvenciones públicas y las donaciones de cargos públicos. Un mal resultado impediría afrontar la deuda de unos dos millones de euros que arrastra con las administraciones (frecuentemente esgrimida en su contra por el PP), que ha llevado a la subasta de alguna de sus sedes, solo frenada in extremis en algunos casos por la concesión de un crédito por el Banco Santander.

Ante esta situación la dirección federal cuenta con herramientas estatutarias para actuar. No obstante, es necesaria una decisión política. Lara, en su etapa final como máximo dirigente de IU, debe ser consciente de que cuando nada se tiene, nada se puede perder. Tras la negativa a asumir responsabilidades personales de los dirigentes madrileños, capaces de echar por tierra la marca incluso a nivel estatal antes que abandonar sus puestos, es él el que debe encarar su propia responsabilidad. Por ello, este el momento en el que Cayo Lara debe elegir entre ser un “pato cojo” atenazado y que retrasa a la bandada; o, por el contrario, ser el que realiza un ultimo esfuerzo encabezando la V para que, en un momento histórico, la bandada avance, antes de echarse a un lado, cansado pero con el orgullo de haber realizado su labor.