El primer partido en ‘sentarse’ delante de un juez en un juicio relacionado con la Caja B del Partido Popular podría ser UPyD, precisamente por hacerse eco de un hecho noticioso que hasta el propio juez instructor y fiscal han dado por suficientemente acreditado: que el partido que sustenta al Gobierno tenía una Caja B y se financiaba ilegalmente

No soy periodista, pero siempre me han comentado amigos que sí lo son que la mejor forma de atraer la atención hacia un artículo es ponerle un título atractivo, un título que incite al lector a ver qué se esconde tras el mismo. Creo que la frase que titula estas líneas, “la primera víctima de la Caja B del Partido Popular”, es lo menos llamativo de lo que voy a escribir.

Si uno atiende a mi breve reseña en las páginas de eldiario.es, descubrirá que uno de los “privilegios” que tengo es poder trabajar en un partido político. Eso me permite conocer algunas de sus intimidades, entender las decisiones que se toman -también las complicadas o aparentemente equivocadas- y, en general, participar en el día a día del mismo. Con éstas, el pasado martes recibía en el correo electrónico notificación de un Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, por el cual se nos citaba a un acto de conciliación con el Partido Popular, paso previo a la interposición por parte de éstos de una querella por injurias y calumnias contra Unión Progreso y Democracia.

¿Por qué? Bueno, parece que en el partido del Gobierno no sentó nada bien un tuit, publicado en el perfil de UPyD el pasado 20 de marzo, en el que se podía leer: “Con B de ladrones, con B de corruptos, con B de estafadores: Génova se escribe con B de caja B #Génoba”, seguido de una imagen. Se puede discutir el mejor o peor gusto con el que se ha expresado la idea, pero lo que creo que desconoce el Partido Popular es que nuestro Tribunal Constitucional, a la hora de ponderar la prevalencia entre el Derecho al honor y la Libertad de expresión, tiene dicho que “ni la Constitución ni la ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca de sus propios actos”.

Y precisamente lo que aquí subyace, al margen de la forma de expresarse, es la denuncia que hacía UPyD en su Twitter (como otros cientos de miles de ciudadanos y colectivos de todo tipo) de la existencia de una Caja B en el Partido Popular, que resulta el ejemplo paradigmático de la corrupción que rodea a ese partido y su entorno desde hace años (Gürtel, Bárcenas, Bankia, etc.) y que como es fácil de comprender, nada tiene que ver con el partido magenta, y sí con la forma que han tenido de hacer las cosas en el PP, por lo visto, desde su nacimiento.

Lo cierto es que esta semana, junto con el incansable Andrés Herzog, teníamos la nada desdeñable tarea de articular un recurso contundente contra el archivo de la causa de las ‘tarjetas black’ respecto de 12 directivos de Caja Madrid y Bankia (entre ellos Rafael Spottorno, exJefe de la Casa Real) que se gastaron sin control y sin vergüenza más de 3 millones de euros. No tengo ninguna duda de que algunos quieren que el fraude de las tarjetas opacas y el resto del caso Bankia acabe en un cajón de la Audiencia Nacional y les debe parecer buena idea abrirle otro frente al único partido que da la batalla -con hechos- en esta guerra, más si cabe ahora que ven flaquear nuestros medios materiales. Lo que siento tener que recordarles, es que nosotros tenemos prioridades, así que me temo que tendrán que perdonarnos porque de momento no tengamos tiempo para diseñar nuestra estrategia en su pequeña guerra contra nosotros (también es cierto que no somos nuevos en estos ‘otros’ asuntos).

De todos modos., y aunque aún es pronto para articular nuestra defensa y creo sinceramente que la posibilidad de que UPyD acabe condenado es muy remota, lo que resulta quizá más anecdótico de todo este asunto es que, vistos los tiempos de nuestra justicia, el primer partido en ‘sentarse’ delante de un juez en un juicio relacionado con la Caja B del Partido Popular podría ser Unión Progreso y Democracia, precisamente por hacerse eco de un hecho noticioso que hasta el propio juez instructor y fiscal han dado por suficientemente acreditado: que el partido que sustenta al Gobierno tenía una Caja B y se financiaba ilegalmente.

No se encuentra exenta la vida de paradojas, cuando -ideologías al margen- resulta que el partido que no sólo ha denunciado la corrupción con dialéctica televisiva, sino que se ha plantado en los tribunales para defender a los ciudadanos iniciando o impulsando casos como el de Bankia, las preferentes, la familia Pujol o los cursos de formación en Andalucía, pueda ser el primero en sentarse en un banquillo, precisamente por denunciar las vergüenzas de la vieja política. En todo caso y como he dicho, como abogado veo prácticamente imposible tal posibilidad. Como ciudadano, además, todo esto me parece ejemplo de bochornoso cinismo.

El autor aborda en este artículo la cosmética reforma del Partido Popular y las enmiendas rechazadas de UPyD y PSOE días después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde al Código Penal

Esta semana fue aprobado en el Congreso de los Diputados el nuevo texto del Código penal. A falta del trámite en el Senado, que no parece que vaya a deparar ninguna sorpresa positiva, el partido del Gobierno presume de haber introducido en nuestra legislación penal el delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Durante la tramitación parlamentaria, fueron sólo los grupos parlamentarios de PP, PSOE y UPyD los que propusieron sendos textos encaminados a convertir la financiación ilegal de partidos en un delito previsto y penado en el Código penal.

La propuesta del PP

Sobre el contenido concreto de dichas propuestas, el Partido Popular, a pesar de que el texto aprobado puede suponer un avance, se ha limitado a convertir las infracciones administrativas reguladas en la Ley de Financiación de Partidos en delitos, siempre y cuando se produzcan determinadas circunstancias, principalmente relacionadas con sobrepasar de manera grave los límites impuestos en la citada Ley de Financiación de Partidos. Esta nueva regulación, convertir una infracción administrativa en delito en determinados supuestos, no castiga explícitamente conductas nuevas, sino que convierte el reproche administrativo en reproche penal.

Lo cierto es que en este caso se utiliza un sistema similar al de los delitos contra la Hacienda pública, de tal forma que no todas las donaciones ilegales serán penalmente relevantes, sino aquellas que superen significativamente las cantidades permitidas, dejando para el régimen administrativo sancionador aquellos casos en los que la donación ilegal sea cuantitativamente inferior.

La reforma, además, fija ese límite de donaciones infranqueable en los 500.000 euros, algo que resulta cuando menos chocante puesto que, como dijo el portavoz socialista, Antoni Such en el debate parlamentario, en los papeles de Bárcenas constaba que “nadie [había] dado más de 500.000 euros”.  Es decir, sería inaplicable a la realidad que nos rodea.

La propuesta de UPyD

La redacción propuesta por UPyD se dividía en tres tipos de delitos independientes, pero complementarios entre sí. El primero de ellos, en síntesis, era igual a la propuesta del Partido Popular, si bien el límite quedaba fijado en 175.000 euros en lugar del medio millón aprobado.

El segundo supuesto englobaba diversas prácticas relativas a la llevanza de las cuentas de un partido político. En él se introducían como delitos el falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad; la llevanza de doble contabilidad; así como que se hubiesen cometido irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del partido. Lejos de improvisaciones innecesarias se extiende la estructura de los delitos societarios, consolidada tanto en nuestro Código penal como en el de los países de nuestro entorno y se aplican sus previsiones a las cuentas de los partidos políticos.

El tercer supuesto de financiación ilegal de UPyD tipificaba el hecho de que se descubriese la existencia de cuentas o patrimonio (en España o en el extranjero) que no se encontrasen debidamente recogidos en la contabilidad del partido y, además, no se pudiesen justificar en función de la actividad habitual, el régimen de financiación o los informes del Tribunal de Cuentas. Como se observa, esta redacción exigía que se cumpliesen dos requisitos: la no declaración del patrimonio por parte del partido y la imposibilidad de justificar el origen de dicho patrimonio.

La propuesta del PSOE

El texto que el PSOE propuso debatir, aunque con una configuración diferente al de UPyD, era en todo caso más ambicioso que el del Partido Popular y cubría las lagunas dejadas por la redacción de éste. Dividía su propuesta en cuatro supuestos. El primero de ellos, utilizando la regulación ya contenida en el Código penal relativa al falseamiento de documentos, extendía las consecuencias de dicha falsedad documental a las cuentas anuales y otros documentos que debiesen reflejar la situación económico-financiera de los partidos. Siguiendo un camino parejo al segundo supuesto que introducía UPyD en su enmienda.

En el segundo supuesto, redactado claramente de la mano del primero, castigaba igualmente al que, sin haber participado en las falsedades antes descritas, las conociese y las hubiese ocultado, configurando así un tipo específico de encubrimiento de financiación ilegal de partidos.

El tercer y el cuarto supuesto recogidos en la propuesta del PSOE eran, en general, coincidentes con lo introducido por el Partido Popular y el primer delito de la propuesta de UPyD.  

Choca, en cambio, en la regulación del Partido Socialista, la ausencia de una previsión específica que permitiese imputar estos delitos, no sólo a determinadas personas físicas, sino también a los propios partidos políticos, como sí hace la reforma del Partido Popular y la propuesta de UPyD.

En todo caso, y en general, tanto UPyD como PSOE, aportaban mejoras sustanciales a la solución dada por el Partido Popular, que también era introducida en sus textos, pero sólo como una parte -y no el total- de la solución al problema. Finalmente, puede resultar de interés para el lector conocer que no consta que el Partido Popular tratase de llegar a algún tipo de acuerdo en la redacción final del delito con el Partido Socialista.

Puedo afirmar igualmente que dicho acercamiento a la hora de conseguir una redacción negociada tampoco se produjo respecto a UPyD. En definitiva, el texto aprobado era un contrato de adhesión, o se tomaba o se dejaba ya que el Partido Popular no pensaba llegar más lejos. Como era de esperar, ante tal descortesía parlamentaria, tanto UPyD como PSOE, que tenían sus propias propuestas, junto con el resto de grupos, manifestaron, en el debate parlamentario, su rechazo a la reforma tan poco ambiciosa promovida desde el Partido Popular.

En conclusión, a día de hoy, lo cierto es que a pesar del bombo y platillo con el que se celebra la introducción de este delito, una vez rechazadas en su totalidad las propuestas de UPyD y PSOE, se seguiría sin poder perseguir las llamadas ‘Cajas B’ o prácticas como el pago de sedes con dinero negro, con delitos específicamente pensados para ello. Las palabras de Rosa Díez en el Congreso resumen la reforma de forma certera: “Con este Código penal, Bárcenas podría seguir siendo tesorero del Partido Popular”. Fin de la cita.

Dentro de una serie de reformas conducentes a regenerar la vida democrática, parece necesario impedir que los partidos y grupos políticos puedan pagar sobresueldos a sus cargos públicos

Quizá oculto tras una serie de escándalos y críticas de mayor envergadura, una de las cuestiones que no contribuyen a mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la política son los llamados sobresueldos; cantidades económicas que algunos cargos públicos perciben por otras actividades de índole privada, siendo un caso paradigmático de ello las remuneraciones que al margen de su cargo público reciben desde sus propios partidos por el desempeño de cargos orgánicos en los mismos.

En la actualidad, tales sobresueldos son en principio legales siempre que estén debidamente abonados y declarados, si bien respecto de ellos conviene tener presente que, en lo que se refiere a diputados y senadores, la Ley Electoral (LOREG) establece que el mandato de diputados y senadores debe hacerse en régimen de dedicación absoluta y que el mismo será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad retribuida.

Siendo ésta la regulación respecto de diputados y senadores, parece evidente que el desempeño del cargo es, con carácter general, incompatible con el ejercicio de actividades privadas, pero es especialmente incompatible con el cobro de cualquier tipo de retribución derivado de las mismas. Las únicas excepciones están contempladas en la propia LOREG y son básicamente las siguientes:

1). La enseñanza realizada por profesores universitarios, a los que se les permite colaborar en actividades de docencia e investigación de carácter extraordinario.

2). La administración del patrimonio personal o familiar.

3). La producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ella. Tales excepciones son lógicas si se entiende que sería excesivo el reproche a diputados y senadores por compatibilizar su cargo público con labores docentes o literarias o con la participación en medios de comunicación, cuando éstas son actividades complementarias a sus responsabilidades públicas que, además, se pueden realizar de forma esporádica acercando de esta manera la política a los ciudadanos pero sin menoscabar el principio general de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias.

Sin embargo, junto con las tres excepciones anteriores, la LOREG recoge una cuarta, la cual a su vez se ha convertido en la más controvertida en su aplicación ya que ha devenido en una suerte de cajón de sastre. Así, según la ley, se podrán también desempeñar las actividades privadas que no consten en la lista de incompatibilidades siempre que sean autorizadas por la respectiva Comisión de cada Cámara.

La crítica al régimen de incompatibilidades establecido, como era de esperar, proviene de la indefinición de este último supuesto, ya que dicha redacción ha llevado a una excesiva permisibilidad en la interpretación de la norma. Uno de los casos más claros en este sentido es la permitida compatibilidad del cargo de diputado y senador con el desempeño remunerado de puestos directivos internos en los partidos políticos, que provoca que, en ocasiones, algunos diputados y senadores cobren mucho más de sus propios partidos políticos que por sus responsabilidades públicas, a pesar de que, como señala la LOREG, éstas últimas exigen un régimen de dedicación absoluta.

Puede considerarse razonable que diputados y senadores puedan simultanear sus cargos con otros internos de los propios partidos políticos, pero lo que es ahora relevante, por parecer contrario a la ley, es que perciban un sueldo, dieta o remuneración por ello, habida cuenta que la LOREG establece que el cargo de diputado o senador es incompatible con cualquier puesto o actividad retribuida. Es públicamente conocido que el cobro de cantidades de diputados y senadores por parte del propio partido es una práctica consentida y consolidada en el tiempo. No sólo ello, algunos diputados y senadores perciben también un plus del Grupo Parlamentario el que pertenecen, al margen de su sueldo directo como diputado o senador y el sobresueldo abonado por el partido. Es decir, existe una doble o triple retribución.

Y esto es así porque, a pesar de la literalidad de la LOREG, las Comisiones de Congreso y Senado que se encargan de interpretarla no han puesto obstáculo a que diputados y senadores puedan cobrar simultáneamente cantidades de sus propios partidos basándose precisamente en el cajón de sastre normativo de la Ley. Así, si nos atenemos al último dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados podemos observar que se consideran compatibles ambas actividades (y retribuciones) dada la relación íntima entre el desempeño de unas y otras.

Es por ello necesario recordar ahora que el sistema de incompatibilidades es un medio clásico para salvaguardar la libertad y la independencia de los parlamentarios. En definitiva, las incompatibilidades pretenden evitar que el parlamentario simultanee su cargo con otro mandato que pueda comprometer su actuación o impedir que ésta se realice correctamente y con la dedicación necesaria. Es decir, si tenemos por cierta esta interpretación –realizada por las Letradas de Cortes Mercedes Araujo Díaz de Terán y Ángeles González Escudero– de lo que parece no caber duda es de que se está interpretando la LOREG contra su propio fundamento original, pervirtiéndolo hasta el punto de que, para determinadas ‘otras’ profesiones no existen ya tales incompatibilidades.

La crítica a este sistema multiretributivo de diputados y senadores radica en que los sobresueldos son un indudable elemento de control y presión sobre los cargos por parte de los partidos políticos, de tal forma que se fomenta la fidelidad al partido por encima de cualquier otro tipo de consideración. Además, la existencia de los sobresueldos no solo genera desigualdades entre los distintos diputados, sino que al ir aparejada con una indudable falta de transparencia, es una fuente constante de rumores que -infundados o no- contribuyen a aumentar el descrédito de la actividad y clase política. Señalado lo anterior, es también notable que la existencia de estos sobresueldos legales impide abordar de una manera franca y transparente un debate tan importante como es el de la retribución justa de nuestros cargos públicos, que debería obedecer a principios de retribución digna, clara y, sobretodo, transparente, de tal forma que vaya en línea con las retribuciones de los países de nuestro entorno y sirva para atraer talento a la vida política española.

En conclusión, dentro de una serie de reformas conducentes a regenerar la vida democrática, parece necesario impedir que los partidos y grupos políticos puedan pagar sobresueldos a sus cargos públicos. Es necesaria una modificación de la Ley Electoral en el ámbito de las incompatibilidades de tal forma que la regla general que determina la dedicación absoluta e incompatibilidad con otras retribuciones no acabe convirtiéndose en la excepción por culpa de una interpretación contra legem de la Ley. Diputados y senadores deben dedicarse de forma prioritaria y recibir su remuneración principal por su labor como representantes públicos, manteniéndose ajenos a otros intereses privados que les permita obtener sustanciales beneficios económicos al margen y en detrimento de su labor parlamentaria.