Sin embargo, estos cien primeros días han estado marcados por una concatenación de decisiones improvisadas. Ante los numerosos incumplimientos de sus compromisos y ante las continuas excusas, no hemos podido permanecer impasibles. Ha sido una absoluta decepción escuchar tantas contradicciones en tan poco espacio de tiempo. El pacto que lleva cien días gobernando en Canarias se ha convertido, sin ninguna duda, en el Pacto de la Decepción y la Desconfiaza.

Las Elecciones Autonómicas de mayo de 2023 dieron un resultado claro. El partido que recibió el mayor apoyo social, y por tanto la mayor ilusión social, fue el PSOE Canarias. De manera legítima, en aplicación de la aritmética parlamentaria, se conformó otra mayoría con formaciones que, cuando estaban en la oposición, exigían medidas inmediatas. Además, afirmaban que las llevarían a cabo de forma inminente si llegaban al Gobierno. Ha sido todo lo contrario.

Han aumentado como nunca los altos cargos con respecto a la legislatura anterior, incumpliendo el compromiso de CC y PP de adelgazar y agilizar la administración. Hoy tenemos un aumento de más de 50 cargos con respecto a los que había antes.

De forma injustificada se producen duplicidades como en el área de Seguridad y Emergencias. El Gobierno anterior, el más reconocido por su gestión en emergencias, contaba con un director general. Ahora, donde antes había un puesto, hay cuatro. Lo mismo ocurre en el área de la Actividad Física y del Deporte. Siendo necesaria una viceconsejería, resulta un exceso que se añadan en la misma dos direcciones generales más.

Este gobierno es rehén de sus propias contradicciones porque al mismo tiempo que se lamenta por no disponer de suficientes recursos económicos, aumentan en más de medio centenar los cargos políticos de sus partidos. Sin rubor alguno. 

Nada para la mayoría social. Porque el Gobierno de CC y PP no ha tomado ni una sola medida para aliviar la carga económica de las familias ante la carestía de la cesta de la compra y las hipotecas.

Al Pacto de las Flores nos exigían medidas inmediatas. Pero cuando están gobernando, cien días después, las medidas son CERO. Sin embargo, sí que han tenido prisa para aprobar de manera “urgente” e “imperiosa necesidad” dos decretos leyes que demuestran cuáles son sus prioridades.

Los únicos decretos leyes aprobados hasta ahora han sido para perdonar el impuesto a quien recibe individualmente una herencia de más de 300.000 euros -apenas el 0,3% de la población- y para controlar la Radiotelevisión Canaria desde el Gobierno. Éstas dos decisiones los retrata.

Un gobierno demuestra en sus acciones y decisiones qué principios tiene, sus valores y sus prioridades. Para el actual Ejecutivo las prioridades han sido contentar a las rentas altas y controlar los medios de comunicación para silenciar la crítica mediática. Un evidente retroceso democrático.

En cambio, los decretos para la reconstrucción de la isla de La Palma y para la actividad agraria, que sí son urgentes, siguen paralizados con excusas que dejan en evidencia lo que ellos mismos afirmaban cuando estaban en la oposición. “Que se apruebe ya y luego que se corrija lo que se tenga que corregir” es lo que reivindicaban cuando estaban en la oposición. Pero en cien días de gobierno no han sido capaces de aprobarlos. La respuesta es, de nuevo, CERO.

A toda esta lista de desatinos se suma un flagrante incumplimiento de la promesa estrella que los socios de gobierno pregonaron en campaña electoral. CC y PP aseguraron que aplicarían de forma inmediata y antes de los cien días una bajada general del IGIC del 7% al 5% para ayudar a las familias y fomentar el consumo. Ha pasado ese tiempo y el IGIC sigue estando al 7%.

No es incumplir una promesa más. Es estafar a los electores con su PROMESA con mayúsculas.

También quedan retratados con sus decisiones con respecto a la defensa del estado del bienestar. Han imposibilitado que las niñas y niños de 0 a 3 años estén escolarizados hoy en sus municipios en centros públicos por su obsesión de defender la educación privada. Han impedido que personas que tienen el alta médica y ocupan camas hospitalarias sean derivadas a centros homologados, solo porque una alcaldesa de su formación política se niega a que sea en su municipio. Una medida que, con casi 200 camas disponibles, ayudaría a descongestionar las urgencias en estos momentos. También este gobierno ha frenado en seco las prestaciones por dependencia. Los datos de los primeros cuatro meses son calamitosos y nos alejan del objetivo de la lista cero en dependencia que estábamos a punto de conseguir este año.

¿Por qué es el Pacto de la Desconfianza? Porque además de darle la espalda a la mayoría de la ciudadanía incumpliendo sus promesas, en menos de cien días ya ha dimitido un director general por problemas de gestión, algo inusual.

La desconfianza se asienta también en su nula capacidad de influencia, porque han sido incapaces de conseguir que otras comunidades -11 están presididas por su mismo color político, que son sus socios del PP- aumenten el número de menores acogidos en sus territorios.

Y a la desconfianza y nula capacidad de influencia debemos sumar que ya se les agota la fórmula de culpar a otros de sus propias responsabilidades y decisiones. Están en el gobierno para gobernar y ya llevan cien días. Desde el PSOE Canarias le instamos a que varíen el rumbo y que trabajen por la mayoría social.

Presido el principal grupo parlamentario de las islas y nuestro compromiso, ahora desde la oposición, permanece invariable. Desde el PSOE Canarias defendemos el interés general, somos exigentes y propositivos. Tendemos la mano al actual gobierno para la preservación del estado del bienestar, para la lucha contra el cambio climático, para desarrollar el potencial que tiene Canarias en energías renovables, para la creación de empleo de calidad y la diversificación económica o para la defensa de Canarias en Europa.

En definitiva, para todo aquello que marcó nuestra hoja de ruta cuando estábamos en el Gobierno de Canarias.

Pueden contar con nuestra experiencia. Porque Canarias es nuestra prioridad y por ella seguiremos trabajando.

Es un día doblemente especial porque este año celebramos 40 años de autonomía en democracia y libertad. Aquel hito de un primer Estatuto de Autonomía en 1982, que se consolidó posteriormente con la primera sesión del Parlamento el 30 de mayo de 1983, inauguró un camino y una historia de progreso en la que Canarias ha avanzado decidiendo sus propios pasos.

Y también es especial, insisto, porque la normalidad ha vuelto a nuestras vidas y hoy las canarias y los canarios valoramos más que nunca lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos conseguido y lo que somos capaces de superar.

Esta noche celebraremos el acto institucional del Día de Canarias 2022 en el teatro Guimerá y podremos entregar los Premios Canarias y las Medallas de Oro en una ceremonia en la que ya no habrá limitaciones.

El recinto estará lleno, lo que será una muestra simbólica de la recuperación progresiva, del impulso social y económico que estamos experimentando en estos momentos. Porque Canarias se está recuperando. Y lo está haciendo a pesar, entre otros factores, del escenario de inestabilidad provocado por la injusta, terrible y cruel invasión de Ucrania.

Hoy afrontamos nuestra reactivación económica de forma sólida, pero también siendo más conscientes de que las riquezas han de ser mejor repartidas para caminar hacia una Canarias más justa e igualitaria. También avanzamos hacia un Archipiélago más sostenible, descarbonizado y que da prioridad a las energías limpias.

Para todo esto contamos con una Agenda Canaria 2030, un documento de futuro que nos pertenece a todas y a todos y que va más allá de la actual legislatura. Es una herramienta para la esperanza que se asienta en la absoluta certidumbre de que Canarias está ahora más preparada que nunca y además somos un pueblo que jamás se rinde.

Un pueblo con identidad, tradición y raíz que seguirá afrontando la vida con humildad, unidad, fuerza y solidaridad. Así somos: unas islas orgullosas de su pasado y decididas a afrontar su futuro, siendo protagonistas de nuestra propia historia.

Felicidades.

El debate de la sesión se centró en el futuro Pacto de Migración y Asilo, para el que será necesario un cambio de planteamiento, un cambio de enfoque. La propuesta de texto presentada por la Comisión Europea adolece de mecanismos que obliguen a los 27 países miembros a ser corresponsables y deja que toda la presión recaiga en los territorios que somos frontera exterior. 

Es necesario que, de aquí en adelante, tengamos una política común con perspectiva histórica, inteligente y pragmática. Una política que luche contra los discursos simplistas, excluyentes y xenófobos, que asuma la migración como una oportunidad socioeconómica, demográfica y cultural, y como una cuestión de principios y Derechos Humanos que, en ningún caso, debe ser gestionada solo en las regiones y países fronterizos.

Canarias se sitúa a 2.500 kilómetros de Madrid, a más de 3.000 de Bruselas y a solo 100 del noroeste de África. Somos ocho islas diferentes y una de las 9 Regiones Ultraperiféricas de la UE, la única de España. Estar lejos supone una desventaja competitiva, pues todo nos cuesta mucho más (el agua, la energía, traer y exportar mercancías…), pero también agrava la gestión migratoria, y más en medio de una pandemia que ha cerrado fronteras, aeropuertos y puertos, complicando al máximo las derivaciones y las repatriaciones. Una crisis por la COVID que, encima, ha causado más daño en nuestra economía por el mayor peso del turismo (35% del PIB y 40% del empleo), con una reducción de la producción del 20% en 2020 y un paro del 25%, según la EPA del último trimestre.

La primera embarcación irregular que llegó a Canarias se dató en 1994 (dos jóvenes saharauis que llegaron a Fuerteventura). Desde entonces, este fenómeno ha sido constante, aunque con fluctuaciones. En 2004 y 2005 se interceptaron con frecuencia barcos con centenares de subsaharianos en condiciones pésimas y en 2006 se produjo la primera gran crisis (la de los cayucos), al llegar a las Islas 31.600 personas en la ruta atlántica, la más peligrosa de Europa y una de las de más arriesgadas del mundo.

Al principio se tomaron decisiones apresuradas, con soluciones incompletas. No había coordinación en la acogida y, tras largos meses de crisis, se firmaron pactos de cooperación entre España y varios países africanos, a los que se apoyó. Finalmente, se terminó aumentando la vigilancia, se activaron las repatriaciones y se produjo la primera operación marítima de la agencia europea Frontex. Además, el Gobierno central y las administraciones canarias activaron recursos de acogida de emergencia y corresponsabilidad que funcionaron. Pero en la década posterior, todos esos recursos se fueron desmantelando. Fue un error. 

En 2020, la llegada de migrantes a Canarias en cayucos y pateras ha aumentado un 756%, pasando de las 2.287 de 2019 a 23.023. La dura realidad es que un territorio tan fragmentado como el nuestro y con una población de 2,2 millones de habitantes no puede hacer frente solo a esta elevada llegada de seres humanos. De hecho, esta situación nos ha cambiado las prioridades y nos ha obligado a destinar muchos recursos. El Gobierno de España ha recurrido a hoteles para albergarles de forma digna y ha habilitado 7.000 plazas en infraestructuras militares. Las instituciones canarias hemos cedido espacios para la acogida y nos hemos encargado de su atención sanitaria. Ahora, atendemos a casi 10.000 migrantes (entre adultos y menores).

Como he reiterado, cuando estas personas pisan Canarias llegan a la Unión Europea, pues somos tan Europa como Madrid, París, Bruselas, Viena o Berlín. Por tanto, la gestión migratoria ha de redistribuirse entre los 27 países.

Hay que invertir desde lo público y lo privado en los países de origen y tránsito para evitar el impulso migratorio, pues no debe olvidarse que estas personas huyen del hambre, las pandemias, las guerras, las persecuciones y el cambio climático. También se debe incrementar la vigilancia en esas naciones, con los máximos acuerdos posibles de cooperación y seguridad; efectuar las deportaciones conforme a ley, los derechos humanos y los pactos con esos países, y activar las derivaciones y el tránsito reglado de los que pueden moverse al resto de la UE, porque es lo que busca la inmensa mayoría. Además, resulta clave garantizar una acogida digna mientras se aclara su situación administrativa. Y hay que hacerlo en recursos repartidos por todo el continente. No solo en Canarias. La única opción para ello es la solidaridad. Una solidaridad que debe ser obligatoria. La implicación de los países que no son frontera exterior no puede reducirse a una mera cuestión de voluntariedad.

Sin un reparto equitativo, fomentaremos una gestión basada en macrocentros de retención en las regiones fronterizas, algo insostenible que, además, genera una enorme frustración en estas personas y que pone en riesgo la convivencia.. Tampoco se puede aceptar que las soluciones pasen por una suerte de apadrinamiento de migrantes. Como ya han manifestado los gobiernos de España, Italia, Grecia y Malta, se necesita articular una solidaridad vinculante, que incluya cuotas fijadas para los 27. Canarias está dispuesta a aceptar un porcentaje de acogida razonable (como las 1.500 plazas del pacto político suscrito en las Islas en 2002) y estamos seguros de que la mayoría de la Eurocámara acepta la corresponsabilidad, lejos de esa “solidaridad a la carta” del borrador. Es de justicia, pues, que los 27 países participen de una política común y que requiere, además, de un presupuesto ambicioso y suficiente, con fondos específicos para regiones que, como Canarias, seguirán afrontando una mayor presión. 

En el Parlamento Europeo y en el Senado hablé de la atención a los menores no acompañados en Canarias. Actualmente tenemos 2.600, cuando en enero de 2020 eran 540, cinco veces menos. Se trata de la cuarta parte de los menores que hay en España y, en este febrero, ya hemos agotado los recursos de nuestro presupuesto anual para su atención, por lo que nos resulta apremiante el apoyo de la UE con una partida específica. Además, el Pacto de Migración debe abordar la cuestión de los menores de forma exhaustiva y creo perentorio que se renueve cuanto antes el Plan de Acción (2010-14) para menores. De lo contrario, cometeríamos un error histórico.

Debemos aprender de la historia porque, hace 15 años, el entonces presidente de Canarias, el fallecido Adán Martín, compareció en esa misma Comisión europea para alertar de que, como ahora, se estaban produciendo miles de muertes en esta ruta, que había días que llegaban más de un millar de migrantes y que atendían a 900 menores. Según recalcó, “los estados fronterizos, y en especial las Islas, no pueden asumir solos un problema que es europeo, porque el destino final de la emigración es, en definitiva, el sueño europeo”. 

Su discurso sigue igual de vigente y, por eso, me pregunto si 15 años no es tiempo más que suficiente para aprender, dar soluciones definitivas y no repetir errores. No podemos fallar ante este nuevo Pacto y debemos propiciar políticas con visión global y cohesionada para que ningún territorio se convierta en un tapón donde empieza y termina la migración irregular. Nos compete a todos, como responsables políticos y seres humanos, y por eso hago mías las palabras de Martín de 2006 sobre que “Europa tiene la oportunidad y la obligación de unirse en torno a un desafío común que permita relanzar el proyecto europeo, recuperar la confianza de sus ciudadanos y afianzarse en la esfera internacional”. Cada día que pase sin reaccionar, será un día perdido que la UE no se puede permitir.

No hay duda de que la precariedad y los bajos salarios están detrás de las desigualdades y la cronificación de la pobreza que percibimos en amplios segmentos sociales. Un problema cada vez más extendido entre la denominada clase media, que en este país representa el 60% de la población total, y cuya incidencia es significativamente importante en regiones como Canarias. No solo por la cifra de desempleados, por encima de las 237.000 personas, sino también por la falta de estímulos y estabilidad que condicionan nuestro mercado laboral.

Aunque los datos dicen que el Archipiélago se halla en máximos históricos en cuanto a personas que trabajan, la precariedad, lamentablemente, sigue estando generalizada en las islas, con sueldos que en la mayoría de los casos no alcanzan ni siquiera la condición de mileuristas. Se explica así, por ejemplo, que solo el 8% de los jóvenes canarios con edades comprendidas entre los 20 y 25 años puedan salir de sus casas familiares para emanciparse (frente al 30% de la media europea).

Los y las socialistas estamos comprometidos con reconducir esta situación, que consideramos absolutamente intolerable. Así lo hemos demostrado durante la corta pero intensa primera etapa de Pedro Sánchez en Moncloa, poniendo en marcha múltiples medidas correctoras como el Plan Director por un Trabajo Digno, que ha permitido la transformación de miles de contratos temporales en indefinidos, o incrementando tanto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta situarlo en los 900 euros/mes (14 pagas), como el sueldo de los empleados públicos, un sector que, durante lo peor de la crisis, tuvo que soportar congelaciones e incluso reducciones salariales y que, con esta medida, materializada el pasado 1 de enero, recupera terreno perdido y avanza hacia la justa equiparación adquisitiva entre administraciones.

En estos diez meses se ha aprobado también el plan de choque por el empleo joven, que ha sido dotado con 2.237 millones de euros; un plan de retorno para 24.000 jóvenes durante 2 años y se ha recuperado el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Además, se ha dado curso a la oferta de empleo público más importante de las últimas décadas.

Aún quedan tareas pendientes, por supuesto, y algunas de gran calado, como la materialización de un nuevo Estatuto de los Trabajadores o algo más importante: la derogación de la parte lesiva de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Esa es la senda por la que queremos seguir caminando en los próximos años como parte del compromiso adquirido el pasado 28 de abril tras la victoria en las urnas y el mandato recibido de la ciudadanía: sí rotundo al programa social del Gobierno de Pedro Sánchez y no al modelo que representa el PP, que además de generar precariedad y desigualdades, ya lo conocemos por ineficaz y desfasado.

Avanzar en expectativas de empleo y salarios en este país pasa, indiscutiblemente, por que siga habiendo un Gobierno que plante cara a la desigualdades y proteja a sus ciudadanos, que mire por los derechos de los trabajadores y que continúe impulsando medidas no solo para crear empleo, sino para que éste sea de calidad. Medidas de progreso, en definitiva, para el conjunto de España pero en especial para Canarias, donde el balance del Ejecutivo de Fernando Clavijo no admite otra calificación que el suspenso.

Durante la etapa de la compañera Patricia Hernández al frente de la Consejería de Empleo, la afiliación en las islas crecía a ritmos anuales de 40.000 personas y de un 4%, siendo la primera comunidad autónoma de todo el panorama a nacional. Hoy, lamentablemente, a Canarias hay buscarla en la octava posición en que la ha colocado CC. Son ya 26 años ininterrumpidos de gobiernos nacionalistas en las islas, de modo que algo tendrá que ver su acción política con este progresivo deterioro de nuestro tejido productivo. La recuperación no solo está lejos, sino que cada vez avanzamos menos.

Por esta y otras muchas razones es necesario un cambio de ciclo en el Archipiélago. No caigamos en la resignación, claro que otra Canarias es posible. Y eso pasa, inexcusablemente, por poner fin a la estrategia de confrontación en la que se ha instalado el Ejecutivo de Fernando Clavijo. No es aceptable que ese sea su principal empeño, mientras el índice de paro supera el 20%. Los socialistas sí creemos en el futuro de esta tierra y somos la única alternativa capaz de liderar esa transformación.

Por una Canarias más justa social y laboralmente. Por un futuro donde la esperanza tenga sentido y las oportunidades sean una realidad. Que la movilización continúe.

Nuestro compromiso con la sociedad y los valores socialistas es también el compromiso con el feminismo, con sus luchas y sus anhelos y frente a cualquier expresión de violencia machista, patriarcado o minusvaloración profesional. Lamentamos que en esta reivindicación no nos acompañe el Gobierno que representa a todos los canarios y canarias y que las consejeras de Coalición Canaria hayan rechazado sumarse al paro simbólico de esta jornada conmemorativa apelando a argumentos más ideológicos que de fondo.

Esta es una convocatoria que surge del activismo y la realidad de la calle, y cuya celebración debería trascender a siglas y cálculos electoralistas, ya que en esencia no se trata de una expresión ni de izquierdas ni de derechas, sino un movimiento transversal enfocado a concienciar y promover la igualdad. Un legado heredado de nuestras abuelas y madres, ganado a pulso por la Democracia, y que ahora más que nunca estamos en la obligación de preservar y proteger, sin facilitar el más mínimo resquicio oportunista a los que dudan o especulan con la involución.

En Canarias, el papel de la mujer no es cualquier cosa. No solo son mayoría en el censo poblacional de la región. También son cada vez más importantes en el terreno laboral y económico. Del total de empleos que se crearon en Canarias el pasado año, las mujeres acapararon seis de cada diez. De hecho, el número de mujeres empleadas actualmente en las islas es mayor que el de hombres, entre otras razones, por su mejor preparación académica. Tanto en la Universidad de Las Palmas como en la de La Laguna, las alumnas son clara mayoría frente a los alumnos de masters y grados. Otra cosa es el análisis de los puestos de responsabilidad en empresas e instituciones o si entramos a comparar las retribuciones entre ellos y ellas. En ambos casos el dominio sigue siendo masculino. Lo llaman techos de cristal y, lamentablemente, en las islas siguen siendo infranqueables.

Aquí, igual que en el conjunto de España, la brecha de género es una asignatura pendiente, al punto de que, según un reciente estudio, una mujer en Canarias debe trabajar 53 días más al año para cobrar lo mismo que un hombre. Somos, además, la comunidad que peor paga la hora trabajada de todo el país, y, en especial, a las mujeres. Datos como estos dan sentido al espíritu reivindicativo de este 8 de marzo y justifican la necesidad de que el feminismo esté presente en la agenda política.

Pasa también con la violencia de género -ya son ocho las mujeres asesinadas este año en España- y mientras sigan existiendo este tipo de ataques a las mujeres, es obvio que habrá camino que recorrer en igualdad. Necesitamos que las calles y las instituciones sean una única voz frente al sesgo machista más cavernario. Porque cuando no se avanza, se retrocede y ese trabajo de tolerancia y respeto a la mujer hay que practicarlo cada día y desde todos los frentes. Si queremos una sociedad más justa e igualitaria, la tarea debe ser compartida.

Con los socialistas podrán contar siempre. Promovimos en el pasado la aprobación de las leyes contra la violencia de género, de igualdad, del aborto y, más recientemente, el pacto de Estado contra la violencia machista o la ampliación progresiva del permiso de paternidad, a fin de fomentar la corresponsabilidad de ambos progenitores y que la maternidad deje de condicionar las expectativas laborales de las mujeres. Y en esa senda de progreso y conquista de derechos seguiremos trabajando en el futuro. Es tiempo de la política de hechos, pero sobre todo es tiempo de mujeres.

Va terminando una legislatura con pocos avances y demasiados retrocesos en todos los frentes. Resulta descorazonador comprobar los números objetivos que colocan en estos momentos a nuestra comunidad autónoma a la cola en sanidad, educación y desempleo juvenil. A la cabeza en número de personas dependientes sin prestaciones, precariedad laboral y absentismo escolar. O lo que es más dramático: con casi la mitad de la población en riesgo de pobreza y al borde de la exclusión social.

La visión triunfalista de la que ha hecho gala Fernando Clavijo estos días desde la tribuna del Parlamento confronta de lleno con la cruda realidad. El presidente podrá esforzarse en mirar para otro lado, pero nunca podrá negar que hay una Canarias que sufre o que simplemente camina al filo del alambre, y a la que este gobierno, el suyo, ignora y da la espalda.

Seguimos sin un plan contra la pobreza que plante cara a un drama que se extiende de forma imparable por las Islas y que desborda a los ayuntamientos y a las organizaciones solidarias. La cifra de familias sin recursos en Canarias supera ya a la de la media en la Unión Europea.

Lo vimos también con la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. A Coalición Canaria nunca valoró el importante peso social contenido en las cuentas, igual que tampoco le importó alinearse con la derecha y los independentistas para acabar tumbándolas. El colofón sonrojante fue su celebración pública a este rechazo. Estudiantes, pensionistas, dependientes, desempleados canarios mayores de 52 años: todos perdieron algo en esa batalla de los presupuestos para este 2019, pero ellos, satisfechos y a lo suyo. No es la política para la gente; es la intriga política al servicio de intereses partidistas.

La Canarias que queremos los socialistas es otra radicalmente distinta. Más solidaria, más inclusiva, más igualitaria, más transparente y con más derechos. Donde el colapso en las Urgencias, las listas de espera en sanidad, la educación gratuita o las políticas de vivienda y de empleo dejen de ser considerados asuntos menores y sin remedio.  Estamos convencidos de que ha llegado el momento de que esa fuerza transformadora que representamos los socialistas se abra camino en la política regional.

Todo empieza con la voluntad colectiva de hacerlo posible y continúa diseñando y planteando propuestas encaminadas a mejorar la gestión de los recursos que son de todos, como hicimos en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Los medios están, es sólo cuestión de sensibilidad social y determinación.

Es necesario un nuevo Plan de Salud y así lo hemos planteado a través de esa batería de iniciativas presentadas esta semana por nuestro grupo parlamentario. Un plan hacia la convergencia de los estándares sanitarios nacionales, con recursos para las infraestructuras pendientes en las distintas islas. También es necesario apostar de verdad por la educación, especialmente la infantil de 0 a 3 años; exprimir nuestro potencial en investigación, desarrollo e innovación; seguir avanzando en políticas de sostenibilidad y protección del Medio Ambiente. Necesitamos, en definitiva, una Canarias más social y con mayor autoestima.  Ese es el camino que proponemos explorar a partir de las elecciones de mayo.

Más ciudadanía siempre será garantía de más Canarias. Juntos, estoy convencido, podemos conseguirlo.

Es evidente que a la derecha en Canarias, aquella que representan el Partido Popular y, por sus acciones, Coalición Canaria, no les gusta estos presupuestos que están pensados para mejorar el día a día de miles de canarias y canarios.

Porque estas cuentas supondrán 500 millones de euros más para 600.000 personas del Archipiélago. Para miles de pensionistas, de parados de larga duración, de estudiantes, de quienes quieren tener hijos, de personas en situación de dependencia, de quienes cobran una pensión no contributiva, de mujeres víctimas de violencia de género.

A esto hay que sumar cientos de millones para nuestra tierra para mejorar los maltrechos bolsillos de quienes apenas llegan al salario mínimo interprofesional.

Suponen, por otra parte, 381 millones más en las partidas que vienen desde los Ministerios de manera directa a Canarias. En definitiva, un presupuesto que crece con respecto al del 2018.

Un presupuesto con un fuerte componente social que no gusta a esta derecha nacionalista, más preocupada por las grandes adjudicaciones que por recuperar la capacidad económica de quienes más lo necesitan.

A esta Coalición Canaria que representa Clavijo y evidentemente al Partido Popular no les importa la dependencia, los pensionistas, los estudiantes, las viudas. No es su prioridad que el 40% de la población de las Islas esté en riesgo de pobreza. Ahí están sus recortes en la fiscalidad, que termina significando más recursos para unos pocos y menos para la mayoría.

Gritan y tratan de crear un fallido ´frente social´ para que sea un presupuesto que engorde sus arcas y que no vaya, directamente como es el objetivo del Gobierno socialista, al bolsillo de miles de canarios.

Esta vieja historia del enemigo exterior, del frentismo del Gobierno de Clavijo, se usa para ocultar que cuando se le remiten las partidas presupuestarias, las deja en un cajón. Y así, las “perritas” -como les gusta decir- que son de todos los canarios no llegan a los canarios. Se quedan en los balances contables de un gobierno que dejó de gastar más de 1.000 millones de euros de su propio presupuesto sólo en el 2018.

Los presupuestos que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez son unos presupuestos que ayudarán a miles de canarios, motivo por el que lo valoran positivamente opciones progresistas como Podemos o nacionalismos de izquierda como Nueva Canarias y las Organizaciones Sindicales y Asociaciones de todo tipo que defienden mejorar la vida de los más vulnerables.

Estos presupuestos son buenos para los canarios y canarias, pero no para lo que defiende Fernando Clavijo.

A la tarea de que fueran unos buenos presupuestos, justos con nuestra tierra, hemos dedicado los socialistas canarios muchos días. Parlamentarios y cargos orgánicos. Para convencer de la realidad en que vivimos. Con diálogo y con firmeza cuando fue necesaria.

Y a pesar de que son unos buenos presupuestos, que cumplen con nuestro reformado Estatuto y con nuestro nuevo REF, vamos a pelear para conseguir aún más para Canarias. Como socialistas trabajaremos ahora para ello en el trámite de enmiendas. En esto animamos también al resto de fuerzas políticas.

Porque consideramos que con diálogo y con respeto es posible lograr las metas más difíciles.

Ese diálogo al que renunció el Sr. Clavijo cuando, aún antes de conocer las cuentas del presupuesto ,ya quiso abrir una fractura social para exigirle al Gobierno de España lo que él no ha sabido, ni ha querido hacer, en Canarias.

¿Por qué no pide el Sr. Clavijo un frente común por una Sanidad Pública de calidad, sin colapsos y sin camillas amontonadas en las urgencias; por una mejor educación, por unos Servicios Sociales más cercanos,…?

¿Por qué no un frente por las miles de personas que no pueden acceder a un empleo en condiciones, a una vivienda, a un centro de día, a las ayudas por la dependencia,…?

¿Por qué no?

Ese frente a Clavijo no le interesa, porque ese frente demostraría el fracaso de su gobierno.

Nuestro frente común desde el PSOE es responder a la realidad de Canarias. Cambiar, sin retorno, a una sociedad más justa.

El comienzo a esas respuestas está en los Presupuestos del Estado y quienes lo rechazan les están diciendo a más de un millón de canarios que no son su prioridad.

Porque si queremos construir una Canarias mejor, no podemos dejar a nadie por el camino.

Empecemos por el doloroso estado de la Educación de 0 a 3 años. Ocupamos (atención) el último puesto de todas las Comunidades Autónomas en la escolarización de ese alumnado. De cada 100 niños y niñas de esa edad en nuestra tierra, apenas cinco están en escuelas públicas. En el País Vasco (primera posición) son 30 de cada 100, e incluso quien ocupa el penúltimo lugar de escolarización en nuestro país, Murcia, dobla la escolarización de Canarias.

Es decir, una tierra como la nuestra, con rentas per cápita bajas, con un índice de pobreza del 44,6%, está doblemente marginada por el gobierno en minoría de Fernando Clavijo en lo que respecta a la atención a estas familias con hijos e hijas de 0 a 3 años, a quienes les burla la posibilidad de una sociedad más justa y con oportunidades para todos, independientemente de sus recursos económicos: y esa es una cuestión de carácter ideológico.

Muchas familias sin recursos del Archipiélago no pueden optar a una escuela infantil pública porque, en Canarias, no existe. Se ven obligados a que los cuiden sus abuelos y abuelas, u otros familiares, porque no tienen recursos para llevarlos a la escuela privada. Esto produce, en el seno familiar, tremendos perjuicios ante los que el Gobierno de Coalición Canaria, Fernando Clavijo y su consejera de Educación, son insensibles, e incapaces de resolver.

En el debate del Presupuesto de 2018, el Partido Socialista en Canarias le pidió al presidente del Gobierno en minoría que incrementase esta dotación de manera importante.Su respuesta - por eso también nuestro voto en contra fue un aumento insuficiente que hace que hoy sigamos en el último lugar, muy lejos de la educación que los niños de 0 a 3 años precisan.

Penoso.

Como penosa es también la situación del personal docente en Canarias. Ocupamos ( atención) el penúltimo lugar de España con respecto al número de docentes por habitantes. Para alcanzar la media del estado, que en la actualidad es de 9 docentes por cada 100 habitantes, Canarias necesitaría aumentar su plantilla en 2.400 profesionales. Si quisiéramos igualarnos a Asturias (ocupa el primer lugar, y sin embargo con una renta per capita semejante a Canarias) tendría que haber en Canarias 5.000 docentes más.

Las consecuencias son evidentes y las hemos padecido en el curso escolar recién terminado, y desgraciadamente las padeceremos en el que está cerca de empezar: profesorado que no se sustituye, aulas con ratios altas, atención a la diversidad insuficiente por falta de profesionales cualificados específicamente y por ausencia cuantitativa de docentes.

Profesoras y profesores; maestros y maestras a quienes hay que agradecerles su profesionalidad y vocación, al sustituirse unos a otros cuando hay bajas que tardan tanto en cubrirse de manera injustificada.

Además, este gobierno en minoría falta al respeto institucional y parlamentario de manera flagrante. El Gobierno de Coalición Canaria, Fernando Clavijo y su consejera Soledad Monzón, incumplen el mandato de la recientemente aprobada Ley de Educación, y también del anterior Pacto por la Educación, que establecía alcanzar el 5% del PIB antes de 2022. En 2018 ya tendríamos que estar por encima del 4,4%. La realidad, y no hace falta mirarla con gafas 3D, es que Canarias apenas destina el 3,6% del PIB a educación.

Y también en esto ocupamos un lugar vergonzoso en comparación con otras Comunidades Autónomas que tienen rentas per capita menores que Canarias, como Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, y que sin embargo están por encima del 4% destinado a educación. Y eso que ninguna de ellas contó con un aumento presupuestario extraordinario de casi mil millones de euros como contó Canarias en 2018 y que Clavijo y su gobierno han sido incapaces de destinar a servicios básicos como la formación a nuestro jóvenes.

La conclusión es que Fernando Clavijo y su gobierno, de Coalición Canaria, dan la espalda a mejorar la educación en Canarias, cohesionando a las familias, dando respuesta a los profesionales, apostando por un Pacto por la Educación del que sentirnos todos copartícipes y orgullosos.

Su respuesta ante todo esto es la ausencia de diálogo, de debate, de búsqueda de consenso: su propuesta de mejora educativa acaba en los e-sports.

En vez de construir de abajo hacia arriba, de escuchar a la comunidad educativa, de abrir los oídos a los posicionamientos de los profesionales, del mundo del deporte y de la educación, mayoritariamente en contra de una virtual y parece obligada introducción de los e-sports, como sea, contra quien sea, porque sí y punto, en las escuelas o en los espacios deportivos; en vez, como decimos, de construir y esforzarse Clavijo y su gobierno en mejorar sus vergonzosos números, acaban trivializando la educación, defendiendo no se sabe qué intereses y desviando hacia la virtualidad el hecho, absolutamente real, de que el gobierno de Canarias, el de Clavijo, lidera la peor educación de España. Y esa vergonzosa realidad no hay videojuego que lo cambie. Lo harán las urnas.

Un gobierno de izquierdas que demuestra la capacidad del PSOE para plantear alternativas y soluciones a los problemas. En Baleares se ha llevado a cabo un acuerdo Empleo-Turismo que ha propiciado un aumento salarial del 17 por ciento para los trabajadores del sector turístico para los próximos cuatro años. Para los empleados del sector del comercio y la hostelería supondrá, en algunos casos, un incremento paulatino que llegará hasta 280 euros/ mes en 2020.

En Canarias tenemos un Gobierno que no ha querido verlas venir, que está en las antípodas de este trabajo entre la patronal y los sindicatos. Porque más allá de declaraciones grandilocuentes, durante los casi 30 años que lleva gobernando Coalición Canaria, no ha demostrado querer implicarse en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector en nuestras islas.

Por el contrario, el Gobierno de Baleares, con los socialistas a la cabeza, ha sido capaz de auspiciar dos convenios colectivos que recogen aumento salarial, limitación de la subcontratación y la vigilancia de las condiciones laborales y enfermedades profesionales vinculadas a la actividad turística en las islas.

Nuestras queridas y admiradas Kellys, que en Canarias han liderado un movimiento modélico en pro de una mejora de las condiciones laborales que en justicia merecen y en nuestra tierra no alcanzan, sufriendo en la actualidad enfermedades a causa de su trabajo y que les impide desarrollar una vida digna y obtener jubilaciones tempranas, sin embargo, en Baleares, han visto mejoradas sus retribuciones y su realidad laboral.

Cuestión de sensibilidad y cuestión ideológica también, porque la estrategia del Gobierno balear con el Turismo es una estrategia integral que enfrenta todas las problemáticas que limitan una adecuada redistribución social de los beneficios del turismo.

Por eso, además de propiciar este gran acuerdo, el Gobierno progresista balear ha recuperado y actualizado la tasa turística.

Su recaudación se dirige con carácter estrictamente finalista a la mejora de la competitividad del sector turístico pero participando en la decisión sobre a qué destinar esos fondos -120 millones euros/año- colectivos medioambientales, expertos del patrimonio histórico, asociaciones culturales, etcétera.

Esos fondos han servido para financiar escuelas de hostelería, de náutica, carriles bici, e incluso obras para la depuración y tratamiento de aguas en las áreas de mayor afluencia.

Otro ejemplo a imitar.

Con respecto al alquiler vacacional, frente a la inacción e inoperancia del gobierno canario, el gobierno balear ha sabido afrontar, con valentía y no sin dificultades, un problema real y acuciante de la ciudadanía de las islas. Ha introducido conceptos innovadores como la posibilidad de declarar la emergencia habitacional en una zona o isla, o incoar un régimen sancionador disuasorio a la publicidad en internet de viviendas vacacionales no autorizadas.

En Vivienda está muy avanzado un Proyecto de Ley que, entre otras cosas, va a limitar la concentración en la propiedad de importantes bolsas de vivienda en un único propietario y generará un derecho subjetivo para que los demandantes de vivienda que lleven cuatro años esperando por una solución habitacional puedan percibir una ayuda económica para su acceso en el mercado privado. Este proyecto de ley ha contado con el dictamen favorable y unánime de los once miembros del Consejo Consultivo Balear.

Y es una propuesta de izquierdas, de las que precisa Canarias.

Sobre el alquiler vacacional, en Canarias el PSOE habría entendido que el Gobierno autónomo fracasara en solventarlo. Lo realmente lamentable es que haya renunciado siquiera a intentarlo.

Todo una ristra de razones que demuestran la necesidad de un gobierno progresista liderado por el PSOE, y con urgencia, para Canarias.

Como en Baleares.

Durante esta semana, he acompañado a la delegación de Santa Lucía de Tirajana para recibir un galardón que, de entre todas las ciudades premiadas, sólo cuatro eran españolas y, afortunadamente, una de ellas de nuestro Archipiélago. “Santa Lucía de Tirajana, municipio europeo del deporte”, ha sido el reconocimiento entregado en la capital de Bélgica a la localidad santaluceña por el buen trabajo realizado en materia deportiva.

Santa Lucía de Tirajana ha sabido crecer y superar el triángulo de la pobreza, posicionándose como referente internacional dentro del mundo de la práctica y la gestión deportiva.

Magníficas instalaciones deportivas municipales que han llevado a tener, incluso, deportistas olímpicos en salto de trampolín o pistas de atletismo punteras que la hacen merecedora de galardones como “Ciudad Europea del Deporte”. Gran Canaria ha querido dar un uso multidisciplinar a sus instalaciones deportivas, también, para la celebración de espectáculos de diverso ámbito, musical, lúdicos y de entretenimiento general.

Entendemos el deporte como inclusión, solidaridad, atención a la diversidad e igualdad y nos sentimos muy orgullosos de que Gran Canaria, a través de Santa Lucía de Tirajana, haya sido galardonada por las más altas instancias del deporte europeo

El Cabildo de Gran Canaria, que también colabora con este municipio, para lograr la excelencia en las instalaciones deportivas en 2018, ha asistido al anuncio realizado por la comisión europea, quien ha asegurado a la delegación canaria en Bruselas, que en enero del próximo año visitará Gran Canaria para conocer de primera mano los proyectos de “Isla Europea del Deporte”. Una iniciativa que aglutina diferentes proyectos deportivos en los 21 municipios, de carácter internacional y mundial, y es una herramienta del deporte que va más allá de la promoción externa del nombre de Gran Canaria porque pretende ser elemento de cohesión social integradora de la isla en su conjunto.

Con este proyecto, que obtiene una de sus primeras recompensas fuera de las fronteras del Archipiélago, se materializa uno de los objetivos fundamentales que me mueven dentro de la Consejería: hacer un buen uso de los recursos públicos para proyectar lo que es Gran Canaria desde el punto de vista deportivo, turístico y de repercusión externa.

Con cero grados de temperatura en Bruselas, los 20 grados durante 365 días en Canarias, que permite hacer deporte todo el año en mar y montaña, ha sido aplaudida en Europa como una esencia fundamental en el deporte. Acaba bien 2017 para el deporte en nuestra tierra y comienza otro año con la esperanza de que “Gran Canaria, isla europea del deporte” sea un proyecto simbólico para Canarias.

Y para ello es fundamental reconocer el magnífico trabajo que llevan a cabo concejales y alcaldes de la isla que consiguen, con una labor silenciosa, premios como el que Santa Lucía de Tirajana ha recibido para orgullo de todos los grancanarios y grancanarias.

Este es el camino, para la isla y la tierra.

Fue en ese momento cuando recibí el mandato, con el apoyo mayoritario del socialismo canario, de trasladar al Archipiélago un nuevo periodo político para los próximos años. Y es por ello por lo que estamos materializando el retorno del PSOE, para cambiar la historia de Canarias.

La ciudadanía nos pide firmeza, que estemos unidos en el debate y que cerremos las heridas para poder llevar adelante la transformación de nuestra tierra. Hace escasamente una semana, y tras el Congreso Regional del PSOE de Canarias celebramos nuestra primera sesión de la Ejecutiva donde sentamos las bases del trabajo a desarrollar.

Tenemos muy clara nuestra hoja de ruta: queremos para Canarias lo mismo que para España. Un gobierno progresista liderado y presidido por el PSOE para poder llevar a cabo los cambios sociales, estructurales y regeneradores que la política lleva tiempo demandando, tanto en el conjunto del estado como en nuestra tierra.

Nuestra base ideológica es sólida, y aunque, lógicamente, no es una verdad absoluta, sí que evidencia nuestro ideario oficial. Y en este marco, el diálogo se plantea como una herramienta básica con un único objetivo: que tras ese diálogo se logren mejoras palpables. Salarios dignos, sanidad universal, igualdad de oportunidades, menor brecha social entre quienes ostentan riqueza y sufren pobreza, educación con oportunidades para todos, empezando por quienes más la necesitan. Y un país y una región que recupere el estado del bienestar.

No podemos permitir que Canarias sea la segunda comunidad autónoma con peores salarios de todo el Estado, un 14% menos que la media nacional. Por ello, defenderemos en el Parlamento una modificación del REF para que se establezcan incentivos fiscales a las empresas que contraten a sus trabajadores con salarios dignos. Llevaremos a cabo medidas que incidan directamente en la vida de las personas que más lo necesitan porque nos lo reclaman a diario.

De hecho, una de las iniciativas prioritarias y que repercute directamente en los canarios y canarias es la de la modificación de la Reserva de Inversiones Canarias cuyos beneficios no pueden dedicarse a deuda sino a inversión. La RIC debe ser empleada en incentivar la compra de vivienda social para dar cobertura a las familias más desfavorecidas y no a la adquisición de vivienda para uso vacacional.

Para lograr estos objetivos, el PSOE ni entra en frentes que digan no de manera obsesiva ni se vira hacia nadie porque gobierne. El PSOE asume su responsabilidad. Es el partido con más votos en el Parlamento de Canarias, la primera fuerza política. Y aunque esté en la oposición, que no debiera, desde ahí, arbitraremos las fórmulas que hagan ver a los canarios que nuestras propuestas serán útiles, justas y acordes con nuestra propuesta programática y según nuestro ideario.

Tenemos que hacer un viraje. Pero un viraje en nuestras políticas para que los canarios dejen de ser los que tienen peor opinión sobre el funcionamiento de su sistema sanitario y dejen de ser quienes más tiempo pasan en lista de espera quirúrgica.

Sí, apuesto por un gobierno de izquierdas. Pero con un partido útil, con un nuevo discurso hacia un Pacto Social real donde no hagamos política ficción. Cambiar para mejorar.

Cuesta restañar heridas porque son muy recientes. Pero en política, aprendiendo del pasado se camina hacia el futuro. Sin permanecer en el rencor.

La exigencia es máxima y en esa exigencia esperamos compartir espacios con todos los grupos de la oposición, con los que tengamos más ámbitos de convivencia ideológica o con quien esté en las antípodas de una propuesta progresista.

Hemos iniciado el camino y estoy convencido que será el que nos llevará a presidir en Canarias ese gobierno de progreso que demanda y necesita.

Hace poco más de un siglo, entre 1912 y 1913, un grupo de mujeres inglesas reivindican a través de la militancia y el activismo sus derechos: realmente, no sólo buscaban su derecho a votar. Su batalla iba más allá. Se trataba del derecho a sentirse como seres humanos, dueñas de sus propias vidas y gestoras de sus decisiones. En ocasiones, tuvieron que recurrir a las protestas no pacíficas porque se daban cuenta de que no eran escuchadas. Esto, causó que las fuerzas de seguridad británicas cargasen contra ellas duramente en sus manifestaciones para doblegarlas. “Hechos, no palabras”, ese era el lema de la valentía femenina por la igualdad. 

La reivindicación del 8 de marzo, y las múltiples actividades que se realizan durante todo el mes, reclaman, una igualdad que ha sido reivindicado de manera histórica y recurrente por las mujeres. 

En pleno siglo XXI, miles de mujeres enarbolaron de nuevo esta bandera de género para asistir, en el centro de Washington, a la “Marcha de las Mujeres”. Una protesta masiva de personas que protestaban en contra de las políticas de Trump. De nuevo, en el país de las libertades, los sueños y las oportunidades, tiene que reclamarse la libertad, la inclusión, los derechos reproductivos y la misoginia de la que su nuevo presidente ha hecho gala durante su campaña y su llegada al cargo.

En los últimos años hemos logrado importantes avances, sobre todo en materia legislativa con las leyes del matrimonio igualitario y de identidad de género, así como las distintas leyes autonómicas reguladoras de la transexualidad y contra la LGTBIfobia.

Pero aún estamos lejos de la igualdad real para las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

El estudio de la FELGTB de 2013 sobre discriminación sexual y de género recoge que un 30% de las personas homosexuales ha sufrido discriminación laboral de algún tipo. Y más preocupante aún, la discriminación en la adolescencia, con un 70% de los jóvenes que declara haber sufrido discriminación de algún tipo en su centro de estudios, y el 83% de los mismos no ha tomado ninguna medida al respecto.

Ante esta realidad las Elecciones Generales del 26 de junio son muy importantes para seguir construyendo una España basada en los principios de justicia social, igualdad y no discriminación, y el partido socialista, firmemente comprometido con los derechos LGTBI, continúa asumiendo propuestas y medidas concretas.

Desde un gobierno socialista impulsaremos una Ley para la Igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y promoveremos una ley integral contra los delitos de odio, que dé una adecuada atención a las víctimas.

Aprobaremos una ley integral para las personas transexuales que adecúe la ley de identidad de género, para despatologizar el proceso, incorporar las necesidades y la protección de los menores trans e incorporar el tratamiento de reasignación de sexo en el sistema sanitario público.

Garantizaremos el acceso, con independencia del estado civil y orientación sexual, a la reproducción asistida dentro del sistema sanitario público y promoveremos programas de atención y apoyo a la población mayor y dependiente LGTBI.

Implementaremos, en todos los niveles educativos, una adecuada educación en valores y de reconocimiento de la diversidad sexual y familiar, desarrollando programas específicos contra el bullying y el acoso escolar hacia los adolescentes y jóvenes LGTBI.

Asimismo promoveremos programas de atención y apoyo a las personas mayores y dependientes LGTBI que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia esta población. Y pondremos en marcha un Pacto Social contra la Discriminación de las personas con VIH.

Denunciaremos las políticas y actuaciones de aquellos gobiernos que penalicen o discriminen por motivos de orientación sexual e identidad de género e impulsaremos los programas de cooperación al desarrollo que promuevan y garanticen los derechos humanos de las personas LGTBI.

Por último, en un día como hoy se hace imprescindible el recuerdo y reconocimiento a los compañeros Darío Jaén y Pedro Zerolo, grandes luchadores por los derechos de este colectivo, ejemplos que deben servirnos para ser mejores personas y sobre todo para seguir luchando por la utopía de un mundo sin barreras en el que todos nos sintamos y consideremos iguales.

Ellos fueron precursores de un cambio que los hombres y mujeres socialistas continuamos construyendo.

Recuerdo con nitidez que en una de esas bodas que oficié, un hombre (comunicador radiofónico y televisivo reconocido), ya casado con el hombre, también, a quien quería, y quiere, acababa clamando: "Ya no somos sin papeles"

28 de junio de 2015. Hoy se conmemora el décimo aniversario de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país. Una década. 

El 30 de junio de 2005 España dio un paso hacia la libertad, al aprobarse definitivamente en el Congreso la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo: este domingo 28 de Junio lo celebramos. 

Al igual que ocurrió cuando otro paso nos mostró la existencia real para el ser humano, y física, de la luna, en España, hace diez años, una modificación legislativa, impulsada y promovida por el PSOE, entregaba a la sociedad de nuestro país, dentro de la ley, la luna del amor, la luna de la verdadera igualad entre personas ante los derechos obtenidos por el matrimonio. 

Mirándola fijamente y agarrados de la mano, manos del mismo sexo, la luna, el símbolo romántico por excelencia, ya era de todas y todos. Por fin. 

En aquella fecha, junio de 2005, quiso el entonces destino que yo fuese alcalde de Arucas. Los alcaldes, y concejales en quienes estos delegan, tienen atribuida la posibilidad de oficiar matrimonios civiles. En aquel momento, y ahí están las hemerotecas, ante un sondeo entre los máximos regidores municipales de Gran Canaria, dije con entusiasmo - y así se reflejó - que estaba deseando ser el primero en participar de la felicidad de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Decía entonces que asistíamos a un acontecimiento histórico, único, y quizá tardío, pero en cualquier caso absolutamente necesario: dar a todas las personas los mismos derechos si deseaban estar casados. 

Dio igual quién fue finalmente el primer edil en oficiar un matrimonio homosexual: yo recuerdo de manera imborrable, con sus nombres masculinos (fue el caso), aquel acontecimiento, y recuerdo la alegría de todos los presentes por repararse una absoluta injusticia. 

Ese día, por fin, una sociedad libre, como la española, dejaba de dar la espalda a quienes sienten en libertad, sin esconderse, sin ser señalados por mentes verdaderamente enfermas; a quienes por fin se les reconocía lo que nunca debió de ser un privilegio: amar con todas sus consecuencias y bondades a quien uno y una verdaderamente ama. 

Recuerdo, y lo recuerdo con nitidez, que en una de esas bodas que oficié, un hombre  (comunicador radiofónico y televisivo reconocido), ya casado con el hombre, también, a quien quería, y quiere, acababa clamando: “ Ya no somos sin papeles”. 

Qué razón tenía. 

No lo olvidemos, pues la rancia derecha en este país, y también los fundamentalismos en otros, han pretendido derogar la ley que nos iguala; la han querido impedir o la impiden en países donde aún se persigue y mata a quienes simplemente quieren ser felices y mostrarlo: una vergüenza para la condición humana. 

Por eso estamos ante una fecha de reivindicación: queda mucho por hacer. La lucha por la igualdad en nuestra sociedad sigue en pie. 

Y acabo dando la enhorabuena. Enhorabuena a todos los hombres y mujeres libres; a todos los hombres y mujeres que entienden que amar es un gozo sin ataduras. 

Aquel junio de 2005 es una cita única, multicolor, grabada también en rojo. Hoy, diez años después, recordamos a tantos y tantas que entregaron lo mejor de sus vidas para conseguir este logro, como nuestro inolvidable Pedro Zerolo. Una fecha para sentirnos felices. 

Para sentir orgullo: gracias por una ley absolutamente imprescindible.

Ante esa realidad que vuelve a ser visible en este enero, llama la atención que las prioridades de la máxima institución de la Isla, el Cabildo de Gran Canaria, sean otras.

Produce decepción, decepción en mayúsculas, conocer cuáles son los números del Cabildo de la Isla y conocer que los destinos de esos números, una institución saneada y solvente económicamente, no sean las prioridades de los grancanarios.

En primer lugar es absolutamente lamentable que el Cabildo de Gran Canaria no lleve un plan de empleo social en sus presupuestos para el año 2015. Escuché del Presidente del Cabildo, y en directo, decir que el Cabildo no aportaba dinero a los planes de empleo social porque el empleo no era competencia de las administraciones locales. Se afirma que la peor de las mentiras es aquella que se monta sobre medias verdades, y siendo verdad que el empleo no es competencia directa de las administraciones locales, también lo es que todos los ayuntamientos, que son corporaciones locales como los cabildos, todos prácticamente, han destinado en el año 2014 y destinarán en el año 2015, partidas económicas para planes de empleo social. Partidas económicas que los ayuntamientos, y los cabildos, pueden materializar en convenio con el Gobierno de Canarias. Gran esfuerzo que han hecho los Ayuntamientos – y el Gobierno de Canarias, y otros Cabildos como el de Tenerife o La Palma,....- y que sin embargo no hace el Cabildo de nuestra Isla, cuando la inversión en empleo, y prioritariamente en las familias en las que ninguno de sus miembros recibe prestación económica alguna, es o debiera ser, una premisa indiscutible.

Solo por este hecho los números del Presupuesto del año 2015 del Cabildo de Gran Canaria merecen un suspenso rotundo.

Pero hay más: la prioridad de la inversión pública debe ir encaminada a los que sea socialmente más útil, más necesario y ayude de la manera más clara a las economías familiares. Es inaceptable que el Cabildo de nuestra Isla aumente de una manera desproporcionada, los gastos en protocolo y propaganda, llevándolos a casi ¡un millón de euros!, y sin embargo no aporte una ayuda económica de colaboración con los municipios para el aumento que hemos tenido que soportar, la ciudadanía y los ayuntamientos, en el tratamiento de los residuos: un aumento económico decidido por el Cabildo y que se carga sobre las ya frágiles espaldas de las familias grancanarias. El Cabildo podía perfectamente colaborar en un servicio obligatorio, y simplemente, no lo ha querido hacer.

Como no ha querido este Grupo de Gobierno del Cabildo apostar por la transparencia, la justicia y la igualdad en el reparto a la ciudadanía de la Isla de sus recursos económicos. El Norte, con este gobierno, ha perdido definitivamente la batalla. Los municipios de la Mancomunidad norteña se despueblan, por el paro y la falta de oportunidades. Y ante ello, la respuesta del gobierno insular ha sido en estos casi cuatro años, la eliminación del Plan del Norte; la eliminación de las partidas económicas y de la objetividad ( criterio de población y solidaridad) en su reparto.

Un corte en la yugular a la mitad de la Isla.

Oportunidad perdida.

Gran Canaria y su máxima institución exigen un cambio de rumbo; un viraje en el timón de las prioridades que acerque al Cabildo de Gran Canaria, de manera verdadera, a la calle. Esa calle que pide empleo social; esa calle que demanda colaboración económica para los servicios básicos, esas calles de 21 municipios que necesitan inversión pública, una inversión justa, ni arbitraria ni partidaria, que equilibre a la Isla y la haga de todos.

Una Isla que respete sus prioridades.