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Panorámica del campamento de refugiados en la Daira de Tichla en la Wilaya de Auserd, febrero de 2017. © Kattya Cascante

Cómo la comunidad internacional, con la mirada atenta de España y Marruecos, está fallando a los saharauis.

La realidad del pueblo saharaui es un tema espinoso por el que la política exterior de España pasa de puntillas, sin poder resolver el pasado ni querer asumir responsabilidad sobre el futuro. La ausencia de legitimidad internacional para ser y gobernarse hace del territorio adscrito a los saharauis hasta 1920 un espacio donde el colonialismo persiste bajo la connivencia de todos.

En 1963, Naciones Unidas incluyó el Sáhara Occidental en su lista de los territorios no autónomos, una decisión que unida a las presiones independentistas del Movimiento de Liberación Saharaui en los 70, hizo que España comenzara a plantearse la autonomía del territorio. Un momento de debilidad que Marruecos supo aprovechar muy bien para mandar la Marcha Verde y ocupar, hasta el día de hoy, la mayor parte de su territorio. En los Acuerdos de Madrid (1975) se legitimaba el hecho al tiempo que se establecía una administración tripartita constituida por España, Marruecos y Mauritania. Apenas un año después, España abandonaba el territorio y el Frente Polisario proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En 1979 Mauritania siguiendo los pasos de España, renuncia y consolida de facto un único administrador, Marruecos. Casi diez años de conflicto armado caracterizaron la relación entre el Frente Polisario y el reino alauí hasta que en 1990, la Asamblea General reconoce la cuestión del Sáhara Occidental como un problema de descolonización que debía ser resuelto por el propio pueblo saharaui. Un año más tarde, llegaba el alto el fuego bajo supervisión de la ONU y el mandato de convocar un referéndum.

En la actualidad, la RASD está reconocida por la Unión Africana y por más de cuarenta Estados en el mundo, la mayoría africanos o latinoamericanos, países que a su vez fueron colonizados. Sin embargo, no lo está por España, ni por Naciones Unidas, la Liga Árabe o por ningún país europeo ni ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto se traduce en un bajo perfil en la escena internacional.

Mujer saharaui y su hija en el desfile del 41º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en la Wilaya de Auserd (uno de los cinco campamentos de refugiados al sur de Tindouf, Argelia), febrero de 2017 © Kattya Cascante

Al no contar con el reconocimiento español, las relaciones son prácticamente nulas desde hace 41 años. Sin embargo, todos sus habitantes son españoles. Todo habitante nativo del Sáhara recibió un documento nacional de identidad y pasaporte español, junto con el libro de familia correspondiente. Un reconocimiento pleno de la nacionalidad de la que ningún español puede ser desprovisto como así reconoció el Tribunal Supremo. A pesar de lo cual, ningún gobierno de España reconoce obligación alguna ante los 400.000 habitantes que, entre los territorios ocupados, liberados y campamentos de refugiados del sur de Argelia, suma tentativamente la actual población saharaui.

Esta falta de reconocimiento conlleva una situación extrema de supervivencia. Una economía del refugio basada en la ayuda humanitaria que se complementa con limitados intercambios comerciales con Argelia, Mauritania y España y un mercado negro incipiente que junto a las remesas del exterior y algunas iniciativas emprendedoras proporcionan algún respiro a la hora de satisfacer otras necesidades. No hay que olvidar que el pueblo saharaui no puede ejercer derecho alguno sobre sus propios recursos naturales, a pesar del reconocimiento internacional que como territorio no autónomo tiene sobre ellos. En 1963 la ONU añadió esta categoría a la Resolución 1514 promulgada en 1960 por la Asamblea General, obligando así a Marruecos a asegurar que cualquier beneficio obtenido en el territorio, repercutiera directamente a sus habitantes. Es decir, mientras el control sea reconocido por la comunidad internacional, un país no puede explotar los recursos naturales de un territorio no autónomo sin el consentimiento de los pueblos originarios y sin volver a invertir los frutos de esta explotación en el propio territorio. El Sáhara Occidental posee el segundo mayor yacimiento de fosfato del mundo, detrás del propio Marruecos, quien sin embargo lo explota exclusivamente para beneficio propio.

En relación a los bancos pesqueros de la costa saharaui, la violación del Derecho Internacional es aún más fragante. La firma del Protocolo de Pesca entre la UE y Marruecos 2014-2018 cumple ahora dos años de vida inmerso en un enfrentamiento jurídico, que ha tensado las relaciones entre el país africano y la Unión Europea. Las tensiones vienen a raíz del recurso ganado por el Frente Polisario denunciando el protocolo. El Tribunal de Justicia Europeo le dio la razón y ha suspendió el acuerdo comercial, subrayando en su fallo que el Consejo Europeo “debía asegurarse de que no existían indicios de una explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, bajo control marroquí, susceptible de ir en detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos fundamentales”. En el inmediato recurso de casación presentado por la UE, España aparecía por primera vez como “parte recurrente” en apoyo del recurso presentado por la Unión, ya que las consecuencias para nuestro país de una suspensión del acuerdo pesquero pueden ser muy perjudiciales para los 100 barcos españoles con derecho a operar en esas aguas.

A su vez, el Parlamento Europeo ha defendido sus actividades económicas sobre las aguas saharauis amparándose en el Tratado de Libre Comercio de 2007 entre Marruecos y la UE, que si bien no reconoce explícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, se ampara en una opinión jurídica en 2004 del Asesor Jurídico de la ONU, Hans Correll, donde se justifica la inclusión de aguas del Sáhara Occidental. Aunque años después el mismo Correll alegara una mala interpretación del dictamen. Algo que, sin embargo, no ocurre entre el Tratado de Libre Comercio entre EE UU con Marruecos donde si se excluye, explícitamente, cualquier actividad económica procedente del Sáhara Occidental.

Se hace evidente por tanto, la especial relación que mantiene Marruecos con la UE y en particular con España. Rabat y Madrid comparten una relación comercial destacada (primer cliente y primer proveedor) y en otras esferas de la política exterior como es la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Si bien debido a los recorte, la cantidad absoluta de AOD que España designa en la actualidad a este país es muy inferior, 10 millones de euros frente a los 158 millones que destinaba en 2009, no deja de ser una significativa ventaja en términos relativos, respecto a otros Estados de la región. Una AOD que favorece no solo otros intereses entre los dos países, viene también a afianzar una actitud favorable hacia el control de fronteras. Un tema sensible que tiende a convertirse en amenaza (demostración de) si la ocasión lo requiere. Las consecuencias económicas y migratorias sobre el control de flujos son habituales ante cuestiones como la reciente sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo en la que se acordaba excluir al Sáhara Occidental del acuerdo de agricultura entre la UE y Marruecos.

Centro Chahid Elhafed de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Rabouni (Centro de Recepción y Protocolo de la RASD), febrero de 2017 © Kattya Cascante

Tensiones que se suman a la que provoca la reciente incorporación de Marruecos a la Unión Africana (UA), institución que abandonó en 1984 al ser aprobada la incorporación de la RASD, y que supone otra vuelta de tuerca en las relaciones de los saharauis con el único organismo multilateral que le otorga legitimidad como Estado. Las redes diplomáticas, económicas y religiosas que ha ido tejiendo Marruecos durante estos últimos años han propiciado el respaldo de 39 de 54 países, en la maniobra de expulsar a la RASD del organismo. Algo para lo que no encontrará grandes resistencias, a pesar de que los estatutos de la UA no permiten la suspensión ni la expulsión de ninguno de sus miembros. Marruecos se ha convertido en el primer inversor de África occidental y el segundo de todo el continente, solo por detrás de Suráfrica. Además del plano económico, el rey marroquí Mohamed VI ha vinculado a muchos países a través de la religión como es el caso de la Fundación Mohamed VI de Ulemas Africanos y el Instituto Mohamed VI de formación de imanes.

Esta compleja situación se une al reciente desafío de las obras de asfaltado de la carretera en Guerguerat que une el muro de ocupación y Mauritania, precisamente en los territorios controlados por el Polisario. Con el argumento de frenar los movimientos irregulares de personas y mercancías, Rabat cuestiona una vez más el estatuto de los “territorios liberados” y lanza el mensaje de que su soberanía sobre el territorio es completa. Otro pulso con el que ha mediado con éxito de Naciones Unidas, que con un nuevo Secretario General, parece haber superado la crisis con Marruecos que originó que la MINURSO (fuerzas de separación de la ONU) fuera expulsada del país.

Por lo tanto, la cuestión no parece dirimirse entre si el Sáhara Occidental tiene derecho a su autodeterminación, ni si un referéndum pudiera otorgarle una autonomía suficiente para permitir un Taiwan en tierras africanas, los hechos hablan por sí solos. Nadie parece responsable de que un pueblo lleve sin presente casi medio siglo. El pueblo saharaui no tiene reconocida la soberanía sobre su territorio a pesar del Derecho Internacional. La comunidad internacional de la mano de Naciones Unidas y bajo la mirada atenta de España y Marruecos se desliga de una responsabilidad reconocida y entierra bajo la arena de la política internacional e intereses propios las deudas del imperialismo.

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Martin Schulz, candidato del SPD, durante el Congreso Federal del Partido (Steffi Loos/Getty Images)

Los alemanes deben decidir en los próximos meses si siguen con una política continuista o si cambian el rumbo político del país. ¿Cuáles son las opciones de los partidos de izquierda en Alemania?

Alemania será la última de las potencias económicas de la Unión Europea en acudir a los colegios electorales en este año 2017. Tras Holanda y Francia, los 61,5 millones de alemanes que pueden ejercer el voto podrán decidir entre dar la reválida a Angela Merkel o apostar por un cambio.

Los democristianos de la CDU buscan un cuarto mandato que haría que la canciller estuviera en el poder hasta 2022. Sin embargo, aunque en las encuestas de intención de voto se mueve en torno a un holgado 35%, políticas como la migratoria y la crisis de refugiados o la económica, con una bajada del crecimiento de la economía, están suponiendo un quebradero de cabeza para las aspiraciones de una Angela Merkel que ha gobernado desde 2005 de manera ininterrumpida. Mientras, el partido de corte racista y eurófobo Alternativa por Alemania (AfD, en sus siglas en alemán), que irrumpió en la arena política en 2013, muestra en las encuestas que hasta un 10% de la población estaría dispuesta a apoyar su discurso xenófobo.

El horizonte de las elecciones federales se perfila en un lejano 24 de septiembre. Ante ellas, las opciones reales que la izquierda tiene para ocupar escaños en el Bundestag son las tradicionales: el Partido Socialista (SPD), la Izquierda (Die Linke) y Los Verdes (Die Grünen). ¿Cuál es su posición de salida?

Schulz, ¿esperanza para la socialdemocracia europea?

Aunque Martin Schulz no es ni mucho menos un desconocido de la política alemana, su regreso a la arena nacional ha producido desde una eclosión entusiasta hasta un recelo causado por su posible desconexión de la agenda local. Desde 1994, año en que fue por primera vez elegido para ocupar un escaño en la Eurocámara, el político alemán ha desarrollado su carrera profesional en Bruselas, ocupando en los últimos años (2012-2016) la presidencia del Parlamento Europeo (PE). Como uno de los máximos representantes de la Unión, se ha fraguado una imagen de hombre europeísta, de consenso y defensor de la justicia social como enfoque necesario para salir de la crisis que azota a Europa desde varios frentes. Una imagen pública que se refuerza cuando su historia personal aflora para apoyar el storytelling político. Europeísta convencido, refuerza esta idea con el hecho de que se criara en Würselen (Renania), ciudad alemana a escasos kilómetros tanto de la frontera holandesa como de la belga. Allí, un joven Schulz sin estudios abrió una librería y se centró en superar sus propias crisis. Afiliado al SPD desde los 19 años, se dedicó a la política municipal primero como concejal y luego como alcalde, convirtiéndose en uno de los más jóvenes de Alemania, antes de levantar el vuelo y apostar por Europa.

Cuando en noviembre del pasado año anunció que no se iba a presentar a una tercera elección para el PE (es el único presidente que ha estado cinco años en el cargo), este movimiento se consideró como el paso previo para volver a jugar en casa, veinte años después de abandonarla. El “efecto Schulz” es, a estas alturas de la carrera hacia el Bundestag, un término recurrente en el análisis mediático de este nombramiento. Y no es para menos puesto que está consiguiendo acercarse, al menos en la intención de voto, a la canciller Merkel. Con poco -o casi nulo- desgaste en la política doméstica, Martin Schulz parece estar llamado a ser el líder que reflote el socialismo alemán y la socialdemocracia europea. Un llamamiento que se ve reforzado no solo en esta nominación sino también en su elección para ser el presidente del SPD, apoyado por el 100% de los afiliados, una circunstancia novedosa en los 153 años de la socialdemocracia alemana.

Pero, a pesar de este expediente sin aparente borrón, Martin Schulz va a tener que hacer frente a una dura travesía, no solo con el CDU como rival natural, sino también dentro de sus propios votantes como opción que se sitúa más cercana al centro dentro del espectro de izquierdas.

En busca del tiempo perdido

Schulz va a tener que lidiar con una crisis de identidad del SPD y recuperar a los votantes que abandonaron el apoyo a la formación para apostar por alternativas como Die Linke (La Izquierda). Una época compleja que comenzó en 2005 con la derrota de Gerhard Schröder y su tercera vía, aquella que se postulaba entre el neoliberalismo y el socialismo clásico. Al igual que otras formaciones de centroizquierda europeas, el declive de los apoyos al SPD vino acompañado por luchas de poder internas, teniendo la formación hasta seis dirigentes distintos. En estos años, la estabilidad de la CDU se fue asentando con la figura de líder fuerte personalizada en Angela Merkel, única dirigente del partido democristiano en este mismo periodo de tiempo.

Además de esta falta de liderazgo, Schulz tiene también que enfrentarse a la herencia de la controvertida Agenda 2010, paquete de medidas que fueron el comienzo del fin del canciller Schröeder. Lo que sus detractores llaman “socioliberalismo”, esta agenda se puso en marcha en 1998 para hacer frente a la globalización y al nuevo mercado laboral surgido de este nuevo orden económico, político y social. La apuesta estrella del por entonces líder del SPD se saldó con una oposición feroz de los sindicatos y de los sectores más a la izquierda del partido, que denunciaron un endurecimiento de la legislación laboral que desembocó en una precarización de los empleos, una presión desmesurada sobre los desempleados y una liberalización del mercado laboral. Sin embargo, sus defensores afirman a día de hoy, que gracias a estas reformas Alemania pudo sortear mejor la crisis de 2007 y afrontar la Gran Recesión de una manera más competitiva que sus vecinos europeos.

Sea como fuere, Martin Schulz es consciente de que esta “Agenda 2010” alcanza la definición de tabú entre los socialistas alemanes y, aunque considera que algunos puntos de esta se pueden recuperar para su revisión, lo cierto es que se muestra distante de las propuestas de sus antecesores. Así, el nuevo líder y candidato del SPD defiende, al menos en precampaña electoral, un programa político de talante social que incluye la implementación de impuestos que sean favorables a la familia, la igualdad para el matrimonio homosexual o la desaparición de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Un cartel de ‘Die Linke’ en Ludwigshafen, Alemania. (Thomas Lohnes/Getty Images)

La coalición de izquierdas

A pesar de este bagaje, las encuestas son favorables al SPD, algo impensable hace unos meses cuando todavía Schulz desempeñaba la presidencia del Parlamento Europeo. Al frente del partido, el ex librero ha conseguido que este se sitúe cada vez más cerca de la CDU de Merkel, con porcentajes de intención de voto que se igualan en torno al 32%.

Ahora el dilema estaría si el SPD, batiendo sus marcas recientes de popularidad, apoya o pacta con la CDU, apostando por una coalición que buscara la estabilidad del bipartidismo en el gigante europeo o si por el contrario se decide por la colación roja-roja-verde, esto es, con Die Linke, que acapara cerca del 8% de los posibles votos, y Die Grünen, otrora formación pionera del ecologismo europeo y cuyo apoyo se muestra a la baja, a cada encuesta, con apenas un 6%. No es nuevo, aún así, que ambas formaciones de izquierda no sean consideradas como una opción mayoritaria en el Bundestag. De hecho, la alianza izquierdista de Die Linke -nacida en 2007 y promovida, entre otros, por el disidente del SPD Oskar Lafontaine- es la heredera de partidos radicales y extremistas de las dos repúblicas prerreunificación. En 2013, obtuvieron 64 escaños, pero han tenido momentos muy bajos como ya pasó en 2002 cuando solo consiguieron 2 representantes en el Parlamento. Además, las salidas de tono de algunos de sus dirigentes, sobre todo en las críticas feroces a la política migratoria de Merkel en la crisis de refugiados y que tildan de demasiado aperturista, le ha costado a la formación un pequeño, pero constante, debate interno. A su vez, la canciller ha devuelto el boomerang comparándolos con la radicalidad y xenofobia de Alternativa por Alemania.

Por su parte, Die Grünen busca volver a tener un nicho electoral claro. El partido, que nació al calor de los movimientos pacifistas, ecologistas y antinucleares de los 70 y que tuvo a la emblemática Petra Kelly como símbolo y líder, ahora ve como los puntos principales de su ideario los absorben partidos como la propia CDU. Las políticas regulatorias de las nucleares tras Fukushima, la política energética del “Energiewende” o el debate abierto sobre la igualdad de género se tamizan en la forma y el fondo, pero hacen que Die Grünen pueda empezar a ser visto como un partido perteneciente a otra época. Las disidencias internas, con críticas a Joshka Fisher y su reconversión en “hombre del sistema”, no ayudan a que este partido (cuyo pico de representación fueron los 68 escaños federales obtenidos en 2009), recopile más apoyos que los de sus incondicionales.

Si es tiempo o no de un cambio de rumbo de la política en Alemania, solo lo pueden decidir los alemanes con sus votos cuando la empresa de Martin Schulz y el SPD se presenten al examen de las urnas. Por el momento, es la opción conservadora la que han elegido los habitantes del Sarre en los comicios regionales y que supone el 1% del censo electoral alemán. Allí, el partido de la actual canciller ha recibido el 41% de los votos, mientras que el SPD se ha desinflado, respecto a las perspectivas nacionales, con un 30% de apoyo. En septiembre se verá si Alemania apuesta por una nueva etapa o si por contrario, el continuismo pragmático de la CDU con Merkel se impone.

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Unos hombres brindan con baijiu en Maotai, en la provincia de Guizhou, China. (Kevin Frayer/Getty Images)

El licor que explica la corrupción dentro del Partido Comunista de China.

Todas las cenas chinas de importancia se cierran con “baijiu”. Ya sea entre empresarios de éxito, entre funcionarios del Partido, entre militares veteranos o entre compañeros de oficina, el “baijiu” es una tradición y, a la vez, una competición sobre quién es más hombre o sobre quién puede beber más tragos de este fuerte licor de entre 40 y 60 grados sin arrastrarse por los suelos. Hay “baijiu” de diferente reputación: una botella pequeña marca Erguotou cuesta menos de un euro, y la suelen beber, o los mayores junto a su plato de fideos, o los jóvenes que quieren coger una borrachera rápida y barata. También hay algunas marcas más respetables, alrededor de los 70 euros, que las familias suelen sacar durante las celebraciones del Año Nuevo chino. Finalmente, están las botellas más queridas por los coroneles, funcionarios y empresarios del Partido Comunista, que suelen rondar los 300 euros. En 2012, por ejemplo, estas botellas de lujo compradas por miembros del Gobierno representaban la mitad de las ventas de “baijiu” en todo el país. Pero, sólo unos años después, como si se hubiera aplicado la ley seca, las ventas a miembros del Partido sólo representan un 2% del negocio. ¿Quién es el culpable de esta abstinencia milagrosa? Xi Jinping, el actual presidente chino, y su puritana, pero eficaz, campaña contra la corrupción.

El “baijiu” Moutai, la marca más cara y respetada del país, es el claro ejemplo de cómo este licor está estrechamente relacionado con la corrupción de la China actual. En sus inicios, los líderes comunistas chinos lo asociaron con el vigor y la energía revolucionaria. En la Larga Marcha de los 30, durante la guerra entre el Ejército Rojo y los nacionalistas del Kuomintang, las botellas de Moutai insuflaron un espíritu resistente y guerrero a los soldados comunistas, durante las horas más difíciles del conflicto. La guerra acabó, los rojos ganaron y el “baijiu” siguió en las mesas, como símbolo de esa victoria. Era un trago obligatorio durante las visitas de mandatarios extranjeros a Pekín. La relación problemática empezó durante el despegue económico de China, tras la muerte de Mao Zedong y la apertura al libre mercado. Las marcas caras de “baijiu” se convirtieron en el regalo habitual entre empresarios, funcionarios, militares y políticos. Era una manera de demostrar el poderío económico propio, ya fuera como regalo o pidiéndolo al acabar una cena. En muchas ocasiones, más que presentes, las botellas lujosas eran sobornos para conseguir la aceleración de algún trámite, o ganarse la confianza de algún miembro relevante del Partido. En 2010, no hace tanto, sólo un 1% de los bebedores de Moutai habían pagado por la botella que estaban tomando.

Una tienda de baijiu en Maotai, en la provincia de Guizhou, China.(Kevin Frayer/Getty Images)

Pero en 2012 Xi Jinping subió al poder, y anunció que eso de la corrupción se había acabado. El nuevo Gobierno -amenazó- iba a cazar a los “tigres” y aplastar a las “moscas”, es decir, que nadie, por muy alto o muy irrelevante que fuera su cargo, iba a quedar fuera de las nuevas redes de vigilancia y castigo. Además de luchar contra los corruptos, el nuevo presidente también iba a ir a por los “hedonistas” y los “extravagantes”. Una vez puesta en marcha esta campaña contra la corrupción, el “baijiu” empezó a desaparecer de las mesas del Partido. Pedir o regalar una botella de 300 euros entraba dentro de la categoría de “extravagante”. No era el mejor momento para hacer alardes de riqueza. El sector del “baijiu” se asustó un poco, ya que la mitad de sus ventas iban a gente del Gobierno. Pese al alarmismo, parece que el negocio vuelve a recuperarse, gracias a los empresarios privados y -como siempre sucede en la China actual- a la clase media en ascenso. Pero la campaña contra la corrupción continúa, y ha aplastado a muchas moscas y eliminado a varios tigres de importancia.

Por ahora, más de un millón de miembros del Partido Comunista han sido sancionados -a diversos niveles- en estos seis años de caza al corrupto. Aunque un millón pueda parecer mucho, el Partido tiene 88 millones de afiliados, es decir, que el ataque ha ido a por poco más de un 1% de sus miembros. Ha afectado a todos los sectores: funcionarios locales, dirigentes de empresas estatales, militares y, quizá lo más relevante, altos cargos que antes parecían intocables. El caso más interesante es el de Zhou Yongkang, el dirigente más importante del Partido que ha acabado en prisión desde que se instauró el régimen comunista. Zhou formaba parte del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, que -traducido a un lenguaje comprensible- es el grupo de dirigentes que más poder tiene en todo el país. Nadie está por encima de ellos. Antes de llegar a esa cota máxima de poder, Zhou dirigió la compañía de petróleo y gas más importante de China -las empresas estatales chinas son conocidas por su alto nivel de incestuosidad política- y después fue nombrado ministro de Seguridad Pública. Bajo este cargo se encargó de ejercer la represión a las revueltas étnicas en Tíbet y Xinjiang (zona musulmana) y a planear la seguridad de los Juegos Olímpicos de 2008. Su condena a cadena perpetua, dejando de lado su alta posición, tiene interés porque Zhou fue uno de los aliados clave de Bo Xilai, dirigente chino también caído en desgracia. Hablar de Bo Xilai es importante porque, durante mucho tiempo, fue considerado como el único rival que podía hacer la competencia al actual presidente, Xi Jinping, como posible líder del país.

La caída de Zhou Yongkang y otros dirigentes menos cercanos a Xi ha creado la sensación de que, junto a la intención de limpiar la corrupción endémica del Partido, también se quiere hacer un poco de purga política. El hombre al que el presidente ha encargado su misión más importante se llama Wang Qishan, y es considerado la segunda persona con más poder de China. Es el ejemplo de que un buen miembro del Partido debe ser polifacético: Wang ha dirigido bancos estatales, gestionado epidemias de salud pública (en su etapa como alcalde de Pekín) y trazado el plan contra la crisis financiera mundial en sus momentos más duros. Ahora es la mano ejecutora de Xi, el encargado de acabar con los corruptos y hedonistas que carcomen desde dentro al Gobierno. Uno de sus métodos es el “shanggui”, un tipo de detención secreta y de legalidad dudosa, de la que algunos abogados y defensores de los derechos humanos han explicado que incluye palizas, tortura, privación del sueño y de alimentos, con el objetivo final de que el acusado firme una confesión al gusto de las autoridades.

Aunque la maniobra contra la corrupción tenga componentes que ponen en duda su limpieza -purga política, confesiones forzadas- el presidente Xi no puede permitirse que el proceso se convierta en una caricatura. Parece que, por ahora, la valoración de los ciudadanos chinos es positiva. La campaña contra la corrupción tiene dos objetivos, uno más obvio y otro menos. El primero y esencial es limpiar la imagen del Partido. Durante varias décadas, la legitimidad del poder autoritario ha ido ligada al crecimiento económico. La mentalidad imperante era mirar a otro lado si, gracias a eso, todo el mundo se hacía un poco más rico. Ahora, cuando la economía ya no crece tanto, los dirigentes chinos deben justificar su presencia en base a un virtuosismo que los sitúe como los mejores preparados para dirigir el país. Nada nuevo en la historia china. La propaganda en los medios estatales cada vez que se encarcela a un miembro corrupto del Partido se suma a una limpieza estética, a órdenes contra los alardes “extravagantes” como los objetos de lujo y a un ensalzamiento del frugalismo puritano (al menos en público), que el presidente Xi quiere encarnar. La acción punitiva debe llegar a todos los sectores, incluidos aquellos con una reputación tan fuerte como el Ejército.

El otro objetivo de la campaña, quizá menos evidente, es quitar algunas trabas que impiden las reformas económicas liberales que Xi quiere llevar adelante. Las redes clientelares entre funcionarios y dirigentes de empresas estatales hacen que algunos cambios en el sector público se produzcan de manera lenta, ya que muchos de los miembros del Partido ven peligrar con ello su modo de vida. Los cambios a un nuevo modelo de economía, que deje atrás la industria pesada y la manufactura, son la esperanza que el Gobierno tiene para mantener un crecimiento estable. Todo con el objetivo final de evitar el descontento social.

Xi sabe que tanto la corrupción como el estancamiento económico fueron factores muy importantes en la caída de la Unión Soviética. Su campaña pretende demostrar que se puede ser efectivo contra la corrupción sin necesidad de un liberalismo político. Y que, además, el Partido Comunista puede realizar este proceso desde arriba y de manera controlada, sin tener que implicar a la ciudadanía -el recuerdo de los crímenes de la Revolución Cultural, que afectaron de pleno a su familia, han forjado en el presidente una gran desconfianza en la acción popular-. El objetivo final es la supervivencia del Partido y, ante eso, caerán todas las moscas y tigres que haga falta.

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Cortesía de Nick Kenrick/Flickr

Conocer la historia para analizar el presente y evitar errores del pasado.

Blood and Faith, The Purging of Muslim Spain 1492-1614

Matthew Carr

Hurst Publishers, Londres, 2017

Mientras Felipe II yacía, moribundo, en El Escorial, la desilusión y la sensación de fracaso inundaban el reino de España, el más poderoso de Europa. La Armada Invencible había sido vencida por una nación advenediza, Inglaterra, la guerra contra el protestantismo en Alemania y los futuros Países Bajos se encontraba en punto muerto, y la economía de Castilla estaba cayendo a pesar del oro del Nuevo Mundo. Matthew Carr lo resume diciendo que fue un periodo de “tremendo malestar social para gran parte de la población española. Fueron años de hambre y hambruna, de malas cosechas, subidas de precios y altos impuestos. Y, entre 1599 y 1600, España sufrió una plaga devastadora de peste bubónica que mató aproximadamente a 600.000 personas”.

Felipe II era un monarca que no sabía nada de su reino y cuya vida era una sucesión de cacerías y bailes en la Corte. En su búsqueda de la gloria, decidió que limpiar España de los descendientes de los musulmanes le aportaría fama y salvación. Los moriscos estaban bautizados y, en su inmensa mayoría, daban pruebas de devoción en su nueva fe, pero el Santo Oficio de la Inquisición, con la complicidad de cortesanos y sacerdotes avariciosos, acabó sumándose a la opinión del intolerante e influyente arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, de que la presencia de los moriscos era “la culpable de la pérdida del favor divino, el fracaso de la ‘aventura de Inglaterra’ y los retrocesos de España en su lucha contra las fuerzas del protestantismo internacional.

Ante el escarnio que hacían de España sus rivales cristianos del norte de Europa por la presencia de los moriscos, el rey decidió seguir una política que, desde la caída de Granada en 1492, había expulsado a los judíos, había sacado a la luz a los conversos y les había impedido el acceso a las profesiones y el clero. Así nació un credo, el de la limpieza de sangre. Algunos españoles, sobre todo los terratenientes de Levante, defendieron a los moriscos y alegaron ante el rey que su expulsión destruiría la economía, en especial la agricultura, que dependía de su trabajo como cosechadores cualificados. Ribera, en cambio, pensaba que los moriscos eran “una semilla maldita y perniciosa” y que merecían morir por sus transgresiones religiosas. Por consiguiente, las autoridades propusieron la expulsión como una alternativa magnánima.

En un espléndido relato de este proceso, que hizo retroceder a España tres siglos, Matthew Carr muestra los crueles sucesos en unas páginas sobrecogedoras. En la región de Valencia, los moriscos vivían apartados de los cristianos viejos, pero los ayuntamientos de Murcia, Sevilla y Granada, donde habitaban mezclados con el resto de la población, escribieron a la Corte para pedir clemencia. “Los consideramos leales vasallos de la Corona Real y nos sería asombroso e increíble descubrir lo contrario en cualquier aspecto”. Como destaca Carr, un siglo antes, el mundo ibérico había sido más tolerante, pero ahora fue la sangre —algo imposible de cambiar, una maldición eterna— el criterio que selló la suerte de unos 300.000 españoles.

La mañana del 24 de septiembre de 1609, los pregoneros de Valencia proclamaron el decreto de expulsión en medio de una fanfarria de tambores y trompetas. La intención era llevar a los moriscos a Berbería (las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), pero muchos fallecieron de hambre y cansancio; los niños se vieron separados de sus padres y, en muchos casos, se quedaron bajo la custodia de cristianos locales. Los textos que defendían la expulsión decían que el Norte de África era “una tierra de abundancia”, un lugar en el que el oro y la plata “se encuentran de una montaña a otra”. Pocos mencionaron que los corsarios, en cuyas naves embarcaban los pasajeros indefensos, robaban a estos todas sus posesiones y, con frecuencia, los arrojaban por la borda. Otros morían de hambre o sed, y a muchos niños los vendían como esclavos.

La maquinaria de la expulsión se puso en marcha en Castilla, Cataluña y Aragón. Un español partidario de la política del rey escribió que, desde la salida de los moriscos, los árboles y las cosechas habían empezado a brotar en todo el reino y que en su viaje a Argel, Túnez y Orán habían ido acompañados por vientos favorables y buen tiempo. En realidad, los huertos de Levante y Aragón se echaron a perder después de que se fueran los campesinos que llevaban siglos cultivándolos. Las aldeas murieron y algunos pueblos perdieron a gran parte de su población. La economía retrocedió un siglo o más. Mientras tanto, los niños moriscos que se habían quedado con las familias cristianas vivían a su cuidado hasta los 12 años pero luego tenían que trabajar a su servicio durante un tiempo indefinido: una forma de esclavitud.

El autor describe cómo “la vertiginosa esperanza de regeneración nacional” dejó paso enseguida a la indiferencia y la desilusión, a medida que España continuaba su declive. Al año de haber ascendido al trono, Felipe IV reconoció oficialmente “el gran daño causado por la expulsión”, y el personaje que dominaría la política española durante su reinado, el Conde-Duque de Olivares, llegó a la conclusión de que las leyes de limpieza de sangre eran “contrarias al derecho divino, el derecho natural y el derecho de las naciones”. Atrás había quedado la convicción del viejo rey de que la “divina providencia” le había dado la firmeza y la visión de llevar a la práctica su decisión.

Los exiliados se forjaron nuevas vidas en el Norte de África. En Fez (Marruecos), en Argel, en la región de Testur, cerca de Túnez, tendieron a adoptar las mismas ocupaciones que habían ejercido en España. Trabajaron la tierra y fueron artesanos, y adaptaron sus técnicas a las condiciones locales. Intentaron reproducir los cultivos y la vegetación de la vega de Granada y las tierras de Valencia. Todavía hoy, Testur es famoso por su magnífica música de estilo andaluz, sus frutas y su refinada cocina. Algunas familias de Fez y Testur conservan la llave de la casa de sus antepasados en Granada, que, en canciones y poemas, sigue siendo el paraíso perdido. Otros moriscos fueron acogidos por el sultán otomano y prosperaron en Líbano, Siria y Estambul, igual que los judíos que habían llegado allí un siglo antes.

Las furias del mundo islámico volvieron a hacerse visibles siglos más tarde, el 11 de marzo de 2004, cuando las bombas destrozaron varios trenes de cercanías en Madrid, mataron a 191 personas e hirieron a 2.000. La participación de España en la invasión estadounidense de Irak había encontrado su castigo. En el conciso epílogo a su espléndido libro, Carr recuerda a sus lectores que ni los españoles ni los musulmanes pensaron quizá en lo que había sucedido cuatro siglos antes, “cuando el suelo ibérico fue objeto y premio de una lucha sin cuartel”. Pero sería iluso pensar que la historia no tiene nada que ver con este nuevo choque. Cuando los grupos que constituyen una minoría dentro de una minoría llevan a cabo o intentan llevar a cabo asesinatos en masa de ciudadanos europeos, “los tertulianos mediáticos, los políticos y los ‘expertos en terrorismo’ hablan, cada vez más, de que los musulmanes de Europa son una comunidad retrógrada y peligrosa cuyos miembros no quieren o no pueden adaptarse a las normas europeas”. El ideólogo antimusulmán estadounidense Daniel Pipes, cuya ignorancia sobre la historia y la política moderna de Oriente Medio solo es equiparable a su fanatismo, afirma que “los musulmanes exhiben un fervor religioso que se traduce en ideología yihadista, racismo respecto a los no musulmanes y la suposición de que Europa está esperando a convertirse al islam”. También se hacían acusaciones similares contra los judíos en el siglo XIX y principios del XX. ¿Nos hemos olvidado de las consecuencias de aquello, que estuvieron a punto de destruir a la civilización europea y, desde luego, acabaron con gran parte de su poder e influencia en el mundo?

El economista y premio Nobel Amartya Sen ha advertido contra la peligrosa tendencia a establecer “identidades beligerantes” basadas en civilizaciones presuntamente antitéticas y el potencial de violencia y demagogia que contienen esas categorías. Matthew Carr concluye su libro recordando a los lectores la importancia de la historia para analizar el presente. “Cuatrocientos años más tarde, la destrucción de los moriscos es un ejemplo de lo que puede suceder cuando una sociedad sucumbe a sus peores instintos y sus peores miedos en un intento de expulsar a unos demonios imaginarios”.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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El candidato del PVV,Geert Wilders, escoltado por la policía después de un mitin. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Aunque a Geert Wilders le gusta decir que va a ser el próximo primer ministro de Holanda, en realidad tiene una estrategia a más largo plazo.

Los medios de comunicación internacionales suelen decir que Wilders es el nuevo Donald Trump y que vamos a seguir viendo el efecto dominó de las victorias populistas en los últimos referendos y elecciones. Pero no tienen en cuenta la abrumadora necesidad de negociación y cooperación que existe en el sistema político holandés. De hecho, aunque Wilders ha encabezado las encuestas hasta esta semana, y asegura que va a ser el próximo dirigente holandés, su estrategia es a más largo plazo.

Fase 1: la campaña electoral

En las semanas previas a las elecciones del 15 de marzo, Wilders ha hecho hincapié en lo que le diferencia de otros partidos. Mientras que los partidos tradicionales presentan sus programas con planes y presupuestos detallados (el plan de Demócratas 66 tiene las dimensiones de una novela, 242 páginas), Wilders presentó una sola página con 10 puntos en Facebook. Además, para distanciarse físicamente de otros candidatos, se ha retirado de varios debates televisivos. Eso le permite seguir acusando a los medios holandeses de ser partidistas y evitar tener que someter sus posturas a discusión.

Esta mentalidad de “nosotros contra ellos” se refuerza por sus problemas legales y de seguridad. En un país en el que el primer ministro va a trabajar en bicicleta y sin protección, Wilders lleva 12 años viviendo las 24 horas del día con protección policial debido a serias amenazas de muerte. En 2011, le procesaron por incitar a la discriminación, un proceso que él calificó de “juicio del siglo” y en el que se atribuyó el papel protagonista como defensor de la libertad de expresión. En aquella ocasión le declararon no culpable, pero sus acciones del año pasado, cuando encabezó a sus partidarios en los gritos de “menos marroquíes”, desembocaron en una condena, aunque sin castigo. Si, para la mayoría de los políticos, un juicio penal sería un desastre, en el caso de Wilders es una oportunidad perfecta para demostrar que es una víctima del sistema.

Fase 2: la formación

En Holanda, el sistema de representación directa y el hecho de que el voto esté cada vez más dividido hacen que la noche electoral no sea más que el principio del proceso de formar gobierno. Este año se presenta a las elecciones un número de partidos sin precedentes, y eso revela una epidemia de políticas identitarias: los votantes pueden escoger entre el partido de los empresarios, el partido de los mayores de 50 años, el de los abstencionistas, el de las minorías y tres partidos diferentes del grupo que lanzó el referéndum sobre Ucrania. Los gobiernos de coalición son habituales, pero, en la mayoría de los casos, suele ser una coalición de dos o tres partidos. Esta vez, a juzgar por las encuestas, el Ejecutivo seguramente tendrá que ser de cuatro o incluso cinco partidos.

La formación de gobierno es la versión holandesa de la copa del mundo de cricket: un acontecimiento cuatrienal, que se prolonga y tiene un ligero suspense, y que uno puede seguir de forma intermitente sin perderse gran cosa.

Los líderes de los partidos empiezan a hablar de coaliciones, se reparten los ministerios y los temas políticos, y transmiten mensajes crípticos a los periodistas que toman el sol en el Binnenhof. En 2010, se negociaron cinco posibles coaliciones con partidos de todo el espectro político, en un proceso que se prolongó durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Eso significa que, para alcanzar el poder en el sistema holandés, hace falta transigir y hacer concesiones.

Si el PVV obtiene la mayoría de los votos, Geert Wilders pondría en marcha el proceso, pero parece muy poco probable que pueda formar gobierno. Para empezar, no es precisamente un modelo de transigencia. Además, casi todos los demás grandes partidos se oponen firmemente a formar una coalición con el PVV. De hecho, uno de los motivos por los que el proceso de formación de gobierno de 2010 duró 127 días fue que las bases de varios partidos protestaron ante sus dirigentes por el mero hecho de reunirse con el PVV. De modo que los líderes habrán aprendido de la experiencia. También sabrán que Wilders no es un socio del que se puedan fiar. En 2010 aceptó dar su apoyo electoral a una coalición de minorías y, antes de que pasaran dos años, se lo retiró y cayó el Ejecutivo.

Fase 3: oposición

Si el proceso de formación de gobierno no le da a Wilders el puesto de primer ministro, regresará a la oposición. Con un grupo parlamentario más amplio y un nuevo relato que defenderá que le han robado las elecciones al pueblo. Tendrá todavía más munición para atacar desde los márgenes.

La trayectoria de voto en el Parlamento también demuestra que el PVV es una fuerza obstruccionista. Los otros 10 partidos que están en la actualidad en la Cámara suelen llegar, la mayor parte del tiempo, a acuerdos sobre las propuestas de unos y otros. El PVV, por el contrario, discrepa la mayoría de las veces con seis de esos 10 partidos. Es curioso el hecho de que ha presentado un porcentaje relativamente escaso de propuestas en materia de inmigración e integración, mientras que es uno de los que más proposiciones ha puesto sobre la mesa en asuntos internacionales.

Fase 4: espera tu momento

Repetir las fases 1, 2 y 3 durante varios ciclos electorales es una estupenda manera de tener cada vez más seguidores sin tener que responsabilizarse de ninguna política real. Wilders puede eludir hacer cualquier concesión hasta el momento en el que ocurra algún acontecimiento fundamental.

Un grave atentado terrorista en suelo holandés o una crisis económica podrían inclinar la opinión pública todavía más en favor del PVV. De ser así, el partido podría obtener un mayor porcentaje de votos y tener menos necesidad de negociar para formar gobierno. Hasta entonces, Wilders tendrá que limitarse a vitorear a Trump y Le Pen desde la línea de banda.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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Banderas de apoyo a la independencia de Escocia en Glasgow, 2016. Andy Buchanan/AFP/Getty Images

¿Está más cerca un nuevo referéndum en Escocia? ¿Qué probabilidades habría de que ganara el Sí?

Apenas unos pocos días antes del referéndum de independencia escocés, el entonces primer ministro de Escocia, Alex Salmond, declaró a la BBC que si la mayoría de los escoceses votaban “No”, no habría un segundo referéndum sobre este tema durante esta “generación política”. Pero eso fue en septiembre de 2014. Menos de tres años después, Salmond —que es ahora portavoz para asuntos internacionales del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) en Westminster— afirma que el nuevo referéndum sobre la independencia está cerca y probablemente se celebrará en el otoño de 2018. ¿Podemos confiar en él esta vez?

El ex primer ministro David Cameron decidió poner en marcha el referéndum sobre la independencia de Escocia con la esperanza de que un resultado decisivo en favor de su permanencia en el Reino Unido sirviera para enterrar este asunto durante mucho tiempo. Y, como todos sabemos, el pueblo escocés al final votó para quedarse en el Reino Unido. Pero el problema para Londres consiste en que el desenlace no fue tan decisivo como había esperado. Con un 45% de los votantes escoceses a favor de la independencia, el resultado del referéndum fue lo suficientemente ajustado como para mantener vivo el sueño nacionalista. Tras la votación la nueva Primera Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirmó que consideraría la posibilidad de otro referéndum si las circunstancias cambiaban de manera sustancial. Y lo han hecho.

En junio de 2016 Gran Bretaña votó a favor de salir de la Unión Europea. Aunque la mayoría global no fue demasiado grande —un 52% frente a un 48%— la votación puso de relieve lo desunido que está en realidad el país. Mientras que Inglaterra votó arrolladoramente a favor de abandonar la UE, seguida por Gales, con un margen menor, los votantes de Escocia e Irlanda del Norte dijeron que preferían quedarse en la Unión. Eso supuso una llamada de atención para el SNP, que inmediatamente resucitó la idea de un segundo referéndum de independencia. Su argumentación se movía en la línea de: “Todos nos dijeron que una Escocia independiente tendría que ponerse a la cola para entrar en la Unión Europea, pero ahora que nos hemos quedado en el Reino Unido, nos van a obligar a abandonar la UE”.

Aun así, excepto por la constante amenaza de un segundo referéndum de independencia, el SNP no tomó ninguna medida concreta. Más bien, se dedicó a esperar para ver qué dirección tomaría Gran Bretaña en las negociaciones sobre su futura relación con la Unión Europea. La postura oficial de Escocia es que preferiría el llamado Brexit suave, que mantendría al Reino Unido en el mercado único y no afectaría a las cuatro libertades (de circulación de personas, bienes, servicios y capital por las fronteras de los Estados miembros de la Unión). Los escépticos aseguran, no obstante, que los nacionalistas escoceses en realidad están deseando que la Primera Ministra británica, Theresa May, tome la ruta del Brexit duro para poder celebrar su segundo referéndum de independencia. Sea como fuera, las voces que lo reclaman son más fuertes cada día que pasa. Recientemente, se unió a ellas el ex primer ministro Tony Blair, quien declaró que el contexto para la independencia escocesa era “mucho más creíble” tras la votación del Brexit. Blair realizó estos comentarios durante el lanzamiento de un movimiento para convencer a los británicos para “alzarse” y cambiar de opinión respecto al Brexit. Esto es música para los oídos de Nicola Sturgeon, quien ha repetido que los intereses escoceses están siendo ignorados por el gobierno de Londres en sus preparativos para las conversaciones con Bruselas sobre los términos de la salida de Gran Bretaña de la UE.

¿De modo que de verdad estamos más cerca de un nuevo referéndum en Escocia de lo que lo estábamos hace solo unos meses? La respuesta a esa cuestión depende fundamentalmente de los cálculos internos del SNP sobre si podría ganarse un segundo referéndum. Sturgeon no se arriesgaría a celebrarlo si no tuviera confianza en poder vencer. Una nueva derrota sí enterraría de manera definitiva la cuestión de la independencia escocesa durante una generación, si no más. Echemos un vistazo a lo que sabemos hasta ahora sobre esos cálculos.

Según diversas informaciones aparecidas en los medios británicos, el SNP solamente pondría en marcha el segundo referéndum si las encuestas muestran al menos un 60% en favor de la independencia. Por el momento, el porcentaje no se acerca ni de lejos a este umbral. Una encuesta realizada en septiembre de 2016 que planteaba la pregunta “Si mañana se celebrara un referéndum sobre si Escocia debería marcharse o quedarse como parte del Reino Unido, ¿cuál sería su voto?” mostraba prácticamente los mismos niveles de apoyo a la independencia que el primer referéndum —45% a favor de irse y 55% a favor de permanecer—. Incluso cuando se les pedía que consideraran la posibilidad de un Brexit duro, la mayoría de los escoceses —54%— afirmaban que preferirían “vivir en una Escocia que formara parte de un Reino Unido que no formara parte del mercado único”. Pero eso fue antes de que el Brexit duro se convirtiera en la opción preferida del Gobierno. Algunos analistas van incluso más allá y afirman que una política exterior británica independiente tras el Brexit, combinada con una UE hostil e inflexible en las negociaciones que están a punto de comenzar, en la práctica dará como resultado un resurgimiento del “sentimiento británico” incluso en Escocia, y el correspondiente declive del apoyo a la independencia escocesa. Improbable, pero no imposible.

Resulta indiscutible que el pueblo escocés votó de modo abrumador a favor de permanecer en la Unión Europea. Pero ¿por qué? ¿Se sienten los escoceses más europeos que otros ciudadanos del Reino Unido? La encuesta realizada el día del referéndum de la UE por Lord Ashcroft mostraba una fuerte relación entre el voto y la identidad, especialmente en Inglaterra. Entre aquellos que se autoidentificaban como “ingleses no británicos”, el 79% respaldaba el Brexit, y entre quienes consideraban el multiculturalismo, el liberalismo social, el feminismo, el ecologismo, la globalización y la inmigración como fuerzas negativas, grandes mayorías votaron a favor de marcharse. La situación en Escocia es diferente, pero no en gran proporción. Un reciente estudio de Jeffery et al muestra que sentirse escocés en Escocia y galés en Gales parece estar asociado a actitudes menos euroescépticas y a una menor preocupación por la inmigración. Los datos disponibles para el total del Reino Unido revelan otro aspecto importante: cuando la encuesta de Ashcroft pidió a la gente que clasificara por orden de importancia cuatro posibles razones de su voto, los partidarios de quedarse situaban los riesgos económicos de marcharse en primer lugar, la opinión de que el acuerdo actual del Reino Unido con la UE ya proporcionaba “lo mejor de ambos mundos” en segundo lugar, la preocupación de quedarse aislados internacionalmente como tercera razón, y el apego a la UE y a su cultura e historia en común a una distancia considerable como cuarta. Ni en la Inglaterra anti UE ni en la Escocia pro UE la sensación de pertenencia a una unión de pueblos europeos desempeña un papel importante. Todo el debate se centra básicamente en la relación del Reino Unido con el mercado único de la UE. Incluso en Escocia, aquellos que se muestran esencialmente favorables a permanecer en el club europeo, como el SNP, siguen retratándola sobre todo como un fenómeno económico. Con eso en mente, es probablemente más fácil comprender por qué el Brexit podría no ser un factor decisivo en las consideraciones del pueblo escocés respecto a abandonar o no el Reino Unido. Dejar el Reino Unido para incorporarse a la UE, lo que no está ni mucho menos garantizado dado el posible veto de países como España, plantearía numerosos problemas para Escocia. ¿Tendrá que adoptar el euro, que es una palabra tabú? ¿Habrá una frontera dura con Inglaterra? ¿Será suficiente la financiación europea para compensar la pérdida de los generosos subsidios que Escocia recibe ahora de Londres bajo la llamada Fórmula Barnett? ¿Merece la pena todo esto?

Sean cuales sean las incertidumbres, aparentemente los nacionalistas escoceses están preparándose para el segundo referéndum. Desde el anterior, sus cifras han crecido y disponen de una maquinaria bien engrasada capaz de movilizar a la gente alrededor de una causa ambiciosa. Sí, admiten que el apoyo a la independencia actualmente se sitúa en torno al 45%, pero afirman que ese es un buen punto de arranque. Hace tres años comenzaron su campaña con, aproximadamente, solo un 30% de respaldo a la independencia y se las arreglaron para elevarlo hasta el 45%. Lo hicieron antes, podrían hacerlo de nuevo.

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Las banderas paraguaya y uruguaya ondean en una plaza de Buenos Aires en la final de la Copa de América (NORBERTO DUARTE/AFP/Getty Images).

La política exterior uruguaya navega entre un modelo de regionalismo abierto, que mantenga las relaciones con los países vecinos, y una mayor libertad para negociar con terceros Estados. El futuro de Uruguay pasa por saber combinar ambas vertientes.

Tanto por necesidad como por diseño, la política exterior de Uruguay no escapa a las grandes tendencias que definen también a la mayoría de los países suramericanos. Con escasas capacidades militares y una matriz productiva fuertemente orientada hacia la exportación de commodities (materias primas), es imperativo para el país desarrollar una política exterior responsable y pragmática.

Uruguay no puede basar la proyección internacional de sus intereses en términos de realismo y equilibrios de poder, sino que debe construir y alimentar su imagen de Estado serio, solidario y comprometido con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, para el país es fundamental tener bien claro que su inserción internacional sólo es posible a través de la integración con sus vecinos, entendido no solo como la eliminación de trabas comerciales, sino también como un proceso de concertación política y un espacio para promover la participación social.

‘Flexibilizar’ Mercosur

El Gobierno de Tabaré Vázquez, con la colaboración del ministro de Asuntos Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, ha pretendido seguir, como principal modelo de inserción internacional, el llamado regionalismo abierto, entendido como una orientación de la política exterior hacia la búsqueda de un encaje en la esfera global en la diversidad, con proyección simultánea hacia el espacio regional y hacia el mundo.

Este enfoque, que ya estaba presente en la estrategia de la primera administración Vázquez, puede entenderse como una redefinición de la diplomacia que busca apartarse del enfoque más político que alentó las acciones exteriores del Gobierno de José Mujica. A su vez, podría verse como un retorno al pragmatismo que, ejemplarizado en la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, caracterizó el primer mandato de Vázquez.

En la concepción que Vázquez y Nin tienen sobre política exterior, la integración de Uruguay con sus vecinos es de gran importancia para su inserción internacional, pero no puede ser un obstáculo para la búsqueda de nuevos acuerdos con economías ubicadas fuera de la región. En términos prácticos, la principal apuesta de la diplomacia uruguaya al respecto es la flexibilización de ciertas disposiciones del principal proceso de integración del que forma parte: el Mercado Común del Sur (Mercosur). Uruguay pretende llevar a cabo un ajuste de la Decisión 32/00, norma que imposibilita a los miembros de este bloque negociar acuerdos comerciales por separado.

De lograr dicho objetivo, y así flexibilizar Mercosur, las economías pequeñas del bloque como Uruguay y Paraguay podrían dinamizar su inserción comercial, tanto negociando acuerdos bilaterales con países de fuera de América Latina como participando de las negociaciones de megaacuerdos comerciales como, por ejemplo, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA en inglés). Por otra parte, esto admitiría acuerdos a dos velocidades para impulsar el ya antiguo proceso de negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, dotando de una mayor posición negociadora a cualquiera de los miembros que pretenda establecer un acuerdo por separado con la UE. Esto último beneficiaría a Uruguay, muy comprometido con esta negociación y cuyo Canciller ha viajado recientemente a Bruselas para negociar con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

Todo tiene un precio

Un análisis simplista podría llegar a la conclusión de que cualquier iniciativa que flexibilice las opciones que maneja la política exterior uruguaya es positiva. Sin embargo, y como bien señala el investigador Damián Rodríguez, intentar “desatarse de la región” tiene importantes costes económicos y políticos, sobre todo si se tiene en cuenta que tres de los principales socios comerciales de Uruguay −Argentina, Brasil y China− no participan de las negociaciones de estos megaacuerdos. En todo caso, e incluso si un correcto balance entre costes y beneficios arrojara un resultado netamente positivo, existen otras consideraciones a tener en cuenta. En el caso uruguayo, las decisiones relacionadas con la política internacional del Gobierno son influidas por la propia fuerza política a la que pertenece, el Frente Amplio (FA). Dicha formación está constituida por un heterogéneo grupo de partidos que cubren un amplio espectro político, desde la izquierda, en algunos puntos radical, hasta las posturas de centro o centro izquierda. El presidente Vázquez ha demostrado, desde el inicio de su Gobierno en 2015, un importante apego a lo acordado por el FA en diferentes áreas, como por ejemplo en la decisión de abandonar las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), si bien pueden citarse otras razones como el desconocimiento acerca de las cláusulas incluidas en el eventual Tratado, lo que le ha valido críticas desde amplios sectores en todos los Estados que forman parte de la negociación.

Eso nos describe un panorama en el que tanto los cálculos de coste-beneficio, como los acuerdos políticos y las diferentes concepciones dentro del partido forman parte del debate sobre inserción internacional. Sin duda, este panorama dificulta la tarea de Nin, que en este ejemplo particular vio rechazada su postura, la cual era favorable a continuar en las negociaciones del TISA. Desde el ministerio de Asuntos Exteriores uruguayo se promueve la misma concepción de regionalismo abierto que pretenden liderar Nin Novoa y Vázquez. Sin embargo, las capacidades económicas y la ubicación geográfica del país, aunadas a la cuestión de compatibilizar acciones con las posturas mayoritarias dentro de la fuerza de gobierno, parecen señalar que la política exterior uruguaya seguirá estando muy centrada en la región y en la coyuntura por la que América Latina atraviese.

Esta coyuntura, a nivel político, es compleja por el cambio de gobierno en Brasil, la incertidumbre en Venezuela y la incógnita que se plantea por las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos (donde establecer un pronóstico de las acciones de una administración liderada por Donald Trump es ciertamente difícil). También puede ser complicado predecir el desarrollo y la incidencia de los acontecimientos futuros en zonas más alejadas de la región. La lucha contra el terrorismo o las consecuencias directas del Brexit son difusas y comprenden múltiples aristas.

 ¿Y en el futuro?

Uruguay no puede darse el lujo de abandonar el debate sobre su inserción internacional. País que desde su origen estuvo implicado en la relación entre Brasil y Argentina, tampoco puede dejar su legado y las raíces culturales, políticas y económicas que lo unen e integran a su región. Pertenecer a Mercosur, defenderlo y beneficiarse de sus bondades comerciales y económicas, a la vez que coopera con sus vecinos para enfrentar los desafíos en América Latina, no son objetivos intrínsecamente opuestos a buscar un mejor encaje a escala global. El Gobierno bien lo sabe y hacia allí intenta dirigir sus esfuerzos. Sólo el tiempo dirá si esos esfuerzos prosperan.

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Fuerzas leales al Gobierno apoyado por la ONU en Sirte, bastión de Daesh en Libia. (Mahmud Turkia/AFP/Getty Images)

EE UU ha abierto un nuevo frente contra Daesh en Libia. Sus ataques aéreos contra los yihadistas en apoyo del Gobierno de Unidad pueden acabar inclinando la balanza del lado de los grupos armados que están retomando el control. EE UU ha abierto un nuevo frente contra Daesh en Libia. Sus ataques aéreos contra los en apoyo del Gobierno de Unidad pueden acabar inclinando la balanza del lado de los grupos armados que están retomando el control.

Cuatro meses y medio después de la llegada del primer ministro, Fayez Serraj, a Libia, el país ha vuelto al punto cero: aún sin Ejército, sin dinero, rendido a la autoridad aleatoria de milicias por toda su geografía y sediento de un petróleo cuya producción no se reactiva. Ese ha sido el escenario elegido por el presidente estadounidense, Barack Obama, para enmendar el “mayor error” de sus ocho años de mandato, como él mismo definió en una entrevista al tortuoso proceso de construcción nacional tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, intervención de la OTAN mediante.

El intento consiste en haber lanzado una campaña de ataques aéreos contra objetivos de Daesh en Sirte, convertida desde 2015 en bastión mediterráneo de los yihadistas. Los bombardeos “a petición del Gobierno de Unidad Nacional (GNA, en siglas en inglés)” han inaugurado el mes de agosto con una mezcla agridulce de recelos, bienvenida y críticas amargas ante la posibilidad de que EE UU esté metiendo la pata de nuevo y no sepa muy bien de lado de quién se coloca. Porque Libia se resquebraja otra vez, si es que llegaron a fundirse los pedazos que dejó el capítulo guerracivilista de 2014.

El país norafricano presenta un tercer frente de la guerra contra Daesh (tras Siria e Irak) dividido y anárquico, donde los títulos de “Unidad” o “Nacional” se los disputan aún varios jugadores. El discurso con el que Serraj anunciaba por televisión lo que en Sirte se veía como una columna de humo negro en el horizonte deja pistas de hasta qué punto el primer ministro designado, legitimado por el Consejo de la ONU y aún no ratificado en su puesto, se debe aún a unas fuerzas milicianas que escapan de su control.

Serraj solicitó el apoyo de EE UU “en respuesta al mando del centro de operaciones de Bonyan al Marsus (Estructura Sólida, nombre del operativo contra Daesh en Sirte)” y en nombre del Consejo Presidencial “como comandante supremo del Ejército libio”. El Pentágono traduciría las expresiones por el ya manido sintagma “fuerzas alineadas con el GNA”.

Otra entidad se disputa la corona del “Ejército libio”. La facción que lidera el general renegado Jalifa Haftar en el este del país (apoyado en el extremo occidental por milicias de Zintán y Washarfana) es leal, todavía y en exclusiva, a la Casa de Representantes con sede en Tobruk. Igual que establece la autoridad Ejecutiva del GNA de Serraj, el Acuerdo Político Libio (firmado en diciembre de 2015 tras más de un año de negociaciones mediadas por Naciones Unidas) reconoce el Parlamento en Tobruk como brazo legislativo.

Tobruk debe ratificar al GNA, según establece el pacto. Es un absurdo intentar contar siete meses después cuántas veces se ha anulado la votación por falta de quorum o simplemente se ha sacado del orden del día. El Consejo de Seguridad de la ONU utilizó en febrero una carta firmada por una mayoría de diputados como documento vinculante para saltarse el bloqueo.

La Casa de Representantes ha solicitado la comparecencia del embajador estadounidense por lo que considera una “violación del espacio aéreo” a petición de una institución (el GNA) “ilegítima e inconstitucional”. Es un juego de tira y afloja trasladado a un hipotético plano diplomático (todas las embajadas occidentales permanecen exiliadas en Túnez ante la falta de estabilidad en Libia). Unas semanas antes era Serraj quien llamaba al embajador francés para pedir explicaciones por la colaboración del Ejército galo con Haftar en Bengasi, ciudad destruida hasta los cimientos tras más de dos años de guerra.

Y si en los despachos se representa una política vodevilesca, sobre el terreno la situación no pinta más ordenada. La operación Bonyan al Marsus (Estructura Sólida) arrancó en mayo con el objetivo de presentar al mundo el primer esfuerzo militar unificado en torno al GNA. De sus éxitos (en tres semanas los combatientes ganaron a Daesh casi 100 kilómetros hasta el centro de Sirte, en su mayoría desérticos) debía desprenderse la capacidad del nuevo Ejecutivo para aglutinar una fuerza sobre la que refundar un Ejército nacional. Pero la empresa nació coja.

El pistoletazo de salida a la ofensiva en Sirte no fue tanto la iniciativa del GNA como la posibilidad de rentabilizar el cerco más o menos estrecho que han mantenido las fuerzas de Misrata desde que Daesh empezara a dictar sentencia antes incluso de izar la bandera negra.

Sirte es un asunto de Misrata, o así lo ven los ciudadanos de la plaza fuerte libia, que rivaliza con la capitalina Trípoli y con Bengasi, la ‘meca’ petrolífera. En enero de 2015 eran las brigadas de Misrata, integrantes de la alianza Fayer Libia (brazo miliciano del ‘segundo’ Gobierno libio, en Trípoli), las que se apostaban a las puertas de infraestructuras clave como la central eléctrica a las afueras o la base aérea de Ghardabiya. Dos meses después fueron los combatientes misratíes quienes emprendieron una avanzada unilateral contra los yihadistas ya instalados. Se acabaron retirando ante la falta de apoyo del Ejecutivo no reconocido por la comunidad internacional y dominado por los Hermanos Musulmanes.

Esas mismas unidades, integradas tanto por civiles sin entrenamiento militar como por soldados con mayor o menor experiencia en combate, son las que ahora se definen como “aliadas” del GNA. En el inicio de la intervención estadounidense tachan de “débil” a Serraj y su Gabinete.

La otra mandíbula de la pinza la conforma la Guardia de Instalaciones Petrolíferas (GIP), milicia comandada por Ibrahim Yadran y desplazada desde su base en Ras Lanuf, a otros 300 kilómetros más o menos de Sirte, pero hacia el este. De hecho, fue la incorporación del ‘Ejército’ de Yadran lo que selló la ofensiva, impidiendo la huida de los yihadistas hacia la cuenca petrolífera del Golfo de Bengasi.

Los términos de aquel acuerdo se han revelado hace pocos días, cuando se hacía público que el GNA aceptaba pagar a la milicia una cantidad aún no especificada en concepto de salarios atrasados para reabrir unas instalaciones petrolíferas de las que depende el grueso de la producción nacional. El grifo se cortó en 2013, cuando el mismo Yadran impuso un bloqueo que secó al país con las novenas reservas de crudo del mundo y las primeras de África.

El pacto ha despertado la indignación de la Compañía Nacional de Petróleo (NOC, en siglas en inglés). Sus dos cabezas, las nombradas respectivamente por las autoridades rivales de Trípoli y Tobruk, cedieron en julio a las presiones para reunificar la dirección de la empresa pública. El paso fue celebrado en Europa y EE UU. Ahora, la confrontación entre Haftar y la GIP amenaza con reproducir enfrentamientos en torno a las instalaciones que ya lamentan los enviados británico y estadounidense, además del representante de la Misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL).

La estrategia en Sirte viene a consolidar el nuevo régimen de milicias que se han impuesto también en Trípoli y que remite a aquella Libia sin capitán que naufragaba en 2013 tras la dimisión del ex primer ministro Alí Zeidan, el único que llegó al poder respaldado por el resultado de unos comicios no contestados.

Cuatro años después de aquellas primeras elecciones democráticas en 2012, Serraj ha confiado la seguridad de la capital a tres fuerzas que se reparten barrios y tareas. Ante la falta de avances políticos, cada una de ellas ha empezado a actuar de nuevo por su cuenta, practicando detenciones arbitrarias que se parecen mucho a secuestros y protagonizando enfrentamientos en las calles.

La “fase final” de la batalla contra Daesh en Sirte no puede ensombrecer un contexto que requiere una mirada mucho más amplia si no se quieren repetir los mismos errores que en 2011. La misión de la OTAN dejó una Libia carente de todo sostén institucional donde las luchas intestinas por el poder permitieron el enraizamiento y expansión de Daesh. Ahora, EE UU y Europa ven esa eclosión como un problema propio que, además, amenaza la seguridad de todo el Magreb.

Dos escenarios se dibujan como resultado más probable del éxito ahora de la intervención extranjera para erradicar el cáncer yihadista: que el GNA salga reforzado y consiga apaciguar a las fuerzas centrípetas que se repelen en Libia, o que acaben por estallar en un nuevo conflicto los intereses enfrentados de unas milicias empoderadas. La segunda opción se presenta como favorita en las apuestas.

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¿Qué postura debería tomar Europa respecto a este proyecto de integración económica impulsado por Rusia y otros países postsoviéticos? He aquí algunos dilemas y opciones.

La Unión Económica Euroasiática (UEE), creada en 2015 por Rusia, Kazajistán, Kirguizistán, Bielorrusia y Armenia, presume de ser la primera iniciativa postsoviética que ha logrado derribar las barreras comerciales y promover la integración en una región fragmentada y subdesarrollada. Sus partidarios alegan que puede ser un mecanismo de diálogo con la Unión Europea y otros interlocutores internacionales; sus detractores hablan de un proyecto desestabilizador que aumenta el dominio de Moscú en la región y limita las relaciones de los demás miembros con Occidente. Para la UE, el proyecto es un desafío a las decisiones soberanas de sus vecinos del este. Las posturas se endurecieron después de que, en 2013, Armenia abandonara el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea —que incluía el Acuerdo sobre la Zona Profunda y Completa de Libre Comercio— y de que Rusia se anexionara Crimea.

En teoría, la UEE es un proyecto económico y tecnocrático que proporciona ciertas ventajas a sus miembros, sobre todo porque facilita el comercio transfronterizo y la circulación de la mano de obra, pero también tiene riesgos económicos, porque eleva los aranceles externos y puede hacer que las economías se alejen de los mercados mundiales. Hasta ahora, ha tenido escaso éxito económico, si bien el acceso al mercado de trabajo de Rusia ha sido un incentivo importante y, en conjunto, un elemento positivo para las economías postsoviéticas en dificultades. Con las disputas comerciales, los regímenes de sanciones y la crisis económica regional, las transacciones dentro de la UEE cayeron un 26% en 2015. Pero los más optimistas aseguran que la situación legal de los inmigrantes dentro del bloque ha mejorado y que la armonización de las barreras aduaneras y las reglas comerciales tendrá beneficios a largo plazo.

Sin embargo, las principales tensiones políticas en torno a la UEE derivan de su papel en la política regional. Rusia considera que no es sólo una agrupación económica, sino un mecanismo para institucionalizar la influencia sobre sus vecinos y el primer paso hacia un nuevo orden internacional. El resultado es más tensión con los miembros, que ha producido un choque con otros motores de integración en la zona común de la Unión Europea y Rusia; en concreto, los Acuerdos de Asociación de la UE, que incluyen una Zona Profunda y Completa de Libre Comercio (AA/DCFTA en sus siglas en inglés). Moscú cree que estas iniciativas de la UE son intromisiones en su esfera de influencia, y que este choque entre distintos proyectos regionales contribuyó a las tensiones y el conflicto en Ucrania en 2014. Moscú afirmó que el AA/DCFTA era perjudicial para su economía, mientras que las autoridades de Bruselas dijeron que se trataba de una preocupación meramente política y subrayaron que los criterios comunitarios no suponen ningún obstáculo para las empresas que exportan a Rusia o cooperan con empresas de este país. Cada parte considera una rival a la otra, pero los demás Estados miembros de la UEE sí han intentado profundizar sus relaciones con la UE siempre que han podido.

Una mayor integración económica dentro de la UEE debería hacer que haya menos conflictos entre los miembros (por ejemplo, entre Rusia y Kazajistán). Si se facilitan las transacciones comerciales transfronterizas y la circulación de trabajadores, se podrían disminuir las tensiones en Asia Central. Ahora bien, si Moscú utiliza la organización para imponer su dominio político en la región y como plataforma desde la que enfrentarse a Occidente, es probable que otros miembros acaben por considerarla una amenaza contra su independencia. En ese caso, otras asociaciones económicas —con la UE o con China— podrían resultarles más atractivas, lo cual provocaría tensiones con Rusia

El ambiguo papel de la UEE, sus perspectivas de futuro y el pulso que mantiene Moscú a propósito de Crimea y el este de Ucrania hacen que a la Unión Europea le sea complicado elaborar una política coherente al respecto. Algunos responsables de Bruselas y algunos Estados miembros se oponen a cualquier negociación, porque temen que esa sea una manera de dar legitimidad a las acciones de Rusia hacia sus vecinos e interferir en las relaciones bilaterales con Armenia, Kazajistán, Kirguizistán y Bielorrusia, unos países que en el último año y medio han empezado a cobrar nuevo impulso. Otros dicen que el diálogo con la UEE es un cauce posible para dar un nuevo giro a las relaciones con Rusia, o que al menos ayudaría a construir puentes o incluso a aliviar la presión que sufren los Estados vecinos del este y de Asia Central, que en varios casos se han quejado de sentirse atrapados entre Moscú y Bruselas.

Hablar de diálogo político entre los dos bloques no es realista en estos momentos, especialmente hasta que se cumplan condiciones como la aplicación del Acuerdo de Minsk sobre la guerra en Ucrania. Aunque Moscú ha manifestado repetidamente su interés por formalizar las relaciones, en la UE muchos están preocupados por la posibilidad de que así se iniciara un proceso vacío, con la apariencia de unas relaciones normales pero con mínimos beneficios sustanciales.

No obstante, si se abordan con plena conciencia de los riesgos mencionados, unas conversaciones técnicas y de bajo nivel entre la UE y la UEE podrían ayudar a diseñar las estrategias futuras y proporcionar ciertos resultados prácticos inmediatos, por lo menos en la definición del contenido de futuras discusiones.

Por el contrario, el diálogo de alto nivel sólo puede producirse si Rusia da un serio giro a su política, tanto en Ucrania como en su relación con otros países de la región, y eso parece muy poco probable a corto y medio plazo. Además, la UE tendría que sopesar si el reconocimiento de la UEE serviría para reforzar o para menoscabar la capacidad de los miembros más pequeños de la organización de definir su propia relación bilateral con Bruselas.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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Mural en una calle de Vilna, Lituania, donde aparecen el candidato republicano  a la presidencia de EE UU, Donal Trump, besándose con el presidente ruso, Vladímir Putin. PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

La historia tiene todos los elementos: espías rusos, un allanamiento al estilo de Watergate, Donald Trump, Vladímir Putin, Hillary Clinton y el Partido Demócrata. La pregunta crucial es si Rusia está tratando de influir en las presidenciales de Estados Unidos. Existen numerosos elementos, así que más vale examinar el caso en orden cronológico.

Los 19.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (CND) que se filtraron a través de Wikileaks el viernes 22 de julio llegaron en el peor momento: justo cuando los demócratas confiaban en hacer una exhibición de unidad que contrastase con la Convención Nacional Republicana que acababa de terminar. Pero saltaron las filtraciones, que abrieron de golpe la herida que empezaba a cicatrizar después de las belicosas primarias.

Los partidarios de Bernie Sanders y él mismo se habían quejado de que el partido no se había mostrado neutral durante el proceso de primarias. Aunque no hay pruebas de que se utilizaran recursos de la organización para apoyar la campaña de Clinton o en contra de la de Sanders, era indudable que los correos electrónicos, redactados por empleados del Comité, revelaban su preferencia por ella. En uno de ellos, el más inquietante, el autor llegaba a sugerir que se utilizara la religión para derrotar a Sanders. No hacía falta nada más para que los seguidores del senador confirmaran sus sospechas de que el aparato del partido tenía prejuicios contra ellos.

Todavía más importante, quizá, es el hecho de que la filtración provocó la caída de la presidenta del Comité Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, que tuvo que dimitir ese fin de semana. Había grandes tensiones entre ella y el equipo de Sanders, sobre todo desde que él la acuso repetidamente de favoritismo e incluso apoyó a su rival en las primarias para obtener su escaño en el Congreso por Florida. Aunque Wasserman Schultz consiga salir reelegida en noviembre, este es un golpe considerable, puede que incluso mortal, a su carrera política. Un dirigente del Partido Demócrata en Florida con el que he hablado cree que la utilizaron injustamente como chivo expiatorio, pero el resto del partido, en general, recibió con indiferencia y hasta con alegría su dimisión. Un veterano de Washington me dijo que “se veía venir desde hace tiempo”, que la antigua presidenta era famosa por dar más importancia a sus ambiciones que al partido.

En cualquier caso, aunque la marcha de Wasserman Schultz era necesaria, no bastó para calmar a los indignados partidarios de Sanders. La Convención Demócrata se inauguró el lunes por la tarde con el estallido de abucheos cuando el reverendo que pronunciaba la oración de apertura mencionó por primera vez a Hillary Clinton. Esa siguió siendo la tónica durante todo el día, y provocó que los medios de comunicación llenaran sus titulares con el relato de la división del partido. El daño estaba hecho, gracias a un impecable sentido de la oportunidad.

El martes, segundo día de la Convención Demócrata, el diario The New York Times informó de que los servicios de inteligencia estadounidenses estaban cada vez más seguros de que el Gobierno ruso estaba detrás del pirateo del CND, aunque han advertido que no está claro si la operación fue parte de sus tareas habituales de espionaje informático o un intento específico de influir en la elección presidencial. Sin embargo, el momento escogido para dar a conocer los correos indica lo contrario.

La candidata demócrata a la presidencia de EE UU, Hillary Clinton, en la Convención del partido. Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

Por otra parte, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha dejado claro que su intención era perjudicar las aspiraciones presidenciales de Hillary Clinton, si bien dijo que tener que elegir entre los dos candidatos era como escoger entre “el cólera o la gonorrea”.

El tercer día de la Convención, Donald Trump celebró una rueda de prensa en la que dijo: “Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30.000 e-mails que faltan”, en referencia al correo electrónico de Clinton. Sus palabras causaron gran revuelo, por supuesto, porque no todos los días un candidato a la presidencia pide al Kremlin que piratee la cuenta de correo de su adversario. Poco después, uno de sus asesores entró en Twitter para intentar contrarrestar el efecto de los comentarios.

La invitación de Trump preocupó al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que consideró necesario hablar y exigió  a Rusia que “permanezca al margen de estas elecciones”. Ryan, el republicano que ocupa en la actualidad el cargo de más categoría, tiene la obligación de mantener cierta dignidad en sus mensajes, pero es extraordinario que haya tenido que intervenir por unos comentarios del candidato de su partido a la presidencia. A Ryan le costó mucho dar su apoyo tácito a Trump, y tiene que sortear una línea muy fina entre no poner en peligro posibles campañas futuras (es muy posible que aspire a ser candidato presidencial en 2020) y que no parezca que no apoya al candidato de su propia formación.

No es la primera vez que las palabras de Trump han alarmado a la dirección republicana e incluso a sus propios asesores, y no será la última de aquí a noviembre. Desde luego, es completamente heterodoxo que un candidato haga unas declaraciones tan incendiarias, pero quizá eso acabe siendo lo normal en un candidato tan peculiar como Trump.

Durante todo el año pasado se ha hablado con frecuencia de la “mutua fascinación” entre Trump y Putin, y el Partido Republicano muestra cierta incoherencia al alimentar la guerra fría, tanto pasada como actual, y al mismo tiempo expresar su admiración por el presidente ruso. El cuarto día de la Convención Demócrata, Trump declaró a Fox News que, en su opinión, Putin es “mejor líder” que Obama y, para tratar de quitar leña a sus afirmaciones anteriores y su invitación a Rusia a piratear los correos de Hillary Clinton, aseguró que estaba “siendo sarcástico”.

Trump presume de tener experiencia en política exterior porque celebró una elección de Miss Universo en Rusia, pero la verdad es que sus vínculos con el país son mucho más profundos. Según John Marshall, de Talking Points Memo, “como mínimo, Trump parece depender enormemente del dinero ruso, de personas próximas a Putin”. Lo cual resulta bastante irónico si se tiene en cuenta que gran parte de su atractivo, para sus partidarios, es que se le supone una independencia económica que le permite no estar al servicio de ningún donante. Y es muy preocupante, porque ese vínculo está empezando a reflejarse en sus posiciones políticas.

Trump ha dicho sin reparos que no siente ninguna obligación de defender a los miembros de la OTAN en el Báltico frente a una agresión rusa. Y, si bien se ha mostrado ambivalente sobre el programa del Partido Republicano, porque lo considera poco importante, su equipo sí ha intervenido en un terreno crucial: impidió que el partido se comprometiera a entregar armas a Ucrania para su guerra contra Rusia.

Cuando se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos, recibo constantes mensajes de mis amigos extranjeros en el sentido de que deberían tener derecho a votar, por la inmensa repercusión que tiene el gobernante estadounidense en el resto del mundo. Este puede ser un tema entretenido de conversación. Ahora bien, cuando parece que un gobierno extranjero está actuando en complicidad con un candidato y piratea el correo electrónico de su rival, la cosa se pone seria.

No sabemos si es cierto que Putin ha ordenado a los medios de comunicación estatales rusos que apoyen la candidatura de Trump. Pero todos los datos que sí sabemos nos presentan una situación inquietante y sin precedentes. Deja en evidencia lo peligroso que es un candidato presidencial con una absoluta falta de respeto al cargo al que aspira, el pueblo cuyos votos quiere lograr y el mundo que pretende dirigir.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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Ciudadanos de Omán esperan para dar la bienvenida a la reina Isabel II. John Stillwell – WPA Pool/Getty Images)

Los debates en torno al Brexit no se limitan a Europa. En Oriente Medio, tanto la opinión pública como los políticos, tienen mucho que decir.

Tras décadas de dictaduras y la experiencia de las revoluciones, no es de extrañar que lo que más llame la atención del Brexit a la opinión pública de Oriente Medio no sean tanto las implicaciones políticas para el viejo continente, ni tan siquiera para sus propios países, sino la disposición de los líderes británicos a plegarse a los deseos de su ciudadanía. Acostumbrados a ser engañados con referéndums en los que el régimen de turno logra el triunfo con resultados que, sospechosamente, rozan el 100% de aprobación a sus políticas, les parece que el Brexit es un triunfo de la democracia.

Faisal al Kassim, comentarista de la cadena de televisión Al Jazeera, lo resumía perfectamente: “En Gran Bretaña, cuando la gente dijo ‘No’, [el entonces primer ministro] Cameron [anunció] su marcha inmediatamente. En Siria, cuando la gente dijo ‘No’, fue la población la que se marchó y Al Assad quien se quedó”.

Sin embargo, también consideran el Brexit una venganza de la historia. En palabras de un bloguero saudí, “los  británicos, que dividieron hace 100 años los países árabes en partes incompatibles, pronto probarán el sabor amargo de la división y la ruptura”.

¿Qué hay de lo mío? Cómo afecta el Brexit a cada actor

A nivel político, algunos, como Recep Tayyip Erdogan, se mostraron poco diplomáticos. El presidente turco recordó, en sus primeras declaraciones tras conocer el resultado del referéndum, cómo Cameron había intentado ganarse a los británicos, muy preocupados por la emigración, aduciendo que Turquía no sería miembro de la Unión Europea hasta el año 3.000. “¡Mira lo que ha pasado! Tú [Cameron] no has durado ni tres días”, espetaba Erdogan. Pocas semanas después, sería él mismo el que estaría a punto de perder el poder en el golpe de Estado fallido, protagonizado por una facción de su Ejército.

Sin embargo, la mayoría de los mandatarios de la región han mostrado su deseo de continuar manteniendo una relación estrecha con Londres. Omán incluso fue más lejos cuando su ministro de Asuntos Exteriores calificó la decisión británica de “valiente e histórica”.

Pero, ¿cómo afectará realmente el Brexit a Oriente Medio? ¿Habrá cambios profundos a nivel de relaciones económicas y políticas con Gran Bretaña y la Unión Europea? ¿Cómo afectará a cada actor regional? Vayamos por partes y veamos los diferentes casos uno por uno.

Las implicaciones para los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son las más inmediatas. La caída del valor de la libra esterlina les influye especialmente debido a los importantes lazos económicos y financieros que les unen a Londres. Los efectos son tanto positivos como negativos. Por un lado, países con fuertes inversiones en Gran Bretaña, como Catar, han visto disminuir el valor de éstas pero, por otro lado, el momento actual representa una buena oportunidad para nuevas adquisiciones.

Los regímenes del Golfo ven con buenos ojos la nueva independencia británica respecto a las políticas de la UE, que, en el pasado, han dado al traste con acuerdos entre ambos bloques. Por ejemplo, han impedido la firma de un amplio tratado de libre comercio entre los dos organismos. La nueva situación permitiría estrechar los lazos con Londres a través de un acuerdo bilateral sin las restricciones europeas.

Si a nivel económico los países del CCG son los que se ven más influidos por el nuevo estatus, los actores del conflicto palestino-israelí son los que, en el campo político, puede que experimenten las mayores repercusiones. Ya lo auguraba así Cameron, en su campaña a favor de la permanencia, cuando alertaba a la comunidad judía de que el Brexit conllevaría la salida de Europa del más firme aliado de Israel, en un momento en que toman fuerza y legitimidad iniciativas como la que aboga por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS) contra el país mediterráneo.

A pesar de las palabras del ex premier británico, hay quien opina en Israel que la salida de la UE beneficia al Gobierno hebreo, pues el organismo, aducen, perderá peso político en el proceso de paz. Sin embargo, olvidan que la UE es el principal socio comercial de los israelíes y que puede utilizar este factor para influir en cualquier acuerdo, si se le ignora. Que no lo haya, inexplicablemente, utilizado nunca, no supone que no lo haga en el futuro.

El punto de vista palestino, favorable al Brexit, lo expresaba recientemente el famoso periodista Abdel Bari Atwan cuando señalaba que “en sus 43 años como país miembro de la UE, Gran Bretaña siempre ha pisado el freno europeo ante cualquier intención de criticar a Israel o sus políticas”.

La importancia de la salida de Europa de los británicos en el devenir de Siria e Irak no tiene una lectura clara a corto plazo. La no presencia de Gran Bretaña en las instituciones del viejo continente puede llevar a pensar en una disminución de la influencia de de EE UU, grandes aliados de Londres, en la toma de decisiones. Pero no debemos olvidar que los lazos existentes entre europeos, británicos y estadounidenses, a nivel de seguridad y defensa, siguen vigentes y en plena forma en el marco de la OTAN, organismo mucho más activo en esta materia que la UE.

¿Pero cómo ha interpretado el Estado Islámico el Brexit? Para el grupo, la salida de Gran Bretaña de las instituciones del continente, supone una alegría ya que ésta representa “una amenaza a la unidad de los cruzados europeos”,  según señala en su periódico propagandístico Al Naba, pero también, probablemente, por la potencial descoordinación con Europa en seguridad que, algunos pronostican, facilitarían sus actividades en suelo europeo.

A pesar del optimismo general que inunda la región tras el Brexit, cabe destacar el caso de Irán. Aunque el presidente iraní, Hasán Rohaní, no se ha pronunciado directamente, su entorno sí. De hecho fueron los primeros en mostrar su entusiasmo por la incertidumbre que supone la nueva situación tanto para los británicos como para los miembros de la UE. Desde la oposición de Londres, en la década de los 50, a la nacionalización del petróleo y su apoyo al golpe de Estado contra el primer ministro Mohammed Mossadegh, los persas no les tienen especial simpatía. La Revolución Islámica de 1979 no hizo más que empeorar la relación. A pesar de que la desconfianza hacia el resto del continente también existe, el Brexit se entiende que podría hacer mejorar las relaciones con la Unión Europea y disminuir la influencia de Estados Unidos, históricamente el otro gran enemigo de los ayatolás. Washington, por ejemplo, influyó para que Europa estableciera sanciones contra Teherán.

En Turquía el debate giró, en un primer momento, en torno a si la salida de Gran Bretaña beneficiaría su eterna candidatura a entrar en la UE o, si por el contrario, la haría más difícil. El ministro de Asuntos Europeos, Omer Celik, llegó a sugerir que su país podría ocupar ahora el espacio dejado por los británicos en las instituciones comunitarias. Algo difícil de creer teniendo en cuenta que, irónicamente, tanto Francia como Alemania siempre han mostrado mayores reticencias a su entrada que los británicos. A esto se une, también, los conflictos ya existentes con Grecia, sobre Chipre, y con los kurdos, sobre sus aspiraciones nacionalistas, además del problema de las derivas autoritarias de Erdogan.

El golpe de Estado del pasado 15 de julio no hizo más que alejar aún más las opciones de Turquía, con el aumento de la inestabilidad y la campaña de represión del presidente turco. Se evidenció, en contra de lo que los políticos pro Brexit señalaban, que la entrada de Turquía y sus 76 millones de habitantes en la UE no es, ni de lejos, eminente. A lo mejor no será en el año 3.000, como auguraba Cameron, pero difícilmente en los próximos años.

El parlamentario laborista británico contrario al Brexit, Christ Bryant, ha levantado la polémica al declarar que las mentiras contra Turquía, utilizadas por los partidarios de la salida de la UE, colaboraron en la desestabilización del país y en el consiguiente golpe de Estado.

Respecto a los países del Magreb, al no ser ésta una región prioritaria para Londres, la política en la zona quedará fundamentalmente relegada. Sin embargo, si los británicos optan por mantenerse al margen de la colaboración en materia de control y gestión de refugiados, sería un gran error, por mucho que despierte el rechazo entre su opinión pública. Como ya han dicho incluso los políticos defensores del Brexit, pensar que el país puede mantenerse al margen del problema, no es realista.

Cabe destacar, por último, el caso de Egipto, que disfruta de unas estrechas relaciones tanto comerciales como políticas con Londres. Aunque se respira cierta inseguridad por la posible caída del turismo británico, que ya ha sufrido recientemente otro revés al suspender British Airways sus vuelos a Sharm el Sheikh, se espera una mejora en las relaciones comerciales con Reino Unido. Sin embargo, El Cairo vigila muy de cerca las decisiones que pueda tomar la UE tras la salida del considerado como más liberal de sus miembros.

En resumen, la salida del Reino Unido de la UE es percibida en Oriente Medio, en general, de manera más positiva que en Europa, tanto en términos políticos como económicos. Se aprecian más oportunidades comerciales, mientras que se cree que la influencia anglosajona en la región, tan demonizada, disminuirá considerablemente.

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Ropas y armas de los soldados que participaron en el intento de golpe de Estado en Turquía tras rendirse. (Gokhan Tan/Getty Images)

¿Quién fue el cabecilla de la asonada? ¿Por qué fallo? Muchos interrogantes afloran, con versiones gubernamentales y teorías conspirativas de por medio  Quizás no llegue a saberse a medio plazo lo que verdaderamente ocurrió, pero lo que sí parece evidente son las consecuencias: el presidente Erdogan sale victorioso, la sociedad se polariza aún más.

La fecha del 15 de julio de 2016 tiene un sitio especial en la historia de Turquía. Los militares, que habían logrado derrocar a cuatro líderes electos desde 1960, no pudieron con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Han pasado dos días desde el fallido golpe de Estado y en lugar de aclararse qué sucedió nuevos interrogantes han ido emergiendo: ¿Fue el clérigo suní Fetulá Gülen el cabecilla de la asonada? ¿Fue el propio Erdogan? ¿Qué clase de golpistas no se hacen con el control de todas las televisiones? Con independencia de la verdad, probablemente difícil de saber en años, el vencedor, que primero fue víctima, es de nuevo el presidente, que después de derrotar en la arena política a todos sus adversarios ha conseguido plegar las rodillas de su mayor enemigo: el Ejército, heredero del fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. O al menos eso quedará en el imaginario de la mayor parte de anatolios.

Desde el primer instante, apenas dos horas después de comenzar la asonada, el primer ministro turco, Binali Yildirim, aseguró que detrás del levantamiento estaba Fetulá Gülen. A no ser que contara con una bola de cristal, en dos horas no existe tiempo material para realizar una investigación seria. Pero viniendo del nuevo Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que hace tiempo olvidó su seriedad política, no extraña tal afirmación. Desde el 17 de diciembre de 2013, cuando estalló la trama de corrupción en el seno de los islamistas, Gülen es el culpable de casi todos los males del Gobierno. Y por supuesto, aunque el clérigo lo niegue, él dirigió el golpe de Estado desde su reducto de Pensilvania.

Versión A. Si el Ejecutivo dice la verdad, ¿por qué Gülen actúa ahora y qué falló en la asonada?

En los últimos dos años, miles de simpatizantes del clérigo en la judicatura, la Policía y el Ejército han sido apartados de sus funciones. Sus medios de comunicación, al menos los punteros, han pasado a ser controlados por el Estado. Y ahora, el Ejecutivo estaba atacando de forma decidida a los empresarios afines a su cofradía. Vamos, que un par de años más y del conglomerado de influencias de Gülen no iban a quedar ni los huesos. Por eso, aun sin contar con el apoyo de todo el Ejército turco, uno de los 10 más grandes del mundo −400.000 soldados y 185.000 reservistas−, decidió acometer la asonada.

La división dentro del estamento militar pudo ser el mayor de los problemas. En los anteriores golpes de Estado en Turquía, el Ejército turco actuó como un ente compacto, sin fisuras. En el del pasado viernes se hablaba de facciones. A medida que el AKP iba dando la vuelta a la situación, controlando las calles y recuperando el canal público TRT, diferentes altos mandos militares salieron a la palestra para desmarcarse de la asonada. Una desbandada que, después de cinco horas de enfrentamientos, mostró con claridad el vencedor de la noche: Recep Tayyip Erdogan.

Otro aspecto clave fue la Policía. No es casualidad que los primeros objetivos de los golpistas fueran la sede central de la inteligencia turca (MIT) y los principales centros policiales de Ankara. Resistir las embestidas de los F-16 y los tanques del Ejército no hubiera sido posible sin un sistema de defensa puntero. O sin una buena manada de hombres. Erdogan, conocedor de la compleja tarea que supone domar a los uniformados, apostó desde hace un lustro por potenciar sus propias fuerzas leales de combate. La Policía no ha dejado de crecer en número y áreas de influencia. La nueva fuerza antiterrorista que opera en las regiones kurdas es el Özel Timi, una adaptación moderna del JITEM pero controlada por Erdogan.

Y así, por número o capacidad tecnológica, o por ambas a la vez, la Policía resistió. Lo hizo hasta la llegada del pueblo, el otro gran héroe de la noche. El AKP no ha dejado de decir que fueron los ciudadanos los que salvaron a la democracia. Es cierto, llegaron para apoyar a un presidente que es tan odiado como amado. Negar el apoyo popular del hombre de Kasimpasa es imposible. Desde 2002 consigue cada uno de sus objetivos. Tras 13 años en el poder, su elegido, el apartado Ahmet Davutoglu, obtuvo un 49% de los votos. Por eso, si hubiera triunfado la asonada puede que hoy estuviéramos hablando de una lucha de clases, ya que en la profunda Anatolia, la primera que se levantó en la noche del 15 de julio, Erdogan es tan venerado como para jugarse la vida por él. De hecho así lo hicieron quienes tomaron las calles de Ankara y Estambul.

La versión B, ¿lo orquestó el propio Erdogan para reforzar su poder?

En Turquía, la sociedad es muy dada a las teorías B. Hoy es el propio presidente el que no cesa de repetir a su pueblo los deseos que tienen los poderes exteriores por evitar el avance de Turquía. Esta psicosis, heredada del kemalismo, ahora podría volverse en su contra y dar cabida a múltiples teorías. La más extendida dice que el presidente goza de un mayor apoyo popular gracias al golpe de Estado, que todo es una estrategia para colocar a sus hombres cercanos en el Ejército, eliminar la influencia de Gülen y acercarse a su ansiado sistema presidencialista. Esto es exactamente lo que está sucediendo.

Entonces, ¿este caótico golpe de Estado fue obra del propio Erdogan? En los libros básicos sobre cómo hacerse con el poder por la fuerza aparece como destacado el control inmediato de los medios de comunicación. Los golpistas se hicieron sólo con la televisión pública TRT, desde donde emitieron un comunicado declarando la ley marcial. En el resto de medios, como CNN-Türk −desde el que Erdogan realizó su llamada a la resistencia popular−, los periodistas siguieron emitiendo sin restricciones. Lo más sorprendente fue que horas más tarde, cuando la asonada daba sus últimos coletazos, los militares se hicieron con el efímero control de CNN-Türk, Kanal D o la agencia DHA. Vamos, una descoordinación impropia de unos militares entre los que supuestamente se encontraban dos de los cuatro máximos cargos de las fuerzas terrestres, el asistente militar del presidente turco desde el pasado agosto y el ex comandante de la Fuerza Aérea, Akin Öztürk, señalado como uno de los principales instigadores.

Mete Yarar, analista de seguridad y ex comandante, aseguró en CNN-Türk que “los que se encontraban en la tentativa del golpe de Estado no eran soldados”. Según Reuters, Johannes Hahn, comisario de la Unión Europea para el proceso de adhesión turco, consideró que la celeridad en los arrestos indica que el Gobierno preparó la lista de antemano. Además, como afirmación explosiva, fuente militar citada por misma agencia relató que “al menos dos F-16 acosaron al avión de Erdogan mientras estaba en el aire camino de Estambul. Apagaron los radares de su avión y de los otros dos F-16 que le protegían. Por qué no abrieron fuego es un misterio”.

Estos extraños movimientos y los que aún quedan por ver la luz vaticinan unas semanas cargadas de especulaciones. La más importante, al menos a nivel geopolítico, la lanzó un diputado del AKP que acusó a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado. Esas palabras se podrían poner en boca del presidente, quien controla cada rincón del partido y no dejaría al azar esta declaración. Los estadounidenses, por supuesto, lo rechazaron, pero en su historial tienen una dilatada tradición de apoyo a militares golpistas, como ya sucedió en Turquía en 1980 cuando secundaron el levantamiento de Kenan Evren.

Las consecuencias

El fallido golpe de Estado promete enturbiar las tensas relaciones entre EE UU y Turquía, ya afectadas por la guerra siria. La principal razón del conflicto es el lugar de residencia de Gülen, Pensilvania. Hay quien especula con que el clérigo trabaja para Estados Unidos. Todo puede ser cierto o una farsa. Esto es Anatolia, tierra de conspiraciones. Pero por el momento Erdogan se conforma con la extradición de Gülen. Washington ha respondido que para eso hacen faltan pruebas, complejas de juntar porque los gülenistas no llevan carnés de simpatizantes.

Además, EE UU tendrá que hacer uso de la retórica. Los estadounidenses intuyen que el Gobierno islamista podría entorpecer algunos de sus misiones en Turquía. El primer paso, coherente tras un golpe de Estado, fue el cierre temporal de la base aérea de Incirlik, esencial para EE UU en su lucha contra Daesh. Esta medida se podría alargar, o Turquía podría volver a abrazar a Rusia, intercambiando en un mes las casillas de amigos y enemigos.

Seguidores del presidente Erdogan se manifiestan en contra del Golpe de Estado en Turquía. (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

Pero será Turquía y su pueblo quienes vuelvan a pagar la mayor factura. La sociedad está polarizada, hoy aún más que el día anterior a la asonada. Pese a que todos los grupos políticos del Parlamento condenaron la asonada, las muestras de apoyo a Erdogan vinieron de los islamistas convencidos, de los jóvenes militantes del partido. Ni kurdos ni kemalistas, amedrentados ante las turbas, salieron a la calle a celebrar las marchas por la unión, que al final resultó ser más parecido a un mitin electoral: repartían agua, las banderas eran idénticas, los grupos estaban orquestados −no eran personas aisladas− y los gritos más usados ensalzaban a Erdogan y a Alá.

Estas muestras de apoyo podrían continuar durante días. El domingo, el presidente instó a sus seguidores a tomar las plazas públicas como ya lo hicieron el primer día: “Esta no es una situación para descansar. No abandonaremos las plazas. No es sólo una operación de 12 horas. Continuaremos con determinación”. Esto puede suponer a la larga un problema, un error de cálculo que podría incendiar las calles de Anatolia. Las turbas islamistas están desatadas, provocando a quienes no congenien con sus ideas. En Estambul o Malatya grupos alevíes fueron atacados o insultados por los seguidores de Erdogan. El movimiento de extrema izquierda DHKP-C, considerado como terrorista por el Gobierno, llamó a continuar la resistencia contra el presidente. Esto desembocó en enfrentamiento en varios barrios de Estambul. También varias sedes kurdas fueron atacadas durante las manifestaciones. De momento la situación es estable para los estándares locales, pero en Turquía todo explota de golpe.

A todo esto se une la petición de restaurar la pena de muerte, que los seguidores de Erdogan llevan reclamando desde hace 48 horas. Quieren colgar a los golpistas. Y el presidente, en lugar de calmar la tensa coyuntura, aseguró que “en las democracias, las demandas de la gente no pueden ser ignoradas. Las demandas son debatidas en las instituciones y haremos todo lo que sea necesario”. Por lo tanto, lo más probable es que el debate sobre la pena de muerte vuelva Turquía, que no la aplica desde 1984 y la abolió en 2004 como requisito para el proceso de adhesión a la UE.

Andrew Gardner, analista en Turquía para Amnistía Internacional, mostró su preocupación al decir en las redes sociales que “Turquía se ha unido para defender los derechos contra una supuesta junta −militar−. Volver a la pena de muerte y reprimir a los disidentes sería el final de esta victoria”. Este paso sería la puntilla que hunda las aspiraciones turcas para acceder a la UE. Aunque en Anatolia nadie confía en un proceso del que son rechazados por su componente musulmán. Pero puede que Erdogan esté jugando con la coyuntura, y una vez se aproxime el momento decisivo deje de lado la pena de muerte, un peligro para sí mismo viendo como acabó otro polémico líder: Adnan Menderes, ahorcado tras el levantamiento militar de 1960.

El fallido golpe de Estado ha dejado 290 muertos y más de un millar de heridos. La purga, lógica tras una asonada, ha provocado la detención de 2.839 militares y 2.745 jueces y fiscales. La comunidad internacional está preocupada por la más que probable caza de brujas, que de hecho ya comenzó hace dos años, aunque desde la noche de 15 de julio todo irá más rápido, con un Erdogan robando tiempo a sus rivales.

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Fuerzas del Gobierno sirio ondean una bandera en la provincia de Daara. STR/AFP/Getty Images

El federalismo podría ser la última opción que le quede a una Siria postconflicto. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de este modelo?

Uno de los debates que con mayor intensidad se vivirá en Oriente Medio una vez que Raqqa, la actual capital del Califato, sea liberada, girará sin lugar a dudas en torno a la cuestión kurda y al modelo federal que ésta parece implicar. La idea fue lanzada por el Viceministro ruso de Asuntos Exteriores hace unas semanas, antes del inicio de una nueva ronda de negociaciones de paz en Ginebra. Algunos expertos como el historiador James Barr consideran que una solución federal podría ayudar a resolver un conflicto, recién entrado en su sexto año con cifras récord de muertos, heridos, desaparecidos, desplazados y refugiados. En vista del rechazo de una mayoría de sirios y varios actores internacionales frente a una recién anunciada solución federal, todo indica que se avecina una nueva crisis en Siria, con un futuro ya plagado de disyuntivas.

No hay que olvidar que Siria es un país hasta ahora extensamente centralizado, pero enormemente rico desde el punto de vista de la diversidad étnico-religiosa. Aunque la mayoría de la población es musulmana suní, cuenta con dos importantes minorías: los alauíes y los kurdos. Además, hay una minoría cristiana desperdigada -lo que queda de ella- por todo el país, una asiria y otra drusa concentrada principalmente en la provincia de Soueïda al sur. Sin embargo, el nacionalismo kurdo y otro tipo de confesionalismos son considerados movimientos recientes, algo lógico si se tiene en cuenta la inspiración panárabe del partido baazista en el poder y el sentimiento patriótico que reina en no desdeñables porciones de la población. El sentimiento de identidad kurda se vio enormemente impulsado tras los enfrentamientos de marzo de 2004 entre kurdos y árabes durante un partido de fútbol en la ciudad de Qamishli. Este comunitarismo sigue de hecho siendo menos pronunciado que en Irak o en Turquía.

Antes de 2011, Siria era un país relativamente heterogéneo en muchos de sus territorios: varias comunidades étnicas y/o religiosas se han visto obligadas a desplazarse y concentrarse con los suyos a lo largo del conflicto. Siria se encuentra en la actualidad dividido de facto entre varias zonas de influencia: grosso modo, el noreste dominado por milicias kurdas, el norte en manos de una oposición suní, la región costera y el sur en manos del régimen alauí (lo que ellos denominan la “Siria útil”), el centro controlado por el Estado Islámico. El régimen tiene todavía la esperanza de reconquistar la totalidad del territorio sirio y ningún interés, diríase, en compartir el poder. La oposición oficial siria, representada por el Alto Comité de Negociaciones, considera que la unidad del país es una línea roja, ya que la idea de una federación representaría el preludio de una división de Siria. Ambos contrincantes están de acuerdo en un único punto: su aversión a un sistema federal.

La chispa: Rojava

Los kurdos sirios se han erigido en bastión vital contra Daesh. Representan el segundo mayor grupo del país, con más de 2,5 millones de individuos -15% de la población- y, desde hace meses e incluso años, declaran ansiar la conquista de sus derechos nacionales en un país devastado por la guerra. Bajo el régimen del Partido Baaz, fueron víctimas de diversas formas de discriminación. Hoy, la oposición siria no ha sido capaz de satisfacer sus demandas, que giran principalmente en torno a las ideas de mayor autonomía y federalismo.

Cuando las fuerzas del régimen se retiraron de las áreas dominada por los kurdos en el norte y noreste de Siria en el verano de 2012 y el Partido de la Unión Democrática (PYD), organización de izquierda nacionalista marxista considerada como una rama ideológica del Partido de los Trabajadores del Kurdistán con sede en Turquía (PKK), se hizo cargo, se les dio a sus habitantes la oportunidad de autogestionarse en cantones autónomos en tres áreas  -Afrin, Ain Arab/Kobani y Jazira- bajo una alianza entre las fuerzas árabes y cristianas y los partidos kurdos en una entidad de nombre Rojava. Fueron creados unidades militares (en particular las Unidades de Protección Popular conocidas por el acrónimo kurdo YPJ), una policía específica y consejos locales que proporcionan servicios públicos esenciales. El año pasado fueron elegidas democráticamente (aunque con inconsistencias e imperfecciones) las autoridades de cada consejo provincial. Se ha ido asimismo dando forma a estructuras federales: asambleas populares en los lugares donde los kurdos son mayoría y asambleas constituyentes (consejos de ancianos) en otros lugares.

El pasado 17 de marzo, el PYD proclamó la puesta en marcha en un plazo de seis meses de un sistema federal democrático en la región de Rojava y Norte de Siria (un “Norte de Siria” que nunca ha existido realmente y simboliza una idea desprovista de contenido identitario). La nueva entidad tendría una población de alrededor de cuatro millones e incorporaría como cantones las tres zonas que hoy componen Rojava, además de a Tell Abyad y áreas en la provincia norteña de Aleppo que han sido recapturadas por las fuerzas kurdas. Fue una declaración súbita por parte de los kurdos sirios, que hasta entonces promovían un modelo cantonal que incorporara a grupos étnicos y religiosos diversos. El líder del PYD, Salih Muslim, declaró que la nueva región se basaría “no en la geografía, sino en la demografía”. La comunidad kurda se encuentra, sin embargo, dividida sobre cuál debe ser el camino a seguir en esta fase crítica de su larga historia. Cabe señalar que muchos partidos kurdos no asistieron a la conferencia de Rmeilan, como fue el caso del Consejo Nacional Kurdo y del Partido Progresista Democrático Kurdo.

Los kurdos han litigado durante mucho tiempo sobre el concepto de “autonomía democrática” formulado por el líder del PKK, Abdulá Ocalan, un tema poco familiar para los árabes de esos territorios. Se presentan signos preocupantes de resistencia tribal árabe colectiva al avance federal kurdo. Las poblaciones locales en el noreste de Siria también recelan del proyecto nacionalista del PYD, en particular tras los incidentes documentados por Amnistía Internacional de demolición de viviendas y desplazamiento forzado de familias árabes a manos de milicias kurdas. De hecho se han multiplicado estos meses las denuncias de limpieza étnica en algunas regiones, no sólo a manos de los kurdos frente a los árabes, sino también en aquellas que comparten frontera con Líbano, donde Hezbolá ha arremetido contra los suníes.

Los kurdos han decidido no insistir en incluir los lugares en los que el PYD no tenga asegurado el control. Es por esto que si Raqqa es liberada, podría pasar a formar parte de una entidad federal independiente. Lo mismo ocurre con El Bab, Menbic y Azaz, donde los kurdos son minoría. Son conscientes de que cualquier intento por parte del PYD de imponer su dominio sobre zonas con mayoría árabe y turcomana iría en su contra. A ésta se unen muchas otras cuestiones complejas, tales como el procedimiento para delimitar las fronteras, la estructura de la administración pública, las cuotas para grupos étnicos y las reglas que dominarán las relaciones entre las diferentes áreas.

¿Federalismo en Siria?

La exclusión del PYD de las conversaciones de Ginebra es en gran parte la culpable de la declaración unilateral del grupo. La decisión fue además anunciada al mismo tiempo que la aquiescencia de Rusia a una solución federal si los sirios así lo deciden y de la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de retirar algunas tropas del país. De hecho, la reducción de las fuerzas rusas parecía confirmar que el que el régimen sirio recuperará el control de la totalidad del territorio no era el objetivo primordial de Putin. Un sistema federal representaría una forma de mantener a Bashar al Assad en el poder a cambio de delegar ciertas facultades en otros grupos partiendo el país de acuerdo con criterios étnico-religiosos.

Todo indica que la solución federal pasará a ser un nuevo punto en la agenda de las negociaciones de Ginebra. A pesar de que el federalismo es percibido como una manera de estabilizar la nación, dando a cada parte en conflicto (con exclusión de los extremistas) un pedazo del pastel, Estados Unidos se conforma con una mayor autonomía y ha declarado que no reconocerá la federación. Los kurdos sirios desoyen asimismo las amenazas de Turquía, el actor que se opone con mayor vehemencia a que Siria se vea dividida. La objeción de Ankara se centra más en que ni PYD ni YPG aumenten su influencia que en prevenir la creación de una entidad kurda.

El Presidente iraní. Hassan Rohaní, ha defendido la unidad de Siria. El Consejo de Cooperación del Golfo también emitió una declaración a este efecto. Para Irán, Turquía y los países del Golfo, el federalismo es una forma de dar autonomía a grupos minoritarios que establecería un precedente inaceptable para demandas similares en sus propios países o patios traseros. El federalismo se ha convertido en un concepto tabú en el mundo árabe. La ideología dominante de regímenes autoritarios obliga a luchar contra toda forma de diversidad en beneficio de un poder fuerte y represivo dominado por un solo partido/una sola familia. A nivel de creencias populares, federalismo significa partición y desintegración. Todo ello a pesar de que tanto Ankara como Teherán se mostraron de acuerdo con la idea de crear una federación en Irak tras la ocupación en 2003.

Las recientes victorias sobre Daesh no han sido a manos de soldados sirios, sino de combatientes rusos, libaneses, iraquíes e iraníes. ¿Acaso es el régimen capaz de controlar vastas porciones de territorio? Un sistema federal parece una opción plausible para el caso de Siria, ya que ayudaría a proteger a las comunidades étnico-religiosas del país y conservar intactas las actuales fronteras de Siria. El modelo a seguir sería el impuesto por la comunidad internacional con los Acuerdos de Dayton de 1995 a Bosnia Herzegovina, un modelo de partición suave, un acuerdo confederal en el que el poder ejecutivo y la seguridad recaen principalmente sobre las regiones, sometidas a un gobierno central relativamente débil. La clave consistiría en mantener un equilibrio político que garantice los derechos de todos los ciudadanos sirios por un lado y, por el otro, limite la influencia de varias potencias regionales como Turquía, Irán o Arabia Saudí.

Este prototipo sin embargo plantea a su vez una multitud de problemas relativos a la demografía: ¿cuál será en un Estado federal el destino de los kurdos y alauíes en Damasco y Alepo? ¿No están los cristianos demasiado dispersos como para constituir una entidad autónoma? ¿No tendrían los drusos dificultades para establecer una región autónoma en el Jabal druso, un pequeño territorio mediterráneo falto de recursos? Los críticos de tal modelo dudan que la paz a largo plazo sea posible dando validez e incluso reforzando las divisiones sectarias. Las identidades también se verían reforzadas, ahondando en los temores de los turcos frente a una futura independencia kurda. De hecho, algunas comunidades verían en la secesión una opción plausible en caso de que no se satisfagan sus demandas. La creación de un Estado alauí que tuviera como principales aliados a Irán, Rusia y Hezbolá alimentaria los rumores de una Corea del Norte en la región. Sin llegar tan lejos, si se opta por un modelo inadecuado, los derechos de las minorías pueden verse debilitados, e incluso pueden llegarse a espolear las pulsiones prolimpieza étnica.

Siguiendo el modelo bosnio (tanto sus aciertos como insuficiencias), un acuerdo de paz que establezca una federación siria debería referirse al menos a varios elementos. Tendría que dar prioridad a la creación de estructuras de gobierno y fuerzas de seguridad para cada región, condicionando la ayuda extranjera al mantenimiento de la estabilidad. También sería prioritaria la aprobación de una Constitución que garantice un derecho de veto a las comunidades en lo que a sus intereses fundamentales respecte. Incluiría desplegar una misión internacional de mantenimiento de la paz en las zonas más inestables, las principales ciudades -sobre todo si en éstas las comunidades están entremezcladas- y a lo largo de las fronteras interiores. Dividiría el país en al menos cuatro regiones: una región kurda en el Norte, una en la costa donde cohabiten alauíes y cristianos, una región árabe suní en el centro y Este, y una zona compartida -donde radique la capital- que incluya los principales núcleos urbanos, de los que se respete su composición cosmopolita. Facilitaría los desplazamientos seguros y acogida de población en caso de que éstos sean necesarios. Diseñaría mecanismos viables para proteger los derechos -económicos, sociales y religiosos- de las minorías en todo el país.

Lo verdaderamente importante

Gabriel Garroum Pla, politólogo especializado en Oriente Medio por SOAS, lo tiene claro: “el federalismo no es la desintegración de la idea de Siria como Estado, sino su necesaria articulación para que éste exista después del conflicto”. Barah Mikaïl, director de Stractegia y profesor asociado en la Universidad Saint Louis en Madrid, sin embargo, opina que “ninguna forma de federalismo puede contribuir a difundir una solución sostenible en Siria, ya que las lógicas de enfrentamiento son políticas antes que comunitarias”. De hecho, Mikaïl prevé una “suerte de federación dentro del territorio sirio”, pero no una federalización de Siria en su totalidad.

Independientemente de los pros y los contras del federalismo, sólo los sirios podrán tomar la decisión de continuar o no por este camino. Y sólo ellos serán capaces de permitir que la diplomacia alcance su máximo exponente. Al fin y al cabo, el federalismo es una forma de unidad basada en nuevos cimientos. En cualquier caso, el proceso de paz deberá basarse sobre bases sólidas que permitan garantizar la seguridad y la estabilidad a través de un sistema político capaz de organizar la diversidad y construir fuertes vínculos entre las diferentes comunidades étnico-religiosas, los ciudadanos y su Estado, respetando los derechos fundamentales de todos y cada uno de ellos.

Suponiendo que se ponga fin al conflicto y que Bashar al Assad acepte abandonar el poder, estos más de cinco años de guerra han dejado tras de sí profundas fracturas entre los sirios. No sólo será necesario recuperar la confianza entre ellos, sino también eliminar el odio y el miedo entre comunidades, que se han convertido en la fuerza motriz de la violencia que arrasa el país desde 2011, e incluso antes. Lo mismo ocurre con el deseo de venganza tras más de 40 años de dominación del régimen alauí y años de guerra. Tan sólo la democracia, y el principio de igualdad para todos los ciudadanos de Siria, puede garantizar que los conflictos lleguen a su final. Al fin y al cabo, la alternativa no es sino una guerra prolongada en la que todas las comunidades pierden.

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