Llevo unos meses haciéndome eco de un fenómeno preocupante en las políticas laborales de las compañías aéreas, y no sólo de las denominadas de bajo coste: las plantillas trabajan desde hace años en unas condiciones tan precarias que se le quitan a una las ganas de tomar un vuelo en Europa

Esta semana, de hecho, vamos a recibir en el Parlamento Europeo a una delegación de pilotos y de personal de tripulación de cabina de Ryanair para conocer de primera mano los motivos por los que siguen barruntándose huelgas en la empresa en las semanas clave de las próximas Navidades. Resulta paradigmático el caso concreto de esta empresa, Ryanair, con la que todos estamos familiarizados y que, de alguna manera, ha contribuido a que nos acostumbremos a ver más pequeño el mapa de Europa. 

Muchos de sus pilotos y personal de tripulación de cabina en todo el continente se quejan de que a veces se los contrata como falsos autónomos y se les niega los derechos de representación sindical. 

El Gobierno alemán ha tenido que aprobar un decreto hace pocas semanas para obligar a Ryanair a aceptar la constitución de comités de empresa en sus centros de trabajo en dicho país. 

Pero lo más sorprendente —y esto es algo que yo misma no he sabido hasta hace poco tiempo— es que muchas de los trabajadores de la compañía están contratados en Irlanda y cotizan y contribuyen al erario y la seguridad social de la República de Irlanda, aunque habiten o trabajen corrientemente en otros países de la Unión Europea. 

Volando voy, volando vengo, y por el camino derechos pierdo

Para hacernos una idea, los trabajadores que están contratados en estas condiciones, por ejemplo, en caso de incapacidad por accidente laboral, tienen que recurrir a los tribunales médicos de Irlanda. En ocasiones, no se les concede el derecho a reducción de jornada por guarda legal de un menor o familiar enfermo a cargo. En caso de presentar una reclamación judicial por un despido improcedente o una vulneración de derechos fundamentales u otros, por poner otro ejemplo, se está obligado a recurrir a los tribunales irlandeses, corriendo por cuenta propia el traslado, estancia y abogado. 

Los trabajadores se ven obligados a ir a Dublín para dar cuenta de algo tan privado como las enfermedades medicalizadas. Podría darse el caso —si es que no se ha dado ya— de que trabajadoras que, estando de baja por habérsele tenido que practicar una interrupción anticipada de la gestación, sean enviadas a dar explicaciones a la empresa. 

Por descontado, si se está dado de alta en Irlanda, pero la base de operaciones es el aeropuerto de Cracovia o Palermo, lo normal es encontrarse con muchos obstáculos a la hora de tener acceso a un médico de la seguridad social, ya que en los Estados continentales se les trata como trabajadores desplazados. 

Es más, tener la cuenta corriente en Irlanda —pero no residir allí— resulta un impedimento para solicitar tarjetas de crédito y créditos en sí, o contratar hipotecas, tanto en Irlanda como en España, Bélgica, Portugal o Italia. 

Para colmo, el mínimo anual de días de vacaciones remuneradas en Irlanda es 20, mientras que muchos otros Estados miembro llega a los 30. 

Mirar hacia otro lado no es una opción

Es una realidad que nos lleva a pensar que los consumidores europeos de viajes en avión somos también ciudadanos y no debemos conformarnos con que nuestras vacaciones o nuestros viajes de trabajo a precios muy competitivos sean a costa de las condiciones laborales de tanta gente. Sólo en el aeropuerto de Sevilla, Ryanair tiene pensado tener contratados en 2019 a un total de 2.400 personas. 

La UE no puede seguir integrando un mercado común del transporte sin que a la vez se integren por arriba los derechos de los empleados y empleadas. 

Es cierto que, como muy tarde en 2022, la legislación comunitaria prevé que cesen estas situaciones de cotización en un país en el que no se reside. Sin embargo, mientras tanto, seguirán siendo las mismas personas las que carguen en sus espaldas con el peso de los beneficios que disfrutan los accionistas de empresas que hacen un abuso de poder sin complejos.

Las recientes elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes han dejado un escenario político muy abierto en Colombia, con una situación cercana al empate entre las opciones reaccionarias —próximas o directamente vinculadas al paramilitarismo—, el histórico Partido Conservador, la extrema derecha uribista y el heterogéneo bloque progresista y de centro, defensor de los acuerdos de paz, que logra, pese a todo, una mayoría muy ajustada.

Sin embargo, Colombia, como la mayoría de los países americanos se caracteriza por un sistema político fuertemente presidencialista y serán, por lo tanto, las elecciones presidenciales de mayo las que decidan qué rumbo toma finalmente el país.

De cara a la mencionada elección presidencial, los sectores más progresistas de la sociedad colombiana tienen un candidato claro: Gustavo Petro, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.

Su discurso se centra en cuatro grandes ejes: redistribución de la riqueza, regeneración democrática, desarrollo sostenible y construcción de una paz justa y duradera. La victoria de Petro no sólo abriría un tiempo esperanzador para uno de los países más desiguales y violentos de América sino que supondría además un revulsivo frente al avance de las fuerzas conservadoras en la región.

Para derrotar al sucesor de Álvaro Uribe, Iván Duque, candidato de las fuerzas más agresivas contra los acuerdos de paz, Petro necesita ensanchar su base social ganando apoyos entre quienes rechazando el uribismo se sienten menos identificados con la izquierda, y pueden fácilmente inclinarse por la tercera vía que aspira a representar el candidato Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.

Petro es, a día de hoy, uno de los aspirantes presidenciales más valorados en las encuestas, y el favorito de los jóvenes, pero se enfrenta al odio del poderoso establishment colombiano, que lo tacha de castro-chavista y lo presenta en los medios como una amenaza para la estabilidad y prosperidad de Colombia.

En un país donde el fraude electoral y el asesinato político continúan siendo prácticas habituales —según la Defensoría del Pueblo, cada tres días asesinan a un líder social en el país—, el atentado que sufrió el pasado 2 de marzo es una señal de que las élites colombianas no van a poner fácil la victoria de un candidato firmemente comprometido con la reducción de las desigualdades sociales, que apuesta por limitar los privilegios del 1% más rico y que sería la mayor esperanza para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

Ha tenido a bien este año el jurado de la Fundación Princesa de Asturias galardonar a la Unión Europea con el Premio de la Concordia; la excusa es el sexagésimo aniversario de la fundación del proyecto europeo. Sin embargo, el principal motivo es reforzar a una institución que, como todo el mundo sabe, atraviesa horas bajas y se enfrenta tras el Brexit a un futuro más incierto que nunca.

En esto hay que mencionar dos cosas. Por un lado, es lógico que una fundación en la que están representadas las grandes fortunas del IBEX35 decida dar un espaldarazo a otra institución amiga, la UE, que lleva años administrando la política continental en función de los intereses del 1% más rico.

Sin embargo, dado que la Fundación Princesa se nutre también de generosas aportaciones públicas, la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a criticar un premio que llega en un momento más inoportuno que nunca.

Después de 14.000 muertes en el Mediterráneo y de un vergonzoso acuerdo de deportación masiva a Turquía, Concordia y UE no deberían figurar en la misma frase.

Sin embargo, aún hay más, la UE se ha erigido en las últimas décadas como la gran guardiana de la ortodoxia neoliberal, imponiendo a los pueblos de Europa reformas laborales encaminadas a empeorar nuestras condiciones laborales o drásticas privatizaciones y recortes del Estado del Bienestar. En España, Portugal, y sobre todo Grecia, sabemos bien de lo que hablamos.

No nos cansamos de repetirlo. Seguimos apoyando la construcción europea, entendiendo esta como la creación de un gran espacio político y económico continental que apueste por la igualdad social, el empleo con derechos, el desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y la reducción de los desequilibrios regionales en el seno de Europa.

Desgraciadamente la idea de Europa que hoy tiene la Comisión es tan diferente de la nuestra, al parecer, como, por lo visto, la que la Fundación Princesa de Asturias tiene de lo que debería ser la Concordia.

Todos los días se toman decisiones políticas que afectan directamente a la vida de la gente. Tantas, que muchas pasan desapercibidas hasta que llegan las consecuencias. Dichas decisiones definen nítidamente las prioridades de quienes las promueven y las toman. El llamado Cuarto Paquete Ferroviario, que esta semana se ha votado y ha salido adelante en el Parlamento Europeo de Estrasburgo con el voto mayoritario de populares, socialistas y liberales europeos, es un claro ejemplo de ello.

En un contexto de paro desorbitado, precarización laboral y degradación de la condiciones de vida de la mayoría (casi un tercio de la población se encuentra en riesgo de exclusión social), se siguen tomando medidas cuya consecuencia es el desmantelamiento de los servicios públicos. Servicios que permiten reducir la creciente desigualdad satisfaciendo necesidades básicas de la ciudadanía, como la educación, la sanidad y el transporte, independientemente de sus ingresos.

Y el conjunto de directivas denominado Cuarto Paquete Ferroviario ahondará precisamente en esta línea: en la privatización del sector ferroviario al imponer la liberalización del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril.

En el caso del transporte, asistimos en estos días a la toma de decisiones basadas en unos criterios que, en nuestra opinión, no responden al sentido común, al interés general y al bienestar social.

Precisamente, en la Eurocámara luchamos contra este tipo de privatizaciones de los recursos y servicios públicos, como la que supondrá la aplicación del Cuarto Paquete Ferroviario.

La razón es bien sencilla de comprender: medidas como éstas nos alejan tanto de los objetivos del Libro Blanco de Transporte relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad como de una política de movilidad inclusiva; aquella que desarrolla un transporte público que ejerce la función de mecanismo de cohesión social y territorial.

Su obsesión por recortar el gasto público de forma indiscriminada para reducir el déficit acorde a los criterios macroeconómicos de una gestión económica sometida a intereses financieros privados y cada vez más lejos de las necesidades sociales, nos llevará a una involución también en la política de transporte: prevemos menos líneas de ferrocarril y más caras, lo que volverá a favorecer el transporte privado por carretera, ineficiente e insostenible.

Pero vayamos al grano: ¿qué repercusiones puede tener en la práctica el Cuarto Paquete Ferroviario? Afortunadamente, no hay que imaginar nada, ya tenemos el claro ejemplo de lo que hizo Reino Unido en 1993: privatizar completamente el ferrocarril.

A partir de entonces se multiplicaron los precios (al mismo tiempo que aumentaron, oh casualidad, los salarios de los ejecutivos de las compañías privatizadas), se deterioraron los servicios y los materiales afectando seriamente a la seguridad, las condiciones laborales de los trabajadores del sector empeoraron notablemente… Resultado: el desaguisado acabó costándole al Estado dos veces más que cuando era público y el gobierno laborista, ante tal desastre, decidió renacionalizar la infraestructura. ¿De verdad es necesario, con estos antecedentes, que la UE ponga sobre la mesa este Cuarto Paquete Ferroviario?

Entretanto, el Gobierno español continúa en su huida hacia adelante manteniendo su desastrosa política ferroviaria al invertir en alta velocidad con el mayor contrato de la historia de Renfe (valorado originalmente en más de 2.600 millones de euros) para la compra y mantenimiento de trenes que, si nos atenemos a los datos actuales, apenas tendrán viajeros.

El Gobierno nos recuerda a cada instante que España es el primer país en alta velocidad (en la ratio kilómetros por habitante) pero calla que es de los países que menos usuarios tiene. Se trata de una inversión ruinosa que como contrapartida tiene la desinversión en el tren convencional y de cercanías que, aunque es el que más necesita la mayoría de los ciudadanos, se está deteriorando a marchas forzadas o, directamente, desapareciendo.

Con parte de la inversión realizada en alta velocidad se podría haber modernizado la red convencional para disponer de una malla de tren de altas prestaciones, rápido, polivalente y mucho más económico.

Los principales economistas del transporte denuncian repetidamente la falta de estudios de viabilidad económica y social de los grandes proyectos de infraestructuras. Especialmente en el caso de la Alta Velocidad Española (AVE), que es un proyecto ruinoso tanto desde el punto de vista financiero como social.

No es difícil concluir que en España las grandes inversiones en infraestructuras de transporte no están orientadas a satisfacer las principales necesidades de movilidad de la ciudadanía sino las cuentas de resultados de las constructoras, siguiendo así la tradición de la connivencia entre las élites político-financieras para su (corrupto) beneficio.

¿Cuántos aeropuertos, puertos, autopistas y AVE, netamente deficitarios, si no ruinosos, tenemos?

La combinación de las decisiones tomadas por la UE (el Cuarto Paquete Ferroviario) y por el Gobierno español nos está conduciendo a un escenario en el que el Estado habrá invertido una cantidad ingente de dinero público (alrededor de 50.000 millones de euros) en una infraestructura y unos trenes que tendrá que alquilar a precio de saldo para que las compañías privadas accedan a los concursos.

De nuevo, la ciudadanía estará subvencionando, vía impuestos, los viajes de una ínfima minoría para que las grandes empresas puedan obtener beneficios después de degradar el servicio, las condiciones laborales y recortar una plantilla que ya hoy es una de las más escasas de Europa. ¿De verdad es éste el tren que necesitamos?

El proceso de paz sigue siendo enormemente vulnerable y está lejos de ser irreversible

En los últimos meses muchas organizaciones sociales llevan denunciado el rearme de organizaciones paramilitares que operan fundamentalmente en áreas rurales

Mientras en La Habana se negocia, en Colombia se sigue asesinando a defensores de los derechos humanos, líderes sociales y campesinos que reclaman el derecho a la tierra

La semana pasada siete ciudadanos colombianos recibieron amenazas de muerte por su compromiso con los derechos humanos. Entre ellos estaban David Flórez e Iván Cepeda, ambos integrantes del Frente Amplio por la Paz, que hace pocos días entregó el Segundo Informe de Veeduría al Cese Unilateral al Fuego Declarado por las FARC-EP a Todd Howland, representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Flórez y Cepeda recibieron una carta firmada por los Águilas Negras en la que se les amenazaba con que o abandonaban Bogotá o “serían hombres muertos”. No es una novedad: en lo que va de año se han contabilizado 332 amenazas.

Acabamos de regresar de Colombia los miembros de una delegación formada por parlamentarias y activistas sociales. Nuestro diagnóstico, después de recorrer Colombia acompañados por políticos de diferente signo, sindicalistas y defensores de derechos humanos, es palmario: el proceso de paz sigue siendo enormemente vulnerable y está lejos de ser irreversible. Por eso debemos de contribuir en todo lo posible a hacer que se dé una solución justa a este interminable conflicto.

Mientras en La Habana se negocia, en Colombia se sigue asesinando a defensores de los derechos humanos, líderes sociales, campesinos que reclaman el derecho a la tierra o ecologistas que defienden el medioambiente, el territorio y los recursos naturales de las comunidades frente al impulso depredador de varias multinacionales.

Colombia vive desde hace décadas una de las guerras más largas y crueles del planeta que para desgracia de quienes la sufren es también una de las menos conocidas y más silenciadas.

En estos días en los que el enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, inicia su tercera visita para conocer los avances que se han producido en el proceso de paz, es el momento de consolidar la paz y para eso es necesario que aquellos países que, como España, venden armas a Colombia, dejen de hacerlo.

La UE se ha mostrado renuente a adoptar una posición fuerte a lo largo de las negociaciones adoptando un papel secundario mientras que durante el año 2015 fueron agredidas 682 personas por grupos paramilitares vinculados a las empresas multinacionales, a grandes propietarios agrícolas o directamente al Estado colombiano. En total, 63 de ellas terminaron siendo asesinadas y otras tres desaparecieron.

Una escalada de violencia que parece continuar en paralelo a las negociaciones de paz: en el primer trimestre del 2016 se ha asesinado a 45 personas.Y es que en los últimos meses muchas organizaciones sociales y de la sociedad civil llevan denunciado el rearme de organizaciones paramilitares que operan fundamentalmente en áreas rurales.

España puede y debe ejercer un papel de liderazgo internacional en favor del proceso de paz colombiano mediante el apoyo a las organizaciones y a los activistas que trabajan allí por el cumplimiento de los derechos humanos así como vigilando el comportamiento ético de sus empresas y sus relaciones comerciales con Colombia, y, por supuesto, defendiendo en el seno de la UE el compromiso de las instituciones europeas con una paz que sólo será duradera si va acompañada de más justicia social, más democracia y un modelo de desarrollo más igualitario y respetuoso con el medio ambiente.

Debemos apostar por una paz que establezca una nueva etapa de convivencia en Colombia y en dónde las amenazas, los asesinatos y las desapariciones no tengan cabida.

La semana pasada Holanda asumió la presidencia semestral de la Unión Europea. El liberal Mark Rutte será de aquí al verano el presidente de turno de una Europa que no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, el discurso del primer ministro holandés en el Parlamento Europeo ha dejado claro que la continuidad con las políticas llevadas a cabo desde el inicio de la crisis económica será la tónica de su presidencia. Más allá de que el cargo de presidente de turno de la UE no deja de ser algo más simbólico que efectivo, Rutte no ha querido hacer ningún guiño a otra idea de Europa, y ha defendido la ortodoxia en materia económica, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos así como la eliminación de todas aquellas normativas nacionales que dificultan el desarrollo del mercado único. Sus alusiones a la crisis de los refugiados sirios han sido bastante preocupantes, señalando que Europa debe poner ya un límite a la acogida de las familias que escapan de la guerra en Oriente Medio. En Holanda, como en otros países europeos, el ascenso de la extrema derecha está empujando a los partidos de Gobierno a radicalizar su discurso anti inmigración para evitar la fuga de votos hacia las opciones nacionalistas xenófobas.

Tenemos pues una nueva presidencia de la Unión Europea, pero todos los viejos problemas de Europa intactos. El euroescepticismo se sigue tratando como si fuera un fenómeno atmosférico y no algo íntimamente relacionado con la gestión antisocial de la crisis. El proyecto europeo va a enfrentarse en los próximos años a una disyuntiva: o se impulsa a un cambio hacia una Europa social y democrática, una Europa que persiga la cohesión y el bienestar social, o corremos el riesgo de que las opciones euroescépticas canalicen la frustración de capas sociales empobrecidas y golpeadas por la nefasta gestión de la crisis, para quienes no se está proyectando una solución ni a corto ni a medio plazo. Ojo, porque en Gran Bretaña el UKIP ya ha logrado forzar el referéndum sobre la permanencia en la UE, y en Francia el Frente Nacional toca la melodía que baila cada vez más la gran coalición.

Para que el proyecto europeo vuelva a seducir necesita reformarse en un sentido más democrático y popular. Necesita volver a ser sinónimo de bienestar y derechos, en lugar de austericidio y recortes. La democratización del Banco Central Europeo y su puesta al servicio de una economía verde y que cree empleo de calidad y utilidad social, la paralización del TTIP, el incremento de los fondos destinados a fomentar la solidaridad entre las regiones más prósperas y las más deprimidas para una convergencia en derechos sociales, la defensa de la agricultura y la ganadería campesinas, o la reestructuración de la impagable deuda del sur de Europa, son elementos esenciales para esa reforma de Europa. Los socialistas europeos deben ahora decidir si se convierten en parte de la solución o si permanecen aferrados a las fuerzas políticas y económicas que están propiciando esta involución en nuestro continente.

"Europa debiera dejar de vender armas a Colombia y revisar las cláusulas leoninas del Tratado de Libre Comercio suscrito hace un año, el cual que agrava la pobreza masiva, la exclusión y la violencia social", afirman los autores

Colombia busca la paz, necesita la justicia social, y Europa puede ayudarle. Medio siglo de conflicto armado interno ha dejado un panorama desolador, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y un enorme incremento de la desigualdad social. Además, la guerra colombiana es una fuente de inestabilidad para América del Sur. Estos escenarios pueden y deben ser superados.

Las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colombia no han sido casuales o caprichosas. Han sido funcionales a los grandes proyectos de inversión. Empresas autóctonas y multinacionales extranjeras pudieron aumentar sus beneficios gracias al disciplinamiento de la mano de obra mediante la represión a las organizaciones de trabajadores y el asesinato sistemático de más de 3.000 sindicalistas.

Grandes proyectos mineros y energéticos se han beneficiado del desplazamiento masivo y violento de 6 millones de campesinos e indígenas forzados a abandonar sus fincas y sus territorios ancestrales. En estos espacios posteriormente se han desarrollado enormes agronegocios, como las grandes plantaciones de palma, presas, infraestructuras y minería en gran escala.

Hoy el estado de derecho colombiano está en entredicho, tal y como han puesto de relieve once condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras la responsabilidad de los agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad se diluye en los tribunales militares, una maraña legal mantiene en las cárceles, sin juicio por más de dos años, a miles de personas acusadas de delitos políticos, en su mayoría opositores del bipartidismo, defensores de los derechos humanos y luchadores contra el expolio de las grandes empresas y los latifundistas.

Los enormes costos de la guerra han lastrado hasta hoy el desarrollo económico y humano de Colombia. Más de 30 millones de euros diarios que podrían haberse empleado en realizar la reforma agraria y mejorar el acceso de la mayoría de la población a la vivienda, la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico.

A pesar de la dinámica de medio siglo de confrontación armada y de oposición al proceso de paz por parte de los sectores de la extrema derecha política y castrense, la esperanza de Colombia va forjándose sobre bases sólidas. El Gobierno ha reconocido por fin que existe un conflicto armado interno y avanza en las conversaciones con las FARC-EP en La Habana. Se discute el cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades, abriendo paso al cese definitivo de la violencia. Es por lo tanto un buen momento para que la Unión Europea apoye el final del conflicto armado en Colombia, estimule la iniciación de los diálogos con el ELN y con el EPL, apoye a las víctimas en sus reclamos de verdad, justicia y reparación, y se disponga a apoyar el periodo de posconflicto. En esa perspectiva, Europa debiera dejar de vender armas a Colombia y revisar las cláusulas leoninas del Tratado de Libre Comercio suscrito hace un año, el cual que agrava la pobreza masiva, la exclusión y la violencia social.

Esos pasos estarían en sintonía con el esfuerzo solidario de regiones europeas como Asturias, que acoge desde hace década y media a sindicalistas y defensores de los derechos humanos amenazados de muerte en Colombia. No pedimos nada imposible. Simplemente ser coherentes con los pronunciamientos del Consejo y de la Comisión Europea expresados el año pasado en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que valoraron la paz de Colombia como un elemento imprescindible para la estabilidad y la prosperidad de América Latina.

En Podemos nos gusta el tren. Se trata de la forma de comunicación de personas y mercancías más segura, eficiente desde el punto de vista del consumo de energía y que también más ahorra otro tipo de impactos ambientales como la contaminación acústica, la ocupación de suelo y el efecto barrera que producen las autopistas, las autovías y el tren de alta velocidad. Europa necesita una buena red ferroviaria para descongestionar el tráfico por carretera y combatir el calentamiento global. Apostar por el ferrocarril público es apostar por una sociedad con futuro. Por eso los países líderes de la UE, Alemania y Francia son también los que hoy más tenazmente se oponen a los vientos privatizadores de una Comisión Europea empeñada en alentarlos por medio de la Directiva 2012/34, actualmente en discusión. Al contrario que en España, donde tanto PP como PSOE han coincidido en la aplicación de medidas privatizadoras del ferrocarril público, los gobernantes alemanes y franceses han coincidido en ser mucho más reticentes a dejar en manos del mercado una red de transporte estratégica para el desarrollo económico sostenible, el bienestar social y la cohesión territorial. Tanto SNCF en Francia como DB en Alemania son empresas con un gran desarrollo tecnológico y que se encuentran muy bien valoradas por la opinión pública de sus respectivos países.

En contraposición con el modelo de gestión pública y eficiente del ferrocarril en Francia y Alemania, tanto PP como PSOE han apostado por el nefasto y desfasado modelo de Thatcher en Gran Bretaña, minando paulatinamente Renfe, subdividida ahora en seis empresas distintas, privatizando servicios y patrimonio y abandonando a su suerte al ferrocarril convencional y las líneas de cercanías. Si no han podido ir todo lo lejos que en su día fue la Dama de Hierro es porque aún no han tenido tiempo.

En lugar de apostar por un tren público rápido, seguro, eficiente, de calidad y accesible a todos los bolsillos, simplemente mejorando la red ya existente, los dos grandes partidos han venido poniendo el grueso de las inversiones públicas (76.000 millones de euros entre 1992 y 2012) en financiar una costosísima red de Alta Velocidad que en muchos casos era innecesaria excepto para las grandes empresas constructoras, grandes beneficiarias de esta ingente inyección de capital público. Las mismas que ahora están esperando a quedarse con las líneas más rentables.

Desde Podemos vamos a dar la batalla en el Parlamento Europeo por un ferrocarril que cumpla su función social y económica, evitando una privatización a la carta, en la que las grandes empresas se queden con lo rentable y dejen al Estado lo deficitario, en la que se deterioren la seguridad de los viajeros, las condiciones laborales de los trabajadores ferroviarios y se margine a las zonas rurales, cada vez con menos y peores servicios, y a las personas que viajamos con presupuestos más ajustados, los que nos movemos en cercanías y líneas convencionales de tren. Que no cuenten con nuestro voto para sacar adelante una Directiva que supone un grave retroceso para el futuro de los pueblos de Europa.