Debemos lograr una reforma de la Constitución que sume, no que reste; que sea solidaria, participativa y que busque el bien colectivo

El otro día, mientras tomaba un café en la estación antes de coger un tren, no pude evitar escuchar la conversación de dos jóvenes que estaban junto a mí en la barra. Uno de ellos le contaba al otro que se había apuntado a una academia para prepararse con tiempo unas oposiciones, no sé para qué puesto. Le parecía mejor que estudiar por su cuenta y sus padres le echaban una mano con las mensualidades. Le contaba al colega que lo que llevaba peor hasta el momento era estudiar la Constitución, que era “un ladrillo”. Estuve tentado de darme la vuelta y darle algún consejo a aquel muchacho. Al final no le dije nada, pero su comentario me acompañó durante el viaje.

Me di cuenta de que debería haberle preguntado por qué le parecía “un ladrillo”, ¿qué quería decir con esa expresión que no sonaba muy positiva? Es evidente que no se refería a su peso físico… Para aquel joven, la Constitución era un texto con el que ni conectaba ni se identificaba, pese a llevar, negro sobre blanco, los principios fundamentales por los que se rige nuestro país y también su propia vida y que todos debemos conocer para poder exigirlos y defenderlos.

Los socialistas lo venimos diciendo desde hace tiempo: tenemos que reformar la Constitución, entre otras cosas para adaptarla a los nuevos tiempos que vive nuestra sociedad, para corresponder a sus anhelos, que son diferentes a los de 1978. Hemos vivido muchísimos cambios en 38 años y debemos revitalizarla. Los humanos cumplimos años, aparecen las 'goteras' y tenemos que mejorar hábitos. Debemos hacer eso por ella, hay que mejorarle el tejado y reforzar sus cimientos y, como hace casi cuatro décadas, tiene que ser entre todos.

Desde el Partido Socialista llevamos años diciendo, a quien nos quiera escuchar, que tenemos que sentarnos, hablar, dialogar, consensuar una reforma constitucional que abarque tanto la parte social, como la política y la territorial. Tenemos que hacerlo entre todos, como la primera vez. En aquel momento se superaron muchas cosas que nos separaban y ahora debemos hacer el mismo ejercicio: salir de las respectivas zonas de confort que nos ponemos los partidos y hacer participar a la sociedad de lo enriquecedor que resulta el diálogo entre diferentes, pero que tienen un objetivo común para nuestra sociedad: lograr una reforma que sume, no que reste; que sea solidaria, participativa y que busque el bien colectivo.

Incluir y no excluir; amparar y no desamparar; permitir y no prohibir deben ser los verbos bajo los que debemos reunirnos para hacer de esta legislatura el ejemplo de que somos capaces de entendernos porque compartimos metas.

Este año, desde el Partido Socialista dedicamos el manifiesto conmemorativo precisamente a recordar que, gracias a la Constitución, se han garantizado los derechos y libertades, nuestro Estado social y la descentralización política con un satisfactorio resultado de convivencia e incremento del bienestar de los ciudadanos como nunca antes había vivido este país.

Recordamos también que la mitad de la población de nuestro país no participó en el referéndum de 1978. Muchos, como el joven de las oposiciones, ni siquiera habían nacido, pero viven en una España más rica, integrada en Europa y en el mundo y en las nuevas formas de comunicarse. Los españoles son ahora más plurales y tenemos que alentar sus ganas de participar y exigir un funcionamiento más eficaz de nuestras instituciones y el respeto a sus derechos y libertades.

Al igual que nuestro médico nos recomienda caminar más y usar menos el coche cuando tenemos el colesterol alto, los socialistas deseamos que otros partidos abandonen el inmovilismo y esas torres de cristal que les impiden dialogar con los que no piensan como ellos. Por mucho que se resistan son conscientes de que ha llegado el momento de reformar la Constitución. Nosotros demostramos nuestra generosidad cada día. Estamos dispuestos al diálogo y a tender puentes en vez de levantar muros, como explicamos en nuestro manifiesto. Y tenemos claro que lo queremos hacer con ilusión y esperanza, que es como abordamos siempre todos nuestros cometidos.

Nuestro querido país tiene retos muy importantes que abordar: la cohesión y la diversidad de los territorios, la modernización de nuestra economía, la lucha contra la desigualdad y las injusticias con ambiciosas políticas redistributivas, el envejecimiento de la población, etc., todo ello dentro de la Unión Europea, puesto que sin la dimensión europea, ante la extensión de la globalización,  no se podrá responder eficazmente a dichos retos. Para que los ciudadanos tomen el control necesitamos más Europa, otra Europa.

A los partidos políticos nos toca sacar los apuntes, los rotuladores de colores y las ganas de hacer trabajo en grupo.

Y buena suerte al joven opositor.

"Las desigualdades se corregirán, fundamentalmente, a partir de un crecimiento que permita crear empleo más productivo y de calidad. Pero además necesitamos una política fiscal que contribuya a la redistribución de la renta", afirma el autor

El principal objetivo político de nuestro país es construir una sociedad próspera y justa. Por consiguiente, el gran reto tiene que ser acabar con la desigualdad. Para lograr esos objetivos, el primordial problema que tiene la economía española es la dificultad para crecer de manera sólida y generar empleo productivo y de calidad. Desde el punto de vista político y económico, el debate se tiene que centrar en la puesta en marcha de una estrategia de crecimiento de futuro que permita crear empleo de calidad.

Como punto de partida, hay que entender que la globalización se ha convertido en un fenómeno central para interpretar qué políticas se tienen que aplicar y, en un aspecto capital, para comprender  tanto la crisis como sus salidas. Ello, sin duda, requiere un liderazgo político, a nivel europeo e internacional, para impulsar cambios institucionales, puesto que la resolución de los problemas como la desigualdad exige una escala europea e internacional. Pero, también, ahora más que nunca,  una sociedad  justa solo puede descansar en una economía fuerte y competitiva, que no es otra cosa que la fortaleza de sus empresas. No perdamos de vista las perspectivas de largo plazo de la economía internacional, como señala el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, hasta el 2060, la tasa de crecimiento  anual medio per cápita de los países emergentes será  alrededor del doble de la que presenten los países más desarrollados.

Las empresas, en la mencionada estrategia de crecimiento, tienen que tener un papel destacado. Propiciemos los cambios regulatorios para hacer que nuestras empresas ganen en dimensión y apuesten por la internacionalización. Muchos economistas han puesto de manifiesto que existe una asociación positiva entre tamaño empresarial, una mayor incorporación de innovación y conocimiento a los procesos productivos, más formación de directivos, más internacionalización, más participación de los trabajadores en las decisiones, así como el hecho de que las empresas más grandes pagan salarios más altos y emplean a trabajadores más cualificados que las pequeñas. 

Los cambios en la regulación del mercado de trabajo y las políticas activas de empleo también ayudarían a reducir la brecha salarial y social existente en nuestro país. En gran parte, la dualidad social en nuestro país se explica por la dualidad en el mercado de trabajo.

Por tanto, las desigualdades se corregirán, fundamentalmente, a partir de un crecimiento que permita crear empleo más productivo y de calidad. Pero además necesitamos una política fiscal que contribuya a la redistribución de la renta.

Una política fiscal progresista depende de cuánto y sobre todo cómo se gasta, y de cuánto y cómo se ingresa, pero no depende de cuán grande sea el déficit público. Recientemente, J. Sachs señalaba: “No hay nada de progresista en un gran déficit presupuestario y una creciente relación entre la deuda y el PIB”. Y continuaba señalando: “El déficit presupuestario de EEUU ha caído del 8,4% del PIB en 2011 hasta del 2,9 % del PIB… Sin embargo, en lugar de una nueva recesión o la continuidad de la existente, tenemos que la tasa de desempleo en EE UU se ha reducido…”. Una estrategia de crecimiento moderna que tenga como objetivo acabar con la desigualdad, en un país con alto nivel de endeudamiento público,  pasa también por unos programas públicos de gastos eficaces y una profunda reforma fiscal que, en conjunto (ingresos y gastos), transfiera bienestar y renta de las más altas a las más bajas.  

Pero, desgraciadamente, la política fiscal global de Rajoy ha incrementado la mencionada brecha social, trasladando bienestar de los de abajo hacia el 10% más rico de la población, los auténticos beneficiarios de la política fiscal de Rajoy. Los impuestos en España, en el período 2012-2016 de acuerdo con el Plan Presupuestario 2015 del Gobierno, se van a incrementar en casi 2,3% del PIB (con reforma fiscal incluida). El 80% (alrededor de 19.000 millones de €) de  esa subida serán impuestos indirectos, que impactan en mayor proporción en la renta de las medias y bajas. Pero además, el gasto social discrecional del Gobierno (educación, sanidad, política social y vivienda), entre 2011 y 2013, según la Intervención General del Estado, se ha reducido en más de 12.300 millones de euros, gasto social del que se beneficiaban  en mayor medida las rentas medias y trabajadoras. En definitiva, una política fiscal que beneficia a los percentiles superiores.

Una política fiscal auténticamente progresista tiene una ventaja adicional. Contribuye a incrementar la actividad económica, porque una sociedad más equilibrada socialmente permite lograr un crecimiento más sólido y consistente, tanto por la vía de la demanda como por la vía de la productividad.

En un contexto internacional de extrema movilidad y extrema competencia, con una economía nacional que no solo no resuelve sus problemas estructurales sino que se agudizan, el futuro de España no pasa por mirar al pasado a través de  alternativas económicas antiguas, ya sean de derechas o de una vieja izquierda. El futuro pasa por un programa económico moderno que acabe con las injusticias y los privilegios.

Pedro Saura es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y Profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Murcia.