"Se sigue echando en falta que la administración competente muestre una mínima empatía y la merecida sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo a las que tanto dice apoyar", asegura Robert Manrique, asesor de UAVAT y víctima del atentado del Hipercor

Barcelona ha sido objetivo terrorista durante décadas y no es difícil recordar a las diferentes bandas terroristas que han atentado en la ciudad causando muerte y dolor. De nuevo, el maldito jueves 17 de agosto volvimos a vivir situaciones ya conocidas con los atentados de Rambles, Cambrils y el asesinato de Pau Perez, sin olvidar lo ocurrido en las explosiones de Alcanar.

Pocas semanas después las circunstancias políticas vividas en Catalunya fueron de tal intensidad que no aparecían noticias sobre las quejas que algunas víctimas presentaban en relación a la asistencia que estaban recibiendo. Tuvo que llegar el mes de diciembre para que una pareja de víctimas del atentado en Cambrils presentaran públicamente su opinión y a partir de entonces afloró la realidad: los errores que desde siempre han sido constantes en la atención a los afectados se volvían a repetir. Fue a partir de aquella noticia cuando un grupo de profesionales con una larga trayectoria en la atención a las víctimas del terrorismo empezamos a trabajar para compensar las carencias de la administración creando la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT).

Lo que hemos visto después lo presento a grandes rasgos, porque 188 asistidos dan para 188 vivencias diferentes... familias con un niño asesinado que no han recibido una visita del ministerio hasta 11 meses después del atentado, valoraciones de días de ILT sin siquiera conocer a la víctima, familiares de heridos graves que pese a atravesar por graves consecuencias psicológicas no son reconocidos como víctimas por no estar presentes en el lugar del atentado, testigos presenciales que estuvieron horas escondidos en los establecimientos de la zona ven denegado su reconocimiento como víctima por no estar en listados que nadie ha visto, trabajadores de las zonas afectadas han abandonado sus trabajos por la carga psicológica que les aporta tener que visitar cada día el mismo lugar... situaciones calcadas a muchas que conocí hace 31 años tras el atentado en Hipercor... ¿es que no hemos aprendido nada?

Con el añadido de que el Ministerio dispuso una oficina de atención en la semana del 22 al 29 de agosto, cuando las familias enterraban a sus seres queridos asesinados, los heridos intentaban sobrevivir y los testigos presenciales estaban encerrados en sus casas... y para mas presión, el tener un plazo de un año para solicitar los derechos que, como víctima, puedan corresponder. ¿Acaso las probables secuelas psicológicas aparecen en los primeros doce meses?

Seamos sinceros: por mucho que intenten convencer de lo contrario, se sigue echando en falta que la administración competente muestre una mínima empatía y la merecida sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo a las que tanto dice apreciar, apoyar y asistir.

Y mientras tanto, muchos políticos siguen utilizando el dolor ajeno para hacer política partidista, para intentar recuperar o conseguir votos aunque para ello tengan que cambiar de principios, dependiendo si el día es par o impar. Se olvidan de lo que hicieron sus antecesores, retuercen la legislación para seguir engañando a los crédulos, niegan hechos consumados pensando que el ciudadano no tiene memoria histórica.

Por culpa de personajes de esa calaña, muchos de los afectados nos han hecho saber a los asesores de UAVAT una exigencia: que esos representantes políticos firmen una tregua para que las 24 horas del 17 de agosto sean solo 24 horas de homenaje y recuerdo hacia quienes padecieron los efectos devastadores de los atentados en Catalunya.

Y que luego, si eso, sigan con sus peleas... a ser posible sin utilizar el terrorismo como arma arrojadiza.Son muchos años soportando ese peso.

Leo en eldiario.es que se está planteando desde el Gobierno equiparar los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno parlamentario a lo que se considera como acción terrorista.

En mi etapa como delegado en Cataluña de la antigua AVT tuve el privilegio de colaborar en las propuestas para la Ley de Solidaridad 32/1999, la primera ley que pretendía encontrar solución a los parches legislativos y a los vacíos legales con que nos enfrentábamos las víctimas del terrorismo de las últimas décadas del pasado siglo. Recuerdo de memoria la redacción para definir quién debería ser reconocido como víctima del terrorismo y, por tanto, lo que se debía entender como “terrorismo”: artículo 3, punto 1... Beneficiarios: “las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana”.

Y ahora, quince años después ¿nos cuentan que un grupo de ciudadanos que se manifiesten ante un domicilio podrán ser equiparables a bandas o grupos armados? ¿Intentar imponer que un grupo de trabajadores reclamando los derechos adquiridos tras décadas de esfuerzos sociales son el equivalente a quien altera gravemente la paz y seguridad ciudadana?

Algunos ejemplos servirán para entender lo arriesgado, a mi modesto entender, de tales propuestas gubernamentales. Hay muchos pero presento dos: en mayo de 2002 un ciudadano barcelonés fue alcanzado por la onda expansiva de la bomba que había colocado un exmiembro de la ya extinguida Terra Lliure en un cajero. El pobre abuelo estaba regando las plantas en su balcón sobre de la entidad bancaria. Pese a nuestros esfuerzos (los suyos, los míos y los de un excelente abogado) jamás conseguimos que fuera reconocido como “víctima del terrorismo” porque el argumento de la Administración era que el autor, detenido y confeso, actuaba a nivel individual. Es decir, que quien colocaba artefactos explosivos en cajeros automáticos y había sido miembro de una banda terrorista causando heridas muy graves a un ciudadano anónimo no era un terrorista porque actuaba “por libre”. Para el Ministerio de Interior la colocación de diversas bombas en entidades bancarias no alteraba gravemente la paz y seguridad ciudadana. Pero ahora las mentes pensantes descubren la existencia de los llamados “lobos solitarios” y van a modificar innumerables reglamentos para que sean perseguidos como terroristas.

Vamos a por el segundo. Un grupo de cabezas rapadas, con una estética que muestra claramente la pertenencia a una banda, apalea a un joven de otra raza hasta casi causarle la muerte. La paliza se produce con el uso de puños americanos, bates de beisbol y barras metálicas. Se cierra el tema como acto violento. Al parecer, tampoco alteraba gravemente la paz y seguridad ciudadana.

Sinceramente, le hago saber al gobierno que no se preocupe... el abuelo en cuestión murió diez años después sin haber sido reconocido como víctima del terrorismo. El chico negro sobrevivió, jodido, pero vivo.

Con toda la experiencia acumulada desde 1987 por el atentado en Hipercor, solicito a los responsables de redactar las leyes que se tomen su tiempo en delimitar con exactitud qué será reconocido como delito de terrorismo. Y por extensión, como víctima. Ser ciudadano no es sospechoso de ser un delincuente. Porque rectificar es de sabios y las prisas son malas consejeras.