El pasado mes de noviembre de 2014 estallaba el “escándalo” conocido como LuxLeaks, que revelaba los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Luxemburgo y 350 multinacionales entre 2002 y 2010 para establecerse en dicho paraíso fiscal y eludir los impuestos en el resto de Estados de la UE. Este “escándalo” se producía poco después de la elección de Jean Claude Juncker, presidente del Luxemburgo durante el citado periodo, revelando los verdaderos intereses del recién nominado presidente de la Comisión Europea.

Sin embargo, pese al revuelo producido, los partidos del centro político europeo, especialmente socialistas y populares, parecen no haberse sentido aludidos por el “escándalo”. En la actualidad, pese a su negativa a apoyar la comisión de investigación sobre LuxLeaks el Parlamento Europeo ha conseguido sumar los 188 apoyos, un cuarto del total de los eurodiputados,  necesarios para su constitución.

En realidad en el caso de LuxLeaks ninguna ley ha sido violada, las legislaciones tributarias de los Estados miembros permiten el movimiento de los capitales con el fin de optimizar su tributación. Este es el caso de las conocidas SICAVs en España y otros muchos instrumentos en la práctica totalidad de los Estados miembros de la UE. Así, pese a nuestro firme apoyo, tenemos alguna duda de los efectos que tendrá dicha comisión de investigación. Lo que sí nos resulta escandaloso es la inquebrantable negativa a cambios legislativos que obliguen a que las multinacionales y sus propietarios paguen impuestos en el país donde extraen sus beneficios.

Según los datos del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) un 70% del fraude fiscal en España se produce en sus grandes empresas y patrimonios. Estas fortunas disponen, a parte del fraude, de numerosos mecanismos legales para reducir su tributación en detrimento de los ingresos de los Estados, prácticas conocidas como planificación fiscal agresiva. Esto ha provocado la caída de la recaudación a través del impuesto de sociedades a menos de la mitad de lo recaudado antes del comienzo de la crisis financiera.

La caída de la recaudación es el principal problema tributario que afrontan las arcas públicas de los Estados de la Unión Europea, que deben acudir a los mercados de deuda para poder mantener el gasto público. Mientras que la Comisión Europea tan solo insta a los Estados a elevar la imposición indirecta, con impuestos como el IVA, mantiene un silencio absoluto a la hora de proponer medidas fiscales vinculantes que incremente la tributación de los grandes capitales. Su desinterés por una armonización al alza de los impuestos progresivos la convierte en cómplice de una competición tributaria que drena los presupuestos de los Estados e incrementa la desigualdad.

La propuesta fiscal de los grandes grupos políticos europeos está orientada intencionadamente hacia la falta de transparencia en los movimientos de los grandes capitales europeos, como demuestran con el pasmoso silencio del LuxLeaks. Al mismo tiempo el Consejo, compuesto por los Gobiernos pertenecientes a estos mismos partidos, impone límites a las medidas de transparencia en materia de delitos fiscales acordadas por el Parlamento Europeo en la pasada legislatura.

En este sentido, el pasado 16 de diciembre Parlamento, Comisión y Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que daba luz verde a la cuarta Directiva Anti Lavado de Dinero de la UE. Esta nueva Directiva implementa en la UE las recomendaciones establecidas por el G-7 en dicho ámbito.

Las últimas recomendaciones, publicadas en 2012, incluyen los delitos fiscales dentro de su mandato por primera vez en su historia. Esto ha supuesto un innegable avance al igualar, a nivel internacional, la persecución del lavado de dinero procedente del crimen organizado al procedente de delitos fiscales.

Durante el pasado mes de marzo de 2014 el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la citada Directiva con un 94% de los votos a favor. Este informe proponía una ambiciosas medidas que, entre otras muchas, introducía la obligación a los Estados miembros de hacer público el registro de las personas beneficiarias de las empresas que practican delitos fiscales. Pese al casi unánime apoyo el Consejo ha impuesto una considerable reducción del alcance de la propuesta, especialmente en la publicidad de la información sobre los beneficiarios de las empresas evasoras, principal demanda de las ONGs y asociaciones vinculadas al sector de la política fiscal. Esto supone una oportunidad perdida, puesto que las nuevas medidas no gozarán de transparencia, impidiendo a la sociedad participar y señalar a los principales evasores en Europa.

Ni transparencia ni medidas para afrontar el fraude de los grandes capitales, este parece el proyecto de la Europa de Juncker, o más bien la Europa del LuxLeaks. Una Europa que continúa exigiendo subidas en el IVA, que podría terminar de hundir economías como la española, sin ofrecer alternativa alguna. En España se calcula que la economía sumergida representa casi un cuarto del PIB por la que el Estado pierde 88.000 millones de euros de ingresos totales al año. Estos ingresos, más el coste de la deuda necesaria para cubrirlos supondrían recursos suficientes para mantener numerosos servicios públicos; hospitales, escuelas infantiles, servicios sociales y de dependencia, etc. pero parece ser que el Señor Juncker ya tomó su decisión.

Nosotros no consideramos que hacer tributar a las grandes empresas y patrimonios sea una utopía, para nosotros el no hacerlo, pensando que se mantendrán nuestros derechos fundamentales sí que es una utopía. España ha sido el país donde más se han incrementado las desigualdades desde el comienzo de la crisis y sin un sistema impositivo progresivo y efectivo ningún Gobierno podrá desarrollar sus políticas, cualquiera que sea su signo. Es por esto que la tributación de los grandes capitales se ha convertido en la utopía necesaria para tratar de salvar una UE que sirva a los intereses de las personas.