La incorporación de España a la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) hace tres décadas expulsó de la producción lechera a multitud de pequeños ganaderos de toda la Cornisa Cantábrica. La imposición del tanque de leche en frío y la tecnificación general que acompañaron a la implantación de las cuotas lácteas -que atribuían a cada Estado de la Unión Europea (UE), y de rebote a cada productor, una cifra máxima de litros que suministrar a la industria- hirieron de muerte a aquella tierra de pequeños ganaderos y obreros mixtos.

Curiosamente, la eliminación definitiva de las cuotas el pasado mes de abril también está resultando letal para lo poco que queda del sector, y es que un ganadero ya puede producir y vender toda la leche que quiera, pero la industria láctea también puede ya comprar y recoger toda la leche a los productores que quiera, y está volcándose en los del centro y el sur de España, en detrimento de los del norte. Además, los ganaderos que han invertido mucho dinero en comprar cuotas que ya no valen nada se sienten en cierto modo estafados. Los fantasmas del mercado libre y la deslocalización de la producción se ciernen sobre los ganaderos cantábricos y es que Andalucía produce ya, por primera vez en la historia, más leche que Cantabria, con prácticamente la mitad de ganaderos.

Gaspar Anabitarte, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM) y ganadero de leche desde los años ochenta, denuncia que la industria está instando a los ganaderos del centro y el sur de la Península (más cercanos al concepto de empresario que al de campesino, tanto por su elevado número de vacas como por su mentalidad) a aumentar su producción para que le suministren las cantidades de leche que cuando existían las cuotas tenía que comprar y recoger en el norte. “La industria le pide a un ganadero de Castilla-La Mancha o de Andalucía, que ya tiene 400 o 500 vacas, que aumente su número hasta 1.000 o 2.000, y si esa industria ya tiene toda esa leche allí, ¿para qué va a venir a Cantabria?”, advierte. No extraña pues que el número de andaluces aumente y el de gallegos disminuya entre los compradores de vacuno en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega durante las cada vez más apagadas ferias de los miércoles.

La apuesta de la gran industria por los ganaderos de latitudes más meridionales, a los que esa gran industria se encuentra más próxima también geográficamente, responde básicamente a una lógica empresarial, pero Anabitarte considera que no está exenta de cierto ánimo de revancha hacia los ganaderos de la Cornisa Cantábrica, agrupados en cooperativas que en los tiempos de las cuotas presionaron y en ocasiones arrancaron buenos precios a una industria que ahora parece estar ajustando cuentas.

Por si fuera poco, ninguna de las cooperativas cántabras (Agrocantabria, Ruiseñada y Valles Unidos del Asón, que recogen el 40% de la leche de la comunidad autónoma) tiene el peso ni el apoyo institucional de Feiraco en Galicia y, sobre todo, de Central Lechera Asturiana (a la que, curiosamente, va a parar buena parte de la leche de Cantabria) en Asturias y Kaiku en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, que comercializan leche y productos lácteos con el respaldo de las marcas consolidadas en que se han convertido y que pueden permitirse pagar a los ganaderos que las surten precios similares a los que la gran industria está abonando a los del centro y el sur, unas cantidades muy alejadas de las que esa gran industria ofrece a los cántabros, sobre quienes vuelve a planear la peor pesadilla para un ganadero de leche: no ya los malos precios, sino la no venta, la no recogida.

Los alrededor de 700 ganaderos cántabros vinculados a las cooperativas están cobrando apenas 27 céntimos de euro por cada litro que entregan a estas, mientras que los que entregan a la gran industria están encontrando muchas dificultades para que esta les recoja la leche -el pasado 1 de julio, la filial española de la multinacional francesa Lactalis, la mayor productora mundial de lácteos, estuvo a punto de no recogerles 50.000 litros- y en ocasiones se ven empujados a cobrar menos de 20 céntimos por litro, según las cifras de UGAM.

Un futuro “muy negro”

David Cuevas, de 28 años, tenía 20 cuando se hizo cargo de la vaquería familiar en Mogro (Miengo). Le gusta su trabajo, a pesar de que es “muy esclavo” y no permite descansos ni vacaciones. “Como no te guste, no aguantas ni un mes”, advierte. Vive pegado a sus setenta vacas pintas (como se conoce popularmente a las de raza frisona o holstein, mayoritarias en Cantabria) y a su teléfono móvil, que está conectado a un ordenador unido a su vez al tanque de leche en frío y a un robot de ordeño -uno de los no más de treinta que existen en Cantabria- cuyo precio ronda los 100.000 euros y alrededor del cual gira toda la explotación: las vacas, cada una con su chip, van acudiendo a él y no solo las ordeña, sino que les proporciona la cantidad de pienso que requieren según los litros de leche que producen y lleva a cabo un seguimiento exhaustivo del estado y la evolución de cada una de ellas.

Pero David ya no se plantea crecer ni invertir, sino “resistir”, y es que ve el presente “peor que nunca” y el futuro “muy negro”, porque los costes de producción (piensos, luz, agua, maquinaria, gasoil, veterinarios, seguridad social…) no han dejado de subir, mientras que los precios de la leche en origen están “por debajo de los de hace treinta años” y los terneros se venden “por menos que hace veinte”. “Ha habido más crisis, pero no a estos extremos de precios ni de garantías de recogida”, asegura. Sigue convencido de que “Cantabria es ganadera” y él lleva las vacas “en la sangre”, pero ya es el único ganadero de leche del pueblo de Mogro y uno de los tres que quedan en Miengo, municipio de cuatro millares y medio de habitantes y ubicado a medio camino entre Santander y Torrelavega. “No hay relevo generacional; eso es una pena y nos perjudica a todos los ganaderos”, lamenta.

“No hay vocaciones suficientes porque no hay rentabilidad”, explica Anabitarte, que asegura que para los jóvenes empezar de cero es prácticamente imposible y ponerse al frente de las vaquerías familiares cada día resulta más complicado. De hecho, poner en marcha una explotación con cincuenta vacas de leche cuesta unos 150.000 euros. “El oficio del campo no llama a todo el mundo y trabajar en ello sin que te guste es lo peor, pero en Cantabria hay chavales a los que sí les gusta y no tiran de ello porque no pita”, asegura. Cada vez son menos los jóvenes que se dedican a la ganadería de leche y el secretario general de UGAM lamenta que “los que hay, cada vez están más pillados por la intensificación; se vuelcan en la parte tecnológica e intensiva y les cuesta ver la parte ecológica”.

No es el caso de las de David, pero cada día resulta más difícil ver vacas pintas paciendo en las praderías de Cantabria, y esto es así porque cada día hay menos ejemplares, pero también porque buena parte de los ganaderos que resisten han abandonado el modelo de producción tradicional, que se basaba en el pasto y les permitía ser doblemente competitivos: producir leche de mejor calidad que la del centro y el sur y producirla a menor coste. Precisamente por eso ya están empezando a echar en falta ese modelo. Irlanda -que produce más leche que España, con la décima parte de habitantes- o Francia mantuvieron aquel modelo mientras buena parte de los ganaderos cántabros emprendían un proceso de intensificación que les ha llevado a producir más litros de leche por vaca, pero también de menor calidad y sobre todo a un coste más elevado, lo que ha condenado a muchos a depender de unos precios de venta que la industria ya no está dispuesta a ofrecerles.

“Si los pastos de Cantabria son tan buenos como los de Irlanda y además duran más meses al año, ¿por qué nos hemos puesto a producir leche con soja de Argentina, maíz americano y alfalfa de Aragón, como en las zonas de secano?”, se pregunta Anabitarte. Entre las razones se encuentran una estructura agraria “catastrófica” (muy alejada de la francesa o la irlandesa, cuyos ganaderos cuentan con decenas de hectáreas alrededor de su estabulación, por lo que pueden gestionar su explotación como una unidad), las denominadas primas de volumen (que la industria utilizó y sigue utilizando para intentar dividir a los ganaderos de la Cornisa Cantábrica y neutralizar la capacidad de presión de sus cooperativas) y el hecho de que tanto las administraciones públicas como ciertas asociaciones ganaderas hayan venido fomentando un modelo de producción lechera propio del centro y del sur de España (basado en los piensos, los robots de ordeño y las grandes inversiones en general), olvidando que “en Cantabria no puedes meter mil vacas en ningún lado, porque probablemente te echen del pueblo”, advierte el secretario general de UGAM.

Es decir, que este cambio de modelo no obedece ni a la casualidad ni a un capricho de los ganaderos, y es que un ganadero con cien o ciento y pico vacas de leche mueve mucho dinero (si vende un millón de litros al año, a 30 céntimos el litro, está generando 300.000 euros al año), pero su margen es mínimo. “Solo le queda limpio medio céntimo de euro por litro, y eso lo soluciona produciendo más litros, lo que le obliga a industrializarse y a pagar más”, explica Anabitarte.

La decadencia de la Cantabria ganadera

En 1990, cuando el Laboratorio Interprofesional Lechero comenzó su actividad, había 9.000 ganaderos de leche en frío en Cantabria, y hoy quedan 1.400. La Cantabria ganadera languidece y ya ni siquiera es una cuestión de pequeños que caen y grandes que resisten, como hace tres décadas. Ahora es toda la ganadería de leche la que se encuentra en peligro. “Si las cosas van bien, los ganaderos van cayendo según van llegando a la edad de jubilación, y si van mal –como ahora–, van cayendo según el banco se les va echando encima”, asegura Anabitarte, que conoce casos de ganaderos con 150 vacas a los que les quedan limpios menos de 1.500 euros al mes, así como de bancos que se han quedado con explotaciones ganaderas enteras y mantienen a sus antiguos titulares trabajando para ellos por 600 euros al mes. “Pero, claro, nosotros no tenemos plataforma anti-hipoteca y ningún ganadero ha gritado socorro, compañeros, venid a ayudarme…”, advierte.

Anabitarte tiene claro que la Unión Europea está “entregada” a las grandes corporaciones, que son las que están detrás tanto de la eliminación de las cuotas lácteas (que ha implantado el mercado libre y favorecido la deslocalización de la producción lechera) como del TTIP, tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la UE cuya aprobación supondría “la puntilla” para el sector, por la importación masiva desde el otro lado del Atlántico de leche (y carne) “hormonada” y “mucho más barata” que la europea. “En Estados Unidos ya no hay ganaderos, hay empresas; aquellas famosas ganaderías de 150 vacas en Wisconsin desaparecieron hace mucho tiempo. La leche pasó a producirse en California y ahora ya ni en California, ahora las grandes corporaciones juntan decenas de miles de vacas en el desierto de Oregón y allí se produce la leche; es surrealista”, apunta el secretario general de UGAM. La propia Lactalis tiene una de esas ganaderías, de 60.000 vacas, en territorio estadounidense.

Por si fuera poco, de un tiempo a esta parte hay algo aún más poderoso que la industria: la distribución, las grandes superficies. “Las grandes distribuidoras ostentan ahora el verdadero poder, y pocas industrias pueden sentarse de tú a tú con la distribución, así que la distribución aprieta a la industria, la industria lo traslada hacia el productor y el productor no puede trasladarlo hacia nadie”, alerta Anabitarte.

Una alternativa: la calidad

¿Qué puede hacer el productor? Hay ganaderos que producen y venden leche ecológica, por la que la industria paga un sobreprecio. El propio Anabitarte es uno de los únicos cinco que lo hacen en Cantabria, a pesar de la demanda que existe, algo que el secretario general de UGAM achaca al “tradicional conservadurismo del ganadero de leche”. Otra alternativa es “salirte de vender tu leche a la industria”, y en este sentido hay productores que venden su propia leche en máquinas expendedoras, y otros que ponen a la venta quesos, yogures y demás derivados lácteos que ellos mismos elaboran, soluciones que no acaban de extenderse debido tanto a la “falta de costumbre” de los consumidores como al “muro” de la Administración.

En este sentido, Anabitarte denuncia las “trabas” legales y administrativas que encuentra quien pretende salirse del circuito oficial. “Le piden lo mismo que a la fábrica de Nestlé en La Penilla”, asegura. Y es que las grandes corporaciones “aprietan” con los estándares para que nadie pueda competir con ellas: “En Francia, a un pequeño ganadero le facilitan que den salida a su producto, y aquí te minan la moral y el bolsillo, porque todos estos temas valen mucho dinero”, destaca.

Al margen de la necesidad de un plan ganadero -“en Cantabria no hay ningún plan, falta voluntad política y no saben qué hacer con el sector”, asegura Anabitarte- que incluya que la Administración facilite al productor la elaboración de sus propios productos dentro del mercado artesano, el secretario general de UGAM considera que no hay futuro para la ganadería de leche en Cantabria si las cooperativas no se posicionan en el mercado “generando marca”, como han hecho Central Lechera Asturiana o Kaiku, y si los ganaderos no empiezan a producir más barato. “No deben obsesionarse por producir más, sino más barato. Y, curiosamente, más barato –básicamente, más pasto y menos pienso– significa de mejor calidad”, asegura.

Leche por debajo del coste

Sara Alonso se puso al frente de la vaquería familiar en Villanueva (Valdáliga) con 23 años, hace diez. Vive en pleno campo, se levanta a las siete de la mañana, se acuesta a las diez de la noche y tiene noventa vacas, pero ya ha decidido “no invertir más”. De hecho, prevé aguantar solo dos años más con sus vacas de leche, que tiene que ordeñar cada doce horas y requieren la ayuda de sus padres y su hermana, y ya ha empezado a sustituirlas por vacas de carne de raza limosina.

Mientras tanto, se concentra precisamente en reducir costes “para que no salga más caro darlas de comer que el litro de leche, que ahora está regalado”, y es que es una fiel defensora del modelo de producción tradicional, del de las vacas paciendo y la reducción de costes. Ha visitado granjas en Francia, Bélgica o Suiza: “En Los Alpes ordeñaban con un camión, lo echaban en las ollas y de ahí a la cooperativa para hacer queso. Allí, ni tanques ni enfriado ni nada, pero es que lo han peleado mucho, como en el País Vasco, donde venden leche sin pasteurizar y también quesos, porque los granjeros lo han luchado, mientras que en Cantabria te exigen lo mismo que a una empresa, y si quieres abrir por ejemplo una quesería, no te da para la inversión”, lamenta.

Para Sara, el futuro de la ganadería en Cantabria y en la Cornisa Cantábrica en general pasa por “adaptarse al entorno”, por “producir lo que puedas vender a nivel local y olvidarte de la gran industria”. Por “el negocio familiar, el mercado cercano y la venta directa”, y no por la producción masiva, porque “puedes producir mucha cantidad, pero no vas a poder colocarla, y es que esto se desplaza al sur”, advierte.

La presión y las protestas de los sindicatos agrarios se están intensificando tanto en los despachos oficiales como en la calle (Cantabria, Galicia, Valladolid, Salamanca, Madrid, Bruselas…) y esta semana es decisiva para el futuro de la ganadería de leche. De hecho, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE abordará la crisis del sector en una reunión extraordinaria que se celebrará el próximo lunes, 7 de septiembre. Los ganaderos exigen fundamentalmente medidas urgentes que garanticen un precio para el litro de leche en origen que les resulte rentable y no les aboque a abandonar su actividad. No quieren que sean la gran industria y la gran distribución las que decidan quién produce, dónde y a qué precio se produce un alimento de primera necesidad.

Aguirre sabe bien que, elija lo que elija el PSOE en Madrid –pero también en Barcelona, en Valencia o en Zaragoza, y no digamos si la situación se repite tras las generales–, nada será igual después del 24M.

La victoria de las candidaturas de unidad popular –y muy especialmente los 20 concejales de Ahora Madrid– en las elecciones del 24M ha encendido todas las alarmas en el establishment madrileño y español, al que Esperanza Aguirre ha venido representando como pocos.

La misma Esperanza Aguirre que en 2003 llegó al poder con el apoyo de dos tránsfugas y en 2010 se felicitaba por haberle quitado un puesto en Caja Madrid a su propio partido –el PP– para dárselo a IUCM, clama ahora contra Ahora Madrid, fuerza a la que acusa de querer utilizar la alcaldía de la capital española para que Podemos llegue a ser la primera fuerza a nivel estatal y rompa “el sistema democrático y occidental tal y como lo conocemos”.

La victoria –porque fue una victoria– de Ahora Madrid el 24M ya ha servido para algo que no es poco: para que Aguirre reconozca públicamente que PP, PSOE y Ciudadanos han venido representando el mismo espectro –ella lo llama “el centro”, supongo que por no llamarlo directamente el establishment– y han resultado claves para la construcción, el desarrollo y la defensa de la España constitucional, es decir del régimen del 78. Por eso insta al PSOE a no pactar con Ahora Madrid –“la izquierda radical”, dice–, sino con PP y Ciudadanos. Al precio que sea: “Volví a la política para intentar frenar a Podemos y no lo he conseguido yo sola, pero si el problema soy yo, no hay problema”, asegura.

Ladran con furioso celo

los canes del diablo hacia el cielo

por la boca de Mongibelo.

Van rebaños dolientes… Van

visiones de duelo y afán,

cual vio en su Apocalipsis Juan.

¡Mas oíd un celeste allegro!

Es que pasa en el horror negro

Santa Elena de Montenegro.

Aguirre sabe que, como los siete concejales de Ciudadanos en Madrid son irrelevantes a efectos de mayorías –por sí solos no bastarían para alcanzar la mayoría absoluta ni con el PP ni con Ahora Madrid ni con el PSOE–, el resultado del 24M pone la pelota en el tejado de los socialistas, cuyos nueve concejales sí bastarían para alcanzar la mayoría absoluta tanto con el PP como con Ahora Madrid. Por eso le recuerda amablemente al PSOE que va a tener que elegir –en Madrid, pero no sólo en Madrid– entre apoyar a lo que ella llama la “izquierda radical” o al “centro”, es decir entre apoyar políticas favorables a las clases populares o seguir gobernando para el establishment.

El establishment habría preferido que PP y Ciudadanos –partido que el 24M no cubrió las expectativas que el poder económico tenía puestas en él– hubieran alcanzado la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, precisamente para evitar que el PSOE tuviera que elegir entre –y sigo citando a Aguirre– “la izquierda radical” y “el centro”. Pero no fue así, y lo que Aguirre hizo el martes –y parte del PP extendió el miércoles al conjunto del Estado– es abrir formalmente el debate sobre la gran coalición, un debate que no ha hecho más que empezar y que amenaza con poner al PSOE –que por el momento insiste en que no pactará con los populares– en un brete, sobre todo si la situación en Madrid se repite tras las generales. Elija lo que elija el PSOE en Madrid –pero también en Barcelona, en Valencia o en Zaragoza, y no digamos si la situación se repite tras las generales–, nada será igual después del 24M. Y Aguirre lo sabe.

Esperanza Aguirre sabe bien que, tras la victoria de Ahora Madrid el 24M, el establishment se dejará algunos pelos en la gatera, elija lo que elija el PSOE. Y también sabe bien que el futuro de toda una tramoya que va mucho más allá del PP –y de la política institucional– y que ella ha venido representando como pocos es más incierto hoy que en 2003 y que en 2010. Elija lo que elija el PSOE. Como reza otra estrofa también del poema Santa Elena de Montenegro, de Rubén Darío:

Hay pueblos de espectros humanos

que van mordiéndose las manos.

Comienzan su obra los gusanos.

Batacazo del PP en las municipales y autonómicas de este domingo y victoria de las candidaturas de unidad popular, que se perfilan como gobierno local en ciudades como Barcelona (Barcelona en Comú), A Coruña (Marea Atlántica) y Santiago de Compostela (Compostela Aberta), donde se han convertido en la primera fuerza política, pero también en otras como la capital de España (Ahora Madrid) y Zaragoza (Zaragoza en Común), donde han sido la segunda fuerza, a un solo escaño de los populares.

El PP pierde la mayoría absoluta en prácticamente todas sus grandes ciudades y en sus comunidades autónomas. Algunas de estas últimas –como Castilla-La Mancha, presidida por la número dos del partido, María Dolores de Cospedal– no podrá seguir gobernándolas y otras sólo podrá seguir haciéndolo con el apoyo de Ciudadanos, que –tras haber engullido a UPyD y con las generales a la vuelta de la esquina– tendrá que medir mucho su política de pactos.

Sólo en parte se ha aprovechado de ese derrumbe el PSOE, que se ha visto superado por las candidaturas de unidad popular en Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña o Santiago de Compostela, pero también por otras fuerzas que están a la izquierda de los socialistas en ciudades como Valencia (Compromís) o Cádiz (Por Cádiz sí se puede), feudos del PP que pierden los populares, pero que no ganan los socialistas, sino estas fuerzas que están a su izquierda. Y es que el bipartidismo de PP y PSOE, que nunca había bajado del 64% en unas municipales y en las de 2011 sumó el 65%, ha tenido que conformarse ahora con el 52%.

El principal beneficiario de la erosión del bipartidismo en las autonómicas ha sido Podemos, que obtiene representación en todas las comunidades autónomas y se sitúa por delante de Ciudadanos –aunque por detrás de PP y PSOE– en prácticamente todas ellas.

Más matices merece el éxito del partido de Pablo Iglesias en las municipales, a las que no se ha presentado como tal, sino integrado en candidaturas de unidad popular como Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, Marea Atlántica o Compostela Aberta, grandes vencedoras en las municipales de este domingo. Pero Podemos cometería un error si se atribuyera en solitario los resultados de esas candidaturas de unidad popular, que ha sabido rentabilizar mejor que otros –eso es cierto–, pero en las que también han participado otras fuerzas políticas, como Izquierda Unida, Equo o Anova.

La precampaña de las generales ha comenzado ya y Ada Colau y Manuela Carmena –por cierto, dos mujeres– acaban de ejemplificar en las dos principales ciudades del Estado que la izquierda sí puede derrotar en las urnas no sólo al PP, sino también al bipartidismo sometido a la Troika. Y que esa derrota por supuesto que no pasa por aventuras como la de Luis García Montero –que hace sólo unos días tuvo la osadía de cargar contra Julio Anguita, acusándolo grotescamente de haber hecho “una pinza con el PP para acabar con el PSOE”–, pero quizás tampoco por otras aventuras en solitario, sino por Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña o Santiago de Compostela.

Mariano Rajoy dijo hace unos días que su partido no nació “en ninguna tertulia ni en ningún plató de televisión”, sino “de la base”. Es curioso, teniendo en cuenta que fue puesto en marcha por los denominados siete magníficos, que no eran sino seis exministros de Franco y un procurador en Cortes (Neofranquistas entusiasmados celebraron su primer congreso / Los siete líderes de Alianza Popular anunciaron su federación y el paso hacia un partido único / Gritos de “¡Franco, Franco, Franco!” de 3.000 fervorosos congresistas, tituló Diario 16 junto a una gran foto de Manuel Fraga –el líder de los siete magníficos– en su portada del 7 de marzo de 1977). Esa y no otra es la “base” del PP, antes Alianza Popular. Un partido nacido “en la democracia”, añadió Rajoy.

Dejando a un lado que una cosa es nacer “en la democracia” y otra nacer de demócratas –bueno, y dejando a un lado también que llamar democracia a lo que había en España en marzo de 1977, casi dos años antes de que se aprobara la Constitución, no es serio–, es un debate interesante el que abrió Rajoy sobre el origen de los partidos españoles. Sobre todo si no se cierra en falso, como hizo él. Sigamos.

Podría decirse que el origen del partido que ahora lidera Pedro Sánchez –o Pedro Sánchez y Susana Díaz– está, más que en el Madrid de 1879, en el Suresnes de 1974, porque, más que refundarse, en la localidad francesa nació entonces un nuevo partido, al apoderarse definitivamente de las siglas del PSOE Felipe González y sus colaboradores, con el apoyo de la socialdemocracia europea, pero también de Washington y de alguien más (cuenta Alfredo Grimaldos en su libro La CIA en España que oficiales del SECED –el servicio secreto creado por Carrero Blanco– proporcionaron el pasaporte y escoltaron a González hasta Suresnes). Atado y bien atado. Y, por cierto, ni rastro de “tertulias” ni de “platós”.

Por su parte, el origen –que no el futuro– de Ciudadanos y el de UPyD se parecen mucho: el primero procede de sectores enfrentados al soberanismo catalán y el segundo procede de sectores enfrentados al soberanismo vasco. ¿Serán pues las plataformas Ciutadans de Catalunya (origen de Ciudadanos) y ¡Basta ya! (origen de UPyD) las “tertulias” a las que se refiere Rajoy? No es del todo descartable, pero ni esos dos grupos ni sus apoyos intelectuales –pasados y presentes– parecen los más indicados para quitarle el sueño al líder del PP.

Como Izquierda Unida no es un partido, sino una coalición, y además nació en 1986 al calor de las movilizaciones para reclamar la salida de España de la OTAN –de nuevo, ni rastro de “tertulias” ni de “platós”–, de los partidos grandes de ámbito estatal sólo nos queda Podemos, cuyos principales líderes están vinculados a La Tuerka, programa de televisión –ojo, que aquí viene el presunto delito de lesa patria– con su plató y su tertulia. Su tertulia política, para más inri. Que es que igual va a tener razón Rajoy cuando insinúa que no hay derecho a surgir de ahí, pudiendo haber nacido “de la base” y “en la democracia”, como otros.

La esencia y la consecuencia más grave de la corrupción no es el sobre atiborrado de billetes ni la 'tarjeta black', sino la puesta del poder político al servicio del poder económico.

Corromper es sobornar, por lo que para que haya un corrupto (sobornado) tiene que haber también un corruptor (sobornador). Y es que la corrupción no tiene una sola cara, sino dos: la del poder político (corrupto) y la del poder económico (corruptor). Desde el punto de vista del primero consiste en utilizar el cargo público para sacar tajada –en forma de pagos y prebendas– y desde el punto de vista del segundo consiste en proporcionar esa tajada al político corrupto para obtener otra tajada más suculenta, en forma de leyes, contratos... o de simple sumisión incondicional.

La corrupción tiene una cara A –el sobre atiborrado de billetes, el hit periodístico destapando el último chanchullo, ese “los políticos son unos chorizos” que ameniza tantas conversaciones de ascensor–, pero también tiene una cara B, menos comercial, aunque mucho más determinante, porque contiene la esencia y la consecuencia más grave de la corrupción (de la corrupción ilegal y de la que “no es ética, pero es legal”, que decía aquel): la puesta del poder político al servicio del poder económico.

Así, la corrupción no es exclusiva del capitalismo, pero sí es inherente a un sistema económico que está movido por el ánimo de lucro; puede haber corrupción sin capitalismo, pero no hay capitalismo sin corrupción, porque la corrupción es esencial para que el poder económico controle de forma efectiva el poder político. Aunque hay corrupciones y corrupciones, y la española siempre ha destacado por su parafernalia obscena, en la línea de lo que Azcona y Berlanga reflejaron magistralmente en La escopeta nacional.

En España la corrupción ha sido consentida por buena parte de la sociedad, de forma indisimulada hasta hace un lustro –cuando se ha evidenciado el conchabamiento de corruptos y corruptores para recortar derechos, libertades y plantillas– y de forma más soterrada desde entonces. Sólo así se explican cosas como que ningún alto cargo del partido que ocupa el Gobierno central se haya visto obligado a dimitir –y ni siquiera haya tenido que salir a dar explicaciones– tras demostrarse cosas como que la caja B y el dinero negro existen en el PP desde que el partido se fundó.

Pero la corrupción no se produce sólo en las fuerzas más vinculadas al poder económico. Casos como el de las tarjetas black de Bankia evidencian que ese poder económico también sabe asegurarse la lealtad de cierta izquierda capaz de pasarse por el forro del cajero automático sus principios más básicos, empezando por el de la autonomía del poder político respecto del poder económico-financiero. Y este no es un asunto menor, sino el quid de la cuestión, porque un caso de corrupción en un partido de derecha en el fondo no es más que una anécdota –incómoda, pero anécdota– tanto para ese partido –la derecha representa al poder económico– como para buena parte de su electorado potencial, pero un caso de corrupción en un partido de izquierda es algo más, y no puede ser despachado con un “todos los partidos tenemos corruptos, lo importante es que nosotros los expulsamos”.

El unte de los corruptos de izquierda sirve para someter a esos corruptos al poder económico que los unta. Esto es lo que está detrás –y va mucho más allá– de la tarjeta black que entra y sale de un cajero automático. Esta es la otra cara –la cara B– de la corrupción, la cara que tanto se silencia porque tanto conviene silenciar. Esto es lo que ha convertido a buena parte de la izquierda política y sindical en una marioneta del poder económico-financiero.

Más que como una marca blanca del PP –aunque en cierto modo también lo es–, Ciudadanos se perfila como el salvavidas diseñado por la oligarquía española para complementar un bipartidismo desgastado por la percepción cada vez más general de la subordinación de PP y PSOE a los poderes económicos –del IBEX 35 a la Troika europea–, por la irrupción del 15M y por las expectativas electorales de Podemos.

Que C’s esté tan subordinado como PP y PSOE a esos poderes económicos y que sin embargo –y al menos por el momento– sea percibido por buena parte de la opinión pública como un partido nuevo, diferente y capaz de propiciar consensos y alcanzar acuerdos tanto a derecha (PP) como a izquierda (PSOE) lo convierten en un instrumento muy útil para un régimen del 78 seriamente desacreditado desde el inicio de la actual década.

Convirtiéndose en la providencial bisagra del bipartidismo –sin perjuicio de erigirse en la alternativa a éste si algún día se dan las condiciones–, Ciudadanos evitaría que PP y PSOE se vieran empujados a formalizar una gran coalición –fundamentalmente para frenar la influencia de Podemos– que evidenciaría aún más que populares y socialistas no son más que las dos caras de la misma moneda neoliberal. Dicho de otra forma, lo que parece avecinarse en España también es una gran coalición, pero no de dos, sino de tres. Y camuflada. Una grosse koalition no a la alemana, sino a la española.

Pero las ventajas para el régimen del 78 no acabarían ahí, porque, gracias a su nuevo papel coprotagonista, C’s –un partido marcadamente centralista– se perfila también como el sustituto de los nacionalistas periféricos como garante de la estabilidad de los gobiernos centrales de uno u otro signo, haciendo realidad dos viejos sueños del nacionalismo español: por un lado arrebatar la llave de la gobernabilidad de España a CiU, PNV y compañía y por otro abrir la posibilidad de una recentralización del Estado que los de Albert Rivera –que nacieron en Barcelona reivindicando la españolidad de Cataluña– verían con buenos ojos.

Así, Ciudadanos recuperaría para la causa neoliberal y centralista buena parte de los votos perdidos por PP y PSOE y al mismo tiempo aparecería como un partido responsable, con sentido de Estado y capaz de ofrecer estabilidad al régimen del 78 desde la nueva política, evitando que el PP tenga que pringarse apoyando al PSOE y sobre todo evitando que el PSOE tenga que pringarse apoyando al PP y así pueda seguir siendo presentado y percibido por buena parte de la opinión pública como un partido de izquierdas, un asunto fundamental para el establishment.

Este papel que C’s se dispone a jugar a nivel estatal –que consiste básicamente en capitalizar desde dentro del sistema y del régimen buena parte de los votos descontentos con PP y PSOE– lleva jugándolo el PRC de Miguel Ángel Revilla en Cantabria desde el 95. De hecho, Revilla –que gobernó la comunidad autónoma con el PP de 1995 a 2003 y con el PSOE de 2003 a 2011– y Rivera estuvieron a punto de concurrir juntos a las generales de 2011. Ambos constataron las “coincidencias” existentes entre Ciudadanos y PRC durante la reunión que mantuvieron en septiembre de aquel año en Santander y Rivera aceptó concurrir junto a Revilla a aquellas elecciones, pero con una condición: que la UPyD de Rosa Díez también se sumara al pacto. Revilla aceptó encantado, pero Díez dijo que no, lo que motivó que C’s finalmente decidiera no participar en las elecciones, abortando su principio de acuerdo con el PRC, que sí concurrió a aquellas generales de 2011, aunque no obtuvo representación.

Cuatro años después de todo aquello, siguen existiendo las mismas coincidencias ideológicas y programáticas entre Ciudadanos, UPyD y PRC, pero ahora hay una importante novedad: el partido de Rivera ya no necesita pactar con nadie para concurrir con garantías a unas elecciones –así lo arrojan las encuestas– y amenaza muy seriamente el papel que pretendió jugar UPyD en España, pero también el que ha venido jugando el PRC en Cantabria y el que le gustaría poder jugar como socio preferente del PP cántabro si el próximo día 24 los populares pierden la mayoría absoluta de la que gozan precisamente desde las autonómicas de aquel lejano 2011.

La recuperación de la que hablan los voceros del

establishment

es compatible con el desempleo masivo, los salarios de miseria y la precariedad y temporalidad en el empleo.

En el capitalismo las desigualdades sociales dependen fundamentalmente de las relaciones de producción, que determinan la existencia de las dos clases sociales protagónicas y antagónicas: la de los burgueses o capitalistas–propietarios de los medios de producción– y la de los obreros o trabajadores, que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los primeros para poder vivir.

Recordemos que el capitalista paga al obrero una parte del valor producido por el trabajo de éste (salario) y se apropia gratuitamente de la otra parte (plusvalía), y el capital es ese dinero que el capitalista acumula a través del trabajo que no remunera a los obreros y que utiliza para comprar más medios de producción y más fuerza de trabajo con el objetivo de repetir la operación y obtener más dinero que el invertido al principio (beneficios).

Sí, ya sé que todo esto es de 1º de Economía, pero yo no tengo la culpa de que lo cuentes por ahí y siga sonando a chino; y no por casualidad.

El caso es que en el modo de producción capitalista el trabajador no es más que fuerza de trabajo que comprar o de la que desprenderse según convenga al burgués de turno. Por eso el paro masivo, los salarios de miseria o la precariedad y temporalidad en el empleo que nos rodean afectan tan negativamente a los trabajadores, pero no a los capitalistas. A los capitalistas les benefician, aunque les toque decir lo contrario.

El desempleo masivo beneficia a los capitalistas porque aumenta la oferta de fuerza de trabajo y eso abarata los salarios. Los salarios de miseria les benefician porque aumentan la plusvalía, de la que se apropian gratuitamente, y con ella los beneficios. Y la precariedad y temporalidad en el empleo les beneficia porque por un lado aumenta su margen de maniobra para disponer y desprenderse de fuerza de trabajo según les convenga y por otro lado aumenta la inestabilidad de los trabajadores y con ella sus dificultades para organizarse y luchar.

Sí, también sé que el empobrecimiento de los trabajadores puede plantear algunos problemas a los capitalistas –dificulta la comercialización de sus productos e incluso amenaza con acrecentar y acelerar la lucha de clases–, pero el ánimo de lucro inmediato que impulsa al sistema no entiende mucho de estas cuestiones.

Los voceros del establishment ya hablan un día sí y otro también de una incipiente recuperación de la actual crisis económica–la mayor de todas las crisis cíclicas del capitalismo desde la Gran Depresión–, aunque esa recuperación de la que hablan es compatible con el paro masivo, los salarios de miseria y la precariedad y temporalidad en el empleo, incluso en los países del denominado Primer Mundo.

Esté o no relativamente próximo el colapso final del sistema, es evidente que la recuperación de los capitalistas va por un lado y la de los trabajadores por otro, aunque a los aplicados voceros del establishment les convenga confundir y meterlo todo en el mismo saco.

Emigrante es quien se ve empujado a abandonar su país por falta de oportunidades. Esto es así, independientemente de que ese afectado sea un subsahariano que llega a las costas de Tarifa en una patera o un español que vuela a Berlín con un smartphone y dos másteres.

Si esto es así –que lo es–, ¿por qué ciertos sectores alternativos llaman emigrante al subsahariano y exiliado al español? ¿Por qué lo hacen, si exiliado es quien se ve obligado a abandonar su país no por falta de oportunidades, sino por motivos de persecución política? Esos sectores alternativos aseguran que lo hacen para evidenciar que lo que empuja al español a emigrar tiene causas políticas –que las tiene–, al ser atribuible –que lo es– al sistema y al régimen.

Pero a este respecto conviene hacer unas cuantas puntualizaciones, entre otras cosas porque lo que empuja al subsahariano a subirse a una patera también tiene causas políticas, y sin embargo al subsahariano no le llaman exiliado.

Considerar exiliado a uno sí y a otro no –exiliado al español y emigrante al subsahariano– es clasista y además entorpece la denuncia de las causas que empujan a emigrar, sea en avión o en patera.

Considerar exiliado a todo emigrante –al español y al subsahariano– sería menos clasista, pero sería igual de injusto, porque supondría ignorar las diferencias que existen entre la emigración y el exilio. Que la falta de oportunidades que empuja a la emigración –al subsahariano que llega a Tarifa en patera, al español que vuela a Berlín o al abuelo de éste, que hace cinco décadas también llegó a Berlín, aunque en ferrocarril, con una maleta de cartón atada con una cuerda y un bocadillo envuelto en papel de estraza– tenga causas políticas no convierte al emigrante en un exiliado y confundir ambas realidades impide la denuncia del motivo que obliga a exiliarse –a exiliarse de verdad–, que no es otro que la persecución política.

Colaborar en que cada vez más gente joven confunda emigración y exilio es injusto, pero sobre todo es muy peligroso.

La emigración y el exilio son realidades distintas, pero no porque la primera sea menos digna ni menos dura –hay tanto emigrantes como exiliados que viven de forma más o menos confortable, lo mismo que hay tanto emigrantes como exiliados que viven en condiciones prácticamente infrahumanas– ni siquiera menos denunciable que el segundo, sino porque el emigrante se va –empujado por la falta de oportunidades, pero se va– y al exiliado lo echan, en el sentido de que no le queda más remedio que abandonar su país si quiere conservar su vida o su libertad. Y –otra gran diferencia– el exiliado no podrá regresar a su país ni siquiera de visita o de vacaciones mientras dure esa amenaza contra su vida y su libertad.

La condición de exiliado no la da el color de la piel ni la procedencia geográfica ni el mayor nivel académico, intelectual o cultural, sino la persecución política que obliga al afectado a abandonar su país para instalarse en otro.

Ciertos sectores alternativos deberían explicar por qué insisten en llamar inmigrantes a quienes entran en España buscando trabajo y exiliados a quienes salen de España también buscando trabajo. Porque lo que busca el español que vuela a Berlín con su smartphone y sus dos másteres no es asilo político, sino trabajo. Esos sectores alternativos deberían explicar también cómo podría alguien exiliarse –exiliarse de verdad– en países como la Alemania de Merkel, si ellos mismos señalan a la canciller germana como una de los principales responsables de que ese español se vea empujado a tomar un avión con destino a Berlín.

El principal objetivo del neoliberal TTIP es transferir poder político de los estados europeos a las grandes corporaciones empresariales.

Hace unos meses asistí a una exposición artística que incluía un vídeo en el que una especie de virus, compuesto por los logotipos de las multinacionales que cotizan en las principales bolsas del mundo, iba devorando sucesiva e implacablemente, con un inquietante zumbido como fondo musical, las banderas de una serie de estados, hasta reducirlas todas a negro.

Junto a esa pantalla, otra mostraba un inquietante futuro en el que todos los ejércitos del mundo capitalista dependían ya directamente –no sólo indirectamente, como ahora– de las grandes corporaciones empresariales. Las fuerzas armadas de los estados habían sido sustituidas por el ejército de tal o cual banco o de tal o cual petrolera. Se había pasado ya de la actual democracia de los mercados a una futura dictadura de las multinacionales.

Enseguida pensé que todo aquello ejemplificaba bastante bien lo que persigue el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP –Transatlantic Trade and Investment Partnership–, por sus siglas en inglés), tratado de libre comercio que están negociando la Comisión Europea –en nombre de los estados miembros de la UE– y el Gobierno de Estados Unidos a puerta cerrada. En secreto. Sin ofrecer a los parlamentos estatales detalles de los textos sometidos a negociación y entorpeciendo todo lo que pueden la labor de control de los miembros del propio Parlamento Europeo.

Y es que el principal objetivo del neoliberal TTIP es precisamente hacer realidad un viejo sueño de las élites dominantes: transferir poder político de las instituciones europeas –de ámbito autonómico, estatal y continental– a las multinacionales. En otras palabras, conceder un poder prácticamente ilimitado a las grandes corporaciones empresariales, eliminando las pocas trabas legales y burocráticas que aún existen a su libertad de explotar el trabajo asalariado y precarizar los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores. Es cierto que antes de la aprobación del TTIP los estados europeos se están limitando a responder sí, bwana a las ambiciosas pretensiones de las multinacionales, pero es que después de la aprobación del TTIP ni siquiera serían preguntados.

El TTIP tiene dos posibilidades: acabar aprobado, como el NAFTA, o sin aprobar, como el ALCA.

El neoliberal Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA –North American Free Trade Agreement–, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos, Canadá y México provocó la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, día de la entrada en vigor del acuerdo. Y es que la aprobación del NAFTA, que a la oligarquía mexicana sí le supuso una oportunidad de negocio, a los trabajadores –y muy especialmente a los campesinos indígenas–les supuso la ruina económica.

Por su parte, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) pretendió expandir el NAFTA de Estados Unidos, Canadá y México al resto de estados del continente americano –con la exclusión de la bloqueada y resistente Cuba–, pero el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela frenó en seco ese tratado de libre comercio y Venezuela y Cuba pusieron en marcha el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos), alianza antiimperialista y de comercio justo y colaboración solidaria entre los pueblos de Latinoamérica y El Caribe de la que hoy también forman parte otros Estados como Bolivia, Nicaragua o Ecuador y que acabó con los esfuerzos de Estados Unidos para imponer el ALCA en la región.

Lo que Estados Unidos presenta como apetecibles e inofensivos tratados de libre comercio en realidad son poderosos instrumentos de desregulación y flexibilización del mercado para garantizar libertad de movimientos y las más altas tasas de ganancia a las grandes corporaciones empresariales –la mayor parte de ellas de origen estadounidense–, a costa de precarizar hasta el paroxismo los derechos y las condiciones de vida de las clases populares.

El TTIP tiene dos posibilidades: acabar en el basurero de la Historia como el ALCA o salir adelante como el NAFTA. La democracia de los pueblos o la dictadura de las multinacionales. Que partidos como PP, PSOE o Ciudadanos apoyen el TTIP no es casual. Europa, la vieja Europa, tiene la palabra.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, estalló durante la última reunión de la Presidencia Federal de la organización. Lara no pudo más y, notablemente enfadado, se reconoció “avergonzado” por la imagen de división ofrecida por IU e instó a sus compañeros a “ayudar” a Alberto Garzón, porque es el candidato “de todos y cada uno” de los militantes de la coalición en las próximas elecciones generales y si Izquierda Unida no obtiene grupo parlamentario, “perdemos todos” y la organización se va “al garete”, dijo.

La reunión de la Presidencia Federal se celebró a puerta cerrada, pero alguien cometió la deslealtad de grabar la airada intervención del coordinador federal, que acabó publicada en la prensa.

Cayo Lara se puso al frente de IU en diciembre de 2008, recién estallada la crisis económica (Lehman Brothers había quebrado en septiembre) y con la organización más desunida que nunca –o tan desunida como siempre– y electoralmente desangrada por Gaspar Llamazares y compañía. La tarea que Lara tenía por delante no era fácil, y debía elegir entre llevarla a cabo con mano de hierro –levantando la voz y las alfombras– o con mano izquierda. Y optó por lo segundo, por contemporizar.

Izquierda Unida y su coordinador federal no quisieron o no pudieron llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de refundación de la izquierda que la organización puso en marcha en octubre de 2009, un año y medio antes del 15-M. Y tampoco han querido o han sabido reaccionar a tiempo ni ante el nacimiento y ascenso de Podemos ni ante la protección del aparato de Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IUCM) a sus cargos internos e institucionales con responsabilidades políticas en el caso de las tarjetas black de Bankia. Dos asuntos clave que están más relacionados de lo que parece.

En primer lugar, Cayo Lara no fue consciente del potencial electoral de Podemos hasta después de las elecciones europeas, y sólo entonces decidió –acertada o equivocadamente– que no sería el candidato de IU en las generales, dejando vía libre al diputado Alberto Garzón, cuya proclamación fue automática, al ser el único militante de la organización que se presentó a las primarias. Pero ni el paso atrás del coordinador federal ni el apoyo tanto de Lara como del secretario general del PCE, José Luis Centella, a Garzón fueron suficientes para aplacar las muestras de hostilidad y el desdén de ciertos sectores de Izquierda Unida hacia el joven candidato, al que acusan de estar más cerca de Podemos que de la propia IU y de querer entregar la organización al partido de Pablo Iglesias.

En segundo lugar, Lara prefirió mantenerse al margen de las trifulcas entre el aparato de IUCM –vinculado a Ángel Pérez y Gregorio Gordo, expulsados de PCE e IU por su responsabilidad política en el caso de las tarjetas black de Bankia, pero que continúan como portavoces de IUCM en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid, respectivamente– y los afines a Tania Sánchez, que lograron el apoyo de la mayoría de los militantes y simpatizantes de IUCM en las primarias para encabezar las candidaturas de la organización al Ayuntamiento y a la Asamblea de Madrid. El aparato de IUCM y ciertos sectores de Izquierda Unida acusaban a Tania Sánchez –que acabó abandonando la coalición, impotente ante las zancadillas del aparato de IUCM y la falta de apoyo expreso de Lara– de lo mismo que a Alberto Garzón: de estar más cerca de Podemos que de IU y de querer entregar IUCM a Podemos.

Esos sectores contrarios –unos de forma pública y otros de forma más taimada– a Alberto Garzón se agrupan en torno a figuras como las de Francisco Frutos y Gaspar Llamazares, ex candidatos de IU en las elecciones generales, que cuando estuvieron al frente de Izquierda Unida se caracterizaron por su cercanía al PSOE. Los vinculados a Frutos –ex secretario general del PCE– han dado un paso más en las últimas semanas, extendiendo sus acusaciones a José Luis Centella –actual secretario general del PCE–, quien según ellos se habría convertido en una especie de marioneta de Alberto Garzón y querría entregar a Podemos no sólo IU, sino también el propio Partido Comunista. Por su parte, los vinculados a Llamazares y a su partido Izquierda Abierta –el nuevo hombre fuerte de IUCM, Luis García Montero, es uno de los principales– son más partidarios de hacer como que la cosa no va con ellos, frotarse las manos ante el río revuelto y confiar en que después del control de IUCM venga también el de Izquierda Unida.

Y Cayo Lara, en medio. Con todos en general y con ninguno en particular. Intentando –¿inútilmente?– poner un poco de orden. Templando gaitas, como se suele decir. Aunque en la última reunión de la Presidencia Federal explotó, recordando que “quien nos está rebañando los votos se llama Podemos” y que el partido de Pablo Iglesias ya “no quiere hablar con IU, porque la considera un lastre”, pero sobre todo reclamando algo tan básico –aunque desoído por tantos– como el apoyo de todos los militantes al candidato de Izquierda Unida en las elecciones generales, que no es otro que Alberto Garzón.

Pero ¿bastarán cuatro bocinazos –que probablemente llegan tarde– para asegurar la unidad de IU en torno al joven candidato? Todo apunta a que no. Y si efectivamente no bastaran, Lara sabe que ya no podría seguir limitándose a ejercer un papel moderador, con dos grupos –por un lado el del propio Alberto Garzón, Centella o Julio Anguita, más partidarios de la unidad popular con Podemos, y por otro el de IUCM, Llamazares o Frutos, más partidarios de la unidad de la izquierda con el PSOE, como han demostrado siempre– tirando de cada uno de los extremos de una cuerda cada vez más frágil y con elecciones municipales, autonómicas y generales a la vuelta de la esquina.

El tiempo corre en contra de Izquierda Unida. El generoso paso atrás de Cayo Lara para facilitar que Alberto Garzón fuera proclamado candidato de IU en las generales apuntaba a que Lara no repetiría como coordinador federal de la organización después de la próxima Asamblea Federal, pero en los últimos días –y a pesar de que su apoyo al candidato continúa intacto, al menos en apariencia– Lara está siendo cortejado por los sectores más alejados de Alberto Garzón y ya nada es descartable. Todos –unos y otros– esperan un movimiento de Cayo Lara que incline la balanza hacia su lado.

Es capaz de resumir la bronca entre las huestes de Cayo Lara y las de Pablo Iglesias –bronca que centra el debate de buena parte de la izquierda española desde hace más de un año– en sólo 40 caracteres: "Pelea en el barro entre socialdemócratas".

Erich Honecker, secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) y jefe de Estado de la República Democrática Alemana (RDA) hasta 1989, escribió su Moabiter Notizen entre 1992 y 1993 en una celda de la prisión berlinesa de Moabit, que conocía bien por haberla frecuentado –como otros comunistas y antifascistas en general– durante el nazismo.

Moabiter Notizen, que años después sería traducido al castellano con el título de Notas de la cárcel, fue publicado en 1994 –año de la muerte de Honecker–, con la RDA ya destruida y Alemania reunificada y entregada al capitalismo.

En el libro, el exjefe de Estado de la Alemania del Este se refiere a la construcción y posterior destrucción de la RDA, y lo hace de forma crítica y autocrítica, pero sin renegar de sus ideas ni de sus actuaciones y reivindicando las relaciones de producción socialistas que permitieron a todos los germanorientales disfrutar de un trabajo, de una seguridad social digna de tal nombre, de viviendas a precios asequibles, de guarderías, de escuelas infantiles, de clubes juveniles y de una vida cultural de alto nivel, a pesar de las difíciles condiciones en las que los dirigentes de la RDA tuvieron que actuar durante los cuarenta años de existencia del Estado creado tras la derrota del nazismo en la II Guerra Mundial.

En sus Notas de la cárcel, Honecker explicaba, constataba y auguraba tres cuestiones sobre las que hoy caben pocas dudas. Explicaba que la destrucción de la RDA se enmarcó en el gran objetivo de hundir la comunidad de estados socialistas, fijado por los centros imperialistas occidentales, con Estados Unidos y la República Federal Alemana (RFA) a la cabeza y con la URSS de Gorbachov, Shevardnadze, Yakovlev y Yeltsin como colaboradora necesaria. Constataba que el caos y la desorientación habían empezado a apoderarse del mundo, al desaparecer el socialismo del suelo europeo y autoproclamarse Estados Unidos como gendarme del nuevo orden mundial a golpe de misiles y bombas. Y auguraba que en el futuro –un futuro que ya está aquí– millones de personas del antiguo Bloque del Este y de fuera del mismo sufrirían las consecuencias del capitalismo y la competencia salvaje durante mucho tiempo, así como que la cuestión social seguiría centrando las controversias públicas en todos los países capitalistas.

Honecker reconocía que las estructuras democráticas de la RDA habían sido insuficientes, pero también destacaba que, allí donde funciona, la democracia burguesa se reduce a los espacios de libertad que los trabajadores han logrado arrancarle al capital a través de sus luchas. Y es que tenía claro que detrás de la sustitución del socialismo por la democracia burguesa en la Alemania del Este no se escondía más que la intención de destruir la propiedad social de los medios de producción –devolviendo las tierras colectivizadas a los grandes propietarios y las empresas nacionalizadas a los capitalistas– y liquidar los equipamientos sanitarios, educativos, científicos, sociales y culturales de la RDA.

Pero evidenciar el valor documental del relegado Moabiter Notizen y desempolvar la figura de su autor resultaría hoy incompleto sin llamar la atención sobre la brillantez de su alter ego tuitero @HoneckerRDA, un maestro de la ironía que define al viejo Honi –encarcelado dos veces por nazis (de 1935 a 1945) y liberales (entre 1992 y 1993) “válgame la redundancia”– como jefe de Estado de la República Democrática Alemana (1976-1989) “y primer ERE de su historia”. Un tipo sagaz que dispara tuits del tipo de “los clasemedias os habéis acostumbrado a que haya leche sin lactosa y ahora pensáis que puede haber un Estado sin opresión a una clase ni a otra” y es capaz de resumir la bronca entre las huestes de Cayo Lara y las de Pablo Iglesias –bronca que centra el debate de buena parte de la izquierda española desde hace más de un año– en sólo 40 caracteres: “Pelea en el barro entre socialdemócratas”.

¿Por qué no ha celebrado Podemos su espectacular irrupción en la política institucional andaluza? Pues porque, como sus dirigentes no han dejado de repetir desde que pusieron en marcha el partido, Podemos no nació para ser un actor secundario –no nació para ejercer las tareas de oposición ni para integrar o apoyar gobiernos dirigidos por el PSOE, la pata izquierda del bipartidismo–, sino para convertirse en el actor principal de la política española. “Nacimos para ganar”, han insistido siempre. Por eso otros partidos aún estarían dando botes de alegría con 15 escaños –partiendo de cero– en el Parlamento de Andalucía, mientras que Podemos, tercera fuerza política en la comunidad autónoma con el 15% de los votos, ha recibido el resultado con caras largas.

Podemos aspiraba (¿sigue aspirando?) a acabar con el bipartidismo, primero ganando las elecciones generales para evitar que España siga siendo gobernada por la Troika y después conformando un gran bloque para avanzar hacia un proceso constituyente que supere el régimen del 78. Y aspiraba (¿sigue aspirando?) a lograrlo presentándose ante la sociedad –una sociedad con escasa y deficiente formación política– no como un partido de izquierdas, sino como nueva política al margen del eje izquierda/derecha. Pero...

Primero: PSOE y PP sumaron el 62% de los votos y 80 de los 109 escaños a repartir en las elecciones andaluzas, lo que refleja que el bipartidismo puede estar tocado –en las anteriores sumó el 80% de los sufragios y 97 asientos–, pero no está ni mucho menos hundido. Y segundo: es evidente que a Podemos le ha hecho mucho daño que la maquinaria propagandística del régimen del 78 lleve meses criminalizando al chavismo y vinculando al partido de Pablo Iglesias con éste, así como promocionando –y parece que con éxito, a juzgar por sus nueve escaños en las andaluzas– a Ciudadanos, un partido que, como Podemos, también se reivindica como nueva política al margen del eje izquierda/derecha.

El gran objetivo de Podemos no son las autonómicas sino las generales y sería aventurado extrapolar los resultados del domingo al conjunto del Estado –y más teniendo en cuenta que Andalucía no parecía ni parece su mejor plaza–, pero no conviene olvidar que el partido salía “a ganar” las andaluzas y ha tenido que conformarse con 15 escaños de 109. Dicho de otra forma, el 22M no ha acabado con Podemos, pero sí lo ha bajado a la tierra.

Las andaluzas arrojan que, así como Ciudadanos está empezando a ser percibido como lo que es –una especie de Podemos de derechas–, Podemos también está empezando a ser percibido como lo que es: un partido de izquierdas. A partir de ahora, tendrá que valorar cómo influye eso en su determinación de “ocupar la centralidad del tablero político” para llevar a cabo su doble objetivo de ganar las generales y avanzar hacia ese proceso constituyente que deje atrás el régimen del 78. Y tendrá que reconsiderar si continúa recorriendo ese camino en solitario –como tenía previsto, sobre todo tras los resultados de las europeas– o rectifica y apuesta por la convergencia con otras fuerzas de izquierdas.

En cualquier caso, lo primero que debe decidir Podemos es qué hacer ante la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Parece evidente que no votará a favor, pero debe elegir entre facilitar la investidura absteniéndose y no facilitarla votando en contra –tanto en la primera votación como en la segunda–, lo que obligaría a la secretaria general del PSOE andaluz a alcanzar un pacto de investidura más o menos expreso con el PP –o con Ciudadanos–, si no quiere tener que volver a convocar elecciones.

Si Podemos facilita la investidura de Susana Díaz, el establishment elogiará su actitud responsable. Si no la facilita –abocando al bipartidismo a conformar una gran coalición más o menos tácita que evidencie más aún la tramoya del régimen del 78 o a volver a convocar elecciones–, el acoso y derribo contra la formación de Pablo Iglesias no habrá hecho más que empezar. La decisión de Podemos, sea cual sea, entrañará riesgos –de uno u otro tipo– para el partido, pero sobre todo proporcionará muchas claves de futuro.

El autor del Quijote –obra cumbre de la literatura en español y libro más traducido de la historia, después de la Biblia– murió y fue enterrado cristianamente en 1616 en el Convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Como refleja la placa que ornamenta una de las fachadas del edificio, allí reposan sus restos desde entonces, a pesar de que fueron removidos a finales del siglo XVIII, durante unas obras de reconstrucción.

Si los huesos de Miguel de Cervantes nunca salieron del convento trinitario y si ningún experto puede asegurar que los restos hallados recientemente bajo la tierra excavada del inmueble son los del raro inventor –como se autodefinió en su Viaje del Parnaso–, ¿dónde está la noticia en toda esta historia? Porque lo que es innegable es que el supuesto descubrimiento deja frío a cualquiera que no se dedique a ver los telediarios con la boca abierta o a cualquiera que no se apreste a sacar tajada de este sainete, que ésa es otra.

¿Hace falta decir que Cervantes no está en el Convento de las Trinitarias Descalzas? ¿Hace falta decir que allí sólo reposan –como han reposado siempre– sus huesos, aunque no se sepa –aunque siga sin saberse– cuáles son exactamente?

Cervantes está en el sueño imposible del Quijote, en el garbo salvaje de La Gitanilla, en las licenciosas andanzas de Rinconete y Cortadillo o en la maldición obsesiva de El licenciado Vidriera. Está en el Rocinante de León Felipe, en El viaje infinito de Sancho Panza de Alfonso Sastre, en el Don Kikhot de Grigori Kozintsev o en aquel dibujo animado que mojaba en un tintero su pluma inmortal para dar vida a los inolvidables personajes de una serie infantil que marcó a toda una generación.

Si España es el segundo país del mundo con más desaparecidos –superado sólo por Camboya–, ¿por qué negarse a exhumar sus cuerpos? ¿Y por qué desenterrar el de alguien que ya descansaba en paz? Si una guerra no termina hasta que todas sus víctimas mortales son inhumadas dignamente, ¿hay guerras que no terminan nunca? Cualquier mente sana es consciente de que enterrar con dignidad a los muertos no sólo no reabre heridas, sino que contribuye a cerrarlas.

El próximo año se conmemorará el cuarto centenario de la muerte del autor de la obra cumbre de la literatura en español (1616-2016). Qué casualidad. Y qué mejor que unos cuantos fuegos de artificio y un flamante mausoleo para celebrarlo. Los más de 100.000 desaparecidos pueden seguir esperando en las cunetas, quién sabe si otros 80 años más. O eternamente.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido prohibir el concierto que Soziedad Alkoholika iba a ofrecer el 14 de marzo en el Palacio Vistalegre, alegando que durante su celebración podrían producirse “alteraciones del orden público”.

Como nunca se han producido alteraciones del orden público durante las actuaciones del grupo vitoriano, no resulta aventurado concluir que la verdadera razón de la suspensión del concierto no es la esgrimida, sino los “excesos verbales” de algunos temas de Soziedad Alkoholika, como desliza el propio Ayuntamiento en el auto de prohibición, citando una sentencia del Tribunal Supremo, pero obviando que a través de esa sentencia el alto tribunal absolvió al grupo gasteiztarra de un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo, del que había sido acusado por la AVT y absuelto ya en primera instancia por la Audiencia Nacional.

Y es que la prohibición del concierto de Soziedad Alkoholika en Madrid debe ser enmarcada en un rosario de ataques a la libertad de expresión –a la libertad de expresión de sólo una parte, siempre la misma, de la sociedad– en España, como el secuestro de la revista satírica El Jueves por una caricatura de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en posición íntima; la acusación de ultraje al actor Pepe Rubianes por sus palabras durante una entrevista; la querella contra el cantautor Javier Krahe por “ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa” en una película; la denuncia al cómico Leo Bassi por otro supuesto delito de blasfemia –presente aún en el Código Penal español– por su parodia del Papa Juan Pablo II; o el juicio en la Audiencia Nacional al humorista Facu Díaz por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo –del que resultó absuelto, como Soziedad Alkoholika– por otra parodia, por citar algunos ejemplos.

Quienes jalean las caricaturas que ofenden a otros y sin embargo persiguen con saña las caricaturas –o las canciones, que para el caso es lo mismo– que les ofenden a ellos no sólo no son Charlie, sino que, además de censores, son unos hipócritas.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la libertad de expresión “constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad” y “no se aplica sólo a las informaciones o ideas consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden o molestan”, porque “tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática”.

Soziedad Alkoholika no ha dejado de actuar –desde América hasta Japón, pasando por Europa y España– durante sus 27 años de historia. El próximo concierto del grupo se celebrará el 19 de abril en Santiago de Chile.

Según las últimas encuestas, las próximas elecciones generales podrían suponer el fin del turnismo bipartidista de PP y PSOE. Nuevas formaciones podrían arrebatar el Gobierno español a esos dos partidos o al menos abocarlos a conformar una gran coalición –al estilo de la grosse koalition alemana– que evidenciaría ya del todo una tramoya cuidadosamente diseñada cuarenta años antes.

La transición del franquismo a la monarquía parlamentaria consistió en reemplazar el andamiaje de la dictadura nacionalcatólica por otro, homologable con los regímenes liberales del entorno, que permitiría involucrar plenamente a España en las estructuras políticas, económicas y militares del capitalismo internacional, conservando y consolidando el estatus de las clases dominantes. ¿Cómo? Sustituyendo el partido único del franquismo por dos grandes partidos de centro –uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda–, encargados de protagonizar la mascarada que garantizaría la paz social del régimen del 78 y del sistema capitalista.

Tuteladas por el jefe del Estado designado por Franco y por los poderes fácticos interiores y exteriores –empezando por el Departamento de Estado norteamericano y la CIA–, cuatro fuerzas políticas –la AP del exministro franquista Manuel Fraga, la UCD del también exministro franquista Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo– protagonizaron la reforma de la dictadura, que sentó las bases del bipartidismo imperfecto que rige la política institucional española desde entonces.

El papel de partido de centro-derecha ha correspondido a UCD de 1977 a 1982, a AP de 1982 a 1989 y al PP desde 1989 (el año en el que Alianza Popular, que ya integraba a numerosos cuadros de la extinta UCD, se refundó como Partido Popular) hasta la fecha. Por contra, el papel de partido de centro-izquierda ha correspondido siempre al PSOE, con cuyo control se hicieron González y su equipo en el congreso celebrado en la localidad francesa de Suresnes en 1974.

El bipartidismo –desde la UCD de Suárez y el PSOE de González hasta el PP de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez– se ha caracterizado por los grandes consensos y la identificación de las principales políticas de los dos partidos que en cada momento lo han vertebrado, empezando por una política económica marcadamente neoliberal.

Como instrumento concebido y puesto en marcha para conservar y consolidar todo un estado de cosas, el bipartidismo ha contado con un sistema electoral diseñado ad hoc y una potente maquinaria propagandística que –con el voto útil como axioma– han impedido que cualquier otra formación ponga en peligro el turnismo. Al menos, hasta la crisis económica y la gestión neoliberal de ésta por parte tanto del PSOE como del PP. Y es que, según las encuestas, un partido de izquierdas, Podemos, y otro de derechas, Ciudadanos, (ni Podemos se dice de izquierdas ni Ciudadanos se dice de derechas, pero lo son) podrían amenazar un bipartidismo que ni IU ni UPyD llegaron nunca a poner en peligro.

Pero no conviene olvidar que una cosa es amenazar las posiciones de PP y PSOE, otra cosa es amenazar el bipartidismo, otra cosa es amenazar el régimen del 78 y otra cosa es amenazar el sistema capitalista, entre otras cosas porque el sistema capitalista puede sobrevivir sin el régimen del 78, el régimen del 78 puede sobrevivir sin el bipartidismo e incluso el bipartidismo puede sobrevivir sin el PP y el PSOE. Y tampoco conviene olvidar que la esencia del bipartidismo español no es que esté constituido por dos partidos –podría estarlo por tres o por cuatro, sin que cambiara nada más que su nombre–, sino su condición de instrumento de las clases dominantes para garantizar su dominio. Por ello, la cuestión principal no es si se acerca el fin del bipartidismo, sino si se acerca el fin de las políticas y del estado de cosas que el bipartidismo se ha encargado de garantizar. En este sentido, Podemos plantea más de una incógnita, pero de Ciudadanos hay pocas dudas de que sólo cabe esperar más de lo mismo. Probablemente, mucho o muchísimo más, pero de lo mismo.

¿Eran necesarios treinta, treinta y cinco o cuarenta años –y una crisis económica– para comprobar que no se equivocaba?

Madrid, 20 de noviembre de 1975. Francisco Franco muere en la cama después de casi 40 años en la jefatura del Estado español y en el mando supremo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. El presidente de su Gobierno, Carlos Arias Navarro, comparece lloroso ante las cámaras de TVE para dar cuenta de la muerte del dictador y leer su conciso testamento político, que se resume así:

“Os pido que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”.

“Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria”.

Tres años y 16 días después de la muerte de Franco, la Constitución española de 1978 determina lo siguiente:

“El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes” (artículo 56).

“La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica” (artículo 57).

“Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 62).

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (artículo 2).

“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” (artículo 8).

Durante su discurso televisado de la Nochebuena de 1969 –el año en que nombró a Juan Carlos de Borbón “sucesor a título de rey”–, el dictador había pronunciado la frase “lo dejo todo atado y bien atado”.

¿Eran necesarios treinta, treinta y cinco o cuarenta años –y una crisis económica– para comprobar que no se equivocaba?

Cuba y EEUU han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y abrir un proceso de negociación para normalizar esas relaciones, que estaban rotas desde 1961. Antes de poner fin a su visita oficial a Cantabria, el embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez Enríquez, recibe a eldiario.es en el Centro Social Ítaca de Torrelavega.

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Cuba en su negociaciones con Estados Unidos?

Como dijo el presidente cubano, nuestra voluntad de normalizar las relaciones con Estados Unidos es plena, los principales obstáculos a esa normalización están del lado norteamericano: el bloqueo, Guantánamo, los programas federales del Gobierno estadounidense para derrocar a mi Gobierno, las transmisiones de Televisión y Radio Martí hacia Cuba, las compensaciones por los daños humanos y económicos que ha causado el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, la permanencia de Cuba en la ley de estados patrocinadores del terrorismo internacional, que es una gran mentira… Cuba tiene la mejor voluntad de discutir con Estados Unidos los pasos para avanzar en ese proceso de normalización, pero no tenemos ninguna intención de modificar aspectos de nuestro orden interno, como no exigimos que Estados Unidos lo haga del suyo. En este sentido, no renunciaremos a los principios que el pueblo cubano ha apoyado ni a la forma en la que nos hemos organizado en Cuba.

¿Este restablecimiento de las relaciones diplomáticas podría constituir un primer paso hacia el fin del bloqueo?

Es una decisión que va en esa dirección, pero no es el fin del bloqueo. El presidente de Estados Unidos tiene facultades para eliminar aspectos del bloqueo. Es potestad del Congreso eliminarlo totalmente, pero yo diría que él tiene potestades y facultades ilimitadas para desarmar el bloqueo y dejarlo en su caparazón.

¿Y no lo hace?

Y no lo ha hecho, vamos a decir. Desearíamos que lo hiciera, porque el presidente de Estados Unidos puede, mediante su facultad ejecutiva, ir eliminando áreas que hoy conforman un sistema de sanciones, que aplica Estados Unidos a Cuba, que tiene carácter extraterritorial, que afecta a la relación de Cuba con otros países.

Un sistema de sanciones que ha perjudicado seriamente al pueblo cubano y ha resultado ineficaz para los gobiernos de Estados Unidos.

El presidente Obama reconoció que el bloqueo le ha hecho daño al pueblo cubano, que el bloqueo no ha logrado los objetivos para los que fue creado y que iba a trabajar con el Congreso de Estados Unidos para eliminarlo. O sea que ya no solo lo dicen los cubanos; lo dice la comunidad internacional y lo dice el presidente de Estados Unidos.

¿Pero se están dando pasos efectivos para eliminarlo?

Es muy difícil por parte nuestra decir eso, porque nos falta información, pero sí puedo asegurar que hay un movimiento fuerte en el Congreso de Estados Unidos por eliminar el bloqueo. Por lo tanto, los cubanos somos optimistas, conscientes de que es un camino largo.

¿Estados Unidos podría haber asumido que el bloqueo no ha resultado eficaz y podría estar intentando doblegar a la revolución cubana de otra forma?

Sí, claro. Es uno de sus propósitos. De hecho, Estados Unidos ha dicho que cambia el instrumento, no la política. Estados Unidos ha dicho que no ha funcionado una política de intentar aislar a Cuba y de bloquearla y que intentará otra. Es un reto para Cuba, pero lo afrontamos. Cuba tiene relaciones con 189 países, Cuba comercia con los países con los que Estados Unidos no le impide hacerlo, tres millones de turistas visitan Cuba… Cuba está abierta al mundo y tenemos relaciones con todo el mundo, no le tememos a una relación con EEUU, como seguramente tendremos en el futuro próximo.

Hay quien dice que Raúl Castro es más pragmático que Fidel y que cuestiones como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas o las recientes medidas de aperturismo económico no habrían sido posibles con Fidel Castro en la Jefatura del Estado.

No. Yo puedo asegurar que ambos presidentes respondieron a los momentos históricos en que se desempeñaron y si alguien hizo o dirigió transformaciones importantes en Cuba a lo largo de su Presidencia, hay que recordar al líder histórico de la revolución, Fidel Castro, que hizo las grandes transformaciones revolucionarias en Cuba. Por lo tanto, no es alguien de quien podamos dudar de su capacidad de dirigir procesos transformadores.

No creo que nadie ponga en duda la capacidad de Fidel, pero parece menos flexible que su hermano…

El periodo del mandato del presidente Raúl es un momento histórico que requiere estas transformaciones. El pueblo, que fue consultado entre 2006 y 2011 y se recogieron más de ocho millones de opiniones, apoyó y sugirió transformaciones que hoy estamos haciendo, acordes con los tiempos que vivimos. Y, como dijo Raúl en una ocasión, las decisiones fundamentales él se las ha consultado al líder de la revolución, por lo tanto, no hay entre esos dos hermanos una grieta, y creo que si hemos llegado aquí ha sido por la capacidad de ambos de dirigirnos y de recoger el sentir del pueblo cubano.

¿Pero cuál es el alcance real de las medidas de aperturismo económico de este momento histórico?

En los últimos tiempos, efectivamente se han introducido medidas que nosotros llamamos de actualización del modelo económico cubano, y es importante subrayar esto, porque las bases del sistema se mantienen: la planificación socialista, la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción, evitar la concentración de riqueza en una gente que sea muy rica… Todo eso se ha mantenido. Por lo tanto, el sistema es el mismo, pero actualizado. ¿En qué hemos cambiado? Hay una convivencia de diferentes tipos de propiedad, que puede ser un aporte de esta nueva etapa de la Revolución cubana al socialismo, en el que haya propiedad cooperativa, pequeños trabajadores o trabajadores por cuenta propia, que ya son medio millón de cubanos. Por lo tanto, sí hay cambios, que obedecen a una nueva circunstancia histórica y creo que tienen que ver con eso: la forma de propiedad, la forma de gestión de propiedad, la modificación de la matriz energética en Cuba, que también se está haciendo, una ley de inversiones que elimina algunas ambigüedades y da más seguridad jurídica a la inversión extranjera. En fin, efectivamente hay cambios evidentes que nosotros hacemos para hacer un socialismo más eficiente, que sea próspero y sostenible.

Hablando de la inversión extranjera, usted acaba de reunirse con algunos empresarios de Cantabria. Supongo que esos y otros empresarios mirarán con buenos ojos esas medidas de aperturismo económico, porque verán ahí una oportunidad de negocio.

Hay una percepción de que Cuba se convierte en un destino de interés para la inversión extranjera, y nosotros no lo negamos, porque nosotros necesitamos la inversión extranjera. En Cantabria hemos encontrado empresarios interesados en invertir en Cuba o en comerciar con Cuba. Algunos ya tienen negocios y hemos venido justamente para facilitar su mayor integración con Cuba y actualizarla. Nosotros consideramos la inversión extranjera necesaria en los sectores que hemos priorizado y bajo las condiciones de que no vamos a entregar el país al capital extranjero ni a la banca internacional, que vamos a hacer una inversión que reúna los criterios que protejan el medio ambiente, que los beneficios, si bien los puede obtener el inversor extranjero, sean repartidos justamente con los cubanos y que satisfagan las necesidades crecientes de la población de Cuba.

Lo de no entregar el país al capital extranjero ni a la banca internacional es interesante. En Cuba no gobiernan los mercados, sus sistemas sanitario y educativo son un ejemplo para el mundo, no se producen desahucios, no existe la desnutrición infantil… ¿Cómo se articula el sistema electoral cubano para garantizar que no acaben gobernando esos poderes económicos a los que no ha elegido nadie, como ocurre en estados no muy lejanos?

Nosotros tenemos un sistema electoral diferente al de muchos países. El de Cuba no se basa en un sistema de múltiples partidos políticos que responden a diversos intereses en los que intervienen lobbies económicos, lobbies internacionales o incluso intereses ideológicos dispares. Es un partido que no postula a los candidatos que gobiernan, sino que traza directrices ideológicas y es una fuerza rectora nacional, y los candidatos ocupan cargos en el parlamento cubano y después en las instancias de gobierno en base a sus méritos personales. O sea, el pueblo, en asamblea popular, elige o propone a candidatos a integrar los órganos de poder en Cuba en base a los méritos alcanzados por estas personas, sus capacidades de dirección, de organización, de trabajo, y no en base a programas políticos, promesas electorales o al dinero que lo presente muchas más veces en la televisión, en un anuncio, etcétera. Es un sistema diferente, que requiere perfeccionamiento, que empieza desde la base a trabajar, que somete a los candidatos a elección y el ganador siempre tiene que ir en una boleta acompañado de otro, que tiene que ganar el cincuenta por ciento de los votos como mínimo para ser electo y que después en asamblea soberana elige a un Consejo de Estado que gobierna en nombre del pueblo que fue representado en esa Asamblea Nacional que es nuestro parlamento. Ese sistema debe ser perfeccionado –como ha dicho nuestro presidente, estamos en contra de la falsa unanimidad, debemos convivir con diferencias, debemos hacerlo más participativo y que se vaya a la profundidad de los problemas, que los ministros rindan cuentas a los diputados en esa Asamblea Nacional y que tengan más contacto directo con la población–, pero creemos que es el sistema que ha hecho a los cubanos libres y soberanos.

¿Qué siente cuando ciertos medios critican cuestiones como la presencia de Raúl Castro en el funeral de Nelson Mandela, sabiendo que la revolución cubana siempre ha sido el principal apoyo y referente de Mandela?

Con el funeral de Mandela pasó una cosa que yo creo que no es curiosa, pero es sintomática: los que se sorprendieron de que en ese funeral apenas hablaran cinco presidentes y uno de ellos fuera el presidente cubano lo hicieron porque desconocían o porque querían ignorar la presencia cubana en África, que fue la que logró la liberación de Mandela, la liberación de Namibia, la independencia de Angola y en definitiva la eliminación del apartheid en Sudáfrica. Eso es un reconocimiento al pueblo cubano y, más que al pueblo cubano, a los dos mil cubanos que murieron en África luchando, no solo en Angola o en Namibia, sino en más de veinte países africanos. Y eso provocó de nuevo sorpresa. Mi sorpresa es que allí estuviera el presidente Obama, que no sé qué hizo por la liberación de Mandela. Mandela fue considerado terrorista en Estados Unidos.

Hasta poco antes de su muerte.

Hasta el último momento. Hubo países ahí que acudieron sonrientes al funeral del símbolo de la igualdad de los hombres, de la lucha por la libertad, y que sus países intentaron matar a Mandela –y evito mencionar nombres para evitar problemas diplomáticos–, y nosotros no, nosotros siempre apoyamos a Mandela, desde el primer momento, nunca lo consideramos un terrorista, siempre lo consideramos un luchador por una causa justa, como era eliminar el apartheid, que finalmente se logró en Sudáfrica con el apoyo de Cuba, como fue reconocido por el pueblo sudafricano y la líder sudafricana que presentó a Raúl cuando fue a hablar, que nunca olvidaré que dijo “aquí, el representante del pueblo que liberó a Sudáfrica”.

En este sentido, junto a la soberanía, la sanidad y la educación, la solidaridad internacionalista es uno de los logros de los que más orgulloso se siente el pueblo cubano. Por ejemplo, el reconocimiento de la labor de Cuba en la lucha contra el ébola en África ha sido unánime. ¿Qué supone la solidaridad internacionalista para el pueblo cubano?

Es un deber de los cubanos. Fidel dijo que nosotros teníamos que saldar nuestra deuda con la humanidad, porque Cuba ha sido ayudada. Fue ayudada por España, fue ayudada por múltiples países. Y nosotros… Es lo mínimo que se puede hacer, es como un compromiso, es nuestro… Dentro de nuestro concepto de sistema político tiene que estar incorporada la solidaridad, porque el mundo no puede ser excesivamente competitivo y no solidario.

No hace mucho tiempo, salió a la luz el caso de un exiliado cubano que ansiaba volver a Cuba porque en España se quedó sin trabajo y lo desahuciaron. Y no debe de ser el único. ¿Hay más conciencia de que el sueño capitalista se torna en pesadilla cuando no tienes trabajo ni dinero?

Sí, estamos recibiendo con más frecuencia solicitudes de cubanos de regresar a Cuba o asistencia consular. Pasa en varios países y los cambios en Cuba favorecen también su inserción en nuestro país.

¿Cómo calificaría la relación de Cuba con España y con la Unión Europea?

Yo creo que las relaciones con España son buenas e intensas. Podría avanzarse más, pero han alcanzado un nivel en el que hemos podido administrar nuestras diferencias para evitar conflictos y hay buena relación. Tenemos comercio con casi todos los países de la Unión Europea, se avanza, logramos un acuerdo de cooperación y diálogo político y estamos conversando para avanzar, pero hay relaciones estables, fluidas y de buena comunicación.

Tras el éxito internacional de una de las punzantes películas en blanco y negro de Berlanga, un ministro de la dictadura nacionalcatólica mostró sus quejas al jefe del Estado sobre “el comunista ese de Berlanga”, a lo que Franco se limitó a responder con su habitual laconismo: “Berlanga no es un comunista, es algo mucho peor que eso, es un mal español”.

Desde el año pasado, quienes presentan la gala de los Goya y entregan los premios del cine español deben firmar antes un contrato de cesión de sus derechos de imagen, que incluye una cláusula que no les permite modificar el guión de la ceremonia. El año pasado algunos de esos directores, actores y cómicos se negaron a convertirse en autómatas incapacitados para hacer suyo un guión y decidieron no firmar el contrato, a pesar de lo cual les fue permitido participar en la gala, pero como ésta acabó marcada por las críticas al ministro Wert y a sus políticas, este año los organizadores de la ceremonia han decidido tomarse las cosas más en serio que el alcalde de Bienvenido, Mister Marshall. El año pasado Wert no asistió a la gala. Este año sí lo hizo. Y es que sabía que el riesgo de que algún mal español le amargara la velada esta vez tendía a cero.

Este año el actor Carlos Areces (uno de los amiguetes de la saga de Torrente; el que tiene cara de no haber roto nunca un plato) tuvo que abandonar el Palacio de Congresos de Madrid antes de que comenzara la ceremonia, después de que el productor ejecutivo de los Goya, Emiliano Otegui, le informara –a última hora– de que no podía entregar –como estaba previsto– una de las estatuillas ni seguir el desarrollo de la gala desde el backstage (que es desde donde lo siguen quienes reparten los premios, por lo que Areces había cedido su asiento en el patio de butacas), precisamente por haberse negado a firmar un contrato que está dando más vueltas que el motocarro de Plácido, pero que la Academia del Cine sigue sin querer hacer público, a pesar de las numerosas peticiones al respecto.

El productor ejecutivo de los Goya argumenta que el documento sólo pretendía que la ceremonia no se alargara demasiado (resulta curioso, teniendo en cuenta que duró casi cuatro horas), pero los sectores más concienciados y comprometidos del cine español coinciden en que estos Goya 2015 han marcado un punto de inflexión, como lo hicieron los Goya 2003 del No a la guerra, pero esta vez en sentido contrario. En estos sectores no se duda de que detrás del contrato que Areces se negó a firmar hay un acuerdo entre Televisión Española y la Academia del Cine –Otegui ejerce precisamente de 'puente' entre la Academia y TVE, que retransmitió la ceremonia en directo– para evitar que los titiriteros vuelvan a pasarse de la raya. Aún colea el malestar por un nombramiento que hizo más ruido que el maletín de El Verdugo –el de Porfirio Enríquez como director general de la Academia el año pasado; sorprendentemente, sólo unos días antes de celebrarse las elecciones a la Presidencia de la institución– y nadie olvida tampoco que Televisión Española está cada día más controlada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero TVE –pública, aunque cada vez más privada– no fue la única televisión presente en los Goya 2015. Sin cuestionar la calidad de La isla mínima y El niño, el hecho de que las dos grandes protagonistas de la noche hayan sido producidas, respectivamente, por Atresmedia (propietaria de Antena3 y LaSexta) y Mediaset (propietaria de Telecinco y Cuatro y productora también de Ocho apellidos vascos, tercera protagonista de la noche y película más taquillera de la historia del cine español) justifica la preocupación por las crecientes y a menudo insalvables dificultades que las películas pequeñas -muchas de ellas, de gran calidad– encuentran para poder competir con esos gigantes en las salas de exhibición.

En los Goya faltaron también muchos trabajadores del mundo del cine –nadie en el Palacio de Congresos levantó la voz para apoyar a Areces porque, de los directores, actores y cómicos menos acostumbrados a transigir, unos no estaban invitados y otros se negaron a acudir–, quienes fueron sustituidos por muchos otros de la televisión. Las televisiones privadas mantienen con la Academia una relación tanto o más estrecha que la de TVE, y el comedimiento de los principales galardonados –quienes, al contrario que los presentadores, no tienen que firmar el contrato que no permite modificar el guión de la gala, y cuyo discurso es personal– podría no ser casual.

Lo cierto es que –con cada vez más productoras independientes al borde del cierre por los severos recortes en las ayudas a la amortización de largometrajes– los Goya 2015 acabaron convertidos en un interminable desfile de modelitos –muchos de ellos, prestados–, donde prácticamente nadie excepto Pedro Almodóvar dijo una palabra más alta que otra y solo se vieron dos lazos naranjas en apoyo a los trabajadores de TVE que a las puertas del edificio denunciaban los recortes y la manipulación que sufre la televisión pública: el que portaba el propio Areces hasta que se marchó antes de tiempo y el que lució Alberto Rodríguez (ganador del Goya al mejor director por La isla mínima), pero solo a su llegada a la gala.

Y es que en el Palacio de Congresos no faltaron las advertencias sobre la necesidad de separar la política de la fiesta del cine español (¿es necesario recordar a alguien que eso de que los trabajadores del cine español son todos millonarios es más falso que las apariciones de Los jueves, milagro, por mucho que lo repita la TDT party?) ni las insinuaciones sobre la conveniencia de desprenderse del lazo naranja.

Enrique González Macho –partidario de reivindicar en los despachos y de que los tirones de orejas queden circunscritos a su discurso oficial– alegó ayer “motivos estrictamente personales” para justificar su dimisión como presidente de la Academia (cargo en el que fue reelegido el año pasado y en el que será sustituido por el actual vicepresidente primero, Antonio Resines), pero cuesta desvincular la renuncia de este hombre poco amigo de ruidos de lo revueltas que bajan las aguas en una institución más dominada que nunca por los intereses y las camarillas.

Antes de entregar el Goya de Honor a Banderas, Almodóvar arrancó su discurso con un “buenas noches, amigos de la cultura y del cine español… Señor Wert, usted no está incluido en esto”. El productor ejecutivo de los Goya, Emiliano Otegui, asegura que el director manchego se pronunció así porque las palabras de quien entrega el Goya de Honor siempre son personales y por eso escapan a su control. Pero caben pocas dudas de que ni Otegui ni nadie se atrevería a dar a firmar al oscarizado cineasta el contrato que la Academia del Cine no ha mostrado aún y que se negó a suscribir un actor de la escuela de Muchachada Nui. Un señor con ninguna gana de participar en enjuagues ni de reír gracias enlatadas delante de un ministro de cabeza brillante y sonrisa puesta que no desentonaría en el acartonado paisanaje de La escopeta nacional. Un tipo que no quiso formar parte de una tramoya. Un digno representante de la mejor estirpe de cómicos. Un mal español.

Para intentar responder la cuestión de quién es la

Syriza española

hay que remontarse un cuarto de siglo.

El PSOE siempre ha sido el partido hermano del Pasok, y el PCPE es el partido hermano del KKE. Pero... ¿quién es la Syriza española? Esta no es una cuestión sencilla, y para intentar responderla es necesario remontarse un cuarto de siglo.

Año 1989. Julio Anguita, entonces secretario general del PCE, es elegido coordinador general de Izquierda Unida, coalición -fundada tres años antes- que integra al propio PCE y a otras organizaciones de izquierdas y cuenta con siete diputados (de 350) en el Congreso. La IU del político cordobés denuncia y combate sin ambages la política económica neoliberal de reconversiones, privatizaciones, reformas laborales… del Gobierno de un PSOE tan entregado como el PP a la UE de los mercados. IU insiste en que el PSOE se dice de izquierdas, pero hace políticas de derechas, por lo que la unidad de la izquierda, entendida como confluencia con el partido socialista, es imposible mientras éste siga sumiso a la oligarquía económica y financiera y desarrollando el programa del FMI para España.

Anguita suele resumirlo con tres palabras en una: programa, programa, programa. E insiste en las teorías de las dos orillas –PP y PSOE, que comparten política económica neoliberal, están juntos en una de las orillas de un supuesto río, e IU está sola en la de enfrente– y el sorpasso –IU debe trabajar para sustituir al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda. Pero la IU del político cordobés también denuncia y reclama responsabilidades por los casos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, y lo hace junto al resto de la oposición –incluido el PP–, lo que provoca que la prensa afín al felipismo le atribuya sin descanso una supuesta pinza con la derecha del PP contra la izquierda del PSOE. Una supuesta pinza que hace mucho daño a Anguita, tanto dentro como fuera del PCE y de IU. Aun así, la Izquierda Unida del político cordobés asciende a 17 diputados en 1989, 18 en 1993 y 21 en 1996, el techo electoral de la coalición desde su fundación hasta el día de hoy.

Año 2000. Anguita va a repetir como candidato de IU en las generales, pero poco antes sufre un infarto que se lo impide, y es relevado por Francisco Frutos, quien dos años antes lo había sustituido ya como secretario general del PCE. Con el político cordobés fuera de juego, la IU de Frutos decide olvidarse de las dos orillas, del sorpasso y del programa, programa, programa de la IU de Anguita, y concurre a las elecciones tras formalizar un pacto de izquierdas con el PSOE de Joaquín Almunia. El resultado electoral es desastroso: la IU de Frutos desciende de 21 a ocho diputados, pero eso no es lo peor. Lo peor es que ese pacto echa por tierra el trabajo de medio y largo plazo de Anguita –aunque también el de corto, a la vista de los resultados electorales– y lastra el futuro de IU, tanto electoralmente como, sobre todo, como alternativa ideológica y política a un partido socialista que sigue entregado a la UE de los mercados.

Con sólo ocho diputados, IU apuesta por más tibieza, y ese mismo año elige como coordinador general a Gaspar Llamazares. Militante del PCE –como Anguita y Frutos–, el político asturiano coquetea con el PSOE dentro y fuera del Congreso y profundiza en la idea de que, pese a las diferencias, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero es de los nuestros, un partido de izquierdas. Los resultados de la IU de Llamazares son aún más desastrosos que los de la de Frutos: tres diputados en 2004 y uno solo –el propio Llamazares– en 2008. Y lo peor de todo es que las dos orillas y el sorpasso ya no son más que un viejo recuerdo perdido en el tiempo.

Año 2008. Estalla la crisis económica e IU elige como coordinador general al también militante del PCE Cayo Lara, un hombre contemporizador a quien le toca gestionar la pesada herencia que le dejan Frutos y Llamazares.

Año 2011. Al grito de no nos representan, el movimiento 15M, producto de la crisis y de la gestión neoliberal de ésta, identifica a PP y PSOE como las patas derecha e izquierda, respectivamente, de un bipartidismo sumiso a la oligarquía económica y financiera. Populares y socialistas, que en tiempos de crisis se diferencian menos que nunca, reforman juntos el artículo 135 de la Constitución… y la IU de Cayo Lara obtiene ocho diputados en las elecciones generales, frente a los 186 del PP (mayoría absoluta) y los 110 de un PSOE seriamente tocado.

Año 2012. Quien mejor ha comprendido el 15M y lo que éste representa políticamente es Anguita, quien sigue militando tanto en el PCE como en IU, pero pone en marcha el denominado Frente Cívico 'Somos Mayoría', que recupera la letra de la IU de la que el político cordobés fue coordinador general, y la acompaña de una música que conecta con la principal denuncia del 15M: PP y PSOE son dos caras de lo mismo, y no gobiernan para la gente, sino para los mercados. Mientras tanto, IU de Andalucía, tras consultar a sus bases, formaliza un pacto para gobernar la comunidad andaluza junto al PSOE, contra la opinión y pese a las advertencias de referentes políticos y éticos de la coalición tan intachables como Juan Manuel Sánchez Gordillo (alcalde de Marinaleda), Diego Cañamero (portavoz nacional del SAT) o el propio Anguita.

Año 2014. El partido Izquierda Anticapitalista –constituido a partir de una escisión de Izquierda Unida– y un grupo de profesores de Políticas de la Universidad Complutense –quienes han asesorado a gobiernos del socialismo del siglo XXI latinoamericano y algunos de los cuales han estado vinculados a IU– ponen en marcha el movimiento Podemos, que identifica a PP y PSOE como una casta política que gobierna al servicio del FMI –y la Troika en general– y los mercados. Podemos –como el Frente Cívico 'Somos Mayoría'– no habla ya de izquierdas y derechas, sino de dos partidos –uno de derechas y otro supuestamente de izquierdas– que no gobiernan para la mayoría de la población, sino para la oligarquía económica y financiera.

Anguita no oculta su simpatía por el nuevo movimiento –el nuevo movimiento tampoco oculta su simpatía por la trayectoria política de Anguita–, que en cierto modo recupera sus teorías de las dos orillas y el sorpasso. Podemos y su líder –Pablo Iglesias, un joven profesor de Políticas que lo mismo teoriza sobre el marxismo en su programa televisivo La Tuerka que martillea sobre la casta y la gente en las televisiones generalistas– ofrecen a IU conformar una lista conjunta a las elecciones europeas del 25 de mayo, pero ambas formaciones no se ponen de acuerdo sobre la manera de elegir a los candidatos y acaban concurriendo por separado.

El éxito electoral de Podemos –cinco eurodiputados, con apenas cuatro meses de vida; la candidatura de IU obtiene seis– es incontestable, y el movimiento –que, impulsado por una hábil estrategia mediática, comienza a subir como la espuma en las encuestas– decide constituirse como partido y no oculta que ya no tiene ningún interés en confluir con IU. Mientras tanto, Cayo Lara intuye los tiempos que vienen y anuncia que no será el candidato de IU en las generales de 2015, dejando vía libre a Alberto Garzón, un joven diputado –militante del PCE y vinculado al 15M– partidario de buscar espacios de confluencia con Podemos y hacia quien Anguita no escatima elogios. Garzón –quien cuenta con el apoyo más o menos tácito tanto del coordinador general de IU, Cayo Lara, como del secretario general del PCE, José Luis Centella– es el único miembro de la coalición que se presenta a las primarias para ser el candidato de IU en las generales, por lo que su proclamación es automática.

Pero volvamos a Europa: Syriza –en griego, Coalición de la Izquierda Radical–, que fue fundada en 2004 como coalición de diversas organizaciones de izquierdas, forma parte del Partido de la Izquierda Europea junto a IU y otras organizaciones del continente, entre las que no se encuentra Podemos. Pero los eurodiputados de Syriza, IU y Podemos sí están juntos en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, donde la sintonía personal y la relación política de Alexis Tsipras, de Syriza, y Pablo Iglesias, de Podemos, son cada día más estrechas.

Año 2015. La derrota de ND y Pasok –las patas derecha e izquierda del bipartidismo griego sometido a la Troika y los mercados– y el triunfo de Tsipras en las elecciones griegas están cantados, y tanto IU como Podemos reivindican su condición de Syriza española. Alberto Garzón –a quien Anguita apoya como su candidato a presidente del Gobierno español– y Pablo Iglesias asisten, por separado, en Atenas al cierre de campaña del partido griego, pero el dedo de Tsipras sólo se posa en uno de ellos: en el mediático secretario general de Podemos, partido que sigue subiendo como la espuma en las encuestas. El hoy primer ministro griego finaliza su mitin abrazado a Pablo Iglesias, y se compromete a hacer frente a la Troika y los mercados junto a él este mismo año, cuando Podemos derrote al bipartidismo de PP y PSOE e Iglesias alcance la presidencia del Gobierno español.

Mientras tanto, un político cordobés degusta el sabor de lo agridulce. Agrio por lo que pudo ser y no fue, y dulce porque de alguna manera las teorías de las dos orillas y el sorpasso, que forjó veinticinco años atrás, pueden estar a punto de materializarse.

Por cierto, si hay quien sigue preguntándose quién es la Syriza española, sepa que la Syriza española –si es que existe– no ha sido más que un mcguffin para conducir esta historia.

¿Ha abierto Syriza el camino a la sustitución de la vieja socialdemocracia

neoliberal

por una nueva socialdemocracia

de izquierdas

en Europa?

El pacto de Syriza con Anel, es decir, que Alexis Tsipras tuviera que recurrir a un partido de derechas para poder formar gobierno en Grecia, invita a reflexionar sobre el hecho de que en el país heleno -aunque no sólo en el país heleno- existen tres izquierdas con poco o nada que ver entre sí: por un lado, la vieja socialdemocracia del Pasok; por otro, el leninismo del KKE, y por otro, una especie de nueva socialdemocracia, representada por la propia Syriza y llena de incógnitas por despejar. Tres izquierdas con diferencias prácticamente irreconciliables.

El Pasok forma parte de la vieja socialdemocracia europea, la sumisa a la oligarquía económica y financiera. La que asumió y ha desarrollado durante las últimas décadas el programa neoliberal de reconversiones, privatizaciones, reformas y recortes impuesto por el FMI y los mercados. La pata izquierda del bipartidismo. La de Felipe González, Tony Blair o François Hollande. La que reformó el artículo 135 de la Constitución española junto al PP y gobierna Alemania junto al partido de Angela Merkel. Una socialdemocracia a la que se le podría estar acabando el tiempo en Europa –como se le ha acabado en Grecia, donde el Pasok logró sólo 13 escaños de un total de 300–, pues la actual coyuntura económica parece la evidencia definitiva de que sobre todo en tiempos de crisis esta supuesta izquierda apenas se diferencia de la derecha y su margen de maniobra es prácticamente nulo, precisamente por su sumisión a la oligarquía. En España, esta socialdemocracia está representada por el PSOE, que comparte grupo con el Pasok en el Parlamento Europeo. Un Pasok que nunca se planteó pactar con Syriza, precisamente por la firme oposición de ésta a las imposiciones de la Troika. España no es Grecia ni el PSOE es el Pasok, pero en ambos casos las similitudes no son pocas.

El leninismo considera irrenunciable la socialización de los medios de producción, el enfrentamiento directo con la oligarquía, la salida inmediata tanto de la UE como del euro y la ruptura incondicional de todas las cadenas del sistema capitalista. Por ello –es decir, por razones diametralmente opuestas a las del Pasok–, el KKE, que logró 15 escaños en las elecciones, tampoco se planteó nunca pactar con Syriza, a la que acusa de desmovilizar y engañar a las clases populares, haciéndoles creer que pueden liberarse a través del voto. El partido hermano del KKE en España es el PCPE, pero éste carece de representación parlamentaria y de la influencia real de los comunistas griegos, es decir que en la práctica no existe un KKE español.

Syriza, coalición de organizaciones de izquierda que logró 149 escaños en las elecciones, representa una especie de nueva socialdemocracia, que asume las grandes estructuras del capitalismo continental –empezando por la Comisión Europea y el BCE–, pero rechaza el programa neoliberal impuesto por el FMI y desarrollado por los gobiernos europeos –tanto de derecha como de supuesta izquierda– durante las últimas décadas. Lo rechaza y se ha comprometido a hacerle frente. El programa de Syriza dista mucho de los de Pasok y KKE –precisamente por eso, Tsipras tuvo que recurrir a Anel para poder formar gobierno–, pero de alguna forma representa una especie de posición intermedia entre ambos extremos.

¿Ha abierto Syriza el camino a la sustitución de la vieja socialdemocracia neoliberal por una nueva socialdemocracia de izquierdas en Europa? Dicho de otra forma, ¿el triunfo de esta izquierda en Grecia se extenderá al resto de Europa, empezando por España? Dependerá de cómo el Gobierno de Tsipras soporte la presión de la oligarquía y las fuerzas reaccionarias, así como de los resultados de su intento de mejorar la dramática situación que viven las clases populares griegas.

Estados Unidos y Alemania y el resto de la Unión Europea jugarán su papel. También podrían jugarlo los BRICS y muy especialmente Rusia –Syriza ha denunciado la responsabilidad de EEUU y la UE en el golpe de Estado de Ucrania, y Moscú mira con simpatía indisimulada al nuevo Gobierno griego– e incluso el socialismo del siglo XXI latinoamericano –con el que esta izquierda tiene algunos puntos en común–, en un tablero internacional cada día más multipolar. Todo apunta a que con esta nueva socialdemocracia el capitalismo europeo agota su último cartucho por la izquierda. En cualquier caso, la clara victoria de Syriza y el Gobierno de Tsipras dibujan un escenario político nuevo –al menos, desde el primer tercio del pasado siglo XX–, y de cómo se resuelva la cuestión griega depende buena parte del futuro de Europa.

La Syriza española –si es que existe– será abordada en una próxima columna, porque merece un capítulo aparte.