Canadá encarcelando cada año a miles de personas, incluidas a algunas con discapacidad, por cuestiones de inmigración; Dinamarca devolviendo a personas refugiadas sirias a su país, todavía en guerra, por considerar que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro; Estados Unidos y México desentendiéndose de sus obligaciones internacionales al enviar a menores migrantes a los países donde pueden sufrir peligros sin estudiar sus vulnerabilidades... Bangladesh reubicando a cientos de personas en una isla desierta e inhabitable... Y España, llevando a cabo devoluciones en caliente y colectivas, también de menores, sin estudiar caso por caso. La humanidad parece brillar por su ausencia, como si las personas migrantes y refugiadas no importaran igual.

Una crisis, un foco mediático… y la oscuridad

Parece que la mayoría de las denominadas crisis migratorias han tenido el mismo efecto. Lo vimos en 2015, cuando los medios giraron sus cámaras hacia las terribles imágenes que llegaban en Grecia: cientos, miles de personas refugiadas sirias, que, después de jugarse la vida en su país de origen intentaban entrar en Europa, dejándose su último hálito en un viaje muy peligroso, para conseguir algo tan sencillo: sobrevivir.

Tras los focos, y algunas medidas que cayeron en saco roto, como los planes incumplidos de reubicación y asilo, llegaron otras más duras: el acuerdo de la UE-Turquía para intercambiarse refugiados como cromos, los barcos que salvan vidas paralizados en el mar, las organizaciones que ayudan a migrantes, criminalizadas. Los cuerpos en las playas. Y después… fundido a negro. Los medios se centraron en otra cosa. Las soluciones no llegaron, por mucho que gritamos: esta muerte volverá a suceder. Este Aylan volverá a aparecer.

Desde el año 2015, los perfiles han ido cambiando. A nivel europeo, siguieron llegando personas de nacionalidad siria, pero también comenzaron a llegar otras de nacionalidad afgana, iraní, iraquí y yemení. Personas que, aunque no todas reúnen las características para recibir protección internacional o estatuto de refugiado, tienen derecho a que se estudie su caso. En España en los últimos años han llegado personas refugiadas de Colombia, Venezuela, Honduras y El Salvador. Y también del África Subsahariana (Malí, Senegal y Guinea Conakry).

En todo el mundo encontramos ejemplos de esa oscuridad. Canadá, un país conocido en todo el mundo por su defensa de valores como la justicia y la igualdad, mantiene detenidas, -a veces incluso esposadas, encadenadas y con poco o ningún contacto con el mundo exterior- a miles de personas, sin fechas definidas para su liberación y enviadas a cárceles provinciales, con la población carcelaria común, donde pueden permanecer meses, incluso años. Dinamarca, otro ejemplo de buenas prácticas en muchos aspectos, ha firmado recientemente un acuerdo con el gobierno ruandés para mejorar la cooperación en materia de migración y asilo que podría permitir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda, algo que no solo es inadmisible, sino potencialmente ilegal, ya que esto niega el derecho de quienes llegan a su territorio de solicitar asilo. El mismo país, Dinamarca, contradiciendo al ACNUR, ha revocado los permisos de residencia de al menos 380 personas refugiadas —incluidos menores de edad—, que han sido informadas por el Servicio de Inmigración de que tendrán que volver a Siria ya que Dinamarca considera que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro. Por su parte, Bangladesh comenzó, a finales de 2020, a reubicar a cientos de personas refugiadas rohinyás en Bhashan Char, —que se traduciría como “isla flotante”—, una remota isla de sedimento en la bahía de Bengala, creada por la Marina de Bangladesh, y fuera del alcance de todo el mundo, incluidos los grupos de defensa de los derechos y los periodistas que no obtengan permiso previo.

En España, la situación en las Islas Canarias, donde decenas de personas malviven en centros de acogida de emergencia en Fuerteventura y Tenerife, en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privadas de libertad, y hacinados, es otro ejemplo más del fallo del modelo de acogida que revictimiza a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que solo provoca desamparo, ansiedad ante la incertidumbre, y abandono institucional. Además, en las últimas semanas estamos asistiendo a un juego de ajedrez en Ceuta, donde solicitantes de asilo y migrantes están siendo utilizados como peones en un juego político entre España y Marruecos, un juego con las cartas marcadas y en el que tienen todas las de perder.

Niñas y niños bajo el estigma y el olvido

No solo tenemos grabadas en muestras mentes las imágenes del cadáver de aquel pequeño niño sirio, Aylan Kurdi, de solo tres años, en una playa de Grecia. Hace ya más de cinco años y en los últimos meses hemos contemplado con horror imágenes similares; hace un par de meses, nuestras pantallas nos acercaban a la historia de Wilto Gutiérrez, un niño nicaragüense de 10 años abandonado en la frontera de Estados Unidos y México por traficantes de humanos. Afortunadamente, Wilto pudo reunirse con su madre. Otros no han tenido la misma suerte: los gobiernos de Estados Unidos y México siguen devolviendo a decenas de miles de niños y niñas no acompañados que buscan seguridad a los países de los que acaban de huir, sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles protección frente a los peligros a los que se pueden enfrentar a su regreso. Si bien esta misma semana el Gobierno de Joe Biden anunciaba la ampliación del programa destinado a reunir a menores de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus familiares en Estados Unidos, la realidad es que, tanto Estados Unidos como México, continúan devolviendo a prácticamente todos los niños y niñas mexicanos tan sólo unas horas después de que busquen protección, en muchos casos sin considerar los peligros a los que podrían enfrentarse a su regreso. De forma similar, las autoridades mexicanas deportan a la gran mayoría de los niños y niñas no acompañados procedentes de Centroamérica a sus países de origen (de los que en muchos casos acaban de huir por las amenazas o la violencia), a pesar de que en Estados Unidos tienen familia con la que intentan reunirse.

Sin defensas ante la pandemia

Y como no: la maldita pandemia, que se ha unido a las dificultades que afrontan las personas migrantes y refugiadas: en Grecia, donde todavía siguen miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas en las islas, éstas se han visto abocadas a vivir en condiciones indignas en centros hasta el límite de su capacidad, y que a duras penas cumplen las condiciones normales de higiene, como para cumplir las que requiere una pandemia. Italia cerró sus puertos a los desembarcos y declaró que, debido a la pandemia, el país no era un lugar seguro para los rescates efectuados por barcos de pabellón extranjero fuera de su región de búsqueda y salvamento. En España, se cerraron los CIEs y se trasladó a las personas migrantes que así lo necesitaron a recursos adecuados. Además, la situación de estas personas en los CETI de Ceuta y Melilla empeoró como consecuencia de las condiciones de hacinamiento y sobre ocupación de estos centros, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres víctimas de trata, personas LGTBI, personas con enfermedades crónicas, entre otras. Y todavía seguimos pendientes de que todas las personas migrantes y refugiadas tengan acceso, como el resto de población en España, a la vacuna.

Precisamente la vacuna también tiene a las personas refugiadas como parte de la solución, pero no siempre del plan. Es el caso de Nowras Rahhal, refugiado y científico de 27 años de edad, que huyó de la guerra en Siria hace dos años, y que el año pasado formó parte de un equipo alemán que desarrolló un procedimiento que permite que una vacuna contra la COVID-19 se aplique en la piel, en lugar de inyectarse en el músculo, algo que podría aumentar significativamente los índices de vacunación, y permitir que muchas más personas de todo el mundo se beneficien de las vacunas a un ritmo mucho más rápido. Otro ejemplo llega de Jordania, que alberga a más de 750.000 personas refugiadas, y Ruanda, donde viven 138.000, países que han mostrado el camino vacunando a las personas refugiadas, junto a sus nacionales, desde el principio de este mismo año.

Sin embargo, varios países han demorado o dificultado el acceso de las personas refugiadas a la vacuna, estableciendo un debate sobre quién tiene derecho. Nada nuevo: son los mismos obstáculos a los que las personas refugiadas se enfrentan habitualmente a la hora de acceder a los sistemas nacionales de atención médica. Es el caso de Grecia que, a finales de marzo de 2021, anunció que no empezaría a vacunar a las personas refugiadas en los campos hasta mayo, más de cuatro meses después de iniciar la vacunación de su propia población. El ministro de Sanidad griego declaró que no había “ningún motivo” para iniciar la vacunación antes, ya que las personas refugiadas en los campos “no entran en ninguna categoría especial”.

Este 20 de junio, como muchos otros, poco o nada podemos “celebrar”. A pesar de que el número de personas que tienen que huir de sus países no para de aumentar, los Estados no parecen tomarse en serio sus obligaciones como firmantes de tratados como la Convención de Ginebra. Los movimientos migratorios molestan. O, dicho de otra manera, todo está bien en los tratados hasta que llegan más de ocho mil personas en tres días, y entonces ahí hay que poner límites. “Para evitar el efecto llamada”, dicen. En realidad, es porque la falta de unas políticas migratorias realistas y que coloquen los derechos humanos en el centro ha abierto la veda a soluciones temporales, a golpe de improvisación, que en ocasiones combinan un discurso de acogida digna con medidas que poco tienen de acogedoras.

Con la reforma del Código Penal se introducen disposiciones penales que podrían convertir en acto criminal la simple participación en una protesta

No tengo nada que ocultar. No me dedico a amenazar a nadie ni tengo ganas de poner bombas. Claro que asisto a manifestaciones y protesto de formas diversas, aunque tengo a mi favor que todavía no me ha surgido la necesidad de consultar webs yihadistas. Sin embargo, mi resistencia pacífica a la autoridad o mi participación en manifestaciones que acaben en disturbios, aunque yo no sea quien los provoque, pueden convertirme, en el nuevo Código Penal que ha aprobado el Congreso de los Diputados, en una delincuente.

Además de esta reforma, el Grupo Popular presentó doce enmiendas sobre terrorismo en las que, violando la presunción de inocencia, se da la vuelta a la responsabilidad: ya no es el Estado quien tiene que demostrar la culpabilidad, sino el ciudadano quien debe justificar su inocencia. Y, aunque los dos grandes partidos hayan anunciado, tras los atentados en Francia contra el semanario Charlie Hebdo, que podrían sacar las enmiendas sobre terrorismo de la actual discusión sobre el Código Penal, que puede seguir en el Senado, para meterlas en otro tipo de reforma posterior, nuestras preocupaciones son las mismas. Aquí van algunos asuntos en los que te puedes ver envuelto, lo siento.

¿Eres delincuente?

Con la reforma del Código Penal se introducen disposiciones penales que podrían convertir en acto criminal la simple participación en una protesta. Dicho de otra manera: los manifestantes podrían devenir en delincuentes, aunque no causen daños a bienes o a terceros, ni su objetivo vaya más allá de protestar pacíficamente. No sólo porque el delito de desórdenes públicos se agrava si se produce en el contexto de las manifestaciones, sino porque la ambigüedad de las disposiciones hace que puedan ser usadas para reprimir derechos como la libertad de expresión y reunión, que, ya se sabe, son derechos que a veces molestan a las autoridades.

1. La difusión de mensajes. Ten cuidado con lo que sueltas por tu boca, o por tus dedos. Si se aprueba esta reforma definitivamente en el Senado: penas de multa de 3 a 12 meses o de prisión de tres meses a un año por distribuir mensajes que inciten a la alteración del orden público o sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Según cómo se interprete la perturbación del orden, podría, como consecuencia, limitar la protesta, y, según qué se entienda por “reforzar”, existe el riesgo de que cualquier crítica pueda ser punible.

2. Perturbar la actividad: a partir de ahora llevar a cabo actos de protesta pacífica, como los que han tenido lugar dentro de oficinas bancarias, o como los realizados por los preferentistas, pueden ser considerados delitos contra el orden público, aunque se realicen cuando el local esté abierto al público, si se perturba el funcionamiento normal de la actividad.

3. Una sentada. La reforma convierte la resistencia grave a la autoridad en delito de atentado, equiparando actos pacíficos, como por ejemplo una sentada, con una agresión a la autoridad. Si se aprueba la reforma, ese tipo de protesta podría conllevar penas hasta de prisión.

¿Eres terrorista?

Por si esto fuera poco, puede que, sin saberlo, pases de delincuente a terrorista, si las enmiendas sobre terrorismo siguen adelante, dentro del Código Penal o fuera de él. Los organismos internacionales indican que las condiciones necesarias para que exista el delito de terrorismo son las de intencionalidad de causar muerte o heridos graves, o de tomar rehenes; propósito de atemorizar o intimidad a la población, u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; y que sean delitos definidos en convenciones y protocolos internacionales. Si sale adelante la propuesta del Grupo Popular, sin embargo, no sería obligatoria esa “intencionalidad” para considerar un acto como terrorismo; se definen de manera tan amplia los delitos que de muchos de ellos no se sabe cómo podrían llegar a causar muerte o intimidación a la población; y, por último, se usan términos tan vagos que tampoco está claro si están en línea con los convenios y normas internacionales sobre terrorismo.

4. Consignas peligrosas. Si eres de los que te incendias en las redes sociales ante las violaciones de derechos humanos, aunque no llames a las armas ni propongas actos denominados terroristas, podrías ser considerado como tal. Lo único necesario es que tus mensajes sean “idóneos”, es decir, que las autoridades consideren que pueda llevar a otros a realizar actos terroristas. ¿Verdad que te parece una definición demasiado vaga, eso de “idóneo”?

5. La consulta de páginas webs con contenido “idóneo” para reforzar la disposición de otros a cometer actos terroristas también puede ser delito. Periodistas que estén buscando información sobre grupos armados de oposición, investigadores que tengan que consultar libros o documentos sobre el tema podrían verse afectados, poniéndose así en peligro la libertad de información.

Si todo lo anterior te parece un disparate, no es todo. Ten cuidado porque el terrorismo puede ser un cajón de sastre. Cualquier otro delito grave puede ser considerado como delito terrorista, si “altera la paz social”. En definitiva, este Código Penal, que se suma a las restricciones que ya hemos denunciado en la Ley de Seguridad Ciudadana, no va contra la delincuencia y el terrorismo, va... contra ti.