Hace pocos días, en el curso desarrollado por la UIMP, bajo el titulo El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, explicaba que la banca pública es insostenible. “A veces pienso que tenemos una memoria frágil. Pensemos qué era Bankia y cuál era su gobierno corporativo hace tres años”, dijo sin ruborizarse.

No era otra su intención que abundar en la tesis oficial que, de forma interesada, ha culpabilizado a las cajas de ahorro de lo ocurrido al tiempo que eximía a los bancos privados. Es evidente que las cajas han mostrado en la actual crisis una enorme debilidad y prácticas deplorables cuando no delictivas de sus directivos. Pero es falso que su situación patrimonial fuera peor que la de las entidades bancarias privadas. Ni su morosidad (en 2010 la morosidad de las cajas de ahorro era del 5,82% frente al 5,83% de las entidades bancarias. Las cooperativas de crédito tenían indicadores mejores, del 4,48%, según Banca Pública, rescatemos nuestro futuro) era más elevada ni su gestión peor que la de los bancos pero se enfrentaban al abismo sin posibilidades de captar capital para asumir los quebrantos y con enorme ansia por parte del resto del sector de acceder a la cuota que estas entidades tenían en créditos y depósitos (las cajas de ahorro tenían el 47,6% de créditos y depósitos en 2010). El resultado de esta crisis ha sido su eliminación que, ni ha resuelto el problema de fondo, ni ha evitado otros efectos negativos de enorme magnitud como la destrucción de la obra social, que había aportado un considerable dividendo al conjunto de la sociedad (en el período 2000-2010, las cajas de ahorro aportaron a sus obras sociales un total de 13.954 millones de euros, el 24,98% de su beneficio).

Profundizando en el tema, no podemos menos que asombrarnos de que el presidente de un banco que solo puede existir gracias a las ayudas públicas diga que la banca pública es insostenible. Memoria frágil la de Goirigolzarri, que olvida que las ayudas públicas directas a Bankia para su recapitalización han sido 22.424 millones de euros y las ayudas indirectas mediante avales, créditos fiscales, adquisición de activos y préstamos del Banco Central Europeo han ascendido a 125.386 millones de euros. En total 147.810 millones.

Si tuviera la tentación de argumentar que las ayudas se destinaron solo a las cajas de ahorro, habría que recordarle al presidente de Bankia que el sector bancario al completo es absolutamente dependiente de las ayudas públicas. Si al lucrativo negocio obtenido de la operativa con deuda pública y los préstamos a las Administraciones Públicas, unimos el beneficio que obtienen las entidades bancarias por el aval implícito a los depósitos de los ahorradores protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, el beneficio de la banca privada se esfuma.

Sin embargo Goirigolzarri dijo algo muy cierto en su conferencia, “el sector financiero es clave para el futuro de la sociedad”. Pero lo que parece olvidar es que también ha sido clave para el presente, pues la crisis del sistema financiero internacional que comenzó en 2008 con la quiebra del banco Lehman Brothers y las tristemente famosas hipotecas subprime, fue el detonante de la peor crisis económica del capitalismo mundial desde la gran depresión de 1929. El que fuera el detonante no lo convierte en el origen del problema y cometeríamos un grave error si consideramos que fue éste momento el inicio de la crisis. Ésta venía gestándose desde hacía tiempo y, aunque no podemos desligarla de la hipertrofia del sector financiero (el volumen de los activos de los bancos privados europeos en relación al Producto Interior Bruto se disparó, sobre todo en la última década del siglo XX; en 2011 alcanzó 3,5 veces el PIB de la UE-27), es inevitable relacionar la sobredimensión del mismo con la incapacidad de la llamada economía real para ofrecer una tasa de ganancia atractiva a los poseedores de capital.

La pretendida auto-regulación de los mercados financieros ha brillado por su ausencia y ha generado burbujas especulativas que, como en el caso español, han concentrado las inversiones de capital en sectores como el inmobiliario, las grandes infraestructuras y la internacionalización de las grandes compañías, con una deficiente asignación de recursos en otros ámbitos. La deriva de ese funcionamiento del sistema ha tenido como consecuencia el excesivo e insostenible endeudamiento de los agentes económicos.

Hay dos lecciones importantes que sacar de esta crisis, estas son: que lo único que ha impedido que sistema financiero privado internacional haya quebrado han sido las astronómicas ayudas públicas recibidas. Y que con esas ayudas públicas se ha salvado a los grandes accionistas mientras se ha condenado a una gran parte de la población al paro y la pobreza.

En octubre de 2008, el primer plan de rescate de Wall Street presentado por el secretario del Tesoro, Hank Paulson, implicó: 250.000 millones dólares para recapitalizar bancos, 500.000 millones de avales a empresas en crisis, 500.000 millones para la compra de hipotecas basura, 500.000 millones para salvar planes de pensiones privados… ¿alguien cree que sin esta masiva intervención del estado el sector financiero de Estados Unidos habría sobrevivido?

Pero Europa no se queda atrás. Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, el Banco Central Europeo (BCE) prestó más de 1 billón de euros (1.000.000.000.000€) a unos 800 bancos europeos, a un plazo de 3 años y al 1% de interés, no teniendo que pagar los intereses hasta el final de la vida del prestamos. Este programa lleva el nombre de LTRO (Long Terme Refinancing Operations).

A esto se puede añadir unos 2 billones de euros (2.000.000.000.000€) de ayudas de los gobiernos para la recapitalización de los bancos europeos mediante inyecciones de capital y garantías publicas de los gobiernos de la Unión Europea para asumir las deudas bancarias en caso de necesidad. Y en esta línea se enmarca la nueva política del Banco Central Europeo de adquisición de activos que está cebando una nueva bomba que terminará estallando. Cuando lo haga, los mismos que contribuyeron a su explosión mostrarán asombrados gestos de incredulidad ante los efectos de esta nueva burbuja y dirán, una vez más, que nadie lo supo ver.

La contrapartida a estas ayudas masivas a la banca privada ha sido el crecimiento exponencial de las desigualdades sociales. El caso griego es paradigmático. A cambio de unos paquetes de rescate de unos 226.500 millones de euros (comparen esta cantidad con las anteriormente mencionadas), a Grecia se le han exigido unos planes de austeridad que han provocado que un tercio de su población caiga en la pobreza y la exclusión social. Recientemente Christine Lagarde, presidenta del FMI, comenzaba un discurso diciendo que “el mes pasado casi me atraganto con mi yogur del desayuno cuando vi la primera página de un periódico económico”. El motivo fue leer que el gestor de fondos de alto riesgo mejor pagado del mundo había ganado el año pasado (2014) 1.300 millones de dólares. Y que los 25 gestores mejor pagados habían ganado 25.000 millones. Es comprensible que casi se atragantase pues la pobre Christine tiene un sueldo anual libre de impuestos de solo 467.940 dólares. Tanto el FMI como la OCDE reconocen abiertamente que durante esta crisis la desigualdad entre ricos y pobre ha crecido a favor de los primeros, hasta el punto de considerar que el crecimiento de la brecha de la desigualdad está poniendo en riesgo la incipiente recuperación económica. Según los estudios de la OCDE, actualmente el 10% de la población más rica de los países de la OCDE gana 9,6 veces más que el 10% menos favorecida. En la década de los 80 la diferencias era de 7 a 1, en los 90 la diferencia era de 8 a 1 y en la pasada década de 9 a 1.

El resultado final de esta edición de la lucha de clases está todavía por definir, pero es evidente, a la luz de los datos anteriores, que la clase dominante está obteniendo un éxito total hasta ahora. Para que las tornas cambien es preciso que las clases populares, la mayoría social, reivindique otro sistema y se convenza de que hay alternativas a la deriva que solo ocasiona exclusión y sufrimiento. Y como elemento central de esa alternativa está la imprescindible necesidad de domeñar al sistema financiero. Como dice Eric Toussaint (Bancocracia, editado por Icaria), “el oficio de bancario es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector y ponerlo bajo control ciudadano, pues debe estar sometido a normas de un servicio público y las rentas que su actividad genere utilizadas para el bien común. La deuda pública contraída para rescatar los bancos es claramente ilegítima y debe ser repudiada”.

Tenemos un reto clave para abordar la crisis y es abordar la conformación de una banca pública y el fortalecimiento de un sector público que busque el desarrollo integral y planificado de los recursos económicos y su control democrático, dando prioridad la satisfacción de las necesidades sociales y no la explotación de los trabajadores, una utilización racional de los recursos naturales y no su expolio. En definitiva, se trata de establecer bases de cooperación entre países que permita un desarrollo integral de todos, en lugar de la competencia en beneficio de los más poderosos. Son las respectivas clases dominantes de cada país las que nos están imponiendo medidas de ajuste, a sus trabajadores y a los de los demás países, en su propio beneficio y son ellas las que están alimentando la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre las naciones.

Una Unión Europea realmente democrática, con unos pueblos dueños de sus propios recursos y de su moneda común, sería una fuerza imparable, que podría abrir la puerta a unas relaciones de cooperación real entre los pueblos en beneficio mutuo, en lugar de la competencia por el máximo beneficio privado.

Las actividades de un lobista son variadas: desde organizar reuniones con cargos relevantes de la actividad política comunitaria, hasta diseñar y celebrar actos públicos que promocionen temas de interés para sus representados. Todas estas labores requieren de un importante esfuerzo de relaciones públicas y mediáticas, para el que se calcula que hay empleadas cerca de 30.000 personas en Bruselas. Esta cifra se pone en valor cuando sabemos que el total de personal funcionario encargado de dar marcha al engranaje político europeo está compuesto por unas 60.000 personas.

Es evidente que esta profusión de recursos humanos y materiales no se daría sin unas considerables garantías de éxito. Entre enero de 2012 y abril de 2013, antes de comenzar las negociaciones oficiales sobre el TTIP, el 92% de los encuentros auspiciados por Bruselas al respecto tuvieron como interlocutores lobbies privados. Solo el 4% se realizó hacia representantes de la sociedad civil. Otra vez en números absolutos: 520 de las 560 reuniones previas a las negociaciones del TTIP se realizaron con empresas, y 26 con grupos de representación del interés público.

La presión de los lobbies está planificada para no dar puntada sin hilo. Por un lado, su labor se dirige hacia la Comisión europea, que es el órgano que tiene la iniciativa legistlativa de la UE. En este caso sus propuestas buscan modificar directamente las propuestas de esta Comisión, con el fin de que sus redactados les beneficien. En el Parlamento, en cambio, se trata más de conocer la opinión de los partidos y los europarlamentarios sobre un tema concreto, e intentar que recojan en sus enmiendas las preocupaciones del sector que representan. Hace un tiempo, las cámaras de televisión grabaron al europarlamentario del PP navarro Pablo Zalba en un asunto poco claro de influencias y propuestas de enmiendas a una ley.

Como negar la existencia de estos lobbies sería una irresponsabilidad, y como su poder es tan grande que tratar de prohibirlos entra dentro de la utopía, en algunas instancias se ha tratado de regular su actividad. En 1995, el Congreso de los EEUU aprobó la Lobbying Disclosure Act (LDA), que obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a publicar semestralmente un resumen de sus actividades, sus gastos y la lista de los lobbystas que tenían empleados. De todas formas, tratar de poner límites a la actividad de estos gigantes es muy difícil.

Desde la sociedad civil asistimos a este fenómeno desde la impotencia. Las cifras demuestran que la independencia del poder político es una quimera, y que el alcance de las grandes multinacionales y sus hordas de expertos en comunicación y relaciones públicas es infinito. Por tanto, debemos hacerles frente jugando en su terreno. Por eso creemos que es necesario organizar un lobby ciudadano, formado por personas organizadas que defiendan los intereses de las grandes mayorías. La gente más sencilla, las personas trabajadoras, las que usamos los servicios públicos, los sectores más afectados por la exclusión, la crisis o el paro necesitan tener voz en las instituciones.

Y no, no es suficiente con el cambio político que se está operando. Asegurar la presencia de los intereses de la gente de abajo requiere de una labor constante civil. Es necesario recordar constantemente a quienes nos representan que los derechos de la ciudadanía son prioritarios frente a los intereses de las grandes corporaciones. Debemos pelear. Si claudicamos, nos veremos en la obligación de dejar de designar a este sistema como democracia (gobierno del pueblo); y dotarle de un apelativo más exacto. Por ejemplo, lobbycracia.

Este artículo surge de una reflexión personal sobre estos tres años de andadura de Attac en Navarra. Buceando en esta breve pero intensa historia, he entresacado cinco medidas económicas que creo que deberían ser prioritarias para un cambio político real en nuestra comunidad.

Paralización de los recortes sociales

Servicios sociales, educación y sanidad deben constituir la prioridad de gasto del presupuesto de la comunidad. En los últimos años, todas las áreas que se ocupan del bienestar de las personas han visto reducidos sus presupuestos, y por tanto su capacidad de acción como garante del bienestar de la ciudadanía. Con el tiempo, se deberían habilitar los mecanismos necesarios para revertir la precariedad en que se han instalado los servicios públicos, y recuperar el sector que garantiza el bienestar de toda la ciudadanía.

Atención a los sectores más vulnerables

A consecuencia de estos recortes, una gran cantidad de personas ha quedado desprotegida. El informe que presentó Cáritas el pasado martes es demoledor: 111.000 personas en Navarra están en procesos de exclusión, 48.000 de ellas en exclusión severa. No se puede dejar a merced de los mercados el bienestar de la población. Un gobierno de cambio debería, de forma inmediata, poner en marcha programas que se ocupen de las personas en situación de pobreza, exclusión, desahucios o insuficiencia energética.

Establecer una fiscalidad justa y progresiva

Los impuestos son el principal instrumento redistribuidor de la riqueza. El IRPF, cuya progresividad se ha visto mermada en los últimos años, no es el único que debe replantearse. Un impuesto de sociedades progresivo permitiría la subsistencia de las pymes, que son las que más están pagando las consecuencias de la bajada del consumo; sin mermar los ingresos de la comunidad. Además, habría que hacer una revisión de los impuestos que se aplican a las rentas del ahorro, mucho más bajos que el IRPF actualmente. O gravar de forma más visible a los grandes patrimonios y grandes sucesiones. La madre de todas las batallas, en el aspecto de la recaudación, es reducir el fraude fiscal. En este aspecto, y a propuesta nuestra, hace tres años el Parlamento de Navarra aprobó una moción en contra de los paraísos fiscales, aunque no se ha devengado ninguna actuación de ella. Una medida de presión eficaz consistiría en que las administraciones públicas dejasen de contratar con empresas que tengan filiales en paraísos fiscales.

Auditar la deuda

Navarra debe pagar al año cerca de 100 millones de euros como intereses de su deuda. Este lastre, que detrae recursos que podrían hacer frente a gastos sociales, tiene una causa concreta: la deuda navarra se multiplicó por seis en los últimos diez años. Por tanto, el nuevo gobierno debería hacer una valoración de las causas de ese espectacular incremento.

La legislación internacional ampara que no se pague aquella parte de deuda que sea considerada ilegítima. Pero para ello es necesario estudiarla en base a unos criterios. Uno de ellos, por ejemplo, declara ilegítima aquellas deudas que se han gastado en contra del bienestar de la ciudadanía. Llevar a cabo esta auditoría permitiría tener la fuerza necesaria para negociar con los acreedores desde una información real.

Crear una banca pública

Sea a partir de los despojos de la CAN o no, Navarra necesita una entidad financiera que garantice el crédito, y que no esté gestionada bajo criterios de obtención de beneficio económico, sino de utilidad social. Para evitar repetir desastres como el de nuestras extintas cajas de ahorro, es necesario que establecer unos criterios básicos de funcionamiento que eviten el uso partidista o megalómano de sus recursos.

En este artículo he pretendido enumerar solo cinco medidas económicas concretas, que pueden suponer un beneficio inmediato para la ciudadanía navarra. Pero estas medidas solo serán un parche si no se enmarcan dentro de unas políticas que atiendan a una visión más global de la realidad económica. Una administración responsable con la ciudadanía debe ser capaz de no dejar en manos de los mercados el bienestar de la ciudadanía.

El sector público debe recuperar la gestión de todos los servicios esenciales, y frenar las privatizaciones. Además, se deben buscar fórmulas que garanticen el empleo en condiciones dignas para toda la población, establecer una renta mínima y acceso a vivienda digna para todas las personas radicadas en Navarra. Por supuesto, esta medida implica la paralización de todos los desahucios y la entrada en vigor de la ley de vivienda aprobada por el Parlamento navarro y paralizada por el Tribunal Constitucional.

En el sector privado, la administración debería apoyar fórmulas de emprendimiento colectivo, como las cooperativas, así como a las iniciativas de economía social y solidaria que ya existen en Navarra. Hay experiencias que proponen otras formas de vida, al margen de la acumulación capitalista, como la moneda social o los bancos del tiempo; que deberían ser atendidas también por un ejecutivo responsable con la pluralidad social de la comunidad.

Y por encima de todas estas medidas, y con carácter transversal, habría que tener presente la crisis ecológica a la hora de tomar las decisiones económicas. Hay que empezar a plantearse de forma central acciones que atajen la huella medioambiental generada por la actividad humana. Debemos buscar alternativas a los combustibles fósiles, reducir la huella ecológica y la reforestación y tratar de reparar y recuperar los ecosistemas naturales deteriorados.

Las instituciones que lo negocian querían mantener el secreto hasta más allá de su firma, y con ello triturar nuestros derechos en favor de las cuentas de resultados de las grandes transnacionales. Pero lo masivo de la respuesta les ha obligado a cambiar los planes. Ahora tienen que hacer modificaciones, suavizar sus términos y, en ocasiones como la que hoy nos ocupa, recurrir a brillantes ejercicios de prestidigitación para tratar de colarnos unos términos que son puestos en cuestión incluso por algunas de las ideologías más liberales.

El pasado 28 de mayo, la Comisión Internacional del Parlamento Europeo votó a favor de un informe que facilita directrices sobre las negociaciones actuales del TTIP. Conservadores, socialdemócratas y liberales se unieron para doblegar la voluntad del resto. El principal punto de dicho informe trataba sobre el mecansimo ISDS, un mecanismo por el cual las grandes empresas tienen la puerta abierta para demandar a los estados. Hemos hablado de él anteriormente, pero para recordar, un ejemplo imaginado: podría darse el caso, mediante este mecanismo, que un día una multinacional quiera poner una mina en la selva de Irati. Podría (debería) darse el caso de que la ciudadanía navarra se negase a destruir el mayor hayedo de Europa. En este caso, la multinacional de turno dejaría de extraer el recurso que hubiese encontrado en el subsuelo de Irati, evidentemente. Bien, pues no podríamos tomar la decisión libremente, sino que tendríamos que tener en cuenta que dicha multinacional nos denunciaría y, en virtud de un tribunal internacional que no se ajuste a nuestras normas, nos harían pagar una buena tunda de millones por el beneficio no obtenido, denominado “lucro cesante”. Circunstancias como esta, que parece una aberración, están ocurriendo en todo el globo merced a acuerdos de protección de las inversiones similares al TTIP.

El pasado 28 de mayo, decíamos, los grupos europeos de PSOE y PP votaron a favor de este informe, en el que se sugiere la forma en la que hay que negociar las condiciones del tratado. En este informe se habla de un ISDS más digerible. Se dice que los jueces de dicho tribunal internacional serán “independientes y nominados de forma pública”. Como si existiese la independencia real, como si la cosa pública a nivel internacional no estuviese infestada de lobbies que atienden a las necesidades de las grandes corporaciones por encima de la ciudadanía. Aún más allá, este ISDS se pretende colocar como si en cada uno de los países que forman parte de la UE no hubiese tribunales válidos y capaces.

Dicho informe, además, adolece de una falta de contundencia del todo exasperante. Piden a los negociadores que “hagan todo lo posible” por incluir una cláusula de salvaguarda que restrinja ciertas importaciones en el caso de que supongan un riesgo para la producción local de alimentos; “animan” a los EEUU a levantar la prohibición de ciertos productos europeos; y les dicen que “deben intentar” eliminar el costoso procedimiento de paralización de importaciones. ¿Estamos locos? ¿Tienen que hacer todo lo posible? Entiendo que, cuando hay dos partes en una negociación, ambas ponen sus condiciones; y si una pide limosna es porque hay algún desequilibrio.

La parte de prestidigitación le ha correspondido al PSOE, que después de votar a favor en la comisión, dijo que había votado en contra del ISDS. O sea, el PSOE vende esta súplica a los negociadores como si hubiera sido atendida y, por tanto, dulcificado el mecanismo. Pero es mentira: el mecanismo está ahí, el ISDS va a cercenar la capacidad de las instituciones públicas de tomar decisiones sobre el territorio, y el PSOE ha aceptado una modificación que no elimina ni uno solo de sus peligros. Aunque luego nos cuenten milongas.

Desde la Iniciativa contra el TTIPren kontra ekimena hemos convocado una concentración de protesta para el próximo martes, 9 de junio, a las 19:30 en Carlos III (donde el monumento al Encierro). Allí repartiremos folletos para informar a quien no tenga claras todavía las graves implicaciones de este tratado. Acude y protesta tú también.

Quienes aspiramos a consolidar este cambio debemos denunciar estas campañas contaminadoras. Un objetivo de Attac consiste en elaborar argumentaciones certeras, reflexionadas y serenas que aporten luz y nos permitan avanzar con ilusión hacia el cambio de modelo social por el que la gente apuesta. A este propósito responde el presente artículo.

En primer lugar, se hace necesario contrarrestar el falso argumento de que la fragmentación política es fuente de inestabilidad. ¿Qué es mejor, un poder concentrado en pocas manos, o un grupo de fuerzas obligadas a tender puentes, sellar acuerdos y gobernar en favor de intereses diversos? La transición española dio paso a un sistema bipartidista donde la alternancia entre las dos principales fuerzas de gobierno ha sido más una distracción que una pugna real. Durante décadas, PP y PSOE han escenificado una disputa ficticia entre las dos opciones que, a la postre, se han ocupado de consolidar la estructura de poder heredada del franquismo (que hoy, por cierto, pervive prácticamente sin cambios). El punto álgido de su labor como cementeras del régimen se sitúa en 2011, en la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Entonces, quienes peleábamos por evitar que fuesen las clases trabajadoras quienes pagasen el coste de la crisis exigimos un referendum, para que la ciudadanía decidiera si quería supeditar el pago de la educación, la salud o los servicios sociales a la devolución de la deuda. PP y PSOE, al servicio de los mercados, hicieron uso de su mayoría conjunta para aplastar al resto de fuerzas y tender la alfombra roja sobre la que el PP ha desplegado todas las políticas de recortes de recursos y derechos.

No debe extrañar que hoy, cuando por primera vez se plantea un escenario de superación del bipartidismo, nos amenacen con el peligro de la inestabilidad. Algo que no mencionaron en los últimos tres años, en los que hemos soportado, en el Ayuntamiento de Pamplona, una Junta de Gobierno que ejercía su poder en contra de la mayoría. O en el Gobierno de Navarra, en las mismas circunstancias. Las principales instituciones de la comunidad han estado paralizadas durante todo este tiempo, han prorrogado presupuestos y han sido incapaces de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. En dos ocasiones, al menos, la oposición ha estado a punto de ponerse de acuerdo y sacar adelante sendas mociones de censura. ¿Alguien cree, en serio, que el gobierno de coalición que pueda surgir de las actuales elecciones va a ser menos estable que la legislatura que acabamos de superar? Únicamente la cobardía del PSN, que ha ejercido de nuevo como sustentador del régimen (en contra, por cierto, de su militancia y votantes), permitió que estos gobiernos parciales completaran la legislatura.

Hay que poner sobre la mesa que un gobierno formado por diversas fuerzas políticas no es un experimento nuevo. En muchos países, de hecho, lo normal es la fragmentación. Lo raro son los gobiernos monocolores. Un artículo de 2013 del portal de noticias europeo EuroXPress, titulado La crisis multiplica los gobiernos de coalición en la UE, señalaba que únicamente cuatro países de la UE (España, Chipre, Eslovaquia y Malta) estaban gobernados por un único partido. La mayor parte contaban con dos o más partidos en el gobierno, llegando a haber coaliciones formadas incluso por seis partidos. Esta última circunstancia la compartían dos países con tanta tradición democrática como Bélgica y Finlandia.

Compartir el gobierno coarta las posibilidades de incurrir en casos corrupción. A nadie se le escapa que si el PP hubiera participado en las instituciones junto con otras fuerzas, nos habríamos evitado muchas de las hediondas escenas que han asolado la actualidad informativa reciente. El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Jorge Urdánoz, expresaba la pasada semana en una charla celebrada en Pamplona su convencimiento de que un escenario protagonizado por más de dos partidos con opciones de gobernar mejora lo presente. Con otras palabras, argumentaba Urdánoz que los sistemas de lealtades y silencios que se consolidan en los partidos tradicionales (aquello de “lavar los trapos en casa” que tanto favorece el tapado de los conchabeos) es menos probable en gobiernos donde se comparte sillón, despacho y responsabilidad con personas que provienen de otras formas de hacer política.

Pero, además, hay otras ventajas. Por ejemplo, un gobierno plural tendrá que llegar a acuerdos amplios, con lo que las normas que nazcan de ellos tendrán una vigencia mayor. Así, es muy probable que se supere la inoperante fórmula de las reformas y contrarreformas en asuntos como el aborto, el matrimonio homosexual o las leyes educativas, que han sido utilizadas como arma arrojadiza en periodos electorales. Caso paradigmático es el de la educación. La LOMCE del PP se ha aprobado sin un solo acuerdo, y a sabiendas de que todas las fuerzas políticas de la oposición la derogarán en cuanto haya cambio de gobierno. Si se hubiese tratado de una ley consensuada es seguro que, con pequeñas modificaciones, habría servido como base para normalizar la labor educativa durante un largo periodo de tiempo. De esta forma se habría dotado al sistema de enseñanza de una estabilidad que es básica para poder llevar a cabo una labor educativa de calidad.

Hay quien advierte sobre la lentitud en la toma de decisiones como una cuestión negativa de un gobierno fragmentado. Pero esta crítica es parcial. Es cierto que poner de acuerdo a muchas personas es más costoso que legislar de forma unilateral, pero sin duda el resultado de las discusiones da lugar a medidas más plurales, inclusivas y, por tanto, válidas. Dice un refrán popular que “si caminas solo vas rápido, pero acompañado llegarás más lejos”. Proyectos como el Reino de Navarra Arena, o el Circuito de velocidad de Los Arcos, o el Museo de los Sanfermines; que han dilapidado ingentes recursos públicos y solo han beneficiado a una elite político-empresarial determinada, habrían sido imposibles, o al menos más mesurados, en un gobierno plural.

El País, en un artículo reciente de Víctor Lapuente titulado Elogio de la fragmentación política, sostiene que los gobiernos plurales son más capaces de frenar derivas radicales de cualquier índole, pues la mezcla de orientaciones políticas de distinto signo obliga a matizar purezas y encontrar puntos intermedios en la acción de gobierno. Además, este artículo menciona una orientación social mucho mayor en los gobiernos plurales. En cualquier caso, lo que es seguro es que un gobierno formado por diversas fuerzas es más representativo que la fórmula unitaria. UPN se ha mantenido la última legislatura con un respaldo de 111.278 votos (134.727 si sumamos los votos del PP), pero con el rechazo absoluto del resto de fuerzas. Las fuerzas que hoy pueden gobernar en Navarra suman 159.120 votos, sin contar los casi 45.000 que sumaría el PSN en caso de hacer caso a lo que su masa social demanda. Las matemáticas, ya lo vemos, también hablan a favor de los gobiernos plurales.

El propósito de este artículo no es hacer una defensa infranqueable de los gobiernos plurales. Sabido es que no hay sistema político perfecto, que todos tienen grietas por las cuales se puede colar la carcoma. Pero sí podemos contrarrestar las informaciones que tratan de extender el miedo al cambio, y con ello ayudar a enterrar uno que ha dejado de servir. Demos paso a unas formas distintas, hagamos frente a los nuevos retos. Pero, sobre todo, estemos vigilantes para evitar que se cuelen de nuevo personas que parasiten lo público para obtener beneficio privado. Entre muchos ojos vigilaremos mejor.

Aunque hoy no es momento para el pesimismo: estamos en disposición de darle la vuelta a las instituciones, y tenemos que intentarlo con todas nuestras fuerzas. El domingo, en las urnas, haremos lo que podamos para que el cambio sea posible.

A partir de entonces, y sea cual sea el resultado, los movimientos sociales debemos recuperar el pulso. Evidentemente, tendremos que luchar si ganan quienes han demostrado que quieren una ciudadanía que consuma, trabaje y calle. No les podemos poner tan fácil que continúen socavando la calidad de vida de la mayoría, para engordar las cuentas de una minoría opulenta y desvergonzada.

Pero, si ganan los nuestros, también debemos seguir en la brecha. Son varias las razones. La primera, que el apoyo social permitirá a las fuerzas políticas vencer las resistencias que tratará de oponer el capital. Además, somos quienes, a pie de calle, tenemos más capacidad para marcar el camino y hacer visibles los problemas reales de la gente. Y la última razón, pero no menos importante: no han sido pocas las veces en que un partido político que creíamos de los nuestros ha llegado ahí arriba, y nos ha traicionado. Debemos mantener la vigilancia social y la movilización para que esas personas que nos representan en las instituciones sepan a quién responden, que no va a ser fácil traicionarnos.

La democracia es de las personas, no de los políticos. Debemos recordarles, constantemente, que si están ahí es porque se lo hemos mandado.

Hoy queríamos escribir sobre esto desde Attac Navarra, pero nuestro compañero Carles Esteve Aparicio, de Attac País Valenciano, ya lo había hecho antes. Y nos lo ha traducido para que entendamos que es así, que El día después... habrá que seguir estando.

A estas alturas empiezo a estar cansado de campañas, pre-campañas, encuestas y demás mercadotecnia electoral. Supongo que a la mayoría os pasa algo parecido. El caso es que el fin de semana decidí echar mano de una bola de cristal que tenía algo aparcada en el fondo de un armario, junto a otros trastos que me hizo ilusión recordar y que seguirán en el mismo sitio durante algunos años más. Me costó hacerla funcionar, ya que hacía tiempo que no la utilizaba, pero después de un buen rato leyendo las instrucciones conseguí visualizar con total claridad el resultado de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Podéis mantener la calma porque no voy a desvelaros este secreto. Es la cita electoral más interesante desde que empezamos a caminar en democracia y sería como si os dijera el resultado de un Barça-Madrid antes de empezar el partido.

Vistos los números y el reparto de porciones del medio queso que nos suele enseñar los medios de comunicación, me costó conciliar el sueño y estuve un buen rato dándole vueltas a una idea. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos quienes no militamos en partidos? ¿Tendremos algo que hacer?

Los movimientos sociales y el tejido ciudadano siempre han tenido un papel independiente de los gobiernos y de quienes gobiernan (siguen sin ser los mismos, por si a alguien se le pasaba este dato importante). Aunque se diese un giro espectacular en el terreno de la política de las instituciones y los partidos, seguirá habiendo mucha política que hacer fuera de estos espacios y el papel de la ciudadanía organizada seguirá siendo fundamental.

Los tiempos en los que se manejan los partidos y los movimientos sociales son diferentes. Los medios de comunicación obligan a una respuesta inmediata a casi cualquier cosa que acontece, pero fuera de los partidos esto no es siempre así. Podemos, y seguramente así sea mejor, tomarnos tiempo para tener algunos debates de forma serena, sin la presión de la inmediatez, contando con el trabajo en común de diferentes organizaciones y sabiendo que los resultados tendrán mucho mayor recorrido que la mayor parte de las respuestas urgentes que rellenan los programas electorales.

La forma en la que los partidos definen sus estrategias está completamente condicionada por mecanismos muy similares a la venta. Es cierto que no venden un producto, pero igual que ocurre con la publicidad, cada vez más nos venden actitudes y valores que se asocian a unas caras determinadas. Lejos queda el debate de ideas y propuestas, por mucho que esté en boca de todas las personas que nos piden el voto. Los movimientos sociales no tienen estas ligaduras, y sus estrategias están condicionadas por otros criterios, que tienen más que ver con aquello que proponen y denuncian; por el mundo alternativo y posible que pretenden.

Durante el último año, hemos vivido un nuevo transfuguismo que nos puede salir muy caro. La aparición de nuevas fuerzas políticas y las nuevas estrategias de algunas de las antiguas, ha dado lugar a una enorme descapitalización de un tejido social que se encontraba aún en pañales dentro de una nueva etapa de su historia. Muchas personas con un enorme recorrido en movimientos sociales han cambiado su espacio de lucha por el de las listas electorales y también lo han hecho muchas de las que tuvieron un despertar participativo hace a penas cuatro años con el 15M.

No pretendo un ataque a quienes, de forma honrada y coherente con sus ideas, deciden luchar por éstas dentro de un partido; esto es absolutamente necesario y clave para recuperar las instituciones. Lo que me genera un cosquilleo interno muy parecido al miedo, es ver que los movimientos sociales afrontarán el día después con unas capacidades muy reducidas por este efecto llamada de los partidos.

Y ese día después, seguirá siendo insustituible un tejido social capaz de enfrentar el resultado de las urnas, sea cual sea; capaz de seguir luchando por recuperar los derechos que hemos perdido y los que nunca hemos tenido; capaz de plantarse antes quienes de verdad gobierna sin ninguna atadura; capaz de sostener la utopía y hacer de ella una hoja de ruta y un camino común.

Aunque el día después puedas salir a celebrar que ha ganado tu opción; aunque dibujes una sonrisa por lo que esperas que serán los próximos años; aunque demos un salto democrático hacia nuevas formas de gestionar el espacio público, seguirá habiendo mucha política que hacer más allá de las instituciones y los partidos.

El día después... habrá que seguir estando.

El pasado 3 de mayo, Jordi Évole entrevistó en su Salvados a dos de los grandes activistas de nuestro país: Lucio Urtubia y Enric Duran. Ambos nos hablaron sobre la injusticia, y sobre su forma de combatirla. Aquel domingo, mucha gente nos metimos en la cama sintiendo que el mundo era mejor gracias a ellos. Luego el lunes hubo que volver al trabajo, al colegio o a la cola del paro y todo siguió igual de ordenado. Los héroes, en la tele y el exilio; y en la tierra la gente corriente haciendo lo que nos toca.

Aquel programa ilusionó a mucha gente (el hashtag #urtubiaduran echaba chispas hasta varias horas después), pero por otro lado hizo patente una brecha: la que nos separa de lo épico, de lo realmente ilusionante. Urtubia y Duran hicieron un día saltar su vida por los aires. Se atrevieron a romper con todo: con la gente a quien querían, con lo que se esperaba de ellos; y alcanzaron unos límites de grandeza imposibles. Y el resto, quienes no estamos en disposición de tamaña aventura, pudimos elegir entre seguir su estela y activarnos en la medida de nuestras posibilidades; o deslumbrarnos ante tanto esplendor y paralizarnos.

Quienes creemos en la lucha social encontramos en ellos un faro hacia el que tender. La gente corriente debemos, primero, informarnos para saber cómo funciona el mundo y descubrir las incoherencias del ser humano. Poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, iremos cambiando hábitos. Por ejemplo, poco a poco empezaremos a consumir de forma responsable para evitar las multinacionales del textil que ejercen explotación infantil en países empobrecidos. O contrataremos la energía de nuestra vivienda con una cooperativa. O trasladaremos las cuentas a una banca ética, para evitar que nuestros ahorros caigan en manos de la mafia financiera, y por tanto terminen traficando con armas, personas, o extorsionando a países mediante la inversión en deuda pública. Poco a poco nos implicaremos con algún colectivo social, y nuestra pequeña pelea diaria, combinada con otras muchas peleas, contribuirá a reducir algo la injusticia de este mundo.

Por otro lado, hubo quien vio Salvados y dedujo que la única lucha es la legendaria. Y, por tanto, que la gente corriente debemos currar y callar. Sin comprometerse con nada, tratan de convencernos de que no somos nadie, que nuestro esfuerzo es inútil. Y cuando hablas de lo odioso del capitalismo, te echan en cara que cobres una nómina. O que enciendas la calefacción si defiendes el ecologismo. No se puede decir que sean mala gente, pero paralizan. Seguro que sintieron simpatía por Lucio, y les gustaría que hubiese más como él. Pero equivocaron la conclusión. En vez de encontrar en ellos un ideal utilizaron su ejemplo para desdeñar a las personas corrientes y anular los ideales. Mientras tanto, son capaces de empatizar con quien compra pisos baratos de bancos, procedentes de desahucios, porque “el mundo es así”. Pero multiplican su exigencia con quienes queremos cambiar las cosas y ponen en cuestión nuestra coherencia si fallamos a una manifestación. “Mira a Duran”, dicen, “eso sí es coherencia”.

Olvidan, estas personas, que si se quitó la mili obligatoria es porque al lado de los insumisos hubo gente manifestándose en las calles. O que las negociaciones del TTIP, ese tratado que amenaza con cargarse nuestra democracia, llevan meses atascadas gracias a la presión popular. O que Varoufakis no habría negociado con la Troika desde una posición de fuerza sin esas 10.000 personas corrientes, cargadas de incoherencias y compromisos, que salieron a la calle en la plaza Syntagma cuando recibió la primera negativa. Hoy, pese a todas las presiones, en Grecia hay un cambio de políticas.

No podemos dejarnos desactivar por esas opiniones. Hay que decirles, a quienes apagan la lucha, que todo lo que no resta sirve. Que es la suma de todas las luchas todos los días, de toda esa gente humilde, la que termina empujando los cambios. ¿Qué haces tú por mejorar las cosas? Esa es la respuesta a sus ataques.

En primer lugar, la banca tradicional solamente se preocupa de la rentabilidad económica no de la rentabilidad social, por eso los estudios técnicos que realiza son solo de tipo económico, nunca de tipo ético, social o medioambiental. No importa a quién se le conceda un préstamo, solo importa si lo podrá devolver o no. En la banca ética, la concesión de préstamos pasa un examen económico (no podría ser de otro modo, en caso contrario, el banco quebraría) y, además, otro de tipo ético para valorar si el préstamo solicitado cumple con unos mínimos de justicia social. Así, invierte en creación de empleo, ayuda a discapacitados, primera vivienda, medio ambiente, cultura, y no invierte en armamento, empresas contaminantes, explotación infantil o tabacaleras.

En segundo lugar, la banca tradicional se ha especializado en inversiones de tipo especulativo, que proporcionan grandes beneficios pero no satisfacen las necesidades de la economía real. La banca ética centra sus inversiones en economías locales y en sectores normalmente olvidados por la banca tradicional (bien por no ser productivos, por tratarse de pequeñas operaciones, o de personas carentes de los suficientes avales). Las entidades bancarias transforman la sociedad cuando seleccionan sus ámbitos de financiación, cuando deciden a quién prestar y a quién no, cuando invierten en determinadas empresas y no en otras. En definitiva, cuando deciden quién es digno de crédito. Este tipo de decisiones tienen una carga ética evidente dado que se hacen desde un marco de valores y prioridades determinado. Y en eso es en lo que difieren ambos tipos de banca, en los valores.

La tercera diferencia está en el salario que cobran los trabajadores y directivos de una banca y otra. Mientras la banca tradicional mantiene cifras astronómicas, la banca ética dispone de unos topes salariales como los existentes en Triodos, o los de Fiare, donde los trabajadores son voluntarios y no cobran nada.

En cuarto lugar, la banca tradicional está formada por grandes inversores que exigen una remuneración por sus acciones participativas. La banca ética carece de grandes accionistas, la mayoría son pequeños ahorradores, y muchos de ellos rechazan cobrar ningún tipo de beneficio por el dinero que invierten.

Una quinta diferencia es la dirección de la entidad, mientras en la banca tradicional está formada por un reducido grupo de grandes accionistas que deciden, de forma autoritaria, las acciones de la compañía para conseguir mejores resultados, en muchas entidades de banca ética, el control efectivo de la entidad se ejerce de un modo democrático ya que están organizadas bajo la forma de cooperativas de crédito (Fiare, Cop57).

La sexta diferencia es la transparencia, que para la banca tradicional siempre ha representado un tabú del que no ha podido desprenderse. Sin embargo, para la banca ética, la transparencia es su seña de identidad; todas las operaciones financieras, así como su contabilidad, pueden consultarse de forma pública y gratuita a través de internet.

Otra diferencia más es el ratio de morosidad, el de la banca ética se situó el año pasado por debajo del 4,25%, una tasa muy inferior al del sistema financiero tradicional que alcanzó el 13,42%.

Finalmente, la banca tradicional ha sido intervenida y rescatada con dinero público para seguir funcionando. La banca ética no ha necesitado ningún tipo de ayuda debido a su exclusiva inversión en la economía real, eso da cuenta de su solvencia y viabilidad económica. Es más, ahora son las entidades públicas las que demandan créditos a este tipo de banca al conocer sus índices de solvencia.

Para que estas propuestas terminen siendo una alternativa real se precisa de agregación ciudadana, de masa crítica. Los ciudadanos debemos apoyar estas iniciativas porque nos ofrecen la posibilidad de ser proactivos en la lucha por una soberanía económica efectiva y, de paso, renovar nuestros valores cívicos.

Lo conseguimos: somos capaces de aceptar que salimos de la crisis, que los cerdos vuelan y que Rato no tenía tanto que ver con el PP. Por tanto, hagamos balance de la situación tras el trauma, y pongámonos a exigir que estas cacareadas mejoras reviertan en un desahogo de las condiciones individuales, familiares, sociales, económicas o laborales de una sociedad apaleada por tantos años de penuria.

Encontramos un primer dato interesante en el informe sobre la pobreza en Navarra, realizado por la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS): 30.000 personas están en situación de pobreza severa. Pobreza severa es cuando se dispone de menos de 5.361 euros anuales, aunque algunos hogares sobreviven sin poder declarar ningún ingreso. La EPA de diciembre de 2014 decía que, de las 47.786 personas que se encontraban en paro en Navarra, un 60% llevaban más de un año sin trabajar.

Una curiosidad: este alto número de hogares en pobreza extrema no solo proviene de la falta de trabajo. En 2012, el 37% de ellos contaba con personas que trabajan. O sea, que la crisis no solo ha destruido muchos puestos de trabajo, sino que ha conseguido que trabajar no sirva para salir de la pobreza. Hoy lo normal es tener un empleo precario, mal pagado, temporal y a jornada parcial.

Ante esta situación, lo lógico sería cuidar el sector público, que es quien garantiza los mínimos de subsistencia a quienes pasan más dificultades. Pero la crisis también ha dejado unos servicios públicos apaleados. En 2011, el gasto social sufrió un primer recorte de casi 50 millones de euros. Desde entonces, la poda de recursos se ha mantenido constante. La adminstración cuenta con pocos recursos para atender a una cada vez más numerosa población empobrecida. Navarra, otrora en cabeza de los rankings de desarrollo y gestión de los servicios sociales, se ha convertido en la cuarta comunidad que más ha reducido su gasto en esta área.

No es de extrañar que se hable de una polarización de las clases sociales. Porque toda esta tendencia de la crisis no ha afectado a todo el mundo por igual. El citado informe de la CIPARAIIS confirma este crecimiento de la diferencia entre ricos y pobres, pero no la circunscribe solo a la época de la crisis. De hecho, afirma que antes de la crisis esta brecha social ya estaba en aumento, se aceleró durante los años de crisis y nada lleva a pensar que vaya a invertir su tendencia cuando esta sea historia. Lo que viene a decir este informe es que la tendencia a la acumulación de capitales en pocas manos es consustancial al sistema económico mismo, y que o somos capaces de elaborar recursos para frenar esta tendencia, o la situación se volverá insostenible.

Por tanto, ahora que salimos de la crisis, nos vemos en la necesidad de reclamar la necesidad de unos servicios públicos de calidad para garantizar el bienestar mínimo de todas las personas. Además, y mientras no remonte la calidad en el empleo, reclamamos unas políticas de protección económica básica para todas las personas. Sea una renta de inclusión social no excluyente, o una renta básica universal, u otras propuestas como el trabajo público garantizado, reclamamos herramientas que aseguren unos mínimos a todas las personas.

De esta forma, cuando veamos nuestras reclamaciones satisfechas y las cifras de pobreza y desigualdad social limitadas, nos creeremos el final de la crisis sin atisbo de duda. Descuiden.

Por supuesto, nadie pensó en equiparar las condiciones del personal contratado a las de occidente, o establecer horarios que permitiesen una vida fuera del trabajo, o cumplir unos mínimos de salubridad en los edificios donde los hacinaban. Ir más allá de la instalación de una red era imposible porque suponía una merma en los beneficios de las compañías. Consultores, directivos, consejeros y muchos otros cerebros privilegiados llegaron a la conclusión de que no había causas en los suicidios: que estos eran la causa del problema.

Esta semana, más de 1.000 personas han perdido la vida en el mediterráneo. Es difícil ser preciso en las cifras, pues bailan con alegría de unos medios a otros. Como si no se tratase de seres humanos. Pero por primera vez en mucho tiempo la tragedia del Mediterráneo ocupa titulares de prensa, y los gobernantes han tenido que dar la cara. Sus declaraciones grandilocuentes han estado cargadas de lamento, de empatía, de búsqueda de soluciones. Incluso, a alguno se le ha escapado lo que mucha gente llevamos décadas pidiendo: que hay que atajar el problema de raíz.

Si uno se pone, no es difícil de encontrar esa raíz del problema. Está explicado en muchos informes. Por ejemplo, uno de Pobreza Cero recoge que África cuenta con el 20% de las reservas mundiales de uranio, el 90% de las de cobalto, el 40% de las de platino, entre un 6 y un 8% de las de petróleo y la mitad de las reservas mundiales de oro y diamantes. Es evidente que poca de esta riqueza se queda en el continente, pues de otro modo nadie querría marcharse de ahí. Otro informe, este del Banco Africano de Desarrollo, explica que cada año las compañías que llenan las estanterías de los centros comerciales de occidente, esas que extraen los recursos africanos, evaden cada año entre 50.000 y 60.000 millones de dólares en impuestos que deberían pagar a países de aquel continente. Mucha gente ya no habla de África como de un continente pobre, sino empobrecido. O expoliado.

Ya sé que nuestros gobernantes no suelen leer estos informes, que no les ayudan a mantener sus intereses. Pero por lo menos podrían hojear la prensa que les resulta cómoda, esa que no discute el sistema neoliberal. Por ejemplo, podían leerse este reportaje de El País del verano pasado, donde explica la “maldición de los recursos naturales” que padece África. Extraigo literalmente lo que describe este periodista (sin haber sido denunciado, que yo sepa): “Estos estados están expuestos a guerras, altas tasas de pobreza, fuerte corrupción, mala gobernabilidad y poca democracia, todo ello causado por el intento de distintos países, principalmente occidentales, de controlar los recursos naturales, para lo cual no escatiman medios provocando conflictos, imponiendo y manteniendo dictadores o sistemas corruptos… Estados Unidos y Europa son expertos en estas tácticas.”

Pero nuestros gobernantes no se han preguntado por qué África está empobrecida. Tampoco por qué hay guerras o dictaduras. Nuestros gobernantes, lo hemos leído en prensa, han identificado que el origen del problema migratorio está en las mafias, esas organizaciones criminales que sacan el dinero a las personas migrantes a cambio de un pasaje en barco y una esperanza.

Hasta ahí han llegado porque son incapaces de plantear soluciones que afecten a los beneficios de las grandes compañías. Como los de Foxconn, que pusieron una red para evitar los suicidios; aquí cortar de raíz el problema es hacer una valla más alta, ponerle cuchillas o acabar con las mafias.

No quieren ver que las mafias no son causa sino consecuencia de que muchas personas quieren migrar y no encuentran cómo hacerlo. No quieren ver que migrar no es un capricho, que la raíz está en esa pobreza y guerras provocadas. Nuestros gobernantes, para atajar el problema de la migración, van a bombardear las embarcaciones que las mafias tienen en puerto dispuestas a cargar a personas para atravesar el mediterráneo. Y ahí van a centrar todos sus esfuerzos. Hasta la próxima vez.

Consulta el resto de actos programados en la página web de Attac Navarra-Nafarroa, y aquí los artículos de opinión ya elaborados sobre el TTIP y el trabajo, y el TTIP y el medio ambiente.

El TTIP y la democracia

Vote usted a quien quiera, que va a dar igual. Tenga usted discusiones acaloradas con sus amistades sobre la bondad de una determinada tendencia política, sea consecuente, crea que votar a ese partido significará un cambio, sueñe con el reparto de la riqueza o con las políticas de ajuste, crea en ellas… va a dar lo mismo. Ninguna de esas personas que elegimos para las concejalías, diputaciones o parlamentos, sean del color que sean, van a poder hacer la política prometida. Quizás en la superficie sí, en esas pequeñas cosas que darán apariencia de diversidad, y de las que se discutirá mucho en las tertulias televisivas. Pero en lo realmente importante tendrán las manos atadas.

Señoras y señores, bienvenidos al mundo de Orwell. Bienvenidos al mayor ataque a nuestra democracia perpetrado nunca sin recurrir a la guerra. Bienvenidos al TTIP.

Nos dicen que seamos permanentemente felices, nos inundan a productos que nos faltan y nos hacen creer que la política apesta. Así nos tienen distraídos mientras, en unos oscuros despachos de Bruselas, se redacta este tratado. El 4% de las personas que lo asesoran representan intereses públicos, y un 92% forma parte de lobbies de grandes empresas. Parece de película, pero los parlamentarios europeos tienen prohibido el acceso a los documentos que allí se tratan. Bueno, no es exactamente así. Algunos pueden acceder a una sala cerrada, en la que deben entrar sin grabadora, ni teléfono móvil, ni papel ni bolígrafo. Allí leen unos documentos previamente seleccionados confiando en su memoria fotográfica para sacar algo de información útil. Las multinacionales, por otro lado, disponen del texto completo en sus memorias usb.

¿Por qué es tan peligroso el TTIP para la democracia? Porque más allá de toda esa conocida lista de políticas desreguladoras, que afectarán a lo que comemos, a nuestros derechos laborales, a nuestra baja maternal o al fracking entre otras muchas; el TTIP incluye un punto en especial que atará las manos de quienes gobiernen en ayuntamientos, comunidades o en el estado. Se trata del ISDS.

Formalmente, el ISDS es un mecanismo de resolución de controversias entre Estados y empresas. Si una empresa siente que existe una ley o norma (local, comarcal, autonómica o de cualquier otro ámbito) que va en contra de sus intereses, puede demandar a la institución que la promulgó. Así, si un día el Ayuntamiento de Ansoáin decide democráticamente prohibir el consumo de tabaco en el municipio, podrá ser demandado por la tabaquera de turno, que verá sus beneficios futuros afectados. O si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Peralta comienza a distribuir gratis el agua para sus regantes, la empresa concesionaria del servicio de aguas privatizado podrá demandar al consistorio, y llevarse una buena suma por el negocio que deja de obtener.

Cuidado, pues, concejales de Ansoáin, Peralta o Doneztebe. Cuidado. Vuestras decisiones ya no os pertenecen porque, merced a este ISDS, os demandarán. ¿Y dónde lo harán? ¿Será en un tribunal ordinario, legislado, con garantes de democracia, con jueces formados e imparciales? Pues tampoco, no seamos ilusos: la demanda partirá de un buffet de abogados especializados en conflictos entre estados y empresas; y el juicio se llevará a cabo en unos tribunales privados, alejados de cualquier jurisdicción y control democrático.

Desafortunadamente, ya hay una larga historia de estos pleitos derivados de tratados similares en otros lugares del mundo. Estados soberanos se han visto obligados a pagar cantidades desorbitantes a multinacionales por el pecado de legislar para la población a quien representan.

Otro día hablaremos del Consejo de Cooperación Regulatoria, esa entidad que pretende ajustar todas las leyes europeas y estadounidenses a lo firmado en este acuerdo. A la mierda decisiones democráticas, representación ciudadana o discusiones plenarias. Las leyes se cocinarán en despachos cerrados de multinacionales, sin focos ni periodistas ni posibilidad de intervención pública.

Este es el ataque que realiza el TTIP contra la autonomía de los organismos democráticos en favor del beneficio de las multinacionales. Quizás a usted no le guste la política, y pase de los partidos. Pero esto es lo que nos viene, y solo nos queda defendernos. Da igual a qué partido piense votar, qué política económica prefiera: defienda la democracia, la transparencia, lo elegido por la soberanía popular frente a los beneficios corporativos. Defienda que los ciudadanos podamos elegir y soñar el mundo que queremos tener para nuestros hijos, sea este más o menos lucrativo para las grandes corporaciones.

En Navarra, la Iniciativa contra el TTIPren kontra ekimena quiere convertir ese 18 de abril en un éxito de participación, con el fin de que la información sobre los riesgos de este tratado alcancen a cuanta más gente mejor. Y en ello colaboraremos desde Attac Navarra–Nafarroa.

El TTIP y el medio ambiente

Uno de los pilares de la industria en los EE.UU. es la agricultura y uno de los objetivos del TTIP es la introducción en Europa de la producción de las grandes empresas, con especial énfasis en los Organismos Modificados Genéticamente, conocidos popularmente como transgénicos. Hasta el momento, las normas ambientales en la UE contemplan el principio de precaución, y gracias a ello han impedido la invasión de los OMG americanos. Estas normas se basan en que los transgénicos actúan a largo plazo y en combinación con muchos otros factores. Pero, merced al TTIP, la autoridad europea de seguridad alimentaria podría igualar nuestra legislación a la de los EE.UU., donde la industria es muy poderosa e impone sus reglas, evitando gran parte de la supervisión necesaria, reglas de seguridad ni de etiquetado. Estos cultivos en Norteamérica son rociados con cantidades crecientes de pesticidas tóxicos. En Europa, por ejemplo, están prohibidos actualmente 86 productos químicos de los que allí se utilizan.

También en relación con el medio ambiente, el lobby energético cuenta con poder en este tratado, y está tratando de tumbar las prohibiciones al fracking conseguidas en zonas de la Unión Europea gracias a la presión de las movilizaciones sociales. Lo hemos visto en Navarra, donde una mayoría del Parlamento lo prohibió. Aunque luego vimos cómo los Tribunales del Estado vinieron a invalidar el acuerdo.

Uno de los informes que más repercusión ha tenido este año ha sido elaborado por el Instituto Geológico y Minero. Alerta sobre ciertos riesgos de este tipo de extracción de gas. En resumen, este informe alertaba sobre los riesgos de contaminación de acuíferos, con el consiguiente peligro para el consumo humano y los cultivos; la posibilidad de aumento de temblores de tierra; y un preocupante y largo etcétera. Este informe fue devuelto a sus redactores para que suavizaran el contenido.

El TTIP plantea numerosas y graves amenazas para la población y el medio ambiente. Además, concentra todavía más poder en quienes dirigen las finanzas, la industria y la política en Europa y EE.UU. Aunque cada vez más información trasciende a la opinión pública, todavía hay mucha gente que ignora los riesgos de este acuerdo. No podemos permitimos la pasividad en este asunto. El 18 de abril trataremos de que más gente se haga consciente de ellos, y así movilizar a la población en contra del mismo. Es la única vía para dificultar el camino de quienes pretenden colocar sus beneficios por encima de nuestros derechos.

En Navarra, la Iniciativa contra el TTIPren kontra ekimena quiere convertir ese 18 de abril en un éxito de participación, con el fin de que la información sobre los riesgos de este tratado alcance a cuanta más gente mejor. Y en ello colaboraremos desde Attac Navarra–Nafarroa.

El TTIP y el trabajo

El TTIP y el trabajoPara explicar los motivos que nos llevan a rechazar el TTIP, las personas que nos movemos en el mundo laboral y los sindicatos quizás deberíamos echar una mirada hacia otros tipos de acuerdos que se han ido firmando en EEUU y en la UE.

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el acuerdo NAFTA, firmado dos años antes por los gobiernos de EEUU, Canadá y México. Antes de su firma se dijo que se crearían de 20 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, se perdieron un millón de empleos, la mayoría en EEUU, como consecuencia de las deslocalizaciones a México de las empresas estadounidenses. Se podría pensar que las condiciones de vida y de trabajo en México habrían mejorado, pero desde entonces el 60% de los/as trabajadoras están en el sector informal. Trabajo en precario, pobreza y desigualdad social son el resultado del NAFTA.

En la documentación filtrada sobre el TTIP se habla de una forma genérica de la defensa de los/as consumidoras, de los servicios públicos, sanidad, educación o derechos laborales. Pero si hay un tema que se repite de forma intensiva y clara es que hay que respetar y garantizar los derechos fundamentales de la libre circulación y establecimiento de capitales. En este mundo globalizado la competitividad es el motor de la economía y para lograr ese objetivo es imprescindible la flexibilidad laboral, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste de las transnacionales, sin injerencias externas. Dicho de otra forma: les sobran las legislaciones nacionales, europeas y los acuerdos internacionales firmados para la defensa del mundo laboral, las consumidoras y las personas. A más desregulación, más beneficio para las multinacionales.

Los derechos laborales están garantizados en la UE, pero no están “armonizados”. Cada país tiene sus normativa, hay una gran diferencia entre unos y otros, en torno a los salarios, jornada laboral, vacaciones o edad de jubilación. Desde el TTIP se propone la homogenización, pero todo apunta a que esta igualación se va a hacer a la baja: menos derechos, trabajar más y cobrar menos.

De los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), EEUU solo ha firmado dos, los que hacen mención al trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación. Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los derechos laborales y de salud), sociales y culturales de Naciones Unidas. Un acuerdo como el TTIP “armonizaría” el mundo laboral a la baja, pondría en peligro los convenios colectivos y su negociación, el derecho a la huelga, a sindicarse o a la salud laboral.

Ahora que se está extendiendo el rechazo al TTIP, ya ha empezado la lluvia de promesas: se van a crear millones de puestos de trabajo (750.000 en Europa), va a aumentar el producto interior en la UE de entre 1% y 0,5%, la producción de riqueza crecería en 120.000 millones en Europa. ¡Que fácil hacen las promesas, y que pronto se olvidan de ellas! Sectores industriales como la industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo, y el metalúrgico van a ser los paganos directos del TTIP. ¿Cuántos empleos se van a perder en estos sectores económicos? Poner la libertad de mercado y la defensa incondicional de la libre competencia por delante de los derechos humanos, sociales y laborales solo puede traer más pobreza, marginación social, pone en juego nuestros derechos laborales, la educación y sanidad pública todo lo conseguido en décadas de luchas sociales, nos niega el futuro y una vida digna. Por todo eso nos oponemos al TTIP y animamos a la ciudadanía a decir ¡NO al TTIP!

Pasemos esta introducción sobre el filtro empírico. O sea, comprobemos si realmente vamos hacia mejor.

1.

En 1972, el holandés Sicco Mansholt -animal con el encéfalo altamente desarrollado- fue elegido presidente de la Comisión Europea. Hijo de agricultores, Mansholt pensaba que el crecimiento económico únicamente sirve a los intereses dominantes, y su objetivo era frenarlo para estabilizar la brecha mundial entre ricos y pobres. En aquel momento, Mansholt se lamentaba de la dificultad de desarrollar sus propuestas, pues “todo el sistema social insiste en el crecimiento”. Es probable que confiase en que, en pocos años, los seres humanos nos diésemos cuenta de que lo realmente importante no se logra aumentando beneficios, sino distribuyendo adecuadamente los recursos.

Hoy el presidente de la Comisión Europea es Jean Claude Juncker, otro animal con el encéfalo altamente desarrollado y con más años de evolución que Mansholt. Entre otras políticas -legales e ilegales-, Juncker firmó unos acuerdos secretos con 340 multinacionales a las que ofreció impuestos ridículos para que se estableciesen en su país, Luxemburgo. Así, esas empresas que recogen dinero de todos los países del mundo -ricos y pobres- llevan años financiando en exclusiva a un país que ya era rico y ahora, es de suponer, riquísimo.

La opinión pública mayoritaria, por cierto, defiende aún más que entonces en el crecimiento como única política económica posible.

2.

En 1978 se firmó una constitución en España que garantizaba derechos como el de la vivienda o el de un trabajo digno. Además de estas utopías, la constitución incluía un artículo que dice así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. No es cuestión de lavar la cara a esos papeles tan traicionados, tan arrugados e inutilizados por quienes hoy más dicen representarlos. Pero extraigamos enseñanzas. Porque entonces, en 1978, quienes dominaban el país tuvieron que incluir esos artículos para contentar la presión popular.

Hace unos meses Alberto Garzón, animal con el cerebro altamente desarrollado, compañero de Attac y próximo candidato a la presidencia del gobierno, quiso constatar que teníamos aún más conciencia de nuestros derechos que antaño. Escribió aquel artículo en su twitter, sin entrecomillar. Como si fuera una opinión propia: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Inmediatamente recibió un aluvión de mensajes en los que le tildaron de comunista, bolivariano, sátrapa o dictador. Había otros, más cariñosos, que le avisaban de que así no, Alberto, que así no vas a conseguir el apoyo popular. La avalancha cesó solo con otro tuit de Garzón, tan lacónico como vergonzante: “Es el artículo 128.1 de la Constitución Española”.´

Cierre

Quizás haya otras historias que verifiquen la afirmación del primer párrafo, y permitan por un momento creer en el ser humano. Pero es difícil ver la botella medio llena días después de la muerte de Miren, que el pasado sábado se quitó la vida tras haber recibido la negativa de su banco para negociar la hipoteca. Tenía 43 años y hacía dos había sido despedida de una multinacional.

Quienes militamos en Attac no podemos evitar relacionar este trágico suceso con la deshumanización a que nos llevan gobiernos y empresas. Miren ha muerto porque durante décadas nos han tratado de convencer de que lo importante son otras cosas. Nos han subido en el carro del crecimiento, que con esa velocidad estúpida arrasa con derechos y con personas. Y hoy con más fuerza queremos estar ahí para recuperar el discurso.

Este sábado, a las 18:00 en la Plaza de la Cruz de Pamplona, nos manifestaremos para recordar a Miren. Y para seguir intentando que, de una vez por todas, la evolución humana sea realmente humana.

Sea voluntario o no (y seguro que es pedagógico), lo que evidencia este programa es el acoso constante que sufrimos los estados y los ciudadanos, desde distintos organismos económicos nacionales e internacionales, para que seamos consumidores “responsables” de los productos financieros presentes y futuros. Nos preparan para afrontar un modelo económico y social heredero de la concepción individualista y burguesa de la sociedad decimonónica: el Estado liberal. Un modelo donde el poder político ha sido reducido al límite de sus competencias y basa toda su legitimidad en la libertad de los individuos (que, ahora, aprenderán a racionalizar sus escasos recursos porque saben que el Estado no les ayudará).

El pacto social inaugurado con Hobbes y Locke no consintió ninguna cláusula de tipo distributivo y, aunque más tarde Rawls admitirá cláusulas de distribución de bienes que impidieran situaciones de excesiva injusticia, en lo fundamental coinciden: la sociedad es derivada y secundaria. Lo primero y principal es el individuo, un ser independiente y soberano que decide, mediante pacto entre iguales, abandonar su estado de naturaleza. El individuo, nada le debe a nadie, sino que cada uno se lo debe todo a sí mismo, y a su capacidad de esfuerzo y superación. La principal función del Estado será la salvaguarda de los derechos individuales de libertad y de propiedad. El resto de las necesidades humanas, salvo casos de extrema necesidad, o de beneficencia, las proporcionará de forma eficiente el mercado y sus mecanismos de control. Esta ideología reduccionista que niega todos los valores humanos (compromiso, equidad, empatía, solidaridad, compasión) sin los cuales es difícil que se desarrolle la persona en sociedad, es el mito fundacional del Estado liberal. Un ideario hoy hegemónico que ha perdurado, con ligeros matices, desde sus orígenes hasta nuestros días.

Este ideario ha posibilitado la Gobernanza de un gobierno mundial informal (el G-7; formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), que impone sus reglas del juego económico al resto de países. Además, se ha desarrollado una Lex Mercatoria (que identifica un conjunto normativo disperso, con carácter supranacional, que goza de un alto grado de autonomía respecto a los ordenamientos jurídicos estatales. Constituye el grupo de reglas adecuadas para la regulación de las relaciones económicas internacionales, especialmente de los contratos internacionales, a los que se puede aplicar directamente en lugar de las disposiciones de los ordenamientos nacionales) global, capaz de articularse de forma autónoma, en respuesta a las grandes corporaciones transnacionales que necesitan liberarse de las rigideces estatales en el tráfico mercantil. Mientras la economía se globaliza, las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal (consideradas menores de edad que han de ser asesoradas en asuntos económicos). Las instituciones económicas globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.

Cuando la ideología neoliberal se pone en práctica, aumenta el trato de favor que los Estados dispensan a los bancos y a las grandes multinacionales, se beneficia a los más ricos y poderosos al reducir sus cargas fiscales mientras crecen las de las clases medias y bajas. Esto produce, a su vez, un aumento del poder de unos en detrimento de otros. Lo podemos calificar como queramos, pero el uso conjunto de corporatocracia (el gobierno de las grandes corporaciones) y plutocracia (el gobierno del dinero y de los ricos) describe muy bien el escenario: un Estado comprado e informalmente gobernado (y, en algunos casos, incluso formalmente) por los más ricos y por las grandes empresas. Esto no creo que lo enseñen en las escuelas.

El TTIP consolidará los beneficios de las transnacionales mientras, entre otras:

Además, todas estas medidas quedarán blindadas contra las decisiones ciudadanas mediante los Mecanismos de resolución de conflictos ISDS, unos tribunales privados que permitirán a las transnacionales denunciar a cualquier estado para frenar la capacidad de decisión de la ciudadanía. Un par de ejemplos, aunque hay cientos:

La guinda es el denominado Consejo de Cooperación Regulatoria, organismo que controlará las leyes actuales y futuras para adaptarlas a los acuerdos firmados. Velará por la desregulación y, además, dará a las empresas el poder de escoger y eliminar normativas. Estas empresas recibirán notificación previa de todas las proposiciones de normas antes de su introducción, y tendrán potestad para eliminar las restricciones que disminuyan sus beneficios.

El presidente Roosevelt, en abril de 1938, dijo en su mensaje al congreso que “la libertad en una democracia queda gravemente dañada cuando se tolera que el poder privado, el poder del gran capital, sea mayor que el poder democrático del Estado. Esta es la esencia del fascismo, propio del Estado controlado por este poder privado”. Pues esa esencia del fascismo llega hoy revestida de modernidad. Usan el comercio como excusa para robarnos derechos, porque lo único que buscan es asegurar los beneficios económicos de las transnacionales. No les importa la ciudadanía, ni los derechos, ni el tejido de pequeñas y medianas empresas que sostienen la actividad y el empleo.

Por eso, el 11 de octubre se celebró la primera jornada internacional de lucha contra el TTIP. En Navarra aportamos información, charlas, teatros y concentraciones; y consolidamos la Iniciativa contra el TTIP-TTIPren kontra ekimena. Gracias al trabajo que desarrollamos a nivel local, y al de muchas más organizaciones a nivel estatal e internacional, cada vez más gente conoce estas siglas. A la vez, se puso en marcha una recogida de firmas que ya va por los dos millones.

Y seguimos en guardia. El próximo 18 de abril se celebrará otra jornada sobre el TTIP. En ella esperamos contar con más participantes, más actos y hacer más ruido. Sabemos de nuestra pequeñez ante quienes pretenden acabar con nuestros derechos, pero aspiramos a ser como ese mosquito que es pequeño pero se hace tan presente cuando queremos conciliar el sueño. Consigamos una jornada espectacular, donde todo el mundo se entere de qué va este tratado y se sume a este clamor. Hagamos incómodas las negociaciones a las personas que están allí arriba, en su tablero geopolítico, y consigamos que se den cuenta de que somos la gente quienes queremos tener las riendas de nuestro futuro.

Pero no sufran, señores de la banca. Para ustedes, y para todo el resto de acreedores, sí hay dinero. Esos 111 millones de euros de intereses que la deuda navarra generó en 2014 irán a sus colmados bolsillos sin ninguna traba. Porque aquí sabemos dónde están las prioridades. En 2011 reformamos el artículo 135 de la Constitución Española para así plasmar negro sobre blanco nuestro deseo primordial: que el dinero que conseguimos con nuestro esfuerzo vaya destinado, en primer lugar, a la banca. Así muramos, así suframos, así mendiguemos, que ustedes tendrán su rentabilidad prometida en tiempo y forma.

Habrá quien diga que esa reforma no fue votada, y que por tanto no tiene validez. Pero descuiden. En esta zona del mundo tenemos la sana costumbre de incluir en nuestro bagaje democrático decisiones que toman entre cuatro jerifaltes. Si se fijan, en la tele nunca sale nadie que discuta al BCE y su curiosa política de prestar a los estados a través de los bancos, tras pago de jugosa comisión. Que sí, que podría ser que prestase directamente a los estados y por tanto el nivel de deuda sería irrisorio. Pero nadie quiere acabar con esta democracia nuestra en que cuatro deciden y el resto acatamos.

En Navarra, la deuda pública se ha multiplicado por cinco en siete años. Debemos unos 3.300 milllones de euros, el equivalente al presupuesto de un año de la Comunidad. Habrá quien diga que este incremento tan brutal se ha debido a la pérdida de ingresos derivada de las reducciones de impuestos a las rentas altas, o a la escasa tributación de las rentas de capital. También quien mencione gastos superfluos como el Tren de Alta Velocidad, la ampliación del aeropuerto de Noáin, el circuito de velocidad de Los Arcos, el Reyno Arena, los peajes en la sombra o el rescate encubierto al C.A. Osasuna. Pero quienes saben de economía tienen claro que la culpa de este dislate no tiene que ver con lo anterior. La culpa, ya lo dicen en la tele, es de quienes enferman, de quienes pretenden estudiar, de la gente mayor y de quien tiene descendencia; de las personas dependientes, de quienes vamos en transporte público o de quienes piden más papeleras para tener limpias las calles. Quienes saben de economía saben que todo esto es superfluo porque no da beneficios. Y lo que no da beneficios, sobra.

En Attac Navarra-Nafarroa hay unas gentes que quieren montar un grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Pretenden discutir las verdades de quienes saben de economía, y poner en cuestión la validez de los instrumentos que nos han impuesto, democráticamente eso sí, entre cuatro. Dicen que quieren información. Cosas como saber si la deuda se ha generado en conchabeo entre los bancos y las administraciones, si se ha utilizado en gastos destinados al bien común o si se ha gastado en rescatar a los mismos bancos a quienes debemos el dinero.

Y dicen que, si conseguimos información suficiente, se podría pedir una quita. Esto es, no pagar la deuda que no haya sido adquirida de forma legítima. Quienes saben de economía dicen que si no pagamos nunca más nos querrán prestar. El premio Nobel Joseph Stiglitz, que parece que de esto sabe un rato, no está de acuerdo, y dice que “empíricamente, hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo periodo de exclusión del acceso a los mercados financieros”. Pero claro, quienes saben de economía no necesitan leer a premios Nobel.

Se ha establecido una temperatura de 21ºC en el salón y 18ºC en el resto de estancias como adecuadas para la salud de las personas que habitan un hogar. Quien no puede llegar a estos guarismos es quien entra en pobreza energética. Lo cierto es que no es un problema reciente, pero sí es cierto que el salto al debate público es relativamente reciente. Quien lo sufre tiene difícil superar la vergüenza y admitir que no puede encender la luz o calentar la comida en su propia casa. Pero en los bancos de alimentos ya nadie quiere lentejas, por el coste altísimo de cocinarlas.

Las familias en pobreza energética viven en precariedad en múltiples áreas. Si no hay una alimentación adecuada, y se pasa frío, lo lógico es enfermar y faltar al trabajo. Hacer las tareas en un ambiente gélido es imposible, lo que garantiza el fracaso escolar. 50.000 personas de nuestro entorno están condenadas a la exclusión en un futuro más o menos cercano, realidad que se agrava cuando hablamos de tercera edad, convalecientes o menores.

Y esto sucede en un entorno en el que las grandes compañías eléctricas siguen generando beneficios. La crisis es ese término en el que se escudan para justificar una condena innecesaria, pues según una información de eleconomista.es, en 2013 las eléctricas españolas prácticamente doblaban el margen de beneficio de las europeas.

En el año 2011, la Unión Europea consideró la lucha contra la pobreza energética como una nueva prioridad social, por lo que se aprobaron una serie de medidas para proteger a los consumidores. Pero, como podemos comprobar, en nuestro entorno este asunto no forma parte del debate. Concretamente en Navarra, el gobierno de UPN continúa sin llevar a efecto la moción que presentó Izquierda-Ezkerra, y que fue aprobada por unanimidad, en la que se instaba al Gobierno de Navarra a lanzar un plan de prevención y lucha contra la pobreza energética. Pero, hoy día, quienes nos gobiernan están más preocupados por mantener su cuota de poder para las próximas elecciones que por solucionar los problemas de quienes dicen representar.

Por tanto, como en la mayor parte de los temas que afectan a la gente, somos la sociedad civil quienes hemos de tomar las riendas. Primero, para denunciar esta realidad, visibilizarla, y así sumar personas y conseguir la fuerza para exigir al gobierno que habilite soluciones. Y en eso estamos.

Este sábado, 28 de febrero, arrancaremos con una movilización en diversas ciudades del estado español, promovida por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME). Queremos recordar a quienes gobiernan que la pobreza energética se puede resolver, que solo hay que tener la decencia política de convertirse en representantes de la ciudadanía y garantizar los derechos básicos. Que esos márgenes exagerados de beneficios son una fórmula de abuso de poder propia de una dictadura. Debemos evidenciar la hipocresía de quienes dicen defender la democracia mientras aprietan el yugo de la exclusión sobre tanta gente.

Desde la ACA se quiere visibilizar con más fuerza este problema, y proponen un día europeo de lucha contra la pobreza energética. Han pensado en el 17 de febrero, fecha de la última gran ola de frío que asoló Europa en 1956. Dentro de unos años, no obstante, sería bonito recordar estas épocas de lucha como agua pasada. Que ya no hiciese falta un día contra la pobreza energética porque no existe el motivo. Pero solo lo conseguiremos si hacemos frente a esta realidad. Y tenemos que hacerle frente con todas nuestras fuerzas.

Pero no podemos precipitarnos y caer en la tentación del juicio rápido, que solo nos sirve para perder la esperanza y, además, estigmatizar injustamente al sector joven, quizás el más agredido y expulsado. Me explico.

Desde los años 90, la pedagogía prima la eficiencia y el esfuerzo individual. Se exige competir en un mundo donde solo medra quien es mejor que el resto. Todas las estrategias que se fomentan son personales, no colectivas. Y no se discute este sistema pues según el discurso dominante es el único posible. ¿Alguien se acuerda de la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Quizás fue el único intento, tímido, de promover en la comunidad educativa una cultura crítica y responsable con la sociedad. Tan tímido fue que pronto fue retirado del currículum. No se quiere formar personas críticas: se educan piezas diseñadas para su engarce perfecto en el engranaje neoliberal.

Y luego, cuando termina la etapa educativa, llegamos a la laboral. O más bien, a la de la ausencia de labor. Alguien que está en paro no se moviliza: se ocupa primero por asegurarse un futuro. Y, si tiene éxito en su búsqueda, se ve en la tesitura de aceptar condiciones de semiesclavitud, o tener que emigrar. Ninguna de las dos contribuye a la movilización.

Además, ¿quién se va a movilizar al lado de esta clase política? La corrupción, los conchabeos entre multinacionales y representantes públicos, los debates gritones y carentes de argumentos… Nuestra juventud está demasiado bien preparada como para integrarse en un sistema corrupto.

Y, encima, si protestas te criminalizan. La ley mordaza es solo otro paso más en su intento de convertir a la sociedad en un rebaño.

¿Explica todo esto por qué no se moviliza la juventud? Podría. Fácil no es, en todo caso, que se movilicen. Pero es que aún y todo, encuentran sus vías de expresión. Por ejemplo, en el voluntariado social, una rama menos ruidosa pero imprescindible. O en la elección de sus planes de estudios: el 50% de las matriculaciones de la universidad son en carreras sociales, pese a que sólo cuentan con el 37% de las ofertas de empleo.

Y también en otras formas de lucha. Porque las personas mayores tendemos a creer que no hay nada más allá de las manifestaciones y charlas. Pero deberíamos darnos un garbeo por ese nuevo mundo llamado redes sociales, que se ha impuesto como vía de comunicación alternativa a los grandes medios. Podríamos pararnos a escuchar a los raperos políticamente comprometidos que, sin pelos en la lengua, suenan por las esquinas. O valorar su capacidad de convocatoria al reivindicar otras cuestiones como la defensa de los animales o el movimiento ocupa. Esas otras vías están consiguiendo un gran cambio cultural, y ahí es donde la gente joven transgrede un mundo creado para dóciles.

Hay un reto pendiente: aunar los modos de lucha antiguos con los viejos. Debemos habilitar espacios donde se escuche a la juventud, donde hablen con voz propia en la sociedad política. La América hispana también nos lleva la delantera en este aspecto. La plataforma Juventud con voz, la agenda para la participación de la juventud, y el pacto que en octubre de 2013 firmaron 22 países de América Latina y Caribe son formas de empoderamiento. También en el Reino Unido hay propuestas interesantes que buscan la integración cívica y social de la juventud a través de su implicación en la comunidad. Y en Australia, donde se da gran importancia a la educación cívica de los jóvenes y a la vinculación de ciudadanía y democracia. Ejemplos hay de lugares donde juventud y resto no van por separado: solo hay que conocer sus sendas, y seguirlas.

Durante años, este proyecto avanzaba en silencio, a espaldas del pueblo. Por diferentes motivos, obtenía todos los permisos y ninguna de las partes implicadas ponía trabas: ni el ayuntamiento, ni la junta de la comunidad de regantes. Pero, a principios de 2014, Canal NO descubrió el pastel, ante una solicitud que la empresa privada Tindaya Renovables S.A. había realizado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). En ella pedía una concesión de agua de 99 m3/seg, cuando la media del Ebro en ese punto apenas supera los 100m3/seg. La plataforma se puso a investigar y descubrió que se pretendía transportar este caudal a través de un macrocanal de 8 kilómetros de largo y 51 metros de ancho (casi el doble que el canal de navarra), que cruzaría todo el regadío tradicional de Mendavia para alimentar una central hidroeléctrica de mas de 9.000 kwa.

Por supuesto, el proyecto se presentó como una oportunidad de modernizar el regadío y traer prosperidad al pueblo. Pero nada mas lejos de la realidad. El pastel descubierto incluye una derivación de caudal que provocaría afecciones irreparables a los hábitats de los “sotos y riberas del ebro”, incluido en la red natura 2000; obligaría a restringir el acceso a entrañables zonas de recreo para los mendavieses, como Legarda, la Barca o la Sarda; se harían expropiaciones forzosas y, para colmo, los propios vecinos deben regalar la tierra a la empresa para que pueda construir la obra porque, si no, no sale rentable. Todo esto por no hablar de la pérdida económica que sufrirán los agricultores por la paralización de parte de las tierras durante los dos años de las obras, y que está calculada en unas 100.000 horas de trabajo.

Los vecinos de Mendavia tuvieron la oportunidad de escuchar a la empresa. Esta llegó a prometer 200 empleos, aunque en el papel solo hablaba de 20 (y únicamente para los dos años de construcción de la obra). Hablaron de una necesidad energética que no es real, y minimizaron las agresiones ambientales. La lucha de Canal NO consistió en informar. Mediante charlas, artículos en prensa, revistas, televisión, se consiguió que el tema estuviera en los medios. Tan sólo en tres meses, se recogieron 1.211 firmas que solicitaban que el ayuntamiento no apoyara el proyecto. Se acudió al Parlamento de Navarra, al defensor del pueblo (que dictaminó en favor de la plataforma) y, por fin, el ayuntamiento tuvo que llevar a cabo un sondeo de opinión para saber qué quería la ciudadanía de Mendavia.

Y así llegamos al 3 de febrero, día en que el pueblo pudo votar. Acudió el 53% del censo, con un resultado del 90% de votos contrarios al proyecto. Así demostraban que la ciudadanía sí es responsable con las generaciones futuras, que prefiere la salud del río más caudaloso de la Península que el agotamiento de los recursos naturales para interés particular y privado. Ese gran día, Mendavia supo recuperar el espacio democrático que se le había quitado al no hacerla conocedora de esta obra.

Pero la lástima es que esta expresión de voluntad democrática no es el fin de la historia. Todavía la CHE y el Ministerio de Medio Ambiente podrían dar luz verde a la destrucción de la ribera de Mendavia si mantienen un informe favorable al proyecto. Y entonces ni ayuntamiento ni pueblo podrían hacer nada para pararlo.

Aquel 3 de febrero no solo el pueblo de Mendavia hizo descarrilar el proyecto. El Ebro, como si quisiera dar un puñetazo en la mesa, salió de su curso. Inundó todo el regadío, toda la zona que se pretende devastar. Así dejó claro que, en Mendavia, el único que manda realmente es él.