Pegados a la pared, en una sala ovalada del Capitolio, dos jóvenes se echaban agua por la cara y se cambiaban de ropa. “¡Estamos salvando a los Estados Unidos!”, exclamaba excitado uno de los asaltantes. Minutos antes, en una de las intersecciones de los largos y estrechos pasillos, formaban parte del grupo que empujaba a la masa apelotonada frente a dos cordones policiales. Los agentes del primer cordón rociaban con gas pimienta a los asaltantes, con poco éxito.

El segundo cordón se mantenía a la expectativa empuñando rifles de asalto. La presión de los manifestantes era tal que los agentes quedaban a merced de los que empujaban y, los policías, sobrepasados en número y tal vez para evitar males mayores, decidieron retroceder. Así, durante casi una hora, los asaltantes se movieron por la mayor parte de las oficinas y salas del Capitolio sin apenas oposición. Es la primera vez que la sede legislativa de los Estados Unidos ha sido asaltada por sus propios conciudadanos.

Minutos antes del ataque, hacia las 14:00 hora local, miles de manifestantes congregados esa misma mañana delante del obelisco de Washington habían llegado a las escalinatas del Capitolio. Acababan de escuchar en directo al presidente Donald Trump, que denunciaba por enésima vez sin pruebas el fraude que supuestamente lo empujaba a dejar la Casa Blanca y dar el control del Congreso y el Senado a los demócratas.

Ningún asistente decía dudar de las palabras de Trump. George Kiser, llegado desde Pensilvania con su mujer, afirmaba: “No queremos que nos roben la libertad”. Las pancartas eran a cada cual más surrealista: el presidente electo Joe Biden caricaturizado como Stalin, algunos pidiendo la ley marcial y otros exigiendo que se juzgue a la cadena de televisión CNN por traición. Mientras la mayoría de los manifestantes, algunos de ellos disfrazados, gritaban consignas a favor de Trump y contra los demócratas e incluso el establishment republicano, grupos más reducidos de hombres fornidos equipados con vestimenta militar –chalecos antibalas, cascos, y ropa de color pardo y caqui– se reunían en grupos y hablaban en voz baja. 

El primer cordón policial frente al Capitolio no resistió más de media hora. En las escaleras colindantes al andamio instalado para la inauguración del mandato de Joe Biden, los agentes iban subiendo uno a uno a sus compañeros heridos. Los pocos gases lacrimógenos y la escasez de personal favorecieron que la presión de los asaltantes se volviese insostenible. Entre vítores, los asaltantes subieron rápidamente a la explanada de acceso al Capitolio, algunos escalando muros de 8 metros. Allí, apenas una docena de policías custodiaba unas puertas y ventanas que, en cuestión de minutos, tenían los vidrios rotos y estaban abiertas de par en par. 

Los asaltantes se movieron inicialmente en masa. No parecían saber a dónde iban, pero iban descubriendo el laberíntico edificio a medida que avanzaban. Tras la retirada de los controles policiales internos, la gente caminaba libremente sin apenas oposición. Se hicieron fotos apoyados sobre la estatua de James Madison, uno de los 'padres fundadores' de EEUU que luchó por la independencia y escribió y promovió la Constitución que establece la estructura y división de poderes. Entre sus peticiones subyacía una reivindicación libertaria y contra los poderes, un sentimiento que siempre ha tenido relevancia en un país fundado sobre los derechos individuales por encima de los colectivos, junto a una convicción inamovible fundada en la expansión de noticias virales y muy ideológicas que circulan por internet sin respeto por los hechos o sus complejidades. 

Sobrepasados por la situación y con asaltantes sentados en el estrado del Senado o derribando la puerta de la portavoz del Congreso Nancy Pelosi, la líder demócrata más aborrecida por Trump y sus seguidores, la policía tardó más de 45 minutos en reorganizarse. Tanto, que la salida de los asaltantes por su propio pie contrasta con la dureza con la que las fuerzas de seguridad del país se han empleado contra otras protestas a lo largo del año. Pero antes de evacuar el Capitolio, frente a una sala adyacente a uno de los pasillos, yacía ensangrentada una mujer envuelta con una bandera a favor de Trump. Habían pasado apenas unos minutos desde el disparo que había recibido de un agente cuando intentaba saltar dentro de otro espacio. Los demás asaltantes se encaraban con la policía que la rodeaba cuando tres agentes la cogían en volandas y se la llevaban escaleras abajo para ser atendida. Horas más tarde se confirmaba el fallecimiento de esta veterana de las fuerzas armadas.

En realidad, los manifestantes se limitaron a repetir las ideas sobre fraude que han absorbido a lo largo de los últimos meses y desde que comenzó la pandemia, impulsadas desde la Presidencia, el púlpito más poderoso del país. La noche anterior se habían reunido algunos de ellos en la Plaza de la Libertad, llegados con antelación de varios puntos del país. Los organizadores de 'Stop the steal' (detened el robo) habían instalado un pequeño escenario. Todos los que cogían el micrófono, figuras de la extrema derecha o movimientos muy conservadores y religiosos, exaltaban a las masas a detener el asalto del comunismo, socialismo, de los pedófilos, de aquellos vendidos a China, de los ateos que quieren destruir la religión y otras tantas ideas extremistas más, todas ellas coronadas con gritos de “USA! USA! USA!” o en favor de Trump. 

Tras la salida de los asaltantes del Capitolio y ya entrada la tarde, cuando vibraban los móviles con el anuncio del toque de queda decretado por la alcaldesa de Washington para las 18 horas, los manifestantes y asaltantes hicieron un último intento, esta vez por la puerta del lado oeste. Menores de edad veían cómo padres enfebrecidos gritaban en apoyo de aquellos hombres fornidos reconvertidos en lanzadores de bates de béisbol o piedras. Durante más de una hora los agentes se defendían como podían, antes de lanzar el asalto final. Más de un centenar de policías con máscaras se desplegaron en un abrir y cerrar de ojos mientras volaban y explotaban las bombas de gas lacrimógeno. 

Finalizaba así el asalto al Capitolio por parte de una masa de seguidores que seguían las indicaciones del presidente. Trump quiere destruir el Partido Republicano para reconvertirlo en el partido de sus ideas y allegados. Ya tiene a varios aliados en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero también se arriesga a unir a todos aquellos avergonzados del asalto al Capitolio. Muchos de ellos, defensores de su populismo radical y ahora abiertamente antidemocrático. Un asalto que es la guinda al pastel de una presidencia que quedará para los anales de la historia como ninguna otra.

Alrededor de un centenar de mujeres abarrotan la pequeña sala. La mayoría sentadas, algunas de pie. Pese a estar en Líbano, las autóctonas son minoría. Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Filipinas, Madagascar, Camerún, Islas Mauricio. Los orígenes son diversos pero todas comparten algo en común: son trabajadoras domésticas y luchan por mejorar sus condiciones laborales en un país donde es habitual que sufran abusos e incluso maltratos.

Es domingo por la mañana y, pese a ser su único día libre, han decidido dedicarlo a organizarse por sus derechos, como han hecho a lo largo del último año, en el que han pedido al Gobierno la creación de un sindicato.

En Líbano, un país de cuatro millones y medio de habitantes, se calcula que el número de trabajadoras domésticas extranjeras es de 250.000. En su mayoría provienen del sudeste asiático y de África. En el conjunto del mundo árabe, se estima que el número asciende a 2,4 millones, todas ellas bajo el yugo del sistema legal de esponsorización que rige la contratación, conocido como kafala. La principal reivindicación de las trabajadoras domésticas es la supresión de este sistema muy extendido en los países de Oriente Próximo porque, aseguran, da a los empleadores un poder casi total sobre sus trabajadores y favorece abusos y maltratos.

Los más denunciados son los trabajos forzados, el impago o el retraso en el pago del salario, el encierro forzado en el lugar de trabajo, la negación de tiempo libre y la confiscación del pasaporte, según los testimonios de las empleadas domésticas contactadas por eldiario.es. Abusos verbales, físicos y sexuales también son frecuentes.

“Depende de nosotras, de las trabajadoras domésticas, plantarnos y decir 'este es nuestro derecho”. Gemma Justo es filipina, tiene 48 años y desde hace 21 vive en Líbano. Vino al pequeño país mediterráneo para trabajar como empleada doméstica y así pagar la educación de sus tres hijos, ahora licenciados universitarios. En este tiempo también se ha convertido en una de las activistas más comprometidas del país en pro de los derechos de las empleadas domésticas extranjeras ante la explotación que sufren en este sector.

Sin embargo, como ella misma reconoce, no es fácil reclamar los propios derechos cuando se está sometida a unas condiciones deplorables: cuando una queja puede conllevar la deportación; cuando uno trabaja 17 o 18 horas al día sin ninguna jornada de descanso; o cuando no puede relacionarse con personas ajenas a la familia que le paga el salario porque vive en la misma casa. Cuando por regla el Estado no se inmiscuye en lo que sucede dentro del espacio privado del hogar.

La mayoría de trabajadoras domésticas extranjeras nunca se planta ante abusos laborales o incluso maltratos. Y por eso, saltar por el balcón, como hizo la etíope Birkutan Dubri el pasado 10 de noviembre, puede parecer una opción más factible que dar un paso al frente. Su intento de suicidio fue grabado por un videoaficionado y se suma a otras tantas decenas que ocurren cada año.

Es significativo que en Líbano una trabajadora doméstica raramente “deja” su trabajo sino que, según la terminología local, “escapa”. Cuando una trabajadora migrante abandona la casa sin el consentimiento del empleador, pasa a ser ilegal en el país, con el riesgo de ser encarcelada o deportada. “El sistema actual estrangula a la trabajadora”, enfatiza Gemma.

“Creo que los abusos son habituales porque los empleadores saben que se lo pueden permitir”, asegura Yara Chehayed, de la organización local Movimiento Anti-Racista, en relación a la impunidad de qué gozan los empleadores.

Por primera vez, su objetivo se aleja de la utopía

La perseverante lucha de Gemma y sus compañeras ha perseguido siempre el objetivo de crear una organización para “defender los derechos de manera colectiva y darnos apoyo las unas a las otras”. Por primera vez, su objetivo ya no parece una quimera.

El pasado 29 de diciembre, las trabajadoras domésticas en Líbano, a través de la Federación Libanesa de Sindicatos de Trabajadores y Empleados (FENASOL), enviaron una petición al Ministro de Trabajo libanés para crear un organización sindical.

De prosperar la propuesta, Líbano se convertiría en el primer país árabe con un sindicato que incluye a las trabajadoras domésticas extranjeras.

Lucha contra el aislamiento y el miedo

El objetivo del sindicato es, además de regularizar las condiciones de trabajo y vida de las empleadas inmigradas, darles voz para que defiendan sus derechos y crear un espacio para construir una red de solidaridad y apoyo mutuo. Una labor que se lleva tiempo haciendo de manera informal. “Recibo llamadas todo el tiempo, incluso de madrugada, porque las chicas tienen que esconderse para poder comunicarse”, explica Aimée Razanajay, otra veterana activista, en este caso de Madagascar.

“Muchas de las trabajadoras viven aisladas, sin casi red social, están muy perdidas. Les aconsejamos, les enseñamos a tratar con los empleadores –muchas veces hay problemas de comunicación–, y les explicamos los recursos de los que disponen a través de las ONG”.

La propuesta enviada al gobierno es el fruto de tres años de trabajo en el marco de un proyecto piloto impulsado por la Organización Internacional del trabajo (OIT) bajo el paraguas de FENASOL. “Más que ir a través de expertos, quisimos hacerlo a través de las líderes comunitarias” explica Zeina Mezher, coordinadora para la OIT del proyecto, “han sido ellas las que han guiado la investigación, han organizado los grupos de trabajo y han convencido a las trabajadoras domésticas”.

A inicios de 2014, y como consecuencia de este proyecto piloto, se formó el Comité de Trabajadoras Domesticas, un embrión de lo que debería ser el sindicato. Alrededor de 150 mujeres de unas diez nacionalidades se han ido sumando a él, reunión tras reunión, los domingos en la sede de FENASOL. El proceso no ha sido fácil debido al aislamiento de las trabajadoras y a “la cultura del miedo a qué están sometidas”, asegura Aimée. Todavía hay desconfianza entre muchas trabajadoras sobre los beneficios de organizarse y temor por las represalias de los empleadores si descubren su implicación en el proyecto.

Los trabajadores extranjeros no pueden sindicarse

A ello se suman las dificultades legales. El código laboral de Líbano impide a los trabajadores extranjeros formar parte de sindicatos y no reconoce el trabajo doméstico como tal. Castro Abdullah, presidente de FENASOL no tiene reparos en admitir que ello supone un desafío al Estado. “La ley no está escrita sobre piedra. La legitimidad es de las trabajadoras. Exigimos que el gobierno libanés ratifique el Convenio 189 de la ILO”, un documento que recoge la necesidad de condiciones decentes para las trabajadoras domésticas. Igualmente, para intentar superar el escollo legal, la nueva organización sindical se enmarcará dentro de un sindicato general de trabajadoras de la limpieza y cuidados domésticos e incluirá libanesas, explica Abdullah.

El gobierno está estudiando la propuesta, según aseguró la responsable de la división de trabajadores extranjeros del Ministerio de Trabajo, Marlene Atallah. Sin embargo, no parece que ello sea una prioridad en un país sumido en una frágil inestabilidad tanto por divisiones internas como a consecuencia del conflicto en Siria.

Sin esperar la aprobación gubernamental, FENASOL está trabajando para organizar próximamente el congreso fundacional del sindicato. Rose, camerunesa de 45 años, 17 de ellos en Líbano, lo tiene claro: “Desde que empezamos a organizarnos muchas cosas han cambiado a mejor, somos más conscientes de nuestros derechos. Ahora ya no hay marcha atrás”.