En las últimas semanas, se ha vuelto a hablar mucho de energía nuclear. Pero bajo el prisma con el que se está abordando el debate, parece haberse olvidado que no estamos sólo ante una cuestión puramente tecnológica y económica, sino también ante un asunto de propiedad, de poder y de control del mercado eléctrico. En España, esa música nos suena ya que pocos actores han dictado durante décadas la política energética del país.

El debate se presenta como si solo se tratara de decidir entre unas tecnologías u otras, pero lo que está en juego es quién posee los activos y cómo su concentración en pocas manos condiciona la política energética de todo un país. Y, sobre todo, cómo esa concentración puede hipotecar el desarrollo de las energías renovables y del almacenamiento, pilares indispensables de la transición energética.

Si prolongamos la vida de las centrales nucleares existentes y estas continúan generando electricidad, las inversiones proyectadas en renovables y almacenamiento se frenarán, al ser la nuclear existente una tecnología incapaz de aportar la flexibilidad que necesita un mix eléctrico con fuerte presencia de renovable. Dejaría de tener sentido invertir cuando la demanda está estancada y el sistema decide alargar la vida de unas centrales cuyo cierre escalonado se pactó en 2019. Conviene recordar que cada reactor nuclear representa alrededor del 3% de la generación eléctrica peninsular: mantenerlos activos altera los equilibrios del sistema. Y se abrirá un marco conocido en España en la década anterior para los inversores en renovables: el de la inseguridad del inversor que invirtió en renovables atendiendo a un calendario pactado y trasladado normativamente. La inseguridad jurídica y regulatoria que genera esta decisión no es menor ya que muchos inversores podrían congelar sus proyectos, diseñados con un calendario claro y unas expectativas definidas.

Prorrogamos vida a una tecnología que no da respuesta ante posibles apagones, y que a la vez, con su carácter inflexible (no podemos encender y apagar en función del momento de generación renovable) nos limita avanzar hacia un modelo con más almacenamiento y renovable. La señal de hoy se traduce en menos inversiones en renovables y almacenamiento.

Pero lo más relevante es que la extensión de la vida útil de Almaraz, a cambio de pretendidamente nada es inteligente por parte de los propietarios de las plantas (sin pedir nada a cambio, pero tampoco exigiéndoles nada cuando se trata de centrales ya amortizadas). La extensión propuesta de su vida útil tiene un recorrido corto y grandes riesgos: tres años más para el reactor de Almaraz I y dos para Almaraz II. Y se piden solo 2 y 3 años, porque así se consigue para 2030 la tormenta perfecta. No podrán 4 reactores – Almaraz I y II, Ascó y Cofrentes-. Y es ahí donde se pretenderán poner las condiciones para el alargue de la vida de los reactores, y con el cuarto rescate nuclear. Así, la política energética podría volver a decidirse “en un taxi”, como tantas veces en el pasado.

Así las cosas, en 2030 estaríamos ante la imposibilidad de cerrar y un escenario propicio para conseguir el que podríamos denominar el cuarto rescate nuclear: ahí si se darían las condiciones para una prórroga con las condiciones a favor de los propietarios de las centrales. 

El debate público actual esquiva las preguntas verdaderamente importantes. Cuando en 2030 se desconecten 4 GW nucleares en apenas un año, ¿aguantará el sistema eléctrico esa desconexión del 12% de la generación? Y es ahí donde se produce la trampa mortal. Un escenario donde solo puedes optar ¿qué precio pagaríamos por esa desconexión simultánea? O si no lo hacemos, ¿qué condiciones impondrán las compañías para prolongar la vida de los reactores? ¿Se negociarán de forma independiente cada reactor o se exigirá su prolongación conjunta? Y, llegado el momento, cuando la seguridad de suministro se use como argumento, ¿qué contrapartidas pedirán? ¿Qué garantías de seguridad se nos ofrecerán?¿Cómo se trasladará a los costes del sistema y pagados por los consumidores?

¿Está dispuesto el Gobierno a poner una soga de poder al cuello de la política energética española, para que en 2029 la sartén vuelva, más que nunca, a estar en las mismas manos de siempre?

¿Es compatible querer menos dependencia energética, más renovables y negar un modelo de tarifas que dé señales de precios para desplazar consumos a los momentos con más renovables y menos consumo? No lo es. Menos dependencia energética, más renovables es una economía más saneada, energía más barata, pero también gestión de la demanda. Pero parece que esta es una señal fácilmente rechazable e incluso caricaturizable.

El modelo eléctrico hacia el que avanzamos es substancialmente diferente al modelo existente hasta el momento. Hasta ahora adaptábamos la generación eléctrica a las previsiones de demanda. De esta manera, ante dichas previsiones los generadores de electricidad, gestionables y normalmente contaminantes, adaptaban su generación. El modelo hacia el que estamos avanzando, con cada vez más renovables, va a permitir mucha generación renovable, mayoritariamente eólica y fotovoltaica. Este elemento, claramente positivo, supone un cambio de paradigma. La mayor parte de renovables –exceptuando la hidráulica no fluyente- es una energía barata y no gestionable. Es por tanto lógico dar señales para que la demanda se adapte a las curvas de generación, desplazando dichos consumos a los momentos de generación renovable, aprovechando al máximo dicha generación, y evitando o atenuando los momentos en que en el mix eléctrico tenemos más renovable que la energía que podemos consumir o almacenar. 

Es en este cambio de paradigma donde se ubica el nuevo modelo de tarifas. El nuevo modelo va a tener 3 periodos de facturación en el consumo y podremos contratar dos potencias. Los tres periodos, podemos llamarlos de precio alto, precio medio y precio bajo. El periodo de precio más alto, entre semana de 10h a 14h y de 18h a 22h, estamos hablando de un precio que oscilará entre 0,16 y 0,24 euros, precio que depende de nuestro consumo y la tarifa contratada. Pero está claro que si bajamos la demanda en esas horas el precio bajará en el mercado mayorista, afectando positivamente al precio en esas horas. A menor consumo menor va a ser el precio, y si no entran las tecnologías mas caras del sistema, (básicamente ciclos combinados de gas), ayudamos a pagar menos y a tener menos emisiones de contaminación y en especial de CO2. Por lo tanto buena medida. 

Así, la señal de precios hará que, en las horas más caras, de lunes a viernes, se desplacen consumos de aquellos aparatos más consumidores y gestionables hacia otras horas más económicas. Los imprescindibles los seguiremos utilizando (vitro, TV, frigo, microondas, etc...) pero se podrá introducir estrategias que permitan desplazar consumos más intensivos en horario más económico. 

Las horas de precio medio son entre semana de 8h a 10h , de 14h a 18h y de 22h a 24h; el precio oscilará entre los 0,10 y los 0,14 euros. Son horas que podemos aprovechar para poner aparatos necesarios entre semana pero no imprescindibles a las horas de precio alto. Y luego tenemos las horas de precio más bajo. Oscilarán entre 0,05 y 0,08 euros y son 4 noches entre semana de las 0h a las 8h y todo el fin de semana, empieza el viernes a las 24h y hasta el lunes a las 8h. Representan el 54% de las horas anuales. 

Las horas de precio alto y precio medio son el 23% (cada una) de las horas anuales, y si lo miramos con detenimiento, veremos que no son tantas horas y que el precio medio es muy parecido, incluso menor que la mayoría de tarifas actuales. 

El otro elemento novedoso es la posibilidad de tener dos potencias. Si miramos nuestra factura, lo que pagábamos antes del cambio, por el término de potencia se pagaba entre 38€/KW los indexados, 41€/KW los del mercado regulado y entre 44€ y 50€/KW los del mercado libre (en tarifas 2.0 y 2.0DHA). Con la nueva tarifa se podrá llegar a pagar sólo 32€/KW, un 30% menos de media.

Es, en este contexto, que la reducción del término potencia va en la línea que camina toda Europa - el precio de la potencia con una bajada del 30%- haciendo que se pague más por la energía consumida que por la potencia contratada, haciendo así que el ahorro y la eficiencia sea un ponderable de mayor peso a la hora de pagar nuestra factura. 

Algo que no se está difundiendo es que en el recibo eléctrico va a venir el maxímetro, midiendo la potencia que estamos pidiendo realmente cada mes, y ese va a ser un mensaje claro para que la contratación de potencia se ajuste realmente a la potencia consumida de forma simultánea, evitando algo muy frecuente a día de hoy. Si gestionamos bien la simultaneidad, podremos bajar la potencia, y ello repercutirá en pagar menos. 

A su vez, si bien la mayoría continuará con una única potencia contratada, la misma potencia actual en los dos tramos, permitirá adaptar dichas potencias a actividades muy intensivas en determinadas franjas horarias. Los horarios de los dos tramos de potencia son: P1 de 8h a 24 horas entre semana, y el P2 de lunes a jueves de 0h a 8h y el viernes de las 24h a lunes hasta las 8h. Así suelos radiantes, radiadores cerámicos o vehículos eléctricos podrán desplazar sus consumos a horas y potencia más barata. Es decir, se podrá bajar la potencia durante el día y subir durante la noche o fin de semana. Subir la potencia en esos horarios no representará casi ningún coste.

Por otro lado, la factura va a llevar un código QR, el cual, llevará al comparador de la CNMC donde podremos comparar nuestra tarifa actual con las tarifas del mercado, y como novedad ya se podrán comparar las tarifas del PVPC reguladas e indexadas 100% renovables.

En cualquier caso, lo mejor de las medidas es que permitirá introducir estrategias de ahorro, eficiencia y gestión de la demanda. Hasta el día de hoy, con las tarifas 2.0A SIN discriminación horaria, tener consumos en diferentes horas implicaba no plantearse casi ninguna medida de ahorro en el consumo pues no había ningún incentivo, ni perjuicio según la hora del día. Sólo se aprovechaban y ahorraban los consumidores con tarifas reales con Discriminación Horaria, la 2.0DHA, pero también con limitado mensaje de precio según el mercado real. Hoy, con el nuevo modelo de tarifas, tenemos la primera señal para empezar a adaptar la demanda a los diferentes momentos de generación renovable. 

No hay que olvidar que tenemos varias disfunciones en el sector eléctrico que encarecen mucho la factura, como por ejemplo, el hecho de que tenemos contratados unos 185 GW de potencia entre los 27,5M de contratos existentes (por los cuales pagamos cada año unos 12.500 M€) y, que si miramos el peor día de este año (el día 8 de enero en plena Filomena), la potencia máxima en la que se operó fue de sólo 42 GW, por lo que podemos pensar que el sector de la distribución está cobrando más de 3 veces la potencia real necesaria, estimando beneficios por encima de los 9.000 M€/año sin necesidad!! Hay que recordar que esta “sobrerretribución” (parte fija del recibo), viene de un cambio regulatorio, -agosto del 2013-, con el famoso ministro Soria del PP, que dobló el precio de la potencia contratada para todos los consumidores domésticos, y fue la subida de precio en la parte fija, más descarada desde la liberación del sector, desincentivando el ahorro y la solar FV en régimen de autoconsumo. 

A su vez, la nueva propuesta, favorece una mayor implementación de estrategias de autoconsumo, haciendo que los momentos en que la electricidad es más cara, coincidan con los momentos de máxima generación solar. 

 Por último, cabe señalar que es clave implementar nuevas medidas. Así, un nuevo anteproyecto va a regular, por primera vez, los conocidos “beneficios caídos del cielo”, el cual, va a limitar que las plantas de generación sin emisiones cobren los derechos de emisión como el resto de las plantas que sí generan emisiones.

 Entrar en ello era imprescindible, más allá que se tiene que discutir a nivel europeo el contrasentido de un modelo de fijación de precios que está “sobrerretribuyendo” a aquellos generadores de plantas ya amortizadas. 

A su vez, hay que apuntar que con dichas medidas no basta. El conocido como Paquete de Invierno y las directivas europeas en materia energética establecen nuevas medidas e instrumentos para agrupar y gestionar la demanda y articular a la ciudadanía en torno a la energía. Dichas directivas son ambiciosas y algunas de ellas ya deberían estar traspuestas. Figuras como la agregación (de consumos energéticos), los mecanismos de flexibilidad, el desarrollo normativo para que las Comunidades Ciudadanas de Energía pueden operar –de acuerdo con la directiva- en generación, suministro, agregación e incluso en distribución, y donde la ciudadanía tiene un gran protagonismo; son sólo ejemplos del apasionante momento que estamos viviendo. 

Querer una transición energética verde, reducir nuestra fuerte dependencia energética, introducir renovables de forma masiva, no va sólo de generación renovable, o de reducir consumos. Supone un cambio de hábitos, y sin lugar a dudas de señales de precio que permita desplazar consumos hacia aquellos momentos en que tengamos más energía renovable y más barata. La propuesta del cambio de tarifas va en la buena dirección, sin olvidar la creciente pobreza energética. Pero habrá que sumar un marco normativo que permita lo que dicen las directivas: que la ciudadanía esté en el centro de la transición energética. 

El día siguiente será diferente porque nosotros seremos diferentes. Pero el tema es en qué líneas cambiará. Confieso haber leído visiones más optimistas, otras con una visión más inquietante. Desde la perspectiva de la defensa de lo público y común hasta la visión de honda preocupación ante las tentaciones efectivas y autoritarias ante una crisis como esta. La cuestión ya no es por qué visión decantarse, sino qué hacer.

Dicen que cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer es cuando aparecen los monstruos. El escenario post coronavirus es ciertamente estremecedor, con porcentajes de paro disparados y con un riesgo de exclusión que se multiplica.

No se trata de ser ingenuos. Es posible un escenario en que la crisis se resuelva con la vuelta al consumo desenfrenado, la vuelta al business as usual combinado con ciertas dosis de autoritarismo o restricción de libertades, ya que estas dicen ser más efectivas ante un marco de guerra –obviando que las respuestas comunitarias pueden ser tan o más efectivas sin debilitar nuestros derechos y libertades-. La crisis de 2008 pasó del eslogan de Sarkozy de refundar el capitalismo al desmantelamiento de la red de servicios públicos (sanidad, educación, dependencia) y la fragilización del trabajo. Es posible que ante un agravamiento de la situación social se vuelva a una ley de la selva más salvaje. Ciertamente, la agenda ambiental podría verse sepultada por la necesidad de una pronta recuperación. El género humano podría verse orillado ante tensiones identitarias o nacionales. La crisis que viene puede dar pie a los “monstruos” que describe Gramsci cuando lo nuevo no acaba de nacer.

Pero a pesar de todos los miedos –y miedo hay mucho- creo que podemos afirmar que las lecciones de lo vivido nos dan algunas pistas sobre las respuestas a la crisis, desde el plano público, ambiental e internacional.

Llevamos décadas en que se nos habla de la mayor eficiencia del mercado a la hora de repartir los recursos; se han mercantilizado derechos como la salud, la competitividad se ha impuesto a la cooperación. Pero la presente crisis nos aporta imágenes tan preciosas como la de Boris Johnson salvado por dos inmigrantes que trabajan en el depauperado sistema público de salud británico. Hoy estamos en condiciones para librar la batalla para hacer de lo público y lo común la manera de encarar el futuro. Si algo nos enseña esta crisis es que la máxima del “ande yo caliente” no vale para los nuevos tiempos. Se impone lo público, la desmercantilización de nuestros derechos, la cooperación.

Estamos en condiciones de proponer que la mejor manera de encarar la crisis está en la defensa de lo público, en revalorizar la economía de los cuidados. Es en este contexto donde debe tener un reconocimiento social y también económico distinto. ¿De qué sirve aplaudir a cajeras y personal sanitario cada tarde sin un reconocimiento económico de su labor? A su vez, la manera de encarar el futuro sólo puede salir de una lucha contra la desigualdad mucho más decidida y, por tanto, con una fiscalidad en la que las rentas de capital aporten mucho más.

El segundo ingrediente que quisiera destacar es la apertura de un nuevo tiempo. La crisis de la COVID-19 inaugura una nueva era: la era en que el colapso es posible. Y ello debería significar una manera distinta de encarar el futuro. La previsión debería ser una variable de peso a la hora de tomar decisiones presentes. Esta característica debería significar un enfoque distinto y, por tanto, responsable ante el principal desafío que tiene la humanidad: el cambio climático. ¿Alguien puede imaginar el planeta con tres grados más, más infecciones, más incertidumbre? Hoy, estamos en condiciones de afirmar, no como una prospección de futuro, sino como un hecho que condiciona nuestro presente, que la pérdida de la biodiversidad ha eliminado barreras entre especies animales portadoras y nosotros. La biodiversidad aparece con fuerza como un elemento clave en la supervivencia del género humano.

La propuesta debe ser una (renovada y efectiva) agenda ambiental. Dicha propuesta será dibujada y caricaturizada por negacionistas o insensatos como un freno a la “necesaria recuperación económica”. Pero dicha tentación hay que contraponerla con hechos: la humanidad no debe ni puede vivir a espaldas del planeta, y los vagos compromisos en la agenda climática no pueden continuar aceptándose. Hoy la biodiversidad no es un capricho de ecologistas, sino que se demuestra una barrera de protección para el ser humano. Un trato más equilibrado a nuestro animales no es sólo una cuestión de mayor sensibilidad, sino que evita que granjas en condiciones de extrema insalubridad aumenten los riesgos de causar enfermedades. Hoy, mucho más importante que ampliar determinadas infraestructuras, es conseguir espacios en nuestras tramas urbanas que sean reservas de la biodiversidad o de producción agrícola de proximidad.

A esta agenda ambiental se le suma un elemento añadido de cambio del modelo productivo. Nuestra economía es una economía volcada a los servicios que necesitará de una fuerte reorientación. Debemos encarar la necesidad de cadenas de valor, producción y distribución más locales, que a la vez nos haga más resilientes –¿o no afecta a la seguridad que determinadas cadenas de productos básicos estén a kilómetros de distancia?-. Otro elemento que caracteriza nuestra economía es una fuerte dependencia energética -tres de cada cuatro unidades energéticas consumidas vienen de fuera- pero a diferencia de hace 10 años la alternativa renovable no es solo posible sino más barata. Se trata por tanto no sólo de hacer un New Deal, sino un Green New Deal, asumiendo no una política de crecimiento sino una propuesta que asuma los límites de nuestro crecimiento y que cambie las bases del modelo productivo y de consumo.

La solidaridad y cooperación internacional. Éste debería ser el tercer ingrediente en nuestra respuesta. Y es sin lugar a dudas donde están las dudas. Hoy, a pesar que el desafío es para el género humano, la cooperación internacional es inexistente, manteniéndose la competición versus la cooperación para conseguir algo tan básico como una vacuna. La ausencia de liderazgo norteamericano, la falta de proyecto europeo, es contrarrestada por una propuesta en la que la salida autoritaria se vislumbra como la única posible. Y precisamente por ello deberíamos exigir una respuesta europea distinta, basada en la fraternidad y la solidaridad. Hoy existen posturas parecidas a las de 2008, con esa visión calvinista y austera centroeuropea. Pero a la vez, las lecciones de la anterior crisis, sumado al marco planetario deben obligar a un cambio de políticas europeas. O Europa cambia o no habrá proyecto europeo. En cualquier caso, no vale esperar. Es necesaria una postura y una política desde el sur de Europa. Y para que esta tenga fuerza se necesita compartirla con nuestros vecinos y, en segundo lugar, intentar alcanzar el mayor grado de consenso en torno a las mismas.

Por último está el cómo hacerlo. Necesitamos que lo que hoy es denominador común, que es defensa de lo público, reducción de la desigualdad, poner en valor la economía de los cuidados, garantizar una salida equilibrada con el medio y que encare la transición energética formen parte de una agenda compartida más allá de los partidos de Gobierno. Y a pesar de que habrá resistencias partidarias, debería haber también presión por parte de aquellos sectores económicos más sensatos y equilibrados para evitar que el escenario de desastre y cataclismo social dé pie a que aparezcan los peores monstruos. La agenda es a mi entender una agenda ecosocialista. Tiene mucho de New Green Deal. Pero hoy puede ser una propuesta compartida por amplios sectores de la sociedad que antes de esta crisis entienden que pueden compartir estos denominadores comunes.

Esta es una crisis que nos marca el distanciamiento físico, pero que nos exige la proximidad social – a diferencia de lo que marca la consigna oficial-; cuando todo se desploma, lo individual pesa poco. Vale lo compartido, lo común, lo público. Dicen que las crisis son escenarios que cambian la manera de pensar y de actuar. Se nos abre un crisis, y disculpen el tópico, se nos brinda una oportunidad. En un momento de crisis, las mentes también pueden cambiar con rapidez. Lo más relevante de esta crisis es que recupera de nuestra desmemoria el concepto de género humano y la noción de bien común y de servicio público. Tal vez los elementos éticos más valiosos con los que comenzar a construir otra manera de vivir.

“Too small, too late”. Demasiado pequeño, demasiado tarde. Después de cada una de las Cumbres del Clima, el resultado ha acabado siendo siempre el mismo. Pero esta vez seguramente es distinto. La ONU ha advertido de que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los 2 grados. En la habitación ya ha entrado el fuego, los informes climáticos apuntan que 2019 será un año récord de temperaturas, y los resultado “magros” evidencian la desconexión que existe entre la mayoría de los Gobiernos del mundo y la ciencia. Es cierto, la COP25 no estaba diseñada como una cumbre decisiva. Pero el tiempo se agota y ello exigía unos compromisos que no se han alcanzado.

La mejor noticia de la COP25 es, más allá de la capacidad de organizar en un mes y medio una Cumbre por parte de las instituciones españolas –no es poco- es sin lugar a dudas el impacto que ha tenido en la asunción de conciencia climática por parte de la opinión pública española. El papel protagonista de Teresa Ribera ha sido una de las claves para que se aprobase lo poco comprometido. Se ha conseguido en la declaración final que otros actores puedan sumarse a la lucha contra el cambio climático. Y es esa percha la que permite, ante la falta de liderazgo gubernamental de muchos países y la falta de compromiso de los grandes emisores, que otros actores como las Administraciones locales, regionales y grandes empresas puedan definir estrategias y compromisos en la lucha contra el calentamiento.

Lo peor; los límites de los marcos multilaterales para abordar probablemente el mayor desafío que ha vivido nunca la humanidad. El reto político para que los países firmantes del Acuerdo de París presentasen planes más duros de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero porque los que hay ahora no son suficientes, sólo se ha traducido en que 84 países se han comprometido a presentar planes más duros en 2020. No se ha conseguido el desarrollo del artículo 6 del acuerdo de París, el que habla sobre la regulación de los mercados de carbono, y se pospone hasta la cumbre de noviembre de 2020, muy lejos de lo planteado por aquellos que defendían los principios de San José (en referencia a la capital costarricense, donde se establecieron) donde se recogieron once condiciones que van desde asegurar la integridad ambiental hasta evitar la doble contabilidad, vetar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo sistema o bloquear tecnologías incompatibles con la reducción de emisiones.

Así las cosas, creo que es obligado reflexionar porque nos encontramos ante este escenario, y cómo operar a partir de aquí. En el por qué es obligado pensar sobre el motivo profundo por el que no avanzan las cumbres. Y la explicación creo que es finalmente más sencilla de lo que podamos pensar. Los grandes emisores (China, India, Japón, Brasil.....) se niegan a prometer una actualización al alza el año próximo. Y dicha actitud es una deriva del planteamiento “negacionista” de la administración norteamericana.

El principio de Conversación en La Catedral de Vargas Llosa se abre con una pregunta del protagonista: “¿en qué momento se jodió el Perú?” Hoy, si Jared Diamond tuviera que hacer una reedición de “Colapso”, con un capítulo dedicado a las Cumbres del Clima, podría empezar dicho capítulo con la misma pregunta: ¿en qué momento se jodieron las cumbres del clima? Y la respuesta nos llevaría a la noche del 10 de noviembre de 2016 (6.40 de la mañana del 11 de noviembre de 2016, hora española), cuando Donald Trump se proclamaba vencedor de las elecciones norteamericanas. En uno de los momentos más decisivos de la humanidad, ya habiendo entrado en tiempo de descuento para evitar un cambio climático traumático, un negacionista se encaramaba al frente de la administración más poderosa del planeta. Y con ello, arrastraba, en el mejor de los casos, a multitud de actores a una actitud diletante.

Hoy, la lucha contra el cambio climático, aparece como un reto moral, el mayor desafío que nunca hemos tenido. Pero es por todos asumido que sin un compromiso por parte de todos los actores, aquello que hagamos aquí puede no ser suficiente si a miles de kilómetros de distancia no se comprometen de la misma manera. Así, aquellos países que disponen de carburantes abundantes, y en algunos casos aún asequibles, por la falta de una fiscalidad verde global capaz de internalizar los costes, acaban por sucumbir al “no hay nada que hacer”, no definiendo una agenda efectiva en la reducción de consumo de petróleo, gas y carbón. La falta de un marco multilateral condiciona la falta de ambición. Y de esta manera países emisores con carburantes a mano se resisten a asumir mayores compromisos, o hacen lo imposible para que el mercado sobre derechos de emisiones no juegue papel alguno en la internalización de los costes ambientales.

En este contexto la clave está en el qué hacer. La COP25 no es el primer escenario de frustración, y es posible que no sea el último. Y creo que la respuesta no debe ser otra que redoblar la ambición en una agenda de cambio de modelo productivo y de reducción de emisiones. Para ello, aquellos países y regiones con una fuerte dependencia energética tienen en la agenda en la lucha contra el cambio climático un escenario de oportunidad económica. Este el caso del escenario europeo, y particularmente del caso español. Con una dependencia energética del 54% (UE) y del 74% (España) sin contar con las necesidades de uranio importado, la transición energética acelerada, rápida y con un firme compromiso en la reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y generación de renovables, aparece como una oportunidad en términos económicos, mejora de la balanza comercial y generación de ocupación. Hoy, la energía renovable es la más barata, la más asequible, la más eficiente. El abaratamiento de costes es extraordinario (la fotovoltaica ha reducido sus costes en un 80% en los últimos 5 años). Y es ahí donde se ubican compromisos de objetivos más ambiciosos por parte de la mayoría de países europeos. Los compromisos ambiciosos se traducen no sólo respecto a la generación renovable, sino a la mejora de la eficiencia, la electrificación de los consumos térmicos, el cambio en la movilidad no sólo electrificándola, sino protagonizándola el cambio modal, el desarrollo de una fiscalidad verde que permita una agenda más ambiciosa y a la vez una agenda de transición justa para acompañar a los sectores damnificados por la transición, una ley de retorno de envases que reduzca el consumo de plásticos de un solo uso. Estos son sólo algunos de los ejemplos de una agenda necesaria para el planeta, pero que además en un país con fuerte dependencia energética no sólo le permite ser referente moral en la lucha contra el cambio climático, sin poder abordar el futuro en mejores condiciones.

Y estos compromisos, que deben ser asumidos a nivel europeo estatal, pueden tener un desarrollo entre nuestro mundo económico, nuestras empresas, pero también entre un actor que a mi entender pasa a ser clave; los gobiernos locales y autonómicos. Hoy, una agenda firme y comprometida en la lucha contra el cambio climático se traduce en más oportunidades económicas, generación de ocupación, y un “mejor vivir” para la gente que habita en nuestros pueblos y ciudades.

Volviendo al marco europeo, quizás esta sea la manera de aportar desde uno de los continentes que más ha contribuido a la depredación de recursos naturales en el planeta. Necesitamos, ante Cumbres y compromisos multilaterales demasiado diletantes, el papel de regiones-continente capaces de de definir agendas con una fuerte ambición.

En las próximas semanas, la UE entra en una nueva dimensión con la realidad del Brexit. Quizás, el escenario de bloqueo sufrido tras esta Cumbre Climática ofrezca a Europa no sólo la conveniencia de presentar objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, sino de demostrar un marco multilateral en el que haya ambición climática y la posibilidad de materializar una agenda de transformación del modelo productivo en consonancia con el momento histórico en el que vivimos. Ante, el bloqueo de los grandes países emisores y la decepción sobre los resultados de la cumbre, la reacción no puede ser abandonar o dejarse ir. La respuesta por tanto es una agenda a nivel europeo y español mucho más ambiciosa.

En este inicio de siglo, el principal reto moral que tenemos como habitantes del planeta es el del cambio climático. Nada va a afectar más a la humanidad. Un cambio que como generación vamos a ser los primeros en sufrir y los últimos en poder evitar sus daños más catastróficos.

Pero al reto moral se le suma un escenario de oportunidad en la transición energética. España, un país del sur de Europa con una fuerte dependencia energética del exterior (más del 74%, sin contar con el uranio que importamos para hacer funcionar nuestras centrales nucleares, 20 puntos más que la mediana europea). Dicha dependencia se divide a tercios entre el consumo en transporte, en residencia y en nuestra industria.

Mientras tanto, el escenario energético ha dado un vuelco extraordinario. Hoy, la generación eléctrica más barata es la renovable. Así, la reducción de costes, particularmente en fotovoltaica, es entre el 60 y el 70% en los dos últimos años. Y por primera vez en la historia, la generación energética deja de ser extractiva para pasar a ser renovable; puede dejar de ser un modelo de gran generación centralizada a un modelo de generación descentralizada y en que muchas y muchos puedan producir.

Pero el reto no es producir más y más verde; es necesario cambiar pautas de consumo. En primer lugar, disminuyendo los comportamientos y actividades más “energívoras”, mediante señales de precios y avanzando en fiscalidad ambiental, haciendo lo que las directivas en materia energética marcan: “primero eficiencia”, o lo que es lo mismo el mejor kWh es aquel no consumido.

La ecuación de menor dependencia energética, más eficiencia y más renovables es lo que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Dicha propuesta ha sido considerada por la Comisión Europea como la más ambiciosa de las presentadas por parte de los Estados Miembros, con objetivos para 2030 del 42% de energía renovable en el consumo energético final, el 74% de generación renovable en el mix eléctrico y una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del 20% respecto al año 1990.

En este contexto, el primero de los retos es la eficiencia. Y para ello hay que encarar uno de los campos en los que se tiene que protagonizar un mayor cambio cultural: el de la movilidad. Así, no se trata solo ni principalmente de introducir el vehículo eléctrico –que también–, sino de protagonizar un cambio modal, particularmente en nuestras ciudades, donde la batalla se entrelaza con la salud y la calidad del aire. Para ello hay que limitar el acceso del vehículo más contaminantes a los centros, pero a la vez, definir nuevas estrategias de financiación del transporte público, colectivo y compartido. Seguidamente, es hora de entrar a fondo en la ciudad, en sus usos residenciales, terciarios e industriales, consiguiendo mejores aislamientos, nuevos autoconsumos, y un desplazamiento de consumos térmicos por consumos eléctricos o por renovables térmicas.

El segundo de los retos es el de la generación renovable, en la que, sobre todo, hay que garantizar que las renovables y su penetración vayan asociadas a la reducción de los precios. Para ello hay, en primer lugar, que hacer que en acceso y conexión haya normas y criterios objetivos, y no se produzca un proceso especulativo. En segundo lugar, hay que prever un calendario de subastas que permita desarrollar las renovables con precios de generación bajos (como han hecho otros países).

A más renovables, es necesaria una mayor electrificación de los consumos. Y eso, después de la eficiencia, debe suponer un paulatino cambio en la señal de precios que acompañe esa mayor electrificación de nuestros consumos.

La mayor penetración de energía de origen renovable debe ir vinculada a un modelo en que haya más generación distribuida; en el que haya mayor participación de la ciudadanía en los proyectos; en que dicha generación sea una palanca para el desarrollo de la España vaciada. A su vez, la generación renovable, debe suponer no sólo más renovables, sino desarrollo industrial, haciendo que reverdecer la economía también suponga reindustrializar la economía.

Además, dicha entrada de renovables debe ir asociada a una reflexión y una propuesta necesaria, y que a la vez es compleja de articular, en torno a si el modelo marginalista es el más apropiado para la gestión del sistema, en un momento en que dicha gestionabilidad es clave (la tecnología que cerró el 54% el mercado fue la hidráulica, cuando dicha tecnología pasa por ser la renovable gestionable por excelencia y sus costes marginales están muy por debajo de los precios de venta de dicha electricidad). A su vez, la gestionabilidad debe suponer que la respuesta ante escenarios de menor producción de origen renovable no debe responderse solo con generación no renovable, sino con la gestión de la demanda. En este último aspecto es determinante una modificación de la tarifa donde cada vez pesen menos los términos fijos y pese más el momento de consumo y cuánto se consume. A ello habrá que sumar la necesaria agregación de consumos, que permitan responder a los momentos de puntas de producción así como a los momentos de menor generación.

Por último, si realmente queremos empoderar a la ciudadanía y situarla en el centro del modelo energético, tal y como rezan las nuevas directivas europeas en materia energética, debemos entender que el autoconsumo, el autoconsumo compartido, la comunidad local de energía o la comunidad ciudadana de energía, pasan a ser las piezas a partir de las cuales no sólo se crea conciencia energética ciudadana, sino que también se cambia y articula la economía del país. Para ello necesitamos que la electrificación vaya de la mano de una mayor digitalización, y a la vez, de garantías de competencia en el sector energético. Es clave un acceso a los datos de consumo eléctrico y energético, que permita al usuario el acceso a todo el detalle, la cesión a terceros, y la entrada de la gestión de la demanda como nuevo actor. Mientras, las baterías, y particularmente las baterías de los vehículos eléctricos, no solo permiten el acceso a una movilidad electrificada, sino que agregadas, pueden suponer un instrumento poderoso para almacenar energía cuando esta sea barata y excedentaria, y a la vez, para aportar la energía previamente almacenada cuando no haya energía de origen renovable.

Se habla frecuentemente del papel de la economía española en el contexto global, en un escenario de desmaterialización de la economía. En un contexto global, se reserva a la economía española un rol de terciarización de su actividad económica. Pero la energía, la transición energética, es aquello que en función de cómo se encare, puede permitir no solo conseguir disminuir nuestra fuerte dependencia energética, sino una fuente de creación de riqueza y de reparto de la misma. Se trata de decidir si hacemos de la energía un vector de control o un vector de cambio y empoderamiento del conjunto de la ciudadanía.

Joan Herrera es abogado, ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y ex coordinador de Iniciativa per Catalunya Verds.

[Este artículo forma parte del número extra de la revista Alternativas Económicas dedicado a la Transición Energética, que contiene 46 propuestas de políticas públicas, iniciativas ciudadanas y actuaciones empresariales destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema energético y afrontar la crisis climática. A la venta en quioscos, librerías especializadas, contacto@alternativaseconomicas.coop o el teléfono 93 611 63 05. Ayúdanos a sostener nuestro proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

España, una de las economías con mayor dependencia energética del exterior (72%). Importaciones diarias de 128 millones de euros en el 2018. Especialización en economía de servicios. Especialización: turismo.

A su vez somos un país rico en horas de sol, en viento, en biomasa, en ingenierías, en conocimiento y experiencia en energías de origen renovables.

Las dos variables, la negativa y la positiva nos señalan que la transición energética no es sólo un eslogan, es la palanca que nos puede permitir reverdecer la economía y a la vez reindustrializarla, preparándonos ante un escenario en el que España sufrirá particularmente el cambio climático como país del sur de Europa y un escenario europeo y global que demandará servicios y tecnologías ligados a la transición energética. Pasamos de un modelo de importar combustibles fósiles a uno capaz de crear nuevos modelos económicos y puestos de trabajo de calidad  localizados en el territorio.

No sólo podemos, sino que debemos protagonizar una introducción masiva de energías de origen renovable.

Dicha introducción, para ser exitosa necesita como mínimo de dos ingredientes para que sea viable. El primer ingrediente es la necesidad de la participación ciudadana y la inversión múltiple y no sólo concentrada en muy pocas manos. Es evidente que podemos reproducir el “business as usual” y que pocos inversores protagonicen el cambio. Pero para que haya implicación y no resistencias es imprescindible un modelo que garantice la participación de vecinas y vecinos, con un uso del territorio intensivo y que a su vez garantice dicha implicación. Esto multiplica el ritmo al que pueden desplegarse las renovables, ayudándonos a cumplir con los objetivos internacionales, permite que el consiguiente desarrollo económico sea también mucho más repartido/compartido, en un país al que la dependencia energética se le suma una profunda desigualdad de rentas.

En segundo lugar necesitamos gestionabilidad. Y ya no de la producción sino de la demanda. Si hasta ahora el modelo lo que hacía era básicamente casar la producción con la demanda prevista, lo que necesitamos en un contexto de fuerte producción renovable es ajustar las curvas de demanda a los momentos de producción de origen renovable. Consumir más cuando hay más generación renovable, y ahorrar e incluso aportar lo acumulado cuando no haya energía renovable.

Para ello es fundamental adaptar el marco normativo en la línea de lo que marca el paquete de invierno de la Comisión Europea: el usuario deja de ser un actor perceptor a ser un actor activo. El Paquete “Energía limpia para todos” tiene como objetivo empoderar a los consumidores para que sean actores más activos y fundamentales en los mercados energéticos del futuro (consumir, producir, almacenar, y vender) pero también reaccionar a las indicaciones de precios.

Dicha gestión tiene un valor para el sistema (ya que permite tener menos centrales eléctricas de respaldo, pendientes de si sube la demanda o baja la generación renovable) y por tanto puede suponer un ahorro para el precio de la electricidad. Pero para que eso sea así debemos darle un valor económico para el usuario. De acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, cualquier consumidor con recursos energéticos distribuidos –como placas solares, baterías o incluso un vehículo eléctrico– debe tener libertad para ofrecer su flexibilidad a cualquier sujeto que elija. Y ello debe permitirnos que la flexibilidad del lado no sólo de la oferta sino de la demanda. Esa flexibilidad se traduce en servicios concretos al sistema eléctrico, que suponen una fuente de ingresos al titular de los recursos energéticos, sin que eso tenga que suponer una pérdida de calidad de servicio para el cliente.

Es en este escenario en el que nuevas figuras, pueden y deben cambiar el modelo. Por ejemplo, la figura del agregador, capaz de agregar consumos, así como titulares de Recursos Energéticos Distribuidos (que incluyen las baterías de casas o vehículos) capaces de agregar consumos para que la gestión de los mismos den mayor sostenibilidad al sistema. Si bien un único usuario doméstico no tiene la capacidad técnica ni el volumen suficiente para ofrecer gestionabilidad al sistema, la agregación, o suma, de muchos consumidores individuales por parte de agentes especializados es la puerta de entrada a que el consumidor pueda participar en los servicios al sistema eléctrico.

La figura del agregador de consumos es una pieza clave para poder ofertar al operador del sistema ahorro simultáneos, ya sea de un consumo con señales ya sea por un uso de las baterías que tengan los hogares y los vehículos. La irrupción de dicha figura puede conseguir, por tanto, el titular de la batería pueda ser aquel que gestiona esta batería, abaratando de forma extraordinaria el acceso al vehículo eléctrico y permitiendo un uso más eficiente de la misma.

El agregador puede configurarse ampliando las funciones del actual comercializador o bien ser un agregador independiente, es decir, un agente sin un papel previo en el mercado (como podría ser un fabricante de baterías o una empresa de servicios energéticos).

Así la comercializadora, así como el proveedor de recursos energéticos distribuidos, las Tecnológicas de la Información y la Comunicación, las empresas de servicios energéticos, u otros podrían jugar ese rol.

La regulación de la agregación debe estar en las coordenadas que se mueve en Europa (agregación a partir de 1MW) y es urgente que sea realidad. De no ser así, nos podríamos encontrar con que los años pasan, empresas adquieren experiencia en otras latitudes, y un tema que podríamos liderar lo acaban abanderando aquellos sectores empresariales que han adquirido el 'know how' en aquellos que abrieron antes el mercado de la agregación.

Otro  y  segundo elemento clave para que la demanda se pueda ajustar a las curvas de generación renovable es el acceso neutro  al dato  de los usuarios. Digitalización y electricidad se traduce en más competencia. Y eso significa que haya actores que puedan disponer de los datos de los contadores inteligentes para que el usuario sea un activo.

Es fundamental la creación de una plataforma neutra, de una “data hub”, que el usuario pueda acceder a los datos y a las curvas de su propio consumo o generación de energía, y pueda ceder dicho dato a otras comercializadoras, a empresas de servicios energéticos al agregador. El acceso fácil y detallado de los usuarios a su consumo energético les permite también entender mejor sus perfiles de consumo e identificar medidas para ahorrar en la factura. El titular de los datos debe ser el usuario. Y es esa titularidad y la posible cesión a terceros es la que debe introducir competencia. Dicha plataforma, debería permitir, a su vez, preservando la privacidad del usuario, que las diferentes administraciones pudiesen detectar aquellas zonas más ineficientes, multiplicando en esas áreas sus estrategias de ahorro, eficiencia y autoconsumo. A su vez, el agregador podría operar añadiendo niveles de gestión de la demanda que son muy difícil de ofertar sin el acceso al dato. Contamos con la ventaja en la instalación de contadores inteligentes en todo el territorio. Y si bien hasta ahora ese dato lo ofertaban las distribuidoras, unas con mejor hacer que otras, es obvio que la neutralidad y el detalle al que se debe entrar en el acceso a ese dato, la demora en que se ofrece el dato al usuario, aconsejan que hagamos lo que hacen o están empezando a hacer los países de nuestro entorno: el acceso al dato en una plataforma neutra.

Las reformas que encarar son muchas. Y no todas se pueden hacer en un tiempo corto y con la actual correlación de fuerzas –y no sólo hablo de la correlación política–. Para promover la participación activa de la demanda necesitaríamos señales de precio en que primase más la energía consumida que la potencia contratada (algo ya se ha hecho en este sentido). Pero lo que hoy ya es posible es abrir los mercados de capacidad, energía y de ajuste del sistema a la participación de los recursos distribuidos (generación, demanda y almacenamiento) en igualdad de condiciones que el resto de recursos centralizados.

Algo grande está pasando en el mundo. Por primera vez se ha invertido más en ahorro, eficiencia y renovables que en extracción de carburantes. En Alemania, la Administración local se compromete en la distribución para impulsar el autoconsumo. En Holanda, las compañías deben elegir qué actividad quieren desempeñar (distribución, comercialización o producción) para evitar la posición de dominio. En Bruselas se ha instalado tanta potencia fotovoltaica en un año... ¡como en toda España! La Comisión Europea habla de autoconsumo, de prosumidor —productor y consumidor energético—, de agregador energético...

En cambio, cuando en España nos ponemos a hablar de energía, ello se asocia a un problema en lugar de a una oportunidad. A pesar de ser muy ricos en irradiación solar, estamos siendo tremendamente pobres en voluntad política.

Las explicaciones de este hecho diferencial pueden ser diversas, pero hay un factor principal: el marco regulatorio, pensado no tanto para la defensa del interés general como para la protección de los intereses económicos y de poder de las empresas del sector.

¿Cómo explicar si no que los beneficios de las eléctricas se multipliquen aunque la demanda caiga? De 2007 a 2015, el consumo se ha reducido el 1,5% anual, mientras que el beneficio creció el 2,7% anual, como consecuencia de un extraordinario encarecimiento del precio de la electricidad desde 2008, sobre todo entre los consumidores inferiores a 20 MWh por año. En este segmento, el precio ha escalado hasta cerca de los 300 euros el MWh, uno de los más caros de nuestro entorno. 

Las prácticas del sector permiten que el regulado (el sector eléctrico) capte las voluntades del regulador (nuestro legislador y nuestro Gobierno) estableciendo un marco que perjudica claramente al conjunto de la economía y de la sociedad. Hoy, el sector eléctrico actúa como una auténtica élite extractiva, que se beneficia de un modelo plagado de desequilibrios e ineficiencias. 

1. La fijación del precio. La ley determina que el precio que percibirán todas las centrales acopladas a la red en cada hora será el de la electricidad ofertado por la última central que satisfaga la última unidad de electricidad demandada. Es decir: centrales amortizadas, básicamente hidroeléctricas construidas en tiempos inmemoriales, o nucleares venden la electricidad al precio de la tecnología más cara. Jorge Fabra habla de beneficios inesperados por un “legal y arbitrario sistema de fijación de precio” del orden entre 1.078 y 1.692 millones de euros anuales sólo para las nucleares, y de cifras superiores para el caso hidroeléctrico, lo que ha generado sobrecostes de decenas de miles de euros, con un efecto similar al del déficit tarifario. Los beneficios caídos del cielo o windfall profits son el principal agujero del modelo.

2. Los Costes de Transición a la Competencia (CTC). El segundo fraude de la desregulación en torno a la energía es el derivado de los denominados CTC. Éstos se fijaron en el momento de la desregulación como una garantía teóricamente a favor de las empresas y los consumidores, pero abundan los datos que muestran que se han cobrado miles de millones de más. Pudimos ver como el período de transición se acortó en 3,5 años (tan pronto como las compañías debían pasar a pagar y no a cobrar). Pero lo más relevante lo encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo 4941/2001, que establece que el Estado no tenía obligación de reconocer a las empresas eléctricas el derecho a la compensación por el mero hecho de adecuarse a las condiciones que fijaba la UE. Es decir: aquellos que durante años han percibido los CTC lo han hecho de una forma graciable, inflando el déficit de tarifa y apalancando sus balances en la arbitrariedad y generosidad del regulador.

3. Los gastos por capacidad. Esta es la tercera gran anomalía, mediante la cual unas1 empresas reciben recursos por tener a disposición del sistema tecnología que puede apoyar la falta de potencia disponible cuando ésta es necesaria. El problema es su absoluta discrecionalidad y opacidad en los criterios. La propia Comisión Europea ha puesto la lupa sobre el sistema, calificando estos mecanismos como ayudas de Estado y advirtiendo que el escenario español es una “bola de nieve”. España se lleva la palma europea en abundancia, generosidad, opacidad e ineficiencia del sistema.

El sistema español favorece un tipo de generación (gas y carbón) y un modelo de generación (grandes empresas) en detrimento de las otras opciones. Además, el sistema y las cantidades globales de pagos por capacidad sólo lo conocen el regulador, el Ministerio de Industria y las eléctricas que lo han percibido.

4. Una potencia contratada excesiva. España dispone del mayor diferencial entre potencia contratada y ofertada de todo su entorno, una grave ineficiencia. Los consumidores españoles en su conjunto tienen contratada con las distribuidoras eléctricas una potencia de 175.000 MW. La capacidad instalada es de 108.000 MW. Pero la potencia instantánea máxima peninsular puede llegar en días muy concretos a los 41.000 MW. Por tanto, el diferencial entre la contratación y lo máximo que han puesto las empresas es un diferencial de 135.000 MW.

El resultado es que los consumidores pagan por una potencia que jamás se podrá consumir, con el agravante de que la potencia instalada y su precio se revisaron dos veces hasta acumular una subida del 92% para los consumidores domésticos y del 145% para los industriales.  

5. El déficit de tarifa. La guinda del pastel es el déficit de tarifa: la diferencia entre los costes reconocidos del suministro eléctrico (no confundirlos con los costes en los que realmente incurren las empresas) y los ingresos que esas mismas empresas eléctricas recaudan a través de precios y tarifas. Dicha diferencia comporta que hoy se adeuden a las compañías eléctricas más de 25.000 millones de euros.

La causa por la que se acumula el déficit se centra en dos hipótesis: o bien los consumidores pagan un precio demasiado bajo para la electricidad que consumen (y, como hemos visto, no es el caso) o bien hay unos costes reconocidos a las empresas que se deberían discutir.  

6. La insostenibilidad práctica de las renovables (o el pagano de la fiesta). El Gobierno encaró la reforma del sector eléctrico con un argumento principal: la sostenibilidad financiera del sistema. El problema es que descuidó otros principios que emanan del marco europeo, como la defensa del medio ambiente, el ahorro, la eficiencia o el impulso de las energías renovables. Se olvidó de auditar el modelo, de poner fin a los windfall profits, de reclamar los CTC cobrados de más, de poner límite a la potencia contratada excesiva, de limitar los gastos por capacidad... Y decidió que todo lo pagase un cambio del régimen retributivo de las renovables, lo cual abrió un campo de inseguridad jurídica que a su vez limita su capacidad de desarrollo e hipoteca el modelo energético español.

Una serie larga de reales decretos cerró el paso a las estrategias de microrred, consolidó el monopolio natural (y su posición de dominio) en la distribución, y llegó a imponer un impuesto al sol para que no hubiese ni competencia ni democratización en la generación de electricidad.

El objetivo formal era la sostenibilidad financiera endosando la factura a las renovables, pero en realidad se buscaba amortizar y sacar provecho de un modelo eléctrico muy concentrado, con el daño colateral del atraso en el desarrollo de las renovables y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo (más de 80.000).

España ha dejado de liderar el sector de las renovables, la inseguridad jurídica se ha apoderado de los inversores, y, en vez de ser un factor de modernización y mejora de la economía, la energía ha pasado a ser un vector de control y transferencia de rentas del conjunto de la sociedad a favor de unos pocos actores económicos.  

7. La jurisprudencia y el laudo del CIADI. Todo este escenario ha dado pie a muchos litigios, tanto en los tribunales españoles como a escala internacional, y España es el país que mayor número de demandas —hasta 27 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI)— tiene interpuestas ante los tribunales de arbitraje.

La solución que se ha dado parece ser distinta por parte de los tribunales de arbitraje y los españoles. En el CIADI, los tres árbitros consideraron que el caso de Eiser contra el Gobierno español da derecho a una indemnización por vulneración del artículo 10.1 del Tratado de la Carta de la Energía (trato justo y equitativo). Veremos si finalmente España tiene que pagar.

Mientras, la realidad para el inversor español es bien distinta. Los recortes de 2013 han sido avalados tanto por el Tribunal Supremo (por 4 a 3) como por el Constitucional en decisiones muy controvertidas.

Sostiene, pues, el Gobierno y también, hasta hoy, la jurisprudencia, que es admisible hacer uso de medidas con carácter retroactivo, que vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo inversiones realizadas al amparo y estimuladas por la propia Administración. Las sentencias cierran puertas, aunque también hay quien sostiene que el hecho de que no haya habido cuestión prejudicial puede dar pie a la impugnación ante los tribunales europeos. Al mismo tiempo, pueden abrir el camino de que un gobierno pueda alterar un marco regulatorio que crea ineficiencias y permite acumular ingentes beneficios a las grandes empresas del sector eléctrico, y que castiga a los consumidores y a la pequeña y mediana empresa con las tarifas más altas de la Unión Europea.

8. Abriendo caminos. La rentabilidad razonable y el cambio de modelo. La teoría del beneficio razonable y del riesgo regulatorio —términos incorporados y asumidos por la reciente jurisprudencia— aplicada a esta coyuntura del sector energético en España abre la vía a que, en caso de que exista voluntad política, puedan reorientarse gran parte de los compromisos que el Estado tiene adquiridos con el sector eléctrico. 

Hoy no tienen sentido muchas de las ayudas al sector de las energías no renovables, y menos aún las prebendas existentes en aquellas centrales ya amortizadas que venden la electricidad producida a un precio muy superior a los costes de generación.

Para abrir un camino alternativo, en el que la política energética sea un factor de democratización de la economía, hoy podemos (y debemos) empezar a discutir el conjunto del modelo. A la luz de las sentencias cabe una revisión de las condiciones del sector de las no renovables sin que sea necesariamente imprescindible indemnización alguna, atendiendo al criterio jurisprudencial según el cual se ha garantizado un beneficio a lo largo de su vida útil y que cabe conceder al Ejecutivo y al Legislativo la capacidad de modificar el marco regulatorio, aun con efectos retroactivos.

Para ello es imprescindible una auditoría del sistema. Se trata de entender que el sector eléctrico no es sólo mercado, sino un bien público. Una propuesta de segregar el mercado por tecnologías (no teniendo que pagar el mismo precio por tecnologías con características distintas); la reclamación de todos los CTC por su carácter arbitrario (al amparo de la sentencia 4941/2001 del Supremo), la recuperación de parte de los pagos por capacidad; una estrategia para reducir la potencia contratada, con el desarrollo paralelo de microrredes...

Falta voluntad política

Las propuestas de cierre del sistema pasan por dos vías: el desarrollo del prosumidor (el ciudadano produce y consume a la vez) y una estrategia para discutir y disputar aquello que consolida el monopolio, la red de distribución. Ambas permiten una participación en la generación de energía más compartida, mientras que las redes pueden conseguir una extraordinaria implicación del poder local, haciendo que éste ejerza un papel de garantía de un bien público básico, y de actor de desarrollo económico en pueblos y ciudades.

Todas ellas son propuestas ambiciosas que han estado fuera de la agenda por falta de voluntad política, así como por el secuestro mediático del debate energético que existe. Pero a estos factores se añade un tercer argumento que servía como factor disuasorio: el alto coste de dichas reformas.

A mi modesto entender, las sentencias del Supremo y del Constitucional que han avalado el cambio del régimen retributivo a las energías renovables han abierto una puerta para poder discutirlo todo, siempre y cuando se garantice esa rentabilidad razonable. Pues bien, quizá empiece a ser hora, mediante un “déficit tarifario a la inversa”, que el sector eléctrico comience a revertir a la sociedad todo lo que le ha quitado. Dichas propuestas permitirían restablecer parte del desaguisado en el sector de las renovables y a la vez garantizar la sostenibilidad financiera del modelo, y además hacer que un país rico en sol sea un país más pleno en lo que se refiere a la gestión democrática de la energía.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Como será Rajoy, o en su defecto alguien del PP presidente del Gobierno, estamos otra vez en el debate de quién se comerá el sapo, sin fijar la mirada larga de cómo rehacer la ilusión después de la oportunidad perdida, el 20D y ahora, de construir una alternativa.

Pero para  proyectarnos en clave de futuro creo que como mínimo deberíamos saber qué ha pasado, en qué se ha fallado. Antes de entrar en materia quiero apuntar que lo conseguido no es menor. Es mucha la gente que, sin votar antes, ha votado por primera vez y de forma distinta. La audacia de algunos ha hecho que emerja un espacio impensable hace tan solo unos pocos años. Pero todo esto no quita que debamos hacer un análisis más profundo de lo que ha pasado para proyectarlo en el futuro.

Son muchos los análisis que se han abierto sobre el resultado de las últimas elecciones generales y el no haber cubierto las expectativas. Pero creo que más allá de análisis sesudos, se impone una explicación principal. La expectativa frustrada.

Si analizamos bloque por bloque los resultados, veremos como en el bloque que se mueve entre el centro y la derecha los votos son aproximadamente los mismos que en diciembre del 2015. El argumento del voto del miedo es el que puede haber llevado a que un votante conservador y urbano que se refugió en Ciudadanos haya vuelto al PP. No tanto por el castigo a los de Rivera como por la campaña del miedo que ha hecho que muchos electores hayan recalado en aquellos que garantizaban frenar a Unidos Podemos.

Pero lo más relevante de lo que ha pasado es el comportamiento electoral del denominado bloque progresista. La suma de votos entre PSOE y Unidos Podemos, si lo comparamos con los electores de diciembre, arroja una cifra de más de un millón doscientas mil personas que dejan de votar. Y si el voto del miedo, el impacto del Brexit, ha podido hacer que la gente entre dos opciones –PP versus Ciudadanos, PSOE versus UP– optase por la opción más conservadora, el miedo no explica que tanta gente que se identificó con opciones progresistas haya dejado de ir a las urnas. El miedo sólo hizo que el bloque conservador aumentase en 100.000 votantes. Lo que hizo, a mi entender, que tanta gente se quedase en casa, es la desilusión por la expectativa frustada, por el hecho que el PSOE pactase con Ciudadanos y dijese que esa era la única opción de pacto posible mientras Podemos transmitía que no tenía ganas de pactar. La noche del 20D, y los días posteriores, muchos de nosotros recibíamos felicitaciones. Era posible un gobierno progresista. La visita de Pedro Sánchez a Portugal cogiendo como ejemplo el modelo portugués abrió expectativas. Pero la gestión posterior. La negativa del PSOE a querer explorar ningún escenario con Podemos, así como la percepción, instalada entre mucha gente, de que Podemos no quería gobernar, ha hecho que un nuevo gobierno progresista no apareciese ni posible ni deseado por quienes lo tenían que construir.

La campaña ya sabemos cómo transcurrió. Se habló más de los políticos que de las políticas, en lo que viene siendo una constante de los últimos años. Pero lo que habíamos sufrido especialmente eran las políticas del PP. Y si se quería hacer creíble el Gobierno era hora –si no entonces, ¿cuando?–  de discutir de las propuestas para hacer cambiar España. Se puso poco acento en las políticas que debían ser la base para afrontar los principales retos que tiene el país: la lucha contra la desigualdad; la democracia en el marco de relaciones económicas y el debate territorial y la asunción de la plurinacionalidad; dejando grandes vacíos en el debate como el de la precariedad y el marco de relaciones laborales o el debate energético por poner sólo algunos ejemplos.

El PP consiguió que se juzgase más la expectativa que a su Gobierno. Pero alguien podía pensar que esto no sería así cuando se frustró el escenario de cambio, y que no se juzgaría más a las izquierdas que al mismo PP. Los resultados, los sabemos. El PSOE obtiene un resultado aún más bajo: 85 diputados. Y Unidos Podemos no logra movilizar a toda aquella gente que por separado le había dado apoyo, gente que, entre otros motivos, no fue a votar porque entendió que ya les habían dado una oportunidad a los suyos y éstos no la habían aprovechado.

Espero que esta reflexión sirva para algo. Y ese algo es el futuro. El PP es una máquina muy perfecta en el ejercicio del poder. Y no se debe menospreciar su capacidad de regeneración y adaptación. El problema está en que de la misma manera que el Thatcher construyó una hegemonía conservadora en el Reino Unido que ha hecho que la pretendida izquierda tenga que operar en esos parámetros, un PP que perdura no sólo cierra la ventana de oportunidad si no que construye una sociedad escorada en valores y en derechos, en hegemonía cultural, en el terreno de la derecha. Si esto es así, los que hoy se reclaman progresistas tienen una responsabilidad: entenderse.

Creo que hoy, para un proyecto de redistribución de la riqueza y recuperación  democrática, la socialdemocracia ha dejado de jugar el papel histórico que jugó y que el actor para reconstruir un proyecto social, democrático y justo tiene que ser diferente. Entiendo y comparto la legítima aspiración del bloque que hoy representa Unidos Podemos de liderar la izquierda. Ese es el reto. Pero el reto tendrá sentido si se da cumplimiento a una obligación política y moral de la política: cambiar las condiciones materiales de la vida de la gente en un momento de desposesión material y democrática sin precedentes.

Soy de los quisiera un gobierno progresista, donde la agenda social estuviese en materia de derechos y libertades pero también en la política económica, y que además liderase una propuesta plurinacional para el Estado. Pero los resultados, más ajustados que el 20D, no dan para esa mayoría –cosa que sí pasaba en diciembre–.  Los resultados sí que dan para intentar gobernar desde el Congreso. Sí que dan para el desarrollo de una agenda legislativa que suponga no sólo la fijación de límites para un gobierno del PP, sino la fijación de un objetivo de gobierno real, de transformación, y pese a quien le pese, necesariamente compartido entre los dos grandes bloques de la izquierda que se van configurando.

Es cierto que hoy volvemos a los tiempos lentos tradicionales de la política. Lo escribía Enric Juliana, lo explicaba Pablo Iglesias. Pues bien. En esos tiempos más lentos hay que responder a las necesidades de la gente. Y la necesidad de la gente puede tener respuesta en una agenda legislativa que signifique contrapoder, propuesta, y leyes muy concretas en una orientación muy distinta a la del PP. Quizás sea esta la manera de conseguir que la ilusión de la gente, del pueblo, se recupere.

El acuerdo llega tarde ya que la temperatura del planeta ya ha subido 0’8 grados respecto a los niveles preindustriales

“Too late, too small” (demasiado tarde, demasiado perqueño). Podríamos hacer buena esta máxima aplicada a todas las cumbres sobre el clima. Pero esta vez ha sido algo diferente. Aún recuerdo, a la vuelta de la cumbre de Copenhague , con Juantxo López de Uralde entre rejas, escribía una carta de decepción, después de participar en aquella cumbre.

Hoy podemos hablar de acuerdo insuficiente, pero en el acuerdo hay algo distinto de lo que ha existido hasta el momento. Hay una asunción que no se puede superar los 2ºC de incremento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales (ya la hemos incrementado en 0,8ºC), y que no deberíamos superar los 1,5ºC para garantizar un normal desarrollo de la vida humana. Estamos diciendo, a nivel global y por primera vez que los compromisos presentados por mas de 180 paises son insuficientes, y que hay que revisarlos (en el periodo del 2017 al 2025). Todos los paises deberán enviar unos objetivos, que seran públicos y evaluables.

El acuerdo llega tarde ya que la temperatura del planeta ya ha subido 0,8 grados respecto a los niveles preindustriales, y las emisiones que hoy se están produciendo van a acumular los daños del efecto invernadero. Y es pequeño, ya que los 100.000 millones (el 10% del PIB Español) de euros comprometidos anualmente, no dejan de ser una cantidad ridícula si se compara con el principal reto que tiene hoy la humanidad o con lo que se gastan las empresas en un solo año en invertir en prospecciones petrolíferas (692.000 millones). Pero sin lugar a dudas, esa cifra, sumada a la asunción del reto, hace que por primera vez podamos empezar a desarrollar políticas y a exigirles a nuestros gobiernos.

Así, el reconocimiento, el carácter universal, los criterios comunes, la vigilancia mutua, son todos ellos pasos adelante. También el hecho que se pueda voluntariamente implementar, sin tener que esperar a la ratificación. Pero a la vez, los pasos a seguir no se concretan en los próximos años, y el carácter no vinculante más los mecanismos de seguimiento, los sistemas de verificación no concretados, sumados a objetivos genéricos -lejos de la imprescindible concreción- hacen pensar que hay que redoblar los esfuerzos.

En cualquier caso, la asunción del reto pone aún más presión, pudiendo contribuir a hacer estallar mas pronto que tarde la burbuja del carbono. ¿Qué sentido tiene hoy continuar la inversión en reservas de carbono –sean petróleo, gas y carbón- que a medio y largo plazo no se podrán quemar? Pero el principal reto es como conseguimos que un reto moral, como el de la lucha contra el cambio climático, se convierta en una obligación política ante la que cumplir. Y la única manera es que se empiece a castigar a aquellos que no cumplen.

En cualquier caso, el cambio es substancial. Y nosotros, a un país del sur de Europa, mediterráneo, al que le va a afectar poderosamente el cambio climático, y con una fuerte dependencia energética, tenemos la oportunidad de afrontar el reto. A nivel estatal producimos el 28% de la energía que consumimos. 20 puntos menos que la media de la UE. La dependencia de petróleo y el gas natural es del 63%. El 75% de nuestras emisiones provienen del consumo de energía. Y mientras la UE ha reducido emisiones en un 15% desde el año 1990, nosotros las hemos aumentado en un 20%. Estamos en un país dependiente, poco respetuoso con el medioambiente y económicamente ineficiente.

A pesar de ello, hemos tenido una moratoria real para no instalar más energías renovables. Se ha perdido la seguridad jurídica de los que invirtieron en renovables (somos el país con mayor número de demandas de arbitraje de tribunales internacionales). Y hemos hecho inviable el autoconsumo y un modelo de generación distribuida, siendo el único país del mundo capaz de poner un impuesto al sol y evitar que la energía sobrante se pueda comercializar.

Las conclusiones de la Cumbre de París nos dice que en la lucha contra el cambio climático tenemos la oportunidad y la obligación de cambiar las políticas, liderando un cambio de modelo descarbonizado, con fuertes ahorros y con un impulso real del autoconsumo y de las energías renovables. No va a ser fácil. El 'cleanwashing' de muchas empresas conduce a engaños. El secuestro del regulado (las eléctricas) al regulador (el Gobierno) ha impedido que se hagan políticas distintas en esta materia. Pero a la vez, la indiscutible repercusión de una subida de las temperaturas, sumado a la madurez tecnológica de las renovables (El banco de inversión Lazard habla de una reducción de costes de la energía solar y eólica del 82% y el 61% respectivamente) va a hacer que este sea el principal motor de cambio de modelo productivo e incluso político. Si hasta ahora, quien controlaba las fuentes de energía controlaba el poder (carbón, gas, petróleo), la fuerza de las renovables da un cambio radical de escenario.

Hoy, después de la cumbre de París, podemos hacer posible que el reto de evitar un cambio climático drástico no sea demasiado tarde ni demasiado pequeño.

Si en l’anterior transició l’ERC de Barrera va apuntalar els 23 anys de pujolisme, avui, abans de les eleccions, podem construir un espai per disputar-los-hi el lideratge.

Moments de transició. Quan tot canvia. D’un equilibri passem a un altre i es defineixen les hegemonies per una dècada, potser per una generació. Però alguns ens diuen que no sabem llegir el moment. I la qüestió és que el llegim a la perfecció. El moment és el de la disputa de l’hegemonia. Desfeta conservadora al sud d’Europa. Runa moral del pujolisme i de tot el que ha representat. I un escenari nacional que no es desencalla amb la independència –en el millor escenari no arriba al 50%– i sí que es desempata amb el dret a decidir. L’escenari nacional, per tant, tindrà un recorregut a mig termini. La batalla per l’hegemonia –conservadora o progressista– sí que es disputa en el proper cicle electoral.

Lluita per l’hegemonia. Aquesta era la disputa de molts catalanes i catalans quan s’atansaven a les urnes l’any 80 en les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. I aquest és el sentiment del cicle electoral que tot just encetem i obrim.

En aquestes eleccions semblava que ens atansàvem a uns comicis amb quatre grans blocs electorals, el que liderava Mas amb CDC, el de Catalunya sí que es pot, el de l’espanyolisme conservador tunejat de modernitat de Ciutadans i l’independentista progressista d’ERC.

Però abans de continuar amb aquest relat, es bo que girem la vista enrere. Fa 35 anys es definia el joc d’hegemonies per com a mínim una generació. Era l’any 1980, en altres termes, també semblava que ens atansàvem a un nou temps. La dreta nacionalista s’havia articulat a l'entorn de la figura de Jordi Pujol. Però a les portes d’aquelles eleccions l’hegemonia progressista estava clara. S’havia guanyat clarament les eleccions municipals, i la disputa era per qui ho liderava. Finalment, el PSC més catalanista, el de Joan Raventós, va guanyar la partida a un PSUC que portava de cap de cartell a l’advocat Josep Benet, home profundament catalanista, advocat defensor de sindicalistes i antifranquistes, que anava molt més enllà de les fronteres del principal partit de l’antifranquisme. Va ser aleshores, quan una tercera ànima de l’esquerra, l’ERC d’Heribert Barrera decidí donar-li el lideratge a Jordi Pujol. El cap de llista de CiU seria president, mentre ERC ostentaria la Presidència del Parlament. Dos anys després Josep Benet va fer el darrer intent, amb la moció de censura presentada amb l’objectiu de construir una alternativa de progrés. Però no va ser.

En el moment de construir el nou país, es decidí que el lideratge fos de la dreta, i que Pujol i la seva particular i patrimonial manera d’entendre la política definís l’arquitectura i el modus operandi de la Generalitat restaurada.

Avui, 35 anys després, ens tornem a trobar en un d’aquells moments on en una setmana passa el que abans passava en una dècada. Un temps nou per a un país nou. I com sempre, en aquest temps el que torna a estar en joc és l’hegemonia del país, qui la lidera i a qui es representa –si a les classes populars o a les classes dominants– des de les principals institucions del país, particularment des de la Generalitat.

En aquesta lluita per l’hegemonia, els conservadors parteixen en desavantatge, per dos motius principals. En primer lloc, el lideratge conservador és incapaç de respondre al principal problema d’aquest país del sud d’Europa, la desigualtat. En segon lloc, després de la desfeta moral de les runes del pujolisme, la CDC de Mas, incapaç de censurar i reprovar al pare evasor ho tenia magre per liderar la construcció del nou país. Les alternatives eren una ERC que ho fiava tot a la independència i que això li afegia un programa de centre esquerra, i un nou espai, expressat per 'Catalunya sí que es pot', que entén que el nou país es fa a partir del rescat social, de la denúncia de la corrupció i la qualitat democràtica i d’un procés nacional que només pot avançar, si vol trencar l’statu quo, a partir de l’àmplia majoria que representa el dret a decidir.

Així doncs, anàvem a un escenari obert. Però enmig del terratrèmol polític, sabent que les plaques tectòniques s’acabaran sedimentant després del cicle electoral, la gent d’ERC, i no només, han decidit fiar-ho tot a una llista que té una única certesa, com tots els actors s’han precipitat a destacar, el lideratge de Mas i el paper preponderant de CDC (un equilibri que es defineix en una relació de 6 a 4). El procés nacional serà llarg, gens fàcil i necessitarà reprendre una proposta més àmplia, que connecti amb sectors més transversals de la societat. Però mentrestant, en Mas i el seu entorn, hauran aconseguit construir una nova hegemonia, de nou, sobre les costelles, la carn i la il·lusió de molts progressistes.

Però la política, la lluita per l’hegemonia, no la podem veure des d’una lògica determinista. Si en l’anterior transició l’ERC de Barrera va apuntalar els 23 anys de pujolisme, avui, abans de les eleccions, podem construir un espai per disputar-los el lideratge. Aquest és el paper de 'Catalunya sí que es pot'. I aquest cop ho farem com ho va fer el PSUC, amb un encapçalament d’una home bo, transversal, representant de les lluites veïnals: Lluís Rabell. Amb un objectiu, que aquest cop, el nou país el lideri qui representa les classes populars.

Si en la anterior transición la ERC de Barrera apuntaló los 23 años de pujolismo, hoy, antes de las elecciones, podemos construir un espacio para disputar a ellos el liderazgo.

Momentos de transición. Cuando todo cambia. De un equilibrio pasamos a otro y se definen las hegemonías para una década, tal vez para una generación. Pero algunos nos dicen que no sabemos leer el momento. Y la cuestión es que lo leemos a la perfección. El momento es el de la disputa de la hegemonía. Debacle conservadora en el sur de Europa. Escombros morales del pujolismo y de todo lo que ha representado. Y un escenario nacional que no se desatasca con la independencia –en el mejor escenario no llega al 50%– y sí se desempata con el derecho a decidir. El escenario nacional, por tanto, tendrá un recorrido a medio plazo. La batalla por la hegemonía –conservadora o progresista– sí que se disputa en el próximo ciclo electoral.

Lucha por la hegemonía. Esta era la disputa de muchos catalanas y catalanes cuando se acercaban a las urnas en 1980 en las primeras elecciones al Parlament de Catalunya. Y este es el sentimiento del ciclo electoral que apenas empezamos y abrimos.

En estas elecciones parecía que nos acercábamos a unos comicios con cuatro grandes bloques electorales: el que lideraba Mas con CDC, el de Catalunya sí que es pot, el del españolismo conservador tuneado de modernidad de Ciudadanos y el independentista progresista de ERC.

Pero antes de continuar con este relato, es bueno que volvamos la vista atrás. Hace 35 años se definía el juego de hegemonías por lo menos para una generación. Era el año 1980, en otros términos, también parecía que nos acercábamos a un nuevo tiempo. La derecha nacionalista se había articulado en torno a la figura de Jordi Pujol. Pero a las puertas de aquellas elecciones la hegemonía progresista estaba clara. Se habían ganado claramente las elecciones municipales, y la disputa era por quien lo lideraba. Finalmente, el PSC más catalanista, el de Joan Raventós, ganó la partida a un PSUC que traía de cabeza de cartel al abogado Josep Benet, hombre profundamente catalanista, abogado defensor de sindicalistas y antifranquistas, que iba mucho más allá de las fronteras del principal partido del antifranquismo. Fue entonces, cuando una tercera alma de la izquierda, la ERC de Heribert Barrera, decidió darle el liderazgo a Jordi Pujol. El cabeza de lista de CiU sería presidente, mientras ERC ostentaría la Presidencia del Parlament. Dos años después Josep Benet hizo el último intento, con la moción de censura presentada con el objetivo de construir una alternativa de progreso. Pero no fue posible.

En el momento de construir el nuevo país se decidió que el liderazgo fuera de la derecha, y que Pujol y su particular y patrimonial manera de entender la política definiese la arquitectura y el modus operandi de la Generalitat restaurada.

Hoy, 35 años después, nos volvemos a encontrar en uno de esos momentos donde en una semana pasa lo que antes pasaba en una década. Un tiempo nuevo para un país nuevo. Y como siempre, en este tiempo lo que vuelve a estar en juego es la hegemonía del país, quien la lidera y a quién se representa –si a las clases populares o a las clases dominantes– desde las principales instituciones del país, particularmente desde la Generalitat.

En esta lucha por la hegemonía, los conservadores parten con desventaja, por dos motivos principales. En primer lugar, el liderazgo conservador es incapaz de responder al principal problema de este país del sur de Europa, la desigualdad. En segundo lugar, después de la derrota moral de las ruinas del pujolismo, la CDC de Mas, incapaz de censurar y reprobar al padre evasor lo tenía crudo para liderar la construcción del nuevo país. Las alternativas eran una ERC que lo fiaba todo a la independencia y que eso le añadía un programa de centro izquierda, y un nuevo espacio, expresado por 'Catalunya sí que es pot', que entiende que el nuevo país se hace a partir del rescate social, de la denuncia de la corrupción y la calidad democrática y de un proceso nacional que sólo puede avanzar, si quiere romper el statu quo, a partir de la amplia mayoría que representa el derecho a decidir.

Así pues, íbamos a un escenario abierto. Pero en medio del terremoto político, sabiendo que las placas tectónicas se acabarán sedimentando después del ciclo electoral, la gente de ERC, y no sólo, han decidido fiar todo a una lista que tiene una única certeza, como todos los actores se han precipitado a destacar: el liderazgo de Mas y el papel preponderante de CDC (un equilibrio que se define en una relación de 6 a 4). El proceso nacional será largo, nada fácil y necesitará retomar una propuesta más amplia, que conecte con sectores más transversales de la sociedad. Pero mientras tanto, Mas y su entorno habrán conseguido construir una nueva hegemonía, de nuevo, sobre las costillas, la carne y la ilusión de muchos progresistas.

Pero la política, la lucha por la hegemonía, no la podemos ver desde una lógica determinista. Si en la anterior transición la ERC de Barrera apuntaló los 23 años de pujolismo, hoy, antes de las elecciones, podemos construir un espacio para disputarles el liderazgo. Este es el papel de 'Catalunya sí que es pot'. Y esta vez lo haremos como lo hizo el PSUC, con un encabezamiento de una hombre bueno, transversal, representante de las luchas vecinales: Lluís Rabell. Con un objetivo, que esta vez, el nuevo país lo lidere quien representa las clases populares.

De la misma manera que Grecia ha sido una tabla de pruebas que luego otros han seguido, hoy puede ser la primera expresión de esperanza para Europa

Las calles de Atenas o Tesalónica parecen calles sin campaña electoral. Lo comentas con los compañeros de Syriza y te explican que esta es una campaña diferente. Una campaña de invierno. Sin tiempo. Y con mucho cansancio.

Pero el clima en la calle contrasta con las reuniones con activistas de la coalición de izquierdas, con la reflexión serena, profunda y cargada de razón que se vive en la fundación vinculada a Syriza, el clima en la redacción de HAYTH, diario progresista, o en el mitin que acaba de celebrarse en el pabellón del Aris de Tesalónica.

Los argumentos de Tsipras están cargados de razón. Hace poco más de tres años, cuando perdió las elecciones griegas por un estrecho margen, se utilizó la campaña del miedo y el chantaje para evitar su victoria. Tres años después, el miedo ha pasado por la resignación, y ahora la esperanza y la ilusión para cambiar una política de ajustes y austeridad que solo multiplican el dolor, mientras que la economía griega no deja de empeorar.

Hace ahora dos años, cuando Tsipras participó en nuestra campaña al Parlamento de 2012, explicó que Grecia no dejaba de ser la mesa de experimentos por donde luego pasarían el resto de países europeos, especialmente los del sur de Europa. Hoy, ya sabemos dónde nos lleva la devaluación interna: un escenario que puede suponer un mejor reparto de dividendos para unos pocos pero la multiplicación del sufrimiento. De la misma manera que Grecia ha sido una tabla de pruebas que luego otros han seguido, hoy puede ser la primera expresión de esperanza para Europa.

Mientras en el centro y en el norte de Europa el malestar se canaliza con expresiones de derechas, cuando no fascistas, en Grecia es una coalición de izquierdas la que habla de clases sociales, de la lucha entre la izquierda y la derecha, entre igualdad y desigualdad, del conflicto entre democracia y plutocracia, la que protagoniza la ola de cambio y de esperanza. Y Grecia, el próximo 25 de enero, puede abrir un nuevo tiempo para Europa.

Hoy, la propuesta de reestructurar la deuda no es solo una propuesta económica, justa y razonada. No tiene sentido que lo que han hecho otros (Alemania en 1953 u otros países latinoamericanos) no lo podamos hacer hoy. La deuda, lo privado y lo que se ha convertido en público tras salvar a los bancos, se debe también a una paridad peseta-euro o dracma-euro pensada para favorecer el endeudamiento del sur, o en los tipos de interés por debajo de los porcentajes de crecimiento en la década de los 2000. Pero, además, es una propuesta de recuperación democrática frente a la imposición de las políticas de ajuste de la deuda. Sin la reestructuración de la deuda no hay democracia porque no hay otra opción que la llamada devaluación interna, o dicho de otro modo, la devaluación hasta extremos insoportables de nuestras vidas y de la vida de un par de generaciones enteras.

Hoy, no hay lucha de un pueblo sin conectar la lucha de otro pueblo. No hay salidas que no pasen por un cambio en las reglas del juego económicas que impone la troika. La letra de Barco de Grecia, de Lluís Llach, explica que si el barco “no lleva red, ni orza ni timón, no penséis nunca que lo haya perdido todo, que el pueblo siempre podrá hinchar las velas, para ganar a olas hechas de miedo y de sangre”.

El pueblo griego, que como reza la canción, llora igual que llora el mío, puede hinchar las velas frente a unos mercados y sus servidores - se llamen Samaras, Rajoy o Mas - que niegan la democracia cuando se habla de economía.

Las elecciones en Grecia también son en Catalunya, en España y en todo el sur de Europa. El domingo ha de ser el inicio del cambio en muchos países del sur de Europa, donde la izquierda ya hace tiempo que pide un cambio en las reglas del juego. La democracia ganará a los mercados.