Inducidos por el estallido de protestas populares en países como Sudán, Argelia, Irak y Líbano, analistas y medios de comunicación internacionales han comenzado a preguntarse si el mundo árabe es escenario de una segunda primavera revolucionaria, similar a la que fascinó al mundo en el invierno de 2011. Observadas con detalle, estas revueltas no parecen, sin embargo, algo novedoso, sino más bien el último coletazo de aquel movimiento libertario y antisistema que sacudió Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen y con el que comparten errores, carencias y fiascos: principalmente, la ausencia de una alternativa política a las dictaduras capaz de ofrecer soluciones reales a demandas de libertad, derechos y justicia social. Es una alternativa igualmente inexistente frente a la ola contrarrevolucionaria lanzada desde potencias regionales como Arabia Saudí, que entendió el ascenso del llamado islam político y de la democracia como un desafío medular a su propia existencia y a su influencia en la región y optó por financiar a las corrientes retrógradas y represivas.

Dejando aparte la excepción tunecina, el resultado de la Primavera Árabe fue que la dictadura retornó con más dureza en Egipto, que las guerras ensangrentaron Siria, Yemen y Libia, que se abrió una brecha total con el islam político fomentado desde Qatar y que movimientos de protesta en naciones como Argelia y Sudán fueron asfixiados incluso antes de nacer. “El desafío en el mundo árabe de hoy es que el viejo orden, basado en el mecenazgo del petróleo y la fuerza bruta, ha muerto. Y que el nuevo orden, cimentado en la buena gobernanza, el mérito y la productividad, experimenta problemas para poder crearse”, explica Marwan Muasher, vicepresidente del instituto de análisis Carnegie Endowment for International Peace, con sede en Washington. “La prolongada represión de los gobiernos árabes para impedir el desarrollo de instituciones inclusivas, democráticas y efectivas ha generado un vacío de liderazgo tanto en el seno de los regímenes como en el de la oposición”.

En este contexto se explican los movimientos de protesta surgidos este año tanto en Argelia como en Sudán, dos conflictos sociales en los que la prensa extranjera ha estado casi ausente y que siguen un patrón casi calcado a lo ocurrido en Egipto hace algo más de un lustro. Como en la tierra del panarabismo, las protestas populares, nacidas de un sentimiento genuino de oprobio social, han sido aprovechadas por los ejércitos argelino y sudanés para enmascarar sendos golpes de Estado incruentos urdidos desde las entrañas de las propias dictaduras militares con el objetivo de sobrevivir a la sublevación de un pueblo empobrecido y cansado tras décadas de plomo y miedo.

Las protestas comenzaron de manera inesperada el 22 de febrero en Argelia, un país donde hasta entonces la policía dispersaba a la fuerza cualquier tipo de concentración en la calle. Ese día, sin embargo, decenas de jóvenes, en su mayoría ultras del fútbol, marcharon por el centro de la capital sin que los temidos cuerpos de seguridad intervinieran y entre el pasmo de la población, que les observaba alelada desde aceras y ventanas. A finales de abril, en pleno auge de las protestas, el general Ahmed Gaïd Salah, jefe del Ejército y antiguo hombre de confianza del presidente Abdelaziz Bouteflika, forzó la caída de su mentor al mudar la línea política tradicional y sugerir la aplicación del artículo de la Constitución que permite destituir al mandatario por motivos de salud. Con Bouteflika fuera de escena, Gaïd Salah respaldó, además, una campaña de manos limpias que llevó a la cárcel a decenas de oficiales, políticos, empresarios y periodistas afines al clan del presidente, entre ellos al hermano del mandatario, Said, considerado el verdadero poder en la sombra, y al antiguo jefe de los servicios secretos, Mohamad Mediane Tawfik, su presunto sucesor. El jueves pasado se celebraron unas elecciones presidenciales -rechazadas por el clamor de la calle- con la victoria de Abdelmajid Tebboun, que fue primer ministro con Bouteflika. Miles de personas protestaron al día siguiente contra los resultados y reclamaron por cuadragésimo tercer viernes una verdadera transición en el país.

El nuevo Líbano

Similar fue la sucesión de hechos en Sudán, donde el Ejército fue más veloz y no dudó en destituir a un Omar Hasan al Bachir en declive, desprestigiado tanto en el interior como en el exterior del país, abandonado por sus aliados tradicionales (es el caso de Arabia Saudí) y confinado en su laberinto a causa de la orden internacional de arresto por supuestos crímenes de lesa humanidad. Las protestas fueron apagadas con contundencia, y 10 meses después ni el Gobierno interino, bajo la tutela del Ejército, ni la oposición han hecho siquiera el ademán de desmontar el viejo sistema que demanda la población.

En Líbano, el agravamiento de la crisis económica ha sido el detonante de una protesta popular que en el fondo lo que exige es el cambio del actual sistema de reparto del poder, aplazado por las consecuencias de la ocupación israelí del sur del país. Diez años de paz y mala gestión, sumados al impacto corrosivo de la guerra en la vecina Siria, han erosionado la supremacía del movimiento chiíta Hizbulá y han despojado de sentido un armazón político forjado hace casi un siglo sobre un equilibrio sectario que ya no responde a la radiografía de la nueva sociedad libanesa.

En Irak, el apaciguamiento temporal de la amenaza del grupo yihadista Estado Islámico y la nueva guerra kurda han dirigido el foco hacia la corrupción, la brecha social y mala gobernanza que caracterizan a un Gobierno chií emergido del vacío de poder que dejó la invasión ilegal de Estados Unidos en 2003 y que, desde entonces, ha sido incapaz de reconstruir el país pese a lluvia de millones de ayuda internacional.

“Lo que hace diferentes las protestas es que por primera vez los manifestantes de todas las sensibilidades critican a los líderes de su propia secta”, destaca Maha Yahya, directora de la sección de Oriente Medio de Carnegie. En la misma línea se expresa Harith Hasan, experto iraquí para quien la “mayoría de los que protestan se han dado cuenta de que la oligarquía multisectaria dominante, que reparte el pillaje entre los diferentes señores, es en realidad la que frena sus demandas”.

Eslóganes vacíos

El drama para el Líbano e Irak es que en ninguno de ellos se atisba una alternativa a un sistema desgastado y obsoleto, en el que ni siquiera ha sido capaz de desarrollarse el islam político, una ideología globalmente en retroceso, excepto en Túnez, donde ha sabido evolucionar y reinventarse hasta alcanzar el poder. “Lo que está ocurriendo en la región, desde el fracaso de los Hermanos Musulmanes en Egipto y Túnez hasta las actuales protestas contra la corrupción en el Líbano nos debe hacer preguntarnos: ¿Está el islam político desapareciendo gradualmente de la región?”, señala Najat al Saeed, escritora y analista política emiratí. “El fin del islam político dependerá de si los líderes nacionales adoptan un proyecto alternativo. Deben invertir en desarrollo económico, especialmente entre los jóvenes. La era de los eslóganes vacíos está a punto de extinguirse. Ha llegado el momento para una verdadera rendición de cuentas política en Oriente Próximo”.

La hora, sin embargo, parece aún lejana. A la falta de alternativas, las poblaciones árabes suman el desafecto de los países occidentales, especialmente de Europa, que, al contrario que en 2011, parecen más interesados en que la estabilidad y las políticas de seguridad engrosen y justifiquen el magro negocio de la militarización que en una verdadera promoción de la democracia. El apoyo a dictaduras de nuevo cuño como Egipto (o de viejo, como Siria) es una muestra. Otra, la apuesta por personajes del ayer como el mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte de Libia que cuenta con el beneplácito de Francia y otros Estados europeos. La decisión de la Administración de Trump de reducir su interés en Oriente no solo ha abierto un pasillo a Rusia; hace que las guerras de hoy las libren árabes y musulmanes en países árabes y musulmanes, como ocurre en Yemen, Siria y Libia, donde la coalición saudí-egipcio-emiratí combate a Turquía y Qatar. Viene un largo invierno de sangre que aún se resiste a dejar paso a una nueva primavera que necesitará de nuevas y más robustas flores.

Javier Martín es corresponsal de la Agencia Efe en el Norte de África y autor de Estado Islámico, geopolítica del caos (Catarata).

[Este artículo ha sido publicado en el número 75 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

En diciembre de 2010, Gas Natural Fenosa anunció por sorpresa la incorporación como consejero independiente del expresidente del gobierno español Felipe González. Una noticia que creó controversia mediática por la polémica de las puertas giratorias, pero que en realidad ocultaba una razón más poderosa que quedó ensombrecida. Apenas cuatro meses antes, un tribunal de arbitraje francés había fallado en contra de la energética en el conflicto que desde 2007 mantenía con la compañía nacional de hidrocarburos argelina, Sonatrach, por discrepancias en la revisión de los precios del contrato de suministro de gas, y el dirigente socialista se perfilaba como la persona más adecuada para intentar paliar los efectos negativos de un laudo que obligaba a desembolsar 1.789 millones de dólares, ya que atesoraba una amplia experiencia en el barro argelino.

En 1985, como jefe del primer Ejecutivo socialista, intervino personalmente para solucionar un incumplimiento similar del contrato firmado en 1974 por el gobierno franquista. En aquella ocasión, Madrid accedió a conceder a Argelia créditos a bajo interés y Argel a comprar material bélico a España. Además, se acordó la construcción del llamado Gasoducto del Mediterráneo (Medgaz), convertido con el tiempo en el cordón umbilical de la industria española y en baza argelina frente a cualquier aprieto o negociación con Europa. Gestionada por Sonatrach, que posee un 36%, Cepsa, Iberdrola, Endesa y GDF Suez, la estratégica tubería es la única alternativa de Europa al grifo ruso y suministra el 54% del gas que se consume en España. Gas Natural Fenosa, que en 2018 amplió hasta 2030 su compromiso con Sonatrach es, por su parte, el primer proveedor de esta materia prima esencial.

Apenas unos meses después de la firma de ese acuerdo estratégico, Argelia se sumergió en una aguda crisis política, social y económica que apenas acapara focos de la actualidad pese a que sus consecuencias podrían ser nefastas para estabilidad económica de España -y por extensión de Europa-, y para la seguridad en la cuenca del Mediterráneo. El 22 de febrero, los argelinos observaron con estupor como varios cientos de jóvenes, la mayoría vinculados a grupos ultras del fútbol, salían a las plazas de la capital para protestar contra la candidatura a un quinto mandato consecutivo del consumido presidente Abdelaziz Bouteflika, devenido en un fantasma en el poder desde que en 2013 sufriera un agudo derrame cerebral que le postró en una silla de ruedas y le hurtó el habla. Hasta aquel día, en Argelia cualquier reunión callejera que concitara a más de una veintena de personas era rápida y a veces violentamente dispersada por las fuerzas especiales. Los jóvenes no solo lograron congregarse y gritar en libertad bajo la laxa actitud de los cuerpos de Seguridad aquel extraño viernes. Si no que pudieron repetir una semana después y ver como miles de ciudadanos aparcaban el miedo y se sumaban con la misma tranquilidad y entusiasmo a su marcha, en un movimiento masivo de catarsis popular fruto de un lustro de incertidumbre, represión, chantaje institucional, progresiva crisis económica y creciente injusticia social.

Parte de esa aparente dejadez del régimen comenzó a entenderse un mes después, con el convaleciente Bouteflika todavía ingresado en un hospital de Ginebra para uno de sus enigmáticos “chequeos de salud rutinarios”. Consciente de la dimensión que había adquirido el clamor popular, el ladino jefe del Ejército y viceministro de Defensa, Ahmed Gaïd Salah, decidió mudar su postura inicial y liderar al coro de voces críticas que exigían la aplicación del artículo 102 de la Constitución que permite inhabilitar al presidente por razones de salud. Acorralado y traicionado por una parte de la cúpula militar, el 3 de abril el núcleo duro del entorno de Bouteflika -liderado por su hermano, Said, verdadero poder en la sombra, los exprimeros ministros Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal, y el poderoso exjefe de los servicios secretos, general Mohamad Mediane Tawfik, enemigo de Gaïd Salah- concedió la renuncia del mandatario y buscó sobrevivir con la puesta en marcha del mecanismo constitucional de transición en un intento por abortar lo que a todas luces parecía un golpe de Estado encubierto. Apenas una semana después, el presidente del Senado y jefe del Estado interino, Abdelkader Bensalah, aplicó la ley y convocó presidenciales para el 4 de julio.

El ansiado paso atrás del hombre que todo el mundo intuía que ya no gobernaba no sirvió, sin embargo, para aplacar la ira popular. Espoleados por un hito histórico, los argelinos regresaron días después a las plazas para exigir la caída de todo el círculo corrupto de poder que parasitó en torno al mandatario, incluido el propio jefe del Ejército, designado por Bouteflika en 2004. Convertido en el hombre más poderoso del país, Gaïd Salah aprovechó entonces el golpe y la incertidumbre para denunciar un supuesto complot extranjero, impulsar una campaña de manos limpias y presentarse ante el pueblo como el adalid de la soñada renovación. Desde entonces, han sido encarcelados y acusados de corrupción empresarios próximos a la familia del mandatario como el multimillonario Ali Hadad, propietario del grupo mediático Djzair TV, con importantes inversiones en España, y varios miembros de la familia Kouninef, considerada mecenas de Bouteflika; opositores como la secretaria general del Partido de los Trabajadores, Louise Hanoun; altos mandos como el mismo general Tawfik, y los dos hombres que dirigieron el gobierno en la última década: Ouyahia -cuatro veces primer ministro- y Sellal. Una caza de brujas que ha revertido en contra del propio general, al que los manifestantes acusan de urdir una burda maniobra para proteger a sus socios y tratar de desvincularse de un régimen pervertido del que siempre ha sido pieza clave.

“No vamos a cejar hasta que todos se hayan ido, los argelinos nos merecemos un gobierno limpio que piense en el pueblo”, explica en su despacho de Argel el abogado y activista de los derechos humanos, Mustafa Bouchachi. Aunque el movimiento de protesta no tiene líderes visibles ni parece responder a la lógica de los partidos políticos, sino a un “espíritu popular festivo” en el que cada familia o colectivo actuaría de forma individual, lo cierto es que entre bambalinas se oculta un pulso por el poder y el control de la cresa cleptocracia argelina en el que pugnan con avieso sigilo una heterogénea casta de oligarcas y rasputines bajo la codiciosa y artera injerencia de Francia, antigua potencia colonial. Políticos como Abderrazak Makri, líder del Movimiento Social por la Paz (MPS), principal grupo de la oposición islamista tolerada, dirigentes anteriores al ascenso de Bouteflika como el exprimer ministro Ahmed Benbitour o el antiguo ministro de Comunicación y embajador de Argelia en España, Abdelaziz Rehabi, y un puñado de intelectuales independientes reunidos en la plataforma Mutawana (Ciudadanía), entre otros. “La meta es crear una Conferencia Nacional de la que salga un grupo de hombres íntegros, desligados del régimen, que enmiende la ley electoral y convoque unas elecciones verdaderamente libres”, explica uno de los inspiradores de la misteriosa organización, que prefiere no ser identificado. “No pararemos hasta lograrlo”, advierte.

Cuatro meses de tensiones después, ese riesgoso juego de tahúres comienza a perfilarse como una sólida amenaza para estabilidad del Mediterráneo, tanto en el plano político como en lo que respecta a la economía y la seguridad regional. Argelia zozobra en una preocupante irregularidad institucional que de momento contrarresta un Ejército solo en apariencia fuerte y cohesionado, al que el movimiento popular aún considera garante de la transición pese a desconfianza que genera su cúpula y la división que se atisba en su seno.

A principios de mayo, el Consejo Constitucional se vio obligado a suspender sine die las presidenciales después de que ninguno de los candidatos cumpliera con los requisitos para aspirar a la elección, una coyuntura no contemplada en la Carta Magna. A la incertidumbre política se agrega la parálisis económica, consecuencia de la reticencia del régimen a introducir en los últimos años un plan de reformas estructurales que recondujera su obsoleto sistema de tinte socialista plenamente dependiente del petróleo. Desde que en 2014 se desplomaran de forma abrupta los precios del crudo, el régimen argelino ha consumido más de la mitad de sus reservas de divisas -calculadas entonces en cerca de 180.000 millones de euros- en una estrategia fallida destinada a comprar la paz social, como hiciera durante las marchitadas primaveras árabes: convencido de que se trataba de una crisis coyuntural, le poivoir optó por mantener los costosos subsidios estatales a costa del tesoro público, descartando otras vías de financiación, como la deuda internacional, y obviando las transformaciones que exigía una país sin tejido industrial, condicionado por un sobredimensionado y empobrecido sector público, que importa la mayor parte de los productos que consume y cuya principal fuente de ingresos son el petróleo y el gas, productos que suponen el 95% de sus exportaciones. “El verdadero drama para los argelinos vendrá después, cuando el nuevo gobierno se vea obligado a imponer recortes y austeridad”, advierte un economista vinculado al Banco Mundial.

El tercer riesgo está ligado a la migración, la crisis climática y la seguridad en el área del Sahel, nueva frontera sur de la Unión Europea. Lindante con Mauritania, Mali, Níger, Libia y Túnez, a través de Argelia penetra una de las principales rutas de la emigración irregular a Europa. Llegada a la provincia central de Ouargla, allí se escinde en dos ramales: uno, tradicionalmente más activo, que se desvía a Libia, y otro que asciende hacia el norte de Marruecos. Un reparto que se ladeó hacia el oeste en 2018 después de que Italia blindara sus aguas y optara financiar la controvertida actividad de la turbia Guardia Costera libia.

Al flujo migratorio subsahariano -que según expertos internacionales se multiplicará la próxima década a causa del cambio en el clima- se añade el aumento gradual de la migración local. El coste del viaje -en torno a 4.500 euros- y la peligrosidad del mismo -en particular por las devoluciones en caliente- inducían hasta hace un año a la mayoría de los argelinos a buscar rutas alternativas a través de Libia o Marruecos. Sin embargo, 2018 fue testigo de incremento alarmante de los argelinos que eligieron la vía más directa, convirtiéndose en la segunda nacionalidad de los llegados a España. “Almería está a apenas 180 kilómetros de la costa argelina. Una sacudida el régimen, similar a la ocurrida en Libia, abocaría a España a una crisis migratoria sin precedentes”, advierte un informe de los servicios de Inteligencia españoles. Existen igualmente enorme preocupación por la fragilidad de la frontera sur, que linda con el área del Sahara en la se han consolidado nuevos grupos salafistas radicales de tendencia yihadista vinculados a organizaciones globales como el Estado Islámico o la red Al Qaida. El último cable de una bomba de relojería ausente del debate público europeo, pese a que hace tictac en el patio de atrás.

Javier Martín es corresponsal de la Agencia Efe en el Norte de África y autor de Estado Islámico, geopolítica del caos (Catarata).

[Este artículo ha sido publicado en el número 71 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

En septiembre 2017, el exministro libanés de Cultura Ghassam Saleme fue designado nuevo enviado especial de la ONU para Libia, el quinto desde que en 2011 la OTAN contribuyera de forma decisiva a la victoria de los diversos grupos rebeldes sobre la prolongada y estrambótica dictadura de Muamar al Gadafi. Diplomático sin experiencia, Saleme presentó apenas dos semanas después un candoroso plan de acción con el que pretendía convocar elecciones presidenciales y legislativas en un periodo solo de nueve meses y acabar así con la división política, el caos y la guerra civil que asuelan el país norteafricano desde los fallidos comicios de 2014. Un año después, la consulta popular es una quimera, y la fractura política y social, una herida aún profunda y sangrante en la que se ahoga el pueblo libio y en la que chapotean decenas de milicias y de mafias dedicadas al contrabando de armas, personas y combustible, el motor que ha reemplazado a su desaparecida economía.

“Nada ha cambiado en estos meses y nada cambiará a corto plazo. Las elecciones son una farsa, es imposible que todas las partes se pongan de acuerdo y acepten las mismas reglas, y menos a través de la ONU, en la que nadie confía”, se queja con amargura Munira, una joven periodista establecida en Bengazi, capital del este y segunda ciudad en importancia del país. Allí, el gobierno y la fuerza militar están bajo la tutela del controvertido mariscal Jalifa Hafter, un miembro de la golpista cúpula castrense que en 1969 aupó al poder a Al Gadafi. Traicionado años después por un dictador celoso de su emergente estrella, Hafter fue reclutado en la pasada década de 1980 por la CIA y se estableció en Virginia, muy cerca del cuartel general de los servicios de inteligencia norteamericanos en Langley, donde devino en uno de los principales opositores en el exilio. Retornó a Bengazi en marzo de 2011, apenas dos meses después del alzamiento, y cabildeó entre los rebeldes hasta lograr que el Parlamento en Tobruk, actual gobierno en el este de Libia, le designara jefe supremo del antiguo Ejército Regular Libio (LNA). “No creo que las elecciones sean la solución, mira la situación a la que nos han llevado las últimas”, coincide Khaled al Badr, periodista en la misma ciudad. “Hafter es ahora el más fuerte, aunque no lo suficiente para controlar el país. Sin él no hay solución política, y ya ha dejado clara su posición frente a los comicios al asegurar que Libia no está todavía madura para la democracia, idea que cada vez más gente comparte”.

Un pesimismo similar, aunque solo expresado en susurros, sobrevuela Trípoli. Allí está encastillado desde abril de 2016 el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), al que tutela la ONU, financian Estados Unidos y la Unión Europea y protegen potentes milicias de sustrato salafista. Fruto del proceso de diálogo forzado por el entonces enviado especial de Naciones Unidas, Bernardino León, en 2015, el Ejecutivo que lidera Fayez al Serraj no solo carece de legitimidad democrática; adolece igualmente de respaldo popular y apenas ejerce su autoridad más allá de la antigua capital gadafista. Desde que fuera engendrado, ni siquiera ha logrado uno de sus objetivos primordiales: mantener el control de la Compañía Nacional de Petróleo y Gas (NOC), organismo encargado que gestionar los beneficios generados por el oro negro. El lunes, al menos dos personas murieron y decenas más resultaron heridas en un asalto a la sede de la empresa en la capital llevado a cabo por hombres armados.

Las mayores reservas de África

Según el informe anual de la compañía británica BP para 2018, Libia posee las mayores reservas probadas de petróleo de África con cerca de 48.000 millones de barriles potenciales. La mayor parte de este patrimonio energético se concentra en el llamado golfo de Sirte, una inestable región en el noreste ahora bajo el frágil control de las tropas del mariscal Hafter. La zona es territorio del señor de la guerra Ibrahim Jadhram, líder de una de las milicias que combatieron a Al Gadafi en 2011 y actual jefe de la Fuerza de Protección de las Instalaciones Petroleras, una de miles de milicias que emergieron tras la revolución. Hombre de fidelidades cambiantes, Jadhram lanzó en junio (con respaldo de tácito de Trípoli) una ofensiva fallida para tratar de expulsar a las fuerzas de Hafter, que cuenta con el apoyo de Egipto, Arabia Saudí y Rusia. Apenas un mes después, sus hombres colaboran con los del mariscal para reducir la creciente amenaza en el área del renaciente Estado Islámico.  

El resto de las reservas se acumulan en una amplia franja de tierra que arranca en el extrarradio de Sebha, capital del sur de Libia, y desemboca en el puerto de Mellitah, próximo a Trípoli. Allí el control lo ejercen milicias nominalmente aliadas con el GNA, que paga los salarios. En los últimos años, varias de ellas han interrumpido por la fuerza de las armas el flujo de crudo para extorsionar a Trípoli y mejorar así sus condiciones. Las consecuencias de esta doble coyuntura se reflejan en la producción: en los momentos de tranquilidad, Libia apenas alcanza los 800.000 barriles diarios, la mitad que en tiempos de Al Gadafi y una ruina para un Estado en el que el petróleo y el gas suponen el 90% de los ingresos y el 95% de las exportaciones.      

Otras dos variantes más complican la ecuación: el enorme peso económico, político y militar que acaparan las ciudades-Estado de Misrata y Zintan y la arraigada presencia en Libia de los diversos grupos yihadistas presentes en todo el Sahel, desde la organización Estado Islámico (que ha comenzado a mudarse a la zona) hasta viejos actores radicales autóctonos como Ansar al Sahria, la organización de al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Boko Haram. Una reunión de los diferentes líderes fanáticos asentados en Libia y otros países del Sahel, liderada por Iyad Ghali, propició en 2017 la fundación del llamado Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), una nueva organización transnacional con estrechos vínculos y grandes ambiciones en la región que no solo amenaza al norte de África, sino que apunta a Europa. Servicios secretos árabes advierten de que el GSIM mantiene contacto directo con los grupos fanáticos próximos al Estado Islámico que combaten a Hafter en la ciudad de Derna, bastión del yihadismo en Libia. Pero también con las milicias que resisten en Bengazi y las células radicales que se recomponen en el suroeste del país.

Principal puerto comercial, Misrata es un elemento clave para la estabilidad de Libia. Enfrentada al mariscal Hafter, al que considera un criminal de guerra, su posición estratégica entre las dos principales ciudades en conflicto y su fuerza militar (apoyada desde Turquía) han evitado hasta la fecha que el mariscal haya alcanzado su anhelo de ocupar Trípoli. Fragmentada en diversas milicias, la mayoría salafistas, tampoco ha logrado un consenso para apoyar al GNA más allá de la breve alianza que mantuvo en 2016 para expulsar al Estado Islámico de la vecina Sirte. 

Disyuntiva perversa

Ausente el Estado, es el contrabando el que domina la economía nacional, y el verdadero nódulo del conflicto. Todo es objeto de comercio, incluidos servicios públicos como la electricidad y el agua corriente, un lujo para una población de apenas seis millones de habitantes en la nación potencialmente más rica del norte de África. Garantizarse un salario obliga a elegir en una disyuntiva perversa: alistarse en una milicia local o sumarse como peón a las redes de tráfico de armas, personas, combustible e incluso alimentos que enmarañan el país y extienden sus tentáculos en toda la región del Sahel. 

Las redes más visibles son aquellas que comercian con la miseria de los migrantes, en retroceso gracias a las maniobras de Italia, contrarias a los derechos humanos. Son las más rentables y arraigadas, aquellas por las que transitan las armas y el combustible, y que penetran incluso en Europa. Este negocio mueve miles de millones de euros de forma opaca y conforma el nudo gordiano de un avispero con múltiples aristas e intereses, casi todos económicos. “Nunca se ha abordado de forma seria la cuestión del desarme de las milicias, y es esencial”, insiste Essam, un activista que prefiere mantenerse en el anonimato por razones de seguridad. “Las milicias y el contrabando siempre han existido, incluso antes de Al Gadafi. La diferencia es que él lo controlaba con mano de hierro”, subraya. Un puño que años después de ser amputado, muchos libios dicen tristemente empezar a añorar.

Javier Martín es corresponsal de la Agencia Efe en el Norte de África y autor de Estado Islámico, geopolítica del caos (Catarata).

[Este artículo ha sido publicado en el número 61 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

En enero de 2011, y ante el estupor de la opinión pública mundial, una marea de protestas populares sirvió para abatir, en apenas dos semanas, la cruel dictadura del tunecino Zinedin el Abedin Ben Ali, uno de esos tiranos a los que Occidente siempre observó con indulgencia. Cansados de la represión, la pobreza, la corrupción y la falta de horizontes, miles de ciudadanos tomaron las calles con un único y atronador grito —“democracia, libertad y justicia social”—, que repitieron sin descanso hasta que el déspota, abandonado por sus propios aliados políticos, decidió huir a Arabia Saudí.

Siete años después, el primero de aquellos anhelos es casi una realidad. Formalmente, Túnez es a día de hoy un Estado democrático imperfecto, como la gran mayoría. Se ha dotado de una nueva Carta Magna, considerada la más avanzada del norte de África y del mundo árabe musulmán. Aunque todavía carece de un Tribunal Constitucional que vigile y frene la tendencia al neocesarismo imperante en las naciones que se asomaron las primaveras árabes, tanto su presidente, el anciano Beji Caïd Essebsi, como su Parlamento han sido elegidos por sufragio universal tras superar en 2014 una crisis política que casi hace descarrilar su todavía endeble transición. 

Las libertades han aumentado en el país norteafricano colocándolo a la cabeza entre sus pares y acortando la distancia con los Estados de derecho consolidados, aunque el camino por recorrer es todavía considerable. La tortura es aún una práctica común en ciertas comisarías, no se han abrogado las leyes que condenan la homosexualidad, y aunque el estatuto de la mujer es uno de los más modernos del sur del Mediterráneo, falla demasiado en cuestiones como la igualdad, el respeto y la violencia de género. 

Los atentados yihadistas de 2015 —que sumieron a Túnez en una segunda crisis, esta vez social y económica, que aún perdura—, revirtieron la tendencia e impulsaron un triste y peligroso retroceso en algunos derechos ganados tras la revuelta. Túnez vuelve a vivir en permanente estado de emergencia, un estatus de seguridad supuestamente provisional que desde entonces se renueva cada tres meses. Se han multiplicado los arrestos indiscriminados, se han limitado las libertades de opinión y reunión y han resurgido resortes viciados de la dictadura, como la intimidación y la persecución de activistas e intelectuales, principalmente progresistas.

Enero caliente

Las movilizaciones, huelgas y otras medidas de protesta se suceden desde el pasado año, pero se tornaron más virulentas en enero, una semana antes del séptimo aniversario del triunfo de la revolución, azuzadas por la efeméride misma y la muerte de un manifestante a manos de la policía en un área rural empobrecida próxima a la capital. Este retorno de la violencia nocturna y de las marchas pacíficas diurnas ha recuperado para el debate público una pregunta que se bisbisea en cafés y círculos de amigos: ¿está Túnez al borde de una segunda revolución? 

“Desde luego, claro que habrá una nueva revolución si es necesario”, explica Ayoub Jaoudadi, portavoz del colectivo No Olvidamos, No Perdonamos, uno de los más activos de la sociedad civil. En la misma línea se pronuncia Massoud Romdhani, presidente del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), quien recuerda que la revolución comenzó en las regiones interiores, hartas de que el régimen de Ben Ali favoreciera la corrupción y e ignorase a una población castigada por la pobreza, el desempleo y la falta de infraestructuras. “Esas zonas sienten que los efectos de la revolución a la que prestaron la sangre no le han llegado y tienen por ello un sentimiento de rencor y venganza. No hay un dolor tan agudo como el de sentir que uno no tiene futuro en su propio país y que todo lo que ha hecho no sirve para nada”, afirma Romdhani. “Ahora se suele oír en la calle: ‘en tiempos de Ben Ali se vivía mejor’. Túnez vive una situación económica catastrófica y los sucesivos gobiernos no han logrado rectificar el tiro”, agrega el activista, convencido de que la agitación social seguirá y puede llegar a más.

La amenaza del yihadismo

Ello dependerá, quizá, de lo que aguante el único dique que se proyecta firme. Si la situación económica y social es similar a la que desató la Revolución del Jazmín, la política es completamente distinta. Ni a la comunidad internacional, ni al Gobierno que lidera el partido Nidaá Tunis, ni a sus socios de Ennhada les interesa un terremoto de indignación popular como el que se desató en 2011. A los dos primeros por la amenaza que supone el yihadismo, agazapado en la vecina Libia y activo en las áreas del suroeste tunecino. A los islamistas, el movimiento con más capacidad aún de movilización callejera, por cálculo estratégico. Primera fuerza en el Parlamento, una posible victoria en las elecciones municipales de mayo próximo —en las que parte como favorito— le dotaría de poder territorial y le colocaría en una posición de privilegio de cara a la presidenciales y legislativas de 2019. 

La justicia social representa la gran asignatura pendiente, el fracaso colosal que amenaza con arruinar de forma definitiva la única estructura democratizadora que ha sobrevivido al huracán contrarrevolucionario que en 2012 desataron potencias regionales regresivas, retrógradas y ultraconservadoras como Arabia Saudí. Sumida en una grave crisis económica, con las arcas vacías y las lacras económicas sin resolver, tan vivas como en tiempos de la dictadura —en particular la corrupción y el paro juvenil—, el país se sostiene en un alambre tan fino como el que se rompió aquel invierno de 2011. 

“En el terreno político, los avances son significativos, no hay duda”, admite un alto cargo de la Unión Europea. “Pero en el terreno económico se han perdido siete años en los que no se han esforzado en cambiar un sistema económico desastroso. Ya ahora se encuentran en una situación límite”, agrega el responsable, que prefiere no ser identificado. “La gente brama ahora de nuevo en las calles, se queja de las políticas de austeridad, y arremete contra la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque exigen recortes y reformas”.

El FMI concedió en 2016 un préstamo a Túnez de unos 2.500 millones de euros, a devolver en un plazo de cuatro años. A cambio, exigió una serie de ajustes y reformas encaminadas a mejorar la macroeconomía, y en particular a atajar el desequilibrio presupuestario y reducir el déficit, talón de Aquiles de un sistema económico frágil, hijo del antiguo socialismo árabe, de raíces soviéticas, reticente a la inversión privada, sostenido en la explotación de fosfatos y el sector servicios, en particular el turismo, y de carácter paternalista. El Estado sigue siendo uno de los principales empleadores y los subsidios, el maná que durante décadas garantizó la paz social. 

“Tras la revolución la situación se ha vuelto muy complicada, sobre todo en el tema económico y financiero, porque no hay un crecimiento como aquel al que estábamos acostumbrados y los ataques terroristas han arruinado la economía nacional”, explica Kais Fekih, profesor del Instituto de Altos Estudios Comerciales de Cartago. El Tesoro está agotado y el Gobierno ha aumentado los impuestos de forma generalizada, sin explorar otras medidas alternativas.  “La carga impositiva se ha puesto sobre los hombros de la clase media, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, en vez del capital”, explica la fuente europea. Y aunque de momento se mantienen los subsidios, Fekih cree que es una cuestión de tiempo que los más desfavorecidos se vean también afectados. “Se ha producido una inflación y un aumento de los precios, y eso ha desatado las manifestaciones”, apunta. “No hay un aumento de los productos de primera necesidad, pero llegará porque la economía es una cadena en la que todo está relacionado”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 55 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Un día de mayo de 2006, el diario iraquí Az Zaman abría sus páginas con un titular impactante: “Irak es víctima del mayor robo de su producción petrolera en la historia moderna”. Una gruesa denuncia que el periódico fundamentaba en dos razones: la primera, el fraude cometido con los medidores de crudo en las terminales de Basora y Jawr al Amaya, en el sur del país, por las que sale más del 75% del petróleo nacional. La segunda, la apropiación por parte de las nuevas autoridades chíies de los canales y sistemas de contrabando que Uday Husein, el hijo más cruel y excéntrico de Sadam Husein, había usado para vender productos petroleros ilegales durante los seis años que duró el polémico programa de la ONU 'Petróleo por alimentos'.

Según cifras de medios iraquíes y revistas estadounidenses especializadas, cerca de 3.000 millones de dólares se facturaban por esa vía alternativa al año. Alrededor de 1.000 millones más de los que metía Uday en las arcas de su padre. H. C. von Sponeck, uno de los coordinadores del citado programa de la ONU, sacó en 2007 un libro ('Autopsia a Irak', Ediciones del Oriente y el Mediterráneo) en el que aseguraba que el régimen baazista ganaba unos 2.000 millones de dólares anuales con el silencio cómplice de los inspectores y de compañías occidentales que regateaban las sanciones. Más de una década después, aquellas redes de contrabando ideadas por Sadam siguen activas: unas, de la mano de políticos y comerciantes corruptos afines al Gobierno chií de Bagdad; otras, contribuyendo a la financiación y el fortalecimiento del Estado Islámico (EI).

En 2007, el dedo acusador señalaba a las multinacionales estadounidenses Halliburton y Parsons, cuya implantación en Irak data de la década de los sesenta, cuando Bagdad era aliado de Washington. A ambas empresas, la autoridad provisional instalada por la Casa Blanca tras la caída del dictador les había concedido, en un proceso opaco, la gestión de los campos y los puertos petroleros. Una de sus primeras tareas consistía en calibrar los citados contadores, un proyecto fácil en teoría, que cuatro años después no habían puesto en marcha.

En las aguas que rodean Basora, a orillas de la estrecha desembocadura del Éufrates y el Tigris que separa a Irak de Irán, barcos de pesca sin redes salían al amanecer y regresaban al atardecer, tras haber pululado entre los superpetroleros, con un fuerte olor a crudo en sus bodegas. “El contrabando de petróleo es tan viejo como el mismo petróleo en todo el golfo Pérsico”, explica un miembro de los servicios secretos árabes que trabaja en la zona. No sólo a través de la venta ilegal con pesqueros; también con albaranes falsos en los que la cantidad de la carga está miles de barriles por debajo de la realidad. “Sin contadores bien calibrados es fácil”, agrega un empresario del sector que trabajó en la zona. Aún hoy es moneda común, coinciden ambas fuentes, que piden el anonimato por motivos de seguridad.

Técnicas similares se utilizaban para el contrabando en el norte. Desde hace décadas, el petróleo y sus derivados han circulado a través de las porosas fronteras con Siria, Jordania, Turquía e Irán, incluso durante la primera guerra del Golfo (1980-1988). La situación se agravó con la caída de Sadam en 2003 y, sobre todo, con el error mayúsculo cometido por EE UU al desmantelar el Ejército y la Administración del partido Baaz. En aquellos años, para un periodista viajar por el país significaba confiar en chóferes que se levantaban al alba para fajarse en el mercado negro: si estaban bien pagados y eran honestos, compraban gasolina roja iraní, la mejor pero también la más cara. Si no, adquirían la de Al Dura, al sur de Bagdad, amarilla y algo más barata; quienes regateaban con el combustible elegían la transparente, procedente de Beiji. Comprarla en los surtidores locales suponía horas de cola.

Funcionarios corruptos

El tráfico circulaba en ambas direcciones. El crudo salía puro rumbo a Irán y regresaba refinado. Los traficantes eran pequeños comerciantes que a veces no tenían más que un camión cisterna, que llenaban y vendían al mejor postor. O bandas organizadas que vaciaban los depósitos a través de grifos ilegales instalados por los funcionarios corruptos del régimen. Niños en bicicletas o motocicletas, burros derrengados y coches particulares cruzaban cualquier frontera. “Ese contrabando fue una de las principales formas de financiación de la insurgencia” que estalló en 2003, explica el agente. “Enseguida hubo un entendimiento entre los antiguos baazistas y grupos como Al Qaida”, agrega. En marzo de 2007, el diario 'The Wall Street Journal' informó de la misión 'Manos limpias', lanzada por la 82 División Aerotransportada, para conquistar la refinería de Beiji, en la provincia suní de Salahadin, a unos 250 kilómetros al norte de Bagdad.

Beiji, ubicada casi a la misma distancia de Mosul, capital yihadista en Irak, fue asaltada por las tropas del EI en 2013, y recuperada en junio de 2014 por el Ejército iraquí. En la batalla, que duró semanas, también tomaron parte las Unidades de Movilización Popular, una poderosa milicia de voluntarios chiíes vinculada a Irán que también expulsó a las huestes del califa del yacimiento de Ayil, pequeño pero importante para las finanzas de los fanáticos (producía entonces unos 10.000 barriles diarios). Pocos meses antes, fuerzas kurdas habían retomado el control de uno de los campos que componen el gran yacimiento de Kirkuk, capital petrolera del norte de Irak. Los peshmerga (milicianos kurdos), apoyados por la aviación de EE UU, expulsaron a los secuaces de Abu Bakr el Baghdadi horas después de que éstos asaltaran la instalación y secuestraran a 24 trabajadores. Fueron tres contundentes golpes a la estrategia del EI, que en los meses previos había logrado avanzar sin apenas oposición en la mayor parte de las provincias suníes de Irak y el este de la vecina Siria.

Calidad variable

Aunque el EI destina la mayor parte de su producción de crudo al consumo interno, también se beneficia de esa red ilegal que heredó de la insurgencia y Al Qaida. La organización yihadista controla la mayor parte de los yacimientos petroleros de Siria, en particular los que saltean la región de Deir Ezzor, que producen unos 30.000 barriles al día. También domina el yacimiento de Qayyara, vecino de Mosul, que genera cerca de 8.000 barriles diarios de crudo pesado. La calidad es variable, y por ello el precio varía, según los expertos, el EI vendería su producto a entre 20 y 30 euros la unidad en el mercado local, e incluso más bajo que el de contrabando.

Este último ha sufrido un retroceso en los últimos meses debido a los bombardeos de Estados Unidos y la caída del precio del barril. El sistema es el mismo que en tiempos de Sadam Husein: quien tiene un camión cisterna se acerca al yacimiento o a la refinería y hace cola para llenar. Después, parte en busca de clientes. Las largas filas eran un objetivo fácil para los cazabombarderos norteamericanos y franceses; según fuentes de inteligencia occidentales, quienes gestionan ahora esas instalaciones han establecido un sistema de turnos para evitar esperas.

El producto llega igualmente a pequeños comerciantes que lo distribuyen en todas direcciones. La mayor parte se destina al parque móvil de las milicias y grupos que componen las huestes de califa, señores de la guerra que tienen sus propios negocios y necesitan gasolina para sus vehículos. Otra porción acaba, a través de intermediarios, en las propias fuerzas armadas sirias e incluso en los grupos de oposición, tanto islamistas como laicos, que tienen difícil acceso al mercado regular o que prefieren abaratar costes. Y una parte menor sale a través de la frontera con Turquía, en burros, sobre la cabeza de adolescentes o través de tuberías pirata, como se hacía en tiempos del programa 'Petróleo por alimentos'. En muchas ocasiones son los mismos funcionarios de Sadam los que promueven el tráfico, y las mismas familias de aquel tiempo las que lo transportan, asidas por generaciones a un negocio tan tradicional como lucrativo.

*Javier Martín es delegado de la Agencia EFE en Túnez y autor de 'Estado Islámico. Geopolítica del caos', publicado por la editorial Catarata.Javier Martín

[Este artículo ha sido publicado en el número de febrero de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Reclinada sobre un confortable sillón de orejas beige, Basma bint Saud asemeja una más de las miles de mujeres emprendedoras que habitan los barrios acomodados de Londres. Morena, de mirada profunda y rasgos equilibrados, maneja diversas inver­siones y desde hace unos meses brega por establecer una cadena de restaurantes en el centro de una de las principales capitales financieras de Europa. Apenas exhibe joyas, más allá de un par de anillos de oro y un amplio brazalete repujado, y solo un elegante pantalón y una camisa de alta costura certifican un estatus social elevado. Hace más de una hora que el mediodía se ha descolgado en los relojes, y en el amplio ventanal de su adosado, recién adquirido en el barrio occidental de Acton, un manojo de rayos de sol quiebra la plúmbea monotonía matutina.

“Perdone que le haya hecho esperar”, dice a modo de salu­do mientras deposita el teléfono móvil sobre una mesilla tara­ ceada y alarga un pequeño cuenco con dátiles. “Como debe saber, hoy es viernes y acudimos a rezar a la mezquita. Son sau­díes, los mejores dátiles del mundo”, explica. Su sencillez —ajena a cualquier tipo de protocolo—, la cercanía y la afabili­ dad en el trato sorprenden. Más cuando quien comparte con ella un pedazo de su ajetreado tiempo sabe que se trata de una alteza real, la última hija del segundo monarca de Arabia Saudí y actual azote, aunque moderado, del régimen que dirige su tío, el rey Abdulá ibn Abdulaziz. “Es verdad que tenemos muy mala imagen”, admite entre risas. “Allí donde vayas, la gente tiene una idea completamente diferente de cómo son los saudíes. Creo que, al contrario de otros como Qatar, carecemos de una buena estrategia de marketing y promoción de marca. Ellos tienen su imagen, tiene a Al Yazira con el que muestran la idea de aquí esta­ mos los árabes modernos, no somos terroristas... pero en reali­ dad compartimos los mismos problemas, no es más que una cuestión de propaganda”, afirma la princesa, fundadora de la organización humanitaria Lanterns United Global, con la que difunde su lucha por la igualdad de género, la educación y los derechos en todos los rincones del mundo. Su activismo la ha llevado incluso a asomarse a la frontera entre Turquía y Siria para enviar ayuda médica a este último país, en el que habitó durante años.

Columnista, además de activa bloguera y empresaria, su natural empatía la impulsa a preguntar por la crítica situación de Europa, y de España en particular, antes de iniciar una cálida conversación en torno al llamado “nuevo despertar árabe” y a las posibles repercusiones que este incipiente movimiento de protesta social pueda tener en Oriente Medio. Desde su pers­pectiva, la ola de inestabilidad y cambios que agita la zona desde 2011 es, en realidad, uno de los muchos tentáculos de un pro­blema global que tiene su raíz en el hundimiento del actual sistema capitalista y en la marginación de los principios huma­nistas, y que en Arabia Saudí se ha visto acuciado, además, por la pervivencia de un sistema educativo precario, insolidario y obsoleto. “Nadie es inmune a los vientos de cambio que soplan en las naciones árabes”, afirma, elevando por un instante su educado tono de voz. “A lo largo de la historia, ha habido muchos reyes que han fracasado, muchos imperios que han desaparecido. ¿Por qué?”, se pregunta. “Porque sus súbditos dejaron de quererles, porque perdieron el contacto con la rea­ lidad, no cambiaron, no evolucionaron junto a la gente que vivía a su alrededor. Los otomanos, el califato islámico, los cristianos, los romanos, los fenicios... todos cayeron porque no se adaptaron, porque se encerraron en sus mundos”, se res­ ponde a sí misma antes de subrayar que, en su opinión —com­ partida por numerosos expertos en la zona—, la agitación que estalló en 2011 en buena parte de los países árabes no fue en verdad una primavera, “sino más bien un tórrido verano” de consecuencias impredecibles. “Es un problema global, un momento de cambio en la historia que debe ser aprovechado. Todo el planeta hace frente a los mismos problemas aunque de manera diferente. El mundo árabe debe cambiar sus sistemas porque esos sistemas ya no funcionan. En Europa los sistemas funcionan, pero no sus pueblos, y Estados Unidos, que solía ser el país democrático por excelencia, es ahora el más hipócrita”, argumenta. “El mundo entero se colapsa por un solo y único error, el sistema monetario. Esa es la lección que debemos aprender, eso es lo que nos debe llevar a reciclar la historia, pero no solo en Arabia Saudí. Formamos parte del mundo a pesar de que nos vistamos de forma diferente o nos goberne­mos de manera diferente”, insiste.

La calculada franqueza de su discurso, que difunde a través de sus artículos en distintos medios de comunicación árabes, su extensa actividad en las redes sociales —tiene más de 25.000 se­ guidores en Facebook—, y su estilo de vida —extremadamente liberal para los usos de la sociedad saudí, donde la mujer sigue relegada a un papel secundario— le han granjeado la animad­ versión de la clase política y la reprobación de la casta religiosa. Divorciada, con 47 años de edad y cinco hijos, la nieta del fun­dador de Arabia Saudí denuncia sin tapujos la corrupción y las distintas violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario en su país, uno de los más retrógrados y herméticos de la tierra. Critica con saña la pobreza y las desigualdades socia­ les, que achaca a la ineficaz gestión de los responsables de rango medio —“el problema proviene de los ministros y los funcionarios que son incapaces de cumplir con lo que se les ordena”—, y ataca con voracidad el extremismo, que considera fruto de la mediocridad e incluso de la ignorancia de los clérigos, “esos que pretenden practicar el islam a través del terrorismo hacen una interpretación errónea y ese ejército de religiosos lo está utilizando de una manera completamen­ te distorsionada [...] El Corán nos envía un mensaje de cono­ cimiento y ¿qué hacemos con eso? Lo que yo percibo es un mensaje completamente diferente y opuesto a lo que el islam representa. Habla de misericordia, habla de igualdad, habla de soluciones negociadas, habla de tolerancia, habla de hu­ manismo, y lo que yo percibo de esa legión de religiosos, no de los religiosos en el poder, es un mensaje totalmente dife­rente”, denuncia.

Su censura solo se atempera cuando el análisis aborda la eventual responsabilidad de la familia real, y en particular la de sus tíos, el propio rey Abdulá y el que fuera príncipe here­ dero, Nayef (muerto escasos meses después de la entrevista), a los que se afana en defender. Niega que sea una rebelde y que su estancia en Londres, donde pasó parte de su adoles­ cencia, sea fruto de un exilio sugerido. “Cuando comencé a hablar, todo el mundo se enfadó —admite—. Pero entonces les respondí: hablo porque amo a mi país, hablo porque, sí, soy una princesa y todo el mundo cree que debo permanecer callada, pero no, mi deber es contar lo que está ocurriendo, tratar de arrojar luz sobre los problemas, y si puedo contri­buir a la respuesta, entonces, por qué no. Puedo ponerme un velo, puedo cubrirme la cabeza, puedo vestirme como usted quiera, pero ese no es el problema. El problema es que en el Gobierno deben estar las personas que aman el país, y no los hipócritas... deseo que el reino tenga estabilidad, que esté unido, pero también quiero igualdad y todo lo demás para mi país... habrá ricos, pobres, clase media, habrá científicos, hombres de negocios, y todos deberán ser iguales en dere­chos. Yo soy princesa, tú eres un ciudadano, él será lo que sea... pero todos iguales ante la ley, con igualdad y transpa­rencia”, asegura antes de abogar por la educación como único antídoto para curar la crisis social y espiritual que padecen tanto Arabia Saudí como el resto del mundo árabe desde que arrancó la presente centuria.

En la tierra de Alá

Cinco mil kilómetros más al este, en la tierra que Alá bendijo con el sello de los profetas y la cornucopia del petróleo, simila­ res llamadas a la reforma —aunque con mayor acritud— surcan de nuevo las bituminosas arenas desde que en diciembre de 2010 un movimiento de protesta popular, hijo de la indigna­ ción y el desespero, derribó en Túnez una de las dictaduras más crueles del norte de África. Un cataclismo político inusitado, nacido del hartazgo y el coraje, que prendió la mecha de una rebelión vírica, larvada desde el inicio del siglo XXI en la mayo­ ría de los países árabes, y que en cuestión de meses se ha pro­pagado con celeridad y diferente impacto a lo largo de Oriente Medio y el Magreb. La precipitada e inesperada huida del pre­sidente tunecino Zine al Abidin bin Alí, quien halló refugio precisamente en territorio saudí, y la agónica y humillante caída de su colega egipcio Hosni Mubarak, derrocado frente a las cámaras de televisión por su propio Ejército —que supo aprovechar la inercia generada por la algarada tunecina para enmascarar una asonada en la que trabajaba desde hacía años— espolearon también a los jóvenes y a los grupos liberales sau­ díes que, al igual que sus colegas de otros estados de la región, luchan desde hace al menos una década por cambiar las diná­micas de sus anquilosadas y represivas sociedades. Un combate dispar en el que han tenido que hacer frente a dos enemigos igualmente feroces y enconados: sus propios regímenes poli­ciales y el silencio de los Gobiernos occidentales, más preocu­pados por conservar sus intereses y el statu quo en la zona que de respaldar sin ambages un proceso de transformación que ahora dicen aplaudir, aunque sin grandes alharacas y sí con muchas reticencias. “Arabia Saudí ha quedado de momento ca­si indemne gracias a una eficaz combinación de potencial eco­ nómico y represión cruel y efectiva, pero los problemas estruc­turales siguen ahí, y son los mismos que padecen naciones como Egipto o Túnez”, explica Haizam Mohsin, periodista saudí y uno de los muchos blogueros que ejercen la oposición bajo pseudónimo en la red para preservar su seguridad.

“Pobreza, paro, inseguridad, extremismo, brechas sociales y frus­tración, sobre todo mucha frustración entre una población joven y mejor educada, que se multiplica día a día, y que debe hacer frente a una casta dirigente envejecida y corrupta, a la que cada vez le cuesta más contactar con sus súbditos. Una auténtica bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento”, resume.

Y es que, 80 años después de su fundación, Arabia Saudí, uno de los estados más influyentes y peor conocidos de Oriente Medio, se halla atrapado en una encrucijada que atormenta su presente y proyecta negras sombras sobre su futuro. Situado en el centro geográfico del golfo Pérsico, es aún el principal productor y exportador de crudo del mundo. Bajo su subsuelo, los expertos creen que se esconden las mayores reservas probadas de petróleo mundiales. Algunos de sus príncipes y princesas, que suman unos 15.000 según censos no oficiales, especulan con ingentes canti­dades de dinero en las bolsas de Nueva York y Londres, y hacen gala de una vida de excesos que les otorga poder e influencia en numerosas cancillerías y en los principales centros de negocios del planeta. Sus dirigentes se desplazan por todo el mundo en lujosas caravanas que mueven millones de dólares y en casi todos los rincones les reciben con alfombras rojas, pese a que su país aparece en los primeros puestos de las listas de estados que violan sistemáticamente los derechos humanos. Igual pasean su aire prepotente en los jardines de la Casa Blanca como se acomodan en las austeras paredes de Downing Street o las regias estancias del Palacio de la Zarzuela. Invierten mucho, gastan más y hacen acto de contrición financiando la construcción por todo el orbe de mezquitas que predican el wahabismo, una de las interpretacio­nes más intransigentes, regresivas y fanáticas del islam. Nadie osa molestarles pese a que en su país está prohibido levantar iglesias y erigir cruces.

La oposición está silenciada y las cárceles, plagadas de activistas de todo tipo sometidos a torturas. Agentes armados con porras apalean en plena calle a aquellos que no están en la mezquita a la hora del rezo y molestan a las mujeres que a sus ojos se comportan de forma indecente. Hombres y mujeres están segregados por razón de sexo en la vida pública e incluso pueden ser detenidos si interactúan “de manera sospechosa” en la calle o un centro comercial. La censura está extendida y las mujeres ni siquiera tienen derecho a decidir por sí mismas si quieren salir solas de casa, viajar al extranjero o conducir. El robo a mano armada, la violación, el asesinato y la brujería están pena­dos con la muerte por decapitación. Delitos menores se castigan con la amputación de extremidades. Como en tiempos de la Revolución francesa, casi cada semana decenas de personas se congregan en torno a un patíbulo para disfrutar de la pericia del verdugo con la espada. En ciertas escuelas y mezquitas, clérigos de luengas barbas enseñan una versión retrógrada e intransigente del islam. De algunas de sus aulas, y de las de las cientos de madrasas que han subvencionado en Oriente Medio, Asia Central y las regiones del océano Índico, han salido decenas de suicidas y de apóstoles de la intolerancia. Quince de los diecinueve terroris­ tas que supuestamente perpetraron la masacre del 11 de septiem­ bre de 2001 en Washington y Nueva York portaban pasaporte saudí. Otros muchos han segado cientos de vidas en Oriente Medio, Pakistán, Afganistán, Chechenia o el Sahel en nombre de ideologías surgidas del wahabismo más extremo, una doctrina que algunos musulmanes consideran rayana con la herejía.

A esta tenebrosa pintura se ha sumado, en la última década, el surgimiento de problemas sociales y económicos nuevos, propios de una sociedad dinámica y capitalista, pero rehén del petróleo, las contradicciones sociales y los rigorismos religiosos, que no ha sido capaz de asumir con naturalidad su vertiginoso tránsito a la modernidad. En apenas siete décadas, este pedazo del desierto incrustado en la exuberancia de Oriente Medio ha evolucionado desde un modelo de explotación elemental, asido a la espartana vida del desierto y a una economía de subsistencia vinculada a la limitada producción agrícola de los oasis, el pastoreo y el comercio básico, hasta un esquema de sociedad urbanizada y consumista, de grandes negocios y centros comerciales que ha agudizado las dife­rencias económicas y ha creado millones de parias. Donde hace apenas 60 años había explotaciones datileras, caminos empolva­dos y austeras casas de adobe ahora descuellan imponentes rasca­cielos, espectaculares autopistas plagadas de miles de vehículos y centros financieros en los que se cierran millonarias transaccio­nes con todos los rincones de la Tierra. Los sobrios mercados que los primeros viajeros occidentales describen en sus escritos han sido devorados por grandes superficies comerciales, profusamen­te surtidas, en las que los nuevos saudíes, criados en la era de la abundancia, pueden abocarse al consumo abusivo como se hace en el resto del planeta. Incluso el pausado ritmo que impone el desierto ha sido alterado por la frenética ansiedad de una sociedad con síntomas de esquizofrenia, atrapada en la titánica tarea de conciliar su arraigada tradición religiosa y la ineludible evolución que ha transformado sus estructuras, pero que todavía no ha sido capaz de cambiar las mentalidades.

La celeridad y el dramatismo del cambio en un periodo tan estrecho de tiempo han dejado un reguero de cadáveres sobre el terreno. Al igual que en Occidente, a la sombra de los ciclópeos edificios y las desmesuradas fortunas han surgido también barrios chabolistas, aldeas de adobe y plástico pobladas por campesinos y ganaderos olvidados, depauperados, que han emi­grado a las grandes urbes en busca de un futuro que se les niega en sus lugares de procedencia. A escasos kilómetros de los sun­tuosos palacetes y las vistosas urbanizaciones para extranje­ros —en los que la vida se arrellana en una burbuja de confort— existen kilómetros de arrabal en los que el asfalto es un sueño y la luz y el agua, un lujo al alcance de los más privilegiados en un país escaso de ciertos recursos, que depende en gran parte de costosas desalinizadoras. Internet es allí una quimera acunada en destartalados cafés permanentemente vigilados por la mutawanna, la peculiar y anacrónica policía saudí encargada de defender —e imponer— la estricta moral que defiende la geron­tocracia religiosa del reino.

La imagen es la de una pirámide descompensada, cuya base está formada por un amplísimo sustrato de familias de las clases más bajas, muchas de las cuales viven con un puñado de dólares al día. Un tronco estrecho y delgado integrado por una burguesía media asfixiada, pero mejor instruida y con mayores ambiciones sociales que sus antepasados, que soporta los embates de la crisis y paga con esfuerzo y sin recompensa las gabelas del sistema capitalista. Y un piramidón dorado, que descansa su tonelaje sobre el resto de la estructura y se nutre de ella, compuesto por una plutocracia oligárquica que en el mejor de los casos vive de espaldas a aquellos que en realidad la sos­tienen. “La gente pobre tiene problemas más acuciantes, como por ejemplo buscar comida, que conectarse a Internet, manejar Facebook, etc. Toda esa actividad que vemos (en la red) no alcanza siquiera el 30 por ciento de la población”, explica la princesa Basma, antes de desmontar el mito de unas sociedades árabes altamente avanzadas, tecnológicamente vanguardistas y políticamente concienciadas que un revoltijo de activistas y opositores ha logrado infiltrar en Occidente a través de la gran malla mundial. Es cierto que existe un vibrante movimiento reformador, pero como en el resto de países de la región se limita a un sector restringido —y en la mayoría de los casos minoritario— de la población. “El resto de la gente no está en esta cuestión, no está en las redes socia­les, no está en el activismo, no está en Internet, ni siquiera está en el mundo. Únicamente pueden luchar cada día por ganarse la vida, ganarse el pan y poder vivir de una manera respetable o intentando buscar trabajo. No tienen tiempo para saber cómo se maneja [Internet] y ni siquiera tienen te­levisión”, explica frente a una antiguo baúl convertido en am­ plia mesa de madera.

“La pintura no es tan negativa”, sonríe al otro lado de la pantalla Haizam Mohsin. “Se han dado pasos hacia la refor­ma, es verdad que insuficientes y en gran parte cosméticos, pero al menos algo se mueve en un régimen tan anciano” que tiene que hacer frente a problemas tan variopintos como la explosión de la natalidad, el cambio de modelo energético, la debilidad de su sistema educativo y la revolución política e ideológica que experimenta la región. En algunos avanza con éxito: en los últimos años, Arabia Saudí ha emprendido un plan para invertir 100.000 millones de dólares en energías renovables y convertirse así en el mayor centro de pro­ducción y distribución de penales fotovoltáicos. En un país con 365 días de inclemente sol, el objetivo es generar, antes de 2030, unos 14.000 megawatios solares (el equivalente a 14 reac­tores nucleares) para reducir el consumo interno de petróleo, destinar más crudo al mercado exterior y satisfacer la creciente demanda de la población. Además, ha diversificado sus inversio­nes, promovido la industria nacional para mermar la dependen­cia externa y ampliado su cartera de clientes, con China por vez primera como su mayor comprador de oro negro, por delante de Estados Unidos. En otros, sin embargo, planea el fracaso. El incontrolado crecimiento demográfico —en apenas 20 años ha pasado de 10 a 27 millones de habitantes— ha disparado las des­igualdades sociales y menoscabado la capacidad del estado para combatir problemas como el paro y la falta de recursos y alicientes de una sociedad joven y con un intenso sentimiento de frustra­ción. En la misma línea, las dramáticas transformaciones políti­cas en países hermanos como Egipto, Túnez e incluso Siria han sembrado mayor incertidumbre en el seno de una familia real que esconde sus profundas discrepancias, consciente de que su legiti­midad aún reside en el apoyo que le brinda la casta clerical y en su marchamo de bruñidor de la unidad del reino. Al borde de un cambio generacional que se perfila tan complejo como crucial, su mayor preocupación es que esas divergencias terminen de saltar la barrera del palacio, se asienten en el debate público y desenca­denen una división que mine su autoridad y segmente el país. “Naturalmente, es posible que una combinación de incompeten­cia real, intrigas domésticas, presión externa, sentimientos popu­lares y fracasos económicos puedan acabar con la monarquía, como muchos críticos predicen con frecuencia, pero no hay razón alguna para asumir que vaya a ocurrir”, explica el periodista nor­teamericano Thomas W. Lippman, antiguo director de la corres­ponsalía de The Washington Post en Oriente Medio. “Sus dirigentes son ricos, fuertes, hábiles y están bien protegidos por Estados Unidos. Hacen frente a inmensos retos sociales y económicos, pero ha sido así desde que el reino se fundara. Para lo bueno y lo malo, el mundo debe asumir que la Casa de Al Saud permanecerá —siempre que los ingresos del petróleo sigan fluyendo hacia sus cofres—”, agrega. Una afirmación que, dada la actual agitación regional, quizá merezca ser matizada.