El Gobierno de Canarias tiene la pelota en su tejado, y para bajarla tampoco hace falta un acto público de contrición ni hacerse el harakiri en la Plaza Weyler, o en la Plaza Santa Ana, que lo mismo daría. No hace falta pasar por ningún acto que implique renegar de sus convicciones, para con ello evitar el improbable ridículo, sino pura y simplemente un acto (¡un valiente acto!) de revisión de los erróneos datos técnicos que llevaron a sus Resoluciones, sobre todo a las producidas en la génesis del problema, y que, cual bola de nieve, fueron autoalimentándose hasta formar el enorme procedimiento administrativo que, por no haberse actuado con rigor desde el principio, derivó en procedimientos judiciales y sentencias basadas en errores garrafales.

Exacto, errores garrafales procedentes todos de las mismas fuentes, organismos cuyos informes están más acordes con un fundamentalismo gremial que con la objetiva lectura, interpretación y aplicación de cada Ley en cada momento en que estuvo en vigor, organismos ávidos de ostentar poder en la mayor extensión posible de terrenos costeros, sosteniendo a ultranza que la línea de mojones que marcan el dpmt es desde donde hay que medir. Pero resulta que en ningún caso, afortunadamente, la Ley deja al albur de criterios de los técnicos la señalización de ciertas líneas-madre. En absoluto, muy al contrario, la Ley es clara, y además está redactada en idioma español, que todos los que tienen ciertas responsabilidades, y por ende estudios, se supone que deben dominar.

Ni los compradores afectados ni cualquier ciudadano medianamente informado y con sus entendederas en perfecto estado puede comprender que no intervenga el Gobierno de Canarias, titular de las competencias en esa zona conflictiva, y el único Órgano que por ostentar en exclusiva el Poder Ejecutivo en el ámbito de sus competencias, puede realmente solucionar de una y definitiva vez una situación que lleva década y media esperando que se ejerza, desde la atalaya del sentido común, la autoridad de la que está investido.

El Gobierno de Canarias, al entrar en vigor la Ley de Costas de 1988, no tiene en cuenta e ignora que la medición de los 100 metros hay que efectuarla desde la misma línea que la zona de salvamento de 20 metros prevista en la Ley anterior, y que hay que considerar la servidumbre de protección como ampliación de la de salvamento, pues hasta en el mismo preámbulo de la Ley de 1988, que es el texto donde se expone y justifica la filosofía de la misma, se menciona que “...(la Ley) configura la vieja servidumbre de salvamento, obsoleta en cuanto a la finalidad específica que indica su denominación, como una servidumbre de protección del citado dominio...” (el subrayado es nuestro), luego está extraordinariamente claro, señoras y señores, desde qué línea hay que medir. E igualmente claro está que si se mide desde esa línea no hay viviendas dentro de la zona de servidumbre de protección, ni siquiera presuntamente.

Señores del Gobierno de Canarias, excelentísimos e ilustrísimos, tengan en cuenta que no se pretende trato de favor alguno, sino que solamente se pretende (y clama al Cielo que haya que pedirlo), que se emplee estrictamente la Ley aplicable al caso, rigurosamente, sin excepciones, beneficios, gangas, canongías, provechos ni prebendas.

¿Que qué ocurrirá entonces con las numerosas sentencias habidas desde diversas instancias?. Pues jurisconsultos habrá que señalen las tareas a realizar sobre el particular, aunque ello acarree sonoras reprimendas a los señores del Gobierno, que deberán arrostrar estoicamente, pero con el noble fin de deshacer enormes entuertos que llevan década y media sin que la autoridad en la materia, el Gobierno de Canarias, eche al asunto las ídem necesarias para bajar del tejado esa pelota. Y en última instancia, pues que ocurra lo mismo que con otras sentencias, que pasaron al estado de hibernación, o de imposible cumplimiento, en este caso “por no haber caso”, valga la redundancia, ya que no hay invasión alguna de la zona de servidumbre de protección, diga lo contrario quien lo diga.

Es probable que el Gobierno de Canarias lleve tanto tiempo dándole vueltas a este asunto, poniéndose de perfil y mirando para otro lado, porque sea muy fuerte el deseo de no hacer el ridículo que supuestamente supondría abdicar de tanta afirmación contraria y demonizadora como se ha vertido desde algunos estamentos oficiales, empezando por la ínclita y pomposa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con algún talibán en su plantilla.

Ha sido muy reconfortante leer en la crónica del juicio que se desarrolla en estos días, cómo el reputado jurista Normando Moreno y el prestigioso topógrafo Enrique de Vidania, al deponer como testigos el pasado día 28, hicieron las mismas afirmaciones que servidor viene defendiendo desde que surgió el problema, lejano ya en el tiempo, aunque ha sido una defensa en solitario, estéril, como predicando en el desierto. Por eso ahora llamo directamente a la puerta del Gobierno canario. ¡Atiendan, carallo!. Atiendan y actúen de una vez para que se emprendan nuevas actuaciones y distintas de las anteriores, con rigor, respetando la literalidad de la Ley.

Señores: agarren la Ley de Costas de 1969 (en vigor en la época de los hechos), los instrumentos de medición precisos, el Anuario de Mareas correspondiente y un reloj, y “bajen a la arena”, bueno, en este caso “a la orilla”, y por todo el santoral de todas las confesiones del mundo que llegarán a la conclusión de que tienen que dejar tranquilas a las viviendas al no invadir éstas terreno alguno de la servidumbre de protección, porque si no lo hacen no van a necesitar tractor alguno para derribarlas, de tanto tira y afloja con ellas, y sus conciencias nunca descansarán.

No es correcto afirmar, como lo hizo el entonces Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Sr. Berriel, año 2007, y actual Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, que “no ve salida política al derribo de los dúplex de Hoya Pozuelo”. ¡Claro que existe salida política!. Los técnicos miden, pero los políticos pueden ordenar a los técnicos desde dónde tienen que medir, en estricta aplicación de la Ley en vigor en cada momento. Esa intervención de los políticos ordenando a los técnicos desde dónde tienen que medir es la “salida política” que “no veía” el Sr. Berriel. ¡Claro que hay salida política!. Esta debió ser su intervención, para la que todavía está a tiempo, y no la de informar a la Cámara que “la responsabilidad del quebranto es del promotor por construir ilegalmente en la zona, por lo que deberá cumplir e indemnizar a los vecinos afectados”. No era ese su papel. Después de la perorata, descansó.

Las susodichas viviendas están, las pobres, en medio de una enorme maraña de políticos timoratos, técnicos incompetentes y desorientados, algún que otro director justiciero y también alguna mano negra interesada en hacerlas sucumbir, aderezado todo con posibles enredos políticos. Menos mal que también, al parecer, cuentan con la ayuda de una especie de hálito misterioso que las lleva manteniendo en pie, década y media ya, a la espera de que el Gobierno de Canarias se llene de sentido común, de voluntad política y de los arrestos suficientes para acabar con la desesperante situación. Salida política hay, ¡vaya si la hay!. ¿A qué espera?

¿Dónde radica el auténtico problema?. Pues sencillamente en la incorrecta aplicación de la Ley de Costas

En estos días se lleva a cabo por la Sala Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el macrojuicio (así llamado por algún titular de prensa) contra Jaime Cortezo (Administrador Único de la Entidad Hoya Pozuelo, S.L.) y otros, por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público y alzamiento de bienes, y servidor tiene muy claro que lo que se dilucida en este juicio es si existen o no estos presuntos delitos. Pero igualmente claro tiene este servidor el motivo o razón por la que se ha llegado hasta este punto, con inicio del juicio el pasado lunes día 19, pues todas las actuaciones constituyen las ramas de un árbol en cuyo tronco radica el auténtico problema.

¿Dónde radica el auténtico problema?. Pues sencillamente en la incorrecta aplicación de la Ley de Costas por parte de los Organismos oficiales, iniciando la medición de los 100 m. de la servidumbre de protección desde un punto que no es el adecuado.

Para poder centrar la cuestión es necesario previamente fijar sin lugar a dudas la línea a partir de la cual se deben medir los 100 metros de la servidumbre de protección prevista en el Art. 23 de la Ley 22/1988, de Costas, que literalmente dice: “La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”, por lo que aparece otra cuestión previa: conocer en qué consiste la “ribera del mar”. La Ley nunca define la “ribera del mar”, aunque la cita en varias ocasiones. Dice literalmente en su Art. 3: “Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución: 1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”, con lo cual estamos obligados a conocer exactamente cuál es el límite interior de la zona marítimo terrestre para aplicarlo a la ribera del mar y a partir de ahí medir los 100 metros.

El deslinde de la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en la costa de la Urbanización Hoya Pozuelo se efectuó en el año 1985, y se aprobó por O.M. de 19 de diciembre del mismo año, y la Ley de Costas en vigor entonces era la del 28 de Abril de 1.969, que definía la zona marítimo-terrestre de la siguiente manera: “La zona marítimo-terrestre es el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios, en donde no lo sean”.

Como en la costa de la Urbanización Hoya Pozuelo las mareas no sólo son sensibles, sino muy sensibles, con diferencias hasta de tres metros entre bajamar y pleamar, en absoluto debieron tenerse en cuenta “las mayores olas en los temporales ordinarios”, concepto éste reservado para los casos de los mares cerrados, como el Mediterráneo, no para el océano Atlántico, donde se producen algunas de las mayores diferencias del Planeta entre bajamar y pleamar.

Debemos por tanto concluir que con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Costas en vigor cuando se efectuó y aprobó el deslinde en la costa de Hoya Pozuelo, el límite interior de la zona marítimo-terrestre es la línea hasta donde baña el mar en su flujo máximo, o sea, la de la pleamar escorada o viva equinoccial.

Esta propia Ley, al mencionar la servidumbre de salvamento (Art. 4º) especifica que la medición se hará “desde el límite interior de la zona marítimo-terrestre”, sentando con ello el precedente de que las mediciones deben hacerse desde dicha línea.

Está muy claro, pues, que dicha Ley de 1969 crea el precedente de cuál es la línea desde la que hay que medir, ya que, aunque fuera derogada por la Ley de 1988, los actos aprobados y los conceptos creados bajo su égida son inamovibles, como por ejemplo los mojones que determinan el lindero de la zona de dominio público marítimo-terrestre aprobado en 1985, o el derecho a iniciar la medición desde la línea interior de la zona marítimo-terrestre definida en esa Ley, línea que ella misma toma como punto de partida para medir el ancho de la zona de salvamento. Además, tiene mucha lógica que la Ley determine la medición desde la línea de pleamar viva equinoccial porque es una línea invariable a través de los tiempos, por contra a la del lindero del DPMT, que depende de los criterios de los técnicos, por cierto casi nunca coincidentes.

Conviene señalar que como el Estado debe expropiar y señalar con mojones el demanio litoral, es común el error de considerar que las mediciones se realicen desde la línea de mojones. Gravísimo error, con gravísimas consecuencias.

La Ley de 1.988, en su Art. 23, establece: “La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”. Este concepto es un deber u obligación nueva, que la Urbanización Hoya Pozuelo respetó al proyectar la ubicación de las viviendas, pero midiendo los 100 metros desde un concepto “viejo”, definido y aprobado en 1985, y por lo tanto firme e incuestionable, con argumentos difíciles de rebatir ni acudiendo a la hermenéutica.

No es cierto que haya viviendas de la Urbanización Hoya Pozuelo que invadan la zona de servidumbre de protección prevista en la Ley de Costas de 1.988. No es cierto porque los Organismos que defienden la invasión resulta que realizan la medición de los 100 metros desde la línea poligonal que define el lindero del Dominio Público Marítimo-terrestre, y no desde el límite interior de la zona marítimo-terrestre o ribera del mar, ¡que es desde donde hay que hacerlo según la Ley!.

En un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de 24 de Abril de 2000 se dice que la línea de mojones que marca el lindero del dominio público marítimo-terrestre en la costa de Hoya Pozuelo se encuentra a una distancia de 14 metros de la línea de la pleamar escorada o máxima viva equinoccial, según la representación de la Promotora, e igualmente dice que la franja de la zona de servidumbre de protección invadida por las viviendas tiene una anchura media de 20 metros. Lo que significa que si la medición de los 100 metros la hubiese efectuado la APMUN desde la línea de pleamar viva equinoccial, la franja supuestamente invadida tendría una anchura de 6 metros. Y esta anchura es la que ocupa muy aproximadamente la zona ajardinada de las viviendas, lo que es totalmente legal, ya que lo que prohíbe la Ley en la zona de servidumbre es cualquier construcción destinada a residencia- habitación.

No obstante la claridad de todo lo anteriormente expuesto, la APMUN da a luz varios documentos con informaciones falsas, como, por ejemplo, “que en el plano del deslinde aprobado por la O.M. de 19 de diciembre de 1985 se reseña de forma clara, la coincidencia entre el límite interior del dpmt y el de la ribera del mar”, cuando en esa fecha no existía ese requisito, que nació con la Ley de 1988; “que la ribera del mar es donde el mar se encuentra con la tierra de acuerdo con el Art. 3.1 de la Ley de Costas”, cuando eso no lo dice ninguna Ley; “...que conociendo la zona que nos ocupa, y simplemente con ubicarse en el paseo marítimo, en no pocas ocasiones las olas sobrepasan dicho paseo”, total y absolutamente falso, fácilmente comprobable.

Con este “totum revolutum”, formado en parte por su incorrecta interpretación de los textos legales, y en parte inducida por algún informe de los varios que solicitó, alguno de los cuales es como pedir informes al zorro de cómo cuidar las gallinas, más también, por qué no decirlo, con una inadecuada defensa por parte de Hoya Pozuelo, S.L., la APMUN concluye que las viviendas invaden zona de servidumbre de protección, y por consiguiente no es de extrañar las resoluciones habidas en este asunto, llegándose hasta la sentencia de derribo de las viviendas.

Si la medición de los 100 metros se hubiese efectuado correctamente tendríamos el siguiente escenario: 1) No habría viviendas dentro de la zona de servidumbre de protección. 2) Por lo tanto no habría sentencia de derribo. 3) Ningún comprador se habría considerado estafado. 4) No habría querellas y tampoco juicio.

Así de simple es la cuestión. Y así de sencillo es asegurar que todo parte de una incorrecta elección del punto de partida de la medición, poniendo en grave riesgo las viviendas construidas con la mejor buena fe y todas las licencias exigibles, y adquiridas por terceras personas por supuesto que también con la mejor buena fe y confianza en el cumplimiento de la legalidad.

Se podrá decir que este tema de la ocupación por ciertas viviendas de la zona de servidumbre es una cuestión zanjada y firme, que ahora es extemporánea. Cierto. Pero es igualmente cierto que ha sido cerrada sobre la base de una medición incorrecta y que, por cierto, no sería la primera vez en el mundo judicial que se reabre una causa que presenta indicios consistentes de que se tramitó en base a un error. Un grave error de naturaleza técnica.

Que una medición incorrecta haya dado lugar a tantos años de sufrimiento, desazón y desconfianza a todos los afectados, sean de uno u otro bando, y además también a tantísimos miles de euros en gastos de todo tipo, empezando por los propios de la Administración de Justicia, gastos que por cierto pagamos entre todos los ciudadanos, es una cuestión que clama al cielo y debería alguien poner encima de la mesa con los arrestos suficientes para indagar y resolverla de forma lógica, razonable y satisfactoria, hasta llegar a derribar, no precisamente las viviendas, sino el enorme edificio que es el procedimiento administrativo y judicial construido sobre unos cimientos de barro.

No debe tomarse a la ligera todo lo anterior, desacreditando lo expuesto en base a que “va en contra de los informes emitidos por los técnicos de los organismos oficiales”. No. Sencillamente porque aunque fueran Organismos oficiales del máximo prestigio, hasta internacional si se quiere, ninguno de ellos puede contradecir que la suma de dos más dos son cuatro, valga el ejemplo. Como tampoco ninguno de ellos puede interpretar la Ley de Costas de 1.969, aunque derogada, de forma distinta a la que indica su clara y sencilla redacción en idioma español, al amparo de la cual se efectuó el deslinde de la zona costera de la Urbanización Hoya Pozuelo y se fijó el límite interior de la zona marítimo-terrestre como la línea a partir de la cual deben efectuarse las mediciones.

En unas declaraciones a la prensa del Director de la APMUN, sobre agosto del 2.000 (que lamentamos no disponer de ellas ahora, pero a fe que fueron ciertas) hablaba de la posible legalización de las viviendas de Hoya Pozuelo, y años más tarde, en julio de 2007, el Ministerio de medio Ambiente hace pública una Nota de Prensa en la que, entre otras cosas, hace referencia a las declaraciones del portavoz del Gobierno canario, José Miguel Ruano, en las que, refiriéndose a las viviendas de Hoya Pozuelo, manifiesta que “eso tiene una solución posible”, recordándole que si ello fuese así, es al Gobierno de Canarias a quien compete la solución.

Y nosotros humildemente nos preguntamos ¿a qué espera el Gobierno canario si realmente “eso tiene una posible solución”?.

El Gobierno de Canarias debe ponerse las pilas y solucionar cuanto antes tanto desatino para no llegar a situaciones injustas e irreparables, que se acercan.