En demasiadas partes del mundo dar a luz sigue estando más asociado al miedo que a la esperanza: una clínica sin electricidad, una enfermera sin suministros, una madre que sabe que dar vida puede costarle la suya. Estos temores no son meramente emocionales; están respaldados por los hechos. Cada dos minutos una mujer muere en el mundo al dar a luz. Cada año casi cinco millones de niños no llegan a cumplir cinco años. Una cifra que aumentará si continúan los recortes de ayuda. The Lancet estima que para 2030 podrían morir más de 14 millones de personas adicionales, incluidos 4,5 millones de niños menores de cinco años, el equivalente a borrar la población de ciudades del tamaño de Abuja, Brasilia o Roma.

La verdadera medida del progreso global no se encuentra en los mercados financieros ni en las declaraciones de las cumbres internacionales. Se encuentra en si una mujer sobrevive al embarazo y al parto, en si un niño es vacunado y está bien alimentado, y en si un adolescente puede crecer sano, seguro y con esperanza. Cuando mujeres, niños y adolescentes prosperan, las sociedades son más fuertes, las economías más resilientes y las naciones están mejor preparadas para el futuro. Cuando fallan, los costes no solo se miden en muertes evitables y sufrimiento, sino en la pérdida masiva de potencial humano.

Por eso, invertir en la salud de mujeres, niños y adolescentes es una de las inversiones más importantes que cualquier gobierno puede realizar. La evidencia es abrumadora. Cerrar la brecha en la salud de las mujeres por sí sola podría añadir al menos 1 billón de dólares a la economía global cada año para el 2040. Cada dólar invertido en vacunación infantil o en salud mental adolescente genera alrededor de 20 dólares a lo largo de la vida —en ahorro sanitario, en productividad, y en vidas que continúan construyendo algo—. Las mujeres sanas sostienen las familias y las economías. Los niños sanos se convierten en trabajadores y ciudadanos. Los niños y adolescentes sanos están mejor preparados para participar en la sociedad, desarrollar medios de vida y construir futuros más estables y prósperos.

Sin embargo, los sistemas de salud en todo el mundo están siendo llevados al límite por los recortes de ayuda, la deuda, los conflictos y la reducción del espacio fiscal. En 2025, la ayuda oficial al desarrollo cayó un 23,1%, el mayor descenso anual de la historia. En más de cincuenta países los trabajadores sanitarios están perdiendo sus empleos y se están rompiendo las cadenas de formación. En algunos lugares, la atención materna, la vacunación y la respuesta de emergencia se han reducido en un 70%. Al mismo tiempo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos sufren crecientes ataques políticos, poniendo en riesgo avances logrados tras décadas de esfuerzo.

Las mujeres y las niñas soportan la carga más pesada. En 2023, seis de cada diez muertes maternas en el mundo ocurrieron en países en situación de conflicto o fragilidad. De hecho, una mujer que vive en un país afectado por conflictos tiene cinco veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que una mujer en un país estable. Demasiadas mujeres siguen sin acceso a una atención materna de calidad, a servicios anticonceptivos y a servicios reproductivos esenciales. Demasiadas niñas se enfrentan a violencia, discriminación y barreras de acceso a la salud que limitan no solo su bienestar, sino su libertad y su futuro. Cuando los presupuestos se recortan, mujeres y niños son con demasiada frecuencia los primeros en sufrirlos y los últimos en ser protegidos.

Esto no es inevitable. Es una cuestión de voluntad política.

En Sudáfrica, estamos trabajando para fortalecer la atención primaria de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios de calidad, invertir en el personal sanitario y construir un sistema más inclusivo que llegue a quienes más lo necesitan. Entendemos que el progreso en salud es inseparable del progreso en igualdad y desarrollo. Una sociedad no puede prosperar si se niega atención a las mujeres, si los niños quedan desprotegidos o si los adolescentes son excluidos de los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar.

En España, un sistema nacional de salud público ha proporcionado cobertura universal y una de las tasas más bajas de mortalidad materna e infantil del mundo. Creemos que —con visión, determinación y solidaridad—lo que hemos logrado en nuestro país puede lograrse a escala global. Por eso, la Estrategia Española de Salud Global 2025–2030 sitúa la equidad, los sistemas sanitarios resilientes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el centro de nuestra acción internacional; y por eso trabajamos para elevar la ambición global en la financiación del desarrollo sostenible y para defender la igualdad de género como un imperativo democrático y de desarrollo.

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla el año pasado, a través del Compromiso de Sevilla y la Plataforma de Acción de Sevilla, contribuimos a centrar la atención internacional en la deuda, la inversión sostenible y la reforma de la arquitectura financiera global.

Estas cuestiones pueden parecer técnicas, pero sus consecuencias son profundamente humanas. Determinan si los sistemas de salud pueden contratar y retener personal, si los medicamentos llegan a las clínicas, si las mujeres pueden acceder a la atención de forma segura y si los niños y adolescentes tienen una oportunidad justa en la vida.

También debemos ser inequívocos en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos no son secundarios ni negociables. Son fundamentales para la dignidad, la igualdad y la salud pública. Ninguna mujer o niña debería ser privada de atención vital por razones políticas, económicas o de discriminación. Ninguna sociedad puede afirmar que valora la justicia mientras tolere la violencia de género persistente o la erosión sistemática de la autonomía y los derechos de las mujeres.

La cuestión que se plantea a la comunidad internacional no es si podemos permitirnos invertir en mujeres, niños y adolescentes, sino si podemos permitirnos no hacerlo. La respuesta es clara. Los costes a largo plazo de la inacción —mayor inestabilidad, más desigualdad, economías más débiles y millones de muertes evitables— son mucho mayores que el coste de actuar ahora. Mayores que el coste de mantener encendida la luz en esa clínica.

Este es el espíritu con el que España se incorpora a la Red de Líderes Globales, que reúne ya a doce jefes de Estado y de Gobierno comprometidos con avanzar en la salud y los derechos de mujeres, niños y adolescentes. Pero este esfuerzo no puede quedarse ahí. Los desafíos son demasiado grandes y los riesgos demasiado altos como para que el liderazgo recaigasolo en unos pocos países.

Necesitamos que más gobiernos den un paso al frente para proteger los servicios sanitarios esenciales, invertir en el personal de primera línea, defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar que las reformas de financiación beneficien a quienes más lo necesitan. Necesitamos más líderes que reconozcan que mujeres, niños y adolescentes no son una preocupación secundaria de las políticas globales. Son su mayor desafío.

Este es un momento de valentía política. Un momento para elegir la inversión frente al repliegue, la solidaridad frente a la indiferencia y la acción frente a la complacencia. Sobre todo, es un momento para reconocer una verdad simple: si mujeres, niños y adolescentes no están en el centro de nuestras decisiones, el futuro no será justo, estable ni sostenible. Pero si lo están, un futuro mejor permanece a nuestro alcance.

En un tiempo marcado por la inmediatez, donde las redes imponen el ritmo y las noticias caducan en horas, vivimos atrapados en una memoria de corto plazo, donde el ayer se olvida con rapidez y el mañana apenas se vislumbra. Esta mirada limitada al ahora tiene un nombre, sesgo del presente, y nos hace creer que lo que vivimos hoy fue siempre así. Esa visión sesgada condiciona nuestra percepción de la realidad. Y se hace muy presente en días como el de hoy, en los que recordamos que la España de este 2025 se parece muy poco a la de aquel 1975.

Aquel 20 de noviembre no sólo marcó el final de la última dictadura de Europa Occidental. Sino el comienzo de un viaje que había de llevarnos a recuperar la libertad y la prosperidad y a reconquistar la democracia perdida.

Un viaje que, visto hoy con perspectiva histórica, representa una historia de éxito casi única: pasar de una dictadura represiva a una democracia plena; de ser un país pobre y aislado, a uno próspero e integrado en el mundo. Se trata de un logro excepcional que muy pocos han conseguido. De entre casi cien países con más de diez millones de habitantes, solo cuatro han seguido un camino similar en los últimos cincuenta años.

Una excepcionalidad que no podemos permitirnos olvidar, al menos por dos razones. Primero, porque no reconocer la magnitud de la transformación política económica y social de nuestro país nos impide ser justos con nuestro pasado y nuestro presente.

Y, en segundo lugar, porque olvidar ese pasado implica ignorar a los grandes protagonistas de esta transformación. Protagonistas que no figuran con sus nombres en los libros de historia. Y que tampoco son recordados en el callejero de las ciudades donde se manifestaron, en los campus que tomaron, en las parroquias en las que se refugiaron o en las fábricas donde lucharon por su dignidad laboral.

Porque, si bien es justo reconocer a quienes, desde posiciones de responsabilidad, tuvieron la visión política y el espíritu de concordia necesarios para encauzar una democracia aun frágil, también lo es recordar que la democracia no cayó del cielo. No nació de una coincidencia feliz ni de un consenso súbito entre élites convencidas de que el cambio era inevitable. Tampoco fue una concesión generosa, al estilo de las cartas otorgadas del siglo XIX.

Fue el pueblo español el que tiró hacia adelante en los momentos de duda. El que arrancó las libertades que habrían de plasmarse poco después en nuestra Constitución. El que tomó pacíficamente las calles cuando fue necesario, para rendir tributo a las últimas víctimas de una dictadura que se resistía a desaparecer. El responsable de que la única desembocadura posible de la transición fuera una democracia moderna y libre.

Fueron los trabajadores y las trabajadoras quienes lucharon por salarios justos, condiciones laborales dignas y pensiones que garantizasen una vejez segura. Fueron las mujeres españolas quienes se dejaron la piel –y algunas, la vida– para conquistar una igualdad legal que les permitiera soñar en libertad y vivir con autonomía. Fue la juventud la que empujó a sus mayores a aceptar un país más libre, más igualitario y con más oportunidades. Fueron ellos y ellas los verdaderos padres y madres de la democracia que hoy disfrutamos.

Esos avances pueden parecernos obvios hoy, en un país plenamente integrado en la Unión Europea, rodeado de socios democráticos y sociedades abiertas. Nos hemos acostumbrado a convivir con libertades, derechos y prosperidad, hasta el punto de dar por sentado que siempre estuvieron ahí. Pero no es así. La España de hoy es casi un milagro que solo se ha podido construir con el trabajo y el esfuerzo diario de millones de españoles y españolas.

Y no hubiera sido posible sin nuestra democracia.

Hoy sabemos que las democracias crecen más, lo hacen de manera más sostenible, protegen mejor a sus sociedades frente a las adversidades, son más resilientes a las crisis económicas, canalizan mejor los conflictos, pagan mejores salarios y son más pacíficas que los países que no tienen la suerte de serlo.

Ninguna democracia –tampoco la nuestra– es perfecta. Queda mucho por hacer para forjar la España que queremos y podemos llegar a ser, con más oportunidades, más derechos y menos desigualdad. Ser conscientes de ello es lo que nos hace avanzar y mejorar.

Por eso, es precisamente ahora, cuando algunos idealizan regímenes autoritarios y se aferran a la nostalgia de un pasado que nunca fue, cuando debemos dar un paso al frente en defensa de una libertad que durante tantos años nos fue arrebatada.

Y cuando nos pueda el pesimismo y el ruido de la política y la confrontación no nos permita ver la luz al final del túnel, recordemos que habitamos en un país único. Que vivimos en un presente que representaba una posibilidad ínfima hace cincuenta años. Y que España, los españoles y las españolas no dejarán nunca que ese milagro desaparezca.

Quiero, a través de estas palabras, unirme al profundo dolor que sienten millones de españoles ante el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo hago como Presidente del Gobierno, pero también como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español. Consciente, en este último caso, de que su talla política, humana e intelectual le hacen acreedor del máximo reconocimiento por parte de todos los demócratas, por encima de adscripciones ideológicas.

Pocas veces estará más justificado que en el caso de Alfredo el atributo de hombre de Estado para definir una trayectoria política. Ahora ya, antes de que el tiempo engrandezca aún más su figura, podemos decir que ocupa un lugar de honor en la historia de España. El lugar que corresponde, por derecho propio, a los más dedicados servidores del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución. El lugar que corresponde a los arquitectos de la consolidación democrática en nuestro país, en una época llena de dificultades y amenazas de involución. El lugar que corresponde, en definitiva, a Alfredo Pérez Rubalcaba, figura crucial en la lucha contra la barbarie terrorista de ETA desde el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo entendió el Pleno del Congreso de los Diputados cuando, en junio de 2014, le tributó un sincero homenaje, en el día en que abandonaba su escaño en la cámara. Aquella ovación, de la que fui testigo, era mucho más que una despedida protocolaria. Era el reconocimiento explícito de nuestra democracia a un parlamentario brillante, cabal y dialogante. Pero, por encima de todo, a alguien clave para interpretar la historia reciente de nuestro país.

Su recuerdo estará siempre asociado a la consolidación de una España de derechos y libertades, abierta a Europa y a la modernidad. Y muy especialmente a su labor en defensa de la educación pública, por la que trabajó con enorme dedicación en los gobiernos de Felipe González, en un tiempo fundamental para sentar las bases de nuestro estado del bienestar.

Quiero agradecer, en nombre del PSOE, las muestras de respeto, dolor y reconocimiento que han hecho públicas las principales fuerzas políticas, ante esta sentida pérdida para todas y todos los socialistas. Son el mejor testimonio de la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, por las que Alfredo tanto sacrificó desde una militancia que siempre entendió como una forma de servir a la democracia.

Sé lo difícil que es encontrar consuelo que pueda aliviar el dolor de su mujer Pilar, de toda su familia y de sus amigos en estos momentos. Que estas palabras, y todas las muestras de merecido homenaje que están por llegar, sirvan para dar testimonio de la sincera gratitud que nuestro país siempre guardará a quien ya es uno de sus hijos más ilustres, Alfredo Pérez Rubalcaba. Un auténtico hombre de Estado, cuyo recuerdo no sólo será parte de nuestra memoria colectiva, sino un ejemplo de inspiración y compromiso con la causa de la democracia y la libertad en la España a la que dedicó su vida entera.

Sr Munilla:

Leo con indignación (desgraciadamente, no con sorpresa) sus declaraciones irrespetuosas y antimodernas de ayer contra las mujeres, singularmente contra aquellas que son feministas y luchan por la (necesaria) igualdad de género. Les acusa de “tener el demonio en sus propias filas” (sic), de reivindicar, junto a la igualdad, “el aborto libre y gratuito, el lesbianismo y el bisexualismo” (sic) y de promover una “lucha de sexos” equivalente a la vieja lucha de clases. También les reprocha tener una concepción de la sexualidad “que ha hecho de la mujer un objeto de placer y de usar como un kleenex”, frente al “auténtico feminismo” que consiste, según usted, en “defender la natalidad, la maternidad, la monogamia y el rechazo al divorcio”. “El feminismo de género –ha concluido en ese desafuero de ayer en Radio María- es el suicidio de la propia dignidad femenina”.  

No pondré en cuestión su libertad de expresión. Mi crítica no va por ahí. Siempre he pensado, y más en estos tiempos de censuras y autocensuras varias, que debemos defenderla incluso aunque lo que oigamos o leamos nos repugne o nos desagrade profundamente, como es el caso. Denuncio, ejerciendo también mi libertad de expresión, un tema más de fondo que está detrás de su evidente falta de respeto, incluso de su poca caridad cristiana, y es su voluntad de dominar, de decidir por los demás, sobre todo si se trata de mujeres, como si fueran menores de edad o incapaces y como si siguiéramos en el nacional-catolicismo franquista. Sus palabras desconocen los últimos cinco siglos de civilización, de modernidad y de secularización, situándose al margen del humanismo, de la libertad, del Renacimiento, de la Ilustración, de los derechos humanos, de la democracia, incluso del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, de Pablo VI o de Francisco.

Es evidente que no ha leído a Mary Wollstonecraft ni a Germaine Necker, pero tampoco a Erasmo, a Montaigne, a nuestro Vives o a Condorcet. Usted, deduzco, es más del filósofo rancio, de Rafael Vélez, el gran teólogo fernandino, o de Donoso Cortés que pensaban que por culpa de Las Luces la dignidad del ser humano consistiría ya en ser libres y seguir su propia razón. Pues sí, así es y así debe ser en una sociedad libre, abierta y plural. La ética privada es privada y es ética precisamente porque es decidida responsable y libremente por cada uno/a, sin injerencias de nadie, tampoco de las iglesias y sus obispos. España, desde 1978, no es un Estado confesional, teocrático, sino aconfesional y algún día deberá ser plenamente laico. Mientras tanto, señor Obispo, respete: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Tras el 39 Congreso, la nueva dirección del PSOE se ha comprometido a liderar una oposición de Estado. En los últimos años, hemos asistido al secuestro por parte del PP de las instituciones públicas de todos los ciudadanos, y a su consiguiente instrumentalización con fines partidarios. De ahí que sea decisivo defender al Estado de los ataques del actual Gobierno. Hacer oposición de Estado es, en resumen, defender nuestra Constitución cuando está siendo vaciada de contenido o atacada con las políticas del PP. Por eso, cuando lideramos la iniciativa parlamentaria para regular el sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y de su presidente, lo que hacemos es defender el pluralismo de un medio de comunicación social público, tal y como recoge nuestra Constitución en su artículo 20.3.

Con esta iniciativa parlamentaria damos un paso imprescindible para la regeneración democrática recuperando la Radio Televisión Española de todos bajo un modelo de televisión plural y de calidad como el que impulsó el Gobierno socialista tras la etapa de manipulación ejercida por un Gobierno del Partido Popular, en aquel caso de Aznar.

De hecho, resaltando la evidente importancia que la derecha otorga al control de la información, una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura fue acabar con el modelo anterior estableciendo, por Decreto-ley, un nuevo sistema de elección de los órganos de la Corporación que les permitía designarlos en solitario, excluyendo a toda la oposición.

Con esta Ley, aprobada con el apoyo de las fuerzas del cambio, se pretende, por tanto, volver a la elección parlamentaria, por mayoría cualificada, de los órganos de administración y gobierno de la Corporación, como condición necesaria para recuperar el modelo que llevó al ente a sus mayores cotas de independencia y pluralismo y a sus mejores datos de consideración, audiencia y credibilidad.

Desde la Transición, los socialistas hemos trabajado siempre por una radio televisión pública de calidad, independiente y plural. Después de sufrir un régimen dictatorial durante décadas, alejar los medios de comunicación públicos de la manipulación del gobierno de turno era, sin duda, una prioridad para la democratización del país, que tanto ansiaba la ciudadanía.

Sin embargo, 40 años después de las primeras elecciones democráticas parece mentira que la autonomía de la Radio Televisión Española vuelva a estar en entredicho. Seis años de gobierno del Partido Popular han representado un retroceso en derechos civiles, sociales y económicos sin precedentes y, por supuesto, también ha afectado gravemente a la calidad, independencia y pluralidad de los entes de comunicación públicos.

Durante este periodo de preocupante degradación democrática, los ciudadanos han dejado de sentir la televisión de todos como propia y los datos de audiencia lo demuestran. Los españoles necesitan volver a sentirse orgullosos de sus medios públicos, exigen unos medios de información de los que se puedan fiar y de los que desaparezca el evidente sectarismo que ahora caracteriza la información que proporcionan.

Nuestro compromiso es devolver RTVE a los ciudadanos. Y para ello los 6.290 empleados públicos de nuestra Radio y Televisión pública tienen que ser los protagonistas de ese cambio. Queremos impulsar una RTVE por encima de partidos, ideologías y personas y dotarla de los recursos humanos y económicos necesarios para que los profesionales puedan liderarla.

Eso es lo que nos pide la España que viene. Los profesionales, los periodistas, son los que tienen que comunicarse directamente con los españoles. Sin filtros políticos. Y quiero ser claro: ni del Gobierno ni de la oposición. Ése es el compromiso del PSOE: que RTVE vuelva a ser lo que siempre ha querido ser sin intermediarios, censores ni políticos que interfieran su desarrollo diario. Una Radio Televisión Española al servicio exclusivo de su sociedad civil.

Actualmente, el derecho a una información veraz y contrastable no se ve únicamente amenazado por la manipulación gubernamental sino que también debe hacer frente a una enorme avalancha de contenidos de dudosa veracidad con los que se encuentran a diario los ciudadanos a través de redes sociales o de otros canales destinados a la manipulación informativa. RTVE puede y debe contribuir a hacer real el derecho a la información objetiva que refleje el pluralismo político e ideológico que caracteriza a nuestra sociedad. En la llamada era de la post-verdad y las fake news que se viralizan en el entorno digital, es más urgente si cabe un medio público de calidad, independiente y plural.

Esta Ley que ahora aprobamos es un avance muy importante para retomar el modelo de éxito que llevó a RTVE a su mayor periodo de prestigio, popularidad y credibilidad, pero debemos seguir trabajando para construir un proyecto de radio y televisión públicas autónomo, transparente, eficaz, sostenible, integrado en la era digital y creíble.

Esta reforma demuestra, además, por si había alguna duda, que hay un evidente espacio de negociación y acuerdo con el resto de fuerzas del cambio en el Parlamento. Ese espacio que me propongo establecer bajo la denominación de “Mesa por el cambio” debe convertirse en la palanca para superar los vetos y articular los puntos de unión que nos hagan avanzar hacia el nuevo ciclo político que necesita España.

Un hoy siempre vale por dos mañanas y no debemos renunciar a conseguirlo. Este primer paso para la recuperación de una RTVE plural es un buen ejemplo de que, con un diagnóstico compartido, diálogo y generosidad por parte de todos, se pueden hacer reformas con beneficios tangibles para los ciudadanos, mientras tejemos las complicidades necesarias para articular una mayoría de progreso.

Este martes he asistido al acto que con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se celebra en el Senado y que coincide con el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.

Para cualquier europeo este día debe ser una efeméride marcada en el calendario. Durante la II Guerra Mundial, todo el planeta, pero sobre todo Europa, vivió la mayor de sus vergüenzas. A la crueldad inherente a todo conflicto bélico, nuestro continente presenció cómo se practicaba de forma sistemática, fría y calculada el exterminio de quienes eran considerados como inferiores o enemigos de un nuevo orden despótico.

Es cierto que los campos de concentración no se inventaron en la II Guerra Mundial, el régimen nazi los empleó como mecanismo de custodia preventiva para personas de izquierdas, periodistas disidentes, profesores o librepensadores. Con el conflicto, su número se amplió y la cifra de los ocupantes aumentó con los considerados pertenecientes a etnias o colectivos inferiores o, simplemente, de una orientación sexual determinada. Esta política fue especialmente dura con los judíos de Europa.

Cada uno de estos colectivos fue etiquetado en los campos; siempre recordaré que un histórico de nuestro partido, Francisco Largo Caballero, y quien fuera un gran ministro de Cultura de los Gobiernos de Felipe González, Jorge Semprún, fueron, como miles de españoles, marcados con el triángulo azul con la S en el centro, que era como se señalaba a los prisioneros españoles de los campos de concentración.

Millones de seres humanos sufrieron la tortura, la muerte, los trabajos forzados y abusos de toda clase en los campos de concentración. Especialmente escalofriante es la cifra de Auschwitz, donde se estima que fallecieron 1,1 millones de personas.

Es aterrador el número de españoles que fallecieron en los campos de concentración. Según datos del Ministerio de Justicia, 4.439 personas sufrieron primero la derrota y la persecución en España después de la Guerra Civil, el exilio en Europa y la muerte en los campos de concentración solo por creer en la libertad y en la democracia.

La obligación de quienes liberaron Europa y lideraron su reconstrucción fue aprobar una Carta de derechos y principios que evitasen que volviese a suceder. Personalmente me siento orgulloso de haber trabajado en una misión en Bosnia que, amparada por esos derechos, inició la reconstrucción de un país devastado por la guerra y el enjuiciamiento de los responsables de la violación de los derechos humanos de cientos de miles de personas en la antigua Yugoslavia.

La obligación de nuestra generación no solo es mantener y defender esos derechos y principios, sino recordar a los millones de víctimas de la intolerancia, la barbarie y la sinrazón como millones de razones que nos obligan a seguir fortaleciendo nuestra democracia y la paz en nuestro continente. Que nunca vuelva a suceder.