Esa manera de gobernar nos lleva a su nefasta gestión, sin atender la información facilitada por los organismos como la AEMET o las alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, negando el peligro a las 13h cuando estábamos en alerta roja, y yéndose a una comida mientras la Comunidad que dirige se ahogaba.

El director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, con rango de secretario autonómico, afirma en X que se puso a trabajar con su equipo en el Puesto de Mando el miércoles a las 11h.

La Consellera de Justicia responsable de emergencias no apareció en ningún medio el martes hasta pasadas las 20h detrás del President. Mientras el agua crecía no dio ni una señal.

En definitiva, no había nadie del Consell que alertara a la población, más allá de un mensaje negacionista a las 13h del propio President Mazón ante la peor catástrofe que ha sufrido esta Comunidad y seguramente Europa.

Mientras la Diputación de Valencia, bajo gobierno también del PP, mandó al personal a sus casas cerrando todos los centros a las 14h ante la llegada de la DANA “por riesgo muy alto para la población”, Mazón se fue a comer.

En Apunt nos dijeron a las 15h que no saliéramos de casa ante la alerta meteorológica. Al parecer, Mazón estaba en una comida.

Mi compañero diputado Juan Bordera lleva meses alertando de la llegada de fenómenos extremos debido a la elevación de la temperatura del mar y de la temperatura atmosférica, que ya ha sobrepasado el límite de seguridad de 1.5 º C, hablamos de cambio climático. Pero la respuesta del Consell en les Corts ha sido la burla y el negacionismo ante las alertas de las personas expertas.

Es mucho más divertido hablar de traer la Copa del América o discutir si acercamos más futuros hoteles a la costa, como acaban de pactar PP y VOX. Eso es lo que le gusta al President Mazón.

Cuando decimos que la ampliación del puerto es un problema para la costa y la Albufera, no es que queramos ser aguafiestas de las aspiraciones empresariales de unos pocos, lo decimos porque las evidencias están ahí, y pagamos las consecuencias con desastres medioambientales como el ocurrido.

Los que han querido mirar hacia otro lado cuando hablamos de los efectos que provoca y va a provocar el cambio climático, ahora están viendo el triste rostro de la realidad. Demasiado tarde para demasiada gente.

Con sólo una puñetera alerta a tiempo se habrían salvado vidas. Lo sabemos todos. Lo sabe el Consell también.

Durante la pandemia, como Secretaria Autonómica en el anterior gobierno valenciano nos centramos en la prevención, sin que mucha gente lo entendiera. La preocupación era salvar vidas, el COVID estaba y eso era inevitable, la única manera de salvar vidas era evitar contagios. Desde el gobierno te puedes equivocar por exceso de precaución, pero no por defecto. La frivolidad nos lleva a donde estamos ahora. La misma frivolidad con la que acude Feijóo a Valencia el mismo día que el Presidente del gobierno, para intentar exculpar a Mazón y salvarlo de sí mismo, mientras ataca a la AEMET. La oposición responsable. El ridículo político es insoportable y las consecuencias aún lo son más

Demasiado dolor, demasiada indignación, demasiada rabia. Esperando las explicaciones de un gobierno indecente que busca culpables fuera por no mirar sus propias vergüenzas.

Ahora es el momento de ayudar y de acompañar, pero sobre todo de gestionar esta lamentable catástrofe con poblaciones enteras que siguen sin agua ni alimentos y con riesgos de desprendimientos hasta en los edificios.

La población valenciana está acudiendo en oleadas de gente con cubos y escobas a ayudar ante la petición pública de los afectados. Los que han acudido a través del Consell han sufrido horas de espera absurdas, tremenda descoordinación y frustración cuando en lugar de llevarlos a los barrios les desplazaban a limpiar centros comerciales o polígonos.

El pueblo valenciano ha demostrado estar muy por encima de sus actuales dirigentes. 

El sol, fuente energética clave, rentable y a la que el PP le llegó a poner un impuesto, forma parte de la solución pero bien gestionado, porque resulta un objetivo contradictorio tratar de salvar el medioambiente a costa de seguir destruyendo porciones del planeta. No tiene mucho sentido sustituir tierras agrícolamente fértiles por grandes instalaciones fotovoltaicas, ni hacer lo mismo con espacios naturales que aportan evidentes beneficios ambientales y que son tan necesarios como la producción de energía renovable. La ubicación es importante. El tamaño de las instalaciones fotovoltaicas, también.

¿Y cómo podemos compatibilizar la adaptación energética, su ubicación y dimensiones y al mismo tiempo evitar impactos innecesarios?... para ello disponemos de instrumentos básicos como la recién aprobada Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, que prevé la necesidad de establecer una “planificación de las instalaciones destinadas a la producción de energías renovables”. Y en ello estamos.

El mapa valenciano

Para ello, se ha trabajado conjuntamente desde la Generalitat, a través de las competencias de Transición Ecológica, Agricultura, Medio Natural, Paisaje y Cultura, en la elaboración de un “Mapa de Zonas de Desarrollo Prioritario”, específicamente dirigido a la instalación de fotovoltaicas con criterios de prioridad.

El reto es agilizar una planificación en positivo para facilitar el procedimiento de instalación, indicando al mundo empresarial del sector las ubicaciones más adecuadas. Decidamos nosotros donde y no tanto las empresas. Un ejemplo son espacios ya degradados como son las canteras, graveras, minas y vertederos o los polígonos industriales.

Soberanía alimentaria e hídrica

El Mapa de Zonas de Desarrollo Prioritario incluye criterios de exclusión que se refieren a la defensa del territorio, de nuestro paisaje y de la agricultura. Entre estas prioridades está evitar cualquier afección a nuestros recursos hídricos y también de nuestro patrimonio cultural, garantizando la distancia necesaria respecto a la ubicación de las instalaciones fotovoltaicas.

Los proyectos “agrovoltaicos”, en los que se hace compatible el desarrollo agrícola con las energías renovables, son del todo interesantes para avanzar en la soberanía alimentaria con soberanía energética.

En un momento en el que el cambio climático ya está afectando a las cosechas, tenemos que proteger aún más el sector primario agrícola que nos garantiza la soberanía alimentaria, cultivos clave para hacer frente a la despoblación del mundo rural y un elemento fundamental en la prevención y defensa frente a los incendios.

En el contexto actual de emergencia climática, una de las batallas irrenunciables es la preservación de la biodiversidad. Es necesario evitar cualquier afección a los espacios naturales protegidos, incluidas las reservas de caza y pesca y los refugios de fauna. Protegiendo el territorio protegemos nuestro futuro.

Territorio y energía

No sólo es importante determinar dónde instalar o no las plantas fotovoltaicas, su tamaño también importa, y mucho. Es evidente que a más megavatios mayor será la potencia instalada, pero las características de nuestra geografía abrupta y parcelada, donde conviven la agricultura y una biodiversidad única requieren un trato diferente a otros territorios para respetar la integridad de nuestro paisaje.

En estos días en que todo es urgente y lo queremos todo “para ya”, una administración responsable debe pensar también en el futuro. Cualquier decisión requiere la evaluación de sus consecuencias, por ello el equilibrio entre la protección de la naturaleza, el patrimonio agrícola y cultural y la implantación de las instalaciones renovables nos debe guiar en las decisiones que adoptemos.

Territorio y energía son dos partes de una misma solución, porque la transición energética ha de ser justa, social y un elemento que garantice un futuro común como parte de una solución a un problema global.

Sabía que era una noticia que llamaría la atención. No es habitual que alguien que tiene un trabajo como el mío se presente a unas oposiciones de esa dificultad. Pero no podía imaginar que se confundirían unas oposiciones con cuestiones que nada tienen que ver, como es la de las puertas giratorias donde las empresas agradecen los servicios prestados a los cargos del gobierno, actuación que prohibirá la futura Ley de Incompatibilidades.

En mi caso particular, soy una diputada rasa que no forma parte del gobierno, ajena a actuaciones susceptibles de incurrir en incompatibilidades. Diputada, a diferencia de otros, en exclusividad. Pues un diputado puede compatibilizar la labor de representación ciudadana con el trabajo en cualquier empresa, concejalía o alcaldía.

Al PP, que no ha votado a favor de las incompatibilidades que regula la ley, sí que le gustan los enchufes y los ha practicado a mansalva, vulnerando las leyes como solo ellos saben. Por el contrario, es evidente que yo no les gusto y lo entiendo, ellos a mí tampoco, pues nuestros principios y valores son muy diferentes.

En las antípodas de los enchufes o agradecimientos partidistas están las oposiciones públicas, que siempre deben ser transparentes y exigentes, me presente yo o cualquier otra persona.

El partido más corrupto de la historia valenciana (PP) argumenta contra mi decisión que yo tengo relación con los letrados, miembros del tribunal. Pues bien, con ese argumento ningún funcionario interino podría presentarse a convocatoria alguna, pues ya conoce a la gente y está obviamente familiarizado con aspectos del puesto al que aspira.

Al parecer, ante el revuelo mediático ocasionado ningún miembro de la Mesa de Les Corts quiere formar parte del tribunal y proponen que se encargue gente ajena a esta institución. Precisamente para evitar estas situaciones el Estatuto Básico del Empleado Público Ley 7/2007, excluye a los cargos políticos de los tribunales de oposiciones a funcionario, siendo el caso que nos ocupa una excepción a este mandato. No estaría de más aprovechar la ocasión para reflexionar sobre ello y modificar la normativa y la convocatoria, apostando por tribunales exclusivamente técnicos también en el ámbito parlamentario.

En todo caso, es evidente que cualquier miembro de un tribunal de oposiciones debería realizar su labor con objetividad, se presente quien se presente. Y de existir amistad o enemistad manifiesta, abstenerse de participar.

Ante estas circunstancias, ante la confusión generada por algunos medios sobre la posibilidad de que participara en unas oposiciones en igualdad de condiciones, en competición pública con el resto de aspirantes, cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que marca la Constitución Española en el acceso a la función pública, he decidido no presentarme a las oposiciones renunciando así a mi derecho a replantear mi vida profesional. En fin. Cosas de la política.

Dos personas se han posicionado para liderarlo. Una lleva años siendo la política mejor valorada de la Comunidad, y es considerada por mucha gente una pieza fundamental del desplome de la derecha corrupta que nos ha estado gobernando, por su excelente labor de oposición. De hecho su liderazgo es pieza clave en haber multiplicado por más de tres la representación parlamentaria de Compromís. El otro aspirante, tras haber perdido 10 escaños, se autoerige como Presidente la noche electoral como si un “me lo pido” fuera suficiente para acceder a tan honorable cargo.

La sociedad valenciana ha reclamado un cambio y ha manifestado su hartazgo tanto de una mayoría absoluta intransigente y corrupta, como de una manera de hacer política que da la espalda a la gente. Son tiempos nuevos que hay que afrontar con determinación, frente a los poderes fácticos que pondrán todas las trabas posibles para que el cambio de modelo no se haga en profundidad; asimismo, para que a esta lastimada democracia valenciana se le dé un baño de color y no una revisión profunda que levante las alfombras. Ello exige unos dirigentes que se sumerjan hasta las cloacas, saquen todo a la luz del día de modo que la democracia sea percibida por cada una de las personas que vivimos aquí.

No. No estamos ante una edición valenciana de juego de tronos. Este proceso guarda más similitudes con la serie danesa Borgen, que nos cuenta las vicisitudes de una democracia parlamentaria avanzada como lo es la de Dinamarca.

Para liderar ese proceso tan necesario en nuestra tierra hace falta en primer lugar creer en su necesidad y en segundo lugar contar con las virtudes que tienen tanto Birgitte Nyborg, protagonista de la serie Borgen, como Mónica Oltra; virtudes que las capacitan para dirigir desde el consenso, el diálogo y la transversalidad un gobierno plural con solvencia y rigor. Porque esto ya no es una cuestión de números, pues en solitario nadie alcanza mayoría suficiente, sino una cuestión de elegir a la persona más adecuada para el puesto más relevante. Una persona que sea capaz de articular una mayoría parlamentaria y social sólida alrededor del nuevo gobierno, superando las fronteras partidistas.

Aquéllos que inician el diálogo con una imposición, y ponen a toda su maquinaria para desacreditar a una mujer clave en el cambio, ya están demostrando como quieren gobernar pretendiendo hacer creer al imaginario colectivo que ostentan una posición mayoritaria, cuando lo que la gente ha votado es pluralidad.

Cuando el Sr. Puig expresa que no estamos ante un cambio de cromos ni un juego de tronos, no podría estar más de acuerdo. Estamos ante una democracia parlamentaria malherida que afrontará grandes retos en los próximos años. Por tanto, si se trata de curar la impaciencia con alguna serie, déjenme recomendarles Borgen.

Resulta evidente que la palabra clave, la palabra “trampa” de la medida, es el término REVISABLE, que permite limpiar conciencias y hacer que la gente no piense lo que en realidad es: condenar a una persona a la cadena perpetua. Es decir, que por un hecho cometido en el pasado, hace más de 20 o 30 años, pasará el resto de su vida en prisión, sin esperanza de cambio ni redención.

Una perspectiva que, tal y como los juristas han reiterado, choca frontalmente con nuestra Constitución que condiciona y orienta las penas de prisión a un fin: la reinserción. Pero ¿qué importa este principio fundamental frente a una sociedad dirigida por titulares que buscan el impacto, donde las noticias del miedo juegan un papel determinante día tras día en los informativos (junto al tiempo y el fútbol), y el contenido de las leyes es intuido por el nombre con el que son bautizadas más allá de su contenido real?

¿Hubiera tenido el mismo éxito la pregunta si se hubiera formulado sobre la cadena perpetua? El término es tan abrupto que ha desaparecido de las legislaciones, siendo sustituido por eufemismos tales como “prisión perpetua” o “por tiempo indeterminado”, ya que al menos no se encadena a la gente a un muro. Algo se ha avanzado.

Así, mientras los juristas y defensores de los derechos humanos se desgañitan cuestionando una medida populista y probablemente inconstitucional, la sociedad víctima de la fábrica de miedo ve cada vez con mejores ojos medidas que quizás sepa injustas y extremas, pero que le permiten dormir más tranquila.

Afortunadamente la mayoría de los representantes públicos se han mantenido en la razón, la justicia y el sentido común cuestionando su inclusión en el código penal. Esperemos por ello que la vigencia de esta medida, que pronto formará parte del marco jurídico español, dure el menor tiempo posible- como mucho hasta las próximas elecciones generales- y de ese modo no se le aplique a nadie.

En cuanto a la reforma de la regulación penal de los delitos de terrorismo, ha contado con la firma del PPSOE, ansiosos ambos por escenificar un acuerdo, y de nuevo según publica El País, la encuesta de Metroscopia informa de que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, a la que se le ha preguntado sobre el título del acuerdo (Un Pacto Antiterrorista) y poco o nada sobre su contenido normativo.

Quizás fueron esas mismas encuestas las que han llevado a un Partido Socialista a la deriva a firmar el pacto que permitirá perseguir como terroristas a todos aquellos que protestemos, investiguemos o pensemos, sin darse cuenta de la contradicción en la que estaba incurriendo al incluir la prisión permanente revisable que había cuestionado.

Por el bien del Estado de Derecho sería conveniente que dejaran de legislar a golpe de encuesta o titular, llamaran a las cosas por su nombre y dejaran los eufemismos para la literatura.

Ese lugar sacrosanto donde se deposita la soberanía valenciana y cuyos representantes electos y electas han de defender nuestros intereses, debatir nuestros problemas, establecer y formular consecuentemente resoluciones y leyes y responder a las preguntas ciudadanas de control hacia el gobierno, ha devenido en los 20 años de régimen del PP en un lugar muy distinto.

Les Corts se han hecho tristemente famosas por el elevado número de diputados imputados que ha alcanzado el grupo Popular. Si a ello añadimos también el elevado número de exconsellers imputados, fácilmente concluimos que no es una cuestión de personas mal elegidas o aprovechadas, sino de un partido corrupto que funciona más como una organización con tintes mafiosos que como un partido democrático.

Pero no es éste el único de los males instaurados por un partido con graves dificultades, por no decir imposibilidad intrínseca para entender y respetar la democracia, como lo hemos visto desgraciadamente en tantas ocasiones: una de ellas, muy significativa, fue la expulsión de la diputada más activa y crítica del parlamento, Mónica Oltra. Con sus únicos votos, los diputados del PP decidieron impedir el ejercicio de la representación que el pueblo le había encargado y otorgado al elegirla, alterando así el resultado electoral y castigando su labor de defensa de la democracia.

Y no es posible olvidar que la comisión de investigación del terrible accidente del Metro acontecido el 3 de julio de 2006 además de ser la más breve de la historia estuviera vergonzosamente amañada por ellos, el PP.

Pero el castigo a la democracia que día tras día se sigue en Les Corts se podría definir más como una muerte lenta pero segura de la democracia valenciana que urge resucitar.

Muerte lenta que se manifiesta, por un lado, en la constante negativa a la constitución de las comisiones de investigación que solicitamos desde la oposición. De otro, en que los consellers y conselleras tienen por costumbre ausentarse del pleno el día de las sesiones de control para que la oposición no pueda preguntarles sobre su gestión. Otra de las prácticas para evitar dar explicaciones es retrasar de media un año las peticiones de comparecencia y delegar casi siempre en las secretarías autonómicas las comparecencias en comisión: “ellos no saben sobre eso que se les pregunta” y les pregunten lo que les pregunten contestan lo que el asesor de turno les ha redactado.

Otra de las tácticas antidemocráticas es convocar pocas veces las comisiones parlamentarias con el fin de ir retrasando los debates, en algunos casos sin permitir a los diputados y diputadas elegir las iniciativas a debatir, siendo el orden de registro el que manda. Ello conlleva que las iniciativas que se debaten un día sean las registradas un año antes.

Añadamos también a todo esto, como ejemplo de toda una manera de proceder la negativa permanente del grupo popular a las comparecencias de cargos públicos que no sean consellers, a pesar de la responsabilidad pública que puedan ocupar: sistemáticamente el PP veta las peticiones de comparecencia.

Si a todo ello sumamos que cuando quieren, es decir, cuando les interesa, imponen la lectura rápida de una ley, como la del cierre de RTVV bloqueando así todo trámite parlamentario y las enmiendas de la oposición. O que la Mesa de les Corts cuente con diversas sentencias en contra suya del Tribunal Constitucional por haber vetado la tramitación de iniciativas parlamentarias de la oposición, nos podemos hacer una idea de lo que hoy por hoy es nuestro parlamento.

¿Cómo se veta la tramitación de las iniciativas de Compromís?. Muy sencillo: se ha instaurado un sistema de censura por el cual cualquier frase que incluya una crítica hacia el gobierno del PP es vetada y mantenerla implica que la iniciativa parlamentaria no se tramite, vulnerando de manera flagrante el derecho a la libertad de expresión de los diputados y diputadas.

Como verán los lectores, no hablo de lo obvio: el diálogo, el consenso, saber escuchar y alcanzar acuerdos mayoritarios como esencia de la democracia. Hablo del día a día de un Parlamento tan castigado por las políticas antidemocráticas de unos personajes que han ostentado durante 20 años una mayoría absoluta, que necesita un tratamiento intensivo de recuperación.

Dicen que el cambio está en marcha. Deseo que sea cierto. Porque mi amor por esta tierra es inmenso, como lo es mi respeto por la democracia. Y la necesidad de que una mayoría democrática que quiera dialogar, escuchar, responder y consensuar en interés de la gente es, sin lugar a dudas, una emergencia.