El sueño de un mundo sin fronteras, al hilo de la globalización intensificada tras la “caída del Muro de Berlín”, despegó como horizonte utópico para el futuro de la humanidad. Era cierto, sin embargo, que, ocurriendo el proceso globalizador sobre todo en términos de expansión del mercado capitalista bajo paradigma neoliberal, dicho sueño no dejó de verse alterado por inquietantes pesadillas de crecientes desigualdades y agudos conflictos. Con el correr del tiempo los acontecimientos nos han traído a un mundo distópico cuyas crisis no resueltas –económicas, sociales y sanitarias-, o las que se presentan agudizadas -crisis climática o crisis bélica causada por la invasión rusa de Ucrania- hacen de él un lugar de lo negativo. Y nos topamos con que las fronteras recobran un papel fundamental, sea reforzadas con muros que se pretenden insalvables, sea como objeto de agrios enfrentamientos, incluso llegando a veces a la confrontación armada. Las fronteras amuralladas resultan paradójicamente rebasadas, mientras que las fronteras en disputa se ven zarandeadas a tenor de la ley del más fuerte. 

En estos días el debate político pone de nuevo ante nosotros una situación que ejemplifica hasta dónde pueden llegar dramáticas situaciones en fronteras, las cuales muchas veces desembocan en tragedias. Se trata de lo sucedido en la valla de Melilla, frontera de España, el pasado 24 de junio, con la gendarmería de Marruecos actuando contra migrantes intentando “saltar” a territorio español y por ello reprimidos de forma brutal, originando la muerte de decenas de personas. Todo apunta a que fue así en cumplimiento de las tareas acordadas, como servicio externalizado de control fronterizo, en el vergonzante pacto suscrito entre el Estado español y el régimen de Mohamed VI, al que se avino de forma tan imprevista el presidente Sánchez –sin apoyo parlamentario alguno, a excepción de un PSOE por otra parte ajeno al porqué de tamaña alteración de lo que venían siendo política de Estado en lo que al Sáhara Occidental se refiere, ahora postergado en sus derechos como moneda de cambio-. 

Bien sabemos que no hay Estado sin territorio y éste, acotado por fronteras, es el ámbito de lo político que se articula en dicho Estado como espacio para su despliegue jurisdiccional, sus estructuras administrativas y su dinámica política. Dada la coextensión de Estado y territorio, es sobre éste que recae en buena medida el ejercicio de la soberanía que aquel se arroga como factor constituyente del mismo. Hay que recordar que la soberanía supone la capacidad de establecer leyes pudiendo obligar a su cumplimiento. El caso es que tal soberanía, que de suyo en democracia ha de implicar, en términos de Rousseau, que las leyes las aprueben quienes han de obedecerlas –hacemos la salvedad de que eso se extienda a leyes elaboradas en instituciones de democracia representativa-, con frecuencia fácticamente deja de residir en el pueblo como demos para acabar siendo ilegítimamente acaparada por quienes detentan los poderes del Estado, a pesar de lo que la Constitución diga al respecto. 

Soberanía y abuso de la razón de Estado en fácticos estados de excepción

Es insoslayable constatar que el asunto de la soberanía acaba una y otra vez donde lo situó Carl Schmitt al afirmar que “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, es decir, quien puede dejar en suspenso la ley establecida por ese mismo poder soberano. Si cualquiera puede argumentar que son los mismos parlamentos los que en democracias constitucionales han de aprobar un estado de excepción, habrá que subrayar que por vía de hecho aparece una y otra vez un camino por el que se sortea ese requisito legal, fundamental en un Estado de derecho. Dicho camino es el que se transita tantas veces invocando la razón de Estado para saltarse la ley bajo suficientes capas de opacidad, sin dejar de aducir en falso el bien del Estado para cometer injustas arbitrariedades. 

Así, pues, abusivas actuaciones por una supuesta razón de Estado se presentan como formas de ejercer o poner a salvo la soberanía. No obstante, se puede decir, como hace la politóloga Wendy Brown, que en las zonas de frontera, por mor de la razón de Estado, es donde de manera paradigmática se presentan actuaciones de Estados cuya soberanía ha venido a menos. Cabe anotar además que las fácticas “leyes de la frontera” –sea socialmente, como recordó Javier Cercas en novela con ese título, sea políticamente- constituyen pautas que abonan el terreno para que los Estados sucumban a la tentación de prescindir de la legalidad. 

Por razón de Estado, y supuestamente en aras de la soberanía, el presidente del Gobierno español procedió al ya mencionado acuerdo de tintes neocoloniales respecto a Marruecos –con la paradoja de un actuar neocolonial que implica claudicar ante el colonizado, que es mercenario de poderes coloniales para reprimir a otros que vienen de peores colonizaciones-. Y ello, como se dijo, con el fin de que la policía y ejército marroquíes contengan lo que con exceso verbal y prejuicio racista se denominan “avalanchas” de inmigrantes magrebíes o subsaharianos, cual práctica de contención que supuestamente necesita la sociedad española, añadida a la preocupación por asegurar la españolidad de Ceuta y Melilla. En zona de frontera, si la razón de Estado impone transigir con deportaciones en caliente o hacer la vista gorda ante actuaciones contra los derechos humanos, e incluso contrarias a principios y normas de nuestra legislación, se verifica que nuestra misma frontera, que lo es a su vez de la Unión Europea, es de hecho frontera sin leyes. 

Como ocurre en distintas latitudes, desde una razón de Estado bajo sibilinas formas de estado de excepción no declarado, la condición de fronteras sin leyes da pie a que se siga de forma inhumana una “lógica sacrificial”. Ante la valla de Melilla, y habiendo tenido lugar una masacre que ya provocó que la ONU se pronunciara al respecto, se sacrificaron inmigrantes con sus derechos, lo cual fue precedido por el sacrificio del pueblo saharaui llevado a cabo por el Estado español: en todo caso, humanos despojados de sus derechos, empezando por el derecho a la vida, expuesta como la “nuda vida”, tal como lo formula el filósofo Giorgio Agamben, que puede ser liquidada impunemente, aunque se haya declarado sagrada en virtud de los predicados derechos humanos que debieran ampararla.

Lo que se vive en tantas fronteras, y lo acaecido recientemente en la nuestra de Melilla, pone de relieve la necesidad de empezar a deconstruir con coherencia democrática la “institución fronteriza”, la cual, como sugiere Étienne Balibar, funciona en perversa compañía de soberanías mitificadas y mucha razón de Estado arbitrariamente esgrimida. Los migrantes conocen lo que Walter Benjamin dejó escrito ante el auge de los fascismos: “la regla es el ‘estado de excepción’ en el que vivimos”; lo que falta es que se cumpla la excepción que supondría acabar con ese permanente y extendido estado de excepción. Hoy es tarea inexcusable para una Europa que hasta ahora no ofrece atisbos de una efectiva y solidaria política migratoria. Esta, como política de verdad y no mero control fronterizo, va a ser aún más necesaria en adelante, por la intensificación de los movimientos migratorios que se avecina, no ajena a la crisis climática, en este mundo distópico atravesado además por conflictos entre nuevos bloques en el mapa geopolítico

Si en estos momentos se nos hace muy difícil pensar un mundo sin fronteras, eso no quita trabajar en medio de esta negativa mundialización por una nueva “mundialidad”, acorde con una hospitalidad transfronteriza, como marco para un digno existir de los humanos que hemos de seguir viviendo en esta morada común que es la Tierra que habitamos.

Es una pesada broma de la historia que si alguien, en España y en los tiempos que vivimos, ha asaltado los cielos -¡que Marx me perdone citarlo sin haberlo mencionado, salvo por este inciso reparador de mi osadía!- ese ha sido Moreno Bonilla en Andalucía, al frente de un Partido Popular que en las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio obtuvo una arrolladora mayoría absoluta, con 58 de los 109 escaños del parlamento andaluz. Así resulta que el candidato del PP, viniendo de ser presidente de la Junta de Andalucía, tiene el camino despejado para serlo en una nueva legislatura, sin necesidad esta vez ni de coalición alguna como antes ha sido el caso con Ciudadanos –fuera ya de la cámara andaluza por decisión de electores que antes confiaron en ese partido y ahora han traspasado su voto al PP-, ni del incómodo apoyo parlamentario de Vox con todo su tufo fascista. Moreno Bonilla, Juanma para los amigos y que, como Juanma, ha pedido el voto a los andaluces en alarde de proximidad populista, está que levita, lo cual hemos podido comprobarlo no solo en el escenario desde el que se dirigió a sus enfervorizados seguidores en la noche electoral, sino en el recibimiento brindado en la sede de Génova del PP. Allí ha acompañado a Núñez Feijóo, convertido en presidente del partido respaldado por el líder ganador, y observado de cerca por la mirada de Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya expresión facial no podía disimular el dolor de verse desplazada de su papel de rutilante lideresa entre los barones territoriales populares. La victoria de Juanma, frenando a Vox y a su nefasta candidata a la Junta, provocando con su estrategia de voto útil que la ultraderecha solo creciera dos diputados sobre los doce que tenía, arrincona internamente al mimetismo respecto a los de Abascal del que se sirvió la presidenta madrileña para mantenerse en el poder. El presidente de Castilla y León, con Vox en su gobierno, busca de continuo dónde meterse para no dejar al descubierto sus vergüenzas, por lo demás de todos conocidas. 

Cubierto el capítulo de felicitación implícita en el mismo relato de los hechos, con la necesaria retranca para que nadie lo entienda como adulación, que sería tarea que a estas líneas no corresponde, a la vez que con el indispensable dejar constancia del alivio que para todos supone haber propiciado en Andalucía el parón de burro a Vox después de sus chulescas cabalgadas cual jinete apocalíptico revestido de todos los negacionismos habidos y por haber, es el momento de considerar la cosa en su anverso y su reverso. Es decir, el asalto a los cielos de unos es el verse por los suelos de otros. Hablamos de la izquierda o, si se quiere y para mayor precisión, de las izquierdas. Obligado es detenerse en primer lugar en la derrota del PSOE, descendiendo de 33 a 30 escaños, como todo el mundo sabe. El bueno de Juan Espadas, inducido desde la cúspide socialista de Ferraz a despojarse del traje a su medida que era la alcaldía de Sevilla para asumir la candidatura a la presidencia de la Junta, no pudo tirar del pesado carro del PSOE andaluz para, al menos, mantener su presencia parlamentaria en el nivel en que lo dejó la destronada Susana Díaz. Los aparatos de los partidos proponen –y algo más- hasta que el electorado dispone. Con encomiable ejercicio de humildad, el derrotado Espadas se echó a la espalda el fracaso del socialismo andaluz con una elegancia que no se ha podido apreciar en la dirección federal del partido. Será por la frialdad que siempre implica el distanciamiento centralista, aun en un partido que se dice federal. 

Con todo, de las explicaciones ofrecidas desde el PSOE-A acerca de tan grave pérdida de votos se pueden destacar algunas cuestiones llamativas bajo la envoltura de un discurso con inocultable sabor a excusas insuficientes. Si los buenos modos de Moreno Bonilla no significan que sea moderado el PP que encabeza, pues sus políticas neoliberales en sanidad y educación lo desmienten, sin que lo contrapese la buena imagen trabajada al hilo de las campañas de vacunaciones, los intentos del PSOE de apuntar los éxitos de gestión en la cuenta del gobierno central del PSOE y UP tampoco convencen. El caso es que los socialistas han perdido presencia en la vida social y en la dinámica política andaluzas –no solo porque sin resortes de poder caen redes clientelares-, siendo circunstancia que los populares han sabido aprovechar, detectando por dónde van cambios demográficos, generacionales y de intereses de la sociedad andaluza, especialmente de la tan invocada clase media. Mientras tanto, el PSOE se ha dejado llevar en Andalucía por una inercia que no da más de sí, sin suficiente renovación en sus estructuras y sin la necesaria innovación en sus propuestas. La falta de convicción en torno al voto es en tal caso lo que provoca crecimiento de la abstención, que no deja de ser reacción crítica que nada tiene que ver con pereza a causa de una desmotivación superficial. Si se tiene en cuenta el hecho de un posible desplazamiento de voto socialista al PP, los motivos de preocupación llegan al PSOE federal, pues sabido es que sin ganar en Andalucía malamente puede ganar en España. La dificultad insuperable de remover todos esos obstáculos es lo que hace decir a los socialistas que les faltó tiempo para dar a conocer y promocionar a su candidato. ¡Ay, el tiempo!

Vayamos, pues, al factor tiempo, que es con el que también tuvo que lidiar la candidatura de la coalición Por Andalucía. Desastroso fue ya que esta candidatura fraguara in extremis, habiendo tenido tiempo más que de sobra para haber hecho un trabajo previo, no solo sobre candidatas y candidatos de las diversas formaciones políticas que al final se sumaron, sino sobre un programa común del cual nadie ha tenido noticia. Bien podían haber hecho caso al tan mentado Anguita con aquello de “programa, programa, programa”. Pero si al llegar apurados al registro mismo de la coalición, se añade el llegar tarde por parte de Podemos –dejaron en el aire la sospecha que fue más por causalidad que por casualidad- al trámite ante la Junta Electoral, la culpabilidad se incrementa en cuanto a cómo tan lamentable proceso repercutió en la desconfianza de los potenciales votantes. Hablar sin más de desmovilización de la ciudadanía de izquierdas es una verdad a medias si no se reconoce la raíz de la misma y la responsabilidad al respecto, máxime cuando el fracaso en cuanto al número de escaños conseguidos –solo cinco- redunda negativamente en la operación de Yolanda Díaz de cara a las generales. Lo que, para colmo, no es de recibo es que desde Por Andalucía se eche toda la culpa de la caída de apoyo electoral sobre la decisión de Adelante Andalucía de presentarse en solitario a los comicios. La decisión puede discutirse, pero no hay que olvidar que hasta se quiso excluir a su candidata Teresa Rodríguez de los debates electorales en medios públicos. Ésta, que por su parte hizo una buena campaña recompensada con sendos escaños por Cádiz y Sevilla, siempre tuvo razón en un punto: la falta de autonomía de los partidos de la coalición de izquierdas en Por Andalucía debido al centralismo madrileño en cuanto a las decisiones de sus respectivas organizaciones. Con buena memoria es fácil recordar las divergencias entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez sobre ese punto. 

Es ante el panorama resultante tras las elecciones andaluzas que suele indicarse por toda clase de comentaristas que se puede estar ante un cambio de ciclo electoral, entrando en fase de ascenso de la derecha y declive de la izquierda. Innegable es que la victoria apabullante del PP entra en lo que se recogerá como hecho histórico en la comunidad andaluza. Más al fondo de los cambios epifenoménicos que puedan darse en futuras convocatorias a las urnas, sí cabe decir, con un PP asentándose en el poder autonómico y activando su sintonía con un electorado que se va situando en la pretendida seguridad de posiciones conservadoras, que estamos ante un cambio de hegemonía, que de estar detentada por la izquierda durante décadas pasa a ser ejercida por la derecha, sobre la base de una continuidad en cuanto al sostén del régimen del cual se presentan como mantenedores los partidos mayoritarios de Andalucía, los del bipartidismo que de nuevo asoma cuando los partidos de lo que se entendió como nueva política hacen mutis por el foro. Aparte de sus cuidados modos y de sus alardes en cuanto a pretensión de transversalidad –incluso apuntándose mérito de aglutinar al pueblo andaluz-, es exitosa tarea de Moreno Bonilla haber garantizado la continuidad del régimen incluso dando pie al apuntado cambio de hegemonía, de forma que, como se dice, se la ha perdido el miedo a la derecha en una comunidad que votaba mayoritariamente a la izquierda. 

La conclusión es que en Andalucía la derecha ha ganado espectacularmente en espacio político. Mientras tanto, el problema de fondo de la izquierda es que ha perdido tiempo, y no solo tiempo en su culpable lentitud a la hora de afrontar la convocatoria electoral que se veía venir. Las izquierdas, en sus tres bandas, han perdido la capacidad de situarse como debieran en el tiempo histórico en el que estamos, dejando escapar ese “tiempo ahora” que el filósofo Walter Benjamin cifraba como momento abierto a la respuesta ante lo que acontece. Por ello y recogiendo lo que decía hace décadas el analista alemán Reinhart Koselleck, la potencia de la izquierda en cuanto a abrir para la acción política un “horizonte de expectativas” es lo que ahora se echa en falta. De ahí la carencia en cuanto a un proyecto renovado, a un discurso en el que se enmarque la misma gestión política ofreciendo un hilo conductor de hacia dónde se quiere ir. 

Es el déficit señalado lo que explica la falta de movilización habiendo incluso logros de los que enorgullecerse, desde la reforma laboral hasta el salario mínimo o el ingreso vital. Si falta un hilo conductor, hasta los logros positivos se quedan en el bagaje disperso que arrollan tiempos difíciles de crisis, de inflación, de consecuencias de la guerra en Ucrania, de decisiones sin razones suficientes que las expliquen… Y sin un plan claro para problemas tan graves como qué hacer con nuestro Estado y su pluralidad nacional, algo para lo que no tiene respuesta el españolismo regionalista en que consiste, en el mejor de los casos, el autonomismo del PP. Los partidos que se presentan sin otra etiqueta que la de “progresistas” se quedan así en el vacío cuando en tiempos inciertos se derrumba la fe en un progreso que estaba mitificado. Aparece entonces una profunda melancolía, pero se quedará en sentimiento refugiado en la impotencia si no es capaz la izquierda de transmutarlo en potencial de transformación emancipadora mirando de frente las causas de las derrotas. 

Rusia ha celebrado el pasado 4 de noviembre su fiesta nacional, atendiendo a la victoria en el siglo XVII sobre el invasor polaco. Desde 2005 no lo hace en el 7 de noviembre, fecha -según calendario de Occidente- en que se conmemora la Revolución de Octubre. Ni el centenario como motivo ha sido acogido por Putin y sus correligionarios como razón suficiente para darle realce a la efeméride de un acontecimiento que, sin duda, es clave en la historia contemporánea, no sólo de Rusia, sino de Europa y el Mundo. Me impresiona y me acongoja que se pase de largo sobre lo que significó un hecho tan crucial y lo que supusieron sus efectos dentro y fuera de la URSS, a la que la Revolución bolchevique dio paso. ¿No queda nada de la revolución? ¿A dónde fue a parar el esfuerzo titánico de todo un pueblo durante décadas? ¿No hay nada que decir de la memoria, también, de los millones de víctimas que el stalinismo arrojó al agujero negro de la historia? 

El problema no sólo se nos plantea por la programada desmemoria impulsada por Putin. Nos podemos mirar a nosotros mismos. El mundo occidental puede estar cómodo, a pesar de los pesares, recordando la Revolución Francesa, poniendo en ella, en buena parte, el origen de nuestras democracias. ¿Pero qué líder político reivindica hoy la Revolución de Octubre? En la misma izquierda se pasa de puntillas sobre su recuerdo, como si nadie la quisiera en su haber, temiendo que se la cuenten en el debe. Queda para estudio de historiadores o actos culturales. Sin embargo, fue un acontecimiento como pocos, punto de inflexión de la historia –empezando por hacer posible el final de la Gran Guerra, que no se veía en el horizonte-, concreción de una acción política donde partido –de inmediato los bolcheviques monopolizaron el protagonismo revolucionario- y pueblo, éste con un campesinado en rebeldía y un proletariado escaso pero combativo, abrieron camino al “experimento” de construir una sociedad socialista, con las miras en horizonte comunista. Desgraciadamente, entre guerra interna, acoso externo y la deriva dictatorial consumada por Stalin, el proyecto pronto se torció. Le quedó la gesta de la lucha heroica contra el nazismo. Al cabo de décadas, la URSS desapareció, por implosión, en el fin de etapa de un sistema que llegó a ser totalitario y nunca salió del burocratismo en que se fraguó su fracaso, incubado al calor de la Guerra Fría. 

Aun con todo ello, la Revolución de Octubre también fue nuestra revolución. De sus consecuencias indirectas nos beneficiamos, de su inicial impulso emancipador nos enorgullecemos, de sus errores aprendemos y a su memoria nos debemos.

En la clausura del XIII congreso del PSOE de Andalucía se produjo el insólito hecho de que la recién reelegida secretaria general de los socialistas andaluces se dirigiera al recién reelegido, y por el XXXIX congreso federal ratificado, secretario general del PSOE, en un tono conminatorio que de ninguna manera podía ocultar la amenaza que encerraba el mensaje que emitía. Susana Díaz, desde la tribuna del congreso, profiriendo su discurso desde un atril a sólo unos metros del lugar donde Pedro Sánchez estaba sentado, le espetó palabras de inaudita dureza en un contexto como ese al decirle en tono imperativo que no le obligara a elegir “entre la lealtad al PSOE y la lealtad a Andalucía”.

La apariencia del enunciado en cuestión era de sencillo dilema: si hubiera de acatar la posición del PSOE —refiriéndose a la propuesta sobre plurinacionalidad del Estado español plasmada en las resoluciones del último congreso federal—, dejaría descuidadas sus obligaciones en lo que se refiere a la defensa de los intereses de Andalucía, siendo presidenta de la misma. Si se volcara en velar por Andalucía, como sería su compromiso institucional, habría de aparcar la disciplina de partido e ir en contra de toda pretensión de conjugar la plurinacionalidad del Estado.

Mas cualquier persona atenta a mensaje tan equívoco como malévolo descubre al momento —así lo ha reflejado la prensa en general— que tras lo que prima facie se presenta como dilema, hay en verdad una amenaza en toda regla. Cual si fuera variante del milenario dicho “conmigo o contra mí”, la secretaria del PSOE-A formulaba un reto que lanzó a la cara del secretario general del PSOE —éste, aun con todo su aplomo, no pudo evitar que su gestualidad facial acusara el golpe bajo que en directo se le infligía—: si Pedro Sánchez, a la cabeza del partido, lidera el avance hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad existente en la realidad política española, Susana Díaz, con sus fidelizadas huestes imbuidas de nacionalismo españolista, le presentará cara negándose a tal recorrido jurídico-político, por mucho que se hiciera en aras de salvar la unidad y cohesión del Estado español.

Sigamos teniendo en cuenta la percepción de cualquier observador externo respecto a una situación como la descrita, de la cual tenemos fidedignas crónicas escritas y fehacientes testimonios audiovisuales. Y si quien observa hace el análisis correspondiente, fácilmente concluye que hay un fuerte conflicto de poderes tras lo que las apariencias dilemáticas presentan como un conflicto de lealtades —falso conflicto de lealtades. En el congreso del PSOE andaluz se ha conformado un bloque de oposición interna a la dirección federal del partido, lo cual, amén de verse anunciado desde la convocatoria misma de tal congreso, en el desarrollo del mismo quedó patente, al aprobarse por casi un 95% de los delegados, la gestión de la ejecutiva saliente, encabezada por la misma Susana Díaz, a la sazón secretaria general de nuevo gracias a la abrumadora recogida de avales a su candidatura, haciéndola única para sólo ser aclamada en el cónclave del socialismo andaluz. Tal apoyo no hubiera sido objeto de reparo alguno si la ejecutiva saliente no hubiera estado involucrada de lleno, con su secretaria general al frente, en la defenestración de quien era el líder del PSOE.

No faltó el punto grotesco de expresar todo un sentido lamento por arrancar páginas del PSOE —en referencia al relevo de Alfonso Guerra en la dirección de la Fundación Pablo Iglesias— por parte de quien dirigió la conspiración para quitar de en medio al secretario general del PSOE. Todos estos elementos contextuales aportan claves del texto falsamente dilemático que constituyó el centro de gravedad del acto de clausura del congreso: el PSOE de Andalucía se afirmaba como bastión del sector del PSOE que quedó en minoría en el congreso federal, como quedó anticipado por la derrota en primarias de Susana Díaz frente a Pedro Sánchez.

Con todo, el conflicto de poderes que se expresa como conflicto de lealtades muestra a su vez cómo se juega tramposamente mediante el discurso de la lealtad. Ésta supone la fidelidad a los compromisos contraídos desde el respeto al deber que respecto a ello se tiene —el cual abarca el respeto a aquéllos con quienes se contrajo el compromiso. No se trata de eso que coloquialmente se llama “fidelidad perruna”, ciega y, en política, clientelarmente ahormada. Por ello la lealtad no excluye la crítica, pero exige que sea expresada abierta y limpiamente, lo cual implica hacerlo desde las posiciones públicas en que cabe esgrimirla, y si para mantener la crítica hay que dimitir de un cargo con cuyo desempeño colisiona, es lo que debe hacerse, en vez de utilizarlo como baluarte en una determinada confrontación de poder que puede llegar a ser ilegítima. Es el caso del conflicto de poderes que se deja ver entre Susana Díaz y Pedro Sánchez.

Pero hay más: lo que se hace patente en todo este asunto es cómo cualquier pieza del discurso político puede funcionar ideológicamente, en el sentido marxista de la expresión, es decir, de forma encubridora de los intereses en juego. Para cuestionar el federalismo pluralista se ha recurrido desde el PSOE de Andalucía al “federalismo cooperativo”, contraponiéndolos de manera mendaz.

Desde hace mucho tiempo no hay federalismo que no se presente como cooperativo; va de suyo que el pacto federal implica cooperación entre entidades federadas y de éstas con el poder que recae sobre las instancias estatales que encarnan la federación misma. El federalismo pluralista, aplicado a la pluralidad de naciones, ya implica cooperación. Luego cuando se insiste unilateralmente en ésta es para tapar ideológicamente el descrédito que se siembra respecto a aquél. Y para ello se pasa por alto incluso declaraciones de reputados miembros del PSOE en torno a la “nación de naciones”, desde Anselmo Carretero en 1948 durante su exilio mexicano hasta Felipe González y Carme Chacón, pasando por el diputado constituyente Peces-Barba. No interesa citar nada de eso, sino acumular viejas glorias en una primera fila para bendecir una operación de poder y reforzar la coartada españolista. Ésta, de manera chocante, se hace valer por un partido que promovió en la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma andaluza que se recogiera su reconocimiento como nacionalidad histórica —Estatuto en el que hasta se menciona la Constitución Federal Andaluza de 1883— , y ello a la vez que se potencia dicha coartada descuidando la referencia a “nacionalidades y regiones” en el artículo 2 de la tan invocada Constitución.

Contraponer como excluyentes igualdad de derechos de los ciudadanos y reconocimiento de la legítima diversidad de naciones corresponde a algo que desde el PSOE no se propuso ni se intenta, como el secretario general se encargó de recordar en su discurso —con sabor a réplica. Y lo que muchos afirmamos al defender una propuesta federalista que contemple la pluralidad de naciones en el Estado es la imperiosa necesidad de dar respuesta con tal fórmula no sólo a la compleja realidad del Estado español, máxime en el punto actual de su agotamiento como Estado autonómico, sino de ofrecer vías de salida a la grave crisis que el Estado sufre en estos momentos. El conflicto de poderes en el campo socialista no es sólo un problema del PSOE; es un problema de España.

Cuando el TTIP hizo mutis por el foro, el CETA ocupó la escena. Entre tratados anda el juego. Así, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la UE toma el relevo como “hermano menor” –comparten los mismos genes neoliberales– del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, una vez que este fue sacado del terreno de juego por el manager Trump, en consonancia con la que es su “estrategia” nacional-capitalista –de ninguna manera alternativa a la globalización en curso–.

El protagonismo ganado por el CETA, que no era el previsto, toda vez que el guión le otorgaba un papel secundario, y en cierto modo parasitario del desplazado TTIP, revela a la vez que su recorrido a este lado del Atlántico no ha sido muy diferente de lo que era la trayectoria del tratado que se preparaba con EEUU. Todo ha sido aprovechar las posibilidades de ocultación de las negociaciones llevadas a cabo tras las bambalinas para que el secretismo permitiera ir trenzando un acuerdo de cientos de páginas hasta depositarlas, con la misma opacidad que han acompañado a su redacción, ante los diputados y diputadas del Parlamento Europeo. Todos los ardides acumulados en su elaboración no impidieron que el debate en el Europarlamento fuera vivo, arrojando un resultado de 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. Fue significativo cómo se dividió el voto en el grupo socialista de la Eurocámara: 90 votos a favor –entre ellos, en ese momento, todos los de los socialistas españoles– y 80 sumando abstenciones y los más de sesenta en contra, como fue el caso de socialistas franceses, belgas, austríacos, polacos y parte de los eurodiputados socialdemócratas alemanes, italianos o de los laboristas británicos.

En el Paramento Europeo así quedaron las cosas a la espera de la ratificación del CETA por los parlamentos nacionales y de la resolución sobre el mismo que pueda dar el Tribunal de Justicia de la UE. Y por lo que pueda pasar en el Parlamento español, el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se deja venir por España con una tarea: evitar que el PSOE se posicione en contra del CETA, enalteciendo no solo las supuestas virtudes del Tratado, sino declarando con vehemencia que ser de izquierdas no es estar contra la globalización –todo un enunciado cargado de mensajes falaces por cuanto se soslaya cómo es la globalización realmente existente y se oculta que apoyar sin más esa globalización, tal como se promueve en el CETA según nos llega, es de derechas–.

Moscovici, que viene del Partido Socialista Francés, pasa por alto los posicionamientos en contra del CETA en el seno del eurogrupo socialista, soslayando que las razones para ello son fuertes, hasta el punto de dar pie a una división muy notoria. Destaca en cuanto a la exposición de dichas razones la enfática presentación de las mismas por parte de Paul Magnette, líder del Partido Socialista que, en Bélgica, logró frenar el CETA en el parlamento de Valonia. Los motivos fueron expuestos clara y meridianamente y así han de ser recogidos, sin pretender confundirlos torticeramente con los que se aducen desde posiciones ultranacionalistas que por la derecha también se oponen al CETA.

Cuando en España el PSOE reformula su posición respecto al CETA se hace eco de los argumentos que se han formulado contra dicho Tratado cuestionando aspectos sustanciales del mismo, como se ha hecho desde la izquierda y por parte de muchas voces de la ciudadanía y así como de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Por ello, en la resolución aprobada en el recientemente celebrado XXXIX Congreso Federal del PSOE queda recogido como planteamiento del partido una declaración de este tenor: “Un comercio y una inversión al servicio de un empleo decente y sostenible. Tras el fracaso del TTIP entre Europa y EEUU, Europa debe plantear una alternativa tanto al neoliberalismo como al proteccionismo. Los mega-acuerdos comerciales deben insertarse en una estrategia económica pan-europea más amplia, de desarrollo sostenible, política económica expansiva, apoyo público a la I+D+i por encima del 3% del PIB europeo, y siempre en una clave más social: nuevos empleos de calidad y redes de protección y reciclaje para los sectores perdedores. Ello exige una vigilancia especial del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en todo tratado comercial futuro”.

A la vista de tales palabras, que implican una reflexión colectiva absolutamente pertinente, a nadie debería sorprender –y menos a la secretaria general del PSOE–A y presidenta de la Junta de Andalucía–, que el PSOE actúe de forma consecuente modificando la posición anteriormente defendida tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Las razones para que el PSOE cambie su actitud y su discurso ante el CETA no son, pues, nada baladíes.

Todo lo contrario, como ha dejado bien claro Cristina Narbona en recientes intervenciones en medios de comunicación. La nueva presidenta del Partido Socialista, con la claridad discursiva y la contundencia argumentativa que le caracterizan, ha desgranado las fuertes objeciones que justifican que no se apoye el CETA. Para vencer las graves reservas frente al mismo no son suficientes las mejoras introducidas en determinados aspectos ciertamente importantes, como los relativos a los mecanismos de arbitraje en los conflictos que se presenten entre los intereses de grandes empresas transnacionales y los que los Estados puedan defender en aras de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Por más que se hayan introducido ciertas pautas más presentables a la hora de designar jueces para esos procedimientos de arbitraje, no dejan de estar ubicados en agencias cuyas resoluciones se superpondrían a la legislación de los Estados. A tal escollo jurídico, contra el que pueden estrellarse derechos de los ciudadanos como consumidores o relativos a la protección de la salud, derechos laborales de los trabajadores o derechos medioambientales, no cabe responder con una supuestamente bienintencionada alusión a los miles de millones de crecimiento del PIB que acarreará como beneficio el comercio con Canadá impulsado gracias al CETA –¿a costa de qué, distribuido cómo, en una Europa muy desigual y no ajena a relaciones coloniales en su seno entre metrópolis y periferia?–.

Narbona no ha dejado de subrayar lo que la misma Comisión de Empleo del Europarlamento puso de relieve: la vía libre al CETA, tal como está, puede suponer vía libre para la pérdida de 200.000 empleos en la UE. Igualmente acierta al llamar la atención sobre la reducida atención que se presta a productos con denominación de origen, limitada a una selección de lo más restrictiva, perjudicial para muy señalados sectores productivos españoles, por ejemplo. Y tras insistir en las características de un tratado que cuida mucho más no sólo los intereses de las empresas que los derechos de los individuos, sino que además protege más los intereses de los inversores extranjeros que las inversiones del capital autóctono, todo es acumular argumentos que hilvanan premisas para una conclusión, la cual literalmente dice así: “sería deseable que no se volvieran a plantear tratados internacionales de esta naturaleza”.

Una conclusión como la citada no admite que la respuesta al CETA se quede en la ambigüedad, en las medias tintas o en los paños calientes. Y ello reconociendo que en el tratado en cuestión hay medidas positivas. No todo es negativo, por ello cuando se critica no es en virtud de ningún ataque de “cetafobia”. Se critica para que la regulación del comercio internacional en el mercado global en el que nos movemos sea justa y sin trampas. Y eso hay que decirlo reconociendo a la vez que Canadá no es EEUU –aunque el CETA suponga hoy por hoy un camino expedito para que empresas estadounidenses asentadas en su vecino del norte entre por vía canadiense en Europa– y felicitándonos por la distancia entre Justin Trudeau y Donald Trump, a favor del primero, obviamente.

Pero no olvidemos que el capital, desde cualquier lugar y en cualquier latitud, pone en juego transnacionalmente toda la inteligencia económica a su favor y que nosotros estamos obligados a, por lo menos, equilibrar eso poniendo en juego toda nuestra inteligencia política a favor de los derechos de los individuos y de los pueblos. Ante un CETA que requiere mejoras sustanciales, razones de justicia obligan aquí y ahora a votar “no”. La abstención en relación a ello, con lo que podría suponer de distanciamiento respecto a posiciones neoliberales, no dejaría de ser una estación intermedia que al socialismo español le dejaría en un lugar inhabitable.

La conspiración de la que somos testigos tiene por objeto hacer caer a Pedro Sánchez para que lo que hasta ahora ha sido el 'no' a la investidura del candidato derechista no se mantenga, y dé paso a una abstención que suponga vía libre para un gobierno del partido de la corrupción

Recordando a Federico –“A las cinco de la tarde/Eran las cinco en punto de la tarde”– recibí la noticia que a velocidad de vértigo circulaba por las redes, haciéndose eco de lo que nos transmitían los diarios digitales: diecisiete miembros de la ejecutiva federal del PSOE presentaban su dimisión con la intención de forzar a su vez la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido. Los dimisionarios, aparcando toda exigencia de lealtad, consumaban así el movimiento conspiratorio que desde días atrás se venía fraguando.

De forma paradójica, una conspiración a la luz del día, conocida por todos en vivo y en directo en esta época nuestra de disfrute de los efectos de la revolución informacional. El objetivo, hacer caer al secretario general del Partido Socialista para que no siga adelante con su propuesta de congreso y de las preceptivas primarias para elegir un nuevo secretario general que habría de precederle, ni con su pretensión de seguir intentando con Unidos Podemos y otras fuerzas políticas un pacto para conseguir un gobierno alternativo al que pueda representar un ejecutivo del PP de nuevo encabezado por Rajoy.

La conspiración de la que somos testigos tiene por objeto hacer caer a Pedro Sánchez antes del Comité Federal ya convocado para que lo que hasta ahora ha sido el 'no' a la investidura del candidato derechista no se mantenga, y dé paso a una abstención que suponga vía libre para un gobierno del partido de la corrupción, las políticas antisociales y las leyes autoritarias, en vez de un 'sí' a un gobierno alternativo.

Y todo ello consumado mediante lo que estamos viendo: una rebelión antidemocrática que se sirve de la utilización abusiva de los estatutos del PSOE para liquidar a su actual dirección.

Una militancia indignada, que recoge además el sentir de una ciudadanía atónita ante un espectáculo fratricida de tal magnitud, se resiste a consentir una maniobra tan desleal como descarada, que no sólo es contra el secretario general en el legítimo desempeño de sus funciones, sino que es en definitiva contra el PSOE, contra su memoria y contra lo que significa en la política española y más allá.

Por abortar un Congreso que, aun con cuestiones pendientes de resolver, es cuestión a tratar en el Comité convocado para su aprobación democrática, y por frenar, como se intenta desde muchos meses atrás, todo pacto por la izquierda para conseguir una mayoría parlamentaria que permita un gobierno capaz de políticas económicas solidarias y con voluntad de diálogo para una reforma constitucional en serio, se ha promovido una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez absolutamente deleznable.

Incluso se plantea de forma falaz e injusta la cuestión de la responsabilidad respecto a los últimos procesos electorales, pues, habiendo obligación de cargar con la responsabilidad política a la que haya lugar por unos malos resultados, no vale hablar de “resultados históricos”, por lo negativos que son, sin tener en cuenta los factores que desde atrás inciden en ellos en un largo “ciclo histórico”.

En definitiva, estamos ante un proceso promovido por Susana Díaz y otros dirigentes territoriales, que además se ponen bajo la tutela protectora de Felipe González, el cual ha llevado a una lamentable acción de revuelta palatina totalmente desentendida de la militancia así como de la ciudadanía a la que tanto se invoca.

La herida que todo esto supone para un PSOE al que se le suman nuevos obstáculos para recuperar su credibilidad es enorme. Será su militancia la que tendrá que ocuparse de restañarla mediante su movilización y el compromiso de una acción política en verdad comprometida con un proyecto socialista que merezca la pena.

Como cantaba García Lorca en su Elegía por Ignacio Sanchez Mejías, hoy nos encontramos con que “luchan la paloma y el leopardo/a las cinco de la tarde”. Toca a la militancia socialista convertir la indignidad en fuerza de reconstrucción y transformar la lucha en potencial de común transformación.

Puede extrañar que reivindique un diálogo sin líneas rojas entre socialistas. Especialmente el PSOE y PSC, toda vez que una tímida propuesta de los socialistas catalanes respecto a un posible referéndum en Cataluña ha vuelto a provocar que suenen las alarmas

La propuesta de referéndum, como parte de la “cuestión catalana”, operó así no sólo como línea roja, sino como coartada para no entrar en negociación con Podemos… Tampoco Pablo Iglesias lo puso fácil

Puede extrañar que reivindique un diálogo sin líneas rojas entre socialistas. Estoy convencido de que hace falta, por más que haya quienes se sorprendan de insistir en tal cosa en relación a los miembros de un mismo partido. O, precisando más, de dos partidos federados, como es el caso, dado que la propuesta tiene que ver fundamentalmente con lo que deben dialogar entre sí PSOE y PSC, toda vez que, de nuevo, una tímida propuesta de los socialistas catalanes respecto a un posible referéndum en Cataluña ha vuelto a provocar que suenen las alarmas en el campo socialista.

Tenemos bien presente que venimos de una etapa en la que, al calor de las recientes campañas electorales, se ha abusado de las líneas rojas. De tanto ser usada, la expresión ha acabado entrando en el lenguaje coloquial de la ciudadanía. Cualquiera traza una línea roja para indicar ese límite que señala el punto hasta el cual se puede ceder. Más allá queda lo innegociable, o lo que es condición que ha de aceptar todo interlocutor que quiera seguir negociando con quien traza tan explícita “frontera”. En el ámbito político, explotando al máximo las connotaciones del color rojo como “semafórico” color para lo prohibido, nos hemos encontrado con líneas rojas en muy diversos contextos y en múltiples direcciones.

Recordemos, a título de ejemplo, que Podemos dio a entender tras las elecciones del 20 de diciembre que cualquier negociación con el partido morado tenía que contemplar como elemento fundamental la propuesta programática de realizar un referéndum en Cataluña. Había otros muchos temas cruciales, pero ése aparecía como condición indispensable para hablar de cualquier posible pacto al que pudieran sumarse. Por otra parte, cierto era que el asunto fue presentado en campaña como elemento central en la propuesta para Cataluña, lo cual puede considerarse como uno de los factores causantes del fuerte respaldo obtenido en dicha comunidad por la coalición electoral en la que participaba. El PSOE, por su parte, no se privó de subrayar dónde ponía su línea roja. En el Comité federal celebrado inmediatamente después de las elecciones de diciembre, a la vez que se presentaba a Podemos como partido contrario a la defensa de la unidad de España por proponer un referéndum en Cataluña –aunque su posición fuera para defender ante el mismo la unidad de España, insistiendo, como hizo antes el PSC, en la plurinacionalidad del Estado-, se establecían tales condiciones para un posible pacto de cara a la investidura como presidente del candidato socialista que eran de hecho obstáculos insalvables. La propuesta de referéndum, como parte de la “cuestión catalana”, operó así no sólo como línea roja, sino como coartada para no entrar en negociación con Podemos… Tampoco Pablo Iglesias lo puso fácil. Es historia reciente, pero, obviamente, pasada, la cual ahí queda en las hemerotecas como testigo de la manera en que determinadas líneas impidieron que fraguara entonces un pacto de izquierda.

Si volvemos la mirada hacia otros frentes encontramos que el mismo Partido Popular andaba al acecho pendiente de si el PSOE cedía lo más mínimo ante la propuesta de referéndum y agitando ante los socialistas el espantajo del populismo, por lo que a Podemos se refería, y del independentismo, por lo atinente a partidos soberanistas por si Pedro Sánchez, como candidato socialista, buscaba en ellos algún tipo de apoyo. La línea roja funcionó con tal eficacia que el PSOE no quiso ni siquiera contemplar la posibilidad de que los partidos independentistas se abstuvieran de manera que así se viera indirectamente facilitada su investidura. Bien es conocido que el PSOE interiorizó como propia tal línea roja más allá de la etapa postelectoral tras las generales del 20 de diciembre. Lo chocante del asunto, que muestra lo que de interés tacticista asoma con supuestas líneas irrebasables, se hace patente cuando, tras las elecciones del 26 de junio, y en el trance de hablar de cara a su investidura para repetir como presidente, Rajoy recibe -¡y en la Moncloa!- a independentistas de ERC. La escena es muy ilustrativa, por mucho que los representantes del independentismo catalán aprovecharan para dejarle al candidato popular, presidente en funciones, soporte digital con información exhaustiva de las conversaciones de su ministro del Interior, en funciones también puesto que no ha sido cesado, sobre utilización de organismos y recursos del Estado contra adversarios políticos en Cataluña. A lo ilustrativo se sumó la documentación de lo escandaloso.

Estos ejemplos así recogidos son correspondientes a situaciones en las que se han hecho valer a conveniencia determinadas líneas rojas en las relaciones entre partidos. Pero ahora lo que reclama una especial atención es la necesidad de que al interior del ámbito socialista no operen otras líneas que son sumamente dañinas para la coherencia del proyecto socialista y, por tanto, para su credibilidad ante la ciudadanía. En este caso, de hecho, el PSOE saca a relucir la línea intraspasable que dibuja ante el PSC, subrayando que no cabe plantear referéndum alguno para que de manera expresa se pronuncie la ciudadanía catalana. Todo se remite desde las instancias del PSOE a la Declaración de Granada, que como bien se sabe recoge un acuerdo interno del Partido Socialista sobre reforma constitucional del Estado de las autonomías en una dirección federalizante, mas sin avanzar hacia perfilar con nitidez un modelo de Estado federal y sin acometer un reconocimiento explícito de la plurinacionalidad del Estado español, sin recoger, por tanto, el reconocimiento explícito de Cataluña como nación.

Desde el PSC, con la conciencia clara de que puede darse el caso, ante ese déficit de planteamiento inicial, de que la reforma de la Constitución, sometida a referéndum de toda la ciudadanía española, no obtenga en Cataluña un respaldo suficiente, plantea la necesidad de realizar entonces otro referéndum tomando como modelo “la vía canadiense” –esto es, asumiendo como referencia la “Ley de Claridad” aplicada al realizar los referendos para la posible independencia del Quebec, la cual, a tenor de las condiciones establecidas, no se logró por quienes la defendían-. De esa forma se supone aportar una solución para el hipotético bloqueo que se pueda dar. Tal posible solución también es objeto de discusión entre los socialistas de Cataluña. Todo ello muestra la necesidad imperiosa de acabar con determinados tabúes sobre federalismo, plurinacionalidad y referendos que traban el debate entre socialistas y, por tanto, la formulación de una propuesta creíble al respecto a un lado y otro del Ebro. De camino, tal confusión paralizante hace que sea inamovible la línea roja que fácticamente funciona a la hora de buscar acuerdos con Podemos o sencillamente de dialogar con partidos nacionalistas o independentistas catalanes.

Tal como vienen planteadas las cosas en torno a un posible referéndum en Cataluña, que aparece como el punto candente de la cuestión, diré de nuevo que mucho más claro, ya que claridad se pretende, es plantear un referéndum consultivo, tal como desde la legalidad es posible, antes de la reforma constitucional, y no después. Contar con las preferencias del electorado catalán respecto a la relación entre Cataluña y el Estado español es cuestión tan útil como decisiva para orientar la reforma constitucional que debe hacerse, en vez de quemar una reforma que se hiciera para luego constatar que no cuenta con el apoyo necesario para considerarla legitimada por la ciudadanía catalana. Temas tan cruciales y delicados no son los que encuentran el clima más propicio en medio de negociaciones postelectorales a la búsqueda de mayorías de gobierno en el ámbito parlamentario. Pero al menos debiera ser posible dejar abiertas puertas transitables para abordar asuntos de este calado, dialogando sin líneas rojas entre socialistas –mejor reservar lo rojo para otros lineamientos- y despejando obstáculos para el entendimiento con otras fuerzas políticas, desde Podemos hasta nacionalistas sensibles a exigencias de la razón democrática.

El colmo de tal afán de exclusión es que sea impulsado por un diario de tirada nacional, otrora con fama de progresista, que pone el mensaje de su línea editorial bajo titular tan expresivo: "Una gran impostura"

En España ha sido populista hasta el gato. ¿A qué viene seguir esgrimiendo la acusación de populismo como mantra estigmatizador, tratando de presentar a determinados partidos, rotulados como populistas, fuera de lo que se define como orden democrático? Está claro que la pretensión de tal descalificación es excluir –los tildados como populistas se sacan, además, abusivamente del campo de los 'partidos constitucionalistas'-. Si eso lo hacen determinados partidos desde la autopercepción de que son los consagrados para velar por el buen funcionamiento del sistema, habida cuenta que en campaña electoral se trata de recortarle los espacios a los adversarios, el colmo de tal afán de exclusión es que sea impulsado por un diario de tirada nacional, otrora con fama de progresista, que pone el mensaje de su línea editorial bajo titular tan expresivo como éste: “Una gran impostura”. Toda la argumentación va dirigida a hacer ver que Podemos, y ahora su aliada IU, contaminada al coaligarse, es un partido que para nada es de fiar, con un populismo tan proclive a la ductilidad, además, que hace que la propuesta política que representa sea una impostura de grueso calibre, es decir, una falsedad inductora de engaños de lamentables consecuencias.

Podría decirse que sorprende en un diario que se identifica a sí mismo como “el periódico global” tan interesada parcialidad al formular un juicio tan duro como el citado, en vísperas de campaña electoral, con afirmaciones que van mucho más allá de lo que pudiera ser una legítima toma de posición. La virulencia de la descalificación hace sospechar que algo de mucha envergadura se ve peligrar cuando el ataque es tan feroz. Pero tampoco hay que extrañarse, ese mismo “periódico global” fue el que en puertas de las elecciones del pasado 20 de diciembre se dejó caer con otro editorial bajo el título: “Rajoy no puede, Sánchez no debe”. En aquellas fechas, desacreditado el primero, ningún margen se dejaba, con tal apelación negativa al deber, para lo que pudiera el segundo. No cabe duda que la pretensión de sentar cátedra mediática en medio del ágora política era evidente, como lo es ahora al querer jugar a juez de las fuerzas en liza, pero a la vista está que nada imparcial.

Vaya por delante que considero un error por parte de los dirigentes de Podemos el haber utilizado en demasía planteamientos de esa variante de un populismo de izquierdas teorizada por Ernesto Laclau teniendo a la vista, sobre todo, la realidad argentina. Ni España es el país austral ni Podemos debiera tratar de asemejarse al peronismo en algunos de sus aspectos. La misma noción de hegemonía que emerge desde una “razón populista”, emparentada con la de Gramsci, pero difiriendo de ella, no se adecua a la realidad de un pluralismo político –y la pluralidad nacional- de la intensidad que presenta el panorama español. Es la corrección de esa perspectiva la que produce un corrimiento hacia la izquierda de la tan invocada “transversalidad”, hasta acabar pactando con la fuerza política liderada por Alberto Garzón. Mas una vez observado eso, no deja de extrañar el trato negativo que recibe el pacto que da lugar a Unidos Podemos, tachándolo de “artificial y oportunista”, que son epítetos a todas luces muy lejos de aquellos con los que se aplaudía el infructuoso pacto entre PSOE y Ciudadanos.

Es cierto que en los programas electorales suelen quedar demasiadas zonas de incertidumbre –y algunas que pretenden no serlo, malamente resuelven las certezas, como ocurre con la antisocial promesa del PP de bajar los impuestos, en momentos de cuentas públicas nada propicias para ello-. No obstante, la crítica que tal cosa puede merecer bien estaría que se dejara ponderar por cierta perspectiva para no llegar a un maximalismo injusto. Habrá que recordar las suspicacias que levantaban al comienzo de los años ochenta el PSOE de aquellos “jóvenes nacionalistas (españoles)” –así se los llamaba en la órbita de la diplomacia estadounidense- que, entre otras cosas, se mostraban contrarios a la pertenencia de España a la OTAN. Sabemos en qué acabó aquella posición una vez convocado… ¡un referéndum! ¿Por qué tanto temor ahora a la propuesta de un referéndum en Cataluña, para que la ciudadanía se pronuncie sobre sus preferencias en cuanto a la relación de su nación con el Estado español? Desde Podemos bien pueden defender con más claridad lo que sostienen, ciertamente, pero a cualquier ejercicio ecuánime de análisis político habrá de repugnarle que se diga que la formación morada es proclive al independentismo o a al rompimiento de España. Después de todo, dicha propuesta es similar a la que llevaba el PSC en las elecciones autonómicas de 2012, propuesta programática hoy abandonada en aras de una reforma constitucional de carácter federalizante, como la que propone el PSOE, aunque sin esclarecer como se debiera el modelo de Estado federal al que se aspira. Éste tendría que ser ciertamente plurinacional si en verdad se quiere dar solución a la grave crisis del Estado español.

¿Pero por qué, entonces, tan marcados acentos negativos sobre Podemos? Sobre la derecha que representa el Partido Popular apenas unas palabras para destacar su cerrazón y parálisis. Y poco sobre su inacabable pretensión de encubrimiento de la corrupción sistémica que le afecta, que de suyo debiera impedir que Rajoy, presidente del partido, fuera de nuevo candidato –en una democracia decente habría dimitido en su anterior mandato-. Y Ciudadanos, con mención de pasada en lo que a su líder se refiere, es tratado salvaguardando la imagen de un partido cuyos dirigentes son llamados a estrenarse en el selecto Club Bilderberg, foro del más exquisito capitalismo global. Es el PSOE el que, por otra parte, sale malparado en el análisis, con los muy pocos esperanzadores datos de los sondeos de intención de voto pegados a su nuca. “Desdibujados y faltos de audacia” se presenta a los socialistas, pero a la vez se les envía un mensaje nada subliminal, sobre todo a Pedro Sánchez, su secretario general y candidato a la presidencia: nada de pactar con impostores.

Descritas como “draconianas” las condiciones que puso Pablo Iglesias, líder de Podemos, para pactar con el PSOE, y aun reconociendo, aunque el término empleado de nuevo sea excesivo, que la forma de presentarlas no favorecían un pacto –éste se fraguaba en verdad con la derecha presentable de Ciudadanos-, se pasa por alto que desde el mismo Comité federal socialista del 28 de diciembre se pusieron tales condiciones para pactar con el partido morado que, en verdad, eran obstáculos insalvables. Presiones internas y externas impedían al PSOE decantarse hacia un pacto por la izquierda. El referéndum en Cataluña aparecía como la coartada idónea para decir “no” a Podemos –la política catalana, como se ha dicho después en desafortunada generalización-. El estilo de Iglesias era la excusa reiteradamente sobrevenida. Pero no eran menores motivos los atinentes a política económica y planteamientos respecto a la UE y las imposiciones de Bruselas, asuntos respecto a los cuales, como se vuelve a comprobar desde las páginas del “periódico global”, es muy fuerte la negativa de los poderes económicos, políticos y mediáticos que pesan fácticamente en el sistema instaurado en España. Es por eso que ahora, ante toda posible tentación futura, se lanza el mensaje de advertencia: ningún pacto con los impostores.

A la descalificación moral le sigue la exclusión política. Se sabe que el PSOE tendrá que decidir en el momento crucial que se presentará a partir de abrir las urnas el próximo 26 de junio. Haya o no haya sorpasso en votos por parte de Podemos, la cuestión será con quién van a pactar los socialistas. Hay quienes quieren dejar ya atado y bien atado el cierre de la puerta que abre hacia la izquierda. Lo viene diciendo el periodista Iñaki Gabilondo, que no hace meras conjeturas. Por eso a los socialistas nos interesa tanto que no se difundan falsedades bajo apariencias de ponderados análisis, pues ellas alimentan la desmesura que abona el terreno de la derecha al que algunos pretenden llevar al PSOE. Es la cuestión. El socialismo español está ante un nuevo trance hamletiano: ser o no ser.

“Unidos contra el odio” rezaba una de las pancartas llevada por algunos ciudadanos a la Plaza de la Bolsa de la capital belga en la jornada de luto tras los atentados terroristas que tuvieron lugar en ella. En medio del dolor por la treintena de víctimas mortales y los más de doscientos heridos que provocaron, atravesando la rabia por la destrucción causada y a la vez que aceptando cívicamente las medidas de seguridad aplicadas en una ciudad que trataba de recuperar su aliento ciudadano y su vida cotidiana, el contenido de dicha pancarta aportaba una pincelada de enorme lucidez.

De forma certera, situar el odio como uno de los factores del terrorismo yihadista era pintar fino en el cuadro de los análisis que reclama una acción terrorista que actualmente, sumándose a la lista negra de otras que ya hemos padecido en Nueva York, Madrid, Londres y París -más las que han tenido lugar en Sira, Irak, Líbano, Pakistán, Nigeria...-, es reivindicada desde el fundamentalismo político-religioso del DAESH o el mal llamado Estado Islámico.

Esa llamada de atención sobre el papel del odio, a la vez que se expresaba una profunda solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas impactados por la violencia terrorista desatada sobre la cosmopolita Bruselas, podía asociarse al penetrante análisis de Hannah Arendt sobre la “banalidad del mal” al asistir al juicio de Albert Eichman, el criminal nazi llevado ante la Justicia en Jerusalén. Arendt levantó acta de la capacidad para el mal que desplegó uno de los mayores criminales de la historia, la cual, sin embargo, no fue incubada en una personalidad en principio especialmente violenta, sino que el protagonista de enormes monstruosidades a la hora de aplicar la terrible “solución final” decretada por Hitler para los judíos era un “hombre normal”, y así se presentaba incluso ante el tribunal que había de juzgarle. No es banal -ni mucho menos, sino todo lo contrario- el mal causado, sino que banales son los caminos por los que muchos llegaron a situarse en la posición desde la que causaron los estragos de un mal brutal -posición tantas veces amparada bajo principio de obediencia debida-.

Ahora, de manera análoga a como la autora de Los orígenes del totalitarismo descubrió la banalidad del mal tras la barbarie nazi, ante los asesinatos múltiples provocados por unos terroristas con gran capacidad de matar aparece ante nosotros la marginalidad del odio como elemento causante de la deriva que a determinados individuos les lleva a sumarse a la dinámica criminal del Estado Islámico o, en otros casos, de Al Qaeda o similares. Entender eso es fundamental para combatir dicho terrorismo, al cual hay que hacerle frente, por lo demás, con todos los recursos de los Estados democráticos de derecho para acabar con la violencia terrorista que en ellos y fuera de ellos liquida miles de vidas a la vez que ataca, con pretensiones de propaganda mediática y destrucción simbólica, significados lugares e instituciones de nuestras sociedades.

La parálisis política de los países occidentales ante los conflictos desatados en Oriente Medio y el norte de África, las consecuencias de las desastrosas intervenciones en Irak, Afganistán y posteriormente en Libia, los intereses cruzados ante los enfrentamientos entre Irán y Arabia saudí en su disputa por la hegemonía de la zona -que tanto repercuten en el trágico bloqueo que se da en Siria y que tanto sufre su castigada población-..., todo ello creó el caldo de cultivo y dejó el espacio libre para que surgiera y creciera el Estado Islámico.

Con potencia militar creciente, con recursos disponibles, con financiación asegurada y con reclutamiento de efectivos humanos en marcha, el monstruo del sedicente Califato extiende su azote allá donde se implanta y allá a donde llegan las células terroristas generadas desde la red que sus estructuras sostiene. Poner freno a todo eso, reducirlo y vencerlo es tarea insoslayable. Pero no será posible si no se acomete la tarea política de vencer al odio.

Es imprescindible, en un análisis que nos ponga sobre la mesa todas las causas que están a la raíz de un fenómeno tan complejo y mortífero como el del terrorismo yihadista, adentrarnos en el porqué de los modos y formas de la violencia que practica. Si el DASH o ISIS actúa con una violencia objetiva extrema, podemos decir además, siguiendo al ensayista francés Étienne Balibar, que dicha violencia tiene, por un lado, un marcado carácter reactivo frente a lo que se puede considerar la “violencia ultraobjetiva” de un sistema-mundo capitalista -diríamos con Wallerstein- que a inmensas mayorías árabe-musulmanas ha dejado fuera, en una posición de ausencia de mundo, en la que se reubican nihilistamente, a la vez que de forma paradójica buscan cobertura de sentido en un fundamentalismo religioso que les sirva de aglutinante identitario como suministro de orden simbólico frente al mundo occidental.

En relación a éste se acumula un odio colectivo enorme, marcado por la frustración de una modernidad que fue prometida y luego traicionada hasta en las formas más elementales de modernización. Es en ese marco de una cultura del odio en donde se incuba la que, por otro lado, Balibar presenta como “violencia ultrasubjetiva”, es decir, la que ponen en juego individuos que en la destructiva construcción -digámoslo de nuevo con expresión paradójica- hacen de la violencia el eje de sus vidas para afirmarse a sí mismos. ¿Cómo no recordar los estudios de Fromm acerca de comportamientos destructivos en los que de manera patológica se pretende dar perversamente sentido a lo que no lo tiene?

El resentimiento es muy poderosa incubadora de odio, incluso para asumir un mal que actúa contra el propio sujeto que lo provoca. Fue el descubrimiento freudiano que el esloveno Žižek trae a colación para tratar de explicar precisamente ciertas pautas del terrorismo yihadista, cuyos protagonistas vemos actuar contra sus propios intereses, incluso hasta el punto del suicidio. Pudiera pensarse que tales individuos, empapados de espíritu martirial, se ofrecen en contradictorio sacrificio al morir matando. Sin duda, es la (i)lógica de la guerra santa -insostenible como concepto, pero así entendida- la que lleva a tal desmesura donde la razón se pierde. Mas es esa locura la que les hace actuar con ventaja en sociedades postheroicas, en las que su secularidad, como recuerda el sociólogo Bauman, tampoco admite mártires. Es por ahí donde se muestra el fondo de impotencia de un odio que subjetivamente nutre los motivos de jóvenes musulmanes, incluso con antecedentes familiares de neto arraigo en sociedades europeas, los cuales, desde la marginalidad no superada de quienes no se autoperciben como ciudadanos en plenitud de derechos,  acuden a la llamada del reclutamiento yihadista.

Metidos en una lucha de largo recorrido contra el terrorismo es imprescindible estar unidos contra el odio, pero no sólo para recomponer vínculos sociales tras sus mortíferas manifestaciones, sino para erradicarlo allí donde se gesta. La marginalidad real de jóvenes a los que en sus barrios y ciudades no llegan los mecanismos de integración de una verdadera democracia inclusiva acaba provocando reacciones violentas, destructivas para los demás -incluida las dinámicas que desencadenan en y en relación a sus propias comunidades de pertenencia, y de ahí la imperiosa necesidad de que las comunidades musulmanas se distancien de un terrorismo que no comparten- y autodestructivas hasta el extremo para ellos.

Si a ello se añade la marginación sentida en procesos de subjetivación individuales y colectivos no resueltos con los frutos que requiere la convivencia en sociedades pluralistas, secularizadas y democráticas, se acumulan los ingredientes para una violencia nihilista que, bajo la cobertura de una religiosidad tan fundamentalista como superficial, es desgraciada respuesta a una experiencia de sinsentido. Hay que ir a la raíz para vencer al odio desterrando sus causas. Sólo así, en el largo plazo, será más corta la batalla política, social y cultural contra el terrorismo.

El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sirve de blindaje al partido socialista para bloquear toda posible deriva a un pacto por la izquierda que, por fuerza en tal caso, habría de contar con Podemos

El pacto del PSOE con Ciudadanos reviste especiales características que, poco a poco, se van revelando a medida que pasa a cumplir nuevas funciones. El texto de un acuerdo tan prolijo y tan detalladamente elaborado, en cuya redacción los dos partidos, según confiesan los equipos negociadores, se emplearon a conciencia -¡quién lo diría mientras aún se confiaba en que fuera verosímil la posibilidad de un pacto por la izquierda!- no se limita a ser el objeto de consenso entre dos partidos que pactan apoyar al candidato socialista a la presidencia del gobierno, sino que dicho acuerdo desempeña otras funciones antes no explicitadas, una vez pasado el capítulo de una investidura que se pronosticó imposible a la vista de las circunstancias concurrentes. Entre esas funciones hay una que destaca sobremanera en la nueva fase política, la que ha quedado abierta hasta el próximo 2 de mayo como fecha límite para convocar nuevas elecciones si entretanto no hay otra propuesta de investidura que pudiera resultar exitosa, y esa función no es otra que la de servir de blindaje al mismo PSOE -autoblindaje, podemos decir- para bloquear toda posible deriva a un pacto por la izquierda que, por fuerza en tal caso, habría de contar con Podemos.

A sangre y fuego, como se diría en épocas de cultura épica y mentalidad heroica, fue rubricado el pacto que Pedro Sánchez, como Secretario General del PSOE, y Albert Rivera, como líder de Ciudadanos, firmaron en el Congreso de los Diputados con sobredosis de ritual. Muchos pudieron pensar que la ceremonia era de una ostentación excesiva, mas eso era plausible como apreciación crítica si sólo se tenían en cuenta las inmediatas sesiones de investidura. Si, por el contrario, se constata ahora que el pacto había de tener un más largo recorrido por caminos otrora inescrutables, entonces se entiende mejor la sobreactuación en la sala Constitucional del Congreso. Se estaba firmando una estrecha alianza para acometer sin fisuras la procelosa etapa que habría de venir. Ello exigía que el pacto, por más que contuviera elementos de factura neoliberal -además del espinoso tema de la supresión de las diputaciones provinciales-, muy hábilmente introducidos por Ciudadanos en el documento que el PSOE también asumiría como propio, quedara sellado para el futuro inminente como documento inamovible. No se iba a decir a los interlocutores de izquierda que no había nada que hablar, pues eso sería más que incorrecto, pero sí parece que estaba previsto que el pacto firmado operara como dique compacto para frenar todo deslizamiento hacia la izquierda, salvo la hipótesis de que desde esa izquierda plural alguien lo acepte, con algún añadido para dar cobertura a la correspondiente abstención.

Ahora se puede entender que el pacto en cuestión se ofreciera en bloque a Podemos, Compromís e IU, en una especie de oferta de todo o nada, amparada en que el acuerdo puede enriquecerse, mas no modificarse en nada sustancial -según parece, ni siquiera en la ya mencionada controvertida cuestión de las diputaciones, por más que muchas voces oficiales del PSOE montaran en cólera por el asunto-. Fraguado con la derecha -nunca se ha dejado de reconocer que Ciudadanos es derecha-, el pacto se presenta, antes y después, a una izquierda que para nada ha participado en su gestación, por lo que no cabe esperar que sin más lo acepte. El pétreo dique funciona: no hay acercamiento en serio a una izquierda a la que por otra parte se le acusa de mantener a Rajoy en el gobierno por coincidir con el PP al votar “no” a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La acusación en este sentido, no por mucho enunciarse gana más credibilidad, y en todo caso se mueve en un nivel de análisis político que se sitúa bajo mínimos, redundando en considerar al mismo parlamento como mero lugar de sumas y restas de votos como si fueran productos mecánicos sin significado político. Ni siquiera declarado eso en relación a Podemos, tal cual insistentemente se dice para supuestamente poner a ese partido contra las cuerdas de la contradicción que se le achaca, gana fuerza como argumento serio.  Lo sabe la misma ciudadanía, la cual, por otra parte, puede sentirse más que incómoda con gestos y palabras de Pablo Iglesias dentro y fuera del hemiciclo que, amén de ser innecesarios para reforzar las posiciones políticas de Podemos, las opacan con el desplazamiento a delicadas cuestiones que no merecen ser tratadas con insidiosas alusiones a la “cal viva” que en su día fue arrojada sobre los cadáveres de presuntos etarras que fueron asesinados contra todos los principios que deben imperar en un Estado democrático de derecho. Desafortunadas alusiones de Pedro Sánchez a las opiniones vertidas por Iglesias con motivo de la salida de prisión del dirigente abertzale Otegi no justificaban traer a colación una impertinente asociación de ideas entre la figura del presidente González y los GAL y sus prácticas, calificadas como de “terrorismo de Estado”. Todo ello tensó el debate de la manera más perjudicial de cara a retomar conversaciones en verdad encaminadas a procurar el pacto de izquierda por el que muchos hemos abogado.

Si es cierto que las sobreactuaciones de Podemos han dado motivos a que desde el campo socialista se interpreten como señales de que no había voluntad de pactar con el PSOE, sorprende por otra parte que actuaciones de Rivera desde Ciudadanos no hagan mella en la credibilidad que se le otorga. El líder del partido naranja no se ahorró decir, recién consagrado el acuerdo al estampar su firma junto con la del candidato socialista, que en verdad le da igual un gobierno del PSOE que del PP, como no se anduvo por las ramas para negar que en lo suscrito se incluyera derogar la reforma laboral vigente. Pero, con el paso de los días, asistimos estupefactos a cómo Rivera le dice en la cara a Sánchez que el acuerdo está vigente, pero no su condición de candidato a la presidencia del gobierno, al no haber ya encomienda del Rey para investidura alguna. Podríamos mencionar otros desagradables desplantes y otras malévolas correcciones a la literalidad del acuerdo que una y otra vez se lanzan desde Ciudadanos, pero todo parece reducirse en este caso a sapos que tragar para mantener un pacto que ha de seguir operando como dique de hormigón resistente a todo intento de ser horadado desde la izquierda. Cabe pensar que el diseño de su compacta construcción arrancó de aquel Comité Federal del PSOE en el que se le pusieron a su Secretario General tales condiciones para pactar con Podemos que eran en verdad condiciones de imposibilidad respecto a cualquier intento en esa dirección. De nada sirvió recordar, como algunos seguimos haciendo, que no es cierto que Podemos sostenga planteamientos independentistas por más que propugne un referéndum para Cataluña. Sobre cuestión tan crucial todo dice que puede hablarse, pero no parece que haya voluntad política para ello. A contrario, sí se ha dejado atrás en el acuerdo con Ciudadanos el propugnar en serio la reforma federal del Estado que el PSOE venía proponiendo con notable énfasis.

No hace falta que desde la dirección socialista se abunde en que las actuaciones en curso quedan circunscritas a lo que la militancia respaldó con su abrumadora respuesta afirmativa a la pregunta que se le hizo sobre política de pactos. Los hechos muestran que, como argumentamos los que dijimos “no”, la pregunta, con su imprecisión y ambigüedad, se prestaba a una respuesta que sirviera para cualquier cosa. Si hoy desde el PSOE seguimos abogando por un pacto de izquierda, abierto a formaciones como el PNV -y así las cuentas pueden salir-, es por considerar, desde el respeto al resultado de la consulta aludida, que el papel que se le está haciendo jugar al pacto con Ciudadanos quedó turbiamente escondido en la pregunta que se formuló, máxime si a la postre resultara una sofisticada cobertura para derivar hacia un pacto por la derecha que terminara en alguna variante light de la llamada “gran coalición”. Como queremos seguir pensando que no nos veremos en tal tesitura, tan negativa para el futuro del proyecto socialista como para el porvenir de España, por eso manifestamos nuestras reservas críticas ante lo que vemos y oímos. Por la derecha no fragua la alternativa necesaria.

Muchos de los cargos más conspicuos del PSOE decían que era el partido que más se parecía a España. La afirmación, a pesar de su vacuidad política, daba juego para recabar votos con aspiraciones de mayoría, a ser posible absoluta. Los tiempos para tal lema electoral quedaron atrás. Mucho ha cambiado España y mucho debe cambiar el PSOE. Precisamente lo que está ocurriendo en el tiempo presente, tras los endiablados resultados de las elecciones generales pasadas, con su esperada dosis de acrecentado pluralismo político, es que el Partido Socialista tiene que proponerse cambiar en serio; de lo contrario, no sólo dejará de parecerse a España, sino que dejará de tener un papel relevante en la política española.

¿Hacia dónde encaminarse para ese cambio? Eso es lo que se dilucida a la vez que el PSOE tiene que resolver qué hace ante la insoslayable cuestión de cómo y con quién se forma un gobierno de España en la legislatura recién comenzada. El peligro que le acecha es que, ante los dilemas planteados, a quien acabe de parecerse sea en verdad al famoso asno de Buridán, cuyo triste final fue morir de hambre al no decidirse por ninguno de los dos montones de heno que ante sí tenía para comer. La indecisión mata, como puede experimentar el PSOE en sus propias carnes si no toma la decisión adecuada y, como consecuencia, se deja arrastrar pasivamente a unas elecciones anticipadas en las que sus cuentas en cuanto a resultado en votos pueden salirle muy mal.

Cuando el Comité Federal del Partido Socialista es convocado de nuevo para clarificar su posición respecto a posibles pactos de cara al proceso parlamentario de la investidura de un presidente que pueda formar gobierno, es de suyo para valorar los pros y contras de las diferentes posibilidades que están sobre la mesa, excluyendo la posibilidad que muchos, aun deseando que ésa se cumpla, consideran un fracaso: la de ir a nuevas elecciones por haber sido imposible formar gobierno.

Entre las posibilidades en liza, destaca la de la “Gran Coalición” PP-PSOE, con Ciudadanos en papel de mediador para adecentar el enjuague, como la más querida por los voceros del “sistema”, sean los prebostes del poder financiero, sean los representantes de la patronal, sean los que enfáticamente opinan desde instancias europeas, sea hasta algún cargo eclesiástico, para acabar tan bendecida por renombrados exministros populares y socialistas como ensalzada desde la mismísima cúspide de ese PP que es edificio en ruinas por cimentación hundida en fango de corrupción. Sin embargo, esa posibilidad es la que desde el PSOE se rechaza con claridad oficialmente y de forma mayoritaria, aunque no deja de rondar en su mismo espacio político.

Desechada esa posibilidad en un país en el que, por más que se mire a Alemania, la derecha no es la CDU ni el PSOE es el SPD, las otras alternativas que bailan sobre el escenario se reducen a dos, bien fáciles de enunciar: o gobierno encabezado por el PP o, si un candidato suyo no alcanza mayoría parlamentaria, gobierno presidido por candidato del PSOE. A estas alturas, con el guión tal como se va desarrollando, un gobierno presidido por Rajoy no parece lo probable, dado el efecto demoledor sobre su candidatura de los nuevos casos de corrupción que desde filas del PP han salido a flote, los cuales hacen imposible un apoyo de Ciudadanos en esas condiciones. Hay que contar entonces con la tesitura de que el PP cambie su candidatura, y sea otra persona la que trate de conseguir apoyo de Ciudadanos y del PSOE, sea por parte de éste de manera explícita, votando, sea de manera implícita, absteniéndose. Esta posibilidad, siendo por la vía de la abstención, es la que muchos desde el campo socialista parecen ver bien, justificándola en nombre de la gobernabilidad. Habrá que decir, sin embargo, que una decisión en tal sentido no dejaría de ir contra indicaciones anteriores del mismo Comité Federal, pues sería dejar vía libre al derechista partido de los recortes, de los ataques al Estado de bienestar, de la merma de libertades, de la corrupción sistémica y del bloqueo de la situación en Cataluña. La gobernabilidad aducida no es más que otra versión de las más interesadas apelaciones a la estabilidad. Pero ya sabemos de qué estabilidad se trata: estabilidad del “sistema”, estabilidad de un orden que acumula injusticias, estabilidad de una democracia erosionada por la corrupción. Sería la estabilidad que, como la paz de los cementerios, es paz en la soterrada guerra de quienes están apegados a anquilosadas estructuras de dominio. Hay sobradas razones, por tanto, para oponerse a esa vía, que sería hacia la del continuismo de la derecha en el poder, por más que se camufle mediante concesiones de última hora para granjearse el apoyo que no merece. En consecuencia, no es un pacto ni de las derechas, ni con la derecha, lo que el Comité Federal socialista debe avalar.

¿Qué queda? Resta la otra posibilidad, la del pacto por la izquierda, abierto a fuerzas que puedan compartir elementos programáticos suficientes para apoyar la investidura del candidato socialista como presidente y, a ser posible, la formación de un gobierno de cambio que, como gobierno de coalición, tenga la fuerza suficiente para afrontar todo lo que está por delante, hacia dentro, como una nueva política económica para luchar contra el paro o nuevos planteamientos para una reforma en verdad federal del Estado, como hacia fuera, cual ha de ser una actitud no servil ante unas instancias europeas que han de dejar atrás sus políticas neoliberales. Entre las combinaciones posibles, en ninguna puede faltar Podemos, lo que significa la imperiosa necesidad de buscar por ambas partes el modo de aproximar posiciones para no fallar ante una ciudadanía que espera los pasos decisivos que la nueva etapa reclama. No vale, desde el PSOE, hacerse trampas obstaculizando un acuerdo posible calificando de antemano a Podemos como partido independentista por el hecho de proponer un referéndum en Cataluña. Tan insostenible falacia debe abandonarse, como no debe irse al autobloqueo que supone rechazar una posible investidura de Pedro Sánchez si se produjera también por el hecho concurrente de que partidos independentistas se abstuvieran. La responsabilidad de la abstención sería de ERC y DiL, no del PSOE.

Hay razones, por tanto, para pensar que el PSOE no tiene por qué quedarse paralizado, como el asno de Buridán, en vez de moverse hacia la izquierda, que es donde debe situarse. A esas razones habrá que añadir la exigencia de que su Comité Federal sea ámbito de deliberación y decisión políticas fundadas sobre buenos argumentos, y no terreno pantanoso en el que se acorrale al Secretario General dando lugar a una novedosa y sorprendente confirmación de la ley de hierro de las oligarquías políticas con la que Robert Michels diagnosticó desde hace mucho la vida de las organizaciones políticas. Es hora de apuntar en dirección distinta a tal diagnóstico. Quizá para ello el camino sea llevar al mismo Comité Federal la propuesta de que la militancia se pronuncie sobre la política de pactos, lo cual, por lo demás, cuadraría con el espíritu de unos tiempos en los que la ciudadanía, consciente de sus derechos, quiere una democracia no domesticada. Un pacto de izquierda es, en cualquier caso, lo que muchos pensamos que debe ser asumido por el PSOE y avalado por su Comité Federal.

Carles Puigdemont, el sorpresivo candidato que ha sucedido al candidato ladeado -Artur Mas ya se puso de perfil en la lista electoral-,  es ya presidente de la Generalitat de Cataluña. Hay que reconocer que un acuerdo, aunque haya sido in extremis, entre Junts pel Sí y la CUP para sacar adelante un gobierno para Cataluña, entraba en lo probable, al menos. ¿Por qué tanto extrañarse? Sabemos que la chapuza parlamentaria que ha dado paso a tal salida del bloqueo en que se hallaba la situación política catalana no es muy honorable, ¿pero sorprende? La verdad es que no debiera sorprender, por más que pueda considerarse que todo ello tiene componentes de huida hacia el lado del expresidente Mas -ha hecho época su expresión de “dar un paso al lado”- y de inmersión total de la CUP en sus propias contradicciones internas. Al mesiánico Mas le ha salido la jugada de evitar para su formación política el trago de unas elecciones anticipadas, aunque sea al precio de aparcar su candidatura a la presidencia de la Generalitat catalana. Y la CUP ha conseguido apear a Mas de dicha presidencia, a la vez que comprometer al nuevo gobierno que salga a políticas sociales más consistentes, aunque ello haya sido dejándose la coherencia democrática en los entresijos de una negociación culminada en una opacidad contraria a los procesos asamblearios que son su seña de identidad.   

Resulta que en el nuevo contexto que se ha dibujado, una vez que hay gobierno de signo independentista en Cataluña, hay quienes insisten en la crítica al “derecho a decidir”. Si desde el independentismo sostienen que ya pasó el momento en que eso era pertinente, están por otro lado los que lo rechazan descalificándolo como secesionismo encubierto o asimilándolo de manera improcedente a derecho de autodeterminación. Se pasa por alto precisamente que los que mantenemos esa propuesta lo hacemos en consonancia con algo que es esencial a las democracias constitucionales: conjugar el principio democrático de participación de la ciudadanía en todo aquello que le afecta con el principio de legalidad que obliga al respeto a las leyes que nos damos -la combinación de liberalismo y democracia radical tan lúcidamente expuesta por el filósofo Habermas, por ejemplo-. En virtud de esa conjugación abogamos por abordar, en el marco de un proceso de reforma constitucional para el cual tendría que ser paso previo, la necesidad de proceder a consultar a la ciudadanía catalana el modo de encarar para el futuro la relación de Cataluña con el Estado español. Dado que es en Cataluña donde la actual estructura territorial del Estado se halla cuestionada hasta un nivel muy elevado de deslegitimación, es obligado atender a la voluntad que exprese su ciudadanía en las urnas para orientar la misma reforma constitucional que se pretende.  Una matizada observación hay que añadir en medio del debate: se puede hacer un buen discurso contra el “derecho a decidir”, pero eso no implica acierto en la decisión que se adopte respecto a Cataluña.

Cuando quienes insistimos en llevar la reforma constitucional hacia el objetivo de un Estado federal plurinacional ponemos el acento también en la necesidad de realizar en algún momento un referéndum consultivo en Cataluña, nos encontramos, pues, con que llueven sobre nosotros acusaciones de desvariar políticamente y situarnos fuera de lo que la izquierda debiera sostener. Habrá que recordar que es imposible en la situación actual acometer las políticas económicas y sociales necesarias para salir de la crisis sin afrontar a la vez la crisis del Estado. Y eso es así, además, no sólo por motivos coyunturales, sino por razones de principio. Sin resolver las cuestiones de reconocimiento fallan las bases para abordar lo relativo a redistribución de cargas y beneficios. Y en España está por resolver adecuadamente  la cuestión de las naciones y, por lo que ahora nos ocupa, el reconocimiento constitucional explícito de Cataluña como nación. Con todo, dado que hay quienes irónicamente nos desean suerte ante una propuesta que juzgan aventurada, la respuesta no puede ser sino ésta: ¡suerte para el Estado español, y más que le hará falta esa suerte si no se hace un referéndum! La retórica de la unidad de España no resuelve la grave crisis de su Estado.

En medio de la situación en que ahora mismo estamos en España, si razones había para defender un pacto a favor de un gobierno de izquierda, dichas razones tienen más peso aún tras los hechos que van ocurriendo. Ante un gobierno independentista en Cataluña, el cual ciertamente va a iniciar su andadura sorteando la legalidad a la que se debe, es imperioso articular una respuesta política que no se puede limitar, como ya ha hecho el presidente en funciones del Gobierno español, a decir que, frente a la Generalitat, se pondrá en marcha toda la “maquinaria del Estado” -por más que se recuerde que se trata de un Estado de derecho-. Sigue siendo imprescindible como lo más acertado el mantener la propuesta, ante Cataluña y la sociedad española en general, de una hoja de ruta encaminada a un federalismo plurinacional. Abandonar esta propuesta para replegarse sometiéndose a la derecha en una “gran coalición” PP-PSOE, adobada con Ciudadanos, sería encerrarse en una vía con cariz regresivamente españolista que ni será solución para el Estado, ni valdrá para salir de la crisis social y económica como se debe hacer. Sería, además. el triunfo del miedo a la democracia.

Necesitamos izquierdas, por tanto, que pacten para proponer federalismo plurinacional como la salida, incluso ahora, ya con gobierno en la Generalitat con programa secesionista. Es tal pacto lo que podrá permitir presentar ante la ciudadanía catalana y ante la ciudadanía española la importancia y la urgencia del pacto federal que necesitamos para reconstruir en España el edificio constitucional en el que tengan cabida las naciones que existen en nuestra realidad política hispana, suficientemente reconocidas y solidariamente coordinadas. Es para lograr ese pacto para lo que el PSOE, con su Secretario General al frente, ha de empeñarse a fondo, invitando a los demás partidos de izquierda -especialmente Podemos- a hacer otro tanto. Las presiones para que tal acuerdo de las izquierdas no se dé van a ser fuertes; ya lo están siendo. Desde las derechas se quiere aprovechar la coyuntura catalana para presentar como solución un gobierno fuerte presidido por Rajoy, como lo obvio en las actuales circunstancias, que tendría que ser apoyado por el PSOE, sea mediante pacto parlamentario o incluso como gobierno de coalición. Sin embargo, no es esa la solución que debe darse, por la lejanía entre las políticas propugnadas por PP y por PSOE, respectivamente, y por los diferente enfoques respecto a cómo afrontar la crisis del Estado. La alternativa ha de quedar clara.

La izquierda en general, y el PSOE en particular, tienen buenas y sólidas razones para un acuerdo que se ofrezca como trampolín para plantear, también ante la derecha, el indispensable pacto federal con el que trascenderíamos la agotada realidad del actual Estado de las autonomías. Dichas razones, que se apoyan en la idea del federalismo como proyecto de convivencia desde la diversidad y de profundización en la democracia, son las que se deben hacer valer en defensa de una propuesta política que no debe sucumbir frente a las presiones de una derecha que no ha dejado de ser centralista en sus convicciones más genuinas. Superando las presiones del nacionalismo españolista podrá la izquierda ofrecer una alternativa creíble también frente a las presiones del independentismo, las que operan ya desde las posiciones ventajistas en las que se ha situado colonizando el núcleo de la institucionalidad catalana aprovechando una mayoría parlamentaria a la que no acompaña una mayoría de votos de la ciudadanía de Cataluña. Los procesos políticos, además de ser legales, han de cargarse de una legitimidad fuera de toda duda.

"El PSOE, superando enfrentamientos estériles, tiene la responsabilidad de encauzar su acción hacia políticas transformadoras, de emancipación y solidaridad", señalan los autores de la carta

Estimado compañero Pedro:

Estamos de acuerdo en que el PSOE, tras las elecciones del pasado 20 D, pasa por un momento crucial. Sabemos que los resultados no fueron buenos para el partido, pero los 90 escaños conseguidos en el Congreso de los Diputados, que sitúan al Grupo Socialista como principal fuerza de izquierda en el Parlamento español, implican una posición que obliga a asumir con coherencia programática y coraje político lo que del PSOE esperan quienes han puesto en él su confianza.

En medio de la difícil situación de nuestra sociedad y de la estructura territorial del Estado español, de las decisiones que tomemos depende el futuro del socialismo democrático en nuestro país, y estamos convencidos que el futuro del país mismo. El PSOE, superando enfrentamientos estériles, tiene la responsabilidad de encauzar su acción hacia políticas transformadoras, de emancipación y solidaridad, contribuyendo desde su posición en la izquierda a articular su pluralidad y a reforzar sus potenciales de cambio. De no ser así, el PSOE podrá verse replegado sobre políticas alineadas con la derecha, sin ser capaz de ofrecer un proyecto de izquierda creíble, tanto para España como para Europa.

Tanto desde la Ejecutiva del partido, como desde su Comité Federal, se ha manifestado que el PSOE votará “no” a la investidura como presidente del Gobierno de cualquier candidato del Partido Popular. Reconociendo que el PP, con mayor número de escaños en el Congreso, tiene la obligación de intentar formar Gobierno, hay razones de peso para que el PSOE no apoye tal iniciativa, ni activamente con su voto, ni pasivamente mediante su abstención.

Como secretario general del partido, y refrendado por el Comité Federal, has manifestado tu voluntad de intentar un pacto para una mayoría parlamentaria que permita un gobierno de cambio, en caso de que no lo logre el candidato de la derecha. Un pacto de izquierdas es indispensable para las políticas de reconstrucción social que nuestro país necesita, desde la lucha contra el paro con nuevas políticas económicas hasta la defensa del Estado de bienestar, así como el logro de un renovado pacto constitucional, dada la crisis del Estado español.

Para los objetivos señalados están abiertas posibilidades de negociación con Podemos y otras fuerzas políticas que hay que aprovechar. Nos compromete a ello el defender los derechos civiles y sociales de ciudadanas y ciudadanos, la profundización en la democracia, la dignificación de la política erradicando la corrupción y la reforma del Estado de las autonomías para construir el Estado federal plurinacional que la realidad política de España exige. Es en el marco del debate sobre la ineludible reforma constitucional donde ha de plantearse el procedimiento adecuado, como puede ser una consulta legal a la ciudadanía, para el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña. Son tareas que las izquierdas deben acometer sin demora.

EL PSOE tiene la posibilidad de presentar, junto a otras fuerzas políticas, una alternativa a la derecha neoliberal y conservadora. Esa posibilidad hay que hacerla realidad, no resignándonos de antemano a unas elecciones anticipadas sin haberlo intentado. Los procesos internos de cara al próximo Congreso ordinario del partido han de tener en cuenta, considerando lo que nuestros Estatutos señalan, la prioridad política de la búsqueda de ese pacto que aglutine aspiraciones de justicia social, igualdad y regeneración democrática, la cual tú, como secretario general y candidato a la Presidencia del Gobierno, debes encabezar.

Saludos socialistas.

* La carta está firmada por: José A. Pérez Tapias (Miembro del Comité Federal del PSOE); Andrés Perelló (Miembro del Comité Federal del PSOE y de ES del PSPV-PSOE); Odón Elorza (Diputado del PSE-PSOE); Esperança Esteve (Ex-diputada del PSC); Manuel de la Rocha Rubí (Ex-diputado del PSOE-M y miembro de Izquierda Socialista); Vicent Garcés (Ex-eurodiputado, miembro ES y del Comité Nacional del PSPV-PSOE); Maite Ibáñez (De la Coordinadora de ES y de la Ejecutiva de PSPV-PSOE de Valencia); y Borja Suárez Corujo (Militante del PSOE-M y miembro del colectivo Líneas Rojas).

En una ficcional república de las letras políticas, desde Maquiavelo hasta Lenin, estarán comentando atónitos el mal cálculo que han hecho los supuestos estrategas del bloque independentista del Parlamento de Cataluña

No en la república catalana, sino en una ficcional república de las letras políticas, desde Maquiavelo hasta Lenin, por lo menos, estarán comentando atónitos el mal cálculo que han hecho los supuestos estrategas del bloque independentista del Parlamento de Cataluña. Tan es así que no solo se ha planteado una situación de bloqueo entre Cataluña y el Estado español, sino que la parálisis afecta a la mayoría que en el Parlamento catalán apoya la secesión, de forma que, con la doble negativa, a la que contribuye decisivamente la CUP, a que el candidato Artur Mas sea investido presidente, deja de operar como tal mayoría. Es cierto así que, si se veía venir la colisión entre las pretensiones de independencia para Cataluña y las reacciones lógicamente en contra de los partidos no secesionistas e institucionalmente del Gobierno de España y del Tribunal Constitucional, no lo es menos que igualmente era previsible el autobloqueo del independentismo, tal como se ha configurado la mayoría parlamentaria secesionista.

Consecuencia del mencionado bloqueo es que se vea como proyecto que se debilita lo que se venía percibiendo como un proyecto soberanista respecto al cual, aun estando en contra, había que reconocer que ganó considerable apoyo social, como se evidenció en los resultados electorales, por más que el 48% de votos obtenidos no llegara a sobrepasar el convencional listón de la mitad más uno para contemplarlo como mayoría absoluta en términos de apoyo electoral. Dicho debilitamiento es el que se refleja en los deslavazados discursos que desde el independentismo se lanzan, incluso en sede parlamentaria, así como también en las señales que se emiten a través de las imágenes de los medios de comunicación, las cuales revelan un tono que oscila entre el desconcierto de los diputados de Junts pel Sí y el abatimiento de un candidato sin visos de prosperar, todo ello aliñado por las exigencias inverosímiles de unos aliados que no se comportan como tales. En consecuencia, se habla de independencia para Cataluña sin transmitir entusiasmo alguno por la decisión que, sobreactuando, se pretende hacer llegar mediante declaración del Parlamento tanto a los poderes del Estado como a la opinión pública.

Cualquier observador externo , como cualquier sincero participante interno -y no hace falta remitirse a aquel Kant que explicitaba las razones de lo que entendía como universalizable entusiasmo por la Revolución Francesa-, puede concluir que no hay independencia posible con tal atonía. Y al constatarlo no es que se añore, por parte de muchos, entre quienes me incluyo, que una mayoría abrumadora de convencidos ciudadanos apoyen el proceso secesionista , sino que se comprueban las contradicciones de un planteamiento que ha llegado a este punto atrapado entre el mesianismo y la temeridad, a la vez que alentado por demandas insatisfechas del pueblo catalán así como por la cerrazón que desde el nacionalismo españolista se ha dado, y se sigue dando, en cuanto a reconocer a Cataluña como nación.

Del Parlamento de Cataluña recién constituido salió una declaración institucional instando al nuevo gobierno que debiera formarse a que emprendiera el camino de la “desconexión democrática” de Cataluña respecto de España para hacer de la primera un Estado independiente configurado como república. Para ello se señalaban los primeros proyectos legislativos y de gobierno que habrían de acometerse, ateniéndose al mandato del parlamento catalán exclusivamente, desobedeciendo además, por motivos obvios, toda resolución en contra que llegara del Tribunal Constitucional. Tal declaración es una declaración de insumisión en toda la línea -más que de desobediencia civil, que es opción individual de quienes adoptan actitud contraria a la ley para que la ley cambie, invocando el principio de coherencia de un sistema que no se cuestiona, arrostrando además las consecuencia de todo tipo, incluidas las penales, que acarree la acción personal en ese sentido-. Como era de esperar, el Tribunal Constitucional ha suspendido la declaración del Parlamento de Cataluña, pronunciándose al respecto a instancia del Gobierno, mediante la preceptiva impugnación, a la vez que advierte de las consecuencias del desacato a tal suspensión -acogiéndose a los términos de la criticable reforma de la Ley Orgánica que lo regula- para quienes la quebranten.

La insumisión como procedimiento para iniciar un proceso de independencia, aparte opiniones favorables o contrarias a ésta, no es camino, en un Estado democrático de derecho reconocido como tal dentro y fuera de sus fronteras, para dotar de legitimidad a las pretensiones políticas que se quieren hacer valer. La ruptura del equilibrio dinámico entre principio democrático (de participación y expresión de la voluntad de la ciudadanía) y principio de legalidad juega a favor de la deslegitimación de quienes por otra parte necesitan apoyos internos y externos para el proyecto de constituirse en un nuevo Estado. Se da en este contexto, por lo demás, un desenfoque respecto a la realidad que redunda en el mal cálculo político que solo un deficiente análisis respecto a la ubicación en la propia realidad social puede explicar. Una estrategia política para la independencia basada en la insumisión solo puede darse en un contexto de revolución, y éste, por otra parte, solo podría generarse frente a un Estado dictatorial o ante un Estado que actuara como metrópoli netamente colonial. Ninguna de esas dos hipótesis se da en el caso del Estado español actual, por muchos que sean sus déficits democráticos y su falta de reconocimiento respecto a la realidad nacional de Cataluña. Si a eso se añade que el clima social está lejos, por muy dolorosas que sean las circunstancias sociales en situación de dura crisis económica y social, de algo parecido a condiciones revolucionarias, es evidente que los errores de cálculo se presentan como mucho más que errores de estrategia. La ciudadanía, aun la volcada hacia el independentismo, no está en el capítulo de la cultura épica del pasado, sino en medio de una “licuada” -Bauman dixit- sociedad postheroica donde la gente hace balance de pérdidas y ganancias, poniendo freno a lo que, llegado el caso, se le aparece como aventura de desenlace incierto.

Al ser la declaración independentista del parlamento de Cataluña, a la postre y por sus contradicciones, lo que desde el filósofo francé Alain Badiou podemos considerar un falso acontecimiento, se evidencia que el secesionismo no ha medido bien ni sus fuerzas ni la pasión política que pudiera movilizar. Sin embargo, no por ello hay que esperar ingenuamente que decaiga como opción preferente de un amplio sector de la ciudadanía catalana, aun cuando sus representantes se hayan visto encandilados por el lema de “ahora o nunca”, llevándolo al punto en que se ven bloqueados por la trampa del “todo o nada”. Frente a la pulsión de muerte que anida en la dinámica de autobloqueo de la que somos testigos, no deja de aparecer como alternativa de vida democrática la que apela al sereno debate público, al diálogo político, a la participación democrática (en referéndum también) y a la implementación de procesos verdaderamente transformadores de realidades que reclaman un nuevo marco político -estamos quienes no dejamos de abogar por un Estado federal plurinacional- y que requieren, sin duda, un proceso constituyente.

"El caso de Ciudadanos ya supuso la elección de un nombre que fuera apto para abarcar transversalmente un amplio espectro de simpatizantes", apunta Pérez Tapias.

Ha resultado sorprendente que los líderes de Podemos, a la hora de valorar unos resultados que en las elecciones catalanas esperaban mucho mejores, digan que la denominación bajo la que se presentaban compartiendo candidatura con ICV y otros partidos, Catalunya Sí que es Pot, era “un nombre difícil”. El diagnóstico no parece muy exacto. En verdad no se vislumbra mayor dificultad que la que pudiera presentar el nombre de la candidatura ganadora, Junts pel Sí, o, fijándonos bien, que la que se encuentre en el nombre del mismo partido que encabezan Pablo Iglesias e Íñigo Errejón: Podemos.

Las denominaciones de las fuerzas políticas tienen su importancia, y mucha, máxime cuando se trata de concurrir a reñidas confrontaciones electorales. Siempre ha sido así, pero cuando nos movemos en la “sociedad del espectáculo” -como la nombró Guy Debord con total acierto- y en medio de las tupidas redes de la cultura digital, aún hay más motivos para pensar que acertar con el nombre de un partido o de una coalición electoral supone andar un buen trecho en lo que se refiere a ganar espacio en el árido terreno de la vida política. Sin embargo, todo ello no acaba de prestar sólidos argumentos a la consideración que desde la dirección de Podemos se ha ofrecido en cuanto a la invocada dificultad del nombre de la propia coalición. Cabe pensar que si hay dificultades, en todo caso no afectan a ese nombre solamente, sino también a otros muchos y por diversas razones.

No hace falta mirada de lince en la observación del actual panorama político para apreciar cómo los nuevos partidos que han ido emergiendo en los últimos años han tratado, obviamente, de desmarcarse claramente de los que representan la “vieja política”, incluyendo también sus propias denominaciones. Estas aparecían como tremendamente gastadas, y no por el mero paso del tiempo, que podía ser el de una historia muy digna, sino por diferentes avatares, desde el descrédito por las políticas aplicadas hasta la corrupción acumulada bajo determinadas siglas, todo lo cual  ha hecho que los modos de identificación de ciertos partidos hayan acabado produciendo rechazo. Frente a eso, las nuevas formaciones políticas, tratando de canalizar una prometedora repolitización de la sociedad, se presentaron bajo rótulos que no despertaran reacciones en contra, sino que, al revés, suscitaran la adhesión de quienes se dispusieran a dejar atrás la tan mentada desafección política. Eso llevó a la utilización de nombres muy genéricos, en relación a los cuales pudieran sentirse cómodos amplios sectores de la ciudadanía, ya como votantes, ya como militantes de esas nuevas organizaciones políticas. El mismo nombre de Ciudadanos, presentándose en Cataluña como Ciutadans, se ofreció como etiqueta de amplio espectro: ¿quién no se puede sentir ubicado bajo una denominación cuyo contenido semántico tiene que ver con la condición de todos en democracia?

El caso de Ciudadanos ya supuso la elección de un nombre que fuera apto para abarcar transversalmente un amplio espectro de simpatizantes, aglutinados en torno a un mensaje claro y simple que en principio, y hasta ahora, ha tenido su núcleo en la afirmación de la españolidad como clave de su propuesta programática. Mas si ese rótulo identificativo era tan amplio como para atraer a sí, sin necesidad de perfilar demasiado otros componentes de su propuesta política, a muchos ciudadanos y ciudadanas -¡claro está que se trataba de eso!-, hemos encontrado al cabo del tiempo que otros nombres, a la hora de tomarse como etiqueta para lanzarse a la contienda de las elecciones municipales, por ejemplo, han supuesto denominaciones aún más abiertas, como Ahora Madrid o Barcelona en común -con sus diversas variantes, contando entre ellas al híbrido Ahora en común-, o Ganemos -igualmente dando lugar a una muy diversa gama de fórmulas similares-. A nadie se le oculta a estas alturas que, junto a la ventaja de lo nuevo y a la capacidad para sumar integrantes diversos bajo esas fórmulas tan anchurosas, éstas dejan ver después no pocas dificultades bajo sus voluntariosas connotaciones. Ciertos inconvenientes tienen que ver no sólo con lo inédito del nombre, sino con la dificultad de identificarse y ser identificado con un proyecto político definido, articulado de forma que claramente se perciba, desde la pluralidad de aportaciones, su coherencia y potencial transformador.

Podemos, como partido político nacido además como fuerza catalizadora de un movimiento social como el 15M, se enfrenta a situaciones análogas a las de otras recientes formaciones políticas o a las de las coaliciones en las que ha participado en elecciones recientes. Su mismo nombre puede presentar en el futuro la misma dificultad de lectura que la de Catalunya Sí que se Pot si no logra superar ciertas indefiniciones que en su ideario y propuestas detecta buena parte de su virtual electorado. De no ser así, un “significante vacío” como en principio es una fórmula verbal tomada como nombre puede verse a la postre vaciado de las expectativas que quiso concitar. Escoger una fórmula amplia para que bajo ella cupieran muchos puede convertirse en la elección de un nombre difuso si bajo él no se precisa un discurso político que no puede quedarse en la genérica apelación a “los de abajo” frente a “los de arriba”, máxime en una sociedad de compleja estructura de clases y de conflictos en los que se entrecruzan los antagonismos sociales con las tensiones nacionales.

Cómo combatir desigualdades, a la vez que se ofrecen vías de articulación de la pluralidad de naciones en España, son cuestiones ineludibles añadidas a las medidas anticorrupción y de defensa de las libertades. De eso, y con exigible detalle, hay que hablar si no se quiere que el nombre se quede en un rótulo cuya legibilidad -la condición que señaló el politólogo Ernesto Laclau para que las experiencias de muchos pudieran enhebrarse en consistente relato colectivo- acabe naufragando entre indefiniciones, insostenibles pretensiones de hegemonía y protagonismos que se gastan al par que un “significante vacío” que pudiera resultar efímero. Si la batalla política pasa por el lenguaje, no hay que olvidar que tras la realidad de las palabras está el núcleo duro de lo real esperando, con su opaco poder de determinación, a que todos nos midamos con él. Eso es lo difícil de la acción política y reclama en los partidos mucho más que difusas identidades.

El otrora líder socialista se complace últimamente en explayarse haciendo muy desafortunadas comparaciones para, a través de ellas, descalificar todo lo posible al presidente venezolano Nicolás Maduro, pensando -se supone- que así favorece la causa de la libertad de Leopoldo López

Parece que el expresidente Felipe González necesita oírse para mirarse al espejo. Esa impresión es la que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas cuando, perplejos, es más, ofendidos, escuchamos algunas de sus recientes declaraciones. El otrora líder socialista se complace últimamente en explayarse haciendo muy desafortunadas comparaciones para, a través de ellas, descalificar todo lo posible al presidente venezolano Nicolás Maduro, pensando -se supone- que así favorece la causa de la libertad de Leopoldo López, el político juzgado y condenado a prisión por un tribunal del poder judicial de la República Bolivariana. González no solo está en su derecho, sino que se siente en la obligación moral y política de participar activamente en la defensa del que ha sido alcalde de Chacao, municipio del área metropolitana de Caracas. Pensemos que, aun sin compartir los modos en que pretende contribuir a tal defensa, ésa es su intención. Pero como quiera que sea, cuando para denostar al régimen venezolano hace comparaciones con ominosas dictaduras del pasado, suavizando en sus referencias el carácter brutal de éstas con tal de dejar en peor lugar al gobierno de Maduro, no sólo se equivoca de palmo a palmo, sino que ofende a los demócratas y pisotea la memoria de las víctimas de dichas dictaduras.

De ninguna manera se justifican las impresentables palabras de González diciendo que bajo la dictadura de Pinochet se respetaban más los derechos humanos que en la actual Venezuela. Que a la comparación le añada elementos irónicos, hablando del “paraíso de paz y prosperidad de Maduro”, no hace sino agravar la comparación con unos componentes de frivolidad que acentúan su carácter injusto. Con ellos, se incrementa la ofensa a la memoria de los que fueron asesinados en calles, comisarías y estadios de Chile, se lacera el doloroso tener presente a quienes fueron salvajemente torturados por la DINA y por los más abyectos individuos de las fuerzas armadas que se levantaron contra el orden constitucional de la república austral y contra el legítimo gobierno presidido por Salvador Allende, y se mancilla el recuerdo imborrable de quienes fueron desaparecidos siguiendo los métodos diseñados por los estrategas de la Operación Cóndor. Que González, por pura concesión pragmática del dictador, pudiera visitar a determinados presos políticos en cárceles pinochetistas de ninguna manera redime nada de las barbaries del régimen que padeció Chile, bajo el cual, como todo el mundo debe saber, los derechos humanos quedan absolutamente en suspenso, como ocurre bajo toda dictadura.

Por desgracia, cuando el expresidente español se ha pronunciado en tales términos, no nos ha pillado del todo por sorpresa. Días antes, y metido ya en esa estrategia político-mediática, para subrayar lo negativo del régimen venezolano ya se aventuró a decir que en la España de Franco, bajo la dictadura, se respetaba más la independencia del poder judicial que en la actual Venezuela. Oyendo eso, y permitiéndonos un comentario benévolo para tamaño desatino, cabe decir que aquel Isidoro de la clandestinidad tardofranquista, el que iniciara su andadura profesional como abogado laboralista, ha caído preso de una tremenda y lamentable amnesia. Al decirlo, para nada hay que hacer florituras psicológicas, pues lo relevante es la amnesia política que tan desafortunadas palabras ponen de relieve. ¿Dónde queda la sensibilidad democrática de quien jugó tan destacado papel al frente del PSOE en la transición de la dictadura a la democracia y en la consolidación de la misma como sistema de derechos y libertades?

No; no es sólo que no hiciera falta que quien se proclama defensor de Leopoldo López, considerándolo como preso político injustamente procesado y condenado, utilizara esas odiosas comparaciones para condenar a un régimen que es verdad que presenta serios déficits democráticos -¡pero no es una dictadura!-. Lo injusto de tales comparaciones, con las víctimas de las dictaduras aludidas, por una parte, y con la compleja problemática de Venezuela, por otra, además de hacerlas de todo punto improcedentes, las convierte en perjudiciales. Sorprende que un Felipe González que tan bien ha llegado a conocer la realidad de las repúblicas americanas se comporte de esta manera. La memoria democrática chilena se ha visto con sus palabras tan mal tratada como la memoria histórica española. Que ello haya sido así por parte de quien ocupa, más allá de los cargos orgánicos, un lugar destacado en la vida del PSOE, además de lo que sigue representando en la política española en general, hace de estos hechos mucho más que un tropiezo lamentable, por lo que esperamos que de alguna manera se reaccione desde el campo socialista en la medida en que tales hechos lo reclaman.

Cabe pensar que, situado en esa especie de más allá, a donde no llegamos los humanos de a pie, donde se ubican quienes han hecho suya la conciencia de “grandes hombres” que hacen historia, el expresidente González pasa totalmente de largo de reflexiones como aquéllas de Baltasar Gracián en las que recordaba que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Mas, aun siendo así, creo pertinente traer a colación unas líneas del psicoanalista y politólogo Jean-Claude Milner, que pueden contribuir a la reflexión sobre los hechos, trascendiendo la coyuntura: “La discusión política reina. Con el paso del tiempo se siente sin embargo su fatiga. No faltan los estigmas de su decadencia”.

"Se impone acometer un proceso constituyente como propuesta a la sociedad española, atendiendo, entre otras, a las demandas de Cataluña en cuanto a su reconocimiento como nación, para lograr un renovado pacto constitucional", afirma el autor

A finales del siglo XVIII, al hilo de la Revolución Francesa, se hicieron notar quienes, sabiendo que el Ancien Régime había llegado al punto de ser insostenible y que se había agotado el tiempo para los cambios en su propio marco, se resistían, no obstante, a sumarse de lleno al proceso revolucionario. Robespierre lanzó sus dardos dialécticos contra ellos, echándoles en cara que querían “revolución sin revolución”. Salvando las distancias de todo tipo que nos separan de aquellos acontecimientos, nos encontramos actualmente en España con una situación algo parecida. Estamos ante una grave crisis institucional del Estado y el agotamiento del desarrollo autonómico del mismo, todo lo cual reclama reformas tan en profundidad que de suyo hay que hablar de la necesidad de un proceso constituyente. Sin embargo, de manera análoga a la crítica que hacía Robespierre a los espíritus timoratos que, viendo la necesidad de cambios revolucionarios, no los apoyaban en serio, ahora cabe hacer una crítica consistente a quienes entre nosotros quieren, en lo que se refiere a la Constitución, reforma sin reforma.

Vaya por delante que previamente la crítica ha de ser especialmente contundente respecto a los que no quieren reforma alguna, ni siquiera del Senado para que sea verdadera cámara territorial. El Partido Popular, encarnación mayoritaria de la derecha españolista, se niega a ello. Con miopía política gravemente culpable se niega a ver la imperiosa necesidad de acometer cambios en nuestra carta magna, si queremos que siga siendo válida, es decir, suficientemente legitimada para su función como norma fundamental del Estado. Incluso ante unas circunstancias tan tensas como las que se están dando en vísperas de las próximas elecciones para el parlamento de Cataluña, cuando se ve venir que la candidatura Junts pel Sí, conformada por Convergència y ERC y que promueve su independencia, puede tener amplio respaldo –mayoritario, aunque no sea con mayoría absoluta–, al gobierno del PP no se le ocurre otra cosa que la argucia de una proposición de ley, a tramitar por procedimiento de urgencia en el Congreso, sobre sanciones por incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, diseñada ad hoc para lo que pueda ocurrir tras dichas elecciones. Tal proposición constituye en sí misma, más allá de su formalismo, todo un proceder contra la Constitución que se dice defender. Es por ello que una autoridad tan reconocida como la de Francisco Rubio Llorente, que fue presidente de dicho tribunal, haya declarado que es día de luto el de la presentación –marcadamente electoralista– de una reforma como la que propone el PP, la cual “aplastará la Constitución”.

Pero si analizamos las propuestas de reforma que por otros latitudes del espectro político nos encontramos, podremos apreciar que no se presentan con la suficiente solidez y la necesaria credibilidad. Si nos detenemos en el discurso de la candidatura de Catalunya Sí que es pot, la presencia de Podemos en ella junto a ICV y Equo lleva a que insista en el derecho a decidir y en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, pero sin que se perfile con nitidez una propuesta federalista. En el caso de los socialistas, se habla de federalismo abiertamente, pero sin que se concrete suficientemente de qué federalismo se trata, eludiendo insistir en que debiera ser un federalismo plurinacional, a la vez que renunciando a defender el derecho a decidir en una consulta legal –lo cual es giro notabilísimo respecto a lo que el PSC propugnó en las anteriores elecciones y a lo largo de la legislatura, sin explicaciones claras sobre su porqué, habida cuenta de que no se trataba de una propuesta frívola–.

Estando así las cosas, todo da la impresión de que los diferentes actores políticos velan sus armas democráticas más mirando de reojo las de sus rivales que poniendo verdaderamente a punto las propias. Eso vale incluso para la propuesta de secesión como elemento fundamental de Junts pel sí, con su explícita posición plebiscitaria, pues su misma propuesta estaría más reforzada si no hubiera dejado tantos cabos sueltos por el lado de la legalidad de los pasos que hipotéticamente se prevén para la independencia de Cataluña. No obstante, guste o no guste, la ventaja de esa candidatura es que ofrece un proyecto que concita la adhesión de amplios sectores de la ciudadanía, y no dejará de hacerlo por el hecho de que se diga que moviliza factores más emocionales que racionales o señalando meramente los obstáculos que dicha propuesta tendrá que afrontar si  fuera el caso que ganara, como si con esa variante de refinada política del miedo se frenara un impulso político de raíces identitarias. Tal es el error de la tan comentada carta de Felipe González A los catalanes, aparte de odiosas comparaciones del nacionalismo catalán con el nazismo o con el fascismo del siglo pasado.

En el campo socialista se refiere, la Declaración de Granada, que continúa en la órbita de reforma del Estado autonómico en una dirección federalizante, no llega a ofrecer la suficiente coherencia a las respectivas posiciones de PSOE y PSC entre sí. Por eso asoman a cada paso diferencias llamativas, cuando no contradicciones. En definitiva todo estriba en no asumir con todas sus consecuencias lo que reclama la diversidad nacional que se da en el Estado español, para desde ahí diseñar una propuesta coherente de federalismo pluralista –al modo como lo proponía, por ejemplo, Miquel Caminal–. Hay voces muy cualificadas que apuntan en esa dirección incluso desde el seno de la “comisión de expertos” nombrada por la dirección del PSOE para elaborar propuestas programáticas, pero desde ellas no se deja de expresar –como ha hecho el profesor Xavier Arbós– la duda respecto a que una propuesta federalista así pueda abrirse camino. Si eso no lo impiden los argumentos que apoyan el federalismo pluralista, que no tienen nada de débiles, sino las tensiones no resueltas dentro del socialismo español, es que en éste no se ha cobrado plena conciencia del reto que afronta el Estado.

La crisis de legitimidad que se cierne sobre el Estado, que puede verse acentuada tras las ya citadas elecciones catalanas, es de tal calibre que bien debería tenerse en cuenta el dicho castellano de “a grandes males, grandes remedios”. Remedio a la altura de las circunstancias es ese federalismo del que hablamos, respecto al cual sería óptimo que se asumiera sin temores, aunque conscientes de la complejidad que implica, para de verdad querer “reforma con reforma en serio”. El momento actual, como señalaba ya hace tiempo (noviembre de 2014) el constitucionalista Pérez Royo, es constituyente por las mismas cuestiones que la democracia española ha de resolver, lo cual él mismo lo explicitaba más en cuanto a su contenido subrayando que en los momentos constituyentes no basta una mera reforma constitucional, sino que se impone acometer un proceso constituyente. Sin miedo y sin necesariamente pensar que eso supone partir de cero. No; supone una apuesta constituyente como propuesta a la sociedad española, atendiendo, entre otras, a las demandas de Cataluña en cuanto a su reconocimiento como nación, para lograr un renovado pacto constitucional. Si PSOE y PSC apostaran claramente por ello nadie diría que no hay convincente proyecto alternativo. 

"¿Hasta qué punto contribuye a que se sigan dando tan execrables crímenes de violencia de género el que perduren pautas machistas en la cultura en que nos movemos?", se pregunta Pérez Tapias.

Como golpe a la conciencia colectiva llega siempre la temida noticia de otra mujer asesinada por su pareja, víctima del horror de un nuevo crimen machista, vida segada por la violencia de género. Al dolor de los familiares y a la consternación de los vecinos se suma el sentir de una ciudadanía apesadumbrada, que tanto expresa su indignación como manifiesta su solidaridad, sentimientos que en definitiva revierten sobre una comunidad que no sale de su extrañeza cuando ve lo que se produce en su seno. Tal amalgama de sentimientos aún se intensifica más cuando la criminal violencia contra las mujeres alcanza a hijas e hijos convertidos en objetos de injusta y brutal venganza a manos de un varón enceguecido por la violencia que desata sobre quien es o fue su pareja. Algo muy profundo se quiebra en los cimientos de una comunidad que no puede sino expresar, junto al dolor, la insoportable sorpresa -por más que reiterada- de que tales hechos sigan ocurriendo entre sus integrantes. Sin embargo, suceden.

Desgraciadamente, crímenes machistas, muertes por violencia de género, se siguen produciendo después de décadas de empeño social y político por la igualdad de género, de leyes a favor de la misma y expresamente contra la violencia de género, de nuevos enfoques penales y de procedimientos judiciales respecto a crímenes machistas, así como de innovadoras prácticas policiales para protección de mujeres maltratadas o amenazadas por los hombres que son o fueron sus parejas. Todo ello son logros conseguidos por un movimiento feminista presente en las dinámicas sociales y capaz de haber hecho valer sus reivindicaciones en el campo político. Fue paso decisivo que la violencia de género se sacara de las sombras de la vida privada para ponerla bajo los focos de la esfera pública, como cuestión que ahí debe estar, por más que surja desde los ámbitos de convivencia de las vidas personales, toda vez que atañe a la dignidad de las mujeres y a sus derechos, empezando por el derecho a la vida. Pero, aun con todo ello, un clamor emerge desde la sociedad ante la dura realidad de los asesinatos de mujeres que se siguen produciendo, incesante goteo de una barbarie que debe ser erradicada de una realidad social que ha de estar a la altura de la dignidad humana y del nivel civilizatorio que marca la exigible igualdad entre mujeres y hombres.

Es atendiendo a dicho clamor social como se plantea la necesidad en nuestro país de un Pacto de Estado contra la violencia de género, como marco para adoptar nuevas decisiones políticas y medidas más eficaces para acabar con ella. Es cierto que los objetivos de igualdad de género ahí están como metas sociales y logros políticos que han de reforzarse entre todas y todos, por un lado, y que la violencia de género es conducta de individuos concretos, que debe ser sancionada penalmente, por otro. Pero el mismo tratamiento que se le da en el espacio público ya da a entender que, siendo cuestiones diferentes, guardan una relación que no ha de pasarse por alto.

¿Hasta qué punto contribuye a que se sigan dando tan execrables crímenes de violencia de género el que perduren pautas machistas en la cultura en que nos movemos? Esta es pregunta que no puede soslayarse. Por fortuna, obviamente, la “normalidad” de las relaciones entre hombres y mujeres comporta que sea en los señalados casos que conocemos cuando esas relaciones tienen el punto final de una muerte violenta. Pero tras la “normalidad” asoma la pregunta inquietante por las condiciones en que una criminal conducta violenta encuentra caldo de cultivo en una sociedad donde aún se dan notables cotas de machismo. Hay toda una lamentable gama de comportamientos en los que se vuelca ese machismo que en la violencia de género encuentro su extrema manifestación. Actos de acoso, palabras humillantes, faltas de respeto y, en general, conductas contrarias a la igualdad de género se presentan en un amplio espectro que indica que la equiparación, no sólo en derechos, sino en el trato entre hombres y mujeres, está lejos de ser realidad. Y es eso mismo, tan real, lo que resulta especialmente desalentador, máxime cuando se constata que incluso hay regresiones respecto a avances, sea en las instituciones, sea en las mentalidades. Se comprueba, por ejemplo, cómo, tras mucho tiempo y esfuerzo dedicados a educación para la igualdad, hay retrocesos al respecto entre nuevas generaciones de adolescentes.

Los comportamientos machistas que siguen dándose en nuestra sociedad hunden sus raíces en el registro profundo de una cultura patriarcal que viene de mucho tiempo atrás. Los cambios producidos, desde el reconocimiento de derechos hasta la educación, desde la vida cotidiana a las instituciones, han sido notabilísimos, lo cual prueba que el patriarcalismo otrora dominante está en proceso de desmoronamiento. Sin embargo, sus focos de resistencia son a su vez muy fuertes, y no sólo por su anclaje en factores objetivos, sino por su enraizamiento en factores subjetivos, en especial las actitudes que configuran el síndrome de rasgos psíquicos mayoritariamente presentes en una colectividad, eso que Erich Fromm llamó carácter social. Este y, por consiguiente, los caracteres individuales que mediados por él se configuran, cambia más lentamente que las mismas instituciones o el orden legal que las acompaña. Es decir, perdura un carácter social machista que, aunque amortiguado en sus expresiones, sigue siendo matriz de comportamientos contrarios a la igualdad de género.

Es constatable el peligroso desfase que se produce entre el ámbito sociopolítico, con sus avances, y lo que realmente sigue siendo núcleo duro de la cultura, aunque quede oculto por mecanismos represivos. Tal distancia provoca incluso que se acentúe la inseguridad en muchos varones, los cuales, ante la zozobra por el declive de las mismas figuras patriarcales a las que quisieran agarrarse, se decantan hacia conductas autoritarias de dominio respecto a la mujer. La caída del patriarca encuentra patológica compensación en una aún más desmedida autoafirmación del “macho”.  Entre la realidad de los valores proclamados y lo real de viejas actitudes consolidadas se abre el hueco de lo que el psicoanalista Lacan consideraba el amplio campo de lo simbólico, terreno en el que la realidad social se ordena significativamente.

Nuestra cultura va saliendo, gracias a la lucha emancipadora de las mujeres, del orden patriarcal, pero aún no ha construido un orden simbólico igualitario en el que el carácter de los individuos encuentre tupido telón de fondo para construcciones de identidad no machistas. Conseguirlo es tarea de largo recorrido, en la que hay que luchar contra los mismos fantasmas de un patriarcalismo que se desmorona, pero que no por ello deja de alentar los estragos de un machismo tremendo y a veces terrible. Alcanzar las metas de ese recorrido supondrá dejar atrás ese “contrato de servidumbre” que, como denuncia desde hace años Celia Amorós, lastra la convivencia social haciéndola radicalmente injusta por el sometimiento de las mujeres a los varones, para pasar a una efectiva relación entre iguales: hombres y mujeres emancipadas, capaces del pacto social y político para relaciones de igualdad entre géneros, amparadas por las leyes necesarias y sostenidas por la cultura antipatriarcalista que hay que conformar como tarea feminista que es asunto de todas y todos.

Quien más y quien menos llama radical al adversario, pero todos parecen rechazar ese epíteto. La verdad es que se ha recurrido a él cuando la palabra "populismo" ha sufrido tal desgaste en poco tiempo que deja de servir como término para la estigmatización política del adversario, apunta José Antonio Pérez Tapias.

¡Qué más quisiera que tuviéramos radicales entre nosotros! El problema es que casi todo el mundo se queda a medias. Por eso, cuando hablan de que unos u otros son radicales, no puedo por menos que sentir lo mal que se utiliza esa palabra -otra sometida a usos que la prostituyen- y, a la vez, acordarme siempre de aquella declaración de Marx en su Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel: “ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo”. ¡Vayamos, pues, a la raíz de los problemas en lugar de andar tanto por las ramas! Por columpiarnos, el batacazo puede ser enorme.

La situación que encontramos al hilo de las descalificaciones cruzadas que muchos protagonistas políticos se hacen utilizando la palabra “radical” es, a poco que se piense, sorprendente. Quien más y quien menos llama radical al adversario, pero todos parecen rechazar ese epíteto. La verdad es que se ha recurrido a él cuando la palabra “populismo” ha sufrido tal desgaste en poco tiempo que deja de servir como término para la estigmatización política del adversario. No sólo le ha afectado el mucho circular de boca en boca hasta perder los contornos semánticos que permitían jugar con su significado; además de verse como moneda con difuso relieve, resulta que los que se acusaban de ser populistas no pueden negar que, efectivamente y cada cual a su manera, lo sean. Así, el temor a verse descritos por un término que, lanzado como arma arrojadiza, vuelve sobre cada cual como bumerán insoslayable, ha hecho que pierda eficacia en la diatriba entre dirigentes políticos o en las intervenciones de tertulianos mediáticos. Es por eso que se empezó a echar mano de la palabra “radical”, con amplia tradición de concepto multiuso, para seguir con la ronda de las descalificaciones. Para ello se parte del supuesto de que en verdad todo el mundo descodifica los mensajes entendiendo radical como sinónimo de extremista.

Desde el PP se acusa al PSOE de radical echándole en cara que se ponga en manos de los extremistas de Podemos, con lo que comparte su condición; y, de manera inversa, desde el campo socialista se tacha al PP de radical de derechas, puesto que alberga además en su seno a verdaderos extremismos que van desde las nostalgias franquistas a los prejuicios xenófobos. Extremistas, pues, pero lo cierto es que nadie es radical en el genuino sentido de la palabra. De suyo, el líder del partido Ciudadanos se presenta desvelando con desparpajo los trucos del juego, diciendo que ocupa el indiscutible centro entre el extremo del Partido Popular, por un lado, y el extremo del Partido Socialista, por otro. Lo que revela la posición de Ciudadanos, objeto del deseo de los otros ya mencionados en cuanto a pactar con él, es que esa retórica de quienes se descalifican recíprocamente como radicales para decirse extremistas lleva consigo la pretensión de situarse en la mitificada centralidad. Ésta, en el caso de otros partidos de aparición reciente, como Podemos, tiene su equivalente funcional en la transversalidad, predicada de aquéllos que se ven políticamente ubicados en posiciones alejadas del centro. No obstante, tampoco dicha transversalidad, esgrimida para neutralizar la fácil etiqueta de extremistas que en su caso reciben, es asimilable a radicalidad.

Si aquí, en verdad, no hay radicales, y debiera haberlos, ¿por dónde tendría que ir ese radicalismo en cada caso para que la política española no fuera un pantanal de medianías y mediocridades? Puestos a imaginar, se puede hacer pensando lo que sería un PP siendo radical a la hora de combatir la corrupción, esa que tanto le corroe internamente y que no ha sido capaz de afrontar de lleno, sino siempre, a lo sumo, poniéndose de perfil. Igualmente, yendo a otro campo sensible, cabe especular con lo que sería un PP trabajando de verdad por esa unidad de España que con tanto ahínco dice defender. Si así fuera, en vez de quedarse siempre en el populismo de su nacionalismo españolista, estaría abriéndose a una reforma constitucional en serio para reganar la unidad del Estado con un planteamiento federalista. Pero parece que no, que tras mucha verborrea patriotera no hay voluntad de atacar de raíz la crisis institucional del Estado.

Deteniéndonos en las conocidas zonas tibias del PSOE, ¡cuánta radicalidad echamos en falta! En la misma propuesta federalista de la que hace gala, ¿por qué el Partido Socialista no asume hasta el fondo la solución federal que necesita un Estado con las insoslayables realidades nacionales -en plural- que se dan en su seno? ¿Por qué los socialistas de Cataluña, en vez de convencer a los del resto de España de la conveniencia de una consulta legal para el ejercicio del derecho a decidir, cuya defensa no fue una frivolidad, resulta que recorren el camino inverso, restando credibilidad a una propuesta federal capaz de hacer frente al independentismo? Si vamos por otros derroteros descubrimos igualmente muchos campos donde se atasca una socialdemocracia venida a menos. Falta radicalidad para afrontar coherentemente lo que por muchos se ha reconocido como un error: la cuña neoliberal que, por presiones externas, se introdujo en el artículo 135 de la Constitución. O citando otra cuestión donde el quedarse a medias brilla sin ningún esplendor: habría que ir a la raíz de lo que se está cociendo con el Tratado de libre comercio entre UE y EEUU. En Europa hay que ser radicales defendiendo derechos de los ciudadanos y hasta la dignidad de los Estados.

Otros podrían dejarse también de medias tintas, que a estas alturas difuminan peligrosamente su texto, como ocurre al eludir una clara autodefinición política tras el parapeto del “arriba y abajo” de la realidad social o al quedarse a medio camino, incluso invocando derecho a decidir o plurinacionalidad, pero sin precisar si están o no por una reforma federal del Estado. Hablamos de Podemos, que igualmente, como partido nuevo, podía haber sido más radicalmente democrático en sus procesos electorales internos. Y, por otra parte, ¿no sobra mucha retórica y falta análisis cuando se habla de “unidad popular”? Las izquierdas han de ser radicales también trabajando su pluralidad sin componentes mesiánicos y sin ensoñaciones de falsa hegemonía.

Hasta por los territorios soberanistas e independentistas, tan efervescentes ante la convocatoria de elecciones en Cataluña, bien vendría una muy clara asunción de radicalidad democrática, y ello por las mismas posiciones que se quieren defender y para las que se reclama una suerte de refrendo plebiscitario. La lógica del nacionalismo se juega su legitimidad en tanto se acompase con la lógica de la democracia. Por tanto, la radicalización de la democracia tanto debe plantearse hacia fuera como hacia dentro de una comunidad nacional que no debe dejar de ser inclusiva.

Ojalá, pues, en medio de tantas polémicas abocadas a lo que parece una Babel doméstica, fuéramos más radicales. Vayamos a la raíz de los problemas, antes de que se pudra y quede bloqueado el camino de las soluciones. “Radical”, ¡qué bella palabra!

La democracia implica confrontación desde posiciones diversas, conflicto innegable, pero de tal manera que ciertos acuerdos básicos han de permitir la canalización del mismo

Siempre se puede ir a más, en lo positivo y en lo negativo. Para el segundo caso, el ingenio humano ha dado lugar a la chispeante “ley de Murphy”: todo lo que puede empeorar, empeora. Parece que en la realidad política española hay quienes, más allá del tono jocoso con que se alude a tan socorrida “teorización”, pretenden darle cumplida confirmación como si de rigurosa ley de sociología política se tratara.

Quienes se mueven en el mundo del teatro saben perfectamente que para que una obra salga a la perfección, todos los actores han de estar metidos en su papel y entusiasmados por llevarlo a las tablas con la máxima excelencia. Una tragedia en regla, por ejemplo, para tener éxito requiere que cada uno de los que salgan a escena se identifique gozoso con su papel. Tal aparente paradoja es una necesidad. Sólo así se podrá representar ante el público esa necesidad de imposible cumplimiento que supone lo trágico. Pero ese paradójico gozo por un papel trágico no es, sin embargo, lo que debe darse en la representación política que acompaña a la vida democrática. Ésta, aun teniendo componentes teatrales, se adentraría en peligrosa confusión si la satisfacción de cada cual con su papel no contemplara que la dramatización llevada a cabo entre todos puede bloquearse en un punto en el que lo necesario sea en verdad, y sin nada de ficción, imposible.

En las dinámicas políticas de Cataluña nos encontramos precisamente con situaciones como la apuntada. Los protagonistas políticos se autoperciben muy ufanos en su papel, hipertrofiando la parte del guión que les corresponde. La cuestión es si la representación de cada cual redundará en potenciar la deriva conducente a hacer imposible lo necesario. Sucederá en tal caso que la vida política en Cataluña entrará en trance difícil, extensible por lo demás a la realidad política española. La mencionada manera de consumar la representación política, con sobredosis de histrionismo en algunos casos, llevará a que el pronóstico que pueda hacerse según el chascarrillo de la “ley de Murphy” se vea cumplido: lo que puede empeorar, empeora.

El empeoramiento que pueda temerse no será debido, meramente, a que ante las próximas elecciones autonómicas –y, después, generales– se presenten distintas propuestas por las diferentes formaciones políticas. Eso es lo que comporta el pluralismo político y de ninguna manera hay que lamentarlo. El que las cosas vayan a peor puede darse, en todo caso, por algo previo a los programas mismos. Se trata del marco de referencia desde el que en cada caso se elaboran, en cuyo delineamiento intervienen actitudes e intereses que para ello son determinantes. Es en relación a eso previo que puede observarse por las múltiples bandas de esa realidad política un sorprendente denominador común. Éste se cifra en una transversal negativa a comprender que afecta, más allá de las formalidades de la democracia, a la misma convivencia democrática.

La democracia implica confrontación desde posiciones diversas, conflicto innegable, pero de tal manera que ciertos acuerdos básicos han de permitir la canalización del mismo. Eso requiere compartir cierta voluntad de entendimiento, al menos comprendiendo qué dice el adversario, aunque no se comparta. Si no es así, se echa a perder el componente dialógico que toda democracia ha de poner en juego.

Lo que en las actuales circunstancias puede apreciar cualquier observador, interno o externo, de la dinámica política catalana es el peso de esa negativa a comprender desde cualquier posición respecto a las demás. La derecha españolista se cierra en banda a comprender por qué en Cataluña ha adquirido la fuerza que ahora tiene un soberanismo independentista que ha desbordado el nacionalismo catalanista que por décadas tuvo tan relevante papel. Por parte de esos sectores soberanistas, ya políticamente aglutinados en torno a la candidatura unitaria promovida por CDC y ERC, se echa en falta más voluntad para entender a esa otra parte de la sociedad que no comparte cómo desde el independentismo se plantea la expresión política de la identidad catalana. En otros casos, las pretensiones de equilibrio entre esos polos acaban echando el ancla en supuestas posiciones intermedias sostenidas a partir de la descalificación de quienes se sitúan bajo otros parámetros. El campo socialista, por ejemplo, se autodelimita en la tan mentada “centralidad”, pero dejándose atrapar también en su correspondiente negativa a comprender, de forma que se restan posibilidades de cara al diálogo que tan imprescindible aparece para el futuro de Cataluña y, desde ella, del Estado español. Salta a la vista, pues, que ante tanta negativa a comprender hace falta, aun en puertas de campaña electoral, un intensivo aprendizaje del arte de escuchar.