Argentina navega entre crisis desde hace décadas pero la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina es una crisis más sucia.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló frente a la AMIA. 85 muertos y más de 300 heridos conmovieron a una sociedad que dos años atrás había escuchado el estallido de otro coche bomba frente a la Embajada de Israel que dejó 29 muertos y 200 heridos.

Las causas por estos dos atentados se fueron enredando en la justicia y al día de hoy sus autores siguen impunes. En el año 2004 bajo el gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner se nombró a Alberto Nisman como fiscal de una unidad especial cuyo único objetivo era investigar el atentado. En 2006 Nisman pidió el procesamiento de una decena de funcionarios iraníes.

La relación del fiscal con el gobierno comenzó a deteriorarse en 2013 cuando el gobierno de Cristina Fernández firma un memorando de entendimiento con Irán, que luego fue aprobado por el Parlamento con mayoría oficialista. Ese acuerdo proponía la formación de una Comisión de la Verdad para investigar el atentado. El enfrentamiento con Irán por la AMIA parecía borrarse con este acuerdo. En aquella época muchas voces se levantaron en su contra argumentando que el gobierno traicionaba a las víctimas del atentado para intercambiar petróleo por granos. El parlamento de Irán nunca aprobó el acuerdo. En Argentina fue declarado inconstitucional y nunca entró en vigor.

Hace unas semanas el fiscal Nisman denunció que, a través del acuerdo, la Presidenta Fernández y su canciller Héctor Timerman pretendieron desviar la investigación y así otorgar un manto de impunidad a los funcionarios iraníes imputados. El fin era aumentar el comercio bilateral para importar petróleo iraní y hacer frente a una crisis energética. Nisman iba a presentar su denuncia frente a una comisión del Congreso de la Nación. El día anterior apareció muerto en su departamento.

Políticamente las consecuencias de la muerte del fiscal son impredecibles. En Argentina existe hoy una superproducción de hipótesis escabrosas. La Presidenta no está ajena a esta tendencia. Propone sus propias conjeturas, aporta presunciones y promueve líneas de investigación. Se presenta como otro argentino más que en una charla de café resuelve la muerte del fiscal.

El futuro es incierto y el presente angustiante. La muerte del fiscal deja al desnudo la indefensión de la democracia argentina. Indefensa frente aquellos que deberían construirla, cuidarla y perfeccionarla. La democracia en Argentina ha sido violentada y maniatada por los políticos.

Desde 1983, los líderes políticos acceden a sus cargos a través de elecciones democráticas pero una vez en el gobierno se empeñan en corromper y destruir las instituciones. La historia reciente muestra que los políticos argentinos sólo respetan los resultados electorales. Una vez en el poder manipulan las instituciones y las leyes, corrompen los organismos del estado y refuerzan mecanismos políticos que los benefician y les permiten mantenerse en sus círculos de poder. Traspasar el límite, burlar la regla y re-escribir la historia parecen ser cualidades esenciales para ser político en Argentina. Es posible que la excepción haya sido Raúl Alfonsín. Quizás porque en aquellos años la democracia todavía era un bien preciado.

Desde la presidencia de Carlos Menem hasta ahora, los presidentes y sus colaboradores se han dedicado a debilitar las instituciones y enriquecerse.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner han ido manipulando la realidad. En el año 2007 se interviene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La idea era controlar los datos económicos cuando la inflación comenzaba a aumentar. Asimismo, se presentaron como los primeros gobiernos democráticos preocupados por las violaciones a derechos humanos durante la dictadura desconociendo lo realizado por el gobierno de Raúl Alfonsín. Como si el informe de la CONADEP y el Juicio Oral y Público a las Juntas Militares no hubieran existido.

En esta historia truculenta, Nisman no es el primer muerto político de la democracia. Los argentinos sabemos de qué hablamos cuando nombramos a la adolescente Maria Soledad Morales (asesinada en 1990), al periodista José Luis Cabezas (asesinado en 1997), los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillan (asesinados en 2002) o el dirigente universitario Mariano Ferreyra (asesinado en 2010). Sus muertes generaron crisis políticas y horrorizaron a la sociedad.

En el 2001, en el medio de la crisis del corralito y el default, los argentinos les pedimos a los políticos que se vayan todos. Algunos nos hicieron el favor de irse. Otros se quedaron o volvieron despacio. Lo cierto es que no supimos reemplazarlos con líderes democráticos, en realidad tenemos más de lo mismo. Y ese es nuestro problema. Los argentinos observamos desde la otra orilla el espectáculo penoso que nuestros líderes nos ofrecen todos los días. De vez en cuando su puesta en escena se vuelve tenebrosa. Si quisiésemos cruzar para involucrarnos y recuperar nuestra democracia descubriríamos que nos hemos quedado sin los barcos. Hemos asistido a la violación de nuestras instituciones con expresión de horror en nuestra cara pero paralizados. Con cada muerte política parece que estamos a punto de vencer esa paralización pero hoy no sabemos si realmente la muerte del fiscal Nisman será la última.