Hay quien dice que la empatía está de moda. Lo curioso es que mientras las empresas llevan años estudiando cómo la inteligencia emocional mejora los equipos, reduce conflictos y hasta incrementa beneficios, parte de la clase política parece haber descubierto justo lo contrario, que la ausencia de empatía o, mejor dicho, que todo lo contrario a la empatía, la deshumanización, también puede dar rédito electoral. Resulta difícil no ver cierta paradoja en cómo la movilización del miedo, del rechazo y de la impulsividad más primaria e irracional se ha convertido en una herramienta política extraordinariamente eficaz para determinadas derechas y extremas derechas. Como si la apelación constante a las emociones más básicas e insolidarias fuera, en el fondo, su reconocimiento implícito de que nadie votaría sus propuestas desde la serenidad, el pensamiento crítico o la reflexión ética. Como si su proyecto político únicamente pudiera abrirse paso debilitando nuestra capacidad de reconocer al otro como alguien digno de consideración, de interpretar el dolor ajeno y de responder a la incertidumbre desde lugares distintos al miedo, el rechazo o la agresividad.

Estos días lo estamos viendo con el brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius, que llegará el domingo a Canarias tras registrarse varios contagios y fallecimientos relacionados con una variante del virus que preocupa especialmente por ser la única conocida con capacidad de transmisión entre humanos, aunque los expertos insisten en que su capacidad de contagio es extremadamente limitada. Desde que escuché la noticia no he dejado de pensar en las personas que están en ese barco y en cómo deben de estar viviendo estos días de aislamiento, protocolos sanitarios e incertidumbre. También en sus familias, pendientes a distancia de cada información y cada actualización médica. Y en la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo mientras acompañaba el traslado del féretro de su marido, muerto días antes por el mismo virus.

Más allá del alarmismo interesadamente desatado en el plano político, y del complejo y legítimo análisis sanitario que exige una situación así, deberíamos poder mirar lo que ocurre en ese barco desde un lugar mucho más empático. Es decir, ser capaces de ponernos, aunque sea un instante, en la piel de sus pasajeros y comprender que dentro de ese crucero no hay una amenaza apocalíptica, sino personas enfermas, asustadas y aisladas desde hace días. Personas sometidas a muchísima incertidumbre, a protocolos médicos y al miedo mientras ellas y sus familias siguen la situación a distancia pendientes de cada noticia y cada actualización sanitaria. Algunos pasajeros han relatado a varios medios el clima de angustia y agotamiento emocional que se vive a bordo desde que se detectaron los primeros casos. Pensar en ellos desde ese lugar nos lleva a la conclusión bastante lógica de que es importante que, cuanto antes, reciban atención médica, apoyo psicológico y una respuesta sanitaria organizada, mejor para todos. 

Sin embargo, frente a esa reacción profundamente humana, han emergido otras muy distintas en forma de bulos y cadenas de mensajes que llaman a rechazar el barco, e incluso interceptarlo e impedir cualquier acercamiento, es decir, a levantar una especie de frontera de rechazo social contra quienes están dentro. Como si esa manera de actuar fuera una respuesta más razonable que la del operativo en el que participan el Ministerio de Sanidad, Defensa, Interior y Política Territorial junto a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Pero este nuevo miedo colectivo nace de la fabricación de un estado emocional basado en la sospecha, la alarma permanente y la percepción constante de amenaza que tiene, desgraciadamente, en nuestro país, responsables políticos bastante reconocibles. Fernando Clavijo expresó públicamente su rechazo a que el crucero atracara en Canarias. Santiago Abascal ha llegado a acusar al Gobierno de permitir la llegada de “un barco con un virus mortífero” para “ocultar las actividades de su mafia”. Y Alberto Núñez Feijóo habla de “confusión”, exige “todos los documentos que avalen las decisiones sanitarias” o se publiquen el nombre de los expertos y cuestiona la gestión de la crisis solo por atacar al Gobierno de Pedro Sánchez incluso después de que se sepa que esta está coordinada por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales de varios países. 

El problema es que ese miedo colectivo, que la derecha y la extrema derecha llevan meses alimentando en España (siempre hay una nueva amenaza apocalíptica a la que señalar), está deteriorando no solo la convivencia y la calidad democrática de nuestro país, sino también la salud mental de nuestra sociedad. Porque activa en parte de la ciudadanía respuestas primitivas asociadas al miedo y la hostilidad, debilitando su capacidad de pensar con lucidez ante situaciones complejas como la que ahora plantea la crisis del hantavirus. Lo inquietante es que la neurociencia lleva décadas explicando justo lo contrario de lo que estos discursos políticos promueven. La empatía no es una debilidad moral ni una ingenuidad sentimental, sino que es una capacidad cognitiva sofisticada, vinculada al desarrollo de las funciones ejecutivas, a la cooperación social y a la propia supervivencia colectiva. Los seres humanos prosperamos precisamente porque aprendimos a colaborar, a cuidarnos y a interpretar el sufrimiento propio y ajeno como algo relevante no solo para nuestra vida individual, sino también para la vida en comunidad.

Mientras la ciencia, la psicología, el derecho y el conocimiento avanzan hacia formas más humanas de convivencia, determinados liderazgos políticos siguen apelando deliberadamente al miedo, la hostilidad y los impulsos más primarios, disfrazándolos de libertad. Como si quienes no son como nosotros, o no forman parte de los nuestros, solo pudieran entenderse como una amenaza. Como si aún viviéramos atrapados en una lógica gobernada únicamente por el instinto que nos impide reaccionar desde lo que nos hace crecer como personas y avanzar como humanidad: reaccionar con lucidez y humanidad incluso cuando tenemos miedo, ayudarnos.

Sangre y aplausos es lo que, en esencia, se presencia en una plaza de toros. El espectáculo de cómo se tortura a un animal hasta darle muerte. Son las personas expertas en desarrollo infantil, y no el activismo animalista, quienes sostiene que las niñas, niños y adolescentes que acuden a las corridas de toros no tienen las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para comprender la violencia que representan cada una de las escenas de ese ritual de sufrimiento y muerte infligida a un animal indefenso.

 No es una simple cuestión de edad legal, es mucho más, es una cuestión directamente vinculada al desarrollo de las personas menores de edad, a su salud emocional, física y mental. Por eso, desde la perspectiva de los derechos de las infancias y las adolescencias, el ordenamiento jurídico debe trazar con precisión los límites de lo que la infancia puede presenciar, consumir o experimentar cuando esos contenidos entrañan una exposición a la violencia explícita con efectos perjudiciales y perturbadores sobre quienes aún están formándose neurológicamente. 

Ese argumento, el de la protección de la infancia frente a contenidos perturbadores o potencialmente perjudiciales, es paradójicamente el mismo que invoca el sector ideológico que impulsa los toros y las escuelas de tauromaquia dirigidas a personas menores de edad cuando exige retirar de las bibliotecas públicas libros relacionados con la diversidad sexual, defiende el pin parental para blindar a sus hijas e hijos de la educación afectivo-sexual o reacciona tapándoles los ojos ante una mujer desnuda o el beso de dos personas del mismo sexo. 

Resulta difícil comprender cuál es la lógica de esa supuesta protección y qué valores quieren transmitir a niñas, niños y adolescentes cuando cuestionan o restringen herramientas educativas y culturales orientadas a prevenir la violencia entre las personas, sean estas adultas o menores de edad, mientras normalizan -e incluso subvencionan- la exposición y enseñanza de una cultura centrada en torturar y matar animales reales con las propias manos cuando en una clara posición de subordinación.

La tauromaquia es un rito de iniciación en una forma muy concreta de hombría. En un modelo de masculinidad que se construye en torno a la dominación, al control del miedo y a la capacidad de imponerse sobre otro ser vivo cuya vida se considera prescindible. Las personas menores de edad que se forman en ese entorno interiorizan jerarquías, roles y formas de relación con la violencia que, al presentarse como legítimas y merecedoras de aplauso, se instalan como referencia de lo que significa ser valiente, ser hombre. Lo que transmite la tauromaquia no es únicamente un arte o una tradición, es una manera de entender la dominación del hombre sobre el resto de las vidas como parte de un orden natural. 

Lo que ven las niñas, niños y adolescentes que acuden a un espectáculo taurino es la muerte cruel, violenta y sangrienta de un toro encerrado en un espacio del que no va a salir con vida. Se ven involucrados como parte de una expresión colectiva que celebra una violencia de la que no solo son testigos, porque la experiencia también les atraviesa emocional y cognitivamente. Esto -dicen personas expertas en psicología infantil- es lo que provoca que dicha experiencia tenga altas probabilidades de impactar en su forma de comprender el daño y la empatía, al no poder entender por qué se celebra un sufrimiento que en cualquier otro contexto se les enseñaría a rechazar.

Lo que reciben las personas menores de edad no es solo el mensaje de que hay violencia que se permite, sino que esa violencia puede ser admirada, recompensada y convertida en motivo de orgullo, es parte de la fiesta nacional, es una identidad y una tradición. Es decir, incuestionable. Por eso el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lleva desde 2018 señalando a España que prohíba la participación y la asistencia de personas menores de edad a los espectáculos taurinos, y por eso en enero de 2025 ha vuelto a insistir en la urgencia de tomar medidas concretas. Una advertencia basada en estándares internacionales de protección de las infancias frente a la exposición a la violencia y sus consecuencias en el desarrollo. 

Los mismos estándares que, no por casualidad, también promueven la educación en diversidad, en igualdad y en derechos humanos como herramientas fundamentales para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer el daño, a desarrollar empatía, a identificar las violencias que les amenazan y a construir relaciones basadas en el respeto a todas las vidas humanas y no humanas.

“Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa.” (CEDAW, Recomendación General nº 33, CEDAW/C/GC/33, 23 de julio de 2015)

Cuando la credibilidad de las mujeres y las infancias que denuncian violencia machista se pone en duda de forma sistemática por quien tiene que interpretar la ley e impartir justicia, la violencia desaparece del análisis jurídico y el juzgado especializado deja de cumplir con su función, deja de proteger, prevenir el riesgo y de aplicar el derecho con perspectiva de género. Cuando esto sucede, lo que queda es una decisión que, bajo la apariencia de imparcialidad que se le otorga a un juez, vacía de contenido todas las garantías legalmente previstas precisamente para estos casos, y deja a la víctima expuesta a la violencia machista y a otra violencia más, la institucional.

Ante este tipo de creencias por parte de algunos titulares de juzgados, como el juez Maman Benchimol, la pregunta es ¿qué hace un juez así en un juzgado de violencia de género? Porque si no creen a las mujeres y las reducen prejuiciosamente a estereotipos (aprovechadas que manipulan a sus hijas e hijos para quedarse con la casa, apartar al padre y disfrutar de todas “las ventajas que tienen” las víctimas“), su papel pierde todo el sentido; a no ser que estén en esas plazas judiciales no para proteger a las mujeres sino a los hombres, para hacer justicia patriarcal.

Lamentablemente, la misoginia de la que hemos tenido noticia por las palabras del titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid no es un caso aislado. Responde a una lógica jurídica conocida y reiteradamente denunciada por diferentes organismos nacionales e internacionales. Una lógica en la que el sistema judicial incurre en estereotipos de género para cuestionar a las madres y priorizar el contacto paterno con las y los hijos comunes en contextos donde existen hechos verosímiles y compatibles con la violencia de género. En esta línea, el GREVIO viene advirtiendo con claridad que ordenar la custodia o las visitas sin tener suficientemente en cuenta los antecedentes de violencia y sin una evaluación adecuada del riesgo para los menores y sus madres no cumple con las obligaciones del artículo 31 del Convenio de Estambul. 

Pero el juez Maman no debe dar credibilidad tampoco a estos informes sobre lo que pasa en España, porque parece que se dejará llevar por la inercia de un sistema judicial que todavía no se ha desempolvado algunas creencias del derecho de familia franquista. Ese en el que no se prohibía la custodia materna porque ya el padre era el titular principal de la patria potestad, y la madre estaba relegada por ley a una posición subsidiaria. Ese que, cuando una mujer se separaba era castigada sin patria potestad a porque ya no encajaba en el ideal de “buena madre”. Ese, donde, obviamente, no existía el interés superior del menor, sino un orden familiar atravesado por la moral católica y los roles de género. 

El Código Civil actual, en cambio, es claro, y se aleja mucho de aquella mentalidad que todavía tienen tantos jueces y juezas, también abogadas y abogados. El artículo 92.7 excluye la guarda conjunta cuando existen indicios de violencia de género. El artículo 94 establece límites igualmente claros al régimen de visitas. No son orientaciones abiertas a interpretación, son límites legales diseñados para evitar el riesgo. A ello se suma que la LO 1/2004, reformada en 2015 para reconocer expresamente a las niñas y niños como víctimas de violencia de género, y la LOPIVI de 2021, que parte del derecho de las infancias a vivir libres de violencia y refuerza su protección cuando están expuestos a violencia contra las mujeres, conforman un marco normativo que no deja margen de duda.

Si la custodia compartida no es compatible con la violencia de género, no es porque sea enemiga de las mujeres, ni porque respondan a supuestos intereses económicos, como afirma el juez Maman. Es porque la custodia compartida presupone cooperación, confianza mínima, comunicación funcional y reconocimiento recíproco de la autoridad parental, condiciones que la violencia de género destruye al convertir la relación parental en un espacio de riesgo, control y revictimización. Bien debería saberlo quien es titular de un juzgado especializado: aplicar la custodia compartida en estos contextos, ignorando las asimetrías de poder y los antecedentes de violencia, no es neutral, sino que produce un efecto discriminatorio y contrario al interés superior del menor.

No explicar esto y desplazar el foco hacia una supuesta mala fe de las mujeres que denuncia violencia de género no es solo jurídicamente impreciso, sino que supone legitimar, desde espacios institucionales como el ICAM, una aplicación defectuosa del derecho que, en la práctica, puede traducirse en exposición continuada al daño para mujeres, niñas y niños. Justo lo contrario de lo que un juzgado especializado debería garantizar. A no ser que el juez esté ahí no para proteger a las mujeres y sus hijos sino al pater familias de la sagrada institución familiar.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en coalición la Junta de Extremadura no es una deriva ideológica más, es una quiebra de nuestro modelo constitucional. No estamos ante un programa político con el que disentir, estamos ante una arquitectura de exclusión y violencia institucional que reproduce, con perversión inquietante, las políticas que Donald Trump ha instalado en Estados Unidos. Un sistema que legisla para discriminar, que decide quién merece la protección del Estado y quién no. Ahora son las personas migrantes, mañana, las racializadas. Después, las personas con discapacidad, las comunidades gitanas, las disidencias sexuales... La exclusión es solo un primer paso de la dominación, la opresión… de la violencia. 

Los líderes de Vox celebran públicamente el acuerdo como “un hito histórico” y alardean de que esta es la primera vez en la historia política española en que la que se institucionaliza la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. El eje del acuerdo es la llamada “prioridad nacional”. No es un simple criterio de gestión administrativa, es la institucionalización de una jerarquía de derechos, de vidas. Es la legalización de la violencia institucional. El acuerdo plantea un sistema en el que el acceso a derechos sociales, económico y culturales como las prestaciones, la vivienda o los servicios públicos quede condicionado en función del origen, del arraigo o de la “vinculación con el territorio”. Distinguir entre quién merece derechos y quién no tiene un nombre preciso en nuestro ordenamiento: discriminación.

El artículo 14 de la Constitución no deja margen a la ambigüedad. La igualdad ante la ley no admite ciudadanías de primera y de segunda. Para hacer lo que propone Vox no basta reformar la Ley de Extranjería, como se compromete el PP; habría que cambiar la Constitución. Es más, con este acuerdo, ambos partidos tensan también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 9 establece que los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades, debiendo respetar la Constitución y la ley, al tiempo que su actividad deberá ajustarse a los principios democráticos. Este acuerdo ni los representantes políticos que lo promueven, no respetan la Constitución, y este acuerdo representa una actividad que no se ajusta a los principios democráticos.

Las medidas concretas revelan la magnitud del problema. Vox sabe (como lo sabe el PP) que hay conflictos de competencias insalvables y claros vicios de inconstitucionalidad en lo que dicen que harán. Pero su intención va más allá de ocupar gobiernos. Quieren ocupar las mentes, corromper la convivencia, lograr que lo que hoy resulta inadmisible empiece a parecer razonable. Porque una vez introducido el principio de “prioridad nacional”, lo que se erosiona no es solo el acceso a determinados derechos, sino el fundamento mismo de la igualdad. Se instala la idea de que hay personas más legítimas que otras para ser protegidas por lo público. Y cuando eso ocurre, la exclusión (la limpieza) deja de percibirse como una vulneración de derechos y empieza a justificarse como una opción política más.

El veto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular es directamente ilegal. El Tribunal Constitucional ya lo resolvió. La atención sanitaria, incluida la de urgencia, es un derecho subjetivo que ninguna norma autonómica puede retirar y el TC ya lo ha blindado. Vincular el acceso a vivienda y ayudas públicas al arraigo o al empadronamiento prolongado contradice frontalmente los artículos 13 y 14 de la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente la discriminación por origen nacional o étnico. El requisito de cinco a diez años de empadronamiento continuado para acceder a vivienda protegida es lo que la Directiva 2000/43/CE define como discriminación indirecta, es decir, una medida aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre personas de origen extranjero, sin justificación objetiva ni proporcionada. La prohibición del burka y el niqab en espacios de prestación de servicios públicos vulnera el artículo 16 de la Constitución y discrimina a un colectivo singularizado por religión, etnia y origen. La supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí choca con el artículo 27 de la Constitución y con compromisos bilaterales con Marruecos.

Pero es en el tratamiento de la infancia migrante donde el acuerdo muestra con mayor claridad su ruptura con el Estado de Derecho. Plantear la devolución de personas menores de edad no acompañadas excede las competencias autonómicas y vulnera principios básicos del ordenamiento español e internacional. El interés superior del menor, la prohibición de devoluciones automáticas y el deber de protección de la infancia en situación de desamparo son obligaciones jurídicas vinculantes, recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente toda la comunidad internacional (con la excepción de Estados Unidos y Yemen) y plenamente integrada en nuestro sistema jurídico. La infancia no puede ser tratada como un instrumento de control migratorio. La experiencia reciente lo confirma. En julio de 2021, los intentos de devolución de menores desde Ceuta fueron paralizados por los tribunales precisamente por incumplir estas garantías básicas.

Hay además una dimensión que va más allá de la inconstitucionalidad de cada medida, y es valorar el potencial de este acuerdo como discurso de odio institucional. El artículo 510.1a del Código Penal protege frente a quien fomente o incite la discriminación por origen nacional. El TEDH tiene establecido que para que exista discurso de odio no hace falta incitar explícitamente a la violencia, basta con incitar a la discriminación o ridiculizar a partes de la población. Es exactamente lo que el Tribunal aplicó en el caso Féret contra Bélgica, donde condenó a un político de extrema derecha por un discurso xenófobo dirigido a restringir derechos de personas migrantes. Cuando desde Vox se califica la discriminación entre españoles e inmigrantes de “hito histórico” y “eje estratégico” se producen declaraciones que, bajo ese estándar y el del artículo 510.1a del Código Penal, podrían sustentar una denuncia ante la Fiscalía Delegada en Delitos de Odio. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron, para eso ya hubieran votado a Vox. El PP es el que está desplazando el umbral de lo aceptable, el que está tensionando la Constitución y el propio sistema con tal de permanecer en el poder. Porque el daño más profundo de este acuerdo no es solo lo que pretende prohibir, recortar o expulsar, es el marco narrativo, de creencias y no-convivencia que instala. Es la idea de que se puede discriminar, excluir, prescindir de vidas. Ese es el verdadero peligro, sustituir el interés general que define a un Estado social y democrático de Derecho por una lógica de “prioridad nacional” que convierte los derechos en privilegios. Es renuncia al artículo 10 de la Constitución que dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

Su madre fue la víctima número 49 de aquel 2023. Tenía 36 años. Ellas, sus hijas, tienen ahora 5 y 10. Son también las nietas de una mujer que a sus 65 años fue desahuciada el pasado mes de enero de lo que había sido el hogar familiar en Villaverde. A estas dos niñas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les ha denegado, por segunda vez, la beca de comedor. Lo ha hecho cuando apenas quedan tres meses de curso. Lo ha hecho a pesar de que esa unidad familiar, ellas y su abuela, cumple sobradamente los requisitos.

Estas niñas son víctimas de violencia de género. Han intentado acceder a esas becas por esa vía, pero también cumplirían el criterio económico. Ellas y su abuela sobreviven con unos 600 euros mensuales procedentes de los trabajos esporádicos de limpieza y cuidados que hace la mujer de 65 años. Si no reciben ninguna ayuda, ni siquiera el ingreso mínimo vital, no es por un problema de falta de requisitos. Es otra cosa, se llama violencia institucional. Una violencia que no siempre se presenta como un acto visible, sino como una cadena de omisiones, retrasos y decisiones que, acumuladas, producen daño. Una violencia que aparece cuando las instituciones no actúan, o actúan tarde, o actúan mal, incumpliendo su obligación de proteger.

Las administraciones públicas deberían haber protegido a estas dos niñas, deberían protegerlas todavía. No solo por ser víctimas directas de la violencia machista, o por ser huérfanas, o por encontrarse su familia en una situación de claro empobrecimiento. Sino también y, ante todo, porque son niñas. Niñas. Da miedo que ante tanta negligencia acumulada la respuesta institucional acabe siendo la institucionalización, separarlas de su abuela e internarlas en un centro de protección. No sería la primera vez que el sistema, incapaz de ofrecer recursos a una familia, elige romperla, destrozarla. Pero eso es para otra conversación.

Cuando su madre fue asesinada existía una deuda hipotecaria sobre la vivienda familiar y ninguna administración se sintió interpelada a actuar. Tampoco la entidad financiera, Caixabank, ofreció moratoria alguna tras el crimen machista. El sistema siguió su curso. Quien sí reaccionó fue una sociedad inmobiliaria, Ciclevile SL. Compró la deuda. Después reclamó la propiedad. Ante el impago, desahucio. El juzgado no consideró los informes de vulnerabilidad aportados y la abogada de oficio ni se presentó el día del lanzamiento. La abuela y sus nietas se enteraron de lo que iba a ocurrirles sin que nadie con obligación de informarlas lo hubiera hecho. También eso es violencia institucional, también eso es para otra conversación que queda pendiente.

Nada de esto es excepcional. El caso de estas niñas, de su madre y de su abuela (todo mujeres) no es una anomalía, es una imagen precisa de cómo funciona la jerarquía institucional de las vidas de las familias pobres, especialmente formadas y encabezadas por mujeres. En un estudio de FAMS publicado en 2025 sobre cómo la violencia machista a traviesa a las familias en situación de monomarentalidad, exploramos cómo la burocracia, la duda sistemática, el retraso en los procedimientos y el acceso desigual a derechos no son deficiencias técnicas subsanables, sino formas de violencia institucional. La fragmentación administrativa (certificados que caducan, plazos que no se adaptan, ventanillas que no se comunican entre sí) no produce solo ineficiencia, produce un daño deliberado sobre quienes más fragilidad presentan.

No es que el sistema falle, sino que el sistema funciona así, externalizando sobre quienes más lo necesitan la carga de demostrar lo que el propio sistema ya sabe. ¿O acaso no sabe la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que estas niñas son víctimas de violencia de género? Porque en este caso lo sabe. Sabe que estas niñas son víctimas de violencia de género. Sabe cuál es su situación. La pregunta no es qué tienen que acreditar, la pregunta es por qué tienen que seguir haciéndolo. Por qué.

La violencia machista deja de ser un privilegio en el momento en que es nombrada como tal. La impunidad en las violencias machistas es una construcción social que se sostiene sobre el anonimato, sobre la normalización, sobre el silencio de quienes saben y miran hacia otro lado, de quienes relativizan, de quienes ríen la gracia, de quienes piensan en sus propios intereses y alianzas antes que en la integridad y el dolor de las mujeres que son víctimas de esas violencias. La impunidad también se sostiene sobre la negación del daño, sobre la idea de que no pasa nada, por eso empieza a resquebrajarse cuando los nombres dejan de protegerse y se dicen en voz alta rompiendo la certeza de intocable. Que un agresor sepa que su nombre puede acabar en una denuncia, en un expediente, en una investigación interna, rompe la certeza de intocable.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a un sargento del Ejército de Tierra que llevaba años humillando a una soldado con comentarios de contenido sexual delante de sus compañeros. El sargento gozaba, según recoge la sentencia, de cierta simpatía entre la tropa. Era de los que se dejaban llamar “calvo” o “gordo” y a cambio repartía motes al resto, un compañero era el “hobbit” por su baja estatura y otro el “capataz” por su parecido con un personaje de Toy Story. Para el sargento condenado, todo formaba parte de un ambiente distendido, de camaradería, de familiaridad… A ese supuesto ambiente de camaradería masculina llega una mujer, y lo que para el grupo es rutina, para ella se convierte en exposición, en señalamiento, en degradación. 

Nada más llegar descubre que entre sus compañeros circula un sticker hecho a partir de una foto suya comiendo. Ella se queja, el capitán tiene noticia de lo sucedido, interviene y ordena borrar la imagen. Meses después, al finalizar un ejercicio de tiro, cuando solo faltaba ella por subir al camión, el sargento le grita delante de todos sus compañeros: “Sube al camión, que tus compañeros te van a hacer un bukake”. Más tarde, después de que ella se cortara el pelo, el sargento le preguntó públicamente si se había vuelto lesbiana y si ahora utilizaba penes de goma. La soldado acabó de baja por ansiedad; “cada vez estaba más deprimida y muy quemada”, recoge la sentencia. El sargento recurrió la primera condena alegando su carácter bromista, el ambiente de familiaridad, que aquello no era un delito sino, a lo sumo, una falta disciplinaria. El alto tribunal le responde que el que los demás le rían “la gracia” no convierte la humillación en broma, que el grupo tolere no convierte lo intolerable en aceptable y que la dignidad de la soldado quedó irremediablemente dañada, no temporalmente ni levemente, sino irremediablemente. 

Pero hay una pregunta que la sentencia no responde del todo: qué responsabilidad tienen quienes ríen, quienes consienten con su silencio. Es esa complicidad del entorno la que realmente sostiene a los agresores, no solo la ausencia de condena judicial sino la ausencia de reproche, de límite, de incomodidad. En otro caso que llegó también al Supremo, un comandante del Ejército del Aire fue sancionado con pérdida de destino no por agredir directamente sino por tolerar y reír los comentarios de un subordinado que humillaba a una teniente. 

Quienes niegan la violencia machista no discuten solo un concepto, necesitan que esa violencia parezca lo normal, lo tolerable, lo que siempre ha existido y por tanto no merece nombre propio ni respuesta penal. La estrategia tiene dos movimientos complementarios, negar el daño y construir la sospecha sobre quien denuncia. El objetivo no es la justicia sino el silencio; y el objetivo de quienes ríen la gracia, de quienes miran hacia otro lado, de quienes anteponen la lealtad al grupo o a la institución a la integridad de la víctima, es la propia supervivencia en el orden patriarcal, machista, misógino, racista y capacitista que les beneficia y que también temen.

Las mujeres iraníes no pidieron esto. Pedían el fin de la policía moral, el derecho a elegir su vestimenta, igualdad ante la ley y el fin de la impunidad estatal. Lo venían diciendo desde las calles, desde las cárceles, desde la rebelión de los velos que dio origen al lema “Mujer, Vida, Libertad” como grito por la libertad política y los derechos fundamentales frente al autoritarismo. Un movimiento de mujeres que surgió en 2022 como una respuesta directa a décadas de opresión contra ellas y la imposición obligatoria del hiyab. Cuando los ataques aéreos de las fuerzas israelíes y estadounidenses comenzaron en todo Irán el pasado 28 de febrero a las 9:45 (hora local) nadie les había preguntado si querían esas las bombas que están cayendo sobre las escuelas de sus hijas e hijos, sobre sus familias, sobre sus vidas. Las que reducen a escombros sus hogares. Las que están asesinando a su gente y a ellas mismas. 

Ellas son el pretexto. Las bombas de Israel y de Estados Unidos no caen en su nombre. Porque la violencia no se detiene con más violencia. Netanyahu invocó precisamente el lema “Mujer, Vida, Libertad” para justificar esos bombardeos y Trump habló de rescatar al pueblo iraní de la opresión. Lo que esta guerra produce no es la liberación de las mujeres iraníes, sino más precariedad, más destrucción y más violencia sobre ellas y sobre el conjunto de la población civil. El lema que nació del asesinato de Jina Mahsa Amini está siendo mancillado por los soldados israelíes que lo escriben en sus armas, no lo están honrando: lo están profanando. Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, lo ha dicho sin ambigüedad, los derechos de las mujeres iraníes no se conquistan con bombas. Se conquistan desde dentro, con las mujeres iraníes como sujeto, no como símbolo. Esa es la diferencia entre el feminismo como práctica política y el feminismo como coartada geopolítica.

La propaganda de Israel habla de ataques selectivos y eliminación de líderes. Pero calla sobre las miles de personas civiles asesinadas, las ciudades arrasadas, las vidas atravesadas por el terror y la pérdida. Mientras construyen un relato errático de victoria, la realidad es otra más de un millón de personas han sido desplazadas, se ha documentado el uso de fósforo blanco en zonas residenciales, sanitarios asesinados en el sur del Libano… e imposible borrar de la memoria el bombardeo sobre la escuela primaria Shajare Tayyebeh (Minab) mientras estaba llena de alumnas y donde al menos 180 personas murieron, en su mayoría niñas de entre siete y doce años. Nadie está pensando en las mujeres ni en términos de vida ni de derechos. Esta lógica es la de la muerte, la de la destrucción, la del genocida, la de colonialismo devorando todo deshumanizadamente.

Nadje Al-Ali, que ha investigado durante décadas los efectos de los conflictos armados sobre las mujeres en Irak y en toda la región, señala que las intervenciones militares empeoran sistemáticamente la vida de las mujeres, aunque se justifiquen en su nombre. Porque la violencia en una guerra, en un conflicto armado, en la invasión de otro país, nunca es neutra. Como dice Judith Butler en Marcos de Guerra no todas las vidas son consideradas llorables, hay vidas que cuentan y vidas que no, hay muertes que se narran y otras que se diluyen en cifras. Esa jerarquía del duelo es también una forma de violencia. Las niñas de Minab no merecieron un minuto de silencio en ningún parlamento occidental. 

Lo que está en juego no es solo este conflicto concreto, sino los valores que queremos que ordenen el mundo. Las mujeres iraníes no necesitan salvadores, les basta con que se reconozca su agencia política, su capacidad de lucha y su derecho a decidir sobre sus propias vidas sin injerencias que las utilicen como coartada. Si algo necesitan de quienes dicen defenderlas es que dejen de bombardearlas y dejen de instrumentalizarlas. Porque el feminismo no va a ser nunca un lenguaje al servicio de la guerra. Por cierto, defender el derecho internacional no es ingenuidad, es memoria política. Es el aprendizaje acumulado de otras guerras, de otros genocidios, de otros crímenes horribles donde ya vimos lo que ocurre cuando la fuerza sustituye al Derecho. Es, precisamente, el límite que las sociedades se han dado para que el poder no arrase sin freno, para que la violencia no se convierta en norma. Defenderlo es defendernos sin excepciones, sin jerarquías, sin bombas. Es defender la Vida.

Mientras hay quienes discuten si la violencia de género existe o no, la policía tiene que proteger a decenas de miles de mujeres que son víctimas de las violencias machistas. Mientras algunos cuestionan su existencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad movilizan cada vez más agentes para proteger a a las mujeres, y también a sus hijas e hijos. Solo si miramos el sistema de seguimiento policial VioGén, a 31 de diciembre de 2025 sabremos que 103.942 mujeres tienen protección policial en España en el contexto de la violencia de género por parte de su pareja o ex pareja. Pero, además, en más de la mitad de esos casos, esas mujeres tienen hijos e hijas menores de edad a su cargo que de manera indirecta también están viviendo bajo esa protección. En ambos casos, el crecimiento de la protección policial ante el peligro que representa la violencia machista a las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, se ha incrementado un 2% respecto al año anterior.

El incremento que refleja ese dato, como todo dato que se analiza de manera monofocal, puede significar varias cosas: que hay más violencia, que hay más denuncias, que la detección ha mejorado o que más mujeres acceden a los mecanismos de protección. Probablemente hay algo de todo ello, pero el significado más evidente es el de que la violencia machista sigue produciéndose a un ritmo que el sistema no logra detener, que las violencias avanzan igual o más rápido que las políticas destinadas a frenarlas. Está fallando la sensibilización, prevención y la educación, las políticas en las que se debe invertir cuando el riesgo y el peligro todavía no existe. Invertir en el antes y no en el después porque lo que reflejan las estadísticas no son solo un problema sociológico, policial o judicial sino el síntoma de un conflicto profundo sobre el poder, el género y la autonomía de las mujeres. Un conflicto que además no afecta a todas por igual, las mujeres migrantes, racializadas o en situación administrativa irregular enfrentan mayores barreras para denunciar, acceder a protección y ser creídas por las instituciones.

La cuestión central no es únicamente cómo proteger mejor a las mujeres que sufren las violencias machistas (algo imprescindible) sino que esa violencia deje dereproducirse entre los hombres. Todo este contexto no puede separarse del clima político en el que el feminismo es presentado, cada vez con mayor frecuencia, como un adversario. La actual de normalización del antifeminismo,el auge de masculinidades reaccionarias, el cuestionamiento de las políticas de igualdad, los discursos que minimizan la violencia machista… La violencia machista no aparece en el vacío, se alimenta de imaginarios culturales que siguen otorgando legitimidad al control, al castigo o a la dominación del hombre sobre las mujeres (y sus hijas e hijos en el caso de la violencia de pareja o ex pareja) dentro de las relaciones.

Además, las violencias machistas tampoco se limitan al ámbito de la pareja. Las mujeres que participan en la vida pública y política vienen enfrentando formas concretas de agresión, de tratos vejatorias: violencia psicológica, digital y, cada vez con mayor frecuencia, amenazas físicas. Cuando esas mujeres son además racializadas, migrantes o pertenecen a minorías religiosas, la violencia se intensifica y adopta también formas racistas, islamófobas o xenófobas. Una violencia política de género que tiene un doble objetivo que estas mujeres abandonen el espacio público y disciplinar al resto de mujeres en las jerarquías del silencio y dejar claro quienes son los únicos legitimados para tener voz y poder en esa esfera. 

La violencia de género es una cuestión democrática. Si en un país como el nuestro, en solo dos meses y medio de 2026, ya son trece las víctimas de violencia de género asesinadas (once mujeres, una niña y un niño), más de 100.000 mujeres necesitan protección policial frente a sus parejas o exparejas, y mujeres como Sarah Santolalla o Irene Montero -que participan en la vida política y pública- reciben amenazas de grupos extremistas, debemos empezar a plantear el problema en términos de seguridad pública porque estamos ante una exhibición de poder, ante crímenes de poder que amenazan la democracia. O como dice Rita Segato, “el crimen contra las mujeres no es moral: es político”. Nos afectan a todas y todos. 

La imagen de Trump rodeado de líderes religiosos, hombres y mujeres que rezan mientras le imponen las manos, no es una escena espiritual. Es una imagen de poder. Representa la alianza entre la extrema derecha política y la extrema derecha religiosa, una alianza que no busca solo ganar elecciones, sino ante todo gobernar las conciencias. Su agenda es global y coordinada, profundamente contraria a los derechos humanos.

El dios que bendice esta alianza es un dios militarista, negacionista del cambio climático, cómplice de la violencia de género, que persigue según el origen y el color de la piel, legitimador de guerras y genocidios… Es un dios vengativo y cruel. Es el dios que usa la religión como dispositivo de odio.

La imagen que hemos visto en el Despacho Oval de la Casablanca no es un gesto estrambótico de un presidente impredecible, sino que es parte de una transformación institucional deliberada. En este segundo mandato de Trump, las reuniones gubernamentales se abren con oraciones cristianas y versículos bíblicos y una recién creada Comisión de Libertad Religiosa trabaja para redefinir los (no) límites entre el Gobierno y la religión con propuestas que incluyen retirar financiación a escuelas consideradas “hostiles a la fe” o perseguir a quienes vayan contra la fe cristiana. El propio Trump dejó claras sus intenciones cuando la presentó el febrero pasado: “las personas no pueden ser felices sin religión, sin esa creencia. Traigamos de vuelta a la religión. Traigamos de vuelta a Dios a nuestras vidas (..) Tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos, más fuerte que nunca.” Si bien fue uno de sus comisionados quien dejó claro de cuál es la motivación: “Estamos en una guerra religiosa y cultural, y cada uno de nosotros es un combatiente.”

Pero esta alianza no es nueva. Dorothee Sölle acuñó en los años setenta el término cristofascismo para describir el apoyo de sectores cristianos al nazismo. En España, esa alianza entre poder político autoritario y religión adoptó otra forma, la del nacionalcatolicismo franquista. Hoy, teólogos como Juan José Tamayo hablan de cristoneofascismo para describir la alianza actual entre extrema derecha política, ultraliberalismo económico y movimientos cristianos integristas. En este contexto es imprescindible la lectura de su libro La internacional del Odio. 

La actual alianza entre la extrema derecha y el fundamentalismo religioso es profundamente reaccionaria en términos de género, y sigue siendo profundamente colonial. Durante siglos, el discurso de la “civilización cristiana” ha servido para justificar conquistas, dominación y extracción de recursos en distintos lugares del mundo. Hoy reaparece con nuevos lenguajes que hablan de defensa de Occidente, lucha contra la decadencia moral, de ideología de género, de reemplazo e invasión… En el fondo, se trata del mismo relato en el que una civilización se presenta como superior y que necesita enemigos para reafirmarse. Una civilización que lleva siglos explotando y expoliando los cuerpos y los territorios de esos otros pueblos a los que ni miramos ni nos conmueven porque están en esos márgenes a los que no llega nuestra “empática blanquitud”.

Trump está haciendo del nacionalismo cristiano uno de los pilares de su liderazgo político. Se presenta como un defensor de la fe, como el líder elegido por Dios para restaurar y proteger los valores tradicionales de Occidente. Ese nacionalismo cristiano necesita un enemigo interior (la inmigración, el progresismo, el feminismo, la diversidad...) y un enemigo exterior (la inmigración, el comunismo, el islam...) para cohesionar a sus electores y legitimar su poder. En ese marco, la religión no es espiritualidad sino violencia, un relato que sacraliza al líder de la nación y convierte la violencia en una guerra santa. Convierte la política exterior es una misión mesiánica que defiende la superioridad moral de Occidente para justificar intervenciones, expansión de intereses estratégicos y las violaciones del derecho internacional. 

Religión, nación y supremacía civilizatoria se entrelazan para sostener estructuras de dominación que no son nuevas, porque son el mismo proyecto colonial de siempre, ahora relanzado desde la Casa Blanca con una Biblia en la mano. Frente a ello, necesitamos un feminismo que no puede ser liberal ni solo occidental. El feminismo que necesitamos hoy tiene que ser capaz de ver la imagen completa del patriarcado y del colonialismo, de la violencia de género y de la violencia imperialista, sobre los cuerpos de las mujeres, pero también de los hombres y de las niñas y niños que habitan los territorios saqueados y bombardeados. Porque todas estas violencias tienen el mismo origen y se sostienen mutuamente. Un feminismo antirracista y decolonial no es una opción más dentro del movimiento, ahora más que nunca es la condición para que el movimiento sea verdaderamente emancipador. 

Vivimos en una época en la que ser grosero, maleducado, mentiroso, machista, racista y homófobo otorga un tipo de protagonismo inesperado, y no necesariamente negativo. Hay quienes encuentran en la agresividad, la burla, la insensibilidad e incluso la humillación, ese frenesí que les hace sentirse alguien, sentirse algo. Hay que reconocer que no son tantos como parecen, pero sí los suficientes como para hacerse notar. Se instalan en esta nueva impostura social por placer, por aburrimiento, por no ser menos y, también, por tratar de encajar. Pertenencia e identidad desde el lugar incorrecto de la Historia. Desinhibición y frenesí. Agresividad, burla, insensibilidad e incluso humillación. Todo ello cuenta, además, con las bendiciones de la extrema derecha, el matonismo liberador de las ataduras de lo woke. Todo vale.

Hace unas semanas, la actriz Jane Fonda, en The Late Show with Stephen Colbert, hizo una reflexión que me resultó especialmente sugerente en este tiempo de búsqueda. Decía: “Estamos viendo cosas que nunca antes habían sucedido. El autoritarismo se ha infiltrado en cada rincón de nuestro gobierno. (…) Están sucediendo cosas realmente malas. Y no es cuestión de derecha o izquierda. No me importa a qué partido pertenezcas. Es cuestión de lo correcto o lo incorrecto. ¿Verdad?”. No hablaba Jane Fonda desde la superioridad moral, hablaba desde el lugar donde se construye o destruye humanidad. Hablaba desde los derechos humanos, pero también desde los valores que inspiran y sostienen estos derechos. Interpelando a quien la escuchara a preguntarse sobre si está hablando, actuando o dejando de hacer desde lo correcto y lo incorrecto como Humanidad. Volvamos a lo básico: al respeto, la empatía, la solidaridad y el amor.

No es una reflexión que solo afecta a problemas globales como el genocidio de Gaza, la invasión de Ucrania, el extractivismo de las grandes corporaciones tecnológicas, las violaciones de derechos humanos en las fronteras, las redadas racistas en barrios multiculturales como Lavapiés… No, estoy pensando en esa impostura cotidiana de quienes obvian conscientemente el lenguaje inclusivo, niegan la violencia machista, desprecian a las mujeres que denuncian acoso, insultan a una persona por el color de su piel, se sienten superiores que quienes migran a nuestro país, se burlan de niñas y niños que forman parte de los therian acosándoles públicamente, especulan con los precios de sus propiedades por codicia... ¿Acaso no saben estas personas qué es lo correcto o lo incorrecto en conciencia? ¿Lo justo y lo injusto?

Lo correcto y lo incorrecto no son reglas inflexibles. No se trata de moral, ni de religión, tampoco de tradiciones ni prácticas culturales. Ni siquiera se trata de lo legal y lo ilegal. Lo correcto y lo incorrecto son respuestas que damos a las situaciones que nos interpelan en el momento en el que estamos y que ponen al descubierto cuáles son nuestros valores y si estos están alineados con los valores universales, de derechos, de principios y de convivencia que sabemos nos conducen al entendimiento y la paz. Lo correcto y lo incorrecto frente a la élite del odio es decidir qué hacer. Hay una frase de Martin Luther King, Jr. que dice: “Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto”.

Lo correcto en derechos humanos implica respetar la dignidad intrínseca a todo ser humano. Por eso no tiene cabida el desprecio con el que la extrema derecha trata a las vidas migrantes, a las personas diversas, a quienes representan la diferencia. Lo correcto es garantizar igualdad, libertad y no discriminación desde un prisma de bien común y justicia social, contraponiéndose a los postulados neoliberales que defienden el uso de la libertad de manera individualista y egoísta. Lo correcto es defender el valor de los derechos humanos frente a quienes necesitan que estos desaparezcan para gozar de impunidad ante las violaciones de derechos que cometen. Y esto no es una intuición personal, es la herencia de una genealogía feminista y de movimientos sociales que nos precedieron en otras crisis, en otros momentos de avance del fascismo. El feminismo nos enseña que lo personal es político y los movimientos por los derechos civiles, por los derechos LGTBIQ+, por la justicia social, por el cambio climático… nos recuerdan que los avances no son automáticos y que cada retroceso comienza naturalizando las pequeñas humillaciones y no poniendo límites a quienes las protagonizan con antivalores.

De derecha a izquierda no queda nadie en la blanquitud occidental que no afirme contundentemente que el burka es “una salvajada”. Ha tenido que venir Vox a iluminarnos en esta cuestión con una provocadora y racista proposición. Gracias a la extrema derecha, las y los españoles han descubierto, de pronto, que la imposición del burka a una mujer es intolerable. La solución parece de simple sentido común, especialmente si se razona el problema desde la mentalidad colonial habitual. La solución no es otra que otra imposición: prohibir el burka. Y así, bajo una lógica improvisada llena de simplificación, ahora la pugna política puede llegar a ser qué partido, dentro del abanico parlamentario, se marca el tanto de aprobar una norma contra el burka y el niqab. Lo que los partidos, de izquierda y de derecha, nacionalistas o no, viven como batalla política, no es otra cosa que una batalla cultural en la que Vox les ha colado un gol. La única diferencia entre unos y otros es el grado de racismo que sostiene sus propuestas: unos invocan los derechos de las mujeres desde una convicción impostada y otros los usan como coartada para naturalizar su agenda de odio y antiinmigración.

¿Y el feminismo qué dice? Algo tendremos que decir. El feminismo blanco, incómodo ante la pluralidad de mujeres y la diversidad sexual, se arrima a esas respuestas punitivistas. Los otros feminismos, los que habitan los márgenes, hacen reflexiones que van más allá de polarizar el debate entre prohibir o no prohibir. Ponen el foco en lo evidente, en cómo Vox ha logrado imponer un marco racista a su falso feminismo (feminacionalismo) que deja al descubierto el frágil conocimiento en materia de derechos humanos de la clase política y de quienes, desde tribunas, micrófonos, columnas..., se presentan como defensores de la prohibición mientras razonan desde el privilegio, el desconocimiento y un racismo interiorizado que ni siquiera identifican como tal. Como al final, como dicen Afrofemninas, “el cuerpo de la mujer con niqab no molesta por lo que hace; molesta por lo que representa en el imaginario de quienes construyeron Europa como proyecto racial y cristiano”.

Desde luego, ni en este ni en otros debates que pone encima la extrema derecha, la respuesta pasa por aceptar el marco que impone con sus iniciativas racistas, machistas y clasistas, propuestas en las que se acuerdan de la dignidad de la mujer si les vale para asociar inmigración e inseguridad o a una falsa llegada masiva de inmigrantes que amenazan la cultura occidental. Ese es precisamente el principal error de la izquierda y de quienes no se identifican como de derechas, asumir como propios los temas de una agenda que utiliza los derechos humanos, también de las mujeres, de manera selectiva para sus campañas de odio, para su agenda anti-derechos. 

Respecto al uso del burka o el niqab, y a lo que significan en la vida de las mujeres en aquellos Estados cuyas políticas religiosas reprimen con dureza y crueldad a niñas, adolescentes y mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, la posición desde la defensa de los derechos humanos viene siendo clara, se denuncia sin ambigüedades las prácticas sostenidas en tradiciones o interpretaciones religiosas que implican trato cruel, inhumano o degradante. Desde los derechos humanos no hay relativismo posible cuando el Estado y la religión convierten el cuerpo de las mujeres en instrumento de control y castigo, sea la religión islámica, el catolicismo, los evangelistas, los ortodoxos u otras creencias fundamentalistas.

Pero el debate incorpora matices decisivos cuando esas prácticas se sitúan en un contexto social, legal y religioso muy alejado del que viven las mujeres en Afganistán, en Irán o en Arabia Saudí. Un contexto donde la pregunta no es solo qué simboliza una prenda, sino qué efectos tiene prohibirla, no vaya a ser que se esté imponiendo otro dogma moral con la excusa de la libertad, ¿qué libertad? Porque tanto imponer como prohibir puede vulnerar derechos en nuestro contexto y, lejos de proteger a las mujeres, puede agravar su exclusión, reforzar su aislamiento y su discriminación. Vincular del burka o el niqab, de manera generalizada y simplificada, a una supuesta amenaza cultural o disfrazarlo de defensa de los derechos de las mujeres no solo distorsiona el debate, sino que alimenta una narrativa que amplifica el rechazo a las personas de origen musulmán o cuya religión sea el Islam e invisibilizan otras desigualdades y graves violencias que sufren estas mismas personas en nuestra propia sociedad, precisamente como consecuencia de su fe o de su origen.

De repente, ahora urge legislar contra el burka y el niqab. La misma semana en que tres mujeres han sido asesinadas, dos de ellas junto a sus hijos, lo urgente para el PP, para Vox y también para Junts es prohibir el burka. Mientras tanto, en sus gobiernos autonómicos y municipales se cuestionan leyes de igualdad, se vacían políticas públicas, se relativiza la violencia machista y se reducen presupuestos a los centros y servicios donde las mujeres pueden encontrar protección. Esa habilidad de la extrema derecha, conseguir que hablemos del burka mientras niegan que el machismo. Y como dice Miquel Ramos, todos picando y todos hablando del burka y la niqab, como si supiéramos de lo que estamos hablando.

La apariencia también engaña y, a pesar de saberlo, es en la apariencia donde seguimos depositando nuestra confianza para otorgar credibilidad a las mujeres, especialmente cuando los hombres son señalados por comportamientos machistas, sexistas e incluso ya violentos contra la integridad física, sexual y emocional de las mujeres. Desde los clichés más habituales, -cuando está en cuestión la credibilidad de esas mujeres víctimas de violencias machistas, también las sexuales- hay hombres con aspecto de “chicos buenos”, de gente maja, educada, “limpia”, presentable, de buena familia, respetados... y los hay cuya apariencia resulta sospechosa por su origen, el color de su piel, por ser de clase baja, por su condición socioeconómica, por el tipo de trabajo que tienen e incluso por un físico que se percibe como desagradable e inquietante. La tranquilidad que proporcionan los primeros no nace del conocimiento, sino de un prejuicio profundamente cultural y patriarcal, el de que “la normalidad” (entendida como hombre blanco, cishetero, masculino y buena posición social) protege.

Tener “cara de agresor sexual” no deja de ser una mirada clasista y colonial sobre quiénes son los perpetradores de la violencia machista. No es más que una falacia de control tranquilizadora que está atravesada por sesgos automáticos y prejuicios que vienen apuntalar un supremacismo que señala cuáles son las jerarquías de hombres que deben ser protegidas y quedar impunes en el orden patriarcal. Pensar que quien agrede física, emocional o sexualmente a una mujer debe parecerlo es absurdo, porque ni la violencia ni quienes la ejercen, no solo contra las mujeres, sino también contra niñas, niños y adolescentes, emiten señales inequívocas que alerten del peligro. Ojalá fuera así de fácil.

La historia está llena de hombres respetables, calificados como buenos, como majos, cuya reputación y apariencia han funcionado como una pantalla opaca que ha impedido ver sus crímenes y/o juzgarlos convenientemente. En no pocas ocasiones, esa respetabilidad ha actuado, precisamente, como plataforma para acceder a sus víctimas. Muchos agresores se muestran inicialmente encantadores, seductores e inteligentes, lo que facilita el engaño y dificulta la detección de la violencia, pero no por ello son menos agresores cuando cometen sus crímenes. 

Basta pensar en Jeffrey Epstein y en la constelación de hombres influyentes implicados en su red de tráfico de niñas, niños y mujeres muy jóvenes, que fueron captadas, explotadas y sometidas a tortura sexual. Durante años, todos ellos han actuado con una impunidad total, sostenida en el tiempo por un corporativismo de hombres buenos agresores que desde su posición social se han protegido unos a otros sin que en sus entornos cotidianos pareciera posible sospechar de quiénes eran realmente. La lista de Epstein, al igual que la lista de agresores de Gisèle Pelicot, está llena de buenos hombres, buenos padres, buenos políticos, buenos empresarios… buenos, buenos, buenos. 

En la batalla de la credibilidad seguimos aferradas y aferrados a mitos y estereotipos que atenúan y relativizan los actos de esos chicos majos cuando no directamente los excusan, como si su posición social, su apariencia, el color de su piel, su origen familiar o su dinero fueran incompatibles con la crueldad privada. Cuando salieron a la luz denuncias contra Julio Iglesias, abundaron los comentarios que restaban credibilidad a las mujeres que lo señalaban bajo un argumento recurrente: un hombre con tanto poder y dinero no necesita hacer esas cosas y eran ellas las que querían algo de él. Como si la violencia sexual, la explotación laboral, “estas cosas”, solo las hicieran los pobres, los feos o los fracasados. Como si la violencia sexual respondiera a un perfil físico, material o social.

Vivimos un tiempo en el que numerosas figuras públicas, ajustadas al arquetipo del “hombre de bien”, están siendo señaladas por protagonizar episodios de violencia sexual. Las mujeres cada vez son más conscientes de las violencias que sufren, y denuncian, también a los poderosos y a los hombres majos. Sin embargo, como sociedad nos cuesta aceptar que el peligro también puede tener buenos modales, cara de “niño bueno”, aspecto pulcro o una posición económica solvente. Preferimos pensar que la amenaza viene de fuera, que pertenece a un hombre vulgar, fácilmente identificable, a alguien racializado, de origen magrebí. De esas creencias erróneas se sirve la extrema derecha para manipular nuestro sistema de creencias sobre las violencias machistas y sus autores. En esos casos resulta más sencillo atribuir culpa porque el prejuicio nos ahorra la incomodidad de revisar nuestras creencias erróneas.

En las violencias machistas, también en las sexuales, no existe un perfil físico o social único. Los agresores pueden ser jóvenes o mayores, tener un alto nivel educativo, ocupar cargos públicos, dirigir empresas o ser vecinos ejemplares. Negarnos a admitirlo contribuye a un efecto devastador, convertir a la víctima en sospechosa, en mentirosa a ojos de los demás cuando intenta denunciar. Aceptar que la violencia a menudo se oculta bajo la apariencia de la normalidad es un paso incómodo, pero necesario en un momento como el actual. Porque mientras sigamos necesitando como sociedad que el agresor tenga “cara de malo” para reconocerlo, seguiremos siendo la mejor coartada de aquellos que con el disfraz de “hombres buenos” y “gente de bien” (de orden) agreden a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La única cultura que entiende la violencia machista es la cultura de violación que normaliza, minimiza o excusa la violencia sexual, especialmente cuando esta la protagonizan esos “hombres buenos” de los que nunca lo pudimos imaginar.

La regularización que ha aprobado el Gobierno es una corrección mínima a un sistema que produce y reproduce situaciones de ilegalidad de forma constante en la vida de personas concretas que limpian y cuidan sin contrato, que encadenan trabajos temporales sin derechos, que crecen aquí sin papeles, que evitan ir al médico por miedo. La irregularidad atraviesa las vidas de quienes llegan a nuestro país para escapar de condiciones de las que nosotras y nosotros también huiríamos: violencia, pobreza, persecución política, conflictos armados, o el impacto del cambio climático. Regularizar a 500.000 personas es poner al descubierto un modelo migratorio injusto, diseñado en clave excluyente, que seguirá generando irregularidad mañana, pasado y dentro de unos años mientras no se reformen las leyes que la producen.

Quienes se llevan las manos a la cabeza ante esta regularización, tras haber sido víctimas de las teorías conspiranoicas del “reemplazo” promovidas por la extrema derecha y amplificadas con más desinformación e irresponsabilidad por el Partido Popular, deberían saber, e igual hasta les alivia, que: esta regularización no deroga ni uno solo de los instrumentos racistas y violentos de nuestra normativa. No acabará con las redadas racistas, ni con los CIE, ni con los requisitos imposibles de la ley de extranjería, ni con las devoluciones en caliente, ni con la exclusión sanitaria de quienes no tienen documentación, ni con la expulsión burocrática que impide acceder a ayudas y recursos básicos cuando se está en situación irregular. Nada de eso cambia.

 La importancia de esta regularización, para quienes defendemos sociedades libres de odio, es que reconoce, si bien de forma limitada y temporal, derechos que el propio sistema había arrebatado a las personas migrantes al negarles su condición de sujetos de derechos y de portadoras de historias. Por eso, para ellas, precisamente, es tan importante porque se trata de sus derechos. Porque significa poder empadronarse, trabajar con derechos, alquilar sin chantajes, ir al médico... Pero no, esta regularización no es un cambio de modelo ni la implosión del sistema, aunque sí es un cortafuegos frente a la violencia institucional que supone vivir en situación irregular en nuestro país al menos a 500.000 personas..

Para quienes militan hoy en el bando antiinmigración, en cambio, esta regularización es una pésima noticia. No solo por razones ideológicas, sino también por razones económicas, -aunque muchas veces ambas van muy a la par a modo de auto exculpación-. La irregularidad es un negocio, lo es para propietarios que alquilan habitaciones insalubres por precios abusivos, sabiendo que nadie denunciará. Para empleadores que imponen jornadas interminables sin contrato, sin descanso y sin derechos en hostelería, la agricultura, los cuidados… Lo es para modelos de negocio sostenidos de miseria, turnos imposibles y amenazas constantes de despido o denuncia. La irregularidad no solo excluye y empobrece a quien la sufre, también produce beneficio, patrimonio y poder a quienes la utilizan y se aprovechan. Es una herramienta de dominación.

Piensen bien a quién beneficia que se difundan con tanta rapidez los mensajes contra la regularización: datos falsos, declaraciones sin contexto, simplificaciones interesadas. No es miedo a un reemplazo ni a una invasión: es miedo a perder un privilegio. Y quizá lo más incómodo sea esto: si una medida tan limitada despierta tanto odio, es porque durante demasiado tiempo hemos aceptado que parte de la población viva sin derechos para que todo lo demás funcione. La regularización, lamentablemente, no rompe un modelo migratorio injusto , solo obliga al Estado a asumir parcialmente su responsabilidad de reconocer derechos a quienes son parte de nuestra sociedad.

No es un acto de defensa que un hombre con el poder simbólico, económico y mediático de Julio Iglesias publique los supuestos nombres de las mujeres que le han denunciado por abuso sexual y explotación laboral. El cantante afirma que procede de esta manera para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él, y lo hace después de que se haya denegado a su abogado la solicitud de personación en las diligencias preprocesales abiertas. Su abogado pretendía interrogar a las denunciantes obviando que esa personación no es legalmente posible en una fase del procedimiento en la que todavía no se investiga ni se juzga, únicamente se analiza si los hechos denunciados tienen suficientes indicios de delito. No hay indefensión alguna para Julio Iglesias por el hecho de seguirse el derecho español, tan solo hay la aplicación estricta del mismo trato que recibe cualquier ciudadano en idéntica situación procesal.

Al publicar unos supuestos mensajes enviados por exempleadas suyas que él señala como las denunciantes aun sin haber accedido al escrito, el cantante no solo decide no respetar los tiempos que marcan las leyes procesales, sino que también pasa por alto las medidas de protección adoptadas por la Fiscalía para las mujeres víctimas, en particular las dirigidas a preservar su identidad para evitar, precisamente, lo que él ha provocado, que se ponga en duda su relato, sus intenciones y su credibilidad.

Al convertir la opinión mediática en un tribunal paralelo, Julio Iglesias no está actuando desde la indefensión, sino que más bien adopta una estrategia deliberada dirigida a dañar a mujeres extremadamente vulnerables. Pasa por alto, esto también, que ni la libertad de expresión ni el derecho a la presunción de inocencia incluyen el derecho del denunciado a señalar públicamente a las mujeres denunciantes, menos cuando tienen la condición de víctimas protegidas por la Fiscalía que estudia su denuncia. 

Cuando un denunciado señala o expone a las mujeres que denuncian, reactiva el mecanismo central de la violencia que ha ejercido sobre ellas: el miedo a no ser creídas, el castigo por hablar y la advertencia al resto. Se reproduce así la lógica de la coerción, el uso del poder para condicionar, intimidar y disciplinar, para doblegar la voluntad libre de las mujeres

Las mujeres víctimas tienen derechos que se están vulnerando por parte de todos aquellos que difunden esta información. Estas mujeres ostentan la condición legal de víctimas conforme a la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad derivada de una relación jerárquica, de dependencia profesional, de una asimetría de poder evidente y de una elevada exposición pública de los hechos investigados. Esa condición les reconoce el derecho a recibir un trato respetuoso, profesional y no revictimizante, así como a la adopción de medidas específicas de protección de su intimidad, su identidad, su seguridad personal y profesional, y a la prevención de daños adicionales derivados de su participación en actuaciones preprocesales o penales, tal y como establecen los artículos 2, 3, 19, 22 y 23 de la propia ley.

Una revelación innecesaria de su identidad, realizada además por la persona a la que acusan de un presunto delito, incluso en esta fase preprocesal, genera un riesgo cierto, concreto y evaluable de victimización secundaria o institucional. Es importante tener presente que el cantante podría llegar a ser responsable no solo de los hechos que se investigan, si finalmente se demostraran en sede judicial, sino también de los daños adicionales que ellas sufran en los planos emocional, profesional y social como consecuencia de la estrategia pública que está siguiendo.

No solo en este caso, sino en muchos otros similares, es sabido que la exposición pública de las denunciantes por parte del denunciado en este tipo de delitos —al margen de las diligencias que siguen los operadores jurídicos y en contra del Estatuto de la Víctima y del marco legal vigente— no busca esclarecer los hechos, sino reordenar el relato.

Exponer la identidad de las mujeres víctimas no es una estrategia de defensa, sino de ataque. Cuando un denunciado señala, expone o “destapa” a las mujeres que denuncian, reactiva el mecanismo central de la violencia que ha ejercido sobre ellas: el miedo a no ser creídas, el castigo por hablar y la advertencia al resto. Se reproduce así la lógica de la coerción que se denuncia, el uso del poder para condicionar, intimidar y disciplinar, para doblegar la voluntad libre de las mujeres.

En este caso, el cantante no solo expone a unas mujeres que él considera que son las denunciantes a una nueva forma de violencia, sino que realiza un gesto que, por sus efectos, puede leerse como una advertencia dirigida a ellas, a sus abogadas, a las periodistas que han investigado y publicado los hechos, a este medio y al propio sistema judicial. Una advertencia que pretende mostrar que su poder sigue intacto y que puede nombrar, señalar y tratar de reescribir el relato incluso cuando los hechos ya están en conocimiento de la Fiscalía.

No es la primera vez que hombres con poder, al verse cuestionados por denuncias graves, intentan defenderse en el espacio público para silenciar a quienes les señalan. Y precisamente por eso conviene recordar que este tipo de actuaciones también ofrecen información relevante para comprender cómo operan los patrones de poder, control y deslegitimación cuando las mujeres denuncian coerción sexual. Información relevante a tener en cuenta en sede judicial que prueba, precisamente, cómo opera el desequilibrio de poder, quién lo ejerce y quiénes lo sufren. 

Donald Trump no es, ni ha sido nunca ni será, un hombre que use su liderazgo para trabajar por la paz. Trump solo piensa en sí mismo: en su beneficio personal, en su enriquecimiento, en devolver favores a quienes han puesto millones de dólares para que pudiera llegar al poder y a quienes ahora le sostienen bailándole el agua, riéndole las gracias, acudiendo a sus fiestas y poniendo su propio dinero para mantenerlo satisfecho. El proyecto de Trump no es la paz.

Trump no piensa en términos de convivencia, de justicia internacional o de resolución de conflictos: piensa en términos de propiedad. Gobernando Estados Unidos puede hacer el mayor negocio jamás pensado, convertirse en el dueño de todo aquello que le plazca, con independencia del lugar del mundo en el que se encuentre lo que desea o le conviene. La ambición de Trump no se detiene en fronteras ni en soberanías. Hoy es Groenlandia, después será Islandia; ayer fue Venezuela, antes Gaza, y mañana será cualquier territorio, recurso o país que encaje en su lógica extractiva. La geopolítica, para Trump, es una operación mercantil permanente. Las únicas reglas que reconoce son las suyas, y en ese marco el uso de la violencia y el desprecio absoluto por la vida humana lo validan todo.

El gesto, y las palabras, de María Corina Machado entregando a Trump su premio Nobel de la paz, enmarcado en un dorado de los que tanto le gustan al presidente de EEUU, no solo es un acto de humillación para ella, es una manera de mostrarse alineada con el proyecto de Trump de llamar “paz” a la fuerza y al chantaje. Entregar simbólicamente un Premio Nobel de la Paz a un hombre como Trump (cuando la propia Fundación Nobel ha tenido que recordar que ese premio no se transfiere, no se regala y no cambia de titularidad) es una declaración ideológica que busca engrandecer a Trump, degradando el significado mismo del premio. Algo que humilla a la propia Fundación Nobel, pero también a todas las personas que han trabajado por la paz, a quienes lo recibieron antes y a quienes podrían recibirlo después, y, muy especialmente, es una humillación para las mujeres.

María Corina Machado, además de degradar el significado del premio como concepto, hace un gesto que rompe con una genealogía feminista y pacifista que estaba inscrita en la historia del Nobel de la Paz. No solo es un premio otorgado a figuras individuales, sino también a una tradición encarnada en mujeres que representaban la intersección entre igualdad, derechos humanos y construcción de paz. Desde Bertha von Suttner, la primera mujer reconocida por defender la resolución no violenta de conflictos y cuya obra ¡Abajo las armas! fue el primer gran grito contra el militarismo industrializado, sentando las bases de una política basada en el arbitraje internacional en lugar de la fuerza bruta. Pero también mujeres como Wangari Maathai, que fue la primera en vincular oficialmente la ecología con la democracia con el movimiento Green Belt y demostró que la lucha por los recursos naturales es, en el fondo, una lucha por la paz. De ella es la frase: “cuando plantamos árboles, plantamos semillas de paz y de esperanza”. 

Muchas de esas mujeres que han recibido el Nobel de la Paz, Jane Addams, Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee, Tawakkul Karman, Narges Mohammadi, Rigioberta Menchu, Malala Yousafzai… no fueron premiadas con el Nobel de la Paz por someterse y arrodillarse ante un hombre violento y poderoso, sino por resistir y hacer frente a ese tipo de hombres. Cuando María Corina Machado utiliza ese lenguaje para agradar a Trump, tenemos que resistirnos a la trampa de creer que está redefiniendo la paz, aunque esté vaciando de contenido el premio Nobel. Su gesto no representa a quienes saben lo que la paz significa, ni a quienes la han defendido históricamente y ahora la defienden. Machado no representa la defensa de la paz. Solo se representa a ella y no muy bien, por cierto. La paz se está defendiendo en otros lugares, y no necesita de premios para tener un sentido, para trabajar y creer en ella, especialmente cuando más necesitamos su defensa y a quienes nos enseñan a cómo defenderla.

Los Estados mienten, los ejércitos matan, los gobiernos cambian y los líderes se corrompen. Y cuando esto sucede es porque el poder se ejerce de manera absoluta, sin contrapesos ni controles efectivos, siguiendo únicamente el dictado de la voluntad de un líder sátrapa y cruel cuyas creencias, ideología o moral mandan despóticamente. Por eso existe el derecho internacional, para poner normas y límites comunes a quienes quieren el poder ilimitado y absoluto. Por eso cuando Donald Trump proclama que no necesita el derecho internacional y dice que su único límite es su “propia moralidad”, no está hablando ni de moral ni de leyes, está hablando de sí mismo y anunciando su impunidad frente a todo lo que viene haciendo, y está dispuesto a hacer.

El derecho internacional no impide automática y mágicamente todas las atrocidades; el derecho internacional no es la virgen de Lourdes. Su función no es la de obrar milagros, sino más bien otra muy distinta, más ambiciosa, incómoda, compleja y humana: evitar que las opresiones, los abusos y la violencia ejercidos por los Estados -y por sus agentes estatales y no estatales- se normalicen como legales o legítimos. Nadie niega que el derecho internacional es lento, imperfecto y frustrante, pero sus defectos no pueden ser utilizados (especialmente por quienes tienen intereses personales y económicos en juego) como excusa para desecharlo. Sus carencias más bien deberían servir como desafío para reforzarlo y mejorarlo. Sin derecho internacional, la guerra preventiva sería un derecho, el exterminio una “decisión soberana”, la tortura una técnica y el desplazamiento forzado una política interna. Sí, efectivamente, a la luz de esto, Israel, Rusia y Estados Unidos (entre otros) estarían quebrantando el derecho internacional.

El derecho internacional no fracasa porque estos, y otros Estados, violen las leyes y tratados que lo componen. Precisamente la función del derecho internacional es señalar estas infracciones y perseguirlas. Por supuesto que no ayuda a confiar en el derecho internacional su transgresión continuada por parte de los Estados más poderosos, pero el fracaso del derecho internacional no está en la distancia que hay entre su retórica jurídica y los actos políticos que lo tensionan y retan. El fracaso sería dejar de creer que es necesario un marco normativo que ponga nombre a las violaciones de derechos humanos y haga un señalamiento jurídico y legal a sus autores; un marco de relaciones entre los Estados en el que la prohibición del uso de la fuerza, el principio de no intervención y el respeto a la soberanía no sean fórmulas retóricas sino reglas elementales para preservar la paz y la democracia. 

El problema más profundo no es solo la violación reiterada del derecho internacional, sino la erosión de la propia idea de legalidad internacional y el desencanto con unas instituciones multilaterales a las que debemos exigir respuestas eficaces frente a crisis como las de Gaza, Ucrania, Venezuela o Yemen. Ese desencanto alimenta la tentación de desechar el derecho en lugar de reforzarlo. Pero quizá el error sea otro, confundir la vigencia del derecho con su eficacia real, y omitir deliberadamente un elemento clave de esa ineficacia. El derecho internacional no falla por sí mismo; falla cuando quienes tienen la obligación política de aplicarlo, hacerlo cumplir y defenderlo optan por normalizar, consentir o instrumentalizar las atrocidades. Como ocurre con las leyes justas mal aplicadas, el problema no es el marco normativo, sino la responsabilidad -o la falta de ella- de quienes deciden.

La moral por la que se dice regir Trump -y que muchos avalan al adherirse al mantra de que el derecho internacional no sirve de nada-, no es una alternativa al derecho, sino su negación frontal. No estamos ante un debate jurídico, sino ante una concepción del poder profundamente autoritaria, narcisista y machista, que rechaza cualquier límite externo. Cuando Trump desecha el derecho internacional en nombre de esa moral, lo que se abandona no es una norma ineficaz, lo que busca no es más que sino dinamitar el último dique frente al poder absoluto que desea ejercer.

Defender la migración porque “necesitamos a las personas migrantes” solo viene a confirmar esa jerarquía supremacista que coloca a unas personas arriba (las españolas, blancas, que deciden y se benefician), y a otras abajo (las personas migrantes, racializadas, procedentes de los países del sur) que son las que sirven, cuidan y callan, muy frecuentemente en condiciones laborales precarias, indignas o directamente de explotación.

Que necesitamos a las personas migrantes para cuidar a nuestros mayores, para recoger la fruta, para limpiar nuestras casas, para sostener sectores enteros que se vendrían abajo si mañana desaparecieran, es un argumento que bajo apariencia realista, incluso progresista, revela una lógica profundamente supremacista. Una lógica que no habla de derechos sino de utilidad al señalar que si las vidas migrantes valen es porque sirven (de siervos), y si otras sobran es porque incomodan o ensucian (de enemigos o parásitos). 

En esos términos no hace falta un discurso abiertamente racista porque basta con normalizar la idea de que hay personas cuyo lugar natural es trabajar/servir sometidas para que otras personas (nacionales blancas) vivan bien, vivan mejor o sobrevivan. Cuando la defensa de la migración se articula así, no se está defendiendo la dignidad de las personas porque se está partiendo de una condición racista: la persona migrante puede quedarse en España mientras su presencia nos sea útil.

Sin embargo, las personas migrantes no están aquí para hacernos la vida más sencilla, para salvar nuestra economía ni para cubrir las carencias a las que nos empuja un estilo de vida capitalista. Están aquí porque son personas que emprenden un viaje durísimo para poder vivir mejor, a menudo empujadas por la pobreza, la violencia, los conflictos armados, el extractivismo económico o el impacto creciente del cambio climático. Migrar no es un capricho ni una estrategia laboral al servicio de nadie: es, en muchos casos, una decisión forzada por un mundo profundamente desigual. 

Los derechos humanos no están en función de las necesidades del mercado ni las nuestras, menos se conceden por déficit demográfico o por ansias de ganar más, los derechos humanos son inherentes a la condición humana. En esa idea de necesidad interesada que se utiliza para defender la no expulsión de personas migrantes, estas no aparecen como sujetos políticos, ni como titulares de derechos, sino como fuerza de trabajo disponible, como vidas a nuestro servicio. O, dicho de otra forma, como siervos modernos a los que se les reconoce valor solo en la medida en que son útiles para nuestras necesidades, para enriquecernos o hacernos la vida más fácil.

No hay mayor señal de ignorancia que la de hablar de “personas migrantes” como si fuera una identidad fija, casi natural como si efectivamente la tierra fuera plana y el mapa del mundo un dibujo estático donde cada uno es el centro y el resto es algo ajeno. Basta mover ese mapa para que la categoría migrante se dé la vuelta, de esto saben bien esas nuestras abuelas y abuelos, que en otros territorios fueron migrantes. Basta cruzar una frontera hacia los países que nos ven como el sur, por ejemplo, la de Estados Unidos, para pasar de ciudadano a extranjero susceptible de ser detenido, encerrado o deportado por el ICE trumpista. Allí, muchos de los que aquí nos sentimos plenamente nacionales descubriremos de golpe el poco valor que puede tener un pasaporte cuando una nacionalidad se considera inferior a otra.  

La pregunta no es quién es migrante, sino quién tiene el poder de decidirlo. La categoría “migrante” no define a las personas, define la violencia de los Estados. Define quién tiene derechos (privilegios) y quién puede ser oprimido, violentado y debe justificarse, debe demostrar constantemente que merece quedarse. Por eso los derechos humanos son el único suelo común posible, porque no dependen de la nacionalidad, del pasaporte ni de la utilidad económica. El derecho a la vida, a la integridad, a no ser discriminado, a no ser esclavizado, a acceder a la justicia, a la salud, a la educación, a no ser detenido arbitrariamente, a no ser devuelto a un lugar donde tu vida corre peligro… son derechos que no se negocian ni se agradecen. 

Normalizar, aceptar y defender la migración desde la lógica de la necesidad (los necesitamos) es asumir también que, si mañana dejáramos de necesitarlos, podremos prescindir de ellos: expulsarlos, encerrarlos... dejarlos morir en la frontera, en el mar, en un tercer país al que deportarlo, en una cárcel inhumana… Eso no es defender la inmigración, es defender educadamente y bajo apariencia moderna un plan de dominación racista. Es volver a los tiempos de amos y siervos… de señores y esclavos. 

Donald Trump desea recibir, y nos quiere hacer creer que lo merece, el premio Nobel de la Paz. Este año no pudo ser, la Fundación Nobel de Oslo decidió otorgárselo a la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, no sin levantar una enorme polémica. La concesión del premio dotado de un millón de euros (aproximadamente) ha llevado a Julián Assange a denunciar a los miembros de la fundación, acusándoles de haber convertido “un instrumento de paz en un instrumento de guerra” y de traicionar la finalidad del premio que mandaba “conferir el premio a quien hubiera realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones”.

Y, efectivamente, viendo las declaraciones de Machado (fiel admiradora del presidente estadounidense) cuesta encontrar en ellas una apuesta por el diálogo y la diplomacia para desenroscar a Nicolas Maduro de la presidencia de Venezuela. Más bien parecen un relato de confrontación y de legitimación de la violencia como vía para alcanzar el poder. No resulta descabellado pensar que se esté allanando el camino para que, más pronto que tarde, Trump vuelva a creerse candidato natural al Nobel de la Paz.

En menos de un año, el presidente estadounidense ha realizado, al menos, ocho intervenciones militares en terceros países que para él son algo así como “acciones de pacificación”. La última en Nigeria. A ello se suma su particular batalla cultural sobre qué palabras pueden usarse y cuáles no -y que también podemos contabilizar como violencia (simbólica)-. Entre las decisiones de qué palabras son las importantes está una del pasado mes de septiembre sobre el cambio de nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra. Una clara declaración de intenciones y cuyo coste a las arcas del gobierno de Trump se calcula que puede haber sido de unos 1.000 millones de dólares. En su frenesí belicista, hace unos días ordenó la construcción de unos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre (cómo no) y que costarán unos 26.000 millones de dólares.

Quien sí considera y reconoce a Donald Trump como un ser de luz y de paz es el presidente de la FIFA, que a principios de este mes de diciembre otorgó al presidente estadounidense el Premio FIFA de la Paz por su “papel fundamental en el establecimiento de un alto el fuego y la promoción de la paz entre Israel y Palestina” y por haber “intentado activamente poner fin a otros conflictos”. Una versión de la realidad, la de Gianni Infantino, bastante afín a la narrativa trumpista, que niega que el llamado Plan de Paz para Gaza sea en realidad un plan de negocio, de sometimiento y de desposesión del pueblo gazatí. Un esquema que perfectamente podría recordar a las prácticas colonialistas y genocidas ejercidas contra los pueblos indígenas de Estados Unidos, expulsados a reservas aisladas y condenados a la extinción. 

Las formas de gobernar de Trump y su interesada conceptualización de la paz anuncian lo que puede ser este 2026. Más de cien ejecuciones extrajudiciales en aguas del Caribe contra personas que su gobierno considera narcotraficantes; más de 1.200 personas internadas el pasado julio en el centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, que han desaparecido de las bases de datos del ICE sin que sus familias sepan nada de ellas; más de 75.000 personas sin antecedentes criminales arrestadas por agentes migratorios. Secuestros administrativos, desapariciones y órdenes ejecutivas que son castigos colectivos disfrazados de política pública.

Mientras se multiplican los presupuestos militares y de seguridad -decenas de miles de millones destinados a armamento, operaciones exteriores y centros de detención-, Estados Unidos bate récords de desigualdad y pobreza, de vulneración de derechos. Una forma de gobierno que redistribuye recursos hacia arriba y violencia hacia abajo. La idea de imponer la paz que maneja Donald Trump solo conduce a más confrontación y a vivir permanentemente al filo de la guerra. Al tiempo que aviva el odio hacia todas aquellas personas que, desde su supremacismo blanco y cisheteropatriarcal, son consideradas despreciables y, por tanto, desechables. 

Nada de esto ocurre lejos ni es ajeno a nuestro contexto. La extrema derecha española reproduce con disciplina este marco internacional. Que Vox haya optado por no valorar siquiera el mensaje de Nochebuena del rey (un discurso deliberadamente conciliador) es una declaración de intenciones. El rechazo a cualquier lenguaje de convivencia, de derechos o de límites al odio forma parte de su proyecto político, de la idea de guerra de Trump. 

El mundo que se nos anuncia en 2026 es un mundo en que en que se nos exige normalizar el odio y pensar que la violencia es necesaria para poner un orden que nos deshumaniza ante quienes más necesitan protección. No es del todo una broma la ironía de Jimmy Kimmel cuando advierte de que “la tiranía está en auge por aquí”. Ante el nuevo año 2026 cada cual tendrá que decidir si se sitúa del lado del tirano que deshumaniza a base de intimidación, insulto y agresión o del lado de quienes nos negamos a aceptar como inevitable un orden mundial de odio y violencia.

Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles: la recuperación de la libertad de expresión, de asociación, de reunión o de manifestación devolvió a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado y desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia y el espacio público dejó de estar sometido al control policial, mientras el privado se liberaba de la moral del confesionario. Con la llegada de la democracia, con sus luces y sus sombras, cada persona empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia.

El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente mientras se niegue a parte de la población migrante el derecho a decidir sobre el país del que ya forma parte. Pero la democracia no solo recuperó derechos políticos, también posibilitó transformaciones que afectaron a la vida privada. Durante los cuarenta años de dictadura, el Estado y la Iglesia habían decidido por las mujeres el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral, etc.) es una conquista real y simbólica. Es el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, aunque persistan desigualdades estructurales que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en una vida libre de violencias.

Junto al camino de las mujeres se abrieron otras puertas para empezar a reconocer realidades que habían sido silenciadas y reprimidas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. Desde la despenalización de la homosexualidad hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario y del derecho a la autodeterminación de género, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha extendido también a otros ámbitos. A lo largo de estas décadas, España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto y elementos que nos deberían pre-ocupar, la sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos.

Reconocer estos mimbres no es idealizar la democracia: no se puede negar que con su llegada se derribaron en las leyes algunas de las jerarquías que nos oprimían. Sin embargo, resulta evidente que la democracia no ha calado suficientemente cuando amplios sectores que apoyan ideologías reaccionarias y antiderechos dan por descontados los derechos de los que hoy disfrutan y creen que estos sobrevivirían intactos incluso en un régimen no democrático. Esa confianza ingenua, cuando no arrogante, se apoya en un relato de autosuficiencia que atribuye los privilegios propios exclusivamente al mérito individual y borra deliberadamente las condiciones históricas, colectivas y materiales que hacen posible ejercer derechos en democracia. En ese marco, el desprecio hacia las personas migradas no es una anomalía, sino una pieza central de una lógica supremacista, cada vez más normalizada, que necesita negar dignidad y derechos a las personas extranjeras racializadas para reafirmarse, olvidando de dónde venimos y cuáles fueron, y siguen siendo, nuestros propios orígenes.

Ese olvido es el que permite colocarnos por encima de quienes consideramos de fuera, ajenos, extranjeros… como si la pertenencia a una sociedad o a un país fuera una cualidad moral, casi hereditaria, y no una condición compartida. Como si hubiera vidas que llegan y vidas que ya estaban, como si la historia pudiera ordenarse por el ADN y no por trayectorias humanas atravesadas por desigualdades. En ese gesto se cuela el racismo, la idea de que hay cuerpos que sobran y otros que encajan, de que unas vidas valen más que otras por su origen. Pero nadie es de fuera. Todas y todos somos vecinos. Todas y todos estamos buscando vivir. Y mientras quienes ahora disfrutamos de la democracia no seamos capaces de reconocernos en esa evidencia básica el terreno es fértil para las propuestas de la extrema derecha, que se presentan como defensa del orden y la seguridad mientras plantean, de forma explícita o encubierta, vaciar la democracia de contenido y recortar los derechos que la sostienen. 

La paradoja es evidente, quienes creen que tienen algo que perder (aunque sea un privilegio) se aferran a proyectos políticos que prometen precisamente acabar con las condiciones que hacen posible ejercer los derechos de los que hoy disfrutan. La historia reciente demuestra que el retroceso empieza siempre en políticas que, como las impulsadas por Albiol en Badalona, convierten la exclusión, el señalamiento y la limpieza social en una forma de gobierno. Cuando se cuestiona el derecho de las personas migrantes a ser protegidas o se somete la pobreza y la diversidad a una mirada higienista que decide quién sobra y quién merece quedarse, lo que se debilita no es solo la libertad de unos pocos, sino la de todos. Y se debilita también nuestra propia humanidad por apoyar acciones inmorales, inhumanas e ilegales.

No se trata de negar los casos de acoso que afectan al PSOE, sino de preguntarse por qué solo interesan cuando sirven para empuñar el hacha contra el adversario, y no cuando obligan a revisar cómo funcionan realmente los partidos por dentro. No hay duda de que estos casos son deplorables y que deben ser investigados a fondo, no solo para depurar responsabilidades de los supuestos agresores, sino también para garantizar la reparación de las mujeres víctimas que han denunciado y asegurar que no se repitan casos similares en los entornos donde se han producido. 

Resulta sonrojante el repentino interés de la derecha y la extrema derecha por la violencia machista si los casos afectan al partido de Pedro Sánchez. Especialmente cuando en sus propias formaciones políticas se ha pasado de puntillas, (cuando no directamente se han encubierto), ante episodios similares de violencia sexual no solo contra las mujeres, sino también contra las infancias. Sin ir más lejos, la condena a nueve años de prisión de Arturo Torres, portavoz de Vox en un municipio de Almería, por una agresión sexual a una niña de 12 años. O la condena al exconcejal del Partido Popular Javier Rodrigo de Santos por varios delitos, entre ellos coaccionar a hombres presos para mantener relaciones sexuales con él, la agresión sexual a una persona menor de edad y el uso de más de 50.000 euros de dinero público en prostitución.

Eso sin mencionar el silencio persistente y el obstruccionismo ante los numerosos casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica. Poco ruido han hecho los de Núñez Feijóo y Abascal ante la reciente destitución del obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, quien está bajo investigación por abusos sexuales a personas menores de edad.

La doble moral aparece cuando los casos que salen a la luz afectan a las formaciones de izquierda: escándalo selectivo, indignación interesada y una batalla política y dialéctica que sustituye a la reflexión profunda. Si los hechos se producen en un partido político progresista, pero se ignora que esto también suceden en sus propias organizaciones políticas. La coerción sexual ejercida contra mujeres por parte de sujetos que ostentan posiciones de poder ocurre en todos los ámbitos y en todas las instituciones. Ese es el problema. Ni el PSOE ni la política son una excepción, como tampoco lo son la universidad, el mundo cultural, las ONG, las empresas o los centros educativos…

Poco le interesan a la derecha y la extrema derecha las mujeres víctimas de la violencia sexual, al menos eso es lo que refleja el combate partidista utilizado para tumbar al PSOE, en lugar de abrir una reflexión colectiva y honesta sobre cómo prevenir, detectar, atender y reparar las prácticas de coerción sexual que se reproducen en el interior de las estructuras de poder. Los términos en los que se plantea esta conversación solo perjudica a las mujeres. Si el problema es Pedro Sánchez y el PSOE, el problema de fondo, las prácticas de coerción sexual que sufren tantas mujeres, seguirá intacto y ellas desprotegidas.

Sin infravalorar la gravedad de lo que revelan los casos del PSOE respecto a las deficiencias en la lucha contra las violencias machistas en su propio partido, conviene no desviar la atención del problema estructural. Decenas de mujeres, también en otras formaciones políticas, sufren situaciones de acoso y violencia en las organizaciones en las que trabajan por parte de hombres que ocupan posiciones de poder. Mujeres que no encuentran ni los canales ni los apoyos necesarios para denunciar en esos espacios donde quieren desarrollar una carrera profesional porque quienes las rodean relativizan, justifican o directamente ignoran las conductas machistas y misóginas de esos hombres que las identifican y se creen con el derecho a disponer de ellas, a ser unos guarros como diría mi amiga Eva.

El denominador común de la coerción sexual no es el partido ni la ideología, es la impunidad de quienes, desde posiciones de poder, saben que pueden actuar sin consecuencias. Una impunidad que no se construye solo desde arriba, sino que se sostiene cuando hay personas en esos entornos que miran hacia otro lado y relativizan conductas abusivas en nombre de una causa supuestamente mayor. En esos contextos, el sexo no es un intercambio libre, sino una herramienta de control. La dependencia profesional, la promesa de oportunidades, el miedo a represalias o al descrédito convierten el consentimiento en una frontera difusa, marcada por la desigualdad. No hace falta violencia explícita cuando el poder organiza el silencio y castiga a las mujeres que se atreve a romperlo.