Un peluche tirado en el suelo, en medio del desconcierto, las cargas y los nervios del traslado de cientos de personas desde las playas hasta las instalaciones habilitadas en el puerto. Lo contaba esta mañana en Hoy por Hoy Julia Molina, enviada especial de la Cadena SER a Ceuta. Las imágenes son impactantes, pero más impactante resulta escuchar a dirigentes del PP, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo, hablar de esas mismas imágenes que estamos viendo todas y todos y seguir recurriendo al lenguaje de la «invasión». Hay algo profundamente preocupante en una mirada política que, ante miles de seres humanos en condiciones extremas, es incapaz de reconocer al otro como un igual en dignidad. Es un problema de educación moral, emocional y democrática. De humanidad.

Al igual que una frontera no suspende los derechos de las personas que la cruzan, sea de forma irregular o con un pasaporte en la mano, tampoco debería borrar nuestra sensibilidad hacia quienes están sufriendo en Ceuta las consecuencias de una batalla política, ideológica e institucional. Cuando ante imágenes de miles de personas en situaciones extremas dejamos de ver vidas concretas y solo vemos una «invasión», lo que entra en juego no es la realidad, sino sesgos y prejuicios profundamente arraigados. Ser racializadas, magrebíes, subsaharianas, pobres o extranjeras las sitúa en el cruce de desigualdades que facilita que sean percibidas antes como una amenaza que como seres humanos. Ese es el terreno sobre el que se construye el lenguaje del odio y de la falsa invasión; el de los prejuicios que convierten la diferencia en desigualdad y la desigualdad en una excusa para excluir, deshumanizar y violentar.

Cuando eso ocurre desaparecen las vidas concretas, dejamos de ver a las mujeres, a las madres que llevan a sus bebés en brazos, a las niñas y niños pequeños, a los adolescentes… a las personas. Pero están ahí y los ven las y los periodistas que están contando sobre el terreno lo que sucede, quienes trabajan desde las organizaciones sociales y, sobre todo, muchas vecinas y vecinos de Ceuta que llevan semanas haciendo algo tan elemental como dar comida, buscar un lugar donde dormir, acompañar y cuidar. En Sidi Embarek, por ejemplo, la solidaridad vecinal sostuvo durante semanas un refugio improvisado para alrededor de 300 mujeres y niños cuando la respuesta institucional no alcanzaba. Esa también es Ceuta y también merece ser mirada

A quienes se preguntan para qué sirven los derechos humanos, la respuesta es bastante sencilla, sirven precisamente cuando las cosas se complican. Cuando hay miedo, conflicto, escasez de recursos y derechos que están siendo vulnerados. Sirven para fijar límites al poder y para impedir que establezcamos jerarquías entre unas vidas y otras. Sirven para saber quiénes somos nosotras y nosotros mismos, quienes queremos ser y del lado de quién queremos estar, si del odio o del amor. Reconocer los derechos de las personas migrantes no significa ignorar el cansancio, el miedo ni las necesidades de una ciudad que lleva semanas soportando una situación extraordinaria. Es necesario repetir hasta la saciedad que los derechos no compiten entre sí. En Ceuta es falso el dilema que obliga a elegir entre seguridad y dignidad, entre quienes viven allí y quienes acaban de llegar, entre proteger una frontera y proteger a las personas.

La protección de la integridad territorial no puede hacerse a costa de la integridad física, la dignidad y los derechos humanos de quienes cruzan esa frontera. Al igual que tampoco puede descargarse sobre una población que necesita recursos, respuestas y certezas. Para eso justo es para lo que están las instituciones, y por eso resulta especialmente grave que el Gobierno de Ceuta se haya declarado en rebeldía a colaborar con el Gobierno central de Pedro Sánchez solo porque para la derecha y extrema derecha este sea, desde la pandemia, el enemigo declarado al que hay que derrocar, odiar y si es posible, enchironar.

Mientras esa disputa continúa, corremos el riesgo de perder nuestra humanidad detrás de las cifras, las competencias, las fronteras y las palabras con las que se desfigura la realidad. Cuando el lenguaje político convierte a personas en amenazas, lo primero que se pierde es su dignidad a nuestros ojos y la nuestra propia. En Ceuta, entre todos esos miles de personas, hay seres humanos esperando simplemente que alguien los vea como lo que son. Incluidos muchos niños que siguen solos… y perdidos.

Hay palabras pronunciadas con odio y hay palabras que construyen odio, no es lo mismo. Las primeras pueden ser desagradables, ofensivas, incluso profundamente hirientes, y seguir formando parte de una libertad de expresión que también protege aquello que molesta, incomoda o indigna. Las segundas hacen algo bien diferente: identifican a alguien (que pertenece a un grupo especialmente vulnerable desde el marco de los derechos humanos) como enemigo, lo convierten en amenaza, en peligro, lo deshumaniza y buscan que otros lo reconozcan también como tal para violentarlo. Distinguir unas palabras de otras, un lenguaje de otro se ha vuelto especialmente importante en este momento en España. Identificar cuándo el odio deja de ser una emoción o un lenguaje desagradable y se convierte en una herramienta de movilización contra alguien es, en este momento, fundamental porque nos estamos jugando la democracia en las calles, ya no solo en las instituciones.

Esta semana hemos asistido a situaciones que deberían marcar un antes y un después, se ha cruzado otra línea roja. Los ataques sufridos por periodistas de TVE y de otros medios mientras cubrían las manifestaciones del pasado 2 de septiembre tienen una especial gravedad. Fueron insultados, rodeados, amenazados, golpeados y agredidos por manifestantes en cuyos rostros y comportamientos solo se veía ira y descontrol, se veía odio. El objetivo eran las y los profesionales de la información que estaban allí para informar, si bien para quienes les atacaban eran “títeres” de esa televisión que PP y Vox llevan tiempo señalando como «la televisión de Pedro Sánchez». No eran personas, eran “títeres”, los habían deshumanizado, se hablaba desde el odio y con odio.

Estas agresiones tienen una dimensión particularmente grave. Cuando alguien intimida o agrede a un reportero para impedirle trabajar no está atacando únicamente a la persona que sostiene el micrófono, sino que está interfiriendo en el ejercicio de la libertad de información y, con ello, en nuestro derecho a recibirla, está interfiriendo en uno de los pilares de la democracia. Las amenazas, coacciones, lesiones o daños que puedan haberse cometido contra estos profesionales deberán investigarse y recibir, en su caso, la correspondiente respuesta legal y, cuando proceda, penal. Pero precisamente porque el Derecho penal puede entrar en escena, (e incluso debe entrar en escena) conviene no utilizar el odio como una categoría en la que cabe todo.

Hace años, cuando participé en la elaboración de la Guía práctica para la Abogacía sobre delitos de odio, insistíamos en la necesidad de no confundir el lenguaje con odio con el lenguaje del odio. El Derecho penal no puede convertirse en un instrumento para perseguir opiniones políticamente incorrectas, ofensivas o molestas, ni podemos llamar discurso de odio a cualquier manifestación que nos resulte intolerable. Lo relevante es cuándo ese discurso deja de limitarse a expresar rechazo y empieza a cumplir otra función, empieza a ser parte de la cadena de violencia que se dedica a señalar, humillar o denigrar, a construir un “ellos” frente a un “nosotros” y a generar un clima de hostilidad que pueda favorecer la discriminación o la violencia.

Lo ocurrido con los periodistas no surge en el vacío, forma parte de un discurso que la extrema derecha lleva tiempo construyendo y en el que la identificación de enemigos ocupa un lugar central. Lo estamos viendo estas semanas con Ceuta: las personas migrantes se convierten en «invasores», la crisis humanitaria en una «invasión», los hombres migrantes en un «agresores sexuales» y quienes los apoyan o defienden sus derechos en traidores a la patria y cómplices de una amenaza. En ese mismo relato de invitación al odio y la violencia, se refuerza la idea construida en el marco del relato del PP y de Vox de que determinados periodistas y medios no informan, sino que “mienten”, “manipulan”, “ocultan” o trabajan al servicio “del enemigo” (Pedro Sánchez). Obviamente, no significa que todas esas expresiones constituyan jurídicamente delitos de odio, pero sí -al observar este laboratorio del odio en el que se ha convertido la crisis de Ceuta- nos permite reconocer un mecanismo de construcción de intolerancia y hostilidad que resulta peligroso.

Un mecanismo que no se dirige únicamente contra la persona que recibe el insulto, sino que busca intimidar y crear un estado de opinión en el que el desprecio y la deshumanización se extienda, en el que otros reconozcan a quien ha sido señalado como inferior, peligroso o merecedor de un trato indigno y que esa percepción se vaya extendiendo entre una audiencia, unas veces atemorizada y que calla y otras, crecida y dispuesta a compartirla. En todo esto, las redes sociales están multiplicando exponencialmente esa capacidad de difusión y están permitiendo que el prejuicio irracional y falso encuentre comunidad, repetición y legitimidad hasta hacer que determinados hechos, expresiones y conductas dejen de parecernos excepcionales.

Necesitamos volver a distinguir entre el lenguaje con odio y el lenguaje del odio, a sabiendas de que estamos entrando en un contexto de excepcionalidad y mucha emocionalidad para hacer distinciones que requieren de matices y sosiego. Pero es necesario tener presente que el primero puede expresar rabia, desprecio o rechazo y resultar profundamente ofensivo sin dejar de estar protegido por la libertad de expresión, y que es el segundo el que debe activar los mecanismos del Estado, porque pretende algo más; pretende convertir el prejuicio irracional y los sesgos inconscientes en un mensaje de odio y rechazo compartido al señalar a determinadas personas como una amenaza. El lenguaje del odio busca una audiencia que legitime la exclusión, discriminación o incluso la violencia contra esas personas por quienes son o lo que representan, por motivos prohibidos de discriminación.

No todo lo que se dice con odio es discurso de odio, ni todo discurso de odio constituye necesariamente un delito, pero esperar a que las palabras y los relatos terminen convirtiéndose en amenazas, coacciones o golpes contra los grupos señalados para empezar a preocuparnos significa llegar demasiado tarde. De hecho, ya llegamos tarde. No basta con actuar cuando la violencia ya se ha producido. Desandar el camino del odio exige impedir que el prejuicio encuentre en el lenguaje una forma de legitimarse y que ese lenguaje encuentre después una audiencia dispuesta a convertirlo en discriminación o violencia. Por eso, junto a la respuesta jurídica cuando corresponda, necesitamos sensibilización y educación capaces de romper esa cadena antes de que el odio se convierta en acción. Antes de que sea demasiado tarde, o todavía más tarde.

Lo ocurrido en Ceuta no puede explicarse únicamente como un “estallido de indignación ciudadana” ante una situación que se ha vuelto insostenible tras la llegada, desde finales de julio, de miles de personas migrantes y ante una gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que no está funcionando. Los gravísimos incidentes de estos últimos días deberían hacernos mirar más allá, porque las manifestaciones y concentraciones contra la presencia de personas migrantes, los llamamientos a su expulsión, los señalamientos, las amenazas, las persecuciones y las agresiones ni se explican solo por el malestar acumulado ni han aparecido de manera espontánea.

Cuando la violencia alcanza ya a quienes prestan ayuda, es decir, a organizaciones como Cruz Roja y otras, quizá es momento de empezar a tomar posición. Cuando estas ONG denuncian amenazas e intimidaciones, y algunas han tenido que retirarse por seguridad, la pregunta es: ¿qué está ocurriendo para que haya quienes consideren legítimo perseguir por las calles a otras personas por ser migrantes, quemar sus pertenencias y atacar los lugares donde se refugian y hostigar a quienes les ayudan?

Nadie se levanta una mañana y decide salir a la calle a “cazar” migrantes, por mucha tensión que exista en la ciudad, antes alguien ha tenido que convertirlos en una amenaza. El diputado de Vox José María Figaredo lo hizo de forma especialmente explícita cuando pidió “cazarlos a todos, uno por uno” y devolverlos a Marruecos porque “son invasores”. De hecho, Vox lleva semanas hablando de “invasión”, de “acto de guerra”, de casas y comercios “asediados” y de un ataque contra la seguridad de los españoles. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a describir a las personas migrantes como un “ejército” frente al que el pueblo de Ceuta “se defiende como puede” y hay gente que “se arma con lo que puede”.

Pero el marco de la invasión, la amenaza y la expulsión no lo está alimentando únicamente Vox. Durante estas semanas, también el PP ha contribuido a presentar a las personas migrantes como un problema de seguridad y orden público, vinculándolas con la delincuencia o con riesgos sanitarios, reclamando deportaciones en bloque y llegando a plantear el confinamiento por razones de salud pública. El propio José María Aznar ha viajado a Ceuta para denunciar un “asalto” a las fronteras españolas y la amenaza a la soberanía nacional y a la integridad territorial,

Toda esta retórica, este marco que presenta lo sucedido en Ceuta como una cuestión de defensa de la nación frente a una invasión, desplaza el foco y cruza los límites de lo aceptable y tolerable en una sociedad democrática. Es muy grave. Palabras como “cazar”, “invasión”, “guerra”, “ejército”, “seguridad” o “enfermedades contagiosas” han ido preparando el terreno y naturalizando un relato peligrosamente xenófobo y racista que convierte a la población migrante en una amenaza y extiende el señalamiento a quienes la ayudan. El odio no aparece de repente, necesita un relato que se repita, imágenes que lo refuercen, bulos que circulen, altavoces dispuestos a amplificarlo y líderes que inciten lo más irracional hasta conseguir borrar al ser humano que está en situación de vulnerabilidad, hasta borrar cualquier atisbo de humanidad en quienes sucumben al lenguaje del odio.

Eso es precisamente lo más preocupante de lo que está sucediendo en Ceuta, que las palabras con las que, durante semanas, formaciones políticas con representación institucional y responsabilidades de gobierno han señalado a las personas migrantes como invasoras, peligrosas o portadoras de enfermedades se han convertido en las palabras con las que una parte significativa de la sociedad ceutí las mira y, en consecuencia, las trata y las ataca. Vox y el PP tienen una responsabilidad evidente en estar alimentando y legitimando ese marco, contribuyendo así a normalizar la hostilidad y la violencia contra ellas. De Vox poco se puede esperar, pero ahora que el PP pide calma y el fin de la violencia, ha de estar a la altura y resolver públicamente la encrucijada en la que se encuentra, no puede pretender desactivar la violencia y el odio y, al mismo tiempo, seguir llamando “invasores” a quienes están siendo perseguidos y violentados, mientras se intimida a quienes les ayudan.

Pero entender cómo se construye el odio no basta, hay que saber cómo frenarlo y, sobre todo, hacerlo sin reproducir la misma lógica que lo alimenta. Frenarlo exige gestionar mejor, informar con transparencia, proteger a quienes están siendo perseguidos y también a quienes los ayudan, investigar las conductas delictivas y no dejar espacio a la desinformación. Pero exige también no aceptar el marco de quienes han convertido a las personas migrantes en una amenaza, no amplificar cada provocación ni contribuir a la ficción de que toda Ceuta piensa igual, porque no es así. El odio no solo deforma la mirada hacia las personas migrantes, también puede deformar nuestra mirada hacia la población ceutí. Una sociedad que lleva semanas conviviendo con una situación extraordinaria.

De ahí que haya que comprender el miedo, el cansancio o el abandono de quienes sufren una respuesta pública insuficiente y reconocer también a tantos ceutís que están cubriendo con solidaridad y cuidados los vacíos de las instituciones. Defender los derechos de las personas migrantes no exige ignorar las necesidades de quienes viven en Ceuta, al igual que comprender su malestar tampoco justifica que se descargue la violencia sobre las personas migrantes que están en una situación de mayor vulnerabilidad ni se impida que se les ayude ni atienda, porque no es caridad, son derechos. La salida a esta situación creada por los discursos de odio pasa, entre otras cosas, por dejar de enfrentar unas necesidades con otras, por dejar de alimentar una guerra entre oprimidos. Ambas situaciones deben formar parte de una misma respuesta pública, capaz de devolver a Ceuta la convivencia y la normalidad sin que para ello las personas migrantes tenga que renunciar a su derecho a un trato digno y humano. Y pasa también por acabar con la impunidad de quienes incitan el odio, sea desde las instituciones, los partidos políticos o las redes sociales. El lenguaje del odio, sí es delito.

Marruecos pudiera parecer un país seguro desde una mirada occidental y de turista extranjero, pero eso no permite afirmar que lo sea para devolver allí a las personas migrantes que entraron en Ceuta hace ya tres semanas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. El PP sostiene que se puede considerar Marruecos como «país seguro» para justificar esos retornos. Sin embargo, no basta con medir la seguridad por la ausencia de un conflicto armado ni invocar que se trata de un país vecino con el que España mantiene relaciones diplomáticas y la Unión Europea acuerdos de cooperación. La seguridad de un retorno no puede presumirse con carácter general, y menos aún sin analizar quién es la persona a la que se pretende retornar, su situación familiar, las violencias que ha sufrido y las condiciones reales en las que quedará tras la devolución. La pregunta no es si Marruecos resulta seguro para quien lo visita desde Europa, sino si lo es para las personas concretas que cruzaron la frontera y ahora se encuentran en Ceuta.

Por este motivo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes (aunque no solo) no cabe ningún retorno automático ni individual, ni colectivo. La Ley de Extranjería –e incluso el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 que muchos quieren usar como puerta de atrás para sacar a las y los niños de la ciudad autónoma– exige una valoración individualizada en la que el interés superior de la infancia ha de primar. Es decir, se debe escuchar a cada persona menor de edad, conocer sus circunstancias, averiguar las razones por las que salió de Marruecos y comprobar si su regreso permitiría una reunificación familiar efectiva y segura o, en su defecto, si existen unos servicios de protección concretos y adecuados que puedan hacerse cargo de ellos. No basta identificar y trasladar al otro lado de la frontera. Las leyes no lo permiten; unos valores éticos mínimos, tampoco. Salvo que se considere que estas vidas merecen menos protección y son, en definitiva, menos humanas que las de quienes reclaman su devolución.

Tampoco las personas adultas pueden ser devueltas en bloque sin identificar sus circunstancias ni permitirles solicitar protección internacional. Si una persona, sea hombre o mujer, manifiesta temor a regresar, solicita asilo o presenta indicios de persecución, trata u otra situación de especial vulnerabilidad, la devolución debe suspenderse mientras se examina su caso. Es necesario reconocer que, para determinados perfiles, la propia legislación marroquí hace que el país alauí no sea seguro. Por ejemplo, las personas LGTBIQ+ pueden ser perseguidas de acuerdo con el artículo 489 del Código Penal marroquí que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y establece penas de entre seis meses y tres años de prisión. La ONG Human Rights Watch en su último informe sobre Marruecos, confirma que esta criminalización continúa vigente y documenta la persecución de quienes desafían públicamente las normas sexuales y religiosas impuestas.

Marruecos tampoco puede considerarse un país seguro para todas las mujeres y niñas, ya sean marroquíes, migrantes o refugiadas. Su ordenamiento penaliza la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres mientras deja sin reconocer adecuadamente algunas de las violencias ejercidas contra ellas. El Código Penal castiga las relaciones sexuales consentidas entre personas no casadas, penaliza el adulterio y criminaliza el aborto sin que exista excepción alguna cuando el embarazo es consecuencia de una violación. De esta forma, si una mujer denunciase una violación fuera del matrimonio, podría acabar siendo juzgada por haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales si no acredita la falta de consentimiento; y si la violación provoca un embarazo, además de las consecuencias penales, la mujer estaría expuesta al rechazo familiar, la expulsión del hogar e incluso la separación de sus hijos e hijas. Por cierto, la violación dentro del matrimonio tampoco está considerada como delito.

Si hablamos de matrimonio infantil, es importante subrayar que este sigue siendo posible en Marruecos, dado que el Código de Familia permite que los jueces lo autoricen de manera “excepcional”, pero esa excepción está muy lejos de ser anecdótica. Según los datos oficiales del Ministerio de Justicia de Marruecos recopilados en informes de UNICEF, en el año 2020 los tribunales marroquíes aprobaron un total de 13.335 solicitudes de matrimonio de menores de edad. Esto significa que aproximadamente más de 12.600 niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio legalmente bajo autorizaciones judiciales excepcionales ese año.

Quizá Núñez Feijóo y sus aliados de la extrema derecha desconozcan este dato cuando exigen que estos niños, niñas y adolescentes “vuelvan con sus familias”, como si todos hubieran abandonado hogares estructurados y protectores a los que bastara con devolverlos, y no pudieran estar huyendo precisamente de situaciones de violencia dentro de su propio entorno familiar. La reunificación familiar solo puede considerarse protectora después de investigar esas circunstancias, no antes. Retornar sin más a un niño o una niña porque lo reclamen el líder del PP, el presidente de Ceuta, el portavoz de la Comisión Europea o el ministro de Exteriores no es protegerlos, especialmente si se les devuelve al mismo contexto de violencia, abandono o explotación del que huyeron.

No menos preocupante es el trato que Marruecos dispensa a las personas migrantes y refugiadas, especialmente a las procedentes del África subsahariana. Marruecos es parte de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967, pero todavía no dispone de un sistema nacional de asilo plenamente desarrollado y operativo. De hecho, ACNUR continúa registrando las solicitudes y determinando la condición de refugiado en nombre de las autoridades marroquíes. Por tanto, quienes huyen de Sudán, Yemen, Somalia, Siria o Gaza pueden encontrar importantes obstáculos para acceder a una protección efectiva. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sometido a personas migrantes y refugiadas a redadas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos hacia zonas alejadas de las fronteras, robos y palizas. Son vulneraciones de derechos humanos documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional.

Nadie niega que la situación en Ceuta, provocada por la inacción del propio Marruecos en la frontera a finales de julio, sea de una gran complejidad. Pero España, como Estado y mediante una respuesta multinivel e intersectorial, no puede eludir sus obligaciones legales, sus principios éticos y sus valores democráticos entregando sin más a estas personas a un país que puede no ser seguro para cada una de ellas. Ya no se trata solo de qué tipo de país queremos ser, sino de qué estamos dispuestos a consentir como sociedad cuando, ante lo que está sucediendo, nos sumamos a quienes proponen respuestas que deshumanizan a quienes tenemos la obligación de proteger.

“Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”. Con esta contundencia ha querido zanjar José Manuel Albares cualquier controversia sobre el futuro de los miles de personas que permanecen en Ceuta desde las entradas del 30 y el 31 de julio. Asistimos, una vez más, a una nueva ofrenda al país vecino, que se suma a la larga cadena de gestos y concesiones que los sucesivos gobiernos españoles han realizado al reino alauí. Pero esta vuelve a producirse bajo un Gobierno socialista –ante la pasividad e impotencia de sus socios de izquierda– que se reivindica promotor de algunos de los avances sociales más importantes de los últimos años, que se presenta como defensor de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ y que presume de haber aprobado una ley integral para proteger a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ese mismo Gobierno es el que ahora, como ya ocurrió antes, vuelve a exhibir, por boca de su ministro de Exteriores –y no solo de él–, mano dura frente a las personas migrantes y convierte las devoluciones en una promesa política. El problema es que los instrumentos internacionales, europeos y nacionales no permiten cumplir esa promesa

Sr. Albares; no se puede devolver a “hasta la última persona”. No porque España no pueda devolver a quienes hayan entrado irregularmente, sino porque antes tiene la obligación de saber quién es cada una de esas personas y si concurre alguna circunstancia que impida jurídicamente su devolución. Nadie puede garantizar de antemano un resultado universal y, a la vez, respetar un procedimiento cuyo sentido es precisamente que el resultado no está decidido de antemano. Es imposible que el ministro sepa, ni a fecha de sus declaraciones ni a día de hoy, que absolutamente todas las personas que permanecen en Ceuta pueden ser devueltas; a no ser, claro, que esté dispuesto a vulnerar las leyes. Porque es materialmente imposible que entre las decenas de miles de personas que entraron no haya quienes necesiten protección internacional.

El artículo 23 del Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, permite la devolución de quienes pretendan entrar irregularmente en España, pero establece expresamente que, aun cuando exista una resolución de devolución, esta no podrá ejecutarse y quedará suspendida cuando se formalice una solicitud de protección internacional; cuando se ponga de manifiesto que la persona es víctima de trata; cuando existan indicios de que pueda tratarse de una persona menor de edad no acompañada; o cuando determinadas circunstancias de enfermedad o embarazo hagan incompatible la medida. La persona sometida al procedimiento tiene, además, derecho a asistencia jurídica y a intérprete. Y la normativa sobre asilo impide igualmente devolver a quien haya solicitado protección internacional mientras se decide sobre su solicitud. Tampoco el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite convertir esa valoración individual en una decisión colectiva. Incluso una normativa europea concebida para acelerar y endurecer la gestión de las fronteras obliga a comprobar previamente quién es la persona que tenemos delante y qué circunstancias concurren en ella.

El propio Gobierno reconoce que unas 2.500 de las personas que continúan en Ceuta podrían ser potenciales solicitantes de asilo y, sin embargo, hasta ayer Interior solo había concluido alrededor de 500 expedientes, la mayoría desestimados. Hace apenas cuatro días se informaba de unas 200 solicitudes rechazadas y de tan solo una próxima a obtener una respuesta positiva. La pregunta no es solo cuántas solicitudes se han rechazado, sino cómo se ha llegado a esas conclusiones y con qué garantías. ¿Quién ha entrevistado a esas personas, durante cuánto tiempo y en qué condiciones? ¿Han contado todas ellas con asistencia jurídica y con intérpretes profesionales en una lengua que realmente comprendieran? ¿Se ha dispuesto de personal preparado para identificar indicadores de trata, violencia sexual, persecución por orientación sexual o identidad de género, violencia machista o trauma, u otros? No son preguntas retóricas, el Defensor del Pueblo ha reclamado al Gobierno exactamente esos datos, incluida la cifra de personas que han pasado el triaje que exige la normativa europea. Porque precisamente para descubrir aquello que una persona perseguida o traumatizada puede no ser capaz de contar en una primera conversación existen los procedimientos, las garantías y el examen individualizado. Un Estado de derecho no puede sustituirlos por un filtro exprés destinado a cumplir una consigna política.

Pero, además, la situación resulta todavía más grave cuando hablamos de las infancias. Interior reconoce ya 1.898 niños, niñas y adolescentes bajo tutela, mientras Save the Children, a partir de la información de entidades sociales y vecinales, estima que alrededor de 4.000 podrían permanecer todavía fuera del sistema de protección, pendientes de identificación y de ser derivados a recursos adecuados. No son «inmigrantes irregulares» cuya situación pueda resolverse buscando la fórmula más rápida para devolverlos. Son niños y niñas y, antes que cualquier otra consideración, deben ser tratados como tales. La propia Ley de Extranjería obliga a poner a los menores extranjeros no acompañados a disposición de los servicios de protección y, desde el Real Decreto-ley 2/2025 y el Real Decreto 658/2025, existe una regulación específica precisamente para responder a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria como esta. Esa normativa obliga a identificarlos y registrarlos, garantizar su atención, escucharlos, valorar individualmente sus circunstancias y asegurar la intervención del Ministerio Fiscal y la protección de su interés superior. Prevé además su traslado a otras comunidades autónomas cuando el sistema del territorio de llegada esté desbordado.

Cualquier eventual repatriación de personas menores de edad a Marruecos no puede decidirse colectivamente, ni porque Marruecos esté dispuesto a recibirlos –por más que Albares se haya apresurado a destacarlo–, ni porque Ceuta esté desbordada, ni porque políticamente interese anunciar que «todos volverán». Cada decisión exige valorar individualmente si el retorno responde al interés superior de ese niño o niña. Quienes vivimos en primera línea la crisis de Ceuta de 2021 ya advertimos entonces de que devolver menores sin respetar esas garantías vulneraría sus derechos. No era una advertencia teórica; en enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad de aquellas devoluciones por la «absoluta inobservancia» del procedimiento previsto en la Ley de Extranjería y por vulnerar los derechos a la integridad física y moral de los menores; y en septiembre de 2025 la Audiencia Provincial de Cádiz condenó por prevaricación administrativa a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y a la vicepresidenta primera de la Ciudad por la devolución exprés de 55 menores a Marruecos, imponiéndoles nueve años de inhabilitación por actuar conscientemente al margen del procedimiento legal.

La atención a las infancias que están en situación de desamparo real en Ceuta –niños y niñas que no tienen personas adultas de referencia ni un vínculo de afecto y apego que asegure su protección y salvaguarda–debería ser una prioridad nacional. Mientras permanezcan fuera del sistema de protección, están expuestos a agresiones sexuales, explotación y trata. Los servicios médicos de Ceuta habían atendido ya al menos a cuatro chicas menores de edad migrantes por agresiones sexuales y se han registrado al menos seis denuncias relacionadas con este tipo de violencia. Eso es lo que sabemos, lo que todavía no sabemos debería preocuparnos mucho más. Cuando miles de niños, niñas y adolescentes permanecen durante días fuera del sistema de protección, sin identificar y sin un lugar seguro donde dormir, la prioridad del Estado no puede ser cómo devolverlos, sino encontrarlos y protegerlos.

Sr. Sánchez, esta crisis se está produciendo en territorio español y la responsabilidad también es suya. España sabe responder ante emergencias de enormes dimensiones, lo hemos visto estos días con los incendios, movilizando recursos para evacuar, alojar y proteger a decenas de miles de personas. Nadie discutió entonces si merecían ser atendidas, había una emergencia y se actuó. En Ceuta también la hay. La diferencia incómoda es que ahora las vidas que hay que proteger son, mayoritariamente, extranjeras, pobres y no blancas. Quizá por eso resulta tan fácil convertir una emergencia humanitaria en un problema de orden público y sustituir la obligación de proteger por la urgencia de devolver. Y ahí aparece Marruecos, el vecino al que España procura no incomodar pese a que instrumentaliza a su propia población y utiliza la frontera como herramienta de presión. Cooperar entre Estados es necesario, pero convertir esa cooperación en una coartada para incumplir la legalidad vigente, no. Cooperar con Marruecos es legítimo, hacerlo infringiendo la ley, no.

No es un problema de mafias. Las organizaciones criminales existen y deben perseguirse, pero explicar la llegada de decenas de miles de personas únicamente por la actuación de las mafias que trafican con seres humanos resulta muy insuficiente y evita nombrar el verdadero conflicto: el papel que juega Marruecos. La situación que vive Ceuta no puede entenderse sin analizar el contexto geopolítico, la gestión que el país vecino hace de su frontera y la posición de poder que mantiene en su relación con España y con la Unión Europea. Tampoco puede entenderse sin nombrar la represión que vive el pueblo saharaui y cómo la Administración Trump ha reforzado el respaldo de Estados Unidos a la posición internacional marroquí sobre esos territorios. Y, desde luego, no puede entenderse sin asumir que la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y las violaciones de los derechos humanos en Marruecos constituyen un terreno fértil para empujar a miles de personas a abandonar sus hogares, arriesgando sus vidas para intentar llegar a nuestro país.

No es un efecto llamada. No puede explicarse lo ocurrido apelando a la reciente sentencia del Tribunal Supremo (que resolvió que las llamadas devoluciones en caliente son un proceso excepcional que solo puede aplicarse en fronteras terrestres, no en el mar) ni tampoco a una hipotética regularización extraordinaria. Quienes sostienen esa tesis obvian el tema de fondo de una resolución judicial dictada hace apenas unos días que, además, no es capaz de movilizar en tan poco tiempo a decenas de miles de personas ni de alterar, por sí sola, la situación en la frontera. Hablar de efecto llamada es simplificar mucho el análisis, que si fuera mínimamente riguroso no pasaría por alto esos factores geopolíticos y mucho más complejos que limitan enormemente la capacidad de actuación del Gobierno español, y también de explicaciones públicas.

No es una invasión. Hablar en términos de invasión, como hacen la extrema derecha y una parte de la derecha, solo genera alarma social. Lo que está sucediendo en Ceuta, frontera exterior de la Unión Europea, no es una invasión, los miles de personas migrantes que han entrado en la ciudad autónoma no forman parte de ningún ejército enemigo ni existe una estrategia militar de ocupación. Lo que sí existe es una estrategia de presión política que instrumentaliza los flujos migratorios con fines económicos y geopolíticos. Llamarlo invasión impide comprender la dimensión real de lo que ocurre y dificulta encontrar respuestas eficaces.

No es una crisis migratoria. Es, ante todo, una crisis humanitaria, pero también una crisis política. Cuando personas en situación de extrema vulnerabilidad son utilizadas para presionar a otro Estado, el problema no es ellas, sino los gobiernos que las convierten en instrumentos de presión aprovechándose de su pobreza, de la falta de oportunidades y de la vulneración de sus derechos. Como señala la APDHE, esta situación hunde sus raíces en la externalización de las fronteras y en años de prácticas ilegales en su gestión. A ello se suma la deshumanización con la que se las trata para dejar de ser personas y convertirse en cifras, amenazas o problemas de seguridad. Las personas que han llegado a Ceuta no constituyen un peligro por sí mismas; están siendo utilizadas para generar una situación de tensión e inestabilidad política.

No es una cuestión de seguridad frente a derechos. Un Estado tiene derecho y obligación de controlar sus fronteras, pero también la obligación de respetar la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, incluidos los instrumentos de protección de las personas menores de edad y las garantías de quienes solicitan protección internacional. La gestión de las fronteras y la protección de los derechos humanos no son incompatibles; ambas forman parte del Estado de Derecho. La integridad territorial de los Estados no es incompatible con la protección de los derechos humanos.

En todo caso, en ese relato no olvidemos que han fallecido al menos cuarenta personas y que sus vidas tienen exactamente el mismo valor y la misma dignidad que las nuestras. Tampoco ignoremos el impacto que esta situación tiene sobre quienes viven en Ceuta. Es el momento de exigir a quienes nos gobiernan serenidad, responsabilidad institucional y la aplicación de respuestas que ya están previstas y que respetan los derechos de todas las personas. La excepcionalidad de la situación no justifica deshumanizar a las personas migrantes, al contrario, hacerlo solo dificulta comprender las causas de lo que está sucediendo, deteriora la convivencia y alimenta un discurso del odio que únicamente beneficia a quienes sustituyen el diálogo y el Derecho por la violencia contra las personas, ahora migrantes y mañana cualquiera.

En España no sabemos con certeza cuántos bomberos profesionales tenemos. Mientras los montes arden y se declara la emergencia nacional, esta no me parece una cuestión menor. La Plataforma Unitaria de Bomberos elaboró en 2009 un Mapa Censal que estimaba unos 22.000 efectivos, mientras que Eurostat, a partir de la Encuesta Europea de Población Activa, atribuía a España 39.400 profesionales a finales de 2024. A fecha de hoy no existe un registro oficial único que permita conocer cuántos bomberos integran realmente el sistema español de emergencias.

Quizá algunos crean que en España existe un único «cuerpo de bomberos», pero no es así. Lo que hay es una coexistencia de distintos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) –dependientes de ayuntamientos, diputaciones, consorcios o comunidades autónomas–, con los distintos operativos de incendios forestales organizados en cada comunidad autónoma en los que participan personal funcionario, laboral, empresas públicas y, en algunos casos, concesionarias privadas. A estos se suman otros servicios específicos, como los de Aena, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Estado o los medios de TRAGSA. El resultado es un sistema extraordinariamente fragmentado, con múltiples administraciones, distintos modelos de gestión y financiación y sin una fotografía oficial única de sus efectivos.

Esa fragmentación ayuda a entender por qué, cuando un incendio adquiere una dimensión extraordinaria, aparece la Unidad Militar de Emergencias. Aunque nos hayamos acostumbrado a verla combatiendo el fuego, la UME no forma parte de los servicios ordinarios de extinción, sino que es una unidad de las Fuerzas Armadas concebida para intervenir cuando la capacidad de respuesta debe reforzarse de forma excepcional. Cuenta con unos 3.500 militares distribuidos por el territorio nacional y capacidad para desplegarse en menos de cuatro horas. Desde su creación, la mayor parte de sus intervenciones han estado relacionadas con incendios forestales y, solo en 2025, participó en la extinción de 57 grandes incendios, movilizando en los momentos de mayor intensidad hasta 1.400 militares en ataque directo y cerca de 2.000 en labores de apoyo.

Sin embargo, hay algo que sí sabemos en medio de este puzle, que ninguno de estos dispositivos se improvisa cuando llega el fuego, que todos existen porque se financian con dinero público. La capacidad para responder a una tragedia como la que ha obligado a evacuar y confinar a más de 40.000 personas en el momento de escribir esta columna se construye con impuestos. El valor y la entrega de quienes se enfrentan a las llamas son indiscutibles, pero sería un error quedarnos atrapadas y atrapados entre la épica de su heroicidad y los discursos simplistas propios de la antipolítica, que desprecian lo público mientras se benefician de ello, para olvidar algo tan importante como son las condiciones en las que trabajan y los medios de los que disponen para hacer frente a incendios cada vez más devastadores.

La prevención de los incendios también es una política pública que requiere invertir durante todo el año en gestión forestal. El coste económico, ambiental y humano de apagar incendios y reconstruir después lo que nunca debió perderse siempre será mayor que el de prevenirlos. Es cierto que, cuando llega la tragedia, la solidaridad aparece entre las vecinas y vecinos abren sus casas, ayudan a evacuar animales, llevan agua, comida o un lugar donde dormir. Pero esa solidaridad no sustituye a los servicios públicos porque el pueblo no apaga solo un gran incendio sin los bomberos, las brigadas forestales, pilotos, personal sanitario, agentes medioambientales, Guardia Civil, policías, personal de Protección Civil o la UME. Personas todas ellas que también forman parte de ese mismo pueblo y que cumplen funciones públicas indispensables. Que representan la cara de lo público de la que nunca se habla porque solo se habla de aquellos y aquellos que da mala fama. Personas que también forman parte de ese mismo pueblo y que representan la mejor cara de lo público, de esa que solo nos acordamos cuando todo arde.

La desesperación y la ira de quienes lo pierden todo son comprensibles. Pero ningún incendio se apaga solo con heroísmo y la solidaridad del pueblo, por admirable que sea, nunca podrá sustituir a unos servicios públicos fuertes, bien financiados y preparados para protegernos cuando más los necesitamos.

Esta semana se cierra con el desahucio de una familia (gitana) y sus tres hijos, el más pequeño con síndrome de Down. “¡No tenéis conciencia ni corazón!” gritó el padre a los ocho agentes de policía que hacían un cordón policial para tratar de contener a vecinas, vecinos y activistas que querían frenar el desahucio. Y es cierto, quienes solicitan, autorizan y ejecutan estos desahucios no tienen corazón ni conciencia, e incluso yo daría un paso más, diría que no tienen alma y, por tanto, que son unos desalmados.

Si tuvieran corazón, conciencia y alma deberían negarse a formar parte de estas comitivas y declararse objetores de conciencia como hacen esos sanitarios que dicen defender la vida cuando se niegan a interrumpir un embarazo contraviniendo las leyes vigentes y legítimamente aprobadas. Para cuándo la objeción de conciencia en las comitivas de desahucios cuando las vidas de personas altamente vulnerables, con Dulce y Herminio y sus hijos, están siendo expulsadas de sus hogares como si fueran enseres viejos que estorban. Ellos son todavía más que la vida embrionaria, son personas de carne y hueso, vidas que salvar y que merecen profesionales con conciencia que se nieguen a participar en esta banalidad de la deshumanización…

¿Por qué no objetan las y los profesionales que intervienen en estos lanzamientos? ¿Acaso las cinco vidas de esta familia no son vidas humanas? ¿No se merecen ser tratadas con respeto y dignidad? Los derechos de esta familia son exactamente los mismos que los de cualquier otra familia, es más, los derechos de las tres personas menores de edad –y muy especialmente del peque con síndrome de Down– merecen una consideración especial, una protección reforzada. Precisamente, esto es lo que vino a decir el Comité de los Derechos del Niño (de la infancia) el pasado martes, un día antes de ejecutarse el desahucio, al instar a las autoridades españolas (autonómicas y municipales) a que paralizaran el desahucio hasta que no hubiera una alternativa habitacional.

Lejos de atender a la petición del organismo internacional, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid no esperó ni a que venciese el aplazamiento del desahucio que se había hecho a principios de mes y cuya fecha tope era el próximo domingo 19 (el de la final de España y Argentina). El miércoles 15 expulsó a la familia de su casa desafiando al sistema sobre el que se sostiene el marco normativo de los derechos humanos ratificado hace décadas por España.

Pudiera parecer por la premura y contundencia del desalojo de esta humilde familia que la empresa pública de la vivienda de Madrid estuviera molesta ante la evidencia en que quedaba que su actuación estaba vulnerando derechos si se llevaba a cabo sin ofrecer una alternativa habitacional a esta familia. Pudiera parecer que suspender este desahucio fuera más un tema personal de quien (o quienes) esté detrás de esa decisión que un ejercicio de la debida diligencia que debe seguirse en casos como este. De ahí que parezca un insulto a la inteligencia de esta familia y de las personas que están luchando y defendiendo los derechos de estas cinco personas, y especialmente los derechos de las tres personas menores de edad, que los servicios sociales dependientes del alcalde Almeida afirmen que sí había una alternativa habitacional: una habitación para los cinco en un piso compartido o en un albergue.

Esta oferta de alternativa habitacional, que según la clasificación ETHOS constituiría una situación de sinhogarismo –lo que ya dice mucho de la indignidad de la respuesta institucional–, puede traducirse también en términos de derechos humanos. No se trata solo de una solución inadecuada, sino de una actuación que, por dirigirse a una familia pobre y gitana, plantea además un problema de igualdad y no discriminación. Obligar a una familia a vivir en un único espacio, sin condiciones mínimas de privacidad, habitabilidad o intimidad, compromete derechos tan básicos como la intimidad personal y familiar, la integridad moral, la salud y el derecho a una vivienda adecuada. En el caso de las niñas y niños, el impacto es aún mayor, se resienten su derecho a la educación, al descanso, al juego, al desarrollo integral… y, en definitiva, su derecho a que su interés superior sea una consideración primordial en todas las decisiones que les afectan.

No son tiempos para el optimismo, por eso son tiempos para la lucha de nuestros derechos humanos frente a quienes buscan desmontarlos con la antipolítica para dar rienda suelta a su codicia desenfrenada, para cuestionar, despreciar y querer desmontar los marcos normativos que nos protegen frente a los desalmados, a esos aduladores y aprendices de Trump. Por eso es tan importante subrayar que esta familia no ha estado sola y que un equipo jurídico, varias asociaciones del barrio (Sindicato de Vivienda de Moratalaz Asociación Apoyo -Fermad, la asociación Caminar, Coordinadora de Barrios,..) y muchas de sus vecinas y vecinos han estado y están a su lado. Implicarse ante la violencia e injusticia que supone que una institución –financiada con dinero público y cuya finalidad debe ser proporcionar un hogar a quienes tienen más dificultades– use su potestad para infligir dolor contra estas familias, abandonando su función social para servir a los intereses de la especulación inmobiliaria, es comprender –tal y como nos mostraba la película de Orlando de Paul Preciado– que cada vida individual es parte de nuestra historia colectiva.

La conocida como “ley del concebido” de Isabel Díaz Ayuso, que entra en vigor este sábado y se presenta como una gran norma de apoyo a la vida, la natalidad y las familias, es un buen instrumento de propaganda con bastantes lagunas jurídicas. Quizá la primera y más evidente es la que pone en entredicho el propio discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando quiere dar a entender que su norma protegerá al concebido desde el primer momento de la gestación. No es cierto, si tenemos en cuenta que la propia ley, para cualquier ayuda o beneficio económico (disp. adicional 2ª.d), fija un umbral muy distinto al de la concepción: “En todo caso posterior a la finalización de la semana 14”, es decir, a partir de la semana quince de embarazo. Un cómputo que coincide exactamente con el momento en que deja de ser posible la interrupción voluntaria del embarazo por libre decisión de la mujer conforme a la Ley Orgánica 2/2010. La retórica de Ayuso es “desde la concepción”. Sin embargo, la eficacia económica de su norma comienza cuando termina el plazo de la IVE libre.

La ley, además, no se atreve a decir aquello que pretende sugerir y que en el discurso político se alardea. En ningún momento afirma la norma que el concebido sea una persona, ni que tenga personalidad jurídica, ni que sea sujeto de derechos. No puede hacerlo porque chocaría frontalmente con los artículos 29 y 30 del Código Civil y con una consolidada doctrina constitucional, desde la STC 53/1985 hasta la STC 34/2023. En su lugar, utiliza una fórmula de asimilación (“se le tendrá por nacido”) que no es más que una ficción jurídica que intenta proyectar sobre el plano administrativo y simbólico la equiparación entre concebido e hijo nacido. A estos efectos, resulta sorprendente la forma en que el preámbulo invoca la STC 271/2015 al afirmar que esa sentencia “avala que, al considerar al concebido como ya nacido, se puedan fijar beneficios”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en aquella resolución nunca reconoció una potestad general para equiparar concebido e hijo nacido. Lo que declaró constitucional fue una medida muy concreta de la Comunidad Valenciana relativa al baremo de admisión escolar, insistiendo expresamente en que no atribuía personalidad jurídica al concebido, no modificaba el Código Civil y no establecía una regla general aplicable a cualquier procedimiento administrativo. Convertir aquella sentencia del TC en el fundamento de una equiparación administrativa de alcance general supone llevar mucho más lejos de la realidad lo que realmente viene a decir la doctrina constitucional.

Quizá por eso la ley deja al descubierto la paradoja de que la supuesta protección del concebido no se traduce en el reconocimiento de derechos para ello, porque constitucionalmente no puede hacerse. Los verdaderos beneficiarios de la norma son terceras personas adultas que podrán acceder a determinados beneficios administrativos mientras que el concebido funciona, en realidad, como un presupuesto ideológico para, supuestamente, apoyar a la natalidad y a la familia a través de políticas muy cuestionables a efectos prácticos, como la ayuda de 500 euros mensuales a madres gestantes que la Comunidad aplica desde 2022, y menciona el preámbulo como ejemplo. Parémonos un momento en esta.

Esta ayuda solo se cobra desde la semana 21 de gestación (es decir, desde el quinto mes, no la concepción), solo hasta los 30 años (cuando la edad media de la maternidad en España supera los 32), solo con cinco años de empadronamiento en la región dentro de los últimos diez (lo que expulsa a las mujeres migrantes de llegada reciente), solo bajo umbrales de renta que, además, castigan a las madres solas y no es un derecho subjetivo está condicionada a que haya crédito presupuestario cada año. ¿En cuántas ayudas se ha traducido esta política a favor de la natalidad en estos cuatro años? En algo más de 30.000, un dato ridículo.

Pero quizá el detalle más inquietante a mi juicio es el artículo 2.5, que obliga a comunicar a la Comunidad de Madrid cuando el concebido “no llegue a nacer”. Una obligación que alcanza necesariamente los supuestos de pérdida gestacional, cualquiera que sea su causa, y obliga a las mujeres a trasladar a la Administración un dato especialmente sensible sobre su salud reproductiva. La ley no establece un régimen específico de garantías, no precisa la finalidad de esa información ni regula su tratamiento posterior. Resulta llamativo que una norma presentada como instrumento de apoyo a las familias introduzca, al mismo tiempo, un deber de comunicación sobre un acontecimiento íntimo cuya protección forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias sexuales. Una inferencia inaceptable y peligrosa que no puede pasar desapercibida, especialmente en un contexto donde los registros de embarazos y pérdidas gestacionales están siendo la antesala de políticas de control sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Normalizar esa comunicación obligatoria no es un tecnicismo, es una línea que no debería cruzarse y que debería alertarnos.

Por último, y no debe servir como alivio, conviene señalar que esta ley incorpora mecanismos que aplazan su eficacia y que la “asimilación del concebido al hijo ya nacido” que proclama el artículo 2 no es autoejecutiva y solo será operativa “con el alcance y las condiciones que se regulen en cada procedimiento concreto”. Es más, la medida estrella (la condición de familia asimilada a familia numerosa) no entrará en vigor hasta dentro de seis meses y los beneficios fiscales asociados dependen de un certificado que todavía no puede expedirse.

Lo que entra en vigor en la Comunidad de Madrid con la gran ley ideológica de Ayuso no son nuevos derechos para las familias. Entra en vigor una determinada forma de concebir el embarazo desde los poderes públicos. Aparentemente, el discurso político quiere situar al concebido en el centro de la norma, sin embargo, toda arquitectura jurídica gira, en realidad, sobre el cuerpo de las mujeres, puesto que son las semanas de gestación las que determinan el acceso a las ayudas, los certificados médicos los que acreditan el embarazo y, en caso de aborto o pérdida gestacional debe comunicarse a la Administración esa situación. Esta no es tanto una ley sobre el concebido sino una ley sobre el embarazo y sobre la manera en que los poderes públicos deciden intervenir en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Un profesor víctima de un ataque homófobo en Mallorca, un chico agredido por cinco menores de edad después de verle besarse con otro durante unas fiestas en Mataró, una persona trans humillada y golpeada por catorce jóvenes en Ontinyent, una agresión tránsfoba grabada para difundirse en redes sociales en Barcelona, un concierto suspendido tras ataques homófobos contra el grupo Fades, un concejal insultado por ser trans en Arrigorriaga, otra brutal agresión homófoba en Tolosa… Cambian las ciudades, cambian las víctimas, cambian quienes agreden, pero el patrón se repite. Estos son solo algunos de los titulares que han dejado las últimas semanas de LGTBIQfobia en nuestro país. Muchas de estas agresiones comparten rasgos inquietantemente similares: se producen en grupo, en espacios públicos, con una fuerte carga de humillación, en ocasiones son grabadas para amplificar el daño y difundirlo en redes sociales, y con demasiada frecuencia, están protagonizadas por personas muy jóvenes.

Estas agresiones no castigan únicamente una orientación sexual, una identidad de género o la manera en que este se expresa desde la disidencia sexual. Estas agresiones castigan la visibilidad de las personas que somos LGTBIQ+, no son episodios aislados ni simples peleas. Son un mensaje que las personas que agreden lanzan no solo a la persona concreta que es víctima, sino a todas las personas que formamos parte de un colectivo que nos identificamos bajo las siglas LGTBIQ+. Un mensaje amplificado en la violencia y que busca expulsarnos del espacio compartido, del lugar público, de la vida cotidiana, de la naturalidad de las relaciones humanas, de los derechos innatos que nos corresponden. Cada insulto, cada escupitajo, cada paliza, cada agresión nos transmite exactamente el mismo recado: “escóndete si no quieres sufrir, vuelve al armario”. Por eso el primer derecho que empieza a perderse cuando avanza la batalla cultural contra la igualdad y los derechos humanos (sean los de las personas LGTBIQ+, las mujeres, las personas migradas o cualquier otro colectivo que es víctima de los discursos de odio de la extrema derecha) es un derecho muy elemental, es el derecho a caminar por la calle sin miedo.

El odio también se aprende porque nadie nace pensando que llamar “maricón”, perseguir a una persona trans o golpear a un chico por besar a otro es una forma “aceptable” de comportarse. Esa legitimación se construye poco a poco, cuando determinados discursos dejan de presentarnos a las personas LGTBI como personas cuyas vidas debe ser respetadas para convertirnos en un problema, en una amenaza o en enfermos. Narrativas que reproducen los planteamientos de Antonio Vallejo-Nájera (que estaba al frente de los servicios psiquiátricos del régimen de Franco) que disfrazó el odio en ciencia para calificar y tratar a las personas homosexuales como enfermas, incapaces y criminales. Basta sembrar una idea para justificar la violencia y convertir el odio en un comportamiento social que proporciona reconocimiento y pertenencia.

No es casual que, mientras aumentan estos discursos, también aumente la presencia de Vox en los gobiernos autonómicos del PP. Tampoco es casual que Vox lleve años calificando el Orgullo de espectáculo de “dudoso gusto”, “bochornoso” o “ridículo” porque su objetivo no es únicamente derogar unas leyes o desacreditar una celebración, es cuestionar la legitimidad de la presencia de las personas LGTBIQ+ en el espacio público y presentar nuestra igualdad como una imposición frente a los demás. Sin embargo, el Orgullo nunca ha sido ni será una celebración privada es la expresión de la rabia, de la rebelión frente a los que nos quieren en los armarios, en los psiquiátricos o en las cárceles. El Orgullo es subvertir el orden patriarcal, es la conquista del derecho a existir sin pedir permiso, a caminar de la mano de quien quieras, a besarnos en las plazas, a actuar sobre los escenarios, a contar nuestras historias, a ocupar el espacio público sin convertir el propio ser en un acto de valentía. Por eso las agresiones que se producen precisamente ahí, en las calles, en los conciertos, en las fiestas populares, en los institutos, en las plazas... no castigan únicamente quién somos, castigan que seamos visibles y pretenden que volvamos a sentir miedo, que pensemos dos veces si damos un beso, si ondeamos una bandera arcoíris o si hablamos con naturalidad quiénes somos.

La LGTBIQfobia ya existía cuando Vox apareció en las instituciones, pero entonces existía el compromiso a construir un consenso democrático que señalaba que era socialmente inaceptable y que impulsó leyes para proteger a quienes históricamente habíamos sido perseguidas y perseguidos. Ese consenso es precisamente el que la extrema derecha de Vox con la complicidad del PP pretende erosionar. Los derechos LGTBIQ+ garantiza algo que no solo nos afecta a quienes formamos parte de este colectivo, afectan al derecho más elemental en una sociedad que quiera vivir sin ser reprimida, el derecho de todas las personas a vivir sin miedo a ser insultadas, humilladas o agredidas. El derecho a vivir en paz en tiempos de fascistas ya sea en España, en Palestina, en Yemen, en Ucrania, en Argentina o en Uganda (esta no es una lista cerrada). Es el orgullo de maricas, bolleras, bisexuales, asexuales, intersexuales y trans* que desafían el odio que no es causal.

No sé cuántos de ustedes han visto Toy Story 5, pero, si no lo han hecho y tienen intención de hacerlo, ya les advierto de que esta columna de opinión contiene algún que otro espóiler. La nueva aventura de Woody, Jessie y Buzz y el resto de los juguetes de Bonnie introduce la presencia de las pantallas en la vida de la pequeña protagonista. La niña, ya casi adolescente, está en esa edad en la que lo que más desea es tener amigas, sentirse aceptada, pertenecer… pero no es fácil porque Bonnie no es una cría al uso (ninguna lo es). Ahí es donde aparece una tablet como llave para socializar con otras niñas a través de una plataforma social. Efectivamente, lo consigue y entra en un universo donde otras chicas (las guays) marcan qué hacer, cómo vestir, qué decir y hasta qué merece la pena desear. Bonnie quiere ser su amiga, tener amigas y parecerse a ellas y ahí es como esa amistad la empieza a exigir que cambie. Va dejando atrás aquello que es importante para ella y también lo que la hacía diferente. En ese grupo de amigas lo importante no es ser ella misma, no la quieren así, la quieren si es como ellas dicen que sea. Por eso, cuando actúa de forma distinta descubre que el precio de salirse del guion que fija el grupo es la burla, el rechazo y hacerla sentirse sola y mal consigo misma, es ridiculizarla.

Toy Story 5 no plantea la dicotomía de pantallas sí o pantallas no, sino que más bien deja al descubierto cómo los espacios de “socialización” de las personas menores de edad y las y los jóvenes que se crean a través de esas nuevas tecnologías pueden llegar a funcionar como cámaras de eco que las anulan y manipulan. Es de sobra conocido que todas y todos necesitamos pertenecer. No hay nada patológico en ello, muy al contrario, ese anhelo forma parte del desarrollo de cualquier persona, especialmente entre quienes están en ese momento evolutivo y emocional de madurar. El conflicto surge cuando el precio de pertenecer a un grupo consiste en dejar de pensar, dejar de ser uno mismo o empezar a creer que solo existe una manera correcta de vivir, de vestir, de hablar o de entender el mundo. Eso es precisamente una cámara de eco y, en las redes sociales, esta dinámica se produce con enorme facilidad gracias a unos algoritmos que potencian contenidos, discursos, ideas y desinformación. 

Más allá de los algoritmos, o más bien, aprovechando el impulso de esos algoritmos, esa dinámica de cámara de eco se puede identificar porque crea un entorno en el que las mismas ideas se repiten, se amplifican y terminan percibiéndose como verdades incuestionables porque apenas entran voces discrepantes. Si participas reproduciendo la dinámica ya eres parte del grupo y tienes su reconocimiento y refuerzo, “su amistad”. Por eso, no consiste solo en recibir información afín, sino que esa información rebote constantemente entre las personas que piensan igual, reforzándose una y otra vez. La repetición genera una falsa sensación de verdad y una idea no parecerá cierta porque haya sido contrastada, sino porque el grupo la reproduce a partir de que la haya dicho, sugerido o escrito un influencer o una persona a la que otorgamos autoridad y en la que confiamos. De esa manera, poco a poco las personas de ese entorno cada vez están más aferradas y convencidas de las propias creencias “incuestionables”.

Del método de la “cámara de eco” se sirven muchas plataformas digitales y también formaciones políticas, grupos o sujetos que las usan para difundir desinformación, fake news o campañas de desprestigio con finalidades claramente nocivas y peligrosas. Las cámaras de eco aumentan el sesgo de confirmación y hacen que cualquier opinión distinta se perciba como falsa, absurda, malintencionada o incluso peligrosa. Es un mecanismo extraordinariamente útil para quienes quieren manipular, a modo de ejemplo se puede nombrar la fachosfera que lleva años aprovechándolo, no para convencer a toda la sociedad, sino para radicalizar progresivamente a chicos jóvenes que encuentran en determinados mensajes y en la construcción de enemigos el sentido e identidad que sienten haber perdido o amenazado por las feministas y el feminismo.

La cámara de eco refuerza que esos espacios terminen funcionando como grupos cerrados que convierten el relato del grupo en el único digno de confianza. La polarización está servida, no porque nazca de tener opiniones fuertes, sino porque se ha dejado de escuchar cualquier voz distinta a la autorizada. Cuando eso ocurre, hay un impacto, un daño en las personas de ese entorno, quienes no solo terminan creyendo que solo existe una forma correcta de pensar acaba viviendo porque discrepar, implica ser rechazado, sea expulsado del grupo y quedarse solo. Cuando la espontaneidad, la libertad de pensamiento, la diferencia, la crítica… se sustituye por la obediencia al grupo y la identidad propia por la identidad colectiva, el resultado no suele ser una persona más libre ni más feliz, sino alguien más vulnerable, más dependiente de la aprobación ajena y, paradójicamente, mucho más sola y atormentada. Y esto Toy Story lo cuenta muy bien con la historia de Bonnie, tener amigos es importante, pero no a cualquier precio. Hay grupos a los que es mejor no pertenecer.

En el kilómetro cero del Estado español, en ese centro simbólico que es la Puerta del Sol, no hay un solo árbol bajo el que cobijarse en esta primera ola de calor que tenemos ya encima. Sin embargo, Madrid suele presumir de ser una de las ciudades más arboladas del mundo. Pero tener árboles no es como tener mobiliario urbano, tenerlos —aunque sean muchos— no significa tener ni los suficientes ni tenerlos donde son necesarios. Es importante la cantidad de vegetación, pero igual de importante o más es dónde están estas zonas arboladas y el acceso que tienen las y los ciudadanos a ellas en los lugares donde viven. Porque el problema de una ola de calor no es solo cuántos grados marcará el termómetro, sino cómo afectará la falta de sombra a la población. 

El calor no cae por igual sobre las ciudades y hay barrios que tienen árboles y barrios que tienen asfalto. Mucho asfalto. Siguiendo en la ciudad de Madrid se sabe que existen diferencias de temperatura de hasta ocho grados entre distintos puntos de la capital. Cuando se habla de ola de calor, la temperatura es una parte, la otra tiene que ver con la desigualdad porque es en los barrios donde coinciden las rentas más bajas y las viviendas peor adaptadas al calor, donde el hecho de que haya menos zonas verdes tiene un impacto directo en la salud de esas vecinas y vecinos.

Pero Madrid no es una excepción. Esta semana se ha conocido un informe de la organización ecologista Amigas de la Tierra, junto al Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid. En él se analiza el acceso a las zonas verdes de 10 ciudades españolas para la población, y de entre estas, más de la mitad de la ciudadanía no dispone de zonas verdes, llegando al 80 % en ciudades como Ourense y València. La conclusión es clara, la situación es preocupante, principalmente para las personas más vulnerables, aquellas que tienen menos opciones de adaptarse al cambio climático porque viven en lo que el informe llama “zonas de acción prioritaria”, es decir, áreas de bajos ingresos y con un acceso insuficiente a espacios verdes. 

La desigualdad climática no empieza cuando llega la ola de calor, empieza mucho antes. Es decir, la vulnerabilidad climática no depende únicamente del clima, sino también de los recursos disponibles para protegerse de él cuando este representa un riesgo para la salud. Por supuesto que hay determinadas zonas de renta alta donde también hay un acceso insuficiente a la naturaleza, pero en estos lugares no hay dificultades para adoptar otras formas de adaptación al calor: viviendas mejor acondicionadas, piscinas, aire acondicionado, segundas residencias... No afronta igual una semana de temperaturas extremas quien vive junto a un parque arbolado, en una vivienda bien aislada y con aire acondicionado, que quien reside en una calle sin sombra o en una vivienda que acumula calor durante toda la noche. Sin entrar en otras variables sociosanitarias que también influyen y agrandan la vulnerabilidad en las personas mayores, las infancias, en quienes padecen enfermedades crónicas, tienen dificultades de movilidad…

Recientemente, un estudio internacional llevado a cabo por el Inserm, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un estudio señaló que en París, los distritos con más vegetación presentan un menor riesgo de mortalidad durante los periodos de calor intenso, mientras que las zonas muy construidas, con pocos espacios verdes y un alto potencial de isla de calor urbana, son las más expuestas. Es decir, aumentar la cobertura arbórea en las ciudades podría evitar miles de muertes prematuras asociadas al calor porque los árboles refrescan el aire, reducen la temperatura del suelo y crean refugios frente a episodios extremos cada vez más frecuentes. Los árboles deberían ser parte de las infraestructuras básicas que protegen la salud y la vida de todas las personas dentro de una ciudad. Tener sombra no debería ser un privilegio asociado al código postal.

México me resulta un país inabarcable geográfica, histórica y culturalmente. Reúne tal riqueza, diversidad y pluralidad que pretender conocerlo supone, al menos para mí, una inmersión que nunca será completa ni la definitiva. Siempre habrá un matiz que obligue a reinterpretar lo aprendido, a revisar la propia historia de España y, por supuesto, a abrirse a esa cosmovisión rodeada de misterio y desconocimiento. Regreso de México abrumada por su sabiduría ancestral, popular y ciudadana. Regreso también con dolor al comprobar como este Mundial (que tantos focos acapara) ignora y, por tanto, agranda las brechas de la desigualdad y la violencia. Un Mundial que puede llegar a resultar groseramente obsceno al observar el contraste de un estadio lleno mientras miles de familias preguntan dónde están los más de 133 mil desaparecidos.

Visto desde esta mirada de conjunto, no es precisamente respeto lo que promueve el fútbol que se ha convertido en industria global explotadora de personas y recursos. Tampoco parece que exista ese respeto en parte de las aficiones que, durante el aguacero que cayó en Ciudad de México el día de la inauguración, no encontraron mejor refugio que las lonas de las madres buscadoras. Esas lonas donde aparecen los rostros de hijas e hijos desaparecidos y que habían extendido en la simbólica plaza del Ángel. Esas que reflejaban las fotografías que son, para miles de familias, mucho más que una imagen, son la única presencia que les queda y la única manera de reclamar su búsqueda. Utilizarlas para protegerse de la lluvia fue un gesto muy gráfico de lo que significa el Mundial de fútbol en este inmenso país.

Mientras la FIFA, los patrocinadores y las autoridades participan de las ceremonias, se preocupan por los protocolos y dispositivos de seguridad para los millones de visitantes que llenarán los estadios durante más de un mes en tres países, las madres buscadoras instan legítimamente que la atención mundial se fije en la violencia que representa la desaparición de sus hijas e hijos. Por eso marcharon el día antes de la inauguración hacia el Estadio Azteca. Por eso están ocupando las plazas, avenidas y espacios públicos con fotografías, nombres y fechas. Por eso están transformando el lenguaje futbolístico en una denuncia política. “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?”, puede leerse en algunas de las pancartas. Junto a ellas se están movilizando otras familias, las de personas migrantes también desaparecidas durante su tránsito por México; otras madres que buscan a hijos de los que nunca volvieron a tener noticias. Todas ellas familias rotas que luchan y denuncian la impunidad que rodea miles de desapariciones, que exigen que esas vidas no queden enterradas bajo el ruido del espectáculo de fútbol.

El Mundial vuelve a ser ese gran evento deportivo que, si bien se presenta como una celebración universal, un espacio de encuentro entre pueblos y cultura, cada vez con más frecuencia funciona como una enorme operación de marketing, un gran negocio donde todo debe aparecer ordenado, atractivo y disponible mientras lo incómodo, lo conflictivo y lo doloroso se esconde detrás de muros de cemento y lonas, tal y como está sucediendo en muchos vecindarios de México. Un país que sabe guardar en la memoria de sus ciudades, de sus comunidades y de sus historias una extraordinaria capacidad para organizarse frente a la adversidad. Los nombres y los rostros de quienes siguen siendo buscados no van a desaparecer de la memoria colectiva por mucho que millones de personas celebraremos goles y triunfos. Sus madres, sus hombres y mujeres no van a dejar de preguntar: ¿dónde están?

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.

Hay quien dice que la empatía está de moda. Lo curioso es que mientras las empresas llevan años estudiando cómo la inteligencia emocional mejora los equipos, reduce conflictos y hasta incrementa beneficios, parte de la clase política parece haber descubierto justo lo contrario, que la ausencia de empatía o, mejor dicho, que todo lo contrario a la empatía, la deshumanización, también puede dar rédito electoral. Resulta difícil no ver cierta paradoja en cómo la movilización del miedo, del rechazo y de la impulsividad más primaria e irracional se ha convertido en una herramienta política extraordinariamente eficaz para determinadas derechas y extremas derechas. Como si la apelación constante a las emociones más básicas e insolidarias fuera, en el fondo, su reconocimiento implícito de que nadie votaría sus propuestas desde la serenidad, el pensamiento crítico o la reflexión ética. Como si su proyecto político únicamente pudiera abrirse paso debilitando nuestra capacidad de reconocer al otro como alguien digno de consideración, de interpretar el dolor ajeno y de responder a la incertidumbre desde lugares distintos al miedo, el rechazo o la agresividad.

Estos días lo estamos viendo con el brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius, que llegará el domingo a Canarias tras registrarse varios contagios y fallecimientos relacionados con una variante del virus que preocupa especialmente por ser la única conocida con capacidad de transmisión entre humanos, aunque los expertos insisten en que su capacidad de contagio es extremadamente limitada. Desde que escuché la noticia no he dejado de pensar en las personas que están en ese barco y en cómo deben de estar viviendo estos días de aislamiento, protocolos sanitarios e incertidumbre. También en sus familias, pendientes a distancia de cada información y cada actualización médica. Y en la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo mientras acompañaba el traslado del féretro de su marido, muerto días antes por el mismo virus.

Más allá del alarmismo interesadamente desatado en el plano político, y del complejo y legítimo análisis sanitario que exige una situación así, deberíamos poder mirar lo que ocurre en ese barco desde un lugar mucho más empático. Es decir, ser capaces de ponernos, aunque sea un instante, en la piel de sus pasajeros y comprender que dentro de ese crucero no hay una amenaza apocalíptica, sino personas enfermas, asustadas y aisladas desde hace días. Personas sometidas a muchísima incertidumbre, a protocolos médicos y al miedo mientras ellas y sus familias siguen la situación a distancia pendientes de cada noticia y cada actualización sanitaria. Algunos pasajeros han relatado a varios medios el clima de angustia y agotamiento emocional que se vive a bordo desde que se detectaron los primeros casos. Pensar en ellos desde ese lugar nos lleva a la conclusión bastante lógica de que es importante que, cuanto antes, reciban atención médica, apoyo psicológico y una respuesta sanitaria organizada, mejor para todos. 

Sin embargo, frente a esa reacción profundamente humana, han emergido otras muy distintas en forma de bulos y cadenas de mensajes que llaman a rechazar el barco, e incluso interceptarlo e impedir cualquier acercamiento, es decir, a levantar una especie de frontera de rechazo social contra quienes están dentro. Como si esa manera de actuar fuera una respuesta más razonable que la del operativo en el que participan el Ministerio de Sanidad, Defensa, Interior y Política Territorial junto a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Pero este nuevo miedo colectivo nace de la fabricación de un estado emocional basado en la sospecha, la alarma permanente y la percepción constante de amenaza que tiene, desgraciadamente, en nuestro país, responsables políticos bastante reconocibles. Fernando Clavijo expresó públicamente su rechazo a que el crucero atracara en Canarias. Santiago Abascal ha llegado a acusar al Gobierno de permitir la llegada de “un barco con un virus mortífero” para “ocultar las actividades de su mafia”. Y Alberto Núñez Feijóo habla de “confusión”, exige “todos los documentos que avalen las decisiones sanitarias” o se publiquen el nombre de los expertos y cuestiona la gestión de la crisis solo por atacar al Gobierno de Pedro Sánchez incluso después de que se sepa que esta está coordinada por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales de varios países. 

El problema es que ese miedo colectivo, que la derecha y la extrema derecha llevan meses alimentando en España (siempre hay una nueva amenaza apocalíptica a la que señalar), está deteriorando no solo la convivencia y la calidad democrática de nuestro país, sino también la salud mental de nuestra sociedad. Porque activa en parte de la ciudadanía respuestas primitivas asociadas al miedo y la hostilidad, debilitando su capacidad de pensar con lucidez ante situaciones complejas como la que ahora plantea la crisis del hantavirus. Lo inquietante es que la neurociencia lleva décadas explicando justo lo contrario de lo que estos discursos políticos promueven. La empatía no es una debilidad moral ni una ingenuidad sentimental, sino que es una capacidad cognitiva sofisticada, vinculada al desarrollo de las funciones ejecutivas, a la cooperación social y a la propia supervivencia colectiva. Los seres humanos prosperamos precisamente porque aprendimos a colaborar, a cuidarnos y a interpretar el sufrimiento propio y ajeno como algo relevante no solo para nuestra vida individual, sino también para la vida en comunidad.

Mientras la ciencia, la psicología, el derecho y el conocimiento avanzan hacia formas más humanas de convivencia, determinados liderazgos políticos siguen apelando deliberadamente al miedo, la hostilidad y los impulsos más primarios, disfrazándolos de libertad. Como si quienes no son como nosotros, o no forman parte de los nuestros, solo pudieran entenderse como una amenaza. Como si aún viviéramos atrapados en una lógica gobernada únicamente por el instinto que nos impide reaccionar desde lo que nos hace crecer como personas y avanzar como humanidad: reaccionar con lucidez y humanidad incluso cuando tenemos miedo, ayudarnos.

Sangre y aplausos es lo que, en esencia, se presencia en una plaza de toros. El espectáculo de cómo se tortura a un animal hasta darle muerte. Son las personas expertas en desarrollo infantil, y no el activismo animalista, quienes sostiene que las niñas, niños y adolescentes que acuden a las corridas de toros no tienen las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para comprender la violencia que representan cada una de las escenas de ese ritual de sufrimiento y muerte infligida a un animal indefenso.

 No es una simple cuestión de edad legal, es mucho más, es una cuestión directamente vinculada al desarrollo de las personas menores de edad, a su salud emocional, física y mental. Por eso, desde la perspectiva de los derechos de las infancias y las adolescencias, el ordenamiento jurídico debe trazar con precisión los límites de lo que la infancia puede presenciar, consumir o experimentar cuando esos contenidos entrañan una exposición a la violencia explícita con efectos perjudiciales y perturbadores sobre quienes aún están formándose neurológicamente. 

Ese argumento, el de la protección de la infancia frente a contenidos perturbadores o potencialmente perjudiciales, es paradójicamente el mismo que invoca el sector ideológico que impulsa los toros y las escuelas de tauromaquia dirigidas a personas menores de edad cuando exige retirar de las bibliotecas públicas libros relacionados con la diversidad sexual, defiende el pin parental para blindar a sus hijas e hijos de la educación afectivo-sexual o reacciona tapándoles los ojos ante una mujer desnuda o el beso de dos personas del mismo sexo. 

Resulta difícil comprender cuál es la lógica de esa supuesta protección y qué valores quieren transmitir a niñas, niños y adolescentes cuando cuestionan o restringen herramientas educativas y culturales orientadas a prevenir la violencia entre las personas, sean estas adultas o menores de edad, mientras normalizan -e incluso subvencionan- la exposición y enseñanza de una cultura centrada en torturar y matar animales reales con las propias manos cuando en una clara posición de subordinación.

La tauromaquia es un rito de iniciación en una forma muy concreta de hombría. En un modelo de masculinidad que se construye en torno a la dominación, al control del miedo y a la capacidad de imponerse sobre otro ser vivo cuya vida se considera prescindible. Las personas menores de edad que se forman en ese entorno interiorizan jerarquías, roles y formas de relación con la violencia que, al presentarse como legítimas y merecedoras de aplauso, se instalan como referencia de lo que significa ser valiente, ser hombre. Lo que transmite la tauromaquia no es únicamente un arte o una tradición, es una manera de entender la dominación del hombre sobre el resto de las vidas como parte de un orden natural. 

Lo que ven las niñas, niños y adolescentes que acuden a un espectáculo taurino es la muerte cruel, violenta y sangrienta de un toro encerrado en un espacio del que no va a salir con vida. Se ven involucrados como parte de una expresión colectiva que celebra una violencia de la que no solo son testigos, porque la experiencia también les atraviesa emocional y cognitivamente. Esto -dicen personas expertas en psicología infantil- es lo que provoca que dicha experiencia tenga altas probabilidades de impactar en su forma de comprender el daño y la empatía, al no poder entender por qué se celebra un sufrimiento que en cualquier otro contexto se les enseñaría a rechazar.

Lo que reciben las personas menores de edad no es solo el mensaje de que hay violencia que se permite, sino que esa violencia puede ser admirada, recompensada y convertida en motivo de orgullo, es parte de la fiesta nacional, es una identidad y una tradición. Es decir, incuestionable. Por eso el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lleva desde 2018 señalando a España que prohíba la participación y la asistencia de personas menores de edad a los espectáculos taurinos, y por eso en enero de 2025 ha vuelto a insistir en la urgencia de tomar medidas concretas. Una advertencia basada en estándares internacionales de protección de las infancias frente a la exposición a la violencia y sus consecuencias en el desarrollo. 

Los mismos estándares que, no por casualidad, también promueven la educación en diversidad, en igualdad y en derechos humanos como herramientas fundamentales para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer el daño, a desarrollar empatía, a identificar las violencias que les amenazan y a construir relaciones basadas en el respeto a todas las vidas humanas y no humanas.

“Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa.” (CEDAW, Recomendación General nº 33, CEDAW/C/GC/33, 23 de julio de 2015)

Cuando la credibilidad de las mujeres y las infancias que denuncian violencia machista se pone en duda de forma sistemática por quien tiene que interpretar la ley e impartir justicia, la violencia desaparece del análisis jurídico y el juzgado especializado deja de cumplir con su función, deja de proteger, prevenir el riesgo y de aplicar el derecho con perspectiva de género. Cuando esto sucede, lo que queda es una decisión que, bajo la apariencia de imparcialidad que se le otorga a un juez, vacía de contenido todas las garantías legalmente previstas precisamente para estos casos, y deja a la víctima expuesta a la violencia machista y a otra violencia más, la institucional.

Ante este tipo de creencias por parte de algunos titulares de juzgados, como el juez Maman Benchimol, la pregunta es ¿qué hace un juez así en un juzgado de violencia de género? Porque si no creen a las mujeres y las reducen prejuiciosamente a estereotipos (aprovechadas que manipulan a sus hijas e hijos para quedarse con la casa, apartar al padre y disfrutar de todas “las ventajas que tienen” las víctimas“), su papel pierde todo el sentido; a no ser que estén en esas plazas judiciales no para proteger a las mujeres sino a los hombres, para hacer justicia patriarcal.

Lamentablemente, la misoginia de la que hemos tenido noticia por las palabras del titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid no es un caso aislado. Responde a una lógica jurídica conocida y reiteradamente denunciada por diferentes organismos nacionales e internacionales. Una lógica en la que el sistema judicial incurre en estereotipos de género para cuestionar a las madres y priorizar el contacto paterno con las y los hijos comunes en contextos donde existen hechos verosímiles y compatibles con la violencia de género. En esta línea, el GREVIO viene advirtiendo con claridad que ordenar la custodia o las visitas sin tener suficientemente en cuenta los antecedentes de violencia y sin una evaluación adecuada del riesgo para los menores y sus madres no cumple con las obligaciones del artículo 31 del Convenio de Estambul. 

Pero el juez Maman no debe dar credibilidad tampoco a estos informes sobre lo que pasa en España, porque parece que se dejará llevar por la inercia de un sistema judicial que todavía no se ha desempolvado algunas creencias del derecho de familia franquista. Ese en el que no se prohibía la custodia materna porque ya el padre era el titular principal de la patria potestad, y la madre estaba relegada por ley a una posición subsidiaria. Ese que, cuando una mujer se separaba era castigada sin patria potestad a porque ya no encajaba en el ideal de “buena madre”. Ese, donde, obviamente, no existía el interés superior del menor, sino un orden familiar atravesado por la moral católica y los roles de género. 

El Código Civil actual, en cambio, es claro, y se aleja mucho de aquella mentalidad que todavía tienen tantos jueces y juezas, también abogadas y abogados. El artículo 92.7 excluye la guarda conjunta cuando existen indicios de violencia de género. El artículo 94 establece límites igualmente claros al régimen de visitas. No son orientaciones abiertas a interpretación, son límites legales diseñados para evitar el riesgo. A ello se suma que la LO 1/2004, reformada en 2015 para reconocer expresamente a las niñas y niños como víctimas de violencia de género, y la LOPIVI de 2021, que parte del derecho de las infancias a vivir libres de violencia y refuerza su protección cuando están expuestos a violencia contra las mujeres, conforman un marco normativo que no deja margen de duda.

Si la custodia compartida no es compatible con la violencia de género, no es porque sea enemiga de las mujeres, ni porque respondan a supuestos intereses económicos, como afirma el juez Maman. Es porque la custodia compartida presupone cooperación, confianza mínima, comunicación funcional y reconocimiento recíproco de la autoridad parental, condiciones que la violencia de género destruye al convertir la relación parental en un espacio de riesgo, control y revictimización. Bien debería saberlo quien es titular de un juzgado especializado: aplicar la custodia compartida en estos contextos, ignorando las asimetrías de poder y los antecedentes de violencia, no es neutral, sino que produce un efecto discriminatorio y contrario al interés superior del menor.

No explicar esto y desplazar el foco hacia una supuesta mala fe de las mujeres que denuncia violencia de género no es solo jurídicamente impreciso, sino que supone legitimar, desde espacios institucionales como el ICAM, una aplicación defectuosa del derecho que, en la práctica, puede traducirse en exposición continuada al daño para mujeres, niñas y niños. Justo lo contrario de lo que un juzgado especializado debería garantizar. A no ser que el juez esté ahí no para proteger a las mujeres y sus hijos sino al pater familias de la sagrada institución familiar.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en coalición la Junta de Extremadura no es una deriva ideológica más, es una quiebra de nuestro modelo constitucional. No estamos ante un programa político con el que disentir, estamos ante una arquitectura de exclusión y violencia institucional que reproduce, con perversión inquietante, las políticas que Donald Trump ha instalado en Estados Unidos. Un sistema que legisla para discriminar, que decide quién merece la protección del Estado y quién no. Ahora son las personas migrantes, mañana, las racializadas. Después, las personas con discapacidad, las comunidades gitanas, las disidencias sexuales... La exclusión es solo un primer paso de la dominación, la opresión… de la violencia. 

Los líderes de Vox celebran públicamente el acuerdo como “un hito histórico” y alardean de que esta es la primera vez en la historia política española en que la que se institucionaliza la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. El eje del acuerdo es la llamada “prioridad nacional”. No es un simple criterio de gestión administrativa, es la institucionalización de una jerarquía de derechos, de vidas. Es la legalización de la violencia institucional. El acuerdo plantea un sistema en el que el acceso a derechos sociales, económico y culturales como las prestaciones, la vivienda o los servicios públicos quede condicionado en función del origen, del arraigo o de la “vinculación con el territorio”. Distinguir entre quién merece derechos y quién no tiene un nombre preciso en nuestro ordenamiento: discriminación.

El artículo 14 de la Constitución no deja margen a la ambigüedad. La igualdad ante la ley no admite ciudadanías de primera y de segunda. Para hacer lo que propone Vox no basta reformar la Ley de Extranjería, como se compromete el PP; habría que cambiar la Constitución. Es más, con este acuerdo, ambos partidos tensan también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 9 establece que los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades, debiendo respetar la Constitución y la ley, al tiempo que su actividad deberá ajustarse a los principios democráticos. Este acuerdo ni los representantes políticos que lo promueven, no respetan la Constitución, y este acuerdo representa una actividad que no se ajusta a los principios democráticos.

Las medidas concretas revelan la magnitud del problema. Vox sabe (como lo sabe el PP) que hay conflictos de competencias insalvables y claros vicios de inconstitucionalidad en lo que dicen que harán. Pero su intención va más allá de ocupar gobiernos. Quieren ocupar las mentes, corromper la convivencia, lograr que lo que hoy resulta inadmisible empiece a parecer razonable. Porque una vez introducido el principio de “prioridad nacional”, lo que se erosiona no es solo el acceso a determinados derechos, sino el fundamento mismo de la igualdad. Se instala la idea de que hay personas más legítimas que otras para ser protegidas por lo público. Y cuando eso ocurre, la exclusión (la limpieza) deja de percibirse como una vulneración de derechos y empieza a justificarse como una opción política más.

El veto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular es directamente ilegal. El Tribunal Constitucional ya lo resolvió. La atención sanitaria, incluida la de urgencia, es un derecho subjetivo que ninguna norma autonómica puede retirar y el TC ya lo ha blindado. Vincular el acceso a vivienda y ayudas públicas al arraigo o al empadronamiento prolongado contradice frontalmente los artículos 13 y 14 de la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente la discriminación por origen nacional o étnico. El requisito de cinco a diez años de empadronamiento continuado para acceder a vivienda protegida es lo que la Directiva 2000/43/CE define como discriminación indirecta, es decir, una medida aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre personas de origen extranjero, sin justificación objetiva ni proporcionada. La prohibición del burka y el niqab en espacios de prestación de servicios públicos vulnera el artículo 16 de la Constitución y discrimina a un colectivo singularizado por religión, etnia y origen. La supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí choca con el artículo 27 de la Constitución y con compromisos bilaterales con Marruecos.

Pero es en el tratamiento de la infancia migrante donde el acuerdo muestra con mayor claridad su ruptura con el Estado de Derecho. Plantear la devolución de personas menores de edad no acompañadas excede las competencias autonómicas y vulnera principios básicos del ordenamiento español e internacional. El interés superior del menor, la prohibición de devoluciones automáticas y el deber de protección de la infancia en situación de desamparo son obligaciones jurídicas vinculantes, recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente toda la comunidad internacional (con la excepción de Estados Unidos y Yemen) y plenamente integrada en nuestro sistema jurídico. La infancia no puede ser tratada como un instrumento de control migratorio. La experiencia reciente lo confirma. En julio de 2021, los intentos de devolución de menores desde Ceuta fueron paralizados por los tribunales precisamente por incumplir estas garantías básicas.

Hay además una dimensión que va más allá de la inconstitucionalidad de cada medida, y es valorar el potencial de este acuerdo como discurso de odio institucional. El artículo 510.1a del Código Penal protege frente a quien fomente o incite la discriminación por origen nacional. El TEDH tiene establecido que para que exista discurso de odio no hace falta incitar explícitamente a la violencia, basta con incitar a la discriminación o ridiculizar a partes de la población. Es exactamente lo que el Tribunal aplicó en el caso Féret contra Bélgica, donde condenó a un político de extrema derecha por un discurso xenófobo dirigido a restringir derechos de personas migrantes. Cuando desde Vox se califica la discriminación entre españoles e inmigrantes de “hito histórico” y “eje estratégico” se producen declaraciones que, bajo ese estándar y el del artículo 510.1a del Código Penal, podrían sustentar una denuncia ante la Fiscalía Delegada en Delitos de Odio. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron, para eso ya hubieran votado a Vox. El PP es el que está desplazando el umbral de lo aceptable, el que está tensionando la Constitución y el propio sistema con tal de permanecer en el poder. Porque el daño más profundo de este acuerdo no es solo lo que pretende prohibir, recortar o expulsar, es el marco narrativo, de creencias y no-convivencia que instala. Es la idea de que se puede discriminar, excluir, prescindir de vidas. Ese es el verdadero peligro, sustituir el interés general que define a un Estado social y democrático de Derecho por una lógica de “prioridad nacional” que convierte los derechos en privilegios. Es renuncia al artículo 10 de la Constitución que dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

Su madre fue la víctima número 49 de aquel 2023. Tenía 36 años. Ellas, sus hijas, tienen ahora 5 y 10. Son también las nietas de una mujer que a sus 65 años fue desahuciada el pasado mes de enero de lo que había sido el hogar familiar en Villaverde. A estas dos niñas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les ha denegado, por segunda vez, la beca de comedor. Lo ha hecho cuando apenas quedan tres meses de curso. Lo ha hecho a pesar de que esa unidad familiar, ellas y su abuela, cumple sobradamente los requisitos.

Estas niñas son víctimas de violencia de género. Han intentado acceder a esas becas por esa vía, pero también cumplirían el criterio económico. Ellas y su abuela sobreviven con unos 600 euros mensuales procedentes de los trabajos esporádicos de limpieza y cuidados que hace la mujer de 65 años. Si no reciben ninguna ayuda, ni siquiera el ingreso mínimo vital, no es por un problema de falta de requisitos. Es otra cosa, se llama violencia institucional. Una violencia que no siempre se presenta como un acto visible, sino como una cadena de omisiones, retrasos y decisiones que, acumuladas, producen daño. Una violencia que aparece cuando las instituciones no actúan, o actúan tarde, o actúan mal, incumpliendo su obligación de proteger.

Las administraciones públicas deberían haber protegido a estas dos niñas, deberían protegerlas todavía. No solo por ser víctimas directas de la violencia machista, o por ser huérfanas, o por encontrarse su familia en una situación de claro empobrecimiento. Sino también y, ante todo, porque son niñas. Niñas. Da miedo que ante tanta negligencia acumulada la respuesta institucional acabe siendo la institucionalización, separarlas de su abuela e internarlas en un centro de protección. No sería la primera vez que el sistema, incapaz de ofrecer recursos a una familia, elige romperla, destrozarla. Pero eso es para otra conversación.

Cuando su madre fue asesinada existía una deuda hipotecaria sobre la vivienda familiar y ninguna administración se sintió interpelada a actuar. Tampoco la entidad financiera, Caixabank, ofreció moratoria alguna tras el crimen machista. El sistema siguió su curso. Quien sí reaccionó fue una sociedad inmobiliaria, Ciclevile SL. Compró la deuda. Después reclamó la propiedad. Ante el impago, desahucio. El juzgado no consideró los informes de vulnerabilidad aportados y la abogada de oficio ni se presentó el día del lanzamiento. La abuela y sus nietas se enteraron de lo que iba a ocurrirles sin que nadie con obligación de informarlas lo hubiera hecho. También eso es violencia institucional, también eso es para otra conversación que queda pendiente.

Nada de esto es excepcional. El caso de estas niñas, de su madre y de su abuela (todo mujeres) no es una anomalía, es una imagen precisa de cómo funciona la jerarquía institucional de las vidas de las familias pobres, especialmente formadas y encabezadas por mujeres. En un estudio de FAMS publicado en 2025 sobre cómo la violencia machista a traviesa a las familias en situación de monomarentalidad, exploramos cómo la burocracia, la duda sistemática, el retraso en los procedimientos y el acceso desigual a derechos no son deficiencias técnicas subsanables, sino formas de violencia institucional. La fragmentación administrativa (certificados que caducan, plazos que no se adaptan, ventanillas que no se comunican entre sí) no produce solo ineficiencia, produce un daño deliberado sobre quienes más fragilidad presentan.

No es que el sistema falle, sino que el sistema funciona así, externalizando sobre quienes más lo necesitan la carga de demostrar lo que el propio sistema ya sabe. ¿O acaso no sabe la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que estas niñas son víctimas de violencia de género? Porque en este caso lo sabe. Sabe que estas niñas son víctimas de violencia de género. Sabe cuál es su situación. La pregunta no es qué tienen que acreditar, la pregunta es por qué tienen que seguir haciéndolo. Por qué.

La violencia machista deja de ser un privilegio en el momento en que es nombrada como tal. La impunidad en las violencias machistas es una construcción social que se sostiene sobre el anonimato, sobre la normalización, sobre el silencio de quienes saben y miran hacia otro lado, de quienes relativizan, de quienes ríen la gracia, de quienes piensan en sus propios intereses y alianzas antes que en la integridad y el dolor de las mujeres que son víctimas de esas violencias. La impunidad también se sostiene sobre la negación del daño, sobre la idea de que no pasa nada, por eso empieza a resquebrajarse cuando los nombres dejan de protegerse y se dicen en voz alta rompiendo la certeza de intocable. Que un agresor sepa que su nombre puede acabar en una denuncia, en un expediente, en una investigación interna, rompe la certeza de intocable.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a un sargento del Ejército de Tierra que llevaba años humillando a una soldado con comentarios de contenido sexual delante de sus compañeros. El sargento gozaba, según recoge la sentencia, de cierta simpatía entre la tropa. Era de los que se dejaban llamar “calvo” o “gordo” y a cambio repartía motes al resto, un compañero era el “hobbit” por su baja estatura y otro el “capataz” por su parecido con un personaje de Toy Story. Para el sargento condenado, todo formaba parte de un ambiente distendido, de camaradería, de familiaridad… A ese supuesto ambiente de camaradería masculina llega una mujer, y lo que para el grupo es rutina, para ella se convierte en exposición, en señalamiento, en degradación. 

Nada más llegar descubre que entre sus compañeros circula un sticker hecho a partir de una foto suya comiendo. Ella se queja, el capitán tiene noticia de lo sucedido, interviene y ordena borrar la imagen. Meses después, al finalizar un ejercicio de tiro, cuando solo faltaba ella por subir al camión, el sargento le grita delante de todos sus compañeros: “Sube al camión, que tus compañeros te van a hacer un bukake”. Más tarde, después de que ella se cortara el pelo, el sargento le preguntó públicamente si se había vuelto lesbiana y si ahora utilizaba penes de goma. La soldado acabó de baja por ansiedad; “cada vez estaba más deprimida y muy quemada”, recoge la sentencia. El sargento recurrió la primera condena alegando su carácter bromista, el ambiente de familiaridad, que aquello no era un delito sino, a lo sumo, una falta disciplinaria. El alto tribunal le responde que el que los demás le rían “la gracia” no convierte la humillación en broma, que el grupo tolere no convierte lo intolerable en aceptable y que la dignidad de la soldado quedó irremediablemente dañada, no temporalmente ni levemente, sino irremediablemente. 

Pero hay una pregunta que la sentencia no responde del todo: qué responsabilidad tienen quienes ríen, quienes consienten con su silencio. Es esa complicidad del entorno la que realmente sostiene a los agresores, no solo la ausencia de condena judicial sino la ausencia de reproche, de límite, de incomodidad. En otro caso que llegó también al Supremo, un comandante del Ejército del Aire fue sancionado con pérdida de destino no por agredir directamente sino por tolerar y reír los comentarios de un subordinado que humillaba a una teniente. 

Quienes niegan la violencia machista no discuten solo un concepto, necesitan que esa violencia parezca lo normal, lo tolerable, lo que siempre ha existido y por tanto no merece nombre propio ni respuesta penal. La estrategia tiene dos movimientos complementarios, negar el daño y construir la sospecha sobre quien denuncia. El objetivo no es la justicia sino el silencio; y el objetivo de quienes ríen la gracia, de quienes miran hacia otro lado, de quienes anteponen la lealtad al grupo o a la institución a la integridad de la víctima, es la propia supervivencia en el orden patriarcal, machista, misógino, racista y capacitista que les beneficia y que también temen.