No es un problema de mafias. Las organizaciones criminales existen y deben perseguirse, pero explicar la llegada de decenas de miles de personas únicamente por la actuación de las mafias que trafican con seres humanos resulta muy insuficiente y evita nombrar el verdadero conflicto: el papel que juega Marruecos. La situación que vive Ceuta no puede entenderse sin analizar el contexto geopolítico, la gestión que el país vecino hace de su frontera y la posición de poder que mantiene en su relación con España y con la Unión Europea. Tampoco puede entenderse sin nombrar la represión que vive el pueblo saharaui y cómo la Administración Trump ha reforzado el respaldo de Estados Unidos a la posición internacional marroquí sobre esos territorios. Y, desde luego, no puede entenderse sin asumir que la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y las violaciones de los derechos humanos en Marruecos constituyen un terreno fértil para empujar a miles de personas a abandonar sus hogares, arriesgando sus vidas para intentar llegar a nuestro país.

No es un efecto llamada. No puede explicarse lo ocurrido apelando a la reciente sentencia del Tribunal Supremo (que resolvió que las llamadas devoluciones en caliente son un proceso excepcional que solo puede aplicarse en fronteras terrestres, no en el mar) ni tampoco a una hipotética regularización extraordinaria. Quienes sostienen esa tesis obvian el tema de fondo de una resolución judicial dictada hace apenas unos días que, además, no es capaz de movilizar en tan poco tiempo a decenas de miles de personas ni de alterar, por sí sola, la situación en la frontera. Hablar de efecto llamada es simplificar mucho el análisis, que si fuera mínimamente riguroso no pasaría por alto esos factores geopolíticos y mucho más complejos que limitan enormemente la capacidad de actuación del Gobierno español, y también de explicaciones públicas.

No es una invasión. Hablar en términos de invasión, como hacen la extrema derecha y una parte de la derecha, solo genera alarma social. Lo que está sucediendo en Ceuta, frontera exterior de la Unión Europea, no es una invasión, los miles de personas migrantes que han entrado en la ciudad autónoma no forman parte de ningún ejército enemigo ni existe una estrategia militar de ocupación. Lo que sí existe es una estrategia de presión política que instrumentaliza los flujos migratorios con fines económicos y geopolíticos. Llamarlo invasión impide comprender la dimensión real de lo que ocurre y dificulta encontrar respuestas eficaces.

No es una crisis migratoria. Es, ante todo, una crisis humanitaria, pero también una crisis política. Cuando personas en situación de extrema vulnerabilidad son utilizadas para presionar a otro Estado, el problema no es ellas, sino los gobiernos que las convierten en instrumentos de presión aprovechándose de su pobreza, de la falta de oportunidades y de la vulneración de sus derechos. Como señala la APDHE, esta situación hunde sus raíces en la externalización de las fronteras y en años de prácticas ilegales en su gestión. A ello se suma la deshumanización con la que se las trata para dejar de ser personas y convertirse en cifras, amenazas o problemas de seguridad. Las personas que han llegado a Ceuta no constituyen un peligro por sí mismas; están siendo utilizadas para generar una situación de tensión e inestabilidad política.

No es una cuestión de seguridad frente a derechos. Un Estado tiene derecho y obligación de controlar sus fronteras, pero también la obligación de respetar la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, incluidos los instrumentos de protección de las personas menores de edad y las garantías de quienes solicitan protección internacional. La gestión de las fronteras y la protección de los derechos humanos no son incompatibles; ambas forman parte del Estado de Derecho. La integridad territorial de los Estados no es incompatible con la protección de los derechos humanos.

En todo caso, en ese relato no olvidemos que han fallecido al menos cuarenta personas y que sus vidas tienen exactamente el mismo valor y la misma dignidad que las nuestras. Tampoco ignoremos el impacto que esta situación tiene sobre quienes viven en Ceuta. Es el momento de exigir a quienes nos gobiernan serenidad, responsabilidad institucional y la aplicación de respuestas que ya están previstas y que respetan los derechos de todas las personas. La excepcionalidad de la situación no justifica deshumanizar a las personas migrantes, al contrario, hacerlo solo dificulta comprender las causas de lo que está sucediendo, deteriora la convivencia y alimenta un discurso del odio que únicamente beneficia a quienes sustituyen el diálogo y el Derecho por la violencia contra las personas, ahora migrantes y mañana cualquiera.

En España no sabemos con certeza cuántos bomberos profesionales tenemos. Mientras los montes arden y se declara la emergencia nacional, esta no me parece una cuestión menor. La Plataforma Unitaria de Bomberos elaboró en 2009 un Mapa Censal que estimaba unos 22.000 efectivos, mientras que Eurostat, a partir de la Encuesta Europea de Población Activa, atribuía a España 39.400 profesionales a finales de 2024. A fecha de hoy no existe un registro oficial único que permita conocer cuántos bomberos integran realmente el sistema español de emergencias.

Quizá algunos crean que en España existe un único «cuerpo de bomberos», pero no es así. Lo que hay es una coexistencia de distintos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) –dependientes de ayuntamientos, diputaciones, consorcios o comunidades autónomas–, con los distintos operativos de incendios forestales organizados en cada comunidad autónoma en los que participan personal funcionario, laboral, empresas públicas y, en algunos casos, concesionarias privadas. A estos se suman otros servicios específicos, como los de Aena, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Estado o los medios de TRAGSA. El resultado es un sistema extraordinariamente fragmentado, con múltiples administraciones, distintos modelos de gestión y financiación y sin una fotografía oficial única de sus efectivos.

Esa fragmentación ayuda a entender por qué, cuando un incendio adquiere una dimensión extraordinaria, aparece la Unidad Militar de Emergencias. Aunque nos hayamos acostumbrado a verla combatiendo el fuego, la UME no forma parte de los servicios ordinarios de extinción, sino que es una unidad de las Fuerzas Armadas concebida para intervenir cuando la capacidad de respuesta debe reforzarse de forma excepcional. Cuenta con unos 3.500 militares distribuidos por el territorio nacional y capacidad para desplegarse en menos de cuatro horas. Desde su creación, la mayor parte de sus intervenciones han estado relacionadas con incendios forestales y, solo en 2025, participó en la extinción de 57 grandes incendios, movilizando en los momentos de mayor intensidad hasta 1.400 militares en ataque directo y cerca de 2.000 en labores de apoyo.

Sin embargo, hay algo que sí sabemos en medio de este puzle, que ninguno de estos dispositivos se improvisa cuando llega el fuego, que todos existen porque se financian con dinero público. La capacidad para responder a una tragedia como la que ha obligado a evacuar y confinar a más de 40.000 personas en el momento de escribir esta columna se construye con impuestos. El valor y la entrega de quienes se enfrentan a las llamas son indiscutibles, pero sería un error quedarnos atrapadas y atrapados entre la épica de su heroicidad y los discursos simplistas propios de la antipolítica, que desprecian lo público mientras se benefician de ello, para olvidar algo tan importante como son las condiciones en las que trabajan y los medios de los que disponen para hacer frente a incendios cada vez más devastadores.

La prevención de los incendios también es una política pública que requiere invertir durante todo el año en gestión forestal. El coste económico, ambiental y humano de apagar incendios y reconstruir después lo que nunca debió perderse siempre será mayor que el de prevenirlos. Es cierto que, cuando llega la tragedia, la solidaridad aparece entre las vecinas y vecinos abren sus casas, ayudan a evacuar animales, llevan agua, comida o un lugar donde dormir. Pero esa solidaridad no sustituye a los servicios públicos porque el pueblo no apaga solo un gran incendio sin los bomberos, las brigadas forestales, pilotos, personal sanitario, agentes medioambientales, Guardia Civil, policías, personal de Protección Civil o la UME. Personas todas ellas que también forman parte de ese mismo pueblo y que cumplen funciones públicas indispensables. Que representan la cara de lo público de la que nunca se habla porque solo se habla de aquellos y aquellos que da mala fama. Personas que también forman parte de ese mismo pueblo y que representan la mejor cara de lo público, de esa que solo nos acordamos cuando todo arde.

La desesperación y la ira de quienes lo pierden todo son comprensibles. Pero ningún incendio se apaga solo con heroísmo y la solidaridad del pueblo, por admirable que sea, nunca podrá sustituir a unos servicios públicos fuertes, bien financiados y preparados para protegernos cuando más los necesitamos.

Esta semana se cierra con el desahucio de una familia (gitana) y sus tres hijos, el más pequeño con síndrome de Down. “¡No tenéis conciencia ni corazón!” gritó el padre a los ocho agentes de policía que hacían un cordón policial para tratar de contener a vecinas, vecinos y activistas que querían frenar el desahucio. Y es cierto, quienes solicitan, autorizan y ejecutan estos desahucios no tienen corazón ni conciencia, e incluso yo daría un paso más, diría que no tienen alma y, por tanto, que son unos desalmados.

Si tuvieran corazón, conciencia y alma deberían negarse a formar parte de estas comitivas y declararse objetores de conciencia como hacen esos sanitarios que dicen defender la vida cuando se niegan a interrumpir un embarazo contraviniendo las leyes vigentes y legítimamente aprobadas. Para cuándo la objeción de conciencia en las comitivas de desahucios cuando las vidas de personas altamente vulnerables, con Dulce y Herminio y sus hijos, están siendo expulsadas de sus hogares como si fueran enseres viejos que estorban. Ellos son todavía más que la vida embrionaria, son personas de carne y hueso, vidas que salvar y que merecen profesionales con conciencia que se nieguen a participar en esta banalidad de la deshumanización…

¿Por qué no objetan las y los profesionales que intervienen en estos lanzamientos? ¿Acaso las cinco vidas de esta familia no son vidas humanas? ¿No se merecen ser tratadas con respeto y dignidad? Los derechos de esta familia son exactamente los mismos que los de cualquier otra familia, es más, los derechos de las tres personas menores de edad –y muy especialmente del peque con síndrome de Down– merecen una consideración especial, una protección reforzada. Precisamente, esto es lo que vino a decir el Comité de los Derechos del Niño (de la infancia) el pasado martes, un día antes de ejecutarse el desahucio, al instar a las autoridades españolas (autonómicas y municipales) a que paralizaran el desahucio hasta que no hubiera una alternativa habitacional.

Lejos de atender a la petición del organismo internacional, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid no esperó ni a que venciese el aplazamiento del desahucio que se había hecho a principios de mes y cuya fecha tope era el próximo domingo 19 (el de la final de España y Argentina). El miércoles 15 expulsó a la familia de su casa desafiando al sistema sobre el que se sostiene el marco normativo de los derechos humanos ratificado hace décadas por España.

Pudiera parecer por la premura y contundencia del desalojo de esta humilde familia que la empresa pública de la vivienda de Madrid estuviera molesta ante la evidencia en que quedaba que su actuación estaba vulnerando derechos si se llevaba a cabo sin ofrecer una alternativa habitacional a esta familia. Pudiera parecer que suspender este desahucio fuera más un tema personal de quien (o quienes) esté detrás de esa decisión que un ejercicio de la debida diligencia que debe seguirse en casos como este. De ahí que parezca un insulto a la inteligencia de esta familia y de las personas que están luchando y defendiendo los derechos de estas cinco personas, y especialmente los derechos de las tres personas menores de edad, que los servicios sociales dependientes del alcalde Almeida afirmen que sí había una alternativa habitacional: una habitación para los cinco en un piso compartido o en un albergue.

Esta oferta de alternativa habitacional, que según la clasificación ETHOS constituiría una situación de sinhogarismo –lo que ya dice mucho de la indignidad de la respuesta institucional–, puede traducirse también en términos de derechos humanos. No se trata solo de una solución inadecuada, sino de una actuación que, por dirigirse a una familia pobre y gitana, plantea además un problema de igualdad y no discriminación. Obligar a una familia a vivir en un único espacio, sin condiciones mínimas de privacidad, habitabilidad o intimidad, compromete derechos tan básicos como la intimidad personal y familiar, la integridad moral, la salud y el derecho a una vivienda adecuada. En el caso de las niñas y niños, el impacto es aún mayor, se resienten su derecho a la educación, al descanso, al juego, al desarrollo integral… y, en definitiva, su derecho a que su interés superior sea una consideración primordial en todas las decisiones que les afectan.

No son tiempos para el optimismo, por eso son tiempos para la lucha de nuestros derechos humanos frente a quienes buscan desmontarlos con la antipolítica para dar rienda suelta a su codicia desenfrenada, para cuestionar, despreciar y querer desmontar los marcos normativos que nos protegen frente a los desalmados, a esos aduladores y aprendices de Trump. Por eso es tan importante subrayar que esta familia no ha estado sola y que un equipo jurídico, varias asociaciones del barrio (Sindicato de Vivienda de Moratalaz Asociación Apoyo -Fermad, la asociación Caminar, Coordinadora de Barrios,..) y muchas de sus vecinas y vecinos han estado y están a su lado. Implicarse ante la violencia e injusticia que supone que una institución –financiada con dinero público y cuya finalidad debe ser proporcionar un hogar a quienes tienen más dificultades– use su potestad para infligir dolor contra estas familias, abandonando su función social para servir a los intereses de la especulación inmobiliaria, es comprender –tal y como nos mostraba la película de Orlando de Paul Preciado– que cada vida individual es parte de nuestra historia colectiva.

La conocida como “ley del concebido” de Isabel Díaz Ayuso, que entra en vigor este sábado y se presenta como una gran norma de apoyo a la vida, la natalidad y las familias, es un buen instrumento de propaganda con bastantes lagunas jurídicas. Quizá la primera y más evidente es la que pone en entredicho el propio discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando quiere dar a entender que su norma protegerá al concebido desde el primer momento de la gestación. No es cierto, si tenemos en cuenta que la propia ley, para cualquier ayuda o beneficio económico (disp. adicional 2ª.d), fija un umbral muy distinto al de la concepción: “En todo caso posterior a la finalización de la semana 14”, es decir, a partir de la semana quince de embarazo. Un cómputo que coincide exactamente con el momento en que deja de ser posible la interrupción voluntaria del embarazo por libre decisión de la mujer conforme a la Ley Orgánica 2/2010. La retórica de Ayuso es “desde la concepción”. Sin embargo, la eficacia económica de su norma comienza cuando termina el plazo de la IVE libre.

La ley, además, no se atreve a decir aquello que pretende sugerir y que en el discurso político se alardea. En ningún momento afirma la norma que el concebido sea una persona, ni que tenga personalidad jurídica, ni que sea sujeto de derechos. No puede hacerlo porque chocaría frontalmente con los artículos 29 y 30 del Código Civil y con una consolidada doctrina constitucional, desde la STC 53/1985 hasta la STC 34/2023. En su lugar, utiliza una fórmula de asimilación (“se le tendrá por nacido”) que no es más que una ficción jurídica que intenta proyectar sobre el plano administrativo y simbólico la equiparación entre concebido e hijo nacido. A estos efectos, resulta sorprendente la forma en que el preámbulo invoca la STC 271/2015 al afirmar que esa sentencia “avala que, al considerar al concebido como ya nacido, se puedan fijar beneficios”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en aquella resolución nunca reconoció una potestad general para equiparar concebido e hijo nacido. Lo que declaró constitucional fue una medida muy concreta de la Comunidad Valenciana relativa al baremo de admisión escolar, insistiendo expresamente en que no atribuía personalidad jurídica al concebido, no modificaba el Código Civil y no establecía una regla general aplicable a cualquier procedimiento administrativo. Convertir aquella sentencia del TC en el fundamento de una equiparación administrativa de alcance general supone llevar mucho más lejos de la realidad lo que realmente viene a decir la doctrina constitucional.

Quizá por eso la ley deja al descubierto la paradoja de que la supuesta protección del concebido no se traduce en el reconocimiento de derechos para ello, porque constitucionalmente no puede hacerse. Los verdaderos beneficiarios de la norma son terceras personas adultas que podrán acceder a determinados beneficios administrativos mientras que el concebido funciona, en realidad, como un presupuesto ideológico para, supuestamente, apoyar a la natalidad y a la familia a través de políticas muy cuestionables a efectos prácticos, como la ayuda de 500 euros mensuales a madres gestantes que la Comunidad aplica desde 2022, y menciona el preámbulo como ejemplo. Parémonos un momento en esta.

Esta ayuda solo se cobra desde la semana 21 de gestación (es decir, desde el quinto mes, no la concepción), solo hasta los 30 años (cuando la edad media de la maternidad en España supera los 32), solo con cinco años de empadronamiento en la región dentro de los últimos diez (lo que expulsa a las mujeres migrantes de llegada reciente), solo bajo umbrales de renta que, además, castigan a las madres solas y no es un derecho subjetivo está condicionada a que haya crédito presupuestario cada año. ¿En cuántas ayudas se ha traducido esta política a favor de la natalidad en estos cuatro años? En algo más de 30.000, un dato ridículo.

Pero quizá el detalle más inquietante a mi juicio es el artículo 2.5, que obliga a comunicar a la Comunidad de Madrid cuando el concebido “no llegue a nacer”. Una obligación que alcanza necesariamente los supuestos de pérdida gestacional, cualquiera que sea su causa, y obliga a las mujeres a trasladar a la Administración un dato especialmente sensible sobre su salud reproductiva. La ley no establece un régimen específico de garantías, no precisa la finalidad de esa información ni regula su tratamiento posterior. Resulta llamativo que una norma presentada como instrumento de apoyo a las familias introduzca, al mismo tiempo, un deber de comunicación sobre un acontecimiento íntimo cuya protección forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias sexuales. Una inferencia inaceptable y peligrosa que no puede pasar desapercibida, especialmente en un contexto donde los registros de embarazos y pérdidas gestacionales están siendo la antesala de políticas de control sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Normalizar esa comunicación obligatoria no es un tecnicismo, es una línea que no debería cruzarse y que debería alertarnos.

Por último, y no debe servir como alivio, conviene señalar que esta ley incorpora mecanismos que aplazan su eficacia y que la “asimilación del concebido al hijo ya nacido” que proclama el artículo 2 no es autoejecutiva y solo será operativa “con el alcance y las condiciones que se regulen en cada procedimiento concreto”. Es más, la medida estrella (la condición de familia asimilada a familia numerosa) no entrará en vigor hasta dentro de seis meses y los beneficios fiscales asociados dependen de un certificado que todavía no puede expedirse.

Lo que entra en vigor en la Comunidad de Madrid con la gran ley ideológica de Ayuso no son nuevos derechos para las familias. Entra en vigor una determinada forma de concebir el embarazo desde los poderes públicos. Aparentemente, el discurso político quiere situar al concebido en el centro de la norma, sin embargo, toda arquitectura jurídica gira, en realidad, sobre el cuerpo de las mujeres, puesto que son las semanas de gestación las que determinan el acceso a las ayudas, los certificados médicos los que acreditan el embarazo y, en caso de aborto o pérdida gestacional debe comunicarse a la Administración esa situación. Esta no es tanto una ley sobre el concebido sino una ley sobre el embarazo y sobre la manera en que los poderes públicos deciden intervenir en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Un profesor víctima de un ataque homófobo en Mallorca, un chico agredido por cinco menores de edad después de verle besarse con otro durante unas fiestas en Mataró, una persona trans humillada y golpeada por catorce jóvenes en Ontinyent, una agresión tránsfoba grabada para difundirse en redes sociales en Barcelona, un concierto suspendido tras ataques homófobos contra el grupo Fades, un concejal insultado por ser trans en Arrigorriaga, otra brutal agresión homófoba en Tolosa… Cambian las ciudades, cambian las víctimas, cambian quienes agreden, pero el patrón se repite. Estos son solo algunos de los titulares que han dejado las últimas semanas de LGTBIQfobia en nuestro país. Muchas de estas agresiones comparten rasgos inquietantemente similares: se producen en grupo, en espacios públicos, con una fuerte carga de humillación, en ocasiones son grabadas para amplificar el daño y difundirlo en redes sociales, y con demasiada frecuencia, están protagonizadas por personas muy jóvenes.

Estas agresiones no castigan únicamente una orientación sexual, una identidad de género o la manera en que este se expresa desde la disidencia sexual. Estas agresiones castigan la visibilidad de las personas que somos LGTBIQ+, no son episodios aislados ni simples peleas. Son un mensaje que las personas que agreden lanzan no solo a la persona concreta que es víctima, sino a todas las personas que formamos parte de un colectivo que nos identificamos bajo las siglas LGTBIQ+. Un mensaje amplificado en la violencia y que busca expulsarnos del espacio compartido, del lugar público, de la vida cotidiana, de la naturalidad de las relaciones humanas, de los derechos innatos que nos corresponden. Cada insulto, cada escupitajo, cada paliza, cada agresión nos transmite exactamente el mismo recado: “escóndete si no quieres sufrir, vuelve al armario”. Por eso el primer derecho que empieza a perderse cuando avanza la batalla cultural contra la igualdad y los derechos humanos (sean los de las personas LGTBIQ+, las mujeres, las personas migradas o cualquier otro colectivo que es víctima de los discursos de odio de la extrema derecha) es un derecho muy elemental, es el derecho a caminar por la calle sin miedo.

El odio también se aprende porque nadie nace pensando que llamar “maricón”, perseguir a una persona trans o golpear a un chico por besar a otro es una forma “aceptable” de comportarse. Esa legitimación se construye poco a poco, cuando determinados discursos dejan de presentarnos a las personas LGTBI como personas cuyas vidas debe ser respetadas para convertirnos en un problema, en una amenaza o en enfermos. Narrativas que reproducen los planteamientos de Antonio Vallejo-Nájera (que estaba al frente de los servicios psiquiátricos del régimen de Franco) que disfrazó el odio en ciencia para calificar y tratar a las personas homosexuales como enfermas, incapaces y criminales. Basta sembrar una idea para justificar la violencia y convertir el odio en un comportamiento social que proporciona reconocimiento y pertenencia.

No es casual que, mientras aumentan estos discursos, también aumente la presencia de Vox en los gobiernos autonómicos del PP. Tampoco es casual que Vox lleve años calificando el Orgullo de espectáculo de “dudoso gusto”, “bochornoso” o “ridículo” porque su objetivo no es únicamente derogar unas leyes o desacreditar una celebración, es cuestionar la legitimidad de la presencia de las personas LGTBIQ+ en el espacio público y presentar nuestra igualdad como una imposición frente a los demás. Sin embargo, el Orgullo nunca ha sido ni será una celebración privada es la expresión de la rabia, de la rebelión frente a los que nos quieren en los armarios, en los psiquiátricos o en las cárceles. El Orgullo es subvertir el orden patriarcal, es la conquista del derecho a existir sin pedir permiso, a caminar de la mano de quien quieras, a besarnos en las plazas, a actuar sobre los escenarios, a contar nuestras historias, a ocupar el espacio público sin convertir el propio ser en un acto de valentía. Por eso las agresiones que se producen precisamente ahí, en las calles, en los conciertos, en las fiestas populares, en los institutos, en las plazas... no castigan únicamente quién somos, castigan que seamos visibles y pretenden que volvamos a sentir miedo, que pensemos dos veces si damos un beso, si ondeamos una bandera arcoíris o si hablamos con naturalidad quiénes somos.

La LGTBIQfobia ya existía cuando Vox apareció en las instituciones, pero entonces existía el compromiso a construir un consenso democrático que señalaba que era socialmente inaceptable y que impulsó leyes para proteger a quienes históricamente habíamos sido perseguidas y perseguidos. Ese consenso es precisamente el que la extrema derecha de Vox con la complicidad del PP pretende erosionar. Los derechos LGTBIQ+ garantiza algo que no solo nos afecta a quienes formamos parte de este colectivo, afectan al derecho más elemental en una sociedad que quiera vivir sin ser reprimida, el derecho de todas las personas a vivir sin miedo a ser insultadas, humilladas o agredidas. El derecho a vivir en paz en tiempos de fascistas ya sea en España, en Palestina, en Yemen, en Ucrania, en Argentina o en Uganda (esta no es una lista cerrada). Es el orgullo de maricas, bolleras, bisexuales, asexuales, intersexuales y trans* que desafían el odio que no es causal.

No sé cuántos de ustedes han visto Toy Story 5, pero, si no lo han hecho y tienen intención de hacerlo, ya les advierto de que esta columna de opinión contiene algún que otro espóiler. La nueva aventura de Woody, Jessie y Buzz y el resto de los juguetes de Bonnie introduce la presencia de las pantallas en la vida de la pequeña protagonista. La niña, ya casi adolescente, está en esa edad en la que lo que más desea es tener amigas, sentirse aceptada, pertenecer… pero no es fácil porque Bonnie no es una cría al uso (ninguna lo es). Ahí es donde aparece una tablet como llave para socializar con otras niñas a través de una plataforma social. Efectivamente, lo consigue y entra en un universo donde otras chicas (las guays) marcan qué hacer, cómo vestir, qué decir y hasta qué merece la pena desear. Bonnie quiere ser su amiga, tener amigas y parecerse a ellas y ahí es como esa amistad la empieza a exigir que cambie. Va dejando atrás aquello que es importante para ella y también lo que la hacía diferente. En ese grupo de amigas lo importante no es ser ella misma, no la quieren así, la quieren si es como ellas dicen que sea. Por eso, cuando actúa de forma distinta descubre que el precio de salirse del guion que fija el grupo es la burla, el rechazo y hacerla sentirse sola y mal consigo misma, es ridiculizarla.

Toy Story 5 no plantea la dicotomía de pantallas sí o pantallas no, sino que más bien deja al descubierto cómo los espacios de “socialización” de las personas menores de edad y las y los jóvenes que se crean a través de esas nuevas tecnologías pueden llegar a funcionar como cámaras de eco que las anulan y manipulan. Es de sobra conocido que todas y todos necesitamos pertenecer. No hay nada patológico en ello, muy al contrario, ese anhelo forma parte del desarrollo de cualquier persona, especialmente entre quienes están en ese momento evolutivo y emocional de madurar. El conflicto surge cuando el precio de pertenecer a un grupo consiste en dejar de pensar, dejar de ser uno mismo o empezar a creer que solo existe una manera correcta de vivir, de vestir, de hablar o de entender el mundo. Eso es precisamente una cámara de eco y, en las redes sociales, esta dinámica se produce con enorme facilidad gracias a unos algoritmos que potencian contenidos, discursos, ideas y desinformación. 

Más allá de los algoritmos, o más bien, aprovechando el impulso de esos algoritmos, esa dinámica de cámara de eco se puede identificar porque crea un entorno en el que las mismas ideas se repiten, se amplifican y terminan percibiéndose como verdades incuestionables porque apenas entran voces discrepantes. Si participas reproduciendo la dinámica ya eres parte del grupo y tienes su reconocimiento y refuerzo, “su amistad”. Por eso, no consiste solo en recibir información afín, sino que esa información rebote constantemente entre las personas que piensan igual, reforzándose una y otra vez. La repetición genera una falsa sensación de verdad y una idea no parecerá cierta porque haya sido contrastada, sino porque el grupo la reproduce a partir de que la haya dicho, sugerido o escrito un influencer o una persona a la que otorgamos autoridad y en la que confiamos. De esa manera, poco a poco las personas de ese entorno cada vez están más aferradas y convencidas de las propias creencias “incuestionables”.

Del método de la “cámara de eco” se sirven muchas plataformas digitales y también formaciones políticas, grupos o sujetos que las usan para difundir desinformación, fake news o campañas de desprestigio con finalidades claramente nocivas y peligrosas. Las cámaras de eco aumentan el sesgo de confirmación y hacen que cualquier opinión distinta se perciba como falsa, absurda, malintencionada o incluso peligrosa. Es un mecanismo extraordinariamente útil para quienes quieren manipular, a modo de ejemplo se puede nombrar la fachosfera que lleva años aprovechándolo, no para convencer a toda la sociedad, sino para radicalizar progresivamente a chicos jóvenes que encuentran en determinados mensajes y en la construcción de enemigos el sentido e identidad que sienten haber perdido o amenazado por las feministas y el feminismo.

La cámara de eco refuerza que esos espacios terminen funcionando como grupos cerrados que convierten el relato del grupo en el único digno de confianza. La polarización está servida, no porque nazca de tener opiniones fuertes, sino porque se ha dejado de escuchar cualquier voz distinta a la autorizada. Cuando eso ocurre, hay un impacto, un daño en las personas de ese entorno, quienes no solo terminan creyendo que solo existe una forma correcta de pensar acaba viviendo porque discrepar, implica ser rechazado, sea expulsado del grupo y quedarse solo. Cuando la espontaneidad, la libertad de pensamiento, la diferencia, la crítica… se sustituye por la obediencia al grupo y la identidad propia por la identidad colectiva, el resultado no suele ser una persona más libre ni más feliz, sino alguien más vulnerable, más dependiente de la aprobación ajena y, paradójicamente, mucho más sola y atormentada. Y esto Toy Story lo cuenta muy bien con la historia de Bonnie, tener amigos es importante, pero no a cualquier precio. Hay grupos a los que es mejor no pertenecer.

En el kilómetro cero del Estado español, en ese centro simbólico que es la Puerta del Sol, no hay un solo árbol bajo el que cobijarse en esta primera ola de calor que tenemos ya encima. Sin embargo, Madrid suele presumir de ser una de las ciudades más arboladas del mundo. Pero tener árboles no es como tener mobiliario urbano, tenerlos —aunque sean muchos— no significa tener ni los suficientes ni tenerlos donde son necesarios. Es importante la cantidad de vegetación, pero igual de importante o más es dónde están estas zonas arboladas y el acceso que tienen las y los ciudadanos a ellas en los lugares donde viven. Porque el problema de una ola de calor no es solo cuántos grados marcará el termómetro, sino cómo afectará la falta de sombra a la población. 

El calor no cae por igual sobre las ciudades y hay barrios que tienen árboles y barrios que tienen asfalto. Mucho asfalto. Siguiendo en la ciudad de Madrid se sabe que existen diferencias de temperatura de hasta ocho grados entre distintos puntos de la capital. Cuando se habla de ola de calor, la temperatura es una parte, la otra tiene que ver con la desigualdad porque es en los barrios donde coinciden las rentas más bajas y las viviendas peor adaptadas al calor, donde el hecho de que haya menos zonas verdes tiene un impacto directo en la salud de esas vecinas y vecinos.

Pero Madrid no es una excepción. Esta semana se ha conocido un informe de la organización ecologista Amigas de la Tierra, junto al Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid. En él se analiza el acceso a las zonas verdes de 10 ciudades españolas para la población, y de entre estas, más de la mitad de la ciudadanía no dispone de zonas verdes, llegando al 80 % en ciudades como Ourense y València. La conclusión es clara, la situación es preocupante, principalmente para las personas más vulnerables, aquellas que tienen menos opciones de adaptarse al cambio climático porque viven en lo que el informe llama “zonas de acción prioritaria”, es decir, áreas de bajos ingresos y con un acceso insuficiente a espacios verdes. 

La desigualdad climática no empieza cuando llega la ola de calor, empieza mucho antes. Es decir, la vulnerabilidad climática no depende únicamente del clima, sino también de los recursos disponibles para protegerse de él cuando este representa un riesgo para la salud. Por supuesto que hay determinadas zonas de renta alta donde también hay un acceso insuficiente a la naturaleza, pero en estos lugares no hay dificultades para adoptar otras formas de adaptación al calor: viviendas mejor acondicionadas, piscinas, aire acondicionado, segundas residencias... No afronta igual una semana de temperaturas extremas quien vive junto a un parque arbolado, en una vivienda bien aislada y con aire acondicionado, que quien reside en una calle sin sombra o en una vivienda que acumula calor durante toda la noche. Sin entrar en otras variables sociosanitarias que también influyen y agrandan la vulnerabilidad en las personas mayores, las infancias, en quienes padecen enfermedades crónicas, tienen dificultades de movilidad…

Recientemente, un estudio internacional llevado a cabo por el Inserm, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un estudio señaló que en París, los distritos con más vegetación presentan un menor riesgo de mortalidad durante los periodos de calor intenso, mientras que las zonas muy construidas, con pocos espacios verdes y un alto potencial de isla de calor urbana, son las más expuestas. Es decir, aumentar la cobertura arbórea en las ciudades podría evitar miles de muertes prematuras asociadas al calor porque los árboles refrescan el aire, reducen la temperatura del suelo y crean refugios frente a episodios extremos cada vez más frecuentes. Los árboles deberían ser parte de las infraestructuras básicas que protegen la salud y la vida de todas las personas dentro de una ciudad. Tener sombra no debería ser un privilegio asociado al código postal.

México me resulta un país inabarcable geográfica, histórica y culturalmente. Reúne tal riqueza, diversidad y pluralidad que pretender conocerlo supone, al menos para mí, una inmersión que nunca será completa ni la definitiva. Siempre habrá un matiz que obligue a reinterpretar lo aprendido, a revisar la propia historia de España y, por supuesto, a abrirse a esa cosmovisión rodeada de misterio y desconocimiento. Regreso de México abrumada por su sabiduría ancestral, popular y ciudadana. Regreso también con dolor al comprobar como este Mundial (que tantos focos acapara) ignora y, por tanto, agranda las brechas de la desigualdad y la violencia. Un Mundial que puede llegar a resultar groseramente obsceno al observar el contraste de un estadio lleno mientras miles de familias preguntan dónde están los más de 133 mil desaparecidos.

Visto desde esta mirada de conjunto, no es precisamente respeto lo que promueve el fútbol que se ha convertido en industria global explotadora de personas y recursos. Tampoco parece que exista ese respeto en parte de las aficiones que, durante el aguacero que cayó en Ciudad de México el día de la inauguración, no encontraron mejor refugio que las lonas de las madres buscadoras. Esas lonas donde aparecen los rostros de hijas e hijos desaparecidos y que habían extendido en la simbólica plaza del Ángel. Esas que reflejaban las fotografías que son, para miles de familias, mucho más que una imagen, son la única presencia que les queda y la única manera de reclamar su búsqueda. Utilizarlas para protegerse de la lluvia fue un gesto muy gráfico de lo que significa el Mundial de fútbol en este inmenso país.

Mientras la FIFA, los patrocinadores y las autoridades participan de las ceremonias, se preocupan por los protocolos y dispositivos de seguridad para los millones de visitantes que llenarán los estadios durante más de un mes en tres países, las madres buscadoras instan legítimamente que la atención mundial se fije en la violencia que representa la desaparición de sus hijas e hijos. Por eso marcharon el día antes de la inauguración hacia el Estadio Azteca. Por eso están ocupando las plazas, avenidas y espacios públicos con fotografías, nombres y fechas. Por eso están transformando el lenguaje futbolístico en una denuncia política. “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?”, puede leerse en algunas de las pancartas. Junto a ellas se están movilizando otras familias, las de personas migrantes también desaparecidas durante su tránsito por México; otras madres que buscan a hijos de los que nunca volvieron a tener noticias. Todas ellas familias rotas que luchan y denuncian la impunidad que rodea miles de desapariciones, que exigen que esas vidas no queden enterradas bajo el ruido del espectáculo de fútbol.

El Mundial vuelve a ser ese gran evento deportivo que, si bien se presenta como una celebración universal, un espacio de encuentro entre pueblos y cultura, cada vez con más frecuencia funciona como una enorme operación de marketing, un gran negocio donde todo debe aparecer ordenado, atractivo y disponible mientras lo incómodo, lo conflictivo y lo doloroso se esconde detrás de muros de cemento y lonas, tal y como está sucediendo en muchos vecindarios de México. Un país que sabe guardar en la memoria de sus ciudades, de sus comunidades y de sus historias una extraordinaria capacidad para organizarse frente a la adversidad. Los nombres y los rostros de quienes siguen siendo buscados no van a desaparecer de la memoria colectiva por mucho que millones de personas celebraremos goles y triunfos. Sus madres, sus hombres y mujeres no van a dejar de preguntar: ¿dónde están?

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.

Hay quien dice que la empatía está de moda. Lo curioso es que mientras las empresas llevan años estudiando cómo la inteligencia emocional mejora los equipos, reduce conflictos y hasta incrementa beneficios, parte de la clase política parece haber descubierto justo lo contrario, que la ausencia de empatía o, mejor dicho, que todo lo contrario a la empatía, la deshumanización, también puede dar rédito electoral. Resulta difícil no ver cierta paradoja en cómo la movilización del miedo, del rechazo y de la impulsividad más primaria e irracional se ha convertido en una herramienta política extraordinariamente eficaz para determinadas derechas y extremas derechas. Como si la apelación constante a las emociones más básicas e insolidarias fuera, en el fondo, su reconocimiento implícito de que nadie votaría sus propuestas desde la serenidad, el pensamiento crítico o la reflexión ética. Como si su proyecto político únicamente pudiera abrirse paso debilitando nuestra capacidad de reconocer al otro como alguien digno de consideración, de interpretar el dolor ajeno y de responder a la incertidumbre desde lugares distintos al miedo, el rechazo o la agresividad.

Estos días lo estamos viendo con el brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius, que llegará el domingo a Canarias tras registrarse varios contagios y fallecimientos relacionados con una variante del virus que preocupa especialmente por ser la única conocida con capacidad de transmisión entre humanos, aunque los expertos insisten en que su capacidad de contagio es extremadamente limitada. Desde que escuché la noticia no he dejado de pensar en las personas que están en ese barco y en cómo deben de estar viviendo estos días de aislamiento, protocolos sanitarios e incertidumbre. También en sus familias, pendientes a distancia de cada información y cada actualización médica. Y en la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo mientras acompañaba el traslado del féretro de su marido, muerto días antes por el mismo virus.

Más allá del alarmismo interesadamente desatado en el plano político, y del complejo y legítimo análisis sanitario que exige una situación así, deberíamos poder mirar lo que ocurre en ese barco desde un lugar mucho más empático. Es decir, ser capaces de ponernos, aunque sea un instante, en la piel de sus pasajeros y comprender que dentro de ese crucero no hay una amenaza apocalíptica, sino personas enfermas, asustadas y aisladas desde hace días. Personas sometidas a muchísima incertidumbre, a protocolos médicos y al miedo mientras ellas y sus familias siguen la situación a distancia pendientes de cada noticia y cada actualización sanitaria. Algunos pasajeros han relatado a varios medios el clima de angustia y agotamiento emocional que se vive a bordo desde que se detectaron los primeros casos. Pensar en ellos desde ese lugar nos lleva a la conclusión bastante lógica de que es importante que, cuanto antes, reciban atención médica, apoyo psicológico y una respuesta sanitaria organizada, mejor para todos. 

Sin embargo, frente a esa reacción profundamente humana, han emergido otras muy distintas en forma de bulos y cadenas de mensajes que llaman a rechazar el barco, e incluso interceptarlo e impedir cualquier acercamiento, es decir, a levantar una especie de frontera de rechazo social contra quienes están dentro. Como si esa manera de actuar fuera una respuesta más razonable que la del operativo en el que participan el Ministerio de Sanidad, Defensa, Interior y Política Territorial junto a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Pero este nuevo miedo colectivo nace de la fabricación de un estado emocional basado en la sospecha, la alarma permanente y la percepción constante de amenaza que tiene, desgraciadamente, en nuestro país, responsables políticos bastante reconocibles. Fernando Clavijo expresó públicamente su rechazo a que el crucero atracara en Canarias. Santiago Abascal ha llegado a acusar al Gobierno de permitir la llegada de “un barco con un virus mortífero” para “ocultar las actividades de su mafia”. Y Alberto Núñez Feijóo habla de “confusión”, exige “todos los documentos que avalen las decisiones sanitarias” o se publiquen el nombre de los expertos y cuestiona la gestión de la crisis solo por atacar al Gobierno de Pedro Sánchez incluso después de que se sepa que esta está coordinada por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales de varios países. 

El problema es que ese miedo colectivo, que la derecha y la extrema derecha llevan meses alimentando en España (siempre hay una nueva amenaza apocalíptica a la que señalar), está deteriorando no solo la convivencia y la calidad democrática de nuestro país, sino también la salud mental de nuestra sociedad. Porque activa en parte de la ciudadanía respuestas primitivas asociadas al miedo y la hostilidad, debilitando su capacidad de pensar con lucidez ante situaciones complejas como la que ahora plantea la crisis del hantavirus. Lo inquietante es que la neurociencia lleva décadas explicando justo lo contrario de lo que estos discursos políticos promueven. La empatía no es una debilidad moral ni una ingenuidad sentimental, sino que es una capacidad cognitiva sofisticada, vinculada al desarrollo de las funciones ejecutivas, a la cooperación social y a la propia supervivencia colectiva. Los seres humanos prosperamos precisamente porque aprendimos a colaborar, a cuidarnos y a interpretar el sufrimiento propio y ajeno como algo relevante no solo para nuestra vida individual, sino también para la vida en comunidad.

Mientras la ciencia, la psicología, el derecho y el conocimiento avanzan hacia formas más humanas de convivencia, determinados liderazgos políticos siguen apelando deliberadamente al miedo, la hostilidad y los impulsos más primarios, disfrazándolos de libertad. Como si quienes no son como nosotros, o no forman parte de los nuestros, solo pudieran entenderse como una amenaza. Como si aún viviéramos atrapados en una lógica gobernada únicamente por el instinto que nos impide reaccionar desde lo que nos hace crecer como personas y avanzar como humanidad: reaccionar con lucidez y humanidad incluso cuando tenemos miedo, ayudarnos.

Sangre y aplausos es lo que, en esencia, se presencia en una plaza de toros. El espectáculo de cómo se tortura a un animal hasta darle muerte. Son las personas expertas en desarrollo infantil, y no el activismo animalista, quienes sostiene que las niñas, niños y adolescentes que acuden a las corridas de toros no tienen las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para comprender la violencia que representan cada una de las escenas de ese ritual de sufrimiento y muerte infligida a un animal indefenso.

 No es una simple cuestión de edad legal, es mucho más, es una cuestión directamente vinculada al desarrollo de las personas menores de edad, a su salud emocional, física y mental. Por eso, desde la perspectiva de los derechos de las infancias y las adolescencias, el ordenamiento jurídico debe trazar con precisión los límites de lo que la infancia puede presenciar, consumir o experimentar cuando esos contenidos entrañan una exposición a la violencia explícita con efectos perjudiciales y perturbadores sobre quienes aún están formándose neurológicamente. 

Ese argumento, el de la protección de la infancia frente a contenidos perturbadores o potencialmente perjudiciales, es paradójicamente el mismo que invoca el sector ideológico que impulsa los toros y las escuelas de tauromaquia dirigidas a personas menores de edad cuando exige retirar de las bibliotecas públicas libros relacionados con la diversidad sexual, defiende el pin parental para blindar a sus hijas e hijos de la educación afectivo-sexual o reacciona tapándoles los ojos ante una mujer desnuda o el beso de dos personas del mismo sexo. 

Resulta difícil comprender cuál es la lógica de esa supuesta protección y qué valores quieren transmitir a niñas, niños y adolescentes cuando cuestionan o restringen herramientas educativas y culturales orientadas a prevenir la violencia entre las personas, sean estas adultas o menores de edad, mientras normalizan -e incluso subvencionan- la exposición y enseñanza de una cultura centrada en torturar y matar animales reales con las propias manos cuando en una clara posición de subordinación.

La tauromaquia es un rito de iniciación en una forma muy concreta de hombría. En un modelo de masculinidad que se construye en torno a la dominación, al control del miedo y a la capacidad de imponerse sobre otro ser vivo cuya vida se considera prescindible. Las personas menores de edad que se forman en ese entorno interiorizan jerarquías, roles y formas de relación con la violencia que, al presentarse como legítimas y merecedoras de aplauso, se instalan como referencia de lo que significa ser valiente, ser hombre. Lo que transmite la tauromaquia no es únicamente un arte o una tradición, es una manera de entender la dominación del hombre sobre el resto de las vidas como parte de un orden natural. 

Lo que ven las niñas, niños y adolescentes que acuden a un espectáculo taurino es la muerte cruel, violenta y sangrienta de un toro encerrado en un espacio del que no va a salir con vida. Se ven involucrados como parte de una expresión colectiva que celebra una violencia de la que no solo son testigos, porque la experiencia también les atraviesa emocional y cognitivamente. Esto -dicen personas expertas en psicología infantil- es lo que provoca que dicha experiencia tenga altas probabilidades de impactar en su forma de comprender el daño y la empatía, al no poder entender por qué se celebra un sufrimiento que en cualquier otro contexto se les enseñaría a rechazar.

Lo que reciben las personas menores de edad no es solo el mensaje de que hay violencia que se permite, sino que esa violencia puede ser admirada, recompensada y convertida en motivo de orgullo, es parte de la fiesta nacional, es una identidad y una tradición. Es decir, incuestionable. Por eso el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lleva desde 2018 señalando a España que prohíba la participación y la asistencia de personas menores de edad a los espectáculos taurinos, y por eso en enero de 2025 ha vuelto a insistir en la urgencia de tomar medidas concretas. Una advertencia basada en estándares internacionales de protección de las infancias frente a la exposición a la violencia y sus consecuencias en el desarrollo. 

Los mismos estándares que, no por casualidad, también promueven la educación en diversidad, en igualdad y en derechos humanos como herramientas fundamentales para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer el daño, a desarrollar empatía, a identificar las violencias que les amenazan y a construir relaciones basadas en el respeto a todas las vidas humanas y no humanas.

“Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa.” (CEDAW, Recomendación General nº 33, CEDAW/C/GC/33, 23 de julio de 2015)

Cuando la credibilidad de las mujeres y las infancias que denuncian violencia machista se pone en duda de forma sistemática por quien tiene que interpretar la ley e impartir justicia, la violencia desaparece del análisis jurídico y el juzgado especializado deja de cumplir con su función, deja de proteger, prevenir el riesgo y de aplicar el derecho con perspectiva de género. Cuando esto sucede, lo que queda es una decisión que, bajo la apariencia de imparcialidad que se le otorga a un juez, vacía de contenido todas las garantías legalmente previstas precisamente para estos casos, y deja a la víctima expuesta a la violencia machista y a otra violencia más, la institucional.

Ante este tipo de creencias por parte de algunos titulares de juzgados, como el juez Maman Benchimol, la pregunta es ¿qué hace un juez así en un juzgado de violencia de género? Porque si no creen a las mujeres y las reducen prejuiciosamente a estereotipos (aprovechadas que manipulan a sus hijas e hijos para quedarse con la casa, apartar al padre y disfrutar de todas “las ventajas que tienen” las víctimas“), su papel pierde todo el sentido; a no ser que estén en esas plazas judiciales no para proteger a las mujeres sino a los hombres, para hacer justicia patriarcal.

Lamentablemente, la misoginia de la que hemos tenido noticia por las palabras del titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid no es un caso aislado. Responde a una lógica jurídica conocida y reiteradamente denunciada por diferentes organismos nacionales e internacionales. Una lógica en la que el sistema judicial incurre en estereotipos de género para cuestionar a las madres y priorizar el contacto paterno con las y los hijos comunes en contextos donde existen hechos verosímiles y compatibles con la violencia de género. En esta línea, el GREVIO viene advirtiendo con claridad que ordenar la custodia o las visitas sin tener suficientemente en cuenta los antecedentes de violencia y sin una evaluación adecuada del riesgo para los menores y sus madres no cumple con las obligaciones del artículo 31 del Convenio de Estambul. 

Pero el juez Maman no debe dar credibilidad tampoco a estos informes sobre lo que pasa en España, porque parece que se dejará llevar por la inercia de un sistema judicial que todavía no se ha desempolvado algunas creencias del derecho de familia franquista. Ese en el que no se prohibía la custodia materna porque ya el padre era el titular principal de la patria potestad, y la madre estaba relegada por ley a una posición subsidiaria. Ese que, cuando una mujer se separaba era castigada sin patria potestad a porque ya no encajaba en el ideal de “buena madre”. Ese, donde, obviamente, no existía el interés superior del menor, sino un orden familiar atravesado por la moral católica y los roles de género. 

El Código Civil actual, en cambio, es claro, y se aleja mucho de aquella mentalidad que todavía tienen tantos jueces y juezas, también abogadas y abogados. El artículo 92.7 excluye la guarda conjunta cuando existen indicios de violencia de género. El artículo 94 establece límites igualmente claros al régimen de visitas. No son orientaciones abiertas a interpretación, son límites legales diseñados para evitar el riesgo. A ello se suma que la LO 1/2004, reformada en 2015 para reconocer expresamente a las niñas y niños como víctimas de violencia de género, y la LOPIVI de 2021, que parte del derecho de las infancias a vivir libres de violencia y refuerza su protección cuando están expuestos a violencia contra las mujeres, conforman un marco normativo que no deja margen de duda.

Si la custodia compartida no es compatible con la violencia de género, no es porque sea enemiga de las mujeres, ni porque respondan a supuestos intereses económicos, como afirma el juez Maman. Es porque la custodia compartida presupone cooperación, confianza mínima, comunicación funcional y reconocimiento recíproco de la autoridad parental, condiciones que la violencia de género destruye al convertir la relación parental en un espacio de riesgo, control y revictimización. Bien debería saberlo quien es titular de un juzgado especializado: aplicar la custodia compartida en estos contextos, ignorando las asimetrías de poder y los antecedentes de violencia, no es neutral, sino que produce un efecto discriminatorio y contrario al interés superior del menor.

No explicar esto y desplazar el foco hacia una supuesta mala fe de las mujeres que denuncia violencia de género no es solo jurídicamente impreciso, sino que supone legitimar, desde espacios institucionales como el ICAM, una aplicación defectuosa del derecho que, en la práctica, puede traducirse en exposición continuada al daño para mujeres, niñas y niños. Justo lo contrario de lo que un juzgado especializado debería garantizar. A no ser que el juez esté ahí no para proteger a las mujeres y sus hijos sino al pater familias de la sagrada institución familiar.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en coalición la Junta de Extremadura no es una deriva ideológica más, es una quiebra de nuestro modelo constitucional. No estamos ante un programa político con el que disentir, estamos ante una arquitectura de exclusión y violencia institucional que reproduce, con perversión inquietante, las políticas que Donald Trump ha instalado en Estados Unidos. Un sistema que legisla para discriminar, que decide quién merece la protección del Estado y quién no. Ahora son las personas migrantes, mañana, las racializadas. Después, las personas con discapacidad, las comunidades gitanas, las disidencias sexuales... La exclusión es solo un primer paso de la dominación, la opresión… de la violencia. 

Los líderes de Vox celebran públicamente el acuerdo como “un hito histórico” y alardean de que esta es la primera vez en la historia política española en que la que se institucionaliza la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. El eje del acuerdo es la llamada “prioridad nacional”. No es un simple criterio de gestión administrativa, es la institucionalización de una jerarquía de derechos, de vidas. Es la legalización de la violencia institucional. El acuerdo plantea un sistema en el que el acceso a derechos sociales, económico y culturales como las prestaciones, la vivienda o los servicios públicos quede condicionado en función del origen, del arraigo o de la “vinculación con el territorio”. Distinguir entre quién merece derechos y quién no tiene un nombre preciso en nuestro ordenamiento: discriminación.

El artículo 14 de la Constitución no deja margen a la ambigüedad. La igualdad ante la ley no admite ciudadanías de primera y de segunda. Para hacer lo que propone Vox no basta reformar la Ley de Extranjería, como se compromete el PP; habría que cambiar la Constitución. Es más, con este acuerdo, ambos partidos tensan también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 9 establece que los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades, debiendo respetar la Constitución y la ley, al tiempo que su actividad deberá ajustarse a los principios democráticos. Este acuerdo ni los representantes políticos que lo promueven, no respetan la Constitución, y este acuerdo representa una actividad que no se ajusta a los principios democráticos.

Las medidas concretas revelan la magnitud del problema. Vox sabe (como lo sabe el PP) que hay conflictos de competencias insalvables y claros vicios de inconstitucionalidad en lo que dicen que harán. Pero su intención va más allá de ocupar gobiernos. Quieren ocupar las mentes, corromper la convivencia, lograr que lo que hoy resulta inadmisible empiece a parecer razonable. Porque una vez introducido el principio de “prioridad nacional”, lo que se erosiona no es solo el acceso a determinados derechos, sino el fundamento mismo de la igualdad. Se instala la idea de que hay personas más legítimas que otras para ser protegidas por lo público. Y cuando eso ocurre, la exclusión (la limpieza) deja de percibirse como una vulneración de derechos y empieza a justificarse como una opción política más.

El veto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular es directamente ilegal. El Tribunal Constitucional ya lo resolvió. La atención sanitaria, incluida la de urgencia, es un derecho subjetivo que ninguna norma autonómica puede retirar y el TC ya lo ha blindado. Vincular el acceso a vivienda y ayudas públicas al arraigo o al empadronamiento prolongado contradice frontalmente los artículos 13 y 14 de la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente la discriminación por origen nacional o étnico. El requisito de cinco a diez años de empadronamiento continuado para acceder a vivienda protegida es lo que la Directiva 2000/43/CE define como discriminación indirecta, es decir, una medida aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre personas de origen extranjero, sin justificación objetiva ni proporcionada. La prohibición del burka y el niqab en espacios de prestación de servicios públicos vulnera el artículo 16 de la Constitución y discrimina a un colectivo singularizado por religión, etnia y origen. La supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí choca con el artículo 27 de la Constitución y con compromisos bilaterales con Marruecos.

Pero es en el tratamiento de la infancia migrante donde el acuerdo muestra con mayor claridad su ruptura con el Estado de Derecho. Plantear la devolución de personas menores de edad no acompañadas excede las competencias autonómicas y vulnera principios básicos del ordenamiento español e internacional. El interés superior del menor, la prohibición de devoluciones automáticas y el deber de protección de la infancia en situación de desamparo son obligaciones jurídicas vinculantes, recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente toda la comunidad internacional (con la excepción de Estados Unidos y Yemen) y plenamente integrada en nuestro sistema jurídico. La infancia no puede ser tratada como un instrumento de control migratorio. La experiencia reciente lo confirma. En julio de 2021, los intentos de devolución de menores desde Ceuta fueron paralizados por los tribunales precisamente por incumplir estas garantías básicas.

Hay además una dimensión que va más allá de la inconstitucionalidad de cada medida, y es valorar el potencial de este acuerdo como discurso de odio institucional. El artículo 510.1a del Código Penal protege frente a quien fomente o incite la discriminación por origen nacional. El TEDH tiene establecido que para que exista discurso de odio no hace falta incitar explícitamente a la violencia, basta con incitar a la discriminación o ridiculizar a partes de la población. Es exactamente lo que el Tribunal aplicó en el caso Féret contra Bélgica, donde condenó a un político de extrema derecha por un discurso xenófobo dirigido a restringir derechos de personas migrantes. Cuando desde Vox se califica la discriminación entre españoles e inmigrantes de “hito histórico” y “eje estratégico” se producen declaraciones que, bajo ese estándar y el del artículo 510.1a del Código Penal, podrían sustentar una denuncia ante la Fiscalía Delegada en Delitos de Odio. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron, para eso ya hubieran votado a Vox. El PP es el que está desplazando el umbral de lo aceptable, el que está tensionando la Constitución y el propio sistema con tal de permanecer en el poder. Porque el daño más profundo de este acuerdo no es solo lo que pretende prohibir, recortar o expulsar, es el marco narrativo, de creencias y no-convivencia que instala. Es la idea de que se puede discriminar, excluir, prescindir de vidas. Ese es el verdadero peligro, sustituir el interés general que define a un Estado social y democrático de Derecho por una lógica de “prioridad nacional” que convierte los derechos en privilegios. Es renuncia al artículo 10 de la Constitución que dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

Su madre fue la víctima número 49 de aquel 2023. Tenía 36 años. Ellas, sus hijas, tienen ahora 5 y 10. Son también las nietas de una mujer que a sus 65 años fue desahuciada el pasado mes de enero de lo que había sido el hogar familiar en Villaverde. A estas dos niñas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les ha denegado, por segunda vez, la beca de comedor. Lo ha hecho cuando apenas quedan tres meses de curso. Lo ha hecho a pesar de que esa unidad familiar, ellas y su abuela, cumple sobradamente los requisitos.

Estas niñas son víctimas de violencia de género. Han intentado acceder a esas becas por esa vía, pero también cumplirían el criterio económico. Ellas y su abuela sobreviven con unos 600 euros mensuales procedentes de los trabajos esporádicos de limpieza y cuidados que hace la mujer de 65 años. Si no reciben ninguna ayuda, ni siquiera el ingreso mínimo vital, no es por un problema de falta de requisitos. Es otra cosa, se llama violencia institucional. Una violencia que no siempre se presenta como un acto visible, sino como una cadena de omisiones, retrasos y decisiones que, acumuladas, producen daño. Una violencia que aparece cuando las instituciones no actúan, o actúan tarde, o actúan mal, incumpliendo su obligación de proteger.

Las administraciones públicas deberían haber protegido a estas dos niñas, deberían protegerlas todavía. No solo por ser víctimas directas de la violencia machista, o por ser huérfanas, o por encontrarse su familia en una situación de claro empobrecimiento. Sino también y, ante todo, porque son niñas. Niñas. Da miedo que ante tanta negligencia acumulada la respuesta institucional acabe siendo la institucionalización, separarlas de su abuela e internarlas en un centro de protección. No sería la primera vez que el sistema, incapaz de ofrecer recursos a una familia, elige romperla, destrozarla. Pero eso es para otra conversación.

Cuando su madre fue asesinada existía una deuda hipotecaria sobre la vivienda familiar y ninguna administración se sintió interpelada a actuar. Tampoco la entidad financiera, Caixabank, ofreció moratoria alguna tras el crimen machista. El sistema siguió su curso. Quien sí reaccionó fue una sociedad inmobiliaria, Ciclevile SL. Compró la deuda. Después reclamó la propiedad. Ante el impago, desahucio. El juzgado no consideró los informes de vulnerabilidad aportados y la abogada de oficio ni se presentó el día del lanzamiento. La abuela y sus nietas se enteraron de lo que iba a ocurrirles sin que nadie con obligación de informarlas lo hubiera hecho. También eso es violencia institucional, también eso es para otra conversación que queda pendiente.

Nada de esto es excepcional. El caso de estas niñas, de su madre y de su abuela (todo mujeres) no es una anomalía, es una imagen precisa de cómo funciona la jerarquía institucional de las vidas de las familias pobres, especialmente formadas y encabezadas por mujeres. En un estudio de FAMS publicado en 2025 sobre cómo la violencia machista a traviesa a las familias en situación de monomarentalidad, exploramos cómo la burocracia, la duda sistemática, el retraso en los procedimientos y el acceso desigual a derechos no son deficiencias técnicas subsanables, sino formas de violencia institucional. La fragmentación administrativa (certificados que caducan, plazos que no se adaptan, ventanillas que no se comunican entre sí) no produce solo ineficiencia, produce un daño deliberado sobre quienes más fragilidad presentan.

No es que el sistema falle, sino que el sistema funciona así, externalizando sobre quienes más lo necesitan la carga de demostrar lo que el propio sistema ya sabe. ¿O acaso no sabe la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que estas niñas son víctimas de violencia de género? Porque en este caso lo sabe. Sabe que estas niñas son víctimas de violencia de género. Sabe cuál es su situación. La pregunta no es qué tienen que acreditar, la pregunta es por qué tienen que seguir haciéndolo. Por qué.

La violencia machista deja de ser un privilegio en el momento en que es nombrada como tal. La impunidad en las violencias machistas es una construcción social que se sostiene sobre el anonimato, sobre la normalización, sobre el silencio de quienes saben y miran hacia otro lado, de quienes relativizan, de quienes ríen la gracia, de quienes piensan en sus propios intereses y alianzas antes que en la integridad y el dolor de las mujeres que son víctimas de esas violencias. La impunidad también se sostiene sobre la negación del daño, sobre la idea de que no pasa nada, por eso empieza a resquebrajarse cuando los nombres dejan de protegerse y se dicen en voz alta rompiendo la certeza de intocable. Que un agresor sepa que su nombre puede acabar en una denuncia, en un expediente, en una investigación interna, rompe la certeza de intocable.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a un sargento del Ejército de Tierra que llevaba años humillando a una soldado con comentarios de contenido sexual delante de sus compañeros. El sargento gozaba, según recoge la sentencia, de cierta simpatía entre la tropa. Era de los que se dejaban llamar “calvo” o “gordo” y a cambio repartía motes al resto, un compañero era el “hobbit” por su baja estatura y otro el “capataz” por su parecido con un personaje de Toy Story. Para el sargento condenado, todo formaba parte de un ambiente distendido, de camaradería, de familiaridad… A ese supuesto ambiente de camaradería masculina llega una mujer, y lo que para el grupo es rutina, para ella se convierte en exposición, en señalamiento, en degradación. 

Nada más llegar descubre que entre sus compañeros circula un sticker hecho a partir de una foto suya comiendo. Ella se queja, el capitán tiene noticia de lo sucedido, interviene y ordena borrar la imagen. Meses después, al finalizar un ejercicio de tiro, cuando solo faltaba ella por subir al camión, el sargento le grita delante de todos sus compañeros: “Sube al camión, que tus compañeros te van a hacer un bukake”. Más tarde, después de que ella se cortara el pelo, el sargento le preguntó públicamente si se había vuelto lesbiana y si ahora utilizaba penes de goma. La soldado acabó de baja por ansiedad; “cada vez estaba más deprimida y muy quemada”, recoge la sentencia. El sargento recurrió la primera condena alegando su carácter bromista, el ambiente de familiaridad, que aquello no era un delito sino, a lo sumo, una falta disciplinaria. El alto tribunal le responde que el que los demás le rían “la gracia” no convierte la humillación en broma, que el grupo tolere no convierte lo intolerable en aceptable y que la dignidad de la soldado quedó irremediablemente dañada, no temporalmente ni levemente, sino irremediablemente. 

Pero hay una pregunta que la sentencia no responde del todo: qué responsabilidad tienen quienes ríen, quienes consienten con su silencio. Es esa complicidad del entorno la que realmente sostiene a los agresores, no solo la ausencia de condena judicial sino la ausencia de reproche, de límite, de incomodidad. En otro caso que llegó también al Supremo, un comandante del Ejército del Aire fue sancionado con pérdida de destino no por agredir directamente sino por tolerar y reír los comentarios de un subordinado que humillaba a una teniente. 

Quienes niegan la violencia machista no discuten solo un concepto, necesitan que esa violencia parezca lo normal, lo tolerable, lo que siempre ha existido y por tanto no merece nombre propio ni respuesta penal. La estrategia tiene dos movimientos complementarios, negar el daño y construir la sospecha sobre quien denuncia. El objetivo no es la justicia sino el silencio; y el objetivo de quienes ríen la gracia, de quienes miran hacia otro lado, de quienes anteponen la lealtad al grupo o a la institución a la integridad de la víctima, es la propia supervivencia en el orden patriarcal, machista, misógino, racista y capacitista que les beneficia y que también temen.

Las mujeres iraníes no pidieron esto. Pedían el fin de la policía moral, el derecho a elegir su vestimenta, igualdad ante la ley y el fin de la impunidad estatal. Lo venían diciendo desde las calles, desde las cárceles, desde la rebelión de los velos que dio origen al lema “Mujer, Vida, Libertad” como grito por la libertad política y los derechos fundamentales frente al autoritarismo. Un movimiento de mujeres que surgió en 2022 como una respuesta directa a décadas de opresión contra ellas y la imposición obligatoria del hiyab. Cuando los ataques aéreos de las fuerzas israelíes y estadounidenses comenzaron en todo Irán el pasado 28 de febrero a las 9:45 (hora local) nadie les había preguntado si querían esas las bombas que están cayendo sobre las escuelas de sus hijas e hijos, sobre sus familias, sobre sus vidas. Las que reducen a escombros sus hogares. Las que están asesinando a su gente y a ellas mismas. 

Ellas son el pretexto. Las bombas de Israel y de Estados Unidos no caen en su nombre. Porque la violencia no se detiene con más violencia. Netanyahu invocó precisamente el lema “Mujer, Vida, Libertad” para justificar esos bombardeos y Trump habló de rescatar al pueblo iraní de la opresión. Lo que esta guerra produce no es la liberación de las mujeres iraníes, sino más precariedad, más destrucción y más violencia sobre ellas y sobre el conjunto de la población civil. El lema que nació del asesinato de Jina Mahsa Amini está siendo mancillado por los soldados israelíes que lo escriben en sus armas, no lo están honrando: lo están profanando. Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, lo ha dicho sin ambigüedad, los derechos de las mujeres iraníes no se conquistan con bombas. Se conquistan desde dentro, con las mujeres iraníes como sujeto, no como símbolo. Esa es la diferencia entre el feminismo como práctica política y el feminismo como coartada geopolítica.

La propaganda de Israel habla de ataques selectivos y eliminación de líderes. Pero calla sobre las miles de personas civiles asesinadas, las ciudades arrasadas, las vidas atravesadas por el terror y la pérdida. Mientras construyen un relato errático de victoria, la realidad es otra más de un millón de personas han sido desplazadas, se ha documentado el uso de fósforo blanco en zonas residenciales, sanitarios asesinados en el sur del Libano… e imposible borrar de la memoria el bombardeo sobre la escuela primaria Shajare Tayyebeh (Minab) mientras estaba llena de alumnas y donde al menos 180 personas murieron, en su mayoría niñas de entre siete y doce años. Nadie está pensando en las mujeres ni en términos de vida ni de derechos. Esta lógica es la de la muerte, la de la destrucción, la del genocida, la de colonialismo devorando todo deshumanizadamente.

Nadje Al-Ali, que ha investigado durante décadas los efectos de los conflictos armados sobre las mujeres en Irak y en toda la región, señala que las intervenciones militares empeoran sistemáticamente la vida de las mujeres, aunque se justifiquen en su nombre. Porque la violencia en una guerra, en un conflicto armado, en la invasión de otro país, nunca es neutra. Como dice Judith Butler en Marcos de Guerra no todas las vidas son consideradas llorables, hay vidas que cuentan y vidas que no, hay muertes que se narran y otras que se diluyen en cifras. Esa jerarquía del duelo es también una forma de violencia. Las niñas de Minab no merecieron un minuto de silencio en ningún parlamento occidental. 

Lo que está en juego no es solo este conflicto concreto, sino los valores que queremos que ordenen el mundo. Las mujeres iraníes no necesitan salvadores, les basta con que se reconozca su agencia política, su capacidad de lucha y su derecho a decidir sobre sus propias vidas sin injerencias que las utilicen como coartada. Si algo necesitan de quienes dicen defenderlas es que dejen de bombardearlas y dejen de instrumentalizarlas. Porque el feminismo no va a ser nunca un lenguaje al servicio de la guerra. Por cierto, defender el derecho internacional no es ingenuidad, es memoria política. Es el aprendizaje acumulado de otras guerras, de otros genocidios, de otros crímenes horribles donde ya vimos lo que ocurre cuando la fuerza sustituye al Derecho. Es, precisamente, el límite que las sociedades se han dado para que el poder no arrase sin freno, para que la violencia no se convierta en norma. Defenderlo es defendernos sin excepciones, sin jerarquías, sin bombas. Es defender la Vida.

Mientras hay quienes discuten si la violencia de género existe o no, la policía tiene que proteger a decenas de miles de mujeres que son víctimas de las violencias machistas. Mientras algunos cuestionan su existencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad movilizan cada vez más agentes para proteger a a las mujeres, y también a sus hijas e hijos. Solo si miramos el sistema de seguimiento policial VioGén, a 31 de diciembre de 2025 sabremos que 103.942 mujeres tienen protección policial en España en el contexto de la violencia de género por parte de su pareja o ex pareja. Pero, además, en más de la mitad de esos casos, esas mujeres tienen hijos e hijas menores de edad a su cargo que de manera indirecta también están viviendo bajo esa protección. En ambos casos, el crecimiento de la protección policial ante el peligro que representa la violencia machista a las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, se ha incrementado un 2% respecto al año anterior.

El incremento que refleja ese dato, como todo dato que se analiza de manera monofocal, puede significar varias cosas: que hay más violencia, que hay más denuncias, que la detección ha mejorado o que más mujeres acceden a los mecanismos de protección. Probablemente hay algo de todo ello, pero el significado más evidente es el de que la violencia machista sigue produciéndose a un ritmo que el sistema no logra detener, que las violencias avanzan igual o más rápido que las políticas destinadas a frenarlas. Está fallando la sensibilización, prevención y la educación, las políticas en las que se debe invertir cuando el riesgo y el peligro todavía no existe. Invertir en el antes y no en el después porque lo que reflejan las estadísticas no son solo un problema sociológico, policial o judicial sino el síntoma de un conflicto profundo sobre el poder, el género y la autonomía de las mujeres. Un conflicto que además no afecta a todas por igual, las mujeres migrantes, racializadas o en situación administrativa irregular enfrentan mayores barreras para denunciar, acceder a protección y ser creídas por las instituciones.

La cuestión central no es únicamente cómo proteger mejor a las mujeres que sufren las violencias machistas (algo imprescindible) sino que esa violencia deje dereproducirse entre los hombres. Todo este contexto no puede separarse del clima político en el que el feminismo es presentado, cada vez con mayor frecuencia, como un adversario. La actual de normalización del antifeminismo,el auge de masculinidades reaccionarias, el cuestionamiento de las políticas de igualdad, los discursos que minimizan la violencia machista… La violencia machista no aparece en el vacío, se alimenta de imaginarios culturales que siguen otorgando legitimidad al control, al castigo o a la dominación del hombre sobre las mujeres (y sus hijas e hijos en el caso de la violencia de pareja o ex pareja) dentro de las relaciones.

Además, las violencias machistas tampoco se limitan al ámbito de la pareja. Las mujeres que participan en la vida pública y política vienen enfrentando formas concretas de agresión, de tratos vejatorias: violencia psicológica, digital y, cada vez con mayor frecuencia, amenazas físicas. Cuando esas mujeres son además racializadas, migrantes o pertenecen a minorías religiosas, la violencia se intensifica y adopta también formas racistas, islamófobas o xenófobas. Una violencia política de género que tiene un doble objetivo que estas mujeres abandonen el espacio público y disciplinar al resto de mujeres en las jerarquías del silencio y dejar claro quienes son los únicos legitimados para tener voz y poder en esa esfera. 

La violencia de género es una cuestión democrática. Si en un país como el nuestro, en solo dos meses y medio de 2026, ya son trece las víctimas de violencia de género asesinadas (once mujeres, una niña y un niño), más de 100.000 mujeres necesitan protección policial frente a sus parejas o exparejas, y mujeres como Sarah Santolalla o Irene Montero -que participan en la vida política y pública- reciben amenazas de grupos extremistas, debemos empezar a plantear el problema en términos de seguridad pública porque estamos ante una exhibición de poder, ante crímenes de poder que amenazan la democracia. O como dice Rita Segato, “el crimen contra las mujeres no es moral: es político”. Nos afectan a todas y todos. 

La imagen de Trump rodeado de líderes religiosos, hombres y mujeres que rezan mientras le imponen las manos, no es una escena espiritual. Es una imagen de poder. Representa la alianza entre la extrema derecha política y la extrema derecha religiosa, una alianza que no busca solo ganar elecciones, sino ante todo gobernar las conciencias. Su agenda es global y coordinada, profundamente contraria a los derechos humanos.

El dios que bendice esta alianza es un dios militarista, negacionista del cambio climático, cómplice de la violencia de género, que persigue según el origen y el color de la piel, legitimador de guerras y genocidios… Es un dios vengativo y cruel. Es el dios que usa la religión como dispositivo de odio.

La imagen que hemos visto en el Despacho Oval de la Casablanca no es un gesto estrambótico de un presidente impredecible, sino que es parte de una transformación institucional deliberada. En este segundo mandato de Trump, las reuniones gubernamentales se abren con oraciones cristianas y versículos bíblicos y una recién creada Comisión de Libertad Religiosa trabaja para redefinir los (no) límites entre el Gobierno y la religión con propuestas que incluyen retirar financiación a escuelas consideradas “hostiles a la fe” o perseguir a quienes vayan contra la fe cristiana. El propio Trump dejó claras sus intenciones cuando la presentó el febrero pasado: “las personas no pueden ser felices sin religión, sin esa creencia. Traigamos de vuelta a la religión. Traigamos de vuelta a Dios a nuestras vidas (..) Tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos, más fuerte que nunca.” Si bien fue uno de sus comisionados quien dejó claro de cuál es la motivación: “Estamos en una guerra religiosa y cultural, y cada uno de nosotros es un combatiente.”

Pero esta alianza no es nueva. Dorothee Sölle acuñó en los años setenta el término cristofascismo para describir el apoyo de sectores cristianos al nazismo. En España, esa alianza entre poder político autoritario y religión adoptó otra forma, la del nacionalcatolicismo franquista. Hoy, teólogos como Juan José Tamayo hablan de cristoneofascismo para describir la alianza actual entre extrema derecha política, ultraliberalismo económico y movimientos cristianos integristas. En este contexto es imprescindible la lectura de su libro La internacional del Odio. 

La actual alianza entre la extrema derecha y el fundamentalismo religioso es profundamente reaccionaria en términos de género, y sigue siendo profundamente colonial. Durante siglos, el discurso de la “civilización cristiana” ha servido para justificar conquistas, dominación y extracción de recursos en distintos lugares del mundo. Hoy reaparece con nuevos lenguajes que hablan de defensa de Occidente, lucha contra la decadencia moral, de ideología de género, de reemplazo e invasión… En el fondo, se trata del mismo relato en el que una civilización se presenta como superior y que necesita enemigos para reafirmarse. Una civilización que lleva siglos explotando y expoliando los cuerpos y los territorios de esos otros pueblos a los que ni miramos ni nos conmueven porque están en esos márgenes a los que no llega nuestra “empática blanquitud”.

Trump está haciendo del nacionalismo cristiano uno de los pilares de su liderazgo político. Se presenta como un defensor de la fe, como el líder elegido por Dios para restaurar y proteger los valores tradicionales de Occidente. Ese nacionalismo cristiano necesita un enemigo interior (la inmigración, el progresismo, el feminismo, la diversidad...) y un enemigo exterior (la inmigración, el comunismo, el islam...) para cohesionar a sus electores y legitimar su poder. En ese marco, la religión no es espiritualidad sino violencia, un relato que sacraliza al líder de la nación y convierte la violencia en una guerra santa. Convierte la política exterior es una misión mesiánica que defiende la superioridad moral de Occidente para justificar intervenciones, expansión de intereses estratégicos y las violaciones del derecho internacional. 

Religión, nación y supremacía civilizatoria se entrelazan para sostener estructuras de dominación que no son nuevas, porque son el mismo proyecto colonial de siempre, ahora relanzado desde la Casa Blanca con una Biblia en la mano. Frente a ello, necesitamos un feminismo que no puede ser liberal ni solo occidental. El feminismo que necesitamos hoy tiene que ser capaz de ver la imagen completa del patriarcado y del colonialismo, de la violencia de género y de la violencia imperialista, sobre los cuerpos de las mujeres, pero también de los hombres y de las niñas y niños que habitan los territorios saqueados y bombardeados. Porque todas estas violencias tienen el mismo origen y se sostienen mutuamente. Un feminismo antirracista y decolonial no es una opción más dentro del movimiento, ahora más que nunca es la condición para que el movimiento sea verdaderamente emancipador. 

Vivimos en una época en la que ser grosero, maleducado, mentiroso, machista, racista y homófobo otorga un tipo de protagonismo inesperado, y no necesariamente negativo. Hay quienes encuentran en la agresividad, la burla, la insensibilidad e incluso la humillación, ese frenesí que les hace sentirse alguien, sentirse algo. Hay que reconocer que no son tantos como parecen, pero sí los suficientes como para hacerse notar. Se instalan en esta nueva impostura social por placer, por aburrimiento, por no ser menos y, también, por tratar de encajar. Pertenencia e identidad desde el lugar incorrecto de la Historia. Desinhibición y frenesí. Agresividad, burla, insensibilidad e incluso humillación. Todo ello cuenta, además, con las bendiciones de la extrema derecha, el matonismo liberador de las ataduras de lo woke. Todo vale.

Hace unas semanas, la actriz Jane Fonda, en The Late Show with Stephen Colbert, hizo una reflexión que me resultó especialmente sugerente en este tiempo de búsqueda. Decía: “Estamos viendo cosas que nunca antes habían sucedido. El autoritarismo se ha infiltrado en cada rincón de nuestro gobierno. (…) Están sucediendo cosas realmente malas. Y no es cuestión de derecha o izquierda. No me importa a qué partido pertenezcas. Es cuestión de lo correcto o lo incorrecto. ¿Verdad?”. No hablaba Jane Fonda desde la superioridad moral, hablaba desde el lugar donde se construye o destruye humanidad. Hablaba desde los derechos humanos, pero también desde los valores que inspiran y sostienen estos derechos. Interpelando a quien la escuchara a preguntarse sobre si está hablando, actuando o dejando de hacer desde lo correcto y lo incorrecto como Humanidad. Volvamos a lo básico: al respeto, la empatía, la solidaridad y el amor.

No es una reflexión que solo afecta a problemas globales como el genocidio de Gaza, la invasión de Ucrania, el extractivismo de las grandes corporaciones tecnológicas, las violaciones de derechos humanos en las fronteras, las redadas racistas en barrios multiculturales como Lavapiés… No, estoy pensando en esa impostura cotidiana de quienes obvian conscientemente el lenguaje inclusivo, niegan la violencia machista, desprecian a las mujeres que denuncian acoso, insultan a una persona por el color de su piel, se sienten superiores que quienes migran a nuestro país, se burlan de niñas y niños que forman parte de los therian acosándoles públicamente, especulan con los precios de sus propiedades por codicia... ¿Acaso no saben estas personas qué es lo correcto o lo incorrecto en conciencia? ¿Lo justo y lo injusto?

Lo correcto y lo incorrecto no son reglas inflexibles. No se trata de moral, ni de religión, tampoco de tradiciones ni prácticas culturales. Ni siquiera se trata de lo legal y lo ilegal. Lo correcto y lo incorrecto son respuestas que damos a las situaciones que nos interpelan en el momento en el que estamos y que ponen al descubierto cuáles son nuestros valores y si estos están alineados con los valores universales, de derechos, de principios y de convivencia que sabemos nos conducen al entendimiento y la paz. Lo correcto y lo incorrecto frente a la élite del odio es decidir qué hacer. Hay una frase de Martin Luther King, Jr. que dice: “Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto”.

Lo correcto en derechos humanos implica respetar la dignidad intrínseca a todo ser humano. Por eso no tiene cabida el desprecio con el que la extrema derecha trata a las vidas migrantes, a las personas diversas, a quienes representan la diferencia. Lo correcto es garantizar igualdad, libertad y no discriminación desde un prisma de bien común y justicia social, contraponiéndose a los postulados neoliberales que defienden el uso de la libertad de manera individualista y egoísta. Lo correcto es defender el valor de los derechos humanos frente a quienes necesitan que estos desaparezcan para gozar de impunidad ante las violaciones de derechos que cometen. Y esto no es una intuición personal, es la herencia de una genealogía feminista y de movimientos sociales que nos precedieron en otras crisis, en otros momentos de avance del fascismo. El feminismo nos enseña que lo personal es político y los movimientos por los derechos civiles, por los derechos LGTBIQ+, por la justicia social, por el cambio climático… nos recuerdan que los avances no son automáticos y que cada retroceso comienza naturalizando las pequeñas humillaciones y no poniendo límites a quienes las protagonizan con antivalores.

De derecha a izquierda no queda nadie en la blanquitud occidental que no afirme contundentemente que el burka es “una salvajada”. Ha tenido que venir Vox a iluminarnos en esta cuestión con una provocadora y racista proposición. Gracias a la extrema derecha, las y los españoles han descubierto, de pronto, que la imposición del burka a una mujer es intolerable. La solución parece de simple sentido común, especialmente si se razona el problema desde la mentalidad colonial habitual. La solución no es otra que otra imposición: prohibir el burka. Y así, bajo una lógica improvisada llena de simplificación, ahora la pugna política puede llegar a ser qué partido, dentro del abanico parlamentario, se marca el tanto de aprobar una norma contra el burka y el niqab. Lo que los partidos, de izquierda y de derecha, nacionalistas o no, viven como batalla política, no es otra cosa que una batalla cultural en la que Vox les ha colado un gol. La única diferencia entre unos y otros es el grado de racismo que sostiene sus propuestas: unos invocan los derechos de las mujeres desde una convicción impostada y otros los usan como coartada para naturalizar su agenda de odio y antiinmigración.

¿Y el feminismo qué dice? Algo tendremos que decir. El feminismo blanco, incómodo ante la pluralidad de mujeres y la diversidad sexual, se arrima a esas respuestas punitivistas. Los otros feminismos, los que habitan los márgenes, hacen reflexiones que van más allá de polarizar el debate entre prohibir o no prohibir. Ponen el foco en lo evidente, en cómo Vox ha logrado imponer un marco racista a su falso feminismo (feminacionalismo) que deja al descubierto el frágil conocimiento en materia de derechos humanos de la clase política y de quienes, desde tribunas, micrófonos, columnas..., se presentan como defensores de la prohibición mientras razonan desde el privilegio, el desconocimiento y un racismo interiorizado que ni siquiera identifican como tal. Como al final, como dicen Afrofemninas, “el cuerpo de la mujer con niqab no molesta por lo que hace; molesta por lo que representa en el imaginario de quienes construyeron Europa como proyecto racial y cristiano”.

Desde luego, ni en este ni en otros debates que pone encima la extrema derecha, la respuesta pasa por aceptar el marco que impone con sus iniciativas racistas, machistas y clasistas, propuestas en las que se acuerdan de la dignidad de la mujer si les vale para asociar inmigración e inseguridad o a una falsa llegada masiva de inmigrantes que amenazan la cultura occidental. Ese es precisamente el principal error de la izquierda y de quienes no se identifican como de derechas, asumir como propios los temas de una agenda que utiliza los derechos humanos, también de las mujeres, de manera selectiva para sus campañas de odio, para su agenda anti-derechos. 

Respecto al uso del burka o el niqab, y a lo que significan en la vida de las mujeres en aquellos Estados cuyas políticas religiosas reprimen con dureza y crueldad a niñas, adolescentes y mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, la posición desde la defensa de los derechos humanos viene siendo clara, se denuncia sin ambigüedades las prácticas sostenidas en tradiciones o interpretaciones religiosas que implican trato cruel, inhumano o degradante. Desde los derechos humanos no hay relativismo posible cuando el Estado y la religión convierten el cuerpo de las mujeres en instrumento de control y castigo, sea la religión islámica, el catolicismo, los evangelistas, los ortodoxos u otras creencias fundamentalistas.

Pero el debate incorpora matices decisivos cuando esas prácticas se sitúan en un contexto social, legal y religioso muy alejado del que viven las mujeres en Afganistán, en Irán o en Arabia Saudí. Un contexto donde la pregunta no es solo qué simboliza una prenda, sino qué efectos tiene prohibirla, no vaya a ser que se esté imponiendo otro dogma moral con la excusa de la libertad, ¿qué libertad? Porque tanto imponer como prohibir puede vulnerar derechos en nuestro contexto y, lejos de proteger a las mujeres, puede agravar su exclusión, reforzar su aislamiento y su discriminación. Vincular del burka o el niqab, de manera generalizada y simplificada, a una supuesta amenaza cultural o disfrazarlo de defensa de los derechos de las mujeres no solo distorsiona el debate, sino que alimenta una narrativa que amplifica el rechazo a las personas de origen musulmán o cuya religión sea el Islam e invisibilizan otras desigualdades y graves violencias que sufren estas mismas personas en nuestra propia sociedad, precisamente como consecuencia de su fe o de su origen.

De repente, ahora urge legislar contra el burka y el niqab. La misma semana en que tres mujeres han sido asesinadas, dos de ellas junto a sus hijos, lo urgente para el PP, para Vox y también para Junts es prohibir el burka. Mientras tanto, en sus gobiernos autonómicos y municipales se cuestionan leyes de igualdad, se vacían políticas públicas, se relativiza la violencia machista y se reducen presupuestos a los centros y servicios donde las mujeres pueden encontrar protección. Esa habilidad de la extrema derecha, conseguir que hablemos del burka mientras niegan que el machismo. Y como dice Miquel Ramos, todos picando y todos hablando del burka y la niqab, como si supiéramos de lo que estamos hablando.