De repente, con la polémica sobre la película The Interview, descubrimos que los dividendos de Internet tenían truco. No todo podía ser un mundo feliz de sociedades conectadas que piden transparencia y rendición de cuentas a los políticos, que promueven causas justas y que retuitean etiquetas de moda. Hay más. Mucho más. Internet y los nuevos medios plantean un nuevo trilema en las relaciones internacionales. No hay solución racional. El primer elemento es la disyuntiva entre libertad y seguridad. ¿A cuánta privacidad estamos dispuestos a renunciar para que los gobiernos velen por nuestra integridad? Dejemos Schengen a un lado. ¿Puede un gobierno espiar mi dispositivo móvil sin autorización judicial en aras de la seguridad?

El segundo es el equilibrio entre transparencia y confidencialidad. ¿Es legítimo que los representantes negocien sin rendir cuentas? Después de Wikileaks, Snowden o los correos de Petraeus, ¿de verdad alguien considera que queda un espacio sin filtraciones? Por último, y ahora tras la matanza de Charlie Hebdo lo tenemos más claro, el equilibrio entre libertad de expresión y discurso del odio. ¿Cuánto se puede regular el mensaje en las redes antes de caer en la censura o el buenismo? El desarrollo de esta nueva guerra fría dependerá de cómo combinemos la resolución de los tres problemas. Son los dividendos de Internet y el suceso de Sony parece el primer contratiempo.

El ataque al gigante japonés nos descubre de golpe que la ciberseguridad es uno de los temas de nuestro tiempo. Consiste en la dimensión digital de los conflictos y concierne al diseño de la defensa y la inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad o la protección de los intereses económicos. La batalla digital refuerza la idea de la guerra asimétrica. Cualquier puede preparar un ataque sin necesidad un ejército ni armas al uso. Disminuye la relevancia de la geografía física, las distancias o la toma de posiciones sobre el terreno. Esto desafía el cierre de las fronteras y supone un enorme ahorro de costes. Por eso interesa a los actores no estatales, ciberyihadistas o mercenarios que roban información, no materias primas. Con pocos recursos se puede atacar una infraestructura o causar un daño económico importante. Sony cifra en 100 millones de dólares las pérdidas causadas por el retraso en el estreno de la película. Permite bloquear las cuentas de JP Morgan (verano de 2014) o la difusión masiva de correos electrónicos de los directivos de la compañía japonesa, con la subsiguiente pérdida de confianza de los implicados.

En suma, transforma las leyes de la guerra y no sabemos en qué sentido. Los ejércitos convencionales no ganarán solo con medios convencionales. Por eso, reclutan expertos en seguridad informática, crean un mando conjunto para las Fuerzas Armadas o se articula en la OTAN un nuevo mecanismo de cooperación para la “smart defence”. No es una distopía. 27 países ya cuentan con planes específicos y capacidades militares dedicadas a la ciberguerra. La lista crecerá en los próximos meses.

A Corea del Norte el conflicto con Sony le ha favorecido. Ha sido capaz de proyectar más poder del que realmente tiene, al tiempo que Estados Unidos le identifica como un interlocutor relevante en la arena internacional. Seguidamente, alimenta la propaganda de país irracional, fuera del circuito de la lógica occidental. Ese histrionismo pone nerviosos a sus vecinos Japón y Corea del Sur y desarma los estudios de estrategia. Por último, facilita el discurso de enemigo exterior y cohesión interna. El “ellos contra nosotros” aún funciona en comunicación política.

Esto no ha hecho más que empezar. Ahora toca asentar la doctrina. El presidente Obama calificó el ataque de “cibervandalismo” y no de acto de guerra. No ha querido sobrereaccionar ante un país que solo cuenta con 1.024 direcciones IP y necesitaría el apoyo de China para realizar un ataque masivo. En cambio, ese énfasis sobre la disuasión y la falta de dureza fue muy criticado porque no se envió un mensaje claro sobre qué es la libertad en la red. Los medios conservadores incidieron en que la impunidad coreana multiplicará la inseguridad y exigen una respuesta más contundente. La negociación sobre la “Cibersecurity Bill” está bloqueada en el Congreso.

Es un nuevo tiempo. Habrá que actualizar el latinajo: si vis pacem, para (digitalis) bellum.

Es el momento de pensar y diseñar una nueva política económica, porque las noticias para España en 2017 son desalentadoras si se mantienen las lupas del corto plazo. Las factores transitorios que se han aplicado en el bienio 2015/2016 no podrán volver a utilizarse

El semestre europeo es el instrumento de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias, que persigue la gobernanza de la UE y sus Estados miembros. Se elabora sobre un conjunto de perspectivas de crecimiento y se recomiendan acciones concretas, vinculadas a la particularidad del ciclo y el país. Según los últimos documento, empezamos a respirar y a mejorar en los resultados macroeconómicos. Es el momento de pensar y diseñar una nueva política económica, porque las noticias para España en 2017 son desalentadoras si se mantienen las lupas del corto plazo. Las factores transitorios que se han aplicado en el bienio 2015/2016 no podrán volver a utilizarse. No podemos fiarlo todo al anticipo del pago del impuesto de sociedades, a las presuntas recaudaciones por la mejora de las medidas antifraude fiscal o a la contención de los costes salariales. Ese programa político está agotado. España necesita un plan de choque que vincule productividad, competitividad e innovación. De otro modo, la convergencia con Europa seguirá un ritmo lento, se incrementará el diferencial de la balanza comercial y se mantendrán los bajos niveles de empleabilidad. Una tormenta perfecta.

En relación con la productividad, hay crédito fluido para el incremento de capital y bienes de equipo en sectores rentables. Sin embargo, la inversión en capital intelectual y tecnologías está por debajo de la zona euro. Con estos mimbres, la estructura productiva no termina de corregirse, las pymes no crecen y no se multiplican las capacidades internas. La mejora de la situación neta inversora es muy lenta. Los jóvenes y los parados de largo duración introducen en el mercado laboral una suerte de desempleo estructural, que se acepta con una tolerancia social terrible. Hay vacantes en determinadas áreas de actividad, pero no hay mano de obra cualificada. Necesitamos un giro copernicano. El reequilibrio sectorial tiene que ser una prioridad para incorporar estos dos grupos demográficos a sectores industriales que aporten más valor añadido que la construcción, que sean exportables y contribuyan a la reducción del déficit exterior. Las políticas públicas que reclama el Semestre Europeo son claras. Tiene que cambiar el perfil del mercado laboral mediante la promoción activa de nuevas actividades económicas con los mercados digitales, la provisión de bienes y servicios de valor añadido real, la digitalización de procesos, el incremento de la competencia en los mercados y servicios profesionales, la reforma de la administración pública y la eliminación de barreras a la movilidad. El yacimiento de empleo de las manufacturas y la construcción está agotado, pero la cuarta revolución industrial ofrece oportunidades de crecimiento, de internacionalización y de especialización inteligente.

En el ámbito de la competitividad, el modelo español de bajo coste y sobreexposición en el sector turístico no reduce la dependencia tecnológica del exterior. Por este camino, la industria española quedará relegada. Hay margen de mejora en el acceso al mercado de capitales no bancarizados, la apuesta por un mercado digital único, el apoyo a la economía colaborativa, la reorientación de las capacidades profesionales, la regulación inteligente de los nuevos modelos de negocio o la promoción de empresas de base tecnológica. Se calcula que el 40% del valor del producto exportado está vinculado al servicio, el diseño, el transporte y la logística, así como el marketing estratégico. Ahí existe la oportunidad de incrementar el diferencial de coste respecto a otras economías menos creativas y acelerar la convergencia.

La innovación es el indicador visible de pérdida de fuerza económica. El país ha caído dos puestos desde 2014 y se sitúa ya el decimonoveno en transferencia de resultados. España, en su conjunto, y las propias comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, están en el grupo de “innovadores moderados”, un eufemismo que nos coloca en el grupo 3 sobre 4 calificaciones posibles. El esfuerzo inversor alcanza el 1,2% del PIB, lejos del 2% de media de la UE. La brecha es aún mayor en el ámbito privado que se sitúa en el 0,6% frente al 1,3% europeo. Hay un grupo de empresas que lidera esta actividad, pero la curva de difusión de la innovación es lenta. Tampoco se observa interacción entre ambas esferas, sin una política de incentivos que refuerce la cooperación público privada. Hay que explorar unas políticas públicas que promuevan la contratación pública innovadora, que recompensen el esfuerzo en energías limpias o nuevas industrias, hay que reducir el impacto del lobby en regulación y transformar las escuelas y las universidades para repensar las competencias y habilidades que se necesitan para el siglo XXI. PISA y otros informes nos dan pistas una y otra vez sobre los efectos de las carencias educativas.

En síntesis, las prioridades políticas de corto plazo pueden haber contribuido a la salida de la crisis. En cambio, la divergencia entre empleo y productividad presenta un escenario aterrador a largo plazo. Necesitamos otras ideas y propuestas de largo alcance, que analicen cómo hemos llegado hasta aquí y propongan una alternativa real basada en la economía de la innovación. De otro modo, la convergencia tenderá a cero y la cohesión social se desvanece. Y no podemos permitírnoslo. ¿O sí?