Uno de los grandes problemas que tiene convocar elecciones en estos tiempos es que los cuarenta días que han de transcurrir entre la fecha de la convocatoria y la de la efectiva celebración electoral se han convertido en una auténtica eternidad, en la que pueden ocurrir mil cosas que varíen el signo de lo previsto por el convocante.

Claro que ese problema admite modulaciones. Elegir como causa justificante para convocarlas el estallido de una guerra (con el claro objeto de reagrupar las propias fuerzas, algo dispersas, y, de paso, descolocar al adversario político), tiene más probabilidades de ser un escenario que se mantenga a lo largo de todo el periodo preelectoral que, por poner otro ejemplo, el juicio por unos casos de corrupción que pudieran salpicar al primer partido de la oposición. Máxime habida cuenta de que últimamente el concepto de “guerra breve” solo acostumbran a creérselo los que las inician, como el ejemplo de la invasión rusa de Ucrania ha acreditado de manera fehaciente.

Pero, aun aceptando el acierto de la hipotética elección de este detonante electoral, valdría la pena introducir alguna matización sobre determinados aspectos de lo que parece estar dándose por descontado. Porque quienes jalean semejante planteamiento suelen hacerlo sobre la base de establecer un paralelismo entre dicha situación y la que tuvo lugar con la guerra de Irak en 2003. En algunos aspectos, el paralelismo es indudable. En ambos casos se trató de una guerra que no contó con el respaldo de la ONU (ilegal, por tanto), y que fue llevada adelante por presidentes de los EEUU desigualmente impresentables por razones oscuras, que nada tenían que ver con las que se hacían públicas.

A partir de ahí empiezan las diferencias, sobre todo si pensamos en la respuesta que se produjo en nuestro país. Porque parece estar dándose por descontado que fue el rechazo mayoritario de la ciudadanía española a aquella intervención, representado por la consigna “no a la guerra” que ahora se pretende resucitar, el que hundió electoralmente al PP de José María Aznar y llevó en volandas a José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Pero semejante reconstrucción, que, por lo visto, algunos esperan que, debidamente actualizada, permita mantener a Pedro Sánchez en ese mismo palacio, omite algunos elementos insoslayables por completo.

Porque si algún acontecimiento en particular produjo como efecto el triunfo del PSOE el 14 de marzo de 2004 fue el atentado de Atocha del jueves anterior. Por supuesto que el precedente de la guerra jugó un papel determinante, pero habría que recordar que, a pesar de él, las encuestas de entonces no auguraban la victoria electoral socialista, sino que más bien tendían a dar por vencedor, aunque con una escasa ventaja, a Mariano Rajoy. Al margen de la bochornosa gestión informativa del dramático suceso por parte de José María Aznar, probablemente el vuelco electoral del último momento se produjo porque amplios sectores de la ciudadanía establecieron una relación causa-efecto entre ambos elementos, guerra y atentados. De hecho, este fue el reproche explícito que en Barcelona, en la manifestación convocada para expresar la repulsa a los atentados, recibió masivamente Josep Piqué, por aquel entonces líder del PP en Cataluña. 

De aceptar esta reconstrucción, ello significaría que el rechazo a la guerra, en tanto no daba lugar a efectos concretos que afectaran a la vida de los ciudadanos, permanecía en el plano del reproche moral, sin más trascendencia político-electoral. Fue en el momento en el que lo rechazado moralmente pasó a percibirse como una amenaza real, cuando el apoyo del PP a Bush generó una reacción en contra en las urnas. Demos, entonces, el siguiente paso en la argumentación lógica. El actual posicionamiento del gobierno contra la guerra podría parecer a primera vista que nos pone a salvo de lo que era la principal amenaza hace más de dos décadas, esto es, un atentado de signo islamista radical de alguna manera propiciado por el régimen iraní. Pero eso no significa en modo alguno que nos sitúe al margen de cualquier consecuencia indeseable.

Sin necesidad de hacer gala de mucha imaginación: ¿qué reacción podría provocar entre amplios sectores de nuestra sociedad el hecho de que fueran precisamente algunas de las represalias económicas anunciadas por Trump contra nuestro país -y no solo los efectos genéricos de la guerra- las que fueran percibidas por los ciudadanos como la causa primordial de una específica “amenaza real contra la prosperidad de familias y empresas”, acerca de la cual ya se habría apresurado a advertir Pedro Sánchez? ¿En qué medida lo que había empezado presentándose como una opción moral sería percibido como una justificación suficiente del deterioro de la situación objetiva de muchas personas, situación ya de por sí extremadamente delicada?

Repárese en que estamos anticipando situaciones por completo verosímiles, anunciadas de hecho ya como posibilidades reales por no pocos economistas. Pero no cabe descartar que también pudieran producirse otros efectos negativos sobre nuestro país -más difíciles de anticipar, habida cuenta del peculiar talante del actual inquilino de la Casa Blanca, pero no por ello menos dañinos- que pudieran terminar haciendo que amplios sectores de la ciudadanía española, además de censurar la actitud de su gobierno central, incluso acabaran por preferir que Donald Trump consiguiera dar por terminada la guerra cuanto antes. 

Del pasado conviene extraer lecciones, y tal vez una de las más importantes sea la de la imposibilidad de tomar cualquiera de sus momentos, que desde la perspectiva del presente juzgamos favorable, como un modelo susceptible de ser repetido tal cual. Otra lección (que tal vez sea en el fondo la misma, solo que formulada desde otro ángulo) es la de que, valga la paradoja, hemos de aprender de la incertidumbre. En 2003 no ocurrió el desenlace electoral previsto, en aquella ocasión para bien de la izquierda. Pero que no nos confunda el signo que adoptó lo imprevisto. La única lección susceptible de extraer de dicha experiencia es precisamente que de ninguna manera podemos dar por descontado ese mismo resultado, por más que algunos se empeñen en comportarse exactamente igual que entonces.

A estas alturas, y a la vista de la deriva que están adoptando gran parte de nuestras sociedades en los últimos años, con el auge de fuerzas dudosamente democráticas en lugar muy destacado, se puede afirmar con casi nulo margen de equivocación que defender la democracia debe considerarse como una tarea ineludible, por no decir una de las más urgentes, para la izquierda. Ello implica, claro está, intentar entender la situación, con una especial atención al análisis de las causas que deberían explicarnos cómo hemos podido terminar desembocando aquí. Ello, a su vez, obliga a plantearse muy seriamente cuáles han sido las flaquezas y los errores que dicha izquierda ha cometido y que han permitido que las fuerzas que quieren apropiarse de la democracia en su exclusivo provecho -en estos días, Trump y sus siniestros socios- hayan ido ganando terreno.

Además de resultar una tarea urgente, dadas las presentes circunstancias, hay que añadir que llevamos un considerable retraso en emprenderla. En el caso de nuestro país, quienes deberían haberse puesto a ello, esto es, los responsables de las principales formaciones políticas, lo han ido aplazando una y otra vez casi siempre con el mismo o parecido argumento de oportunidad. Cuando dichas formaciones estaban próximas a alcanzar el poder, decían que no era el momento de distraerse con autocríticas que podían contribuir a frustrar el objetivo ya al alcance de la mano. Cuando se habían visto derrotadas, afirmaban que no había que hacer leña del árbol caído y que lo que tocaba en ese momento era reagrupar fuerzas para regresar cuanto antes al gobierno. En resumen: siempre era la hora de otra cosa. Con tales premisas, nada tiene de sorprendente el resultado. Desde el temprano desencanto, puesto en escena por los Panero en la película del mismo título, a la desafección posterior y a la profunda frustración en que terminó desembocando el entusiasmo indignado con que se inició el 15M (Rufián anda en estos días intentando hacer algo con los restos del naufragio), lo que ha habido ha sido un largo rosario de decepciones que han seguido, indefectiblemente, a los fugaces momentos de relativa ilusión colectiva.

Uno de los lugares comunes a la hora de analizar las causas de la situación en la que hemos desembocado consiste en endosar al declinante nivel de nuestros representantes públicos la completa responsabilidad por dicha desembocadura. No parece que semejante endose explique de manera satisfactoria y convincente la realidad, porque, incluso aceptando esa atribución de responsabilidad, la misma no debería detenerse en este punto, sino que debería ir más allá y abordar muy seriamente la cuestión del funcionamiento interno de los partidos políticos, tan deficiente en los mecanismos de selección de sus cuadros.

Pero desplazar el foco de la atención y ponerlo, más que en las personas, en las estructuras que propician determinadas situaciones tiene más implicaciones. Una sería la de que, precisamente por lo señalado, hoy resulta mucho más urgente la regeneración de las instituciones que la de la propia clase política, que, en todo caso, se debería derivar de los cambios estructurales. En el fondo, es este convencimiento el que está a la base de mi sensación particular, según la cual va a tener que pasar mucho tiempo antes de que nuestra sociedad se vuelva a ilusionar con nuevos políticos solo por el hecho de que se presenten como nuevos rostros, más jóvenes y con un lenguaje en apariencia más fresco y desenvuelto. Como si tales cosas constituyeran una garantía de una manera completamente diferente de hacer política. 

Y a la vista está que no. Por algunas argumentaciones parece que no pasa el tiempo. Baste con constatar la forma en la que se sigue reaccionando ante un determinado tipo de acusaciones. Así, no faltan, entre los líderes políticos actuales, los que a menudo, cuando se les reprochan los escándalos protagonizados por algún miembro de la formación que lideran (siendo indiferente, a los efectos de lo que estamos planteando ahora, que se trate de episodios de corrupción económica o de índole sexual: hemos tenido en los últimos tiempos sobrada oportunidad de ver que en muchas ocasiones vienen de la mano), pasan al ataque y argumentan que, frente a como suelen comportarse sus adversarios, intentando echar tierra sobre el asunto en cuanto les estalla algún caso, ellos han reaccionado “de inmediato y con contundencia”. Lo que casi siempre suele significar que han apartado del partido al acusado de manera fulminante, expulsión que viene completada con la información de que absolutamente nadie del entorno político tenía la menor idea de las andanzas, sea económicas sea sexuales, de la persona en cuestión (“…de la que usted me habla”, se termina diciendo). 

Como tantas otras cosas en esta vida, el argumento funciona mientras no se abuse de él. Porque la primera vez que se esgrime, el supuesto implícito es que nos encontramos ante un caso aislado que no tiene por qué salpicar al conjunto de la organización. Pero cuando los casos empiezan a repetirse, y no digamos cuando llegan a convertirse casi en costumbre, lo lógico es que la ciudadanía deje de preguntarse: ¿qué vais a hacer con los corruptos?, para pasar a preguntarse ¿cómo puede ser que haya tantos en vuestra organización? El desplazamiento de la pregunta hace que decaiga automáticamente el argumento con el que antes sacaban pecho los líderes (“hemos actuado de inmediato y con contundencia”), argumento que a los más escépticos y malpensados les recordará la advertencia que, en películas y series sobre espionaje, los altos mandos de las agencias de inteligencia les hacen a sus agentes secretos cuando les envían a una operación de alto riesgo: “si le detienen -suele decir el alto mando con voz grave y expresión adusta- negaremos que tenga algún vínculo con nuestra organización”. 

Acaso lo más desolador de este tipo de argumentos sea que, en el fondo, no deja de constituir una variante, apenas levemente desplazada, del también desolador argumento conocido como el del “y tú más”. También ahora, de manera implícita, se está reconociendo la responsabilidad por los comportamientos reprochables, pero se intenta aliviar el reproche con el argumento, ciertamente insatisfactorio, de que se ha reaccionado algo mejor que otros que se habían comportado más o menos igual de mal. Parecería que el mensaje subyacente de semejante planteamiento se podría resumir en la respuesta imaginaria que muy probablemente este tipo de políticos le darían a un ciudadano irritado por todo lo que está pasando: “no se me queje usted tanto, que con los otros sería mucho peor”.  

A algunos les abandonan las ideas como a otros, antaño, les abandonaba su desodorante. En el espacio público esto se hace particularmente evidente en tiempos como los actuales, de acentuada penuria discursiva, en los que no son pocos los que, sometidos a la insoportable prueba de estrés de tener que defender hoy una cosa y mañana la contraría (¿hacen falta ejemplos?), renuncian por completo a la argumentación racional. Eso no significa que se refugien en un discreto silencio –lo que les pondría en serio peligro de ser olvidados, cosa por completo contraria a sus intereses– sino que se acogen a un recurso retórico francamente engañoso. Me refiero al recurso a las metáforas. De tal manera que la nueva consigna bien podría quedar formulada así: a falta de argumentos, hagamos uso de las metáforas.

Como es sabido, metáforas las hay para todos los gustos, de acuerdo con la situación con la que se trate. Así, por ejemplo, en momentos de crisis de una organización política acostumbran a proliferar los voluntarios entusiastas que defienden a sus responsables máximos con el marinero argumento de que en medio de la tempestad no es el momento de cuestionar las órdenes del capitán del barco. Otra metáfora de parecida función es la que apela a lavar en casa los trapos sucios en vez de darle cuartos al pregonero de modo que “los de fuera” puedan enterarse de las disensiones domésticas. Son metáforas finalmente coincidentes en su objetivo último. Para quienes utilizan la primera, el reproche hacia los críticos es que no es el momento, mientras que para quienes se sirven de la segunda, que la plaza pública no es el lugar.

Ninguno de los dos reproches resiste la confrontación con lo real. Para empezar, es cosa sobradamente contrastada que los que censuran la inoportunidad del momento en el que se están planteando las críticas nunca consiguen encontrar el momento oportuno. Porque cuando aquellas se exponen ex ante, ya sabemos lo que suelen afirmar: ahora, que estamos tan cerca de la victoria, no es el momento de la desunión. Y si se plantean ex post, también lo sabemos: no es cuestión en este momento de hacer leña del árbol caído. El segundo reproche, el de lo inapropiado del lugar, también ofrece un escaso recorrido. Porque la prescripción de no airear los problemas internos de una organización sería perfectamente legítima si fuera cierto que en el seno de la misma existen espacios para el debate en profundidad y preferiblemente a calzón quitado. Pero, ¿es esto así en la práctica? ¿Es el caso que, por ejemplo, en el seno de los grupos parlamentarios en las diversas cámaras legislativas de este país se discuta mínimamente acerca de las grandes (y no tan grandes) orientaciones políticas? ¿Recuerdan en efecto tales espacios a unas miniágoras de debate o más bien a unas gestorías donde se reparten las diversas tareas a desarrollar en los plenos, de acuerdo con el orden del día? ¿Y ocurre algo distinto en el seno de las agrupaciones de los partidos? ¿Y qué decir de los congresos de esos mismos partidos, en los que el mensaje que indefectiblemente termina transmitiéndosele a la ciudadanía es el de la más vacía, aunque –eso siempre– entusiasta, aclamación al líder?

Siendo importante, no es esta frágil relación con los hechos el mayor problema que presenta el recurso a las metáforas como sustitutivos de los argumentos. Hay más. Las metáforas no pueden aspirar a presentarse como la quintaesencia de la sabiduría popular, como el sedimento de un sentido común acumulado a lo largo de los siglos. Porque el hecho de que, como comentábamos, las haya para todos los gustos, las emparenta con los refranes, donde además queda claro que los hay incluso para los gustos más contradictorios, lo que les convierte en rigurosamente inútiles para el más mínimo debate. Así, si a alguien no le gusta un refrán cualquiera, tiene bien fácil encontrar otro, de signo contrario, a su disposición. En efecto, de la misma forma que el madrugador cree poder defender su preferencia horaria apelando al clásico “a quien madruga, Dios le ayuda”, también el trasnochador puede hacer lo propio evocando el no menos clásico “no por mucho madrugar amanece más temprano”, y así sucesivamente con la mayoría de refranes.

Con todo, convendría no menospreciar la eficacia comunicativa del recurso a lo metafórico. Entre otras cosas, le permite a quien lo utiliza vehicular valoraciones subyacentes que, formuladas de modo explícito, resultarían de muy difícil justificación. Qué duda cabe que la metáfora del barco en medio de la tormenta guarda un parentesco no del todo remoto con aquella otra, francamente desagradable, acerca de quienes son los primeros que abandonan el barco cuando este se hunde. Pero si no nos distrae la asimilación de quienes se apean tempranamente de la embarcación con los roedores, se hace evidente la argucia argumentativa que se desliza en ambas metáforas marineras. Que no es otra que la de soslayar el análisis del contenido del asunto que se esté tratando y convertirlo todo en un juicio de intenciones. Intenciones que el partidario de las metáforas distribuye a su antojo, claro está, reservándose de manera invariable para sí las más nobles (resistir heroicamente en el puente de mando al lado del capitán) y atribuyendo al adversario las más espurias (huir cobardemente como una rata a la menor señal de peligro).

Pero tal vez la prueba más contundente de que las metáforas, más allá de la ocasional eficacia comunicativa que puedan tener, no pueden constituirse en sustitutos del argumento sea la posibilidad que ellas mismas ofrecen de ser refutadas, incluso en su propia condición figurada. Así, a los partidarios de la metáfora marinera fácilmente se les podría plantear una sencilla pregunta concerniente a su contenido: ¿qué se debe hacer cuando una embarcación, por la razón que sea, se dirige directamente hacia las rocas, hacia un iceberg (cual Titanic) o se encuentra en rumbo de colisión con otra? ¿También entonces se deben poner en suspenso las críticas e ir, todos juntos formando una piña sin fisuras, hacia el naufragio? ¿No parece más razonable dar preferencia a la necesidad de poner a salvo el barco y, con él, a todos los pasajeros? O, por no abandonar este lenguaje figurado, ¿no procede, en semejante tipo de circunstancias, proponer un cambio de rumbo?

Regresemos al principio para poder dar por concluida la presente reflexión. La argumentación en el espacio público, abandonada por estos metafóricos, huérfanos de buenas razones, más que una reivindicación debería constituir una seña de identidad de la izquierda. Era precisamente un líder de este sector, el expresidente chileno Gabriel Boric, quien, en una reciente entrevista publicada en el suplemento dominical del diario El País, lo señalaba: “Uno tiene que estar permanentemente poniendo a prueba ante buenos argumentos sus propias razones”. Y con la autoridad que le concedía haber sido desalojado del poder hace bien poco, reivindicaba en los siguientes términos la necesidad insoslayable de la autocrítica: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”. Igual todavía estamos a tiempo…

Si en otro lugar ('Y después de la justicia, ¿qué?', El País) hemos señalado que la estrategia argumentativa del “y tú más” implica un reconocimiento implícito de culpa, apenas atenuado por la atribución al adversario de lo mismo pero en mayor grado, ahora habría que señalar la profunda contradicción que implican algunos aparentes reconocimientos explícitos de culpabilidad. Pensemos, en concreto, en el que tiene lugar en el debate político actual, caracterizado a este respecto precisamente por su notable polarización. Puede sorprender un poco, a primera vista, que en un contexto en el que el adversario es considerado como enemigo, esto es, como representante del mal sin fisuras, se pueda producir semejante reconocimiento de la propia culpa. En realidad, se trata de un reconocimiento con truco. En efecto, si damos por descontado que en el enemigo en cuestión no podemos encontrar rastro de bondad alguna, el mal que admitamos haber encontrado en nosotros mismos no podrá redundar en su beneficio, sino que deberá ser forzosamente compartido. 

Tal actitud tiene poco de extraña desde el punto de vista de la lógica de la argumentación. Aceptar que el adversario pudiera acertar en algo en lo que nosotros estuviéramos equivocados nos abocaría a admitir la conveniencia de dialogar con él, incluso de aprender de sus aciertos. Aunque dejemos dicho de pasada que, a poco que se piense, sería esta última una posición más sensata que la del supuesto, por completo insostenible desde una mínima racionalidad, de que alguien puede estar equivocado absolutamente en todo (hasta el reloj parado da bien la hora dos veces al día), tan insostenible, por cierto, como el de que alguien pueda estar acertado siempre y en cualquier cuestión.

Pues bien, es para sortear el amargo trago que, según parece, constituye el tener que reconocer que quizá el adversario pudiera tener razón en algo, o que se haya podido equivocar menos que nosotros en algún asunto, para lo que se recurre a lo que bien podríamos denominar el recurso universalizador. Ello sucede cuando, con el objeto de no tener que asumir por completo la carga de la culpa por un determinado comportamiento -pongamos por caso, machista- y poder así aligerar en alguna medida el peso de la propia responsabilidad, se alude a que dicho comportamiento no afecta en exclusiva a un grupo, sector o formación política determinados, sino que es transversal. Para explicar el origen y naturaleza de dicha transversalidad el argumento complementario suele ser atribuir un carácter sistémico o estructural a aquello que se está censurando.  

No es esta devaluación de la culpabilidad el único beneficio que se obtiene de plantear en la forma señalada los comportamientos reprobables. Porque el carácter estructural o sistémico que se le atribuye a la transversalidad implica, además, presentar dichos comportamientos en términos de un problema que no quedará realmente resuelto hasta que no se cambie de manera radical la sociedad en su conjunto. Como es obvio, entretanto ello no suceda, el hecho de reincidir en ellos presenta una menor gravedad y puede ser juzgado con una mayor benevolencia, dada la profundidad de las raíces que en buena medida los explican. Porque ninguna tendencia ideológica o sector político o profesional parece salvarse de la quema, de Adolfo Suárez a Iñigo Errejón, pasando por Carlos Vermut o Plácido Domingo, en España o, en los USA de Epstein, del Príncipe Andrés de Inglaterra a Noam Chomsky, pasando por Bill Gates, Woody Allen o, cómo no, Bill Clinton. 

Ahora bien, se reparará en el hecho de que aceptar este planteamiento da lugar a consecuencias no banales y probablemente indeseadas por parte de quien lo presenta. Porque de atribuir a determinado tipo de comportamientos un carácter estructural o sistémico -por no decir prepolítico sin más- se desprende la inexorable consecuencia de liberar al adversario político de la responsabilidad por los mismos, ya que se está aceptando que la cosa viene de más atrás (o de más hondo). Pero si ello es así, no hay razón para rechazar que en un momento dado dicho adversario pueda alinearse con nuestras posiciones y estar también a favor de la superación de semejante estado de cosas, al respecto de las cuales se está reconociendo que en modo alguno forman parte de sus señas de identidad. O, planteada la cuestión con mayor verticalidad y refiriéndonos a nuestro particular contexto político, queda desactivado el cómodo reproche que en tantas ocasiones ha utilizado la izquierda, según el cual el machismo viene inscrito en el ADN de la derecha. 

Desde esta perspectiva, de una afirmación como la de que “el feminismo nos da lecciones a todos a cada momento”, hecha en sede parlamentaria y que podría ser considerada uno de esos reconocimientos explícitos de culpa aludidos al principio, acaso quepa señalar que, por más que la podamos considerar una afirmación bienintencionada, no parece ayudar en exceso a la clarificación de estos asuntos. Por supuesto que del feminismo hay mucho que aprender, sobre todo si damos por descontado que de los errores también se aprende. Decimos esto porque resulta evidente, no solo que el feminismo se dice de diversas maneras, sino que cada una de ellas con frecuencia imputa a las otras severos errores, de los que aconseja que extraigamos las pertinentes lecciones. Tal vez la lección de lecciones (o la metalección, si se prefiere formular así) que más convenga extraer sea la de que escaso favor le han hecho al feminismo aquellas formaciones y sectores que lo han arrastrado a las confrontaciones partidarias, forzándolo a participar, en ausencia de mejores causas que defender, de la lógica de la polarización. 

El problema radica en que, aplicado al asunto del que estamos hablando, dicha lógica muestra una notable inconsistencia. Porque ya hemos visto que la polarización actual da por supuesto que lo único que se considera universalizable, esto es, susceptible de ser predicado de todos sin excepción, es el mal (o el vicio, si se quiere contraponer a la virtud), como queda claro al adjetivar alguna de sus manifestaciones como transversal, estructural o sistémica. La flagrante inconsistencia de esta tesis, el ostentoso non sequitur en el que incurre, es que, a diferencia del mal o el vicio, el bien o la virtud se consideran, sin más respaldo que la profesión de fe maniquea, monopolio de una de las partes en estricta aplicación del principio según el cual “al enemigo, ni agua”. 

Habrá que añadir, para concluir, que semejante inconsistencia tiene algo de inevitable, especialmente a la vista de las graves consecuencias que tendría que afrontar quien se atreviera a cuestionar un principio tan rotundo. A la consecuencia más general ya se hizo una fugaz referencia en lo anterior. En efecto, si nadie es de una pieza (ni siquiera los malos), no queda otra que dejar abierta la posibilidad, que sin duda repugna al polarizador, de que haya algo en las propuestas teóricas o en los comportamientos prácticos de su adversario que resulta susceptible de elogio o incluso (¿en nombre de qué no cabe aceptar en abstracto tal posibilidad?) digno de imitación. De idéntica forma que nada garantiza que la acrisolada bondad de nuestros propósitos asegure el acierto a la hora de la verdad, esto es, a la de su materialización práctica. 

Respecto, en fin, a las consecuencias particulares de cuestionar el maniqueísmo polarizador, quizá la más importante en relación con lo planteado sería la de que dejarían de resultar aceptables los argumentos por lo general utilizados para excluir de la lucha feminista a los sectores políticos conservadores, por más dispuestos a sumarse a ella que se puedan mostrar. Sin duda, se trata de una intransigencia reveladora. Porque probablemente constituya la mayor de las contradicciones de este excluyente planteamiento el hecho de que quienes han acreditado tener escasos remilgos a la hora de los pactos, pongan ahora este veto, precisamente en unos momentos en los que aquel lejano grito de guerra “¡somos más!” tendría, aquí aplicado, pleno sentido.  

Si la democracia se limitara a ser tan solo un conjunto de procedimientos y normas destinados a ordenar la gestión de los asuntos públicos, con toda probabilidad no utilizaríamos la expresión “cultura democrática”, como con frecuencia solemos hacer. Si la utilizamos con tanta desenvoltura es porque -a veces sin ser plenamente conscientes de ello, también es cierto- damos por descontado que la democracia es mucho más que una mera formalidad cuya existencia dependa de la simple decisión de instaurarla (y de mantenerla). Para empezar, si nos referimos a ella en términos de cultura es porque incluye, de manera inesquivable, valores. Pero es que además requiere, para su materialización (y persistencia), de determinadas condiciones objetivas. 

Empecemos por lo primero. En el caso de las democracias modernas hay un cierto consenso en aceptar que los valores en los que se deben basar son los que la Revolución Francesa dejó fijados en su famosa tríada libertad-igualdad-fraternidad, todo lo debidamente actualizados y desarrollados que sea menester. No es esta última, apresurémonos a advertirlo, una apostilla convencional o de trámite. Las enormes transformaciones que en la realidad de nuestras sociedades se han venido produciendo a lo largo de los más de dos siglos que nos separan de aquel momento fundacional nos obligan a ello. 

En buena medida han sido tales transformaciones las que han dado lugar a que el debate político en torno a la articulación de los tres valores haya ido a su vez experimentando cambios. La forma más frecuente de plantearlo hasta hace relativamente poco pasaba por señalar las dificultades prácticas que presenta compatibilizar, y ya no digamos llevar hasta sus últimas consecuencias, la libertad y la igualdad. Tendía a afirmarse que, mientras la primera era reivindicada fundamentalmente por los sectores conservadores, que la declinaban especialmente en términos de libertad de empresa, la segunda constituía la bandera fundamental de los sectores progresistas, que ponían el acento en la igualdad material por delante de la igualdad de derechos. Conocemos las patologías a las que ambos reduccionismos han dado lugar. En el primer caso, a sostener que lo prioritario, por encima de cualquier otra consideración, es la libertad de mercado, de la que se desprenden todas las demás (no han faltado quienes han sostenido que el más firme baluarte de la libertad de expresión lo constituye la libertad de creación de empresas periodísticas). En el segundo, a interpretar que la igualdad material debe prevalecer sobre cualquier otra, quedando justificadas incluso las restricciones en la igualdad de derechos (no solo de expresión, sino también de reunión, de asociación..) si ello se lleva a cabo en nombre de aquel bien mayor. 

Ya no parece que sean estos los términos en los que se plantea el debate político en nuestros días. El final de las utopías de carácter progresista, que daban por supuesto que aquel bien mayor de la igualdad real para todos estaba al alcance de la mano de la historia, ha comportado también la desaparición del segundo tipo de argumentaciones. De idéntica manera que tampoco los sectores conservadores lo fían ya todo a una defensa acrítica de la libertad de mercado que desatienda a otras dimensiones de ese mismo valor. Lo que es como decir que el debate ha cambiado de signo y ya no se plantea como un combate entre diferentes valores, asumidos cada uno de ellos por un determinado sector (tras una simplificación interesada de su significado, desde luego), sino en el seno de cada uno de ellos, interpretado de distinta forma por unos y por otros. Habríamos pasado así de un conflicto intervalorativo a un conflicto intravalorativo. O, si se prefiere, estaríamos ante lo que en la jerga filosófica se suele denominar como un conflicto de interpretaciones. 

En el caso del valor libertad, el asunto parece claro. La derecha en los últimos tiempos está intentando imponer su interpretación de la libertad en términos de una aparente libertad para todos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ensayó en su última campaña electoral. Sin que la izquierda pareciera atinar, o atinar con la suficiente contundencia, en la respuesta, especialmente cuando la planteaba en los términos, decididamente disparatados, de combate contra el fascismo. Pero en realidad la respuesta correcta ya venía diseñada en el planteamiento que de la libertad hiciera ese gran liberal que fue Isaiah Berlin al distinguir entre libertad negativa y positiva. Como es sabido, la libertad negativa era definida como la ausencia de coerción por parte de otros, especialmente del Estado, para que cada cual pueda desarrollar un curso de acción determinado, en tanto que la libertad positiva se definía como autorrealización y refiere a la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad, y de controlar y determinar sus propias acciones, así como su destino. 

Con lo que llegamos al segundo requisito para la materialización y persistencia de la democracia anunciado desde el principio. Es obvio que para que pueda haberla hacen falta determinadas condiciones materiales, en ausencia de las cuales no cabe hablar en sentido propio de una sociedad libre, o con una libertad mínimamente aceptable (era el propio Berlin el que escribía: «si mi libertad o la de mi clase o nación dependen de la miseria de otros seres humanos, el sistema que promueve esto es injusto e inmoral»). De quien carece de lo más mínimo no cabe decir, aunque nada le sea formalmente prohibido, que sea libre en sentido propio ya que no puede desarrollar ningún plan de vida más allá de la mera supervivencia. 

De ahí que considere que resultaría perfectamente coherente que alguien propusiera darle la vuelta a la famosa máxima de Indalecio Prieto “socialista a fuer de liberal”, y reformularla en términos de “liberal a fuer de socialista”. Con toda probabilidad, de acuerdo con lo que acabamos de comentar, a J.S. Mill, I. Berlin, J. Shklar y unos cuantos (y cuantas) más no les costaría gran cosa estar de acuerdo hoy con la nueva formulación. Porque eran de los que pensaban, como recientemente recordaba Edmund Fawcet (Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI), que “en cierto modo la izquierda y los liberales son aliados naturales”. Esta tesis vendría ratificada por los ejemplos de la creación del National Health Service en el Reino Unido, una idea de políticos liberales (especialmente Beveridge), o por el establecimiento del Estado de bienestar en Alemania, una creación de políticos liberales a finales del siglo XIX. Lástima que de esta tesis con demasiada frecuencia nuestros liberales de hoy parezcan empeñados en apartarse. ¿Será porque no han leído a sus propios clásicos?

Autor del libro Democracia: la última utopía (Espasa).

Extracto de 'Democracia movilizativa', una conversación del filósofo Manuel Cruz con Salvador López Arnal (Catarata), de próxima publicación

"En la medida en la que alguna de las instituciones ha dejado mucho que desear en lo que respecta a su funcionamiento nuestra democracia ha sido más limitada", escribe el autor

Salvador López Arnal: El ser debe seguir diciéndose de muchas maneras, pero las acepciones de democracia, según las últimas estadísticas, todas ellas repasadas y comprobadas, superan de largo el gúgol. ¿Cuál es tu concepto de democracia? ¿Qué acepción defiendes?

Manuel Cruz: No soy politólogo, por lo que no creo que te pueda proporcionar una respuesta exhaustiva. Me conformaría con ser mínimamente convincente. Qué duda cabe de que mucha gente de izquierda provenimos de una cultura política que juzgaba con una cierta displicencia la democracia. Recordarás el desdén con el que utilizábamos la expresión “democracia formal”, contraponiéndola a una supuesta “democracia material” cuyo contenido nunca terminábamos de especificar.

Creo que con el tiempo nos hemos ido convenciendo del valor de esa dimensión llamada formal, entre otras cosas porque hemos tenido la oportunidad de comprobar las con- secuencias de no atender y no respetar tales presuntas formalidades. Y a la inversa: hemos comprobado que cosas tales como las libertades o la separación de poderes tienen efectos beneficiosos, en ocasiones sobre los más desfavorecidos. No quiero parecer demasiado simplista o vertical, pero a veces se nos olvida que amenazas tan graves como la de la privatización de la sanidad en Madrid fue parada por los tribunales.

Dicho esto, comparto la necesidad de que la democracia también se adentre en otras dimensiones de la vida colectiva, máxime en un momento como el actual, en el que la tendencia es a la desregulación y la externalización en todos los ámbitos sociales.

Los países que forman la UE de los mercaderes, del euro, del BCE y de Frau Merkel, ¿son países democráticos según tu definición?


De acuerdo con lo que acabo de decir, tal vez lo más ajustado con mis propias palabras sería decir que tienen una democracia limitada.

¿Limitada? ¿En qué sentido? ¿Por quién?

Por los poderes económicos sin ninguna duda. Ha habido diversos episodios que ya mostraban esta tendencia a una aparente tutela que en realidad siempre fue férreo control (referéndums que se repiten hasta que se obtiene el resultado esperado, por ejemplo), pero los casos recientes de la forzada dimisión de Berlusconi y su sustitución por un presunto tecnócrata (que en realidad era un personaje) directamente ligado a la gran banca como Mario Monti o el descarado intervencionismo en Grecia son no ya evidentes, sino directamente obscenos.

¿Y la España de los Borbones, los Blesa, los Bárcenas, los Pujol y los Millet? ¿Es también un país democrático?


Sí, aunque estaría dispuesto a aceptar que, en la medida en la que alguna de sus instituciones ha dejado mucho que desear en lo que respecta a su funcionamiento (la jefatura del Estado con el anterior rey ha sido un caso bastante claro, así como los niveles de tolerancia hacia la corrupción de los representantes políticos, inadmisible en otros países de nuestro entorno), nuestra democracia ha sido más limitada.

No se me escapa lo del anterior jefe del Estado. Luego hablamos si te parece sobre el actual. Por cierto, ¿qué deberíamos decir: España, Reino de España o Estado español? Entre la izquierda catalana, está muy mal visto hablar de España.

No se me alcanza la razón por la que podemos decir con toda normalidad Andalucía, Cataluña, Galicia, etc. y no podemos hablar de España. El Reino de España existe, claro, igual que existe la República Francesa, pero no por ello dejamos de decir Francia.

Pues, perdona que insista, la izquierda, muchos sectores de la izquierda, han evitado, incluso siguen evitando el uso de la palabra “España”. Hablan, generalmente, de Estado español. Sus razones: el concepto España arras­tra tras de sí la reacción, el uniformismo y la opresión de pueblos. Es una palabra usada por el adversario, por los neofranquistas y sus aliados o asimilados.

El hecho es evidente, pero observa que por esta vía esos mismos sectores de izquierda deberían cambiar, por ejemplo, el nombre del Partido Comunista de España y sustituirlo, como proponía Paco Frutos con ironía hace poco, por el de Partido Comunista del Estado Español. No dudo que las connotaciones de las palabras son importantes, pero si el significado es su uso, como afirmaba el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas, de lo que se trata es de alterar su uso de la manera adecuada, conservando una palabra si entendemos que hay en su contenido determinaciones válidas, y no sustituyéndola en función de lo que sugiera un gabinete de comunicación o, peor aún, otras fuerzas políticas de signo muy distinto.

En Cataluña fue el nacionalismo quien se empeñó en desterrar la palabra España, llegando al límite de lo grotesco. Yo en alguna ocasión me permití hacer la pequeña broma (que solo lo es a medias): en TV3 siempre se ha dicho “España nos roba” y “llueve sobre el Estado español”, cuan- do en todo caso, lo lógico hubiera sido decir: “El Estado español nos roba” y “llueve sobre España”. Sin embargo, fíjate que a ellos no les importó violentar el uso habitual de las palabras, retorcer el lenguaje, hasta conseguir que los nuevos usos que les convenían para transmitir subrepticiamente la idea de que la hasta ahora llamada “España” no es más que una construcción artificiosa y burocrática haya conseguido tomar carta de naturaleza.

Vuelvo a nuestro tema. ¿Cuál es tu opinión de la democracia que algunos llaman participativa oponiéndola o complementando la representativa?

Hace mucho que se denuncia el hecho de que en nuestras sociedades la participación democrática haya quedado reducida en muchos momentos al hecho de acudir a las convocatorias electorales. Sin duda es conveniente para la salud democrática de cualquier sociedad una mayor implicación de los ciudadanos en la cosa pública. Pero, en primer lugar, habría que analizar con cuidado los motivos de su alejamiento. Porque no todos tienen que ver con una decepción ante el comportamiento de sus representantes, sino que a menudo tiene que ver con la falta de disponibilidad material. Hoy los ciudadanos tienen que invertir cada vez más energías en la mera supervivencia. Las condiciones de vida se han endurecido para todo el mundo extraordinariamente.

No puedo evitar aplaudirte con entusiasmo en este comentario añadiendo que “todo el mundo” refiere, como es de toda evidencia, a una parte muy numerosa de la ciudadanía, no a las minorías privilegiadas que siguen lucrándose. Perdona, te he interrumpido, prosigue por favor.

En todo caso, una mayor participación no tiene por qué cuestionar la representación, rigurosamente inevitable desde muchos puntos de vista, desde ideológico-políticos (las cámaras –y no los platós de televisión, por cierto– son el lugar en el que se escenifica la deliberación racional que constituye uno de los nervios de la democracia) hasta técnicos (la enorme complejidad de nuestras sociedades y de los asuntos por tratar hace poco menos que inevitable un cierto grado de delegación).

Aunque lo hablemos con calma más adelante, ¿debo entender que esta formulación “y no los platós de televisión” es tu primera crítica a Podemos?

Es una crítica a la tendencia a la espectacularización de la política, tendencia a la que se ha sumado sin duda, y de manera decidida (por no decir entusiasta) Podemos.

[...]

Y esa representación a la que aludes, ¿es entonces inevitable? ¿No es posible la llamada democracia directa? ¿Los partidos políticos u organizaciones afines son imprescindibles para esa representación? ¿No es posible hablar de representación política sin su mediación?

Tú lo has dicho: partidos políticos “u organizaciones afines”. El caso es que cumplan adecuadamente la función de vehicular la representación popular, organizando y proponiendo cauces no solo de acción sino también de pensamiento y de debate. Los términos pueden ir variando con el tiem- po, pero, lo llamemos como lo llamemos, el componente estratégico, la fijación de objetivos, incluso, por anacrónico que hoy pueda sonar, el modelo de sociedad que se está proponiendo, son dimensiones ineludibles, sin las cuales estamos abocados a propuestas que en ningún caso sirven para el fin del que hablamos. Enseguida te comento algo sobre la democracia directa.

De acuerdo, pero déjame insistir en un punto. ¿Nuestras democracias son democracias reales? ¿Tú ves, tú sientes en alguna parte y en determinados asuntos el poder del pueblo, de la ciudadanía?


Lo son en alguna medida, claro está. No son, en todo caso, democracias irreales. Cuando las instituciones funcionan, cuando una ley corrige una injusticia, cuando la administración ampara a los más desfavorecidos, cuando se introducen elementos redistributivos, etc., la democracia está funcionando. De la misma forma que cuando es colonizada, utilizada o burlada, estamos ante un mero simulacro.

En cuanto a la segunda pregunta, me preocupa que podamos antropomorfizar (o personalizar) instancias como “pueblo” o “ciudadanía” y, por tanto, no sé en qué escenario podría hacerse visible su poder. Lo constatamos de manera fugaz y fragmentaria en algunos momentos: en determinadas luchas, en reivindicaciones sostenidas en el tiempo, pero habría que ser muy prudente a la hora de valorar estos signos. Te doy un mero apunte de mi inquietud: desde hace un tiempo, la derecha en este país ha llegado al convencimiento de que también le conviene sacar las masas a la calle. Con otras palabras, no siempre que veo multitudes en la calle siento el poder de la ciudadanía. Incluso a veces me sucede exactamente lo contrario: creo percibir un sordo rugido de tribu.

Creo captar tu inquietud, tenemos ejemplos históricos en nuestras memo­rias de lo que señalas. Una traducción a un lenguaje menos filosófico y una pregunta. La traducción: te preocupa, dices, que podamos antropomorfizar (o personalizar) instancias como “pueblo” y similares. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Que debemos evitar tratar esas instancias­conceptos como si fueran una entidad singular, un ente individualizado, obviando su com­plejidad y diversidad?


Exactamente. Entre otras cosas, porque si obviamos su complejidad y diversidad no estamos reconociendo algo consustancial a nuestras sociedades, que es su pluralidad en todos los órdenes, solo vehiculable a través del necesario pluralismo político (también religioso, cultural, ético, pero todo eso ahora no hace al caso). No es casual la dificultad que tienen algunos discursos políticos como el nacionalismo (aunque no solo) para pensar esta pluralidad. El artificio del enemigo exterior suele tener la función de homogeneizar lo que de suyo es diverso, unificar lo que es complejo y unanimizar (si me permites el palabro) lo que es plural.

[…]

Te recuerdo uno de los lemas más coreados durante el 15­M: “Le llaman democracia y no lo es”. ¿Estás de acuerdo? ¿Puede haber democracia con tantas desigualdades sociales, con tanto paro y con tanta desesperación social? España, según datos de la OCDE, es uno de los países del mundo donde se ha generado un mayor incremento de esas desigualdades entre 2007 y 2011.

Estoy de acuerdo en el siguiente sentido. La principal virtud de la democracia es el enorme poder igualitario que contiene. Por eso fue un gran error de una cierta izquierda desdeñarla y dejar su reivindicación en manos del pensamiento conservador. Y por eso también mi respuesta a la segunda pregunta solo puede ser: ha de haber democracia precisa- mente porque hay tantas injusticias, no a pesar de ellas. Porque nos proporciona instrumentos extremadamente eficaces para luchar contra ellas.

[…]

Retomo el punto anterior. ¿Qué papel deberían jugar entonces los movi­mientos sociales en las democracias?


Me gustaría que sirvieran para llegar allí donde muchas veces las organizaciones políticas tradicionales –sea por desidia, por oportunismo o por tacticismo– no llegan. Su cercanía, su inmediatez respecto a muchos de los problemas y situaciones difíciles que viven las personas les habilita para recuperar la dimensión más noble y directa de la política. No me gustaría, en cambio, que terminaran funcionando como vivero alternativo de promoción política, una vez que los partidos han quedado tan sensiblemente desprestigiados como están hoy.

[…]

Pero, a lo mejor, la forma partido está obsoleta para esa función que apun­tas, y hay que buscar nuevas formas, nuevos procedimientos, que superen los numerosos vicios (luchas por el poder, corrupciones, ambiciones sin límites, servilismo, acriticismo generalizado, deseo de instalarse...) que asolan a la mayoría de los partidos, no digo a todos forzosamente y en la misma medida.

Es posible, desde luego. Pero constato que incluso formaciones emergentes, que empezaron alardeando de una estructura inicial asamblearia, sin jerarquía ni centralismo alguno, cuando se plantean dar un salto cualitativo para tener una mayor eficacia, rápidamente pasan a formas organizativas de inspiración inequívocamente leninista.