El sentido de la justicia social está profundamente arraigado en los seres humanos. El sentimiento de ser tratados injustamente en la distribución de recursos, de ser discriminado en el acceso a bienes u oportunidades, de ser despreciados o de que nuestras necesidades sean ignoradas, produce en nosotros intensas reacciones emocionales, y cuando persiste en el tiempo, puede incluso generar trastornos psicológicos e incluso orgánicos.

Estas predisposiciones tienen un profundo anclaje evolutivo. Los primates no humanos responden negativamente a una distribución injusta de las recompensas. En un interesante estudio, un equipo de zoólogos de la Universidad de Emory entrenaron a monos capuchinos para realizar pequeñas tareas a cambio de una recompensa con comida. Cuando estaban solos, los monos se conformaban con cualquier recompensa por su desempeño. En grupo, sin embargo, los monos que recibían menos comida que otros rechazaban la recompensa si advertían que un compañero de su especie recibía mayor cantidad de comida por un trabajo igual o menor, llegando incluso a rechazar realizar nuevos trabajos si se habían sentido injustamente tratados. No dirán que no se parece mucho a una rudimentaria expresión del ejercicio de la huelga.

Este 20 de febrero se conmemoraba el Día Internacional de la Justicia Social. Es un día para celebrar los avances en derechos sociales logrados en las últimas décadas, que son muchos. Desde finales del siglo XIX y principios del XX en el mundo occidental empezamos a disfrutar de derechos sociales, que en las democracias liberales se suman a los derechos civiles y políticos para formar un paquete coherente, que procura las más elevadas cotas de salud, bienestar y satisfacción a los ciudadanos, como atestiguan los principales indicadores comparativos existentes. Ese paquete es fruto de un trabajo protagonizado por actores políticos diversos, muchas veces aliados, desde la socialdemocracia (en países escandinavos, centroeuropeos como Austria, y del sur de Europa, como España o Portugal) a la democracia cristiana (en Alemania u Holanda) y el liberalismo progresista (Reino Unido).

Pero también es un día para identificar asignaturas y retos pendientes. Nos encontramos en un momento de aceleración de cambios sociales. A pesar de que, si hacemos un balance completo, la globalización traiga sin duda crecimiento y mayor riqueza a repartir, no es menos cierto que en muchos lugares trastoca cimientos que habían asegurado niveles de bienestar jamás alcanzados, destruye tejido social que propiciaba la integración comunitaria de los individuos y debilita dispositivos de reconocimiento social del valor del trabajo y la dignidad que procura. La inseguridad laboral se extiende entre capas de la población no acostumbradas a vivirla y la incertidumbre respecto al futuro se convierte en experiencia cotidiana para generaciones jóvenes. El precariado es una nueva clase social cuyos perfiles de vulnerabilidad evocan en muchos sentidos la situación de colectivos vulnerables de un pasado que creíamos superado. Una vulnerabilidad que se transmite de padres a hijos. La crisis provocada por la COVID-19 agrava formas de injusticia social que creíamos superadas y plantea otras nuevas. La desigual exposición al contagio y a la muerte sirve de recordatorio de las profundas facturas que todavía atraviesan nuestras sociedades.

El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social ha reabierto heridas. El sentimiento de humillación experimentado por colectivos que se sienten privados de opciones vitales, postergados u olvidados está detrás del auge de fenómenos sociales perturbadores que sacuden nuestras sociedades. Desde comportamientos tóxicos asociados a la falta de horizontes vitales (consumo de ansiolíticos, drogas, suicidio, etc.) a resentimiento social, expresado en disturbios, manifestaciones de odio o apoyo electoral a partidos populistas. La investigación académica lleva alertándonos hace tiempo sobre estas derivas inquietantes. Anne Case y Agnus Deaton han llamado la atención sobre las “muertes por desesperación” que han hecho disminuir la esperanza de vida de la población blanca con menos estudios en Estados Unidos. Wilkinson y Pickett ponen el foco sobre la epidemia de ansiedad y el deterioro de la confianza interpersonal en los países desarrollados más desiguales. Paul Collier y Cristopher Giulliu han advertido sobre la desconexión creciente, material y cultural, entre áreas metropolitanas privilegiadas y las clases populares de las periferias semi-urbanas y rurales. Michael Sandel nos emplaza a reflexionar sobre las afrentas a la dignidad clase trabajadora, humillada por un sistema meritocrático que reserva las recompensas a los “ganadores” en la competición por credenciales. En España, son muchos los expertos que nos alertan sobre injusticias que arrastramos y otras que se hacen más acuciantes en los últimos años: precariedad juvenil, pobreza infantil, brecha salarial entre hombre y mujeres, la discriminación que sufren inmigrantes y minorías étnicas, la despoblación, etc.

Los márgenes de mejora son claros. La Fundación Bertelsmann, en su edición de 2019 del Informe de Justicia Social, constataba que España volvía a encontrarse por debajo de la media de los países de OCDE, en la posición 28 (de 41). Los problemas principales de España que detectaba el Informe se referían a tres dimensiones: Prevención de pobreza (posición 27), Acceso al mercado laboral (posición 40) y Justicia intergeneracional (posición 33). Pero también identificaba fortalezas: Inclusión y no discriminación (posición 9) y Salud (6). En el Informe, España destaca, entre otros capítulos, como un país con baja pobreza de la población mayor de 65 años, con alta paridad de género en el Parlamento, un más que aceptable sistema de pensiones, pocas desigualdades en la salud percibida y una alta esperanza de vida.

Distintos estudios demoscópicos muestran bien a las claras que los ciudadanos españoles apuestan por construir un país mejor donde se atiendan las dimensiones descuidadas. Evalúan positivamente las políticas de bienestar, defienden la igualdad de oportunidades y, en contraposición a lo que nos quieren hacer creer algunos, están bien predispuestos a pagar los servicios públicos con sus impuestos. Apoyan mayoritariamente las iniciativas para reforzar la protección de los más vulnerables, luchar contra la pobreza infantil, combatir el desempleo y la precariedad, reforzar las políticas familiares y fomentar la transición a energías limpias, que son algunos de los indicadores en que salimos todavía peor parados en el Índice de Justicia Social de Bertelsmann.

La agenda progresista tiene la obligación de encarar con valentía las asignaturas y retos pendientes. Tras años de recortes y recetas conservadoras con escasa vocación de atender cuestiones de justicia social, y a pesar de la pandemia y el deterioro de la situación económica que ha provocado, gozamos de una oportunidad insólita: unos nuevos presupuestos y un volumen considerable de fondos europeos para reconstruir económica, pero también socialmente, nuestro país. En los próximos meses, nos jugamos no solo dar un salto tecnológico, que impulse la digitalización y pueda transformar definitivamente la economía del carbono en una economía verde. No solo estamos emplazados a recuperar el impuso económico para impedir la destrucción de tejido productivo y recuperar el terreno perdido durante el año de pandemia. Es imperativo dar también un salto en justicia social que nos sitúe en los ránking internacionales a la altura del país que aspiramos a ser y que propicie una recuperación que no deje a nadie atrás.

Con frecuencia tendemos a considerar que aseguramos la equidad cuando simplemente facilitamos el acceso al Sistema sanitario, sin tener presentes las condiciones económicas, sociales y del entorno en el que viven y se relacionan las personas. En definitiva, los condicionantes sociales y ambientales. 

La experiencia vivida en esta pandemia nos ha demostrado la importancia de las condiciones sociales y económicas en los diferentes barrios, incluso dentro de la misma ciudad. La facilidad de transmisión del contagio está estrechamente relacionada con la densidad de población, las condiciones de habitabilidad de las viviendas, las instalaciones laborales, etc. La confluencia de condicionantes sociales en la expansión del virus merece que se califique de sindemia a la COVID.

Los condicionantes sociales y ambientales marcan las grandes desigualdades en salud y la esperanza de vida. Se dice que depende más del código postal que del código genético, aunque en España la brecha en esperanza de vida por niveles sociales es menor que en otros países europeos. Lograr la equidad en salud requiere de un enfoque integral, por lo que potenciar la salud comunitaria es la herramienta más útil.

Centrándonos solo en el propio sistema sanitario, si nos comparamos con los Sistemas de los países de nuestro entorno, podemos asegurar que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es quizás de los más accesibles del mundo, si por tal acceso consideramos el rechazo a la atención sanitaria por razones económicas. Ocupamos, junto con Holanda, el primer lugar de los países UE para la población general, sin apenas diferencia por niveles de renta. Solo el 0,1% de la población refiere dificultades de acceso. Podemos concluir que el derecho de acceso universal, la estructura orientada a la cohesión social y territorial ha tenido un resultado excelente en la accesibilidad para toda la ciudadanía.

Pero sin salirnos del propio SNS, afloran las inequidades en dos aspectos fundamentales: los copagos en medicamentos y la insuficiencia de la atención a la salud bucodental en la Cartera de Servicios Comunes el SNS.  De media, un 4% de la población refiere dificultades de acceso a la salud bucodental y en los segmentos de menos renta (quintil más bajo) se eleva al 10%. 

Precisamente las aportaciones de los ciudadanos a la salud bucodental es una parte sustancial del conjunto del llamado dinero de bolsillo. En España, entre el 2009 y 2017 se elevó en 4 puntos (del 20 al 24%) del total del gasto sanitario. Esta cifra se sitúa muy por encima de la media de la UE, que supone el 15,8%. 

El incremento de los copagos establecidos en el RD 16/2012 supuso la incorporación de los pensionistas al copago de medicamentos, con una aportación en su conjunto superior a 500 millones de euros. El incremento de la pobreza de las familias con hijos agudizó el problema de acceso a los medicamentos de este colectivo. Esta situación llevó a muchas personas a no poder retirar los medicamentos prescritos por razones económicas (un 3%, en torno a 1,4 millones de personas, según el último barómetro sanitario).

Por tanto, de las tres políticas descritas que influyen en las desigualdades en salud, la que tiene un efecto más inmediato es la relacionada con los copagos de los medicamentos. Por esa razón, en los PGE 2021, ya se incorpora la eliminación de copagos en los colectivos de menos renta: pensionistas con pensiones mínimas (menores d 11.200 € anuales, las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o las perceptoras de la prestación por hijo a cargo y los menores con discapacidad superior al 33%, cuya aportación era la correspondiente a sus padres). 

Más de 6 millones de personas quedaron exentas de copago desde este 1 de enero. Más de 3,5 millones de pensionistas de rentas bajas dejarán de abonar copagos, un colectivo con mayores necesidades de tratamientos crónicos por mayor prevalencia de enfermedades crónicas y pluripatologías. 

Las familias de rentas bajas y con hijos a cargo, más de 2,3 millones de personas, es el colectivo con mayores necesidades. La supresión de los copagos, junto al Ingreso Mínimo Vital, son medidas de gran impacto para combatir las desigualdades y la pobreza.

La progresiva implantación del Plan de Salud Bucodental, incrementando las prestaciones en la Cartera de Servicios Comunes del SNS con una dotación en los PGE 2021, supone otra medida contra las desigualdades en Salud de gran alcance.

Finalmente hay que destacar la dotación de 1000 Millones para la Implementación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, orientada al desarrollo de la salud comunitaria, necesaria para abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud.

Como mandata el artículo 3 de la Ley General de Sanidad el acceso a las prestaciones sanitarias se realizará en condiciones de igualdad efectiva y las políticas de salud estarán orientadas a la superación de los desequilibrios sociales y territoriales. En estos PGE se da un paso importante en esa dirección.

Reconozco que he conocido el informe del Comité de Bioética sobre la Eutanasia a través de los medios de comunicación con cierta sorpresa y un enorme interés. Sorpresa, porque es realmente una forma un poco extraña de asesorar, como pretende, en la toma de decisión política toda vez que ya se han sustanciado tanto la toma en consideración de la proposición de ley como el debate de totalidad de las respectivas enmiendas del Partido Popular y de Vox. Más aún cuando este era el tercer debate sobre esta proposición de ley registrada el 24 de enero de 2020.

Un enorme interés en conocer el análisis de este comité sobre la despenalización de la eutanasia, la definición de un nuevo derecho subjetivo y la regulación de su práctica. Por los juicios que contiene da la impresión de que el informe no se realiza a propósito de la proposición de ley en tramitación en Cortes Generales, sino sobre prejuicios. Por ejemplo, advierte sobre la posible inducción del entorno para acabar la vida con los más vulnerables debido al que denomina “cansancio de cuidar” o en la salud mental, cuando la proposición es sumamente garantista para asegurar la autonomía de decisión, la salud mental no se incluye como caso y los cuidados son regulados en otras leyes como la de dependencia, también como derecho subjetivo.

Hay tres aspectos que resultan altamente llamativos en el informe: en primer lugar, se focaliza constantemente la práctica de la eutanasia en el colectivo de personas mayores y vulnerables (sutilmente asimilado a homicidio) y cita en demasiadas ocasiones las muertes provocadas por la COVID-19 en residencias de mayores. Si lo primero es impreciso, lo segundo es intolerable. Pero en ninguno de los dos casos aporta un solo estudio que relacione la edad con las solicitudes de eutanasia que pudiera respaldar estas graves aseveraciones. Ni aporta datos sobre una revisión sistemática de informes plurales publicados que sostengan los juicios emitidos.

En segundo lugar, en todo el informe no existe una sola mención a la voluntad de la persona que sufre una enfermedad o padecimiento insoportable. En su análisis es la sociedad quien les induce, especialmente a las personas necesitadas de cuidados y con menor nivel educativo y socioeconómico, sin aportar un solo dato sobre esta inadmisible advertencia. Es más, niega absolutamente la posibilidad de tal derecho subjetivo por considerarlo el mal y un mero deseo de la persona cuya satisfacción puede afectar a terceros (sic). Ni una sola mención a la Ley de Autonomía del Paciente, vigente desde 2002, que proclama la dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad para, una vez informado, recibir o rechazar tratamiento.

El informe lleva mucho más lejos el intencionado olvido de la exclusiva voluntad del paciente, fruto de la decisión libre y responsable en consonancia con sus valores y que la proposición de ley en tramitación garantiza, para situarlo en manos del Estado, asegurando que este se convierte en dueño de la vida de las personas. Y la inclusión en la cartera de servicios, una obligación (de provocar la muerte) para los profesionales, ocultando deliberadamente la objeción de conciencia que la ley establece.

Curiosamente, citando a Kant, considera la humanidad como un bien a proteger en sí mismo. Es cierto, lo mismo que la biodiversidad de los ecosistemas que hacen posible la vida de la humanidad, pero se vuelve a olvidar que la humanidad es una abstracción del conjunto de seres humanos que habitamos el planeta. Y es la condición humana la que vive, enferma y muere. La enfermedad y el dolor es parte de la propia vida y cuando existe la certeza de un final cierto, no inmediato, con enorme dolor y sufrimiento, ya no por compasión (injusta para el informe), sino por propia aceptación de la condición humana, no se puede condenar a vivir a quien no tiene otra expectativa que una vida de inmenso sufrimiento. Sencillamente por esa humanidad como bien superior.

El tercer aspecto es la pretendida confusión entre cuidados paliativos (incluye también la atención sociosanitaria) con la eutanasia. Son diferentes situaciones y las medidas no son sustituibles. Los cuidados paliativos se aplican a situaciones con pronóstico de muerte inminente y no necesitan una nueva regulación. Es una prestación incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La calidad de las prestaciones depende de la decisión de los gestores de los respectivos servicios de salud. Cabría preguntarse, eso sí, si los recortes en la sanidad y la dependencia a partir de 2012 han dificultado la implantación de unidades de cuidados paliativos y los cuidados a los mayores y la discapacidad.

El manifiesto sobre la eutanasia de la Fundación Borja encabezado por el fallecido padre jesuita Francecs Abel Fabre, uno de los padres de la Bioética, dice:

“Toda reflexión sobre la eutanasia debe enmarcarse en una clara apuesta por la vida de toda persona, y por una vida humana de calidad… La vida es un don que recibe la persona para vivirla responsablemente. De ahí que no la podamos concebir como un hecho que nos limita, sino como un potencial del que disponemos para ponerlo al servicio de un proyecto verdaderamente humano y humanizador.”

Cuando en junio de 2015, el secretario general del PSOE y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba en Mérida el Ingreso Mínimo Vital, estaba proponiendo la ampliación del Estado de Bienestar mediante el reforzamiento y consolidación de una dimensión de la política pública que ha recibido poca atención en España: la última red de protección social.

Es bien conocido que en las últimas décadas, tras la progresiva incorporación del paradigma neoconservador, los niveles de desigualdad en la mayoría de los países han ido en aumento. Se han agravado en cada crisis del ciclo económico sin que se recuperaran sus niveles de partida en etapas de crecimiento, y así hasta la próxima crisis. En España, las decisiones del gobierno del PP en la gestión de la última crisis llevaron a nuestro país a cotas de desigualdad que lo situaban entre los más desiguales de la UE, sobre todo si consideramos la diferencia entre las rentas del 20% más rico y el 20% más pobre (ratio interquintílico 80/20). Esto es debido a que la pérdida de rentas se centró en las franjas de renta más bajas y a que una parte de la clase media bajó de escalón.

La consecuencia más devastadora fue el incremento de la pobreza, especialmente en las familias con hijos a cargo, particularmente, en familias monoparentales maternas. Esta situación compromete los niveles de justicia social y cohesión del país. Pero no solo. Supone graves desventajas para los niños que viven en familias con dificultades en el acceso a los bienes más básicos. Además, tiene graves consecuencias para el conjunto de la sociedad española, para su capacidad y competitividad de futuro, al desaprovechar así a una parte del talento de su ciudadanía de futuro.

Son muchos los mandatos que nos impelen a promover medidas de esta naturaleza –derechos humanos incluyendo los derechos económicos y sociales, la carta Social Europea, Constitución Española, Convención de los derechos del Niño- pero podríamos resumirlo en uno: es cuestión de ciudadanía.

Reiteradamente en los últimos años todos los organismos internacionales, desde la OCDE, el FMI a Eurostat o el índice de Justicia Social Europeo, así como decenas de estudios académicos nos demuestran la escasa capacidad redistributiva de nuestras políticas de transferencias monetarias. Según la OCDE por cada euro que reciben las rentas del decil más bajo, las rentas del decil más alto reciben alrededor de cinco.

Atajar esta situación, desplegar el Ingreso Mínimo Vital es una cuestión de justicia social y tiene una poderosa racionalidad económica. Y no solo por combatir la pobreza infantil y las consecuencias antes citadas para la competitividad del país. Lo es también a efectos de potenciar la economía productiva. Todos los recursos que se coloquen en las rentas bajas se vuelcan de hecho en la economía productiva del país, lo que no ocurre con las de rentas con grandes capacidades de ahorro.

Ya en la anterior legislatura el presidente del Gobierno creó el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil e inició la implementación de uno de los componentes del Ingreso Mínimo Vital. Se incrementó la prestación por hijo a cargo especialmente en caso de pobreza severa.

Su despliegue completo constituyó un compromiso de legislatura del actual Gobierno de coalición. El abordaje de la pandemia de la COVID-19 ha forzado el confinamiento y la supresión de actividades vinculadas al turismo, comercio, hostelería, etc., sectores con gran peso en el empleo y que constituyen una base fundamental de nuestro sistema económico. Esta situación ha arrastrado a muchas personas al desempleo y algunas a la precariedad económica, especialmente grave en el caso de familias con hijos.

La crisis actual ha abierto una ventana para una política pública para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital que muchas expertos en políticas sociales y muchos colectivos reclaman desde hace años. Antes era muy necesaria y ahora es imperativa una rápida respuesta para abordar las consecuencias sociales y desamparo de una parte de nuestros conciudadanos, abocados a un escenario en que, a los riesgos sanitarios asociados a la epidemia, se une una indudable amenaza de exclusión social. Por eso el Gobierno está trabajando denodadamente para posibilitar una rápida implementación de ese Ingreso Mínimo Vital.

Es razón de justicia social y cuestión de ciudadanía.

Ante la inminente finalización del plazo de la concesión administrativa para la gestión de los servicios sanitarios en el Área Sanitaria de Alzira, se están produciendo intolerantes presiones sobre el Consell de la Generalitat valenciana para impedir la reversión de la gestión a la Agencia Valenciana de Salud.

A los múltiples recursos, incluidos judiciales, y a las sucesivas campañas sobre la supuesta ineficacia de la gestión pública (nunca demostrada) de los servicios sanitarios o, como último recurso dialéctico ante la ausencia de pruebas, la defensa de la indiferencia entre la gestión pública o privada en la prestación de los servicios públicos, se suma la reciente noticia sobre presiones del ex ministro Morenés para impedir la extinción del contrato con Ribera Salud para la gestión de los servicios sanitarios del Área Sanitaria de Alzira.

Resulta cuando menos inexplicable que quien ha sido responsable de la gestión de políticas públicas, aprovechándose de su cargo, interceda a favor de intereses privados de una multinacional de EEUU para la gestión de los servicios sanitarios públicos en España. (sic)

Intercesión que se entiende menos si se tiene en cuenta que el contrato de la concesión finaliza el 1 de abril tras 20 años de vigencia. Cabe preguntarse a qué razones obedece tanto interés y sobre todo tantas presiones sobre la administración responsable de la gestión de un servicio público.

En primer lugar, la responsabilidad de la gestión de los servicios sanitarios corresponde al gobierno de la Generalitat Valenciana, que ha cumplido escrupulosamente con su parte del acuerdo y, una vez finalizado el plazo previsto en la adjudicación llevada a cabo por otro Gobierno -del PP presidido por Zaplana- ha decidido legítimamente, no prorrogar la concesión y asumir directamente la gestión pública de los servicios sanitarios.

En segundo lugar, es sorprendente que una concesión administrativa haya despertado tanto interés, incluidos exministros y, sobre todo, tantos intereses. Y para defenderlos se hayan sobrepasado límites que deben ser irrenunciables en una democracia: el respeto a las competencias de un gobierno salido de unas elecciones democráticas en las que la gestión de los servicios sanitarios formaba parte de los compromisos electorales.

Más aun teniendo en cuenta la importancia de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular para la cohesión social. Por eso, la defensa de la gestión pública de la sanidad trasciende la efectividad de la atención a la salud, aun siendo esta de gran importancia para la ciudadanía y para toda la sociedad. Es, además, un potente instrumento de redistribución de la riqueza, un generador de empleo de calidad, una base imprescindible para el equilibrio territorial y un determinante de la salud más junto al entorno social y ambiental, y la educación y los hábitos de vida. Los servicios sanitarios tienen así una misión que sobrepasa la provisión de la atención a la salud y todas estas funciones solo se pueden y deben realizar desde la gestión pública.

Por eso el Sistema Nacional de Salud tiene un enorme reconocimiento social y los ciudadanos declaran una alta satisfacción por los servicios que reciben, a la vez que manifiestan la gran influencia de la sanidad en su bienestar. Es, en definitiva, uno de los mayores activos de nuestro país. Y así lo reconocen reiteradamente, incluso, los políticos del Partido popular, a pesar de las resistencias que mostraban ante cada avance que se producía en su implantación y desarrollo, mediante todo tipo de iniciativas (parlamentarias, ciudadanas, en los ámbitos profesionales…).

Hay que recordar que el éxito del Sistema Nacional de Salud se debe en primer lugar a su diseño, orientado a la cohesión social y territorial, a la equidad en el acceso universal y a la calidad de los servicios. Y todo esto se ha logrado gracias a la dirección del sistema desde la política pública y la gestión mayoritariamente pública de los servicios. Y no me quiero olvidar del papel de unos profesionales extraordinarios y un sistema de formación exitoso que asegura la excelente cualificación.

Se entiende mal que, quienes ahora alaban el Sistema Nacional de Salud hayan promovido su privatización y pretendan su continuidad, convirtiendo la salud en oportunidad de negocio, dado que sus buenos resultados lo son por la decisión política y la gestión pública. Solo tenemos que comparar con países de nuestro entorno con sistemas de provisión privada, que tienen un mayor gasto en relación al PIB, pero no logran mejores resultados en salud y tienen bastantes peores resultados en equidad en el acceso. Existe una enorme contradicción entre las proclamas de defensa del Sistema Nacional de Salud de responsables públicos del PP con la desaforada privatización que llevan a cabo los gobiernos autonómicos del mismo partido, especialmente de Valencia y Madrid, la progresiva mercantilización de los servicios sanitarios y la introducción del negocio con un servicio público esencial.

Por eso desde el PSOE apoyamos inequívocamente y aplaudimos la decisión del Consell de recuperación de la gestión pública a partir del 1º de abril, una vez cumplido el plazo de la concesión, y poniendo así fin al denominado ‘Modelo Alzira’, en el convencimiento de que constituye una oportunidad para responder mejor al interés general de la ciudadanía y dar mejor cumplimiento al mandato constitucional a los poderes públicos de protección a la salud.

Aunque recordamos la necesidad de la modificación de la Constitución para incluir como fundamental el derecho a la protección de la salud y la derogación del RDL 16/2012 para la recuperación de la universalidad del derecho y de la revisión del Sistema de Financiación Autonómica para asegurar la suficiencia financiera del SNS. Y también somos conscientes de los desafíos actuales del Sistema Nacional de Salud derivados de la realidad demográfica, los cambios epidemiológicos con mayor prevalencia de la cronicidad y las innovaciones tecnológicas.

Pero seguimos insistiendo que la protección de la salud es un derecho y no una oportunidad de negocio. Enhorabuena al Consell Valenciano y en particular a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública por la decisión y a todos profesionales que lo han hecho posible.

1. Porque la privatización de los servicios públicos forma parte del llamado proceso de mercantilización del Estado de Bienestar. La campaña de devaluación de lo público y de desprestigio del papel del Estado arranca ya hace más de tres décadas con la intrépida decisión de Ronald Reagan y Margaret Thatcher de poner en práctica las teorías neoliberales (Hayeck, Freedman). Sin embargo, la embestida reciente de invasión privada de los servicios públicos ha tenido una ocasión de oro en la última gran recesión originada por la grave crisis financiera, consecuencia de una feroz especulación y desalmada financiarización de la economía que sustenta la progresiva mercantilización del Estado de Bienestar. Y la sanidad no se escapa a este proceso (entorno a un 9% del PIB entre recursos públicos y privados) es un bocado muy suculento y apetecible.

2. Porque el contexto de la reciente crisis ha sido utilizado para debilitar el Estado de Bienestar y la incorporación de negocio en los servicios públicos. La famosa frase de “el Estado no es la solución, es el problema” pronunciada por Reagan encierra toda la ideología que no solo guió el proceso en EEUU y el Reino Unido, sino que continúa presente en las políticas de austeridad de la UE y en los objetivos de estabilidad logrados a costa de reducir las políticas públicas, en especial, las políticas sociales. Basta con repasar los objetivos planteados por el Gobierno de España en el marco de estabilidad y remitidos a la Comisión Europea., en los que para 2020 Rajoy se compromete a reducir la participación de la Sanidad pública en el PIB hasta el 5, 67% y la educación al 3,57%, cuando los objetivos razonables serían del 7% para ambos, en consonancia con los países de nuestro entorno y nivel de renta.

3. Porque no existe evidencia que demuestre que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. La razón es ideológica. En el contexto de recorte de los recursos públicos y de renuncia a la inversión social, la búsqueda de negocio en los servicios públicos ha sido el principal objetivo. Y lo ha hecho usando una asociación, jamás demostrada, entre la gestión privada y la supuesta eficiencia en el gasto público. Aunque ni la evidencia en términos económicos ni, por supuesto, en salud o el interés general hayan demostrado que esa relación sea cierta, éste ha sido el argumento principal para insistir en la privatización de servicios públicos en las diversas modalidades posibles. Y logra así dos objetivos: reducir el papel del Estado y su capacidad de redistribución de la riqueza y la introducción de oportunidades de negocio en los servicios públicos esenciales.

4. Porque la función de los servicios públicos no se limita a la correcta provisión de servicios, sino que son un factor de redistribución de la riqueza (la sanidad el que tiene mayor capacidad tras las pensiones), la base para la cohesión social, la garantía para la igualdad de oportunidades, la referencia para el empleo de calidad y el sostén para la estabilidad de una amplia clase media.

5. Porque los sanitarios son los servicios públicos que llevan el mayor volumen de gasto público, razón por la que son foco de mayor interés de negocio. En nuestro país, el mandato constitucional de protección a la salud, se concretó mediante la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, otorgando a la sanidad más misiones, definitorias del modelo regulado en el Sistema Nacional de Salud: La atención integral a la salud, la equidad en las condiciones de acceso y la universalidad para todas las personas residentes en España. Pero la “reforma estructural” (término usado por el propio Gobierno del PP), llevada a cabo en el RDL 16/2012, apoyado en la mayoría absoluta de aquel momento, ha modificado aspectos sustanciales como la universalidad en el acceso y la condición de asegurado.

6. Porque los principales objetivos del SNS son la universalidad, la equidad y la atención integral. Estas condiciones de atención integral y universalidad requieren de la incorporación de políticas relacionadas con la protección de la salud, la coordinación con otras políticas y otros niveles institucionales y exige un funcionamiento integrado del Sistema.

7. Porque la universalidad y la equidad en el acceso requieren de una planificación de los servicios de base poblacional, lo que supone la dotación de centros sanitarios que permitan el acceso con equidad de toda la ciudadanía. Esto conlleva que no siempre sean rentables, según criterios del negocio privado. Tendría asegurado el negocio en zonas de mayor concentración de población (más posibles “clientes” atendidos con menos recursos), pero no tendría ningún interés en zonas de población más dispersa, donde la población no tendría asegurado el servicio.

8. Porque la atención integral a la salud supone poner el acento en los determinantes de salud y no solo en la atención a la enfermedad, razón por la que no suelen ser demandadas por los posibles “clientes” y, por ello, son menos susceptibles para el negocio. En primer lugar, exige la potenciación de las políticas de salud pública, dirigidas a la promoción y protección de la salud, la prevención y la detección precoz de la enfermedad, con programas de atención individualizada y sobre todo a la comunidad. A pesar de su mayor impacto en la salud, –los resultados en salud son, al menos, 4,5 veces más eficaces que la inversión destinada al tratamiento de la enfermedad -, asistimos a una inexplicable reducción de las políticas de salud pública, pasando de suponer el 1,64 % del gasto sanitario en 2009 al escaso 1% en 2015.

9. Porque, además, requiere de la coordinación con otras políticas sectoriales, que definen el entorno económico, social y ambiental, origen de las verdaderas desigualdades en salud, como son la calidad del medio ambiente; la educación; los servicios sociales; la garantía de ingreso mínimo vital, o la práctica del deporte: en resumen, la salud en todas las políticas.

10. En definitiva, porque la universalidad, equidad, accesibilidad y atención integral a la salud son condicionantes del sistema que dependen especialmente de políticas públicas y la capacidad de coordinación forma parte también de las obligaciones de los responsables públicos. La privatización de la sanidad no ha demostrado esa supuesta mayor eficiencia en el gasto público, al contrario. Pero lo que sí es claro es su incapacidad para la respuesta a las otras misiones propias del Sistema Nacional de Salud y que se pueden resumir en el objeto de la Ley General de Sanidad -artículo 3.3 de la LGS-, la superación de los desequilibrios sociales y territoriales.

Son, al menos, estas diez razones las que justifican la reversión de la privatización, razones nucleares para el Sistema Nacional de Salud. Por eso es obligado reconocer y justo apoyar la decisión de la Generalitat Valenciana, en especial de su Presidente y Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública por su coherencia y determinación en revertir la privatización llevada a cabo por el anterior gobierno del PP, que solo perseguía introducir el negocio en la sanidad.

Es urgente que podamos superar la crisis interna generada en el PSOE, convocando ya el Congreso que elija sus Órganos Federales para recuperar la normalidad orgánica

“El PSOE decidió pagar la factura”. Es uno de los argumentos utilizados para justificar el cambio de posición del PSOE, acordado en el Comité Federal del 23 de octubre, por el cual, mediante la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, se permitió la elección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, optando por el “mal menor” para desbloquear la situación del país y evitar así unas terceras elecciones. El “mal mayor”, sin entrar a valorar cuánto de malas eran otras alternativas o posibilidades.

La factura la pagó el PSOE “para que no la pague el país” siguiendo la lógica de “primero España y después el Partido”, causa principal de la crisis desencadenada en el Partido Socialista, pretendiendo identificar este orden de prelación con la defensa del interés general, la responsabilidad institucional y el bien general del país frente a la actitud “cicatera” del interés partidista, perjudicial para España.

Esta lógica parte de dos presunciones que establecen un antagonismo entre el interés de España y el interés del Partido, a la vez que implícitamente se está asumiendo que el interés de España pasa por facilitar la elección como presidente de Gobierno al candidato del partido más votado en las elecciones generales (PP); el “desbloqueo”, obviando el impacto de la acción de Gobierno sobre las condiciones de vida de los españoles. Dicho sea de paso, el PSOE no es causa de bloqueo de nada y es responsabilidad de aquel que pretenda ser elegido presidente quien debe buscar y articular los apoyos parlamentarios necesarios, si las urnas no le otorgaron mayoría suficiente para ello.

Lo cierto es que la mayoría de quienes, desde fuera del partido, han estado presionando de todas las maneras, vías y medios posibles para que el PSOE cambiara su posición hacia la abstención –finalmente acordada en el Comité Federal del 23 de octubre, a la vista del desgarro producido en el Partido– hacen votos para que se supere la situación “porque el PSOE es necesario para España”.

Y precisamente esa es la cuestión. El ideario del PSOE que representa en España el modelo del socialismo democrático ha significado uno de los mayores avances en la historia de la humanidad defendiendo la dignidad de las personas, concretada en derechos de ciudadanía y que garantizan su efectividad a través del Estado de Bienestar, una prosperidad económica para todos en una democracia de calidad.

En todas estas políticas el PSOE ha sido un protagonista destacado, en la recuperación y posterior consolidación de la democracia, en la modernización del país y de sus estructuras económicas y, especialmente, en la construcción del Estado de Bienestar. Difícilmente se podría entender la democracia española sin el importante papel jugado por la socialdemocracia de la mano del Partido Socialista. Pero menos aún hubieran sido posibles las conquistas sociales logradas.

Evidentemente estas políticas han tenido una influencia decisiva en el bienestar de los españoles, en los derechos y oportunidades, en la cohesión social y en la vertebración territorial.

En el momento actual, tras el evidente retroceso de derechos y el deterioro de la protección social por la gestión del PP, es la hora de asumir nuevos retos derivados de la globalización económica y de los nuevos riesgos sociales vinculados a la actual estructura social, familiar y demográfica; de completar el inacabado Estado de Bienestar; de lograr ya la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de empeñarse en construir verdaderas oportunidades para los jóvenes. Por eso el papel del PSOE continúa siendo imprescindible y su proyecto político la receta que necesita una España de oportunidades, más próspera, más justa, más cohesionada y más solidaria.

Porque lo que realmente cuenta es el interés de los españoles, el valor del trabajo y los derechos laborales y para ello el PSOE sigue siendo necesario. Su tarea ahora es poner en práctica su ideario político “recalibrado” para el siglo XXI. No cabe disociar, por tanto, el interés del partido de los intereses de los españoles.

Y su responsabilidad es lograr la confianza de los ciudadanos con un proyecto claro, nítidamente diferenciado de la derecha conservadora que ha protagonizado en España el freno sistemático al progreso social, los retrocesos en algunos casos o la abierta deconstrucción del Estado de Bienestar como sucedió en la reciente gestión de la crisis.

El interés del Partido nunca puede entrar en colisión con el interés de los españoles. Al contrario, un PSOE débil deja de ser una alternativa real a la derecha y, como consecuencia, la mayor garantía para la permanencia del gobierno conservador; más bien al contrario, es un partido capaz de cambiar el rumbo de las políticas injustas y perjudiciales para la mayoría de los españoles, especialmente para los trabajadores. Ni tampoco es cierto que el interés de los españoles, a la realidad hay que remitirse, esté mejor defendido con el Gobierno del partido más votado, más si carece de los respaldos parlamentarios necesarios. Ni la democracia española va a salir más reforzada porque exista un presidente de Gobierno que en cualquier democracia avanzada estaría inhabilitado para ello, por las razones sobradamente conocidas, relacionadas con su Partido y que le afectan directamente.

Por eso es urgente que podamos superar la crisis interna generada en el PSOE, convocando ya el Congreso que elija sus Órganos Federales para recuperar la normalidad orgánica, que se reconcilie con su militancia dándole el protagonismo que garantizan sus estatutos y vuelva a ser la esperanza para millones de trabajadores y de españoles cuyo futuro y bienestar depende de una sociedad más justa.

De lo contrario, España si pagará la factura muy cara por un PSOE débil.

Durante esta legislatura se ha llevado a cabo un proceso de deconstrucción del Estado de Bienestar

Simultáneamente a que el Consejo de Ministros anunciase su virtual Agenda Social, aprueba el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, ahora vigente. En buena lógica, deberían recoger la financiación de los Planes publicitados, pero sin embargo, lejos de recuperar la protección social deteriorada, vienen a consolidar el proceso de revisión del modelo de convivencia llevado a cabo esta legislatura, centrado en dos objetivos fundamentales para su ideario político: reducir el tamaño del Estado y establecer un nuevo orden en la distribución de la riqueza. Mediante dos bloques de medidas: recortes en las políticas sociales y cambios estructurales, ratificadas ambas en las cuentas 2015.

Durante esta legislatura se ha llevado a cabo un proceso de deconstrucción del Estado de Bienestar en dos direcciones: por una parte reformas estructurales orientadas a una progresiva mercantilización, sustituyendo los derechos de ciudadanía por aseguramiento (sanidad), resultados escolares, (becas), copagos (sanidad, dependencia, tasas) privatización de la gestión (sanidad, servicios sociales...), etc. Por otra parte, los recortes más duros para el cumplimiento de los objetivos de déficit se han operado sobre las políticas de bienestar, tanto directamente en los PGE como de exigencias a las CCAA y las Corporaciones Locales (CCLL). Todo ello bajo el mantra de la crisis económica sin aportar una sola evidencia que avale la pertinencia o eficacia de esas medidas.

Estamos ante una gestión de la crisis, bajo criterios exclusivamente ideológicos en la creencia de que la situación de shock de muchos ciudadanos, facilita imposición, pero a costa de situar en riesgo de exclusión a una parte de la población española, especialmente la del 10% más pobre.

Ciudadanos sobre los que impacta, además, la precariedad por los efectos de la reforma laboral, de forma que en estos tres años ha habido una brusca caída de la participación de las rentas del trabajo en el PIB, que bajó en un 9%, mientras que los excedentes empresariales han subido un 3.6 %.

Pero, además, en un contexto de desempleo de casi 4 millones de parados sin cobertura, el Gobierno decide una drástica rebaja de la protección por desempleo (7.220 millones de euros desde el 2011). Se debe conocer que la reciente ayuda para parados con cargas familiares alcanza a unas 430.000 personas y supone un gasto de 1.040 millones (1.000 frente a 7.000 recortados).

Y, por si fuera poco, también simultáneamente acomete una reforma fiscal que supone un regalo fiscal a las rentas altas (de hasta 7.000 euros). Únicamente las rentas por encima de 60.000 euros (3% de los contribuyentes) ven reducida su cuota de forma significativa, pero que perjudica, y mucho, a las rentas por debajo de 12.000 euros, que no solo no se benefician sino que son víctimas de la menor capacidad del Estado para políticas de protección social.

Progresividad inversa que también se produce en las deducciones por hijo a cargo, por familia numerosa y por discapacidad. Los tan publicitados 1.200 euros anuales o 100 al mes, sólo se benefician rentas medias y altas, ya que esta cantidad solo la perciben quienes hayan cotizado a la seguridad social ese importe. Los de salarios bajos cotizan apenas por 600 euros y los que están en paro no perciben nada. Pero lo que resulta casi obsceno es que esta deducción es incompatible con la prestación por desempleo.

Muchos de estos cambios han supuesto una auténtica ruptura de los consensos constitucionales, como el caso de la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de la administración local o los derechos de acceso al Sistema Sanitario. Incluso, en algunos casos tramitado mediante RDL sin opción siquiera de un debate sosegado ni posibilidad de presentación de enmiendas por los Grupos Parlamentarios. Razón por la que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante el Tribunal Constitucional 34 recursos, todos admitidos a trámite.

En definitiva, la salida de la crisis va a ser muy lenta, pero los cambios en el reparto de la riqueza del país y las condiciones de acceso a bienes y servicios han sufrido un vuelco vertiginoso, asegurado por todo un entramado legislativo y presupuestario apoyado en la mayoría absoluta del PP en las Cortes Generales.

Evidentemente, estas medidas están impactando de forma sinérgica sobre la población más vulnerable: peores salarios, escasa protección por desempleo, reforma fiscal de progresividad inversa, recortes en la protección social, trabas al acceso a servicios y prestaciones que para las economías precarias las convierten inaccesibles (pobreza sanitaria, abandono escolar, no escolarización 0-3, etc.), que explican la situación descrita en el VII Informe FOESSA que nos muestra que solo un 34% de los ciudadanos disfrutan de una plena integración social, con un incremento de las carencias materiales (de más de 10 puntos las familias con dificultades para llegar a fin de mes, según la ECV), entre 2011 y 2013. En resumen, la “Agenda Reformista” del Gobierno confluye en el mismo objetivo: extrae recursos de las rentas bajas y los deriva hacia las rentas altas, deteriora los derechos, aumenta las desigualdades y tiende a una sociedad cada vez más dual y menos integrada: los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos.

Por eso, desde el PSOE consideramos que urge detener esta deriva de incremento de la desigualdad, revertir la situación y poner en marcha un cambio hacia nuevo modelo económico con reparto justo de la riqueza, con empleo de calidad y la recuperación del Estado de Bienestar basado en el derecho de ciudadanía, guiados por la justicia social.