En sólo tres años la vida de Emmanuel Macron ha pasado de ser la de un alto funcionario del gobierno francés desconocido para el público a ocupar la cúspide del sistema. Macron ha sabido moverse en las alianzas tradicionales de la política francesa y ganarse la simpatía de los grandes medios de comunicación con un mensaje de renovación económico y político.

Thomas Porcher y Fréderic Farah, en su libro Introduction inquiète à la Macron-économie, opinan por el contrario que la ideología económica del nuevo presidente no es más que un refrito de neoliberalismo y glorificación del modelo start-up. El presidente francés cumple cien días en el poder cuando las encuestas revelan una fuerte caída del apoyo popular, precisamente en el momento en que se prepara para poner en marcha sus reformas económicas.

Entre las primeras medidas de Macron, aparecen bajadas de impuestos, disminución de la ayuda al alquiler (APL), exoneración dentro del Impuesto sobre el Patrimonio (ISF) de las acciones, seguros y ahorros, más austeridad presupuestaria y no sustituir tras su jubilación 120.000 plazas de funcionarios. ¿Es el final del modelo social francés?

Frédéric Farah: Emmanuel Macron solo sigue las recomendaciones que la Unión Europea hace a través de su Estrategia Europa 2020 pidiendo, por ejemplo, la liberalización del mercado laboral. Así que su papel es el de acelerar un proceso que empezó François Mitterrand en 1983 con el “Cambio hacia el rigor”, liquidando un modelo que, en su origen, se fundamentaba en la importancia de los servicios públicos, en la presencia del Estado en la economía y la distribución de la riqueza. Para, al final, haciéndolo pedazos, llegar a una estructura que mantenga un mínimo de seguridad para las capas más vulnerables, presentando todo lo demás como inservible y sustituirlo por seguros privados.

Thomas Porcher: En el contexto europeo, Francia era el único país de Europa que no había llevado a cabo reformas estructurales como las de Grecia, España o Italia. Desde la óptica de Macron, la economía francesa no está adaptada a la globalización y no es competitiva y, para mejorarlo, propone bajar impuestos a la clase media y baja; a las empresas, cambiando el impuesto de sociedades del 33% al 25%; y a los ricos, que son, para Macron, los que con sus inversiones crean la riqueza.

Sin embargo, Macron suele oponer en sus discursos las reformas que Francia no hizo en los años 80 y que, según él, lastran la economía del país, con la política que Margaret Thatcher sí llevó a cabo en Reino Unido. ¿El plan de Macron tendrá un impacto positivo en la economía francesa?

F.F: Por supuesto que no. El relato liberal dice que Francia es un país bloqueado económicamente, que no reforma, que desde los años 80 no ha avanzado nada por culpa de unos sindicatos que no desean el cambio y destruyen empleo. Pero desde hace 30 años hacemos lo contrario: avanzamos hacia la flexibilización del trabajo y la reducción de las cotizaciones sociales con un efecto en el empleo y el crecimiento de la economía francesa que ha sido mínimo. Francia sólo ha creado empleo estable en dos periodos en los últimos 30 años: 1988-1990 y 1998-2001, y en este último periodo fue gracias a la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales, que permitió la creación de 350.000 empleos.

T.P: Además, tenemos un déficit importante porque el paro es alto y eso provoca un problema de financiación del sistema. La respuesta de los países de la UE ante este problema está siendo un juego mortal por intentar ser más competitivos que el país vecino y así ganar partes de su mercado. Y esa batalla sólo se puede proponer dentro del euro por el lado de la bajada de impuestos y la bajada de la masa salarial, que es el camino que quiere tomar Macron.

Macron también promueve el ideal de crear una sociedad de mentalidad empresarial con la apuesta por los autónomos y el modelo start-up.start-up

T.P: Macron apuesta por la start-up nation, el país de los emprendedores, porque permite reducir las cifras del paro. Desde 2015 se ha creado así un millón de emprendedores en Francia, pero en dos años solo el 56% declara tener ingresos, y de ese 56% la media de ingresos mensual está cercana a los 1.100 euros, es decir, menos que el sueldo mínimo neto francés. En lugar de adaptar Francia al siglo XXI la están encaminando al XIX.

Asimismo, vemos que Macron intenta promover el consumo privado de los hogares y a la vez desregular el capital financiero.

T.P: Hay que entender que el programa de Macron no es especialmente beneficioso para la clase media ni baja, lo es ante todo para las 3.000 familias más ricas, es decir, el 1% de la población que posee el 25% de la riqueza del país. Evidentemente, muchas de las medidas que se contemplan ahora como la exoneración del Impuesto de Vivienda para las rentas más bajas (Taxe d’habitation) van a permitir un aumento del poder adquisitivo que luego va a repercutir en la oferta de servicios públicos. Por otro lado, su reforma de la Ley del Trabajo propone volver a la tarifa normal de las horas extras lo que impactará en el sueldo de los franceses.

En mayo, Macron accedió al poder con el 66% de los votos frente a Marine Le Pen. La suma de la abstención y de las papeletas blancas y nulas llegó al 34%. ¿Está el presidente legitimado en las urnas para llevar a cabo una reforma de tal magnitud?

T.P: El apoyo a su programa económico no es masivo. A su favor ha jugado que con este sistema electoral, el mayor reto para cualquier candidato es poder acceder a una segunda vuelta contra Le Pen y así provocar la adhesión de todos esos votantes que desean ver al menos malo en el poder. El resultado de las elecciones habría sido completamente distinto si Macron hubiera tenido enfrente a Jean-Luc Mélenchon o incluso a François Fillon, porque ahí se habrían confrontado programas.

F.F: Ante la ausencia de legitimidad, puede haber una contestación popular importante, por eso es interesante ver todo lo que ocurra a partir de septiembre cuando se empiece a trabajar en la Ley del Trabajo. Si solo hay tres o cuatro manifestaciones y poco más, el gobierno va a encontrar la puerta abierta a hacer lo que quiera.

¿Creen que la adopción por Macron de las políticas de austeridad que propone la Unión Europea puede provocar un escenario electoral más ventajoso para el Frente Nacional en 2022?

T.P: En el escenario actual, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon encarnan la oposición a Macrón y, según cómo vayan estos cinco años, podemos vernos confrontados a un escenario tipo Syriza, con Mélenchon, o a uno de ruptura como el Brexit o la elección de Donald Trump. Y ahí está el verdadero desafío, ver quién gana en Francia a esa masa de votantes, los trabajadores pobres de los países occidentales más liberales. El Frente Nacional, de momento, se ha aprovechado de la decisión que en 1983 hizo el Partido Socialista de centrar sus medidas en las clases medias en lugar de en los obreros. Así pudo pasar del 1% de votos en 1981 a lograr el 35% en la segunda vuelta de 2017.

F.F: La conclusión que nos dejan las elecciones es que el juego político está abierto en Francia y que el país está listo para una nueva mayoría. Una de las posibilidades es si la oposición de izquierda, sobre todo en torno a Mélenchon, sabe crear un proyecto mayoritario plebiscitado por los franceses. Para ellos, el gran desafío es responder al mismo tiempo al problema Macron y al problema Le Pen.

Cada año un nuevo informe y cifras sonrojantes. La Fundación Abbé Pierre acaba publicar su dossier 20º, que incrementa la lista de oprobios cometidos con el penoso alojamiento nacional en Francia. El informe, hecho público por la Fundación el pasado martes, apenas retrata novedades importantes en sus 320 páginas. Desde febrero de 2014, las cifras no han sufrido cambios bruscos. Pero midiendo a largo plazo, entre 2001 y 2005, aporta datos abrumadores: el número de personas sin domicilio fijo aumentó en un 50%, fenómeno acuciado por el inicio de la crisis. Pero el dato más determinante es el de 3,5 millones de personas mal alojadas en Francia. De esos, casi 700.000 no tienen un alojamiento particular y unos 140.000 viven directamente en la calle. Y los datos, de precisión quirúrgica, son estables año tras año.

El país que se desayuna con noticias de cinco miembros de una familia parisina viviendo en 15 metros cuadrados por 550 euros cuenta aproximadamente con 3 millones de viviendas vacías. El acceso a ellas sigue siendo la pelea diaria de numerosas asociaciones como Droit au Logement (DAL), Jeudi Noir, Les Enfants de Don Quichotte o la propia Fundación Abbé Pierre.

La piedra de toque de sus reivindicaciones es la famosa Ley de Requisición instaurada por decreto en 1948, que resolvía de urgencia la necesidad de alojamiento de millones de refugiados en el territorio francés. Tras la destrucción de un tercio de su parque inmobiliario en la Segunda Guerra Mundial, Francia se dotó de esta ley cuya principal arma era la posibilidad dada al prefecto del Gobierno (una suerte de delegado del Gobierno) de requisar las viviendas que se encontrasen vacías para entregarlas a los afectados.

Este decreto, que sigue vigente, se encontraba ya en desuso en 1954, como se infiere de la llamada por radio que el fraile y activista Abbé Pierre lanzó el uno de febrero de aquel año terrible en solidaridad con las personas sin hogar. En respuesta, en 1956 se instauró la “tregua invernal” que impide desahuciar a personas alojadas entre los meses de noviembre y marzo.

Soluciones con la ley en la mano

Soluciones con la ley en la manoEn los últimos años, la lucha por un alojamiento digno ha vivido algunas victorias exiguas como la ley Quilliot de 1982, que convertía en fundamental el derecho a la vivienda, o la Ley DALO (2007) de alojamiento oponible que permite a los afectados reclamar judicialmente este derecho fundamental. Pero no dejan de ser meros parches a la no aplicación de la Ley de Requisición. La normativa existe pero no llega. “Desde que entró en vigor, en 2007, ha habido unas 460.000 peticiones en toda Francia apelando a la Ley Dalo, pero sólo uno de cada tres demandantes es alojado”, apunta Myriam Eckert, del comité del DAL en Burdeos. Y apostilla: “Para el prefecto, respaldado por la Ley de Requisición, disponer de un alojamiento vacío es tan simple como ir y abrir la puerta con la llave”.

Por otra parte, la propia tregua invernal se ha convertido en un obstáculo por la negativa de los propietarios a alquilar en invierno. Fuera de este periodo las expulsiones continúan. La Fundación Abbé Pierre contabiliza entre 40.000 y 50.000 cada año. Y no se ha conseguido detener la sangría de muertes por el frío, 425 en 2014, según datos recogidos por el Colectivo los muertos de la calle.

Otra medida aprobada es la Ley relativa a la solidaridad y la renovación urbana del año 2000 (Ley SRU) que obliga a que un 20% (aumentado al 25% en 2014) de la vivienda de las ciudades sea de carácter social. Quince años después, la cifra apenas llega al 17% de la media nacional. En Burdeos, por ejemplo, el directorio encargado de seguir la aplicación de la ley (DREA por sus siglas en Aquitania) señala que este alojamiento no alcanza el 10%. En otras ciudades, como Paris o Lyon, están estudiando limitar por ley el precio de los alquileres.

Ante el requerimiento de la ministra de Vivienda en 2012, Cécile Duflot, de construir 400.000 nuevas viviendas al año como solución general, la respuesta del DAL fue, literalmente, regalarle a la ministra una ganzúa dorada, para que, con la ley en la mano, movilizase 100.000 viviendas vacías (50.000 sólo en la región de París) que la asociación tiene censadas y que podrían albergar a 300.000 personas. Sobre esta llamada de atención del DAL, Eckert comenta: “No es ético que el Estado promueva la construcción de más viviendas cuando sigue habiendo alojamiento social vacío y, por tanto, empresas constructoras que ya han hecho dinero con ello”.