Durante estos días, una representación de diputados y diputadas del Parlamento Andaluz y del Congreso están visitando los centros donde se encuentran internados nuestros niños y niñas de Andalucía que han cometido una infracción conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor. En la actualidad, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía cuenta con 16 Centros de Internamiento para la ejecución de las medidas privativas de libertad, en régimen cerrado, semiabierto, abierto, permanencia de fines de semana, así como medidas terapéuticas de salud mental y/o drogodependencias. Estos Centros de Internamiento de Menores Infractores (algunos los llaman cárceles de menores) pueden ser gestionadas directamente por la Administración o por entidades privadas en su mayoría.

La delincuencia juvenil es un fenómeno muy complejo en el que parece que la sociedad se divide entre los que quieren aumentar las sanciones penales ante comportamientos delictivos o los que consideran que para afrontar estos comportamientos es necesario más educación y reinserción, amén de más justicia social. Nelson Mandela desde su cautiverio decía “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños”. En efecto, el grado de civilización de un pueblo, o de una especie, se mide en función de cómo la sociedad cuida a sus niños y niñas. Y Andalucía no es ajena a este problema. Aunque se ha avanzado mucho en el sistema de protección de menores en nuestra tierra, sin embargo, tal y como han alertado asociaciones de juristas, de derechos humanos e incluso el propio Defensor del Menor, nuestro sistema de justicia juvenil en Andalucía es manifiestamente mejorable.

En Andalucía, la Administración autonómica puede y debe hacer mucho más, y desde nuestra visión constructiva y democrática queremos aportar al debate de cómo mejorar en definitiva el bienestar de nuestra sociedad.

Deberes

La Junta de Andalucía debe apostar por una gestión directa y pública de los centros de menores, con participación de entidades sin ánimo de lucro. La libertad es un derecho básico y esencial y el internamiento no debería estar en manos privadas, y menos la de nuestros niños y niñas. Las asociaciones y entidades sociales deben intervenir y ayudar, pero en ningún caso la Junta de Andalucía debería delegar al 100% la ejecución de la medida de privación de libertad de nuestros niños y niñas. ¿Se imaginan las cárceles de adultos gestionadas por empresas privadas?

La Junta de Andalucía debe promover la dignificación de la condiciones laborales del personal profesional que trabaja con nuestros niños y niñas. En tanto en cuanto se siga con la fórmula actual, es decir, la adjudicación mediante contratación pública de este servicio, en los futuros pliegos deberían puntuar como mérito el carácter indefinido en las contrataciones, así como la reducción de la temporalidad en los contratos. Asimismo deben siempre abonarse de manera puntual y sin retraso los pagos a dichas entidades.

La Junta de Andalucía debe garantizar el derecho de defensa de nuestros niños y niñas. Para ello debe promover que existan mecanismos de videoconferencia (existentes ya en algunos de los centros). Asímismo, es indispensable que se dignifiquen las condiciones económicas de los letrados y letradas del turno de oficio especializados en menores para que puedan mantener una eficaz defensa del mismo durante el período de ejecución de la medida. Actualmente no se cubren gastos como los desplazamientos, lo que dificulta la interacción.

La Junta de Andalucía debe garantizar el derecho de los menores y sus familias a cumplir la medida de privación de libertad en su entorno más cercano, siempre que sea mejor para su educación. En efecto, muchos menores se ven abocados por falta de plazas a cumplir la medida en otras provincias alejadas de su localidad.

Escribimos estas líneas con la intención de aportar a la mejora de esta problemática de múltiples aristas, de aportar elementos para seguir mejorando la calidad del sistema juvenil de justicia andaluz. En definitiva, propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestros menores y de nuestra sociedad, ya que como se puede observar son medidas que parten del sentido común y son recomendaciones solicitadas por instituciones, asociaciones y personas que trabajan con nuestros menores.

Están siendo unas visitas altamente constructivas aunque no son las que nos hubiese gustado hacer. Me he encontrado excelentes personas y profesionales desarrollando su trabajo, pero me hubiese encantado haber podido hablar largo y tendido con muchos niños y niñas de los que allí se encontraban y preguntarles cómo se sentían, si estaban felices o tristes o si consideraban que esa medida de internamiento (o prisión en terminología adulta) les estaba sirviendo de algo.

El encarcelamiento de un niño o una niña siempre es un fracaso social, económico y cultural para la sociedad. Máxime cuando en muchas ocasiones éstos provienen de barrios humildes y deprimidos, verdadero reflejo del fracaso e incapacidad de nuestros gobernantes. Todo esto sin perder de vista que Andalucía es el cuarto territorio europeo en tener más abandono escolar. Como decía Victor Hugo “El que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión”.

La garantía de que las fuerzas del cambio son ya gobiernos municipales de referencia, hará posible que Podemos sea quien lleve ese cambio al gobierno país. Necesitamos una organización que esté a la altura y respalde su tarea

Han pasado ya casi 2 años desde que la gente corriente llegara al gobierno de las principales ciudades del país. Personas conocidas por su compromiso social como Ada o Manuela llegaron encabezando proyectos municipales de cambio honestos e inclusivos. Estos proyectos venían con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas, de esa España real que llevaba ya demasiado tiempo cargando con todo el peso de una crisis injusta y de una austeridad de peores consecuencias.

Estos gobiernos valientes han tenido en su corta vida un intenso recorrido con casi todo en contra. En primer lugar, la combinación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y como consecuencia, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la conocida como Ley Montoro, les han arrebatado una importante capacidad de actuación a los ayuntamientos. Juntos diseñan una estructura competencial en la que el Gobierno central tiene un extremado poder discrecional sobre las reglas de gasto, atando de pies y manos especialmente a los ayuntamientos. Esta Ley Montoro hiere de muerte a la autonomía local, principio básico para que los ayuntamientos sean útiles y puedan atender las necesidades de la gente.

A este secuestro de facto de la autonomía local, hay que sumar el intenso período de elecciones del pasado año. Mientras la campaña del miedo de los partidos viejos puso en la agenda polémicas diversas hasta aburrir, poco se podía hablar de los avances reales que se estaban produciendo.

Pero los datos hablan por sí mismos, y frente a cualquier cortina de humo, demuestran que otra forma de gobernar es posible. Que cuando se ponen los intereses de la gente por delante, se puede gestionar mejor y de manera más eficiente. Nunca gracias a, sino a pesar, de un Gobierno central que se ha encargado de limitar sus competencias y asfixiarlos con sus objetivos financieros, los ayuntamientos del cambio han sido ejemplo de responsabilidad mostrándonos que una sociedad más justa se construye desde la base de que nadie puede quedarse atrás.

Estos ayuntamientos son ejemplo de que el proyecto de cambio para este país ya está en marcha. Llegamos a la política rechazando unos recortes injustos y un sistema político que había dado la espalda a su gente, pero en estos años de gestión en Madrid, Barcelona o Valencia podemos ver que existe un horizonte más allá de la denuncia. La garantía de que las fuerzas del cambio son ya gobiernos municipales de referencia, hará posible que Podemos sea quien lleve ese cambio al gobierno país. Necesitamos una organización que esté a la altura y respalde su tarea.

Se están construyendo ciudades en las que el cambio de paradigma va de la mano de una gestión capaz de aumentar el gasto social y reducir la deuda. El Ayuntamiento de Madrid, que venía de aumentar el gasto social un 20% en 2016, este año destina un 21,8% más (798 millones de euros) a esta partida y, a la vez, ha conseguido reducir la deuda un 32% en menos de 2 años. Cuando se gobierna a favor de todos y todas y no de una minoría, se impone el sentido común y pagan sus impuestos quienes antes no lo hacían: en 2016 se recaudaron 215 millones adicionales gracias a iniciativas como la regularización catastral de inmuebles que antes no pagaban el IBI o la creación de nuevas tasas (como la de cajeros).

En Barcelona, Ada Colau y su equipo llevan demostrando desde primera hora –la primera medida del gobierno municipal fue destinar 96 millones a políticas de emergencia social, como la mejora del acceso a la vivienda o la protección a la infancia– que cuando las instituciones se ponen al servicio de la gente y no se piensan como propiedad privada de los que gobiernan, salimos ganando todas y todos. En la lucha contra los desahucios han conseguido no solo duplicar el número de lanzamientos parados, sino que han conseguido más de 500 pisos vacíos de bancos, cuando el anterior gobierno alcanzó 20 en cuatro años.

Pero Madrid y Barcelona no están solas. Cádiz ha conseguido impulsar el uso de la electricidad 100% renovable en la ciudad mientras que reducen la deuda –en un 45% la deuda con proveedores municipales– y aumentan también el gasto social. En Valencia, mientras se incrementa un 47% la partida de bienestar social, se rebaja la deuda 709 millones y el pago a proveedores se reduce de 60 a 14 días.

El ejemplo de estos ayuntamientos de la gente ha sido y es transformador. Con ellos podemos ver cómo anteponiendo los objetivos –las necesidades de la gente– a etiquetas somos capaces de generar una mayoría popular, transversal y democrática que luego gobierna ciudades y ofrece un nuevo horizonte que defiende con alegría el bien común.

Todo esto marca claramente una tarea pendiente para Podemos en esta nueva fase. El nuevo ciclo que ha abierto el débil gobierno de Rajoy, apoyado en un acuerdo con el PSOE que acaba con el bipartidismo, nos ofrece el escenario perfecto para ir dando respuestas a las “polémicas” con hechos y avances, ofreciendo garantías que hagan que ganemos la confianza de la gente. Solo así lograremos que empiecen a imaginarnos gobernando este país. No es cuestión menor saber que en Barcelona, tras un año de Ada Colau como alcaldesa, la gestión del Ayuntamiento tuvo la nota más alta de los últimos 12 años, o que en Madrid, la valoración de Manuela Carmena sea más alta que la de Esperanza Aguirre (PP). Cuando se gobierna en favor de la gente se restablece la confianza y la capacidad de construir juntas y juntos.

Por tanto, Podemos tiene que defender este trabajo municipalista y estar del lado de estos ayuntamientos del cambio y también de las y los miles de ediles que forman parte de Podemos. Todos ellos y ellas están repartidas por el país poniendo lo mejor de sí para mejorar las vidas de sus vecinos y vecinas. Para esto, Podemos tendrá que estar en primera línea de la denuncia de esta odiosa Ley Montoro, buscando su derogación y la apertura del debate sobre una nueva y moderna normativa local que garantice entre otras cuestiones una financiación suficiente –con participación real en tributos estatales o autonómicos–, un suelo competencial y no un techo que limite su actuación, y con la que poner fin a la perversa limitación de la tasa de reposición de efectivos para poder atender de forma efectiva las necesidades de los vecinos y vecinas, desarrollando servicios públicos de calidad con medios propios.

Solo con una apuesta clara por el municipalismo, contribuyendo a resolver dificultades y siendo altavoz del esfuerzo y de los éxitos que se conquistan en este ámbito, Podemos será capaz de avanzar y traer al Gobierno ese país que ya se construye en los municipios del cambio.

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Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y 'número 2' de la candidatura Recuperar la Ilusión

Auxiliadora Honorato, candidata al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos por Recuperar la Ilusión y Responsable de Acción Institucional.

El horizonte de mayorías de geometría variable que se abre ante nosotros y nosotras dice mucho de la madurez, el optimismo y la confianza en sí mismo del pueblo español

Ahora, con independencia de quien habite La Moncloa, existen mayorías contrarias posibles, que pueden intervenir en la conformación de la voluntad popular en sede parlamentaria

Toda resaca electoral, como es natural, deposita en la tierra firme del debate democrático una gran cantidad de opiniones, declaraciones, diagnósticos, análisis o informes orientados, a menudo, a servir de welcome committee para los que se consideren llegados a buen puerto o destinados a poner orden en las balsas de los que se consideren naufragados. Más ensimismados de lo que muchos quisiéramos, estos intercambios obvian la celebración de un acontecimiento en el que la democracia española es primeriza, y que aportará sobresalientes beneficios para la ciudadanía de nuestro país. Hablo del horizonte de mayorías de geometría variable que se abre ante nosotros y nosotras, que dice mucho de la madurez, el optimismo y la confianza en sí mismo del pueblo español, a lo que me sumo desde esta tribuna.

Soy de las que piensan que los electores no se equivocan votando. De las que comprenden que los ciudadanos, con su voto y la perspicacia que les caracteriza, conocen muy bien los retos en los que se embarcan -y nos llevan consigo a los representantes políticos- con cada llamada a las urnas. El 26 de junio, los españoles han inaugurado un futuro en el que el Parlamento, por fin, será el centro de la democracia, la sala de mandos de las políticas que deban aplicarse para sacar a nuestra gente del abandono, el ágora abierta en la que levantar a pulso, a base de ideas, de diálogo y de justas motivaciones cada mayoría en pos de una reforma o de una ley de nuevo cuño.

Ya no servirán los rodillos. Ya no servirán las componendas a puerta cerrada. Ya no servirán los cambios de cromos. Valdrán la transparencia y la información, con lo que intuyo una nueva era dorada del periodismo y la comunicación. Valdrán la atención y la vigilancia de la ciudadanía, con lo que vaticino una nueva era dorada de la construcción democrática y el empoderamiento definitivo de la sociedad civil. Ya sabemos que hay voces que no lo ven así, que prefieren alarmarnos con que nuestra democracia corre el supuesto riesgo de “italianizarse”. La ceguera es libre y trabaja para el miedo cuando ignora que en países como Holanda, Alemania o Bélgica el multipartidismo lleva décadas aportando contrapesos, equilibrios y una cultura incontestable del debate público que ha llevado a estos países a las más altas cotas de prosperidad. El pesimismo de algunos trabaja para enmudecer a la gente e ignora que en democracias asentadas como la francesa o la norteamericana los gobiernos deben cohabitar a menudo con mayorías parlamentarias que no le son favorables, y no por ello el cielo se derrumba sobre sus cabezas.

Parecíamos abocados a las mayorías absolutas o, a lo sumo, a cómodas mayorías simples con apoyos estables de partidos nacionalistas en este país. Es más, se nos decía que era la mejor de las fórmulas, el mejor de los mundos posibles por eso de que nuestra democracia -aseguraban los guionistas oficiales, hoy desmentidos por la realidad- era demasiado joven e inmadura.

Eso ha cambiado desde el 20 de diciembre y el 26 de junio. Ahora, con independencia de quien habite La Moncloa, existen mayorías contrarias posibles, que pueden intervenir en la conformación de la voluntad popular en sede parlamentaria. Mayorías de geometría variable esperando ser articuladas para aprobar textos legislativos que podrán contar o no con el apoyo del partido que esté en el Gobierno, pero que sin duda el Ejecutivo deberá también implementar, y toca articularlas en favor de la gente, toca remangarse y ponerse a trabajar desde ya para que las instituciones cumplan con la misión de ser útiles a la mayoría a las necesidades e intereses de la mayoría, a la que han dado la espalda durante demasiado tiempo.

Las diputadas y diputados no sólo se concentrarán en la tarea de control al Gobierno, que es la principal en la actualidad, o en enmendar textos elaborados por el Gobierno, que podrían o no tenerse en cuenta, sino que recuperarán su solemne función -esa que entronizara Montesquieu hace 250 años-, la de elaborar leyes, pudiendo hacerse más imprescindibles para sus respectivas circunscripciones y para los territorios de los que provienen.

Hace tiempo que la madurez campaba en la sociedad española. Ahora, también ha llegado al Parlamento democrático español. Toca quitarse el salitre del pasado. Toca prescindir de la venda o dejar de lamerse las heridas. El viento del pueblo, la brisa marina que sucede a la resaca, nos trae el yodo lenitivo de la democracia y del debate abierto. No nos lo vamos a perder. Este es, sin duda, mi primer compromiso.

"Necesitamos un Código Penal que persiga no sólo reducir la delincuencia, sino también construir una sociedad más justa y segura para toda la ciudadanía, sancionando con la adecuada proporcionalidad las conductas de los corruptos, defraudadores y poderosos", afirman los autores

“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”

Concepción Arenal

La aprobación por el PP en el Congreso de la enésima reforma del Código Penal, abusando de su mayoría parlamentaria, constituye un auténtico despropósito que culmina la ineficaz tendencia de los legisladores del bipartidismo en los últimos años de regresión a una política criminal propia de estados autoritarios, introduciendo criterios de peligrosidad frente a principios tan esenciales en un estado democrático y de derecho como los de culpabilidad, proporcionalidad y reinserción, con afectación final al valor supremo de la dignidad humana, recurriendo con el peor populismo –la demagogia de la “alarma social”- al fácil recurso del BOE para exhibir una supuesta dureza contra el crimen que encubre tanto la incapacidad de evitarlo mediante los cauces democráticos de su prevención -abandonada en el vendaval de recortes durante la crisis-, como la inutilidad de las sucesivas reformas penales, que han logrado que España tenga uno de los sistemas penales más represivos de toda Europa occidental y con el mayor número de presos, siendo sin embargo uno de los países europeos más seguros.

La reforma penal llevada a cabo por el PP es, de entrada, innecesaria. España es hoy uno de los países de la UE con menor tasa de criminalidad, por debajo de la media de la UE-15, e incluso en los delitos más graves –homicidios dolosos y asesinatos consumados- es el de menor tasa de la UE-15 (Eurostat), con una tasa descendente en los últimos años. El último Balance de la Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior hace gala de este dato: “España es un país seguro, como así lo atestiguan: Los datos estadísticos (datos objetivos). Las encuestas de opinión sobre la inseguridad ciudadana (datos subjetivos)” (sic). Pese a todo ello, España lidera las estadísticas de población reclusa, siendo el país de Europa occidental con más porcentaje de su población entre rejas: 159 presos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 96. La tasa de población reclusa se ha disparado durante los últimos 20 años: en 1990 había 33.058 presos, y en 2010 eran más del doble: 73.929.

Es por tanto una reforma realizada sin justificación de su necesidad (y contra los propios datos publicados por el Ministerio del Interior), sin el necesario debate y acuerdo parlamentario ante una norma tan relevante, sin consenso social ni doctrinal, y desconociendo las fundadas críticas realizadas por organismos internacionales, como la del relator de la ONU sobre libertad de reunión, que la criticó por su “afectación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”, como por la doctrina científica española, expresada de forma contundente por la mayoría de los Catedráticos de Derecho Penal de las Universidades españolas, y por numerosas asociaciones de defensa de derechos humanos y profesionales.

La introducción en nuestro ordenamiento penal de la cadena perpetua, llamada eufemísticamente “prisión permanente revisable”, supone una regresión a los principios penales preconstitucionales del estado franquista, vacía de contenido el mandato del art. 25.2 de la Constitución sobre la finalidad de la pena, y no resultaba ni siquiera necesaria tras la exasperación de las penas para los delitos más graves ya introducidas, que permitían llegar a los cuarenta años de prisión efectiva. A esta regresión se ha sumado a última hora el PSOE, apoyando de forma vergonzante esta pena inhumana por la puerta de atrás, a través de un nuevo pacto en materia de terrorismo con el PP, realizado apresuradamente, sin estudios técnicos previos que la avalen, y exhibiendo de nuevo la peor cara del populismo en materia penal al que el bipartidismo ha venido recurriendo en nuestro país.

Es una reforma que afecta a los derechos fundamentales de reunión y manifestación, ampliando el abanico de conductas que sancionan por la vía penal la protesta social, que el PP ha situado de lleno en el marco del “derecho penal de peligrosidad”, acelerando el rumbo autoritario ya iniciado por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Con los límites injustificados y desproporcionados a la protesta que contienen ambas reformas, el PP nos ha retrotraído a las políticas represivas del postfranquismo y los años de la transición, poniendo así de manifiesto la quiebra actual que sufre el régimen que nació entonces. A ello se añade la supresión de las faltas, que pasan a ser delitos menos graves o sanciones administrativas en la Ley de Seguridad Ciudadana, dificultando la efectiva tutela y control jurisdiccional al obligar a los ciudadanos a pagar tasas para recurrir tales sanciones en la vía contencioso administrativa.

Es una reforma que no avanza soluciones al gravísimo problema de la corrupción, que constituye la segunda preocupación más acuciante percibida por la sociedad española (CIS), por cierto, muy por encima del de la seguridad. Ni se ha emprendido una reforma integral de los tipos penales relativos a la corrupción que tipifique adecuada y sistemáticamente la diversidad de conductas que se producen, ni se han endurecido globalmente las penas, ni se ha atendido a las recomendaciones de incrementar los tiempos de prescripción para facilitar su persecución. El delito fiscal sigue en un umbral muy alto, y en la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, se ha recurrido a una definición imprecisa por remisión que además establece el umbral del delito en 500.000 euros, lo que dejaría sin sanción penal conductas como las donaciones a la presunta caja B del partido que controlase el extesorero, Luis Bárcenas, ya que no alcanzaban tal cuantía.

Y, en suma, es una reforma que beneficia las conductas punibles de los poderosos frente a las de la gente pobre, y que reprime la disidencia y la protesta. Es escandalosa la benevolencia con la corrupción en la administración y con las formas de criminalidad de los poderes económicos, mientras se endurecen las penas para los hurtos, o se abre una puerta a la sanción penal de formas de solidaridad con los inmigrantes irregulares. Esta política criminal carece de justificación, cuando la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la crisis y el país atraviesa uno de los episodios más escandalosos en materia de corrupción.

Es hora de legislar de otra manera, también en materia penal. Las reformas penales tienen que venir acompañadas de una memoria sobre su necesidad y justificación, tienen que acoger las opiniones de la cualificada doctrina penal española, y no pueden nunca encubrir los fracasos de una política de prevención que ha estado ausente en los últimos años. Necesitamos un Código Penal que persiga no sólo reducir la delincuencia, sino también construir una sociedad más justa y segura para toda la ciudadanía, no sólo para los privilegiados, sancionando con la adecuada proporcionalidad las conductas de los corruptos, defraudadores y poderosos. Necesitamos una política criminal que apueste decididamente por la prevención y la reinserción, rompiendo el círculo vicioso de delito, prisión y reincidencia; siempre respetando los derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas: renunciar a la defensa de los derechos humanos en materia penal implica el sacrificio de los valores en que se sustenta un sistema de convivencia democrático.