"Europa debiera dejar de vender armas a Colombia y revisar las cláusulas leoninas del Tratado de Libre Comercio suscrito hace un año, el cual que agrava la pobreza masiva, la exclusión y la violencia social", afirman los autores

Colombia busca la paz, necesita la justicia social, y Europa puede ayudarle. Medio siglo de conflicto armado interno ha dejado un panorama desolador, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y un enorme incremento de la desigualdad social. Además, la guerra colombiana es una fuente de inestabilidad para América del Sur. Estos escenarios pueden y deben ser superados.

Las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colombia no han sido casuales o caprichosas. Han sido funcionales a los grandes proyectos de inversión. Empresas autóctonas y multinacionales extranjeras pudieron aumentar sus beneficios gracias al disciplinamiento de la mano de obra mediante la represión a las organizaciones de trabajadores y el asesinato sistemático de más de 3.000 sindicalistas.

Grandes proyectos mineros y energéticos se han beneficiado del desplazamiento masivo y violento de 6 millones de campesinos e indígenas forzados a abandonar sus fincas y sus territorios ancestrales. En estos espacios posteriormente se han desarrollado enormes agronegocios, como las grandes plantaciones de palma, presas, infraestructuras y minería en gran escala.

Hoy el estado de derecho colombiano está en entredicho, tal y como han puesto de relieve once condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras la responsabilidad de los agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad se diluye en los tribunales militares, una maraña legal mantiene en las cárceles, sin juicio por más de dos años, a miles de personas acusadas de delitos políticos, en su mayoría opositores del bipartidismo, defensores de los derechos humanos y luchadores contra el expolio de las grandes empresas y los latifundistas.

Los enormes costos de la guerra han lastrado hasta hoy el desarrollo económico y humano de Colombia. Más de 30 millones de euros diarios que podrían haberse empleado en realizar la reforma agraria y mejorar el acceso de la mayoría de la población a la vivienda, la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico.

A pesar de la dinámica de medio siglo de confrontación armada y de oposición al proceso de paz por parte de los sectores de la extrema derecha política y castrense, la esperanza de Colombia va forjándose sobre bases sólidas. El Gobierno ha reconocido por fin que existe un conflicto armado interno y avanza en las conversaciones con las FARC-EP en La Habana. Se discute el cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades, abriendo paso al cese definitivo de la violencia. Es por lo tanto un buen momento para que la Unión Europea apoye el final del conflicto armado en Colombia, estimule la iniciación de los diálogos con el ELN y con el EPL, apoye a las víctimas en sus reclamos de verdad, justicia y reparación, y se disponga a apoyar el periodo de posconflicto. En esa perspectiva, Europa debiera dejar de vender armas a Colombia y revisar las cláusulas leoninas del Tratado de Libre Comercio suscrito hace un año, el cual que agrava la pobreza masiva, la exclusión y la violencia social.

Esos pasos estarían en sintonía con el esfuerzo solidario de regiones europeas como Asturias, que acoge desde hace década y media a sindicalistas y defensores de los derechos humanos amenazados de muerte en Colombia. No pedimos nada imposible. Simplemente ser coherentes con los pronunciamientos del Consejo y de la Comisión Europea expresados el año pasado en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que valoraron la paz de Colombia como un elemento imprescindible para la estabilidad y la prosperidad de América Latina.