Derechos humanos y fútbol, el debate continúa. Israel y España disputarán este viernes 24 de marzo el partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia en 2018 en la ciudad de Gijón. Un enfrentamiento no exento de debate y polémica fuera del césped: la decisión de designar como sede del partido una ciudad cuyo Ayuntamiento aprobó en enero de 2016 una declaración a favor del boicot a Israel indignó a muchos en el país.

De cara a la galería, representantes y amigos de Israel usan y abusan del argumento de que política y fútbol no hacen buenas migas. Resulta, sin embargo, paradójico que hayan sido las autoridades de este país las que se hayan mostrado de lo más activas, entre bambalinas, a la hora de luchar contra cualquier pretensión ajena a sus intereses en el mundo del deporte.

El Gobierno israelí lleva meses ejerciendo una enorme presión diplomática para asegurarse de que la FIFA, institución de referencia en el mundo del fútbol, no adopte una decisión fundamentada no solo en sus normas, sino en el derecho internacional, que suspenda temporalmente como miembro a su asociación nacional de fútbol.

Seis clubes israelíes juegan, entrenan y están establecidos en asentamientos localizados en Cisjordania. Participan en la liga de fútbol organizada por la Asociación Israelí de Fútbol (IFA). No obstante, los estatutos de la FIFA establecen que una asociación nacional de fútbol no puede jugar en el territorio de otra sin el consentimiento de esta y/o de la FIFA.

Basándose en que nunca medió tal consentimiento y, por tanto, en que tales clubes participan en la liga israelí violando descaradamente los reglamentos de la organización, la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) solicitó el 19 de marzo de 2015 la suspensión de la IFA, a menos que esta prohíba que estos clubes participen en competiciones organizadas por ellos.

Mientras lobbistas y activistas de uno y otro bando corrían y corren de despacho en despacho, la FIFA evitó pronunciarse y delegó la decisión en un Comité de Observación creado ad hoc, que a su vez lleva meses posponiendo un informe que algunos consideran crítico para la propia legitimidad de la organización.

El comité entregó su informe final este miércoles 23 y será disuelto automáticamente cuando la FIFA celebre su próximo congreso en Bahréin en mayo de este año. El Comité Ejecutivo de la FIFA podría entonces decretar la expulsión de Israel si su federación se niega a 'desfederar' a esos equipos.

A nadie escapa hoy que las circunstancias no son propicias para que se lleve a cabo y/o llegue a buen fin cualquier negociación de paz entre Israel y Palestina. La llamada 'solución de dos Estados' se ve constantemente desafiada y ninguneada desde varios frentes, más aún con un Trump que ha envalentonado a los líderes más radicales del establishment israelí.

No es menos cierto que el liderazgo palestino –dividido y enclaustrado en una realidad inexistente más allá del incierto destino de la Autoridad Palestina y los últimos coletazos del llamado régimen de Oslo– se muestra incapaz no ya de encabezar, sino incluso de secundar, cualquier iniciativa de peso. Los halcones israelíes han conseguido, a cambio de un precio relativamente bajo, y consentidos por una población desinformada y hastiada, preservar un statu quo que a todas luces les beneficia, al menos en el corto plazo.

El único camino hacia una paz sostenible y justa pasa por un cese completo de toda actividad colonizadora por parte de las autoridades israelíes y así lo certificó la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Es precisamente el territorio el símbolo sobre el cual Israel crea nuevas realidades sobre el terreno y mina las perspectivas de futuro del pueblo palestino. A pesar de que las autoridades israelíes sigan refiriéndose a estas tierras como 'territorios en disputa', el Derecho Internacional es tajante al dictaminar que los asentamientos israelíes en territorio palestino son ilegales, contrarios a su letra y espíritu.

La llamada 'comunidad internacional' solo reconoce a Israel dentro de los límites de las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967. Todo lo que esté más allá de la 'Línea Verde' es territorio ocupado, al menos y hasta que se acuerde una nueva frontera entre ambas partes.

Una victoria palestina sería un precedente clave

La 'batalla de la FIFA' se juega en dos frentes, ya que Israel también contraviene la normativa de la organización impidiendo que la Federación Palestina recurra a jugadores provenientes de Gaza. Representa un partido en el que una victoria para la causa palestina podría ser un precedente clave que deje claro que la comunidad internacional no está dispuesta a seguir legitimando la postura de Israel en lo que a la construcción de asentamientos se refiere.

Esta victoria podría representar, así, un ejemplo y modelo de lucha contra la impunidad israelí, que simple y llanamente exponga que las actividades ilegales pueden tener consecuencias sustanciales. Una solución para, de una vez por todas, evidenciar el sinsentido ideológico que pretende desautorizar, con una retórica exclusivamente anclada en el victimismo, toda crítica legítima al proyecto colonizador.

Israel enfrentaría el dilema que sus líderes llevan años, e incluso décadas, temiendo: verse obligado a elegir entre su actividad internacional y su política de asentamientos. Se haría por fin posible distinguir públicamente entre Israel y sus colonias en un ámbito con el que cualquier ciudadano puede estar familiarizado, como ocurre con la iniciativa de diferenciación en el etiquetado de productos en el seno de la UE.

Es más, tal distinción comprometerá por primera vez de forma tangible los intereses del país y sus autoridades abandonarán esa zona de confort que les había permitido no encontrar perjuicio alguno en perpetuar la colonización de territorio palestino.

Por si esto fuera poco, la FIFA modificó recientemente su normativa para contemplar la promoción y respeto de los derechos humanos. La presencia de asentamientos –y muy particularmente de clubes, tal y como señaló un informe de Human Rights Watch– conlleva violaciones de muchos de los derechos de los palestinos, incluidos el derecho a la propiedad, a la igualdad, a un nivel de vida adecuado y a la libertad de movimiento, por no hablar del derecho a la autodeterminación.

Este último derecho está reconocido explícitamente por la Corte Internacional de Justicia, por mucho que los drásticos cambios que Israel ha esbozado sobre el mapa de Cisjordania imposibiliten hoy cualquier iniciativa de establecer un Estado palestino independiente y viable. Un derecho a la autodeterminación, además, inextricablemente ligado a la existencia de un territorio ubicado en el antiguo Mandato. No habrá paz sin que los palestinos sean conscientes de que pueden perseguir sus derechos y libertades sin recurrir a la violencia.

El fútbol es para muchos, también en Israel, el 'deporte rey'. Este asunto puede convertirse en punto de inflexión del conflicto israelí-palestino. La situación solo podrá cambiar de manera progresiva, siempre pasando por un cálculo coste-beneficio para Tel Aviv, de cuyo tejado el balón lleva años sin moverse. No basta ya, para ello, con la opinión de líderes y élites comprometidas: esta era de la post-verdad ha dejado bien claro que ningún paso será dado sin intervenir en la opinión pública, en un sentido u otro.

No es el primer supuesto de estas características

Es hora de utilizar esta realidad para que, por una vez, prevalezcan los derechos humanos y la dignidad de millones de individuos. Este no es el primer supuesto de estas características al que se enfrenta la FIFA: los clubes de fútbol de Crimea, Nagorno-Karabaj, Chipre del Norte y otros territorios no reconocidos están excluidos tanto de las federaciones nacionales de fútbol como de la propia FIFA. Las asociaciones de fútbol de estos territorios son miembros de una federación internacional de fútbol separada, CONIFA, que agrupa a las asociaciones de fútbol de varios territorios no reconocidos.

No se trata, en este supuesto, siquiera de condenar las acciones del Gobierno israelí, sino de exigir que un organismo internacional, como es el caso de la FIFA –imperativamente necesitada de una cierta dosis de legitimación en vista de persistentes críticas de corruptela– haga cumplir sus reglas. Así, pondrá a la FIFA ante una disyuntiva que, en un futuro, quizás lejano, también tenga que plantearse los líderes israelíes: deshacerse de (los campos de ciertos clubes en) los asentamientos o aceptar la condena y posterior suspensión.

Se trata sencillamente de distinguir entre Israel dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y sus asentamientos en territorios ocupados, sin permitir que prosperen las acusaciones de boicot contra el país o incluso de antisemitismo.

Mi padre se pasó horas explicándome los claroscuros de una figura tan básica como es el fuera de juego: es hora de que las autoridades israelíes sean conscientes de que sus asentamientos podrían ser asimilados a un delantero adelantando antes de lo debido al defensa de turno. Es hora de que el linier de la comunidad internacional despierte ya del sueño en el que le ha sumido el discurso de la culpa y la asimetría de poder.

Europa vive otro punto de inflexión en el eterno debate entre libertad y seguridad tras los dramáticos acontecimientos de París. Lo mismo que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los de Madrid en 2004 o los de Londres en 2005. No hace falta sumergirse en las hemerotecas para encontrar ejemplos de una tendencia casi sistemática a legislar “en caliente” a raíz de sucesos que inundan titulares y conciencias a partes iguales. Antes incluso de que pudiéramos digerir y condenar en las calles el golpe, lo que en principio fueron tímidos murmullos se convirtieron en declaraciones sin tapujos a favor de reintroducir controles fronterizos en el espacio Schengen. No era de extrañar que estas demandas surgieran de los labios de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. En este sentido también se manifestaba el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz.

Conviene recordar que el Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 por un puñado de líderes que soñaban con esbozar un espacio en el que se eliminaran los controles entre sus fronteras interiores. A pesar de que luego pasaría a formar parte del acervo comunitario, su carácter intergubernamental lo ha convertido en blanco fácil y “chivo expiatorio” cada vez que el continente europeo se ha sentido amenazado. Ya en 2011, y aterrados por lo que la “Primavera Árabe” podría traer consigo, Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, propusieron modificar el texto para que fuera posible realizar controles sistemáticos en las fronteras interiores, iniciativa que afortunadamente nunca llegó a materializarse.

Schengen cobra todo el sentido del mundo si se tienen en cuenta dos factores. Uno es que la libre circulación de personas se ha erigido como una de las mayores conquistas logradas en el territorio de la Unión Europea, y atentar contra ella supondría una involución del propio proceso de construcción europeo. En segundo lugar, la reintroducción de controles en frontera no podría haber evitado unos atentados como los de París, por la sencilla razón de que sus perpetradores eran ciudadanos franceses. Establecer ahora controles en los Pirineos no habría impedido que personas de nacionalidad francesa como los hermanos Kouachi o Amedy Coulibaly camparan a sus anchas por el territorio galo.

No es baladí recordar que el Código de fronteras Schengen prevé la posibilidad de que los Estados miembros decidan restablecer los controles en sus fronteras de forma temporal y con carácter excepcional. Para ello deben cumplirse varios requisitos: debe existir una amenaza grave para la seguridad, los controles deben realizarse de manera proporcionada y por un tiempo determinado -inferior a 30 días en el caso de acontecimientos previsibles y a 10 días en supuestos que requieran una actuación inmediata, plazos que podrán ser prorrogados si la amenaza persistiese-. En todo caso, la adopción de esta medida debe ser comunicada tanto a la Comisión Europea como al resto de Estados que forman parte del espacio Schengen.

Como contrapartida a la ausencia de controles interiores (sin perder de vista la excepción arriba mencionada), los controles son llevados a cabo en la frontera exterior del espacio Schengen, que podría ser asimilado a una fortaleza cuyas murallas fueron diseñadas para que en el interior viviéramos en paz y seguridad. Los terroristas se quedarían a las puertas de la misma. Sin embargo, a todas luces, no ha sido así. Luchar de manera efectiva contra el terrorismo es una de las grandes tareas pendientes de la Unión Europea, pero no a cualquier precio. En esta dicotomía entre libertad y seguridad, la dificultad no sólo estriba en hacia dónde inclinar la balanza, sino también en identificar las políticas más eficaces, aun cuando resulten menos atractivas para fines electoralistas. ¿Por qué en vez de abogar por derribar lo que tanto tiempo y esfuerzo ha costado construir, como es el espacio Schengen, no centramos nuestras energías en reforzar los instrumentos de cooperación de los que ya disponemos?

En este punto es fundamental hacer mención de las bases del Sistema de Información Schengen II (SIS II), un mecanismo concebido para proteger la frontera exterior europea y promover la cooperación entre las autoridades policiales, judiciales y aduaneras. El SIS II, implantado en 2013, representa la segunda generación del Sistema de Información de Schengen (SIS), que vio la luz en 1995. La baza principal del SIS II es que los Estados tienen la posibilidad de compartir información clave y emitir alertas sobre personas, armas de fuego, vehículos o documentos de identidad robados o extraviados, y así informar al resto de países de la necesidad de rechazar la entrada o permanencia de una persona en el espacio Schengen. Este macrofichero paneuropeo de datos se configura por tanto como la herramienta potencialmente más útil en la lucha contra el terrorismo a nivel europeo. No obstante, encuentra en la falta de voluntad de los Estados a intercambiar datos sobre terroristas sospechosos un obstáculo difícilmente superable. Tanto la Comisión Europea como los ministros de interior reunidos en Riga los días 29 y 30 de enero se pronunciaron sobre la conveniencia de explotar en mayor medida el potencial del SIS II, y la necesidad de una mayor cooperación entre los Estados para luchar contra el terrorismo.

Por eso, cuando oímos voces a favor de la reintroduccción de controles sistemáticos cabe preguntarse si no tendría más sentido destinar más medios económicos y logísticos al SIS II para hacer seguimiento, cuando sea necesario, de los ciudadanos que atraviesan en un sentido u otro nuestras fronteras exteriores. Los ataques de París nos obligan irremediablemente a una reflexión interna a nivel europeo sobre qué ha fallado y qué debe hacerse para luchar juntos contra el terrorismo. No debemos olvidar que, a pesar de la existencia de una Estrategia antiterrorista europea –la primera fue adoptada en 2005 tras los atentados de Madrid y de Londres, y se espera que se apruebe un nuevo documento a principios de 2015-, gran parte de las políticas que conforman la lucha antiterrorista no van hoy más allá del ámbito nacional. Sustituir las barreras con mayores dosis de colaboración y solidaridad no es sino apostar por una “Mejor Europa”.