"Esperemos pues que el PSOE se imponga consultar en primarias la formación del conjunto de sus candidaturas al Congreso y Senado", afirma el autor

Se ha comentado bastante que las primarias para el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno se han programado de manera que dificultaran cualquier alternativa a la del actual secretario general. La neutralidad política del proceso palidece en efecto cuando se la compara, por ejemplo, con las primarias que en 2011 organizó el Partido Socialista francés para elegir su candidato a las presidenciales de 2012. Allí se anunciaron las fechas con siete meses de antelación para una votación que desde luego no se produjo en verano, se establecieron requisitos de avales muy inferiores (bastaba por ejemplo con una veintena de firmas de miembros del equivalente al Comité federal, y había otras modalidades), la secretaria general (Martine Aubry) abandonó su puesto durante la campaña, que ocupó interinamente su secretario de organización que fue exquisitamente neutral, se confió el Comité de garantías a juristas progresistas pero independientes que comprometieron su prestigio en un procedimiento que se desarrolló de manera impecable. El resultado fue que compitieron lealmente nada menos que seis candidatos relevantes, entre los que pudieron elegir a dos vueltas casi tres millones de franceses, creando una dinámica que fue clave para la victoria en las elecciones.

Pero las carencias de las primarias del PSOE, empezando por tener que reunir casi diez mil avales en doce días, no se han limitado a la falta de neutralidad política –sobre la que el Comité federal y más adelante un Congreso podrían exigir la responsabilidad política correspondiente–, sino que ha fallado algo más elemental como son las garantías jurídicas, dado que ciertas normas o su aplicación obstaculizaban la iguadad entre candidatos, más allá de la notoriedad o apoyo político con el que partiera cada uno. Son, al menos, las siguientes:

El Comité Organizador Federal (COF) no desplegó la diligencia necesaria para informar apropiadamente a los militantes que erróneamente hubiesen sido dados de baja de que podían subsanar esta situación. Si bien resulta difícil lograr que cualquiera en esta situación hubiese podido ser advertido, no se produjo la mínima acción al respecto. Un envío (electrónico o postal según los datos de que se disponga) a quienes hasta 2014 hubiesen sido militantes habría podido ser una medida apropiada y efectiva. De esta manera, el brevísimo plazo (cinco días) para la revisión del censo resultó de hecho inoperativo.

El COF estableció unos requisitos diferentes para los avales individuales y colectivos, que no estaban previstos ni en el Reglamento Federal de Primarias (RFP) ni en las Bases de la Convocatoria. En efecto, en los avales individuales se ha exigido fotocopia del DNI del avalista (lo cual es efectivamente un requisito mínimo de seguridad) mientras que en los colectivos solo se ha requerido indicar el número del DNI (un dato fácil de conseguir respecto de un tercero). Esto implica una ventaja muy notable (en agilidad y menor exigencia de garantías) para los candidatos que más fácilmente pueden servirse de los avales colectivos (los apoyados por “el aparato”). El margen de interpretación del COF para diseñar los modelos de avales no podía en ningún caso implicar que se establecieran requisitos diferenciados que no recogían las normas.

El COF no ha establecido un procedimiento para que los militantes puedan verificar si su aval ha sido o no correctamente recogido, para evitar errores o incluso fraudes. Esta carencia impide una garantía mínima de seguridad en un aspecto clave del proceso.

Ni el COF ni los órganos ejecutivos del partido han publicado de manera completa y actualizada la composición de las comisión de garantías electorales (en los distintos niveles territoriales) ni de los comités organizadores, ni sus datos de contacto. La seguridad jurídica del proceso se encuentra así comprometida dado que las reclamaciones y recursos se ven dificultados, así como la supervisión de circunstancias de incompatibilidades (recogidas en los Estatutos y otras normas generales del partido y, en particular en este proceso, en el artículo 17.2 del RFP: “Los miembros de las comisiones de garantías electorales no podrán avalar a ninguno de los precandidatos, ni mostrar públicamente su apoyo a ninguna de las candidaturas”).

El COF no ha desplegado la diligencia necesaria para asegurarse que el artículo 27.3 del RFP (“La comisiones ejecutivas del partido en sus diferentes niveles garantizarán que los/as militantes puedan otorgar su aval a cualquiera de los precandidatos que se hayan presentado”) se respetara. Se podría, por ejemplo, haber dado instrucciones a las agrupaciones y a cualquier órgano ejecutivo para que en cualquier asamblea o reunión del partido en que se circulara una petición de avales colectivos o individuales para un precandidato, debiera hacerse simultáneamente y en las mismas condiciones para los demás precandidatos conocidos.

La imparcialidad del máximo responsable de la organización del proceso, el secretario de organización federal, quedó comprometida con numerosas declaraciones de apoyo a uno de los precandidatos, no sirviendo como excusa que eran declaraciones “a título personal” ya que se realizaban públicamente en circunstancias en las que participaba como titular de su cargo en el partido.

El COF no se preocupó de establecer y hacer públicas las condiciones específicas que el secretario general –o cualquier otro precandidato que ostentara un puesto ejecutivo– debía respetar para no confundir los medios de los que dispone por su cargo con el derecho que ejerce como militante individual. Por ejemplo, el anuncio inicial de la precandidatura de Pedro Sánchez se realizó desde un medio gestionado por su equipo a cargo del partido como es su cuenta Twitter.

Por último, aunque no fuera estrictamente exigible de acuerdo a las normas del proceso, hubiese resultado más acorde a los usos de comunicación actuales y facilitaría así la igualdad entre precandidatos si en la información que se hizo pública sobre los mismos, hubieran podido indicar también sus perfiles en las redes sociales, una fotografía, una pequeña biografía, etc.

El resultado de estas carencias ha sido una falta de competición no solo respecto al cartel electoral, sino que se pierde también la oportunidad de construir y contrastar proyectos, por los que los ciudadanos podían interesarse especialmente en debates televisados y comprometerse acudiendo a votar en las primarias. Se pierde además capacidad de convicción (como le ocurre igualmente a Podemos con las carencias de sus propios procesos) para demostrar que las primarias son el mejor método de selección de candidatos al que se puede recurrir, dando munición al Partido Popular para enrocarse en el “dedazo” (lo cual es ante todo su problema, pero acaba afectando al prestigio de España que el jefe de Bárcenas aspire a seguir como presidente del Gobierno).

Aunque es tarde para corregir los errores indicados, el PSOE tiene aún la oportunidad de demostrar un firme compromiso con la regeneración democrática en un ámbito quizá más importante. De nuevo, se trata de seguir el ejemplo de muchos países, donde todos los candidatos socialistas o socialdemócratas –y no solo el que opta a liderar un ejecutivo– se eligen por primarias entre militantes o incluso abiertas a todos los ciudadanos. Pedro Sánchez contaba probablemente con suficiente apoyo como para haber ganado unas primarias realmente competitivas, pero ni siquiera eso debía suponer otorgarle poderes para formar por cooptación las listas de los otros 349 candidatos socialistas al Congreso de los Diputados ni de los 208 al Senado. Esperemos pues que el PSOE se imponga consultar en primarias la formación del conjunto de sus candidaturas, y se superen así estas pobres primarias donde se ha demostrado muy poca pasión por que los ciudadanos pudieran llegar a conocer las mejores propuestas y elegir las personas que mejor las defendían.

Los partidos representados en el Congreso están sacando adelante una ley lampedusiana que no estaría a la altura de impedir nuevas corruptelas que han llegado a ser tan descaradamente amplias como el Gürtel o los ERE de Andalucía

Imaginen un corral de gallinas cuya verja tiene varios agujeros por donde se cuela el zorro. ¿Qué pasará si tapamos solo algunos agujeros?

Esto mismo ocurre con la reforma de la ley de financiación de partidos que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados, y que ahora examina el Senado (que no suele alterar nada o casi nada lo que le envía la Cámara Baja). Pese a los escándalos y la amplísima demanda social de más transparencia y rendición de cuentas para atajar la corrupción, los partidos han optado por una insatisfactoria reforma que dificultaría la financiación ílicita solo en parte de los supuestos, lo que hace prever un simple traslado de las irregularidades a las vías que seguirán desprotegidas.

Aunque la ley en trámite recoge algunas propuestas de +Democracia y otros foros ciudadanos que se han implicado en este pilar de nuestra regeneración democrática, los diputados han optado por un umbral bajo de modificaciones, que deja demasiados agujeros sin tapar. Por ejemplo, se introducen ciertas normas que aparentemente impiden la opacidad en las donaciones a los partidos en sí: límites en la cuantía, prohibición de donar a las personas jurídicas, o de donar en especie o metálico. Pero a la vez, se mantienen las suficientes excepciones (en ocasiones a través de un intricado juego de disposiciones adicionales): permitir la donación de bienes inmuebles (que inmediatamente después podrían ser vendidos) o que fundaciones u otras entidades vinculadas a los partidos sí puedan recibir donaciones sin casi ninguna limitación.

A esto se añade el escaso control al que se seguirían sometiendo las cuentas de los partidos. En lugar de una auditoría externa como en el caso de cualquier organización (compárese incluso con lo que se pide a una ONG o una PYME), los partidos realizan auditorías internas y envían documentos muy resumidos al Tribunal de Cuentas que –aunque tenga la facultad de requerir información adicional– dispone de muy escasos elementos para detectar irregularidades y “tirar del hilo”. De esta manera, el control por ejemplo de los gastos electorales resulta en la práctica ilusorio porque los partidos pueden fácilmente trasladar como gastos ordinarios del partido parte de lo que han consumido específicamente para una campaña electoral. Sin olvidar que el propio Tribunal de Cuentas se encuentra “colonizado” por los partidos políticos, que se reparten sus miembros por cuotas en lugar de establecer un proceso transparente de candidaturas de profesionales de reconocido prestigio. Además, no se declara compromiso alguno de dotar de medios adicionales a los órganos encargados de controlar la corrupción, lo cual es fundamental para que las leyes logren aplicarse.

La ley en curso de aprobación introduce variadas mejoras técnicas (establecimiento de una cuenta separada para donaciones, plazos de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, tipificación de sanciones –¡si bien proponen que la mayoría prescriban en un plazo menor!–) que aportan claridad a algunos procesos, pero son secundarias respecto a la raíz de los escándalos que tanto están costando a las arcas públicas y a la credibilidad de las instituciones.

El cambio más satisfactorio es la exigencia de que cada partido nombre un responsable de la gestión económica-financiera que responda incluso penalmente de cualquier irregularidad, aunque queda un amplio margen para que las ejecutivas designen a alguien de su confianza y no se especifican sus requisitos de independencia de criterio y experiencia profesional.

Se introducen algunos puntos interesantes (la apertura de datos o el régimen de contratación) pero regulados de manera tan escueta que los partidos podrían aplicarlos de manera testimonial. Y se desaprovecha la reforma para introducir cambios más amplios en el régimen orgánico de sus partidos –esenciales también para atajar el clientelismo–, o para acabar con privilegios injustificados como son los regímenes especiales de pensiones.

Hay en suma que criticar que los partidos representados en el Congreso de los Diputados estén sacando adelante una ley lampedusiana que anuncia grandes cambios pero que hará que todo siga casi igual. Esta ley no estaría a la altura de impedir nuevas corruptelas que han llegado a ser tan descaradamente amplias como el Gürtel o los ERE de Andalucía (por limitarse a los dos principales “viejos partidos”), u otras quizá menores pero que han sabido aprovechar la laxitud legal para pasar desapercibidas. Cabe también señalar, por fijarse en el otro componente del tripartidismo, que la “nueva política” participa de la creatividad en el ámbito de la financiación de partidos, a través de medios de comunicación afines o fundaciones que contratan lucrativos estudios con gobiernos extranjeros.

No obstante, este grave diagnóstico no debe llevarnos a rechazar que una financiación adecuada –basada esencialmente en subvenciones públicas– es imprescindible para asegurar el pluralismo político. Es un coste que vale la pena siempre que contribuya a que surjan ideas útiles y a que se presenten candidatos capaces y honrados, imprescindibles para que nuestra sociedad salga de su grave crisis.

Los españoles sabemos que la corrupción y la baja calidad de la política están muy enraizadas en la financiación irregular de los partidos. Por eso, es esencial que la ley que aprueben finalmente las Cortes adopte los máximos estándares de transparencia, prohíba cualquier excepción que facilite montajes alternativos, y sancione con firmeza y celeridad cualquier incumplimiento. Esperemos que los senadores atiendan el clamor social, realicen los cambios necesarios, y devuelvan al Congreso una ley que de verdad tape todos los agujeros.