La Junta de Andalucía, y todos los parlamentarios andaluces, han prometido a los estudiantes de las universidades andaluzas matrícula universitaria prácticamente gratis para el mismo número de créditos que los aprobados en el curso anterior. En la práctica es una especie de matrícula de honor que se concede, no con un 10, sino con los aprobados “pelados” del curso completo. Así, estas matrículas abandonan el honor académico para adentrarse en el “horror” presupuestario que me recuerda mucho al “cheque bebé” de Zapatero (unos 500 millones de euros) cuando su Gobierno negaba la evidencia de una crisis galopante.

Horror presupuestario porque tiene un coste de entre 20 y 30 millones de euros que saldrán de la Junta, no de las universidades. Ello supone, primero, que en el mejor de los casos las universidades cobrarán tarde y mal (la Junta les debe 278 millones de euros), y segundo, dudar de que la Junta pueda pagar 30 millones cuando aún debe 278. La pregunta del millón es: ¿por qué la Junta los destina precisamente a matrículas cuando existen necesidades estructurales más acuciantes? Sí, más acuciantes en la medida en que las plazas universitarias públicas ya están subvencionadas en gran medida (entre un 80% y un 90% del coste real), y sin embargo las universidades públicas sufren de altísima precariedad de medios y recursos humanos (congelación de proyectos de investigación, no reposición de profesorado…). No es razonable pensar que sean las matrículas gratuitas la necesidad prioritaria de las universidades; y ello por varias razones.

En primer lugar, porque no es fiable que la iniciativa haya salido improvisadamente de la chistera sin que lo pidieran ni las universidades ni estuviera en un programa electoral.

En segundo lugar, porque la medida está falta de equidad. Veamos. No todos los estudios universitarios revisten la misma dificultad y, por tanto, no es equiparable aprobar todas las asignaturas de un Grado al de otro. La medida apoya pues al alumnado de los estudios con menos dificultades para aprobar. Por otro lado, no todos los que estudian tienen la posibilidad de hacerlo con la misma intensidad: quienes no tienen que trabajar y estudiar simultáneamente (razonable pensar que serán rentas más elevadas en general) pueden obtener mejores calificaciones y en consecuencia obtener la tasa gratuita. Resumiendo, la medida prima la matrícula gratuita para aquellos que disponiendo de rentas elevadas se matriculan en estudios de baja dificultad.

En tercer lugar, la medida induce a pensar que el servicio público de la educación superior es “gratis total”, cuando en realidad tiene un coste muy elevado que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Pagan por tanto también aquellos que no acuden a la universidad y aquellas gentes sin estudios superiores. Este coste real es subvencionado en un porcentaje que oscila, como decía, entre el 80 y el 90% del total, con lo que el alumno paga sólo entre un 10 y un 20% del mismo. Alumno que, por cierto, a pesar de que las universidades están dimensionadas (también sus costes obviamente) para acoger a todos sus matriculados, en España se comporta con elevadas cifras de “absentismo”: simplemente no va a clase y después se presenta al examen. Paradoja: ofrecemos de forma casi-gratuita servicios públicos de educación superior de alto coste a personas que no los usan. Es la ruina. Y encima ahora se les ocurre eliminar el “casi” para que sea gratis total y que la fiesta la paguemos todos los que contribuimos con nuestros impuestos.

El sentido común lleva a pensar que financiar la universidad es financiar todas sus misiones: docencia, investigación y transferencia de tecnología. Ahí es a dónde debe ir el dinero, si lo hay. En vez de este populismo trasnochado y cansino sería más equitativo establecer el precio del coste real de cada plaza y habilitar un crédito para cada estudiante con un tipo de interés progresivo en función de su renta: a más renta más interés. Este crédito, en un segundo paso, sería transformable en beca en función del aprovechamiento académico, lo que protegería a las rentas bajas dispuestas a estudiar de verdad. Esto igualaría las posibilidades de acceso, desincentivaría el absentismo e incentivaría el aprovechamiento. No acudir a clase saldría muy caro a los absentistas con o sin dinero, mientras que podría asistir a la universidad quién esté dispuesto a aprovecharla con independencia de su capacidad económica para alcanzar auténticas matrículas de honor.

Las redes son un medio de comunicación social, igual como lo son la prensa, la radio o los audiovisuales. No parece que haya discusión sobre ello: podemos debatir sobre su estructura, funciones o formato, pero en todo caso es indiscutible su función de medio de comunicación social y de generador de opinión pública.

En este sentido, y a pesar de que su estructura aparente es distinta a la de los otros medios, se oculta tras la apariencia de red una realidad mucho más simple (valga la paradoja) que consiste en un conjunto de nodos de interconexión sometidos al control de alguien que dispone de un poder absoluto en cuanto a su gestión, especialmente en cuanto a los datos y contenidos que acumulan. Así lo demuestran las políticas de control de datos de Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Google o Twitter, que trabajan con datos que voluntariamente les facilitamos y que manejan en la sombra a su antojo. Primera conclusión pues: las redes son de alguien que las maneja en base a sus criterios, que para eso son sus dueños. Existe, por tanto, un primer responsable de lo que sucede en ellas: sus dueños y gestores. En ello no hay diferencia alguna respecto de los otros medios.

En segundo lugar, bien es cierto que las opiniones en las redes se pueden vehicular con un aparente grado de libertad que permite construir un espacio de no-control (aparente) cuasi-ilimitado. Pues bien: pregúntenles a los usuarios chinos de Google, imposibilitados de navegar con libertad, o a los usuarios de otras redes sociales en países en los que no se puede acceder a ellas simplemente porque su gestor ha bloqueado el acceso.

Fíjense bien: esto afecta, cierto, al acceso al medio –sería como el secuestro de un periódico o revista-; aunque también afecta a la gestión de contenidos. ¿O es que no existen los administradores y moderadores de foros? ¿O es que no existen los administradores de sistemas que censuran videos en función de sus contenidos, o que filtran el acceso a redes en función de quién es el usuario o de si es de pago o no? Desde luego, si se hace es que es posible.

Segunda conclusión: el control en las redes sociales existe aunque se publicite lo contrario. Por tanto, a la responsabilidad del autor del contenido difundido debemos sumar la de quien tiene la función de controlar ese contenido: el propietario y gestor de la red. Por supuesto: si puede y debe hacerlo para proteger sus intereses económicos privados (legítimos), también deberá hacerlo para proteger el interés público, entre ellos el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen, la seguridad de las personas y demás. Si no lo hace debería rendir cuentas, bien ante la administración reguladora (caso de infracción administrativa) bien ante el juez (si existe infracción penal).Tampoco hay diferencia respecto de los otros medios.

En tercer lugar, las redes no son neutrales: son un negocio y a ese fin están enfocadas. Las compañías que las explotan cotizan en bolsa y dan cuenta de su ejercicio a sus accionistas, rindiendo –si pueden- jugosos beneficios. Faltaría más. La explotación de las redes, como cualquier otra actividad, está sometida al cumplimiento de la ley y dentro de un sistema regulado: no existe –no debería existir- ningún espacio de impunidad para este tipo de actividad en la medida en que afecte al respeto de derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos –no ya españoles- sino de la aldea global que llamamos mundo. Otra cosa será la capacidad de acción policial o judicial para ponerle el cascabel al gato (si quieren lo tratamos otro día).

En resumen, estructura, control y propiedad de las redes sociales son conceptos que las asimilan a otros medios de comunicación y desmienten la visión ingenua de que son espacios de “libertad” ajenos a todo control. Es perfectamente lógico que así sea. Lo relevante para lo que nos ocupa no es el medio, sino el fin: la protección de los derechos (libertad de expresión pero también derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen). Son los mismos fines sea cual sea el medio. Lógico, las redes sociales no son de otro mundo, sino de éste, dónde rigen las mismas normas: como hemos visto, no hay nada en ellas que pueda eximirlas de jugar en el mismo terreno que el resto de medios de comunicación y someterse a idénticos controles.

Otra cosa es que, por su naturaleza específica debamos establecer en las redes sociales controles adicionales. Por ejemplo, habida cuenta del poder de los gestores de las redes y de la indefensión –cuando no ingenuidad- de los usuarios en cuanto a la protección de su reputación, deberemos cuestionarnos si deben existir límites en la Red distintos de los existentes en el mundo físico para la gestión de la reputación, y para ello trabajar conceptos como el derecho al olvido, el derecho de rectificación, el de reparación u otros que incluso en medios escritos son de difícil gestión.

Negar a las redes la condición de medios de comunicación y considerarlas un espacio de libertad carente de controles es una ingenuidad (por  desconocimiento de su estructura real) pero también un atrevimiento de consecuencias imprevisibles en la medida que les otorgaría una patente de corso para operar sin ningún control y con total impunidad en el ámbito de la protección de los derechos de los ciudadanos.