Este año viene marcado por las numerosas citas electorales que vamos a afrontar. Entre urna y urna, los distintos partidos comenzarán a lanzar sus baterías de medidas y los medios de comunicación las celebrarán o difamarán según les convenga. En cualquier caso, está claro que los desahucios van a estar ahí.

En esta discusión nos vamos a encontrar muy distintos puntos de vista: desde los que niegan que en España se desahucia, a pesar de los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Banco de España (BdE), hasta los que se han apuntado a la moda de pasarse por los stopdesahucios para hacerse la foto.

Uno de los riesgos que corremos es que se termine caricaturizando el problema de la vivienda que vivimos en España. Para que el espectáculo electoral no nos haga perder la perspectiva, lo mejor es no despegarse de la realidad. Y en las últimas semanas la realidad madrileña no has dado la (maldita) oportunidad de ver cuatro desahucios que, cuanto menos, ayudan a caracterizar el problema y quién es quién en este conflicto.

#ElviraSeQueda y #CharoSeQueda

Elvira, su hermana y sus tres hijos (uno menor de un año) se vieron obligados  a ocupar un piso vacío de Bankia, la única opción a su alcance para vivir bajo un techo. Tras haber tratado de negociar un alquiler con Bankia sin éxito, la UIP les desahució el pasado 12 de febrero. Este desahucio salió en varios medios de comunicación por la violencia que hubo contra los 50 activistas de la PAH que intentaron evitarlo.

El caso de Charo y sus dos hijos es similar: fue desahuciada de la vivienda en la que vivió anteriormente,  en la que nacieron sus hijos. Sin otra solución habitacional, también tuvo que ocupar una vivienda de Bankia. Este desahucio fue ejecutado el 16 de febrero.

Cabría empezar defendiendo la legitimidad de la ocupación en un contexto que no ofrece soluciones habitacionales a la ciudadanía. En todo caso, hay que saber que en este caso no estamos hablando de viviendas de particulares, sino de viviendas vacías de un banco que ha llevado a cabo una estafa con las preferentes, se ha visto salpicadas por las tarjetas black (con partidos políticos de todos los colores), ha sido rescatada con dinero público sin poner ninguna condición a cambio y compartirá con el Estado los costes por las denuncias que ha recibido por su salida a bolsa.

Elvira, Charo y sus familias (cinco menores en total) no tenían otra opción más que ocupar esas casas: estaban en una situación de emergencia habitacional, con unos ingresos tan escasos que no les permitían poder vivir bajo un techo y sin ninguna solución por parte de los servicios sociales. Es importante el hecho de que ambas se ofrecieron a pagar un alquiler social por las viviendas.

El caso de estos desahucios muestra cómo el Gobierno no ha tenido problemas en desembolsar grandes cantidades de recursos públicos sin contrapartida para rescatar a una banca que sufre las consecuencias de su mala gestión,  pero  abandona a su suerte a familias que en una situación de crisis económica no tienen posibilidad de salir adelante. 

#WilsonSeQueda

Wilson, su mujer y sus tres hijos (uno de ellos de dos meses) vivían en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)  vendida a un fondo buitre. La venta de la vivienda liquidó su condición social, por lo que el alquiler comenzó a subir hasta llegar a los 700 euros, cifra que no podía asumir la familia. El pasado 23 de enero Wilson se enfrentaba a su quinto desahucio. Tras haber conseguido parar los otros cuatro, en este finalmente la familia fue expulsada de la vivienda.

Este es un caso que rompe todos los tapujos frente a los desahucios: no es una familia que asumiera una deuda que no podía pagar, sino que accedió a una vivienda pública cuyo hipotético objetivo es dar una solución habitacional a los colectivos en riesgo de exclusión social. La venta a un fondo buitre tiene importantes consecuencias de carácter social: una empresa privada se beneficiará de ella al haberla comprado a un precio por debajo del de mercado, y una familia se queda en la calle sin ningún tipo de solución por parte de las administraciones públicas.

#UmbertoSeQueda

Umberto fue desahuciado de su vivienda el pasado lunes 9 de febrero. En 2011 pidió un préstamo de 4.000 euros y tras no poder hacer frente al mismo, su prestamista le ha reclamado 32.000 euros. Esta deuda fraudulenta es por la que finalmente ha perdido su vivienda. Ante esta situación, Umberto denunció por estafa a la persona que le concedió el crédito. A pesar de existir esta demanda penal, el desahucio fue ejecutado sin esperar a su resolución.

Bancos rescatados con dinero público denegando un alquiler social, venta de vivienda pública a fondos buitres que dejan a familias en la calle o una justicia del lado de los estafadores, son realidades concretas que complementan la información que ofrecen los datos que el CGPJ y el BdE aportan sobre los desahucios.

Estos casos pueden dar lugar a un debate, pero dejan claro un hecho irrefutable: el derecho a la vivienda en España no se cumple. Como todo conflicto, genera sus contradicciones, pero también deja claro quién está al lado de quién. Y aquí es donde entran en juego las próximas citas electorales: ¿queremos leyes que protejan a estas familias o que ilegalicen los stopdesahucios?